La Fiscalía de Querétaro acusó de homicidio calificado a Esmeralda, de 14 años, quien sufrió un aborto espontaneo producto de una violación, informó la organización Adax Digitales.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para la menor de edad, además de 518 mil pesos de reparación del daño para quién tenga “calidad jurídica” que en este caso sería el presunto agresor, de quién se acreditó la paternidad con una prueba.

A pesar de que en los últimos cuatro años 11 estados han logrado avanzar en la despenalización del aborto –y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó eliminar el delito también del Código Penal Federal–, las denuncias presentadas ante ministerios públicos persisten e incluso han ido en aumento en algunos estados, con y sin despenalización.

Por ejemplo, en Ciudad de México, la primera entidad donde el aborto fue despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, en 2007, las carpetas de investigación abiertas por el delito, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pasaron de 110 en 2018 a 192 en 2022, mientras que hasta agosto de 2023 ya sumaban 131. 

La coalición encabezada por el PRI para la gubernatura del Estado de México propone “tutelar la vida desde la concepción”, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional ese planteamiento porque vulnera los derechos de las mujeres. 

En la plataforma electoral presentada ante el Instituto Electoral mexiquense (IEEM) por la coalición Va por el Estado de México, en el capítulo enfocado a Igualdad de Género, Desarrollo Social e Inclusión, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza proponen expedir una ley de maternidad que tutele el derecho a la vida desde su concepción.

En 2019, cuando Aurelia García Cruceño tenía 20 años, fue agredida de manera sexual por un hombre de su pueblo, Xochicalco, ubicado en la zona nahua del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, y quedó embarazada. Su agresor era la autoridad comunitaria de su pueblo, a quien, por muchas razones, le era difícil señalar.

Primero, por miedo a represalias en su contra y, después, por temor a que sus familiares no entendieran la situación. En su comunidad es mal visto que una mujer tenga vida sexual o se embarace antes del matrimonio.

Las organizaciones GIRE, CAFIS y Odesyr informaron que la justicia federal les concedió un amparo en contra de la regulación del delito de aborto en Puebla.  

En un comunicado, las ONG´s informaron que un juez de distrito determinó que los artículos del Código Penal de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios a los derechos humanos como libre desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva, salud, igualdad, no discriminación y a no sufrir violencia, que corresponden a toda persona con capacidad de gestar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inválida la porción del artículo 1 de la Constitución de Nuevo León que protegía el derecho a la vida desde la concepción.

Con 10 votos a favor, quedaron resueltas las acciones de inconstitucionalidad que habían promovido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), identificadas como 041/2019 y 042/2019.

El 7 de agosto de 2019, a pocos días de haber tomado protesta como gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta manifestó que habría firmado un indulto para que las mujeres encarceladas por abortar obtuvieran su libertad; sin embargo, la Secretaría de Gobernación confirmó que ninguna mujer privada de la libertad por aborto o por homicidio en razón de parentesco ha sido preliberada.

Pese a que desde septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, durante el último cuatrimestre de 2021 las fiscalías generales del país abrieron 224 carpetas de investigación por ese delito.

Conforme a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a lo largo del año pasado se registraron 704 expedientes penales por aborto, de los que 31.8 por ciento fueron integrados en el periodo de los meses de septiembre a diciembre.