En la capital del país, cada día llegan los restos de tres personas a fosas comunes debido a la falta de un sistema que permita a las autoridades capitalinas cruzar información y notificar a sus familiares de su fallecimiento o  ante las dificultades para ser identificados, una problemática que se da en un contexto de más de seis mil personas desaparecidas en la entidad, advirtió el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México.

Sin ningún familiar desaparecido en este estado, la sonorense Indira Navarro Lugo, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, apoya en la localización de personas en la entidad que tiene el mayor número de víctimas por ese fenómeno criminal en 2023,  pese al peligro y al escaso respaldo de las autoridades.

Fundadora del colectivo en febrero de 2022, A Navarro le ha tocado presenciar hallazgos forenses en diversas condiciones, pero el que más le impactó ocurrió el 13 de junio último, cuando acudió al cerro de Totoltepec, a 2.5 kilómetros de las Plazas Outlet, en Tlajomulco.

A un año de la implementación de las 85 recomendaciones del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) señaló como preocupante la escasez de avances concretos y exigieron la creación e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

A través de un comunicado detallaron que consideran «un buen inicio el hecho que el Estado Mexicano haya aceptado todas las recomendaciones»; sin embargo, expresaron que aún existen importantes retos para tener indicadores claros del compromiso de todas las instituciones responsables de atender la crisis de desaparición que mantiene a más de 100 mil personas lejos de su hogar.

Un Banco Nacional de Datos Forenses inexistente, un Programa Nacional de Búsqueda y Localización elaborado sin consultar a las familias de las personas desaparecidas, y un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense sin recursos ni apoyo político son algunos de los factores, expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han contribuido a agudizar la crisis forense en México.

Reconocida en 2019 por el gobierno, la crisis de derechos humanos y la emergencia forense que significan decenas de miles de cuerpos sin identificar, no hacen más que “empeorar” a cinco años de la expedición de la Ley General en Materia de Desapariciones (LGD), consideró Virginia Garay Cázares, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), el pasado 9 de marzo ante la CIDH, en el marco del 186 periodo de sesiones para audiencias públicas, realizado en Los Ángeles.