En la capital del país, cada día llegan los restos de tres personas a fosas comunes debido a la falta de un sistema que permita a las autoridades capitalinas cruzar información y notificar a sus familiares de su fallecimiento o  ante las dificultades para ser identificados, una problemática que se da en un contexto de más de seis mil personas desaparecidas en la entidad, advirtió el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México.

Sin ningún familiar desaparecido en este estado, la sonorense Indira Navarro Lugo, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, apoya en la localización de personas en la entidad que tiene el mayor número de víctimas por ese fenómeno criminal en 2023,  pese al peligro y al escaso respaldo de las autoridades.

Fundadora del colectivo en febrero de 2022, A Navarro le ha tocado presenciar hallazgos forenses en diversas condiciones, pero el que más le impactó ocurrió el 13 de junio último, cuando acudió al cerro de Totoltepec, a 2.5 kilómetros de las Plazas Outlet, en Tlajomulco.

A un año de la implementación de las 85 recomendaciones del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) señaló como preocupante la escasez de avances concretos y exigieron la creación e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

A través de un comunicado detallaron que consideran «un buen inicio el hecho que el Estado Mexicano haya aceptado todas las recomendaciones»; sin embargo, expresaron que aún existen importantes retos para tener indicadores claros del compromiso de todas las instituciones responsables de atender la crisis de desaparición que mantiene a más de 100 mil personas lejos de su hogar.

Un Banco Nacional de Datos Forenses inexistente, un Programa Nacional de Búsqueda y Localización elaborado sin consultar a las familias de las personas desaparecidas, y un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense sin recursos ni apoyo político son algunos de los factores, expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han contribuido a agudizar la crisis forense en México.

Reconocida en 2019 por el gobierno, la crisis de derechos humanos y la emergencia forense que significan decenas de miles de cuerpos sin identificar, no hacen más que “empeorar” a cinco años de la expedición de la Ley General en Materia de Desapariciones (LGD), consideró Virginia Garay Cázares, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), el pasado 9 de marzo ante la CIDH, en el marco del 186 periodo de sesiones para audiencias públicas, realizado en Los Ángeles.

“No se pierden, no desaparecen: los desaparecen”, dice Verónica Rosas Valenzuela, seria, frente a un grupo de madres de varios colectivos en búsqueda de sus desaparecidos/as. Nos encontramos en la periferia de la Ciudad de México, en uno de los tres estados con mayor número de desapariciones de personas. Verónica es madre de Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, un adolescente secuestrado el 4 de septiembre del 2015; Dioni Pelcastre es madre de Guillermo David Ramírez Pelcastre, un joven taxista de 20 años desaparecido en 2017; Benita Ornelas busca a su hijo Fernando Iván Ornelas Ornelas, de 22 años, de quien no sabe nada desde 2019, mientras cuida del nieto que este dejó. Las tres forman parte del colectivo de buscadoras Uniendo Esperanzas. 

Para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, debido a que los servicios forenses son insuficientes, no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley no han sido creados desde hace más de cuatro años. 

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) destaca este cálculo de expertos al expresar en el informe de su visita a México su “profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para crear el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), un órgano técnico dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda que tenga la finalidad de identificar los cuerpos de personas desaparecidas que se recuperen de fosas comunes y clandestinas.

La iniciativa, que busca reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, plantea el levantamiento y resguardo de muestras genéticas de familiares de desaparecidos aun cuando no hayan presentado una denuncia formal por el hecho.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó este jueves que en México hay más de 95 mil personas desaparecidas y no localizadas, así como alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y centros de servicios forenses del país.

La violencia exacerbada de los últimos 15 años y las deficiencias institucionales de los servicios forenses, que dependen en su mayoría de las fiscalías del país, han generado una acumulación de al menos 52 mil personas sin identidad, alertó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).

En su informe “La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, basado en la recopilación de datos solicitados a autoridades de todo el país a través de la plataforma de transparencia, el colectivo de familiares de personas desaparecidas en México revela que del total de cuerpos no identificados, 60% se encuentran en “fosas comunes, en cementerios públicos”, 7% están resguardados en servicios forenses, 5% en universidades y sólo 1% en centros de resguardo forense.

El método pareciera ser simple. El protocolo que el INE elaboró para este fin establece que las fiscalías deben enviarle las huellas o fotos de los cuerpos sin identificar, en formatos acordados previamente; el Instituto hace una revisión automatizada del padrón y devuelve a las fiscalías cuáles son las huellas y fotos del padrón que resultaron coincidentes. Sólo cuando las autoridades estatales confirman con un análisis pericial la identidad de las personas, el INE entrega los datos adicionales con los que cuenta.  

Las irregularidades y fallas en los registros forenses de las autoridades de Jalisco están dificultando la identificación de personas, y por tanto la búsqueda de familiares de desaparecidos en la entidad al carecer de orden en sus datos, de acuerdo con una investigación de Signa_Lab en colaboración con ZonaDocs.

El ejercicio halló inconsistencias en la información de inhumaciones y cuerpos almacenados en tráileres y morgues de Jalisco entre 2006 y 2019.

¿Qué pasaría si México contara con una base de datos de cuerpos sin identidad, sus características y el lugar exacto en el que están resguardados? ¿Y si también hubiera un banco con información genética de estos cuerpos y de los familiares que buscan a sus parientes desaparecidos? ¿Y si, además, las autoridades de todo el país pudieran cotejar en cualquier momento ambos registros? Estas herramientas deberían existir pero la Fiscalía General de la República (FGR) lleva 2 años incumpliendo su obligación de echarlas a andar.

La FGR estaba obligada a cumplir el Banco Nacional de Datos Forenses, con los registros genéticos tanto de cuerpos sin nombre como de familiares que buscan a sus seres queridos del todo el país, y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, dos herramientas clave que agilizarían la identificación de más de 38 mil 500 cuerpos. La ley general en materia de desapariciones exigía a la FGR tenerlos desde enero de 2018.

La Fiscalía General de la República (FGR) declaró como “inexistente” y “reservado” un informe titulado “Análisis de la Capacidades de los Servicios Médicos Forenses del País” que lleva elaborándose desde 2019 y que aborda la crisis forense y de identificación que sufre México. 

En la respuesta a una solicitud de transparencia formulada por Animal Político, la institución que dirige Alejandro Gertz Manero, argumentó que el documento está todavía en fase de elaboración, por lo que “su difusión importa el riesgo de interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño de la herramienta en cuestión, situación que puede influir en la implementación de las acciones de política pública a desarrollar para el cumplimiento de Ley General de Desaparición Forzada de Personas, en específico en cuanto a la identificación forense de personas que aún son buscadas por sus familiares”.

Belisario Quintero Medina se mudó a Los Mochis dando su palabra de que regresaría a Témoris, Chihuahua, su pueblo, convertido en ingeniero civil. El  joven volvió, pero dentro de un ataúd de madera pintado de color blanco. En Sinaloa lo asesinaron y sepultaron en una fosa clandestina. Aunque su cuerpo fue exhumado e identificado por sus familiares dos meses después del homicidio, la burocracia se empeñó en que siguiera desaparecido.

Tuvieron que pasar 18 meses, tres pruebas de ADN, dos exhumaciones y la intervención de un desenterrador, para que su cuerpo fuera, finalmente, entregado a sus familiares.