“En la administración de Vicente Fox (2000–2006), lo que vimos fue que la presencia militar se fue posicionando; es decir, secretarios, funcionarios, la propia llegada del general [Rafael] Macedo de la Concha a la Procuraduría General de la República (PGR); esto fue lo que de alguna manera consolidó lo que pasaba años atrás”, agrega.
“Calderón recurre de manera reiterada al discurso de la inseguridad que genera la delincuencia organizada, en su vertiente de narcotráfico, ya que con ello espera restaurar el monopolio ‘perdido sobre las oportunidades de redención (y) necesita un refuerzo artificial, o al menos una extrema dramatización (tal y como queda de manifiesto en sus discursos) para inspirar un volumen suficiente de miedos a la vez que supera, eclipsa y relega a una posición secundaria la inseguridad generada por la economía”, agrega.
“Incluso los informes mundiales de drogas que emiten las Naciones Unidas, de 2007 a la fecha nos dicen que la producción de drogas está estable; es decir, que por más que se combate, la producción sigue siendo la misma y los precios, con los altibajos normales de la economía, siguen estables. Es decir, que está normalizado el mercado. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en que gente muera, tanto de las autoridades como da la parte delincuencial, si el mercado está estable?”, cuestiona.–El país se transformó en estos 10 años. En términos criminales, que una sociedad se haya acostumbrado a ver estos crímenes, decapitaciones, personas colgadas en los puentes ¿qué efectos tiene?
–Para mí es un discurso de decir: ‘estoy haciendo, pero no hago’. Es decir, cumplimos pero no obedecemos. Es una lógica muy perversa, porque lo que vemos, y es un poco lo que sostengo en lo que he escrito, ha sido que en el sexenio pasado lo que se generó fue un gobernar con el miedo. Es decir, un discurso de ‘tú quieres seguridad, okey, te voy a poner más policías, más seguridad, pero no te quejes. Si violo derechos humanos es porque lo pediste, porque yo estoy cumpliendo con mi función’. Entonces, este discurso se vuelve un discurso muy perverso porque, a final de cuentas, bajo la lógica de que te estoy brindando seguridad, puedo hacer lo que quiera. Entonces, ese es un discurso más complicado por parte de los gobernantes, porque entonces la lógica es altamente represiva. Creo que eso acontece en el país: que ha venido cada vez más, sobre todo en el sexenio pasado, ha venido esta lógica.
–Desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos sigue manejando el control de las drogas, porque esto es un mercado, esto es una economía. Y recordemos que la economía del mercado geopolítica de Estados Unidos es la economía de la guerra, en sus distintos tipos y vertientes; es decir, Irak, Afganistán, no importa la teoría conspiratoria de que ellos mismos tiraron las Torres Gemelas, no importa; es guerra y esa es la única manera de sacar la economía de Estados Unidos del letargo. Por eso dije: Estados Unidos pone las armas y pone el dinero, esa es la lógica. Ahora, desde un punto de vista de la guerra contra las drogas, se ha demostrado que es un total y absoluto fracaso. Y lo más paradigmático de esto es que quienes han firmado los acuerdos para decir que es un fracaso han sido los ex Presidentes, entre ellos Ernesto Zedillo, aquel que nos metió en todo esto; Vicente Fox también dice que es un fracaso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto es parte de una geopolítica. Mi pregunta es: si estuviste en el cargo máximo, ¿por qué no hiciste nada para abatir lo otro? Y eso es parte de la geopolítica de Estados Unidos: o haces lo que yo digo o no te apoyo.
“Las gravísimas violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, las torturas y el amedrentamiento que sufren los defensores de derechos humanos en México merecen un tratamiento prioritario”, afirmó la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski. “AI considera que la visita de Peña Nieto a la Argentina es una buena oportunidad para tratar estos temas que son urgentes”.La entidad reclamó a México la promulgación de leyes generales sobre tortura y desapariciones, el refuerzo del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual y realizar “investigaciones exhaustivas e imparciales” sobre las denuncias de desapariciones de personas y violaciones de los derechos humanos, incluyendo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Esta reunión tiene lugar en un momento en que el Departamento de Estado evalúa si el gobierno de México ha cumplido con las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia de EE.UU. en materia de seguridad. Bajo la Iniciativa Mérida, el otorgamiento del 15 por ciento de ciertos fondos está condicionado a que el Departamento de Estado de EE.UU. informe al Congreso que México está logrando avances significativos en el respeto a los derechos humanos en el marco de operaciones de seguridad. De acuerdo con un memorándum preparado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) en conjunto con seis líderes organizaciones mexicanas, estadounidenses e internacionales, este año México tampoco ha cumplido con los requisitos y, por lo tanto, el Departamento de Estado debe solicitar la retención de los fondos condicionados”, señalan en el documento.
“Una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA, según recoge el comunicado del memorándum.
Además de que “a pesar de cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército la información públicamente disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas”.Refieren que no existen condenas en casos emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, y el caso Tlatlaya, que recientemente cumnplió un año y en el que los militares han sido liberados. Las ONGs acusaron que “en ambos casos los funcionarios del gobierno han obstruido las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas, y manipulado pruebas”.
En los cuatros casos en los que la Corte Interamericana ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún soldado ha sido condenado por las violaciones a derechos humanos que cometieron, recuerdan en el escrito.
Hasta febrero de 2015, el gobierno mexicano reporta únicamente 13 sentencias condenatorias registradas a nivel federal por desapariciones forzadas.
En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por la policía local, es probable que funcionarios del gobierno hayan obstruido la investigación llevada a cabo por el grupo de expertos, reconocidos internacionalmente. Más de 21 meses después de la desaparición forzada, el paradero de los estudiantes aún se desconoce.
No hay información confiable sobre cuántas de las desapariciones registradas son cometidas por las autoridades, critican en el memorándum.FUENTE: SIN EMBARGO.