Los líderes de un movimiento social de protesta que exigían apoyos de un programa del gobierno federal para afectados de una tormenta tropical en el municipio de Juárez, al norte del estado de Chiapas, fueron vinculados a proceso este martes por los delitos de “atentados contra la paz y seguridad del estado, daños y motín”.

Un juez de control vinculó a proceso a tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara por el delito de despojo por manifestarse en contra de la construcción de edificios en un espacio destinado a un parque público.

Sin embargo, los jóvenes fueron liberados una vez que el juez concedió una medida cautelar que les permitirá llevar el proceso en libertad.

Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) son acusados de despojo con violencia, al oponerse a la construcción de un complejo habitacional en un espacio originalmente destinado al Parque Huentitán en la capital de Jalisco.

Este 5 de enero, un juez decidió imponerles prisión preventiva oficiosa tras citarlos a declarar en el caso, por lo que autoridades universitarias se declararon en “estado de emergencia” y han convocado a protestas para su liberación.

Tras los bloqueos carreteros y la quema de 10 vehículos por parte de presuntos normalistas que demandan la liberación de tres de sus compañeros detenidos tres días antes, el gobierno estatal desplegó un operativo policiaco en la Región Purépecha, particularmente en las localidades de Chilchota, Purépero, Carapan, Cheranástico, Caltzontzin y San Juan Tumbio.

De acuerdo con la versión oficial, los tres normalistas —dos hombres y una mujer— que actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Uruapan, fueron aprehendidos el viernes pasado en flagrancia cuando incendiaban un vehículo en demanda de la asignación automática de plazas docentes para egresados de normales indígenas.

Desde octubre y noviembre de 2020, cuando se enteraron de que eran investigadas por delitos presuntamente cometidos durante protestas feministas en la Ciudad de México, las vidas de Érika, Mime y Linda cambiaron por completo.

Visitas constantes a sus domicilios por parte de decenas de policías, cateos, patrullajes por sus casas que se incrementan cada que se convoca a otra protesta, afectaciones físicas, psicológicas, económicas y hasta la separación de sus familias son algunas de las consecuencias que enfrentan desde que se iniciaron los casos en su contra, aunque hasta ahora las autoridades no las han vinculado a proceso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que mujeres se están preparando con marros, sopletes y bombas molotov para la marcha del 8 de marzo; advirtió que eso no feminismo sino una “postura conservadora, reaccionaria” en contra de su gobierno y de la transformación.

En conferencia de prensa, hizo un llamado a las mujeres que se manifestarán mañana para que lo hagan de forma pacífica, no caigan en provocaciones y no haya violencia.

Con una sanción de tres meses a siete años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Amortización (UMA), serán sancionados quienes dañen, perjudiquen, destruyan, interrumpan o lucren las vías generales de comunicación o los servicios de peaje.

Las multas oscilan entre los 8 mil 960 pesos hasta los 44 mil 800 pesos.

El Pleno del Senado aprobó este martes el proyecto de decreto para sancionar a las personas que interrumpan el tránsito de vehículos, así como la operación de las casetas y lo remitió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con un amplio respaldo de 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones, el decreto reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para establecer penas de prisión de tres meses a siete años de prisión, así como multas de 8 mil 960 pesos y hasta de 44 mil 800 pesos.

Marcela Guerra Castillo, Diputada federal por Nuevo León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso en San Lázaro una iniciativa de reformas para instaurar la prisión preventiva a las personas que cierren las vías públicas.

El argumento principal de Guerra Castillo es que en los últimos meses se han registrado “cierres arbitrarios e ilegales en vías de comunicación terrestre que afectan a la gente, al comercio y la economía del país”.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron al Estado mexicano, por primera vez, por el uso indebido de la fuerza, violencia y tortura sexual, acoso, hostigamiento físico y digital, que han vivido las mexicanas por parte de policías en el contexto de las protestas feministas. 

Al participar este día en el 181 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones del Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, denunciaron que el Estado mexicano ha reaccionado con violencia y discursos estigmatizantes ante la exigencia de las mujeres de un despliegue de estrategias para atender la violencia de género. 

Feministas integrantes del grupo REDefine Puebla acusan ser criminalizadas por parte del gobierno de Miguel Ángel Barbosa ante la advertencia de iniciar investigaciones penales por los daños al Congreso local y propiedad privada, pese a que ellas se encontraban en otro sitio en el momento de los destrozos.

El portal de noticias El Incorrecto, creado en 2017, difundió el martes un video en el que acusó a dos de las activistas de ser funcionarias del Ayuntamiento de Puebla y de haber incitado a la violencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en las marchas del #8M en la Ciudad de México, las autoridades lograron resistir a la provocación de las manifestantes y no cayeron en la trampa de la violencia.

En su conferencia matutina de este martes, el mandatario reconoció el trabajo hecho por las policías de la CDMX pese a que “fueron agredidas”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la valla de Palacio Nacional no se colocó por miedo, sino para evitar provocaciones de los que se podrían infiltrar en la marcha de las mujeres. 

“En Ciudad de México pusieron una valla. Habrá manifestación de mujeres. Están en su derecho de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov, y no queremos que haya heridos en ningún bando”, dijo el mandatario durante la supervisión de obra del Tren Maya desde Maxcanú, Yucatán.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que las manifestaciones violentas lo que buscan en el fondo es “denostar” a la policía de la capital.

En un evento en el que mil 571 mujeres policías de la CDMX recibieron un ascenso, Sheinbaum reconoció el trabajo de las oficiales al momento de contener las manifestaciones.

Dijo que este tipo de acciones comprueban una profesionalización de las policías y aseguró que en la Ciudad de México no se reprime a ningún movimiento.

Mujeres activistas exigieron a la Fiscalía General de Justicia de esta capital (FGJCDMX) que desistan en su intento de formularles cargos y que mejor concentren sus esfuerzos en esclarecer los más de 673 feminicidios perpetrados en 2020.

En una carta difundida el jueves, 13 activistas acusadas por dos policías de daño a bienes inmuebles, lesiones y robo a negocio en la marcha del 8 de marzo del año pasado denunciaron que, a pesar de que su proceso ha sufrido retrasos debido a la pandemia, “siempre que se acerca un día conmemorativo para la lucha feminista, las 13 activistas son llamadas para asistir como muestra”.

Una iniciativa conjunta de Morena y PAN con el fin de sancionar con cárcel de seis meses a tres años a quienes tomen casetas y cobren peaje a los automovilistas, o bien dañen e interrumpan la construcción de vías de comunicación, fue aprobada por la Cámara de Diputados en una votación que dividió a la bancada mayoritaria.

Con el fin de aclarar que la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación –que se turnó al Senado– no será utilizada para criminalizar la protesta social, Morena planteó que la sanción será para quienes tomen las casetas “para obtener un lucro”.

Se trata de una reforma que generó amplio debate entre diputados de Morena y, al final, 96 legisladores de esa bancada votaron en contra, al argumentar que se facilita la criminalización de la protesta social e incluso de las movilizaciones de organizaciones afines a dicho movimiento.

El 18 de noviembre, su mamá le marcó por teléfono “asustadísima” porque tocaron a la puerta de la casa no uno, sino cuatro policías, para entregarle un citatorio: estaba imputada por los delitos de “daño a la propiedad doloso (bienes inmuebles), lesiones y robo a negocio”.

No entendía nada y no sabía quién podía estarla acusando de eso, hasta que días después se enteró de que no era la única: había 13 mujeres jóvenes en la misma situación, identificadas como feministas, y todas citadas para el 24 de noviembre, un día antes de la megamarcha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.