Responsable de la elaboración del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y otros instrumentos indispensables para la búsqueda e identificación de desaparecidos, las Fiscalía General de la República (FGR) no ha sido capaz de responder a la emergencia nacional que representa contar oficialmente con 124 mil 913 desaparecidos y no localizadas, y entre 52 mil y 72 mil cuerpos no identificados resguardados por fiscalías, como se evidencia en la respuesta al Poder Judicial que ha dado la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, desde 2019 la FGR tenía la obligación de crear el BNDF, y ante el incumplimiento de la autoridad, en 2021 la ciudadana Olimpia Montoya Juárez recurrió a un amparo para buscar información sobre su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato en 2017.

La FGR reportó dos mil 64 registros correspondientes al Registro Forense Federal (Refofe), base que “integra la información sobre personas desaparecidas y restos humanos, las circunstancias que rodean la desaparición de personas y la recuperación de cadáveres o cuerpos de personas muertas, segmentos óseos, obtenida a través de distintas diligencias de investigación por parte de la FGR”.

En cuanto al Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (Renafo), en su último informe al Poder Judicial la FGR reportó contar con mil 789 reportes, sin distinguir qué datos corresponden a fosas comunes y cuántos a fosas clandestinas.   

Mientras que en la Base Nacional de Información Genética (BaNIG) estaba comprendida por nueve mil 374 registros, base conformada por “los datos genéticos ingresados al CODIS y a otros bancos de información genética federales como estatales, herramienta informática que posibilita a los laboratorios forenses el ingreso, almacenamiento, intercambio, confronta automatizada y cálculos estadísticos en los niveles estatal y nacional”.

Respecto de la Base de Datos Ante Mortem y Post Mortem, “herramienta informática para gestionar información sobre personas desaparecidas y restos humanos, las circunstancias que rodean la desaparición de personas, hallazgos y la recuperación de los cadáveres o cuerpos de personas muertas o segmentos o restos óseos así como los inicios y los lugares donde se les encuentra”, el informe de la FGR dató en 134 mil 449 registros, sin distinguir cuántos corresponden a AM y PM.

El documento agregó el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), base con  seis mil 908 expedientes de denuncias de tortura, así como mil 498 reportes de Alerta Amber, creado para “coadyuvar en la búsqueda y localización de niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de un delito ocurrido en territorio nacional”.       

De acuerdo con la respuesta de la FGR al juzgado, también se incluyó la base de datos del Sistema Estratégico de Seguimiento sobre Expresiones Delictivas (SINIED), que contaba con 174 mil 151 registros, plataforma que da seguimiento a los delitos de homicidio doloso, armas de fuego, robo de hidrocarburos, robo a transporte, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo de vehículos, narcotráfico, extorsión y secuestro.

De igual manera se dio cuenta de la plataforma del Sistema Nacional de Información Nominal (Sinin), que “permite el registro e integración de fichas nominales, así como la búsqueda alfanumérica para acelerar la consulta de información, a fin de responder las solicitudes de dictámenes nominales en dactiloscopia forense de manera más ágil y oportuna; es alimentado por peritos de Lofoscopía forense”, sistema que contiene 202 mil 642 registros.

Tras señalar que la numeralia presentada se está constantemente actualizado, la FGR informó en abril del año pasado al juzgado que “en los trabajos de implementación del Banco Nacional de Datos Forenses se prospecta que la próxima interconexión se realice con los registros, base y sistemas” del Registro Nacional de Detenciones, el Registro de Antecedentes Criminales, Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas, el Sistema Automático de Identificación de Locutores y el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares.

Tortuguismo burocrático

El funcionario de la FGR apuntó que “las interconexiones pendientes responden al mismo proceso gradual, con la finalidad de atender a los parámetros de información previstos por la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como al ámbito de competencia, necesidades y procesos de cada uno de los entes públicos a cargo de la administración de estos”.

Para César Contreras los restos encontrados en Teuchitlán ejemplifican lo que significa no contar con el BNDF actualizado como debería tenerlo la FGR.

Por ello, considera, es importante conocer con claridad la propuesta de la presidenta que se comprometió a presentarla hoy jueves 20 de marzo.

En la capital del país, cada día llegan los restos de tres personas a fosas comunes debido a la falta de un sistema que permita a las autoridades capitalinas cruzar información y notificar a sus familiares de su fallecimiento o  ante las dificultades para ser identificados, una problemática que se da en un contexto de más de seis mil personas desaparecidas en la entidad, advirtió el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México.

Sin ningún familiar desaparecido en este estado, la sonorense Indira Navarro Lugo, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, apoya en la localización de personas en la entidad que tiene el mayor número de víctimas por ese fenómeno criminal en 2023,  pese al peligro y al escaso respaldo de las autoridades.

Fundadora del colectivo en febrero de 2022, A Navarro le ha tocado presenciar hallazgos forenses en diversas condiciones, pero el que más le impactó ocurrió el 13 de junio último, cuando acudió al cerro de Totoltepec, a 2.5 kilómetros de las Plazas Outlet, en Tlajomulco.

A un año de la implementación de las 85 recomendaciones del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) señaló como preocupante la escasez de avances concretos y exigieron la creación e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

A través de un comunicado detallaron que consideran «un buen inicio el hecho que el Estado Mexicano haya aceptado todas las recomendaciones»; sin embargo, expresaron que aún existen importantes retos para tener indicadores claros del compromiso de todas las instituciones responsables de atender la crisis de desaparición que mantiene a más de 100 mil personas lejos de su hogar.

Un Banco Nacional de Datos Forenses inexistente, un Programa Nacional de Búsqueda y Localización elaborado sin consultar a las familias de las personas desaparecidas, y un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense sin recursos ni apoyo político son algunos de los factores, expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han contribuido a agudizar la crisis forense en México.

Reconocida en 2019 por el gobierno, la crisis de derechos humanos y la emergencia forense que significan decenas de miles de cuerpos sin identificar, no hacen más que “empeorar” a cinco años de la expedición de la Ley General en Materia de Desapariciones (LGD), consideró Virginia Garay Cázares, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), el pasado 9 de marzo ante la CIDH, en el marco del 186 periodo de sesiones para audiencias públicas, realizado en Los Ángeles.

“No se pierden, no desaparecen: los desaparecen”, dice Verónica Rosas Valenzuela, seria, frente a un grupo de madres de varios colectivos en búsqueda de sus desaparecidos/as. Nos encontramos en la periferia de la Ciudad de México, en uno de los tres estados con mayor número de desapariciones de personas. Verónica es madre de Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, un adolescente secuestrado el 4 de septiembre del 2015; Dioni Pelcastre es madre de Guillermo David Ramírez Pelcastre, un joven taxista de 20 años desaparecido en 2017; Benita Ornelas busca a su hijo Fernando Iván Ornelas Ornelas, de 22 años, de quien no sabe nada desde 2019, mientras cuida del nieto que este dejó. Las tres forman parte del colectivo de buscadoras Uniendo Esperanzas. 

Para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, debido a que los servicios forenses son insuficientes, no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley no han sido creados desde hace más de cuatro años. 

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) destaca este cálculo de expertos al expresar en el informe de su visita a México su “profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para crear el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), un órgano técnico dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda que tenga la finalidad de identificar los cuerpos de personas desaparecidas que se recuperen de fosas comunes y clandestinas.

La iniciativa, que busca reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, plantea el levantamiento y resguardo de muestras genéticas de familiares de desaparecidos aun cuando no hayan presentado una denuncia formal por el hecho.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó este jueves que en México hay más de 95 mil personas desaparecidas y no localizadas, así como alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y centros de servicios forenses del país.

La violencia exacerbada de los últimos 15 años y las deficiencias institucionales de los servicios forenses, que dependen en su mayoría de las fiscalías del país, han generado una acumulación de al menos 52 mil personas sin identidad, alertó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).

En su informe “La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, basado en la recopilación de datos solicitados a autoridades de todo el país a través de la plataforma de transparencia, el colectivo de familiares de personas desaparecidas en México revela que del total de cuerpos no identificados, 60% se encuentran en “fosas comunes, en cementerios públicos”, 7% están resguardados en servicios forenses, 5% en universidades y sólo 1% en centros de resguardo forense.

El método pareciera ser simple. El protocolo que el INE elaboró para este fin establece que las fiscalías deben enviarle las huellas o fotos de los cuerpos sin identificar, en formatos acordados previamente; el Instituto hace una revisión automatizada del padrón y devuelve a las fiscalías cuáles son las huellas y fotos del padrón que resultaron coincidentes. Sólo cuando las autoridades estatales confirman con un análisis pericial la identidad de las personas, el INE entrega los datos adicionales con los que cuenta.  

Las irregularidades y fallas en los registros forenses de las autoridades de Jalisco están dificultando la identificación de personas, y por tanto la búsqueda de familiares de desaparecidos en la entidad al carecer de orden en sus datos, de acuerdo con una investigación de Signa_Lab en colaboración con ZonaDocs.

El ejercicio halló inconsistencias en la información de inhumaciones y cuerpos almacenados en tráileres y morgues de Jalisco entre 2006 y 2019.

¿Qué pasaría si México contara con una base de datos de cuerpos sin identidad, sus características y el lugar exacto en el que están resguardados? ¿Y si también hubiera un banco con información genética de estos cuerpos y de los familiares que buscan a sus parientes desaparecidos? ¿Y si, además, las autoridades de todo el país pudieran cotejar en cualquier momento ambos registros? Estas herramientas deberían existir pero la Fiscalía General de la República (FGR) lleva 2 años incumpliendo su obligación de echarlas a andar.

La FGR estaba obligada a cumplir el Banco Nacional de Datos Forenses, con los registros genéticos tanto de cuerpos sin nombre como de familiares que buscan a sus seres queridos del todo el país, y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, dos herramientas clave que agilizarían la identificación de más de 38 mil 500 cuerpos. La ley general en materia de desapariciones exigía a la FGR tenerlos desde enero de 2018.

La Fiscalía General de la República (FGR) declaró como “inexistente” y “reservado” un informe titulado “Análisis de la Capacidades de los Servicios Médicos Forenses del País” que lleva elaborándose desde 2019 y que aborda la crisis forense y de identificación que sufre México. 

En la respuesta a una solicitud de transparencia formulada por Animal Político, la institución que dirige Alejandro Gertz Manero, argumentó que el documento está todavía en fase de elaboración, por lo que “su difusión importa el riesgo de interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño de la herramienta en cuestión, situación que puede influir en la implementación de las acciones de política pública a desarrollar para el cumplimiento de Ley General de Desaparición Forzada de Personas, en específico en cuanto a la identificación forense de personas que aún son buscadas por sus familiares”.

Belisario Quintero Medina se mudó a Los Mochis dando su palabra de que regresaría a Témoris, Chihuahua, su pueblo, convertido en ingeniero civil. El  joven volvió, pero dentro de un ataúd de madera pintado de color blanco. En Sinaloa lo asesinaron y sepultaron en una fosa clandestina. Aunque su cuerpo fue exhumado e identificado por sus familiares dos meses después del homicidio, la burocracia se empeñó en que siguiera desaparecido.

Tuvieron que pasar 18 meses, tres pruebas de ADN, dos exhumaciones y la intervención de un desenterrador, para que su cuerpo fuera, finalmente, entregado a sus familiares.