“Crisis de DH en México, de dimensiones catastróficas”: activistas alemanes

OAXACA, Oax: A la gira del presidente Enrique Peña Nieto por Alemania lo “acompañaron” los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa con protestas en Berlín y Hamburgo para denunciar que “la crisis de derechos humanos en México ha adquirido dimensiones catastróficas”.


Así lo dijeron la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko en un comunicado en el que le hicieron saber al presidente Joachim Gauck y a la canciller federal alemana Angela Merkel que el caso Ayotzinapa es “sólo la punta del iceberg sobre las graves violaciones a los derechos humanos”.

Desde ayer y hoy, agregaron, la sombra de los normalistas y las masacres de Apatzingán y Tlatlaya persiguieron a Peña Nieto en su visita de Estado.

El colectivo de organizaciones alemanas resaltó que, de acuerdo con cifras oficiales, se desconoce el paradero de casi 27 mil personas desaparecidas en México y las autoridades “casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes”.

Como ejemplo de esta inacción, citó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que desde septiembre del 2014 desaparecieron y que “ha desatado un gran desconcierto en México y a nivel internacional, pues ha revelado la colaboración entre las autoridades estatales con el crimen organizado”.

Según los activistas, las autoridades mexicanas comenzaron la investigación, tras la fuerte presión internacional. Sin embargo, dijeron, los resultados fueron refutados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el destino de los estudiantes “permanece sin ser aclarado”.

Para ellos, “no únicamente el crimen organizado sino también las fuerzas estatales de seguridad son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México… La impunidad es de un 98% y la corrupción alcanza hasta los niveles más altos de la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.

Agregaron que las detenciones arbitrarias así como la tortura ejercida por la policía y el Ejército Mexicano “se cometen a la orden del día, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.

Los activistas reiteraron la situación que se vive en el sistema de justicia mexicano: “El objetivo es que a través de la tortura se consigan las confesiones sobre delitos y así se logren rápidamente las averiguaciones. Los policías y militares que torturan no tienen que temer por un procesamiento penal, mientras en la mayoría de los casos la víctima permanece en la cárcel a pesar de falta de evidencias del delito”.

Según su punto de vista, después de la presión internacional el gobierno mexicano ha presentado “un bosquejo” de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas. Sin embargo, éstas “no corresponden con los estándares internacionales”.

Por el contrario, añadieron, el gobierno mexicano ha rechazado las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y comités de las Naciones Unidas.

De hecho, recordaron que expertos como el relator especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez y los integrantes del GIEI han sido atacados y difamados públicamente.

En tanto, aseguraron, el gobierno de Peña Nieto “trata de promocionar la inversión de mercados internacionales y presentar a México como un lugar interesante para la economía con nuevas leyes aprobadas en las áreas de energía, minería, extracción de gas y petróleo, aunque tienen repercusiones considerables hacia las casi 32 mil comunidades agrícolas en México y a los casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales”.

Enseguida denunciaron que los ejidos de comunidades indígenas –garantizados en la Constitución–, han sido excavados. “El derecho al consentimiento libre, informado y previo es violado con la realización de numerosos megaproyectos”, afirmaron.

En la lista de críticas al gobierno mexicano, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko aseguraron que defensores de derechos humanos y periodistas, “quienes denuncian y critican estas irregularidades y quienes exigen reformas, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato”.


Por último, los activistas aseguraron que el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas amenazados establecido en el 2012, así como la Ley de Protección para las Víctimas “han sido medidas insuficientes de protección, de acuerdo con los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436867/crisis-dh-en-mexico-dimensiones-catastroficas-activistas-alemanes

Denuncia CIDH “grave situación” de violencia de periodistas y defensores en México

WASHINGTON: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la “grave situación” de violencia que viven en México los periodistas y los defensores de los derechos humanos, y conminó al gobierno de Enrique Pena Nieto a resolver esta situación violatoria de las garantías individuales.

Por medio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH, que la semana pasada presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México, concluyó necesario resaltar el problema que enfrentan los comunicadores y los que promueven la defensa y respeto de las personas en el país.

“La CIDH y su Relatoría Especial ponen de presente la grave situación de violencia que padecen periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión, que los convierte en un grupo de la población especialmente vulnerable”, indico el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado.


El llamado de atención al gobierno de Peña Nieto lo hizo la CIDH con el “objetivo de asistir” a México en el fortalecimiento del derecho fundamental de la libertad de expresión.

Citando cifras oficiales, la CIDH menciona que entre los años 2010 y 2015, fueron asesinados más de 55 periodistas en México.

“La mayor parte de estos crímenes permanecen en la impunidad, sobre todo en lo que se refiere a autores intelectuales no identificados, lo que ha impedido determinar si tienen una conexión con la labor informativa de las víctimas”, insiste la CIDH en su comunicado.

Como lo hiciera en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, la CIDH destacó de manera especial su observación de que la violencia contra los comunicadores es más aguda en los estados del país donde hay una fuerte presencia de grupos del crimen organizado.

“La información con la que cuenta la CIDH permite afirmar que, en su mayoría, los periodistas que han sido víctimas de violencia habían denunciado o informado sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados”, subraya el comunicado.

En este mismo sentido, dijo que las denuncias de hostigamiento contra periodistas por parte de policías municipales, estatales y federales, consisten en amenazas, vigilancias e interceptación de las comunicaciones.

De entre los estados del país donde la vulnerabilidad de los periodistas es más grave, la CIDH mencionó principalmente los casos de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

En estas mismas entidades, la CIDH anota que hay muchas denuncias de violaciones a las garantías individuales que sufren las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.

La CIDH reconoce que el gobierno mexicano ha implementado salvaguardas de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. “Sin embargo, se han presentado desafíos en la eficacia de las medidas dispuestas para su protección e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento”, se lee en el comunicado.

Para la CIDH es alarmante el alto índice de impunidad de los crímenes contra comunicadores y defensores de los derechos humanos. Y afirma que del 1 de diciembre de 2012, al 31 de agosto de 2015; la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de expresión (Feadle), inició 458 averiguaciones previas. De este total, la Feadle se declaró incompetente en 176 casos y en 53 inició proceso contra un solo presunto responsable.

En este mismo sentido, acota que desde 2013, cuando se le otorgó la facultad jurídica a la Feadle, solo la ejerció en 40 casos de los casi 500 que recibido.

“La Comisión ve con preocupación que sea la propia entidad investigativa quien, haciendo uso de diferentes argumentos, se interponga obstáculos a sí misma para asumir la titularidad de la investigación, lo que puede terminar afectando su eficacia”, enfatiza el comunicado de la dependencia jurídica de la OEA.

Al gobierno de Peña Nieto le recomienda de manera específica que mantenga el carácter de fiscalía especializada a la Feadle, que la dote de recursos económicos y humanos suficientes para cumpla su labor.


Asimismo, que implemente estrategias a nivel federal y estatal para dar una respuesta integral a los casos de protección, procuración de justicia en las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y periodistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432974/denuncia-cidh-grave-situacion-violencia-periodistas-defensores-en-mexico

Crisis en derechos humanos debe ser reconocida, no negada por el gobierno: ONG’s

Lamentan que se descalifique el informe de la CIDH y se nieguen los hechos.

Organizaciones no gubernamentales respaldaron el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “grave crisis” en México y llamaron al gobierno a reconocerla, no a negarla.

Comunicado y los firmantes:

Las organizaciones firmantes lamentamos que, ante la publicación del informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”, la primera reacción del gobierno ¾a través de su Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República¾, haya sido la de descalificar al mensajero y la de negar los hechos. Este pronunciamiento forma parte de una serie de rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

El pasado 28 de septiembre de 2015 integrantes de la CIDH realizaron una visita a México que terminó el 2 de octubre del mismo año. Tras su estadía en el país y previa documentación de la situación, el día de hoy se publicó su informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”. Dicho informe hace referencia no sólo a casos de extrema violencia vivida en México en tiempos recientes, sino que la ubica dentro de un contexto de impunidad imperante desde hace décadas.

Partiendo del establecimiento de un contexto de la violencia generalizada, la CIDH reconoce que las autoridades estatales fuente de esta violencia son la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM y aduce que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.

En este sentido la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, y que “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.” En ese sentido, la CIDH recomienda asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra Sucia hasta la actualidad.

El informe aborda una multiplicidad de problemas que van desde la alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por “megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”; y las limitaciones al acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones de seguridad nacional. Sobre esto último, la CIDH constató un importante retroceso en materia de transparencia proactiva: “los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos”. Según el informe, el Ejército y Marina reconocieron “que ya no registran ni informan sobre los heridos y muertos en las acciones militares conducentes a combatir el crimen organizado”. Todos estas problemáticas tienen un denominador común: la falta de acceso a la justicia. En consideración de la Comisión, la falta de acceso a la justicia ha generado “una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.”

Así es como la CIDH coloca como principal desafío del Estado mexicano “romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”, dado que la violencia se alimenta “del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad –proveniente desde la llamada “Guerra Sucia”– que rodea estos hechos.

Así, las organizaciones firmantes, hacemos un llamado a una postura abierta y constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH. Éstas son el fruto de un arduo trabajo de investigación de la propia Comisión, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, con base en los datos proporcionados por el propio Estado mexicano. Hacer caso omiso de estas recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos de la sociedad mexicana.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)

Alianza Cívica

Alianza Mexicana contra el Fracking

Amnistía Internacional

ARTICLE 19

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A. C.

Asylum Access México, A.C.

Casa de los Derechos de Periodistas, A.C.

Casa del Migrante de Saltillo

Católicas por el Derecho a Decidir

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Centro Heriberto Jara (CESEM)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Clóset de Sor Juana

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Coalición Pro Defensa Del Migrante

Colectivo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)

Colectivo Resonar

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)

Comité Cerezo México

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CÒDIGO DH)

Comunicación Comunitaria

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Consejo Tiyat Tlali

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.

Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas

Corresponsalía en México de Reporteros sin Fronteras (RSF)

DECA Equipo Pueblo, A.C.

Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.

Disability Rights International (DRI)

Documenta: Análisis y acción para la justicia social

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)

Foro para el Desarrollo Sustentable

Freedom House

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar: Centro de análisis e investigación

Gente Diversa de Baja California

Greenpeace México

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Iniciativa Sinaloa

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)

JASS (Asociadas por lo Justo)

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

Locallis: Especialistas en desarrollo local

Mujer y Medio Ambiente A.C.

Movimiento Migrante Mesoamericano

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

Organización Tutunaku Nahua en Defensa de la Tierra y el Territorio de los pueblos

PEN México

Periodistas de a Pie

Plataforma de Vinculación de Periodistas (PVP)

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Red de Género y Medio Ambiente RGEMA

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.

Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

Servicio Jesuita a Migrantes – México

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

Sin Fronteras

Sonora Ciudadana A.C.

Lic. Aleida Calleja

Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho

Lic. Guillermo Noriega Esparza

Mtro. Jaime Netzáhuatl Jiménez

Dr. José Luis Caballero Ochoa, académico de la Univesidad Iberoamericana

Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Lic. Silvano Cantú

Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados:

Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Valle de México), Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla (Puebla), Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México), Casa CAFEMIN (Ciudad de México), Iniciativa KINO (Sonora), Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca) Casa del Migrante Taticj Samuel (Chiapas), Casa del Migrante El Samaritano Hermanas de los Sagrados Corazones (Hidalgo), Seminario Scalabriniano (Ciudad de México), Hmnas de San José de Lyón (en el albergue Decanal Guadalupano en Veracruz), Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León), Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León), Comité Monseñor Romero (Casa del Migrante Tochán, Ciudad de México), Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila), Centro de Atención al Migrante Necesitado (Sonora), Global Workers (Ciudad de México), Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas), Las Patronas (Veracruz), Red Jesuita con Migrantes de Latino América, SMR Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (Ciudad de México), Misioneras Scalabrinianas (Ciudad de México), Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Mtra. Irazú Gómez.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro defensa del Migrante de Baja California; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Sin Fronteras, IAP; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés, Consultora; Elba Coria, Consultora; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Karina Arias, Consultora – (Secretaria Técnica).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/crisis-en-derechos-humanos-debe-ser-reconocida-no-negada-por-el-gobierno-ongs/

La crisis de derechos humanos en México “extremadamente grave”, insiste la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: En México las violaciones “saltan a la vista”, reviró el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) James Cavallaro al gobierno mexicano, que aseguró que el informe presentado el miércoles por el organismo internacional no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos “erróneos”.


En entrevista con Carmen Aristegui en CNN, Cavallaro sostuvo que varias de las violaciones fueron documentadas y admitió que el informe es “muy duro”, pero llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a “reconocer que la situación de los derechos humanos que enfrenta hoy México es extremadamente grave. Se trata de una crisis”.

Explicó el presidente de la CIDH:


“Nosotros analizamos durante los últimos meses y años, en varias visitas de integrantes de la comisión, tanto comisionados, como el personal de la secretaría ejecutiva. Y la comisión entera fue a México la última semana de septiembre. Visitamos varios lugares en varios estados. Lo que documentamos son desapariciones forzadas, centenas, miles de casos.

“El Estado ha mantenido una cifra de personas no localizadas de 26 mil 798, hasta septiembre pasado. Cada caso es muy grave. Son casi 27 mil. No todos esos casos son necesariamente desapariciones forzadas, son personas no localizadas. Pero en centenas y miles de casos sí hay involucramiento de agentes del Estado. Como es el caso de Ayotzinapa, como es el caso de Tierra Blanca, de los cinco jóvenes (levantados por policías del estado)”, ejemplificó Cavallaro.

Incluso, dijo, en el caso de Tierra Blanca el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) Roberto Campa Cifrián reconoció que se trata de un caso de infiltración de miembros del crimen organizado en el estado.

Mencionó también casos de ejecuciones extrajudiciales como el del caso Tlatlaya, en el que militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega ubicada en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

“El caso Tlatlaya es un caso ejemplar, pero hay miles de personas que en los últimos años en supuestos enfrentamientos con fuerzas militares han muerto, y cuando se indaga la versión oficial inicial no se comprueba”, afirmó Cavallaro.

Se refirió también a la situación de la tortura, que es una práctica “infelizmente”, generalizada en México. “Eso también ha dicho el relator especial de la ONU sobre tortura, el doctor Juan Méndez”, recordó.

Y no se olvidó de “otros grupos vulnerables expuestos a niveles altísimos de violencia”, como las mujeres con los feminicidios y los indígenas que están desprotegidos en su lucha contra las industrias extractivas y el despojo de sus tierras.

“En todos estos casos lo que une las diversas situaciones de abuso y violación, es la impunidad”, subrayó.

Cavallaro afirmó que la CIDH reconoce avances del gobierno, como las reformas en la Constitución de 2011, “algunas políticas como el mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas”. Sin embargo, lamentó, “lo que pasa es que el marco legal en México, dista mucho de la realidad.

“Los hechos son muy contundentes. No se trata de casos aislados, un caso, dos casos, cinco casos de desaparición forzada, ya sería una situación preocupante pero no necesariamente una situación general. Pero sí es el caso en México que la desaparición forzada acontece en muchos estados de la república”, sostuvo.

Por si fuera poco, señaló que la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad, es inapropiado porque “ha producido centenas, miles de muertos”.

En el caso de la Tortura, Cavallaro comentó que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga dos mil 400 denuncias y en los últimos siete u ocho años sólo ha habido 15 condenas.

“¿Qué porcentaje es eso? Es menos de uno por ciento. Esas son las cifras en casi todos los temas donde hay índices altísimos de violencia, de muerte, de tortura y el proceso judicial no responde de forma adecuada”, cuestionó.

El presidente de la CIDH comentó que para realizar su informe, sus enviados hablaron con centenas de personas. En septiembre y octubre pasado recorrieron cinco estados y la Ciudad de México, y antes ya habían visitado otros lugares.

En todos esos lugares las víctimas les contaron que la sensación que tienen es que la justicia “es una simulación, un simulacro, que están fingiendo hacer justicia en vez de hacerlo.

“La crisis que nosotros documentamos también ha sido documentado por diversos órganos de la ONU, por las instituciones de la sociedad civil de más prestigio en México y también internacionalmente.

“Nosotros queremos trabajar conjuntamente con el Estado: el primer paso es reconocer la realidad”, acotó.
Para ello, reiteró, “no hace falta mucho esfuerzo para buscar las violaciones a los derechos humanos en México: saltan a la vista”.

Y puso ejemplos:

“Hablemos de la figura de desaparición forzada: si son casi 27 mil personas no localizadas, no es una forma, una metodología equivocada, recibir informaciones sobre las violaciones para ver si son frecuentes o no son, es una técnica de todas las instituciones que hacen monitoreo de los derechos humanos en el mundo.

“Lo que pasa es que en México al usar esa metodología se encuentran centenas y centenas y miles de violaciones y casi no se encuentra esclarecimiento, casi no se encuentran procesos exitosos”.

Cavallaro afirmó que la CIDH no está de acuerdo con la visión el Estado mexicano y que hicieron de todo para incluir sus observaciones, “pero los derechos humanos como tema busca ver qué pasa con las personas comunes, ¿qué pasa cuando alguien es detenido por la policía?, ¿sufre tortura?; ¿qué pasa cuando el hijo de la familia o una niña chica es desaparecida?, ¿hay investigación o no?, y en centenas, miles de casos la respuesta del Estado ha sido inefectiva y es eso que nos lleva a la conclusión”, dijo.

Lo que dice el informe, abundó, es que “se trata de una grave crisis” y aunque la CIDH reconoce la facultad e interés de diversas autoridades del Estado y las políticas que han sido desarrolladas, insistió, hay una grave crisis y “es algo que tiene que ser prioridad nacional, exige respuestas firmes y exige el reconocimiento del alcance del problema”.

Según el presidente de la CIDH el problema de México es que a la vez que tiene un marco legal “bueno”, una sociedad civil activa y autoridades dispuestas a colaborar con las instancias internacionales de derechos humanos, también hay elementos del Estado capturados por el crimen organizado, por la corrupción.

Ello, indicó, “permite índices alarmantes de violaciones a los derechos humanos”, lo que provoca a la vez “un índice de impunidad chocante”, y también facilita la repetición de las violaciones.


Es cierto que reconocemos los avances, hay páginas y páginas de lo que el Estado ha hecho, pero por ese reconocimiento no podemos dejar de reconocer la magnitud del desafío que México enfrenta”, finalizó Cavallaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432216/las-violaciones-saltan-a-la-vista-revira-presidente-la-cidh

Estrategia de Peña Nieto empeoró situación de derechos humanos y violencia: CIDH

WASHINGTON: La estrategia del presidente Enrique Peña Nieto de conjugar a las fuerzas armadas y las policiales del Estado, así como a las municipales en la lucha contra el narcotráfico y en labores de seguridad agravó la crisis de derechos humanos y desató una mayor violencia contra la población civil, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en México en 2015, el órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la falta de rendición de cuentas en el gobierno de Peña Nieto frente a las graves violaciones de las garantías individuales en el país.

“México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”, asegura el documento y explica que esta situación comenzó en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón dio el banderazo de inicio a la lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora se mantiene, agrega, por la emulación que de ella ha hecho Peña Nieto.


De 236 páginas, el reporte de la CIDH destaca que por la lucha militarizada contra el narcotráfico de Calderón Honojosa y de Peña Nieto, en México “las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes”. Ello provocó la muerte de más de 100 mil personas, miles de desapariciones y el desplazamiento de millares de personas por todo el país.

“Esta situación ha desatado mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en las que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a las estándares internacionales”, recrimina el examen elaborado por la CIDH.

En su valoración, el órgano jurídico interamericano reconoce que desde 2011 el gobierno mexicano ha instrumentado reformas constitucionales y ha adoptado protocolos para investigar casos de tortura y desaparición forzada de personas. No obstante, sostiene que el gobierno de Peña Nieto no cumple con estos compromisos.

“Sin perjuicio de estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales”, resalta el informe.

Procuración de justicia simulada

Para matizar el punto del incumplimiento del gobierno del presidente priista en la instrumentación de mecanismos para proteger los derechos humanos, la CIDH apunta que al recoger testimonios de ciudadanos víctimas de la violación de sus garantías individuales y de la violencia, estos calificaron como “una simulación” a la procuración de justicia en México.

Según la CIDH, entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto “no han habido cambios sustanciales” en la instrumentación de políticas de seguridad y como resultado de ello, ni en los niveles de violencia que azotan y se registran con incrementos en el país.

“Son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”, estipula el informe.

Por si fuera poco, agrega, “México es considerado, además, como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra”.

En cuanto a las políticas de seguridad aplicadas en el actual gobierno, la CIDH denuncia que en algunos estados del país “va en aumento” el número de casos de personas desaparecidas, pese a que la cantidad de este tipo de delitos ha bajado a nivel nacional desde el 2013.

La realidad que se vive en México sobre la desaparición forzada de personas obligó a la CIDH a comparar la actualidad de este problema de derechos humanos con el que se vivió en la década de los años 60 y 80 del siglo pasado, durante la llamada Guerra Sucia.

“Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH a través de sus distintos mecanismos, sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas”, se lee en el informe.

Los ejemplos de la impunidad

La razón de que en México se vive una profunda crisis de violación a los derechos humanos, según la CIDH, es la “impunidad” que impera en el gobierno de Peña Nieto para castigar a los responsables de estos delitos internacionales.

“Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares (de las víctimas) en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias. Y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias”, sostiene la CIDH.

El problema de impunidad en la actual administración, de acuerdo con el informe, no es una simple percepción, sino el resultado de las investigaciones de organismos nacionales e internacionales dedicados a la defender los derechos humanos.

Como un ejemplo de impunidad, el organismo cita el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Entre los casos que la Comisión menciona como las violaciones más graves a los derechos humanos en México, con un alto grado de impunidad y la participación de agentes del Estado, pone especial énfasis en la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014; así como la muerte de civiles en Apatzingan, Michoacán en enero de 2015.

Sobre éste último, resalta el enfrentamiento entre agentes del Estado y presuntos criminales en Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en junio de 2015, incidente en el que perdieron la vida 42 civiles y un policía federal.

“Con el paso del tiempo y la investigación, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerza armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos e irregularidades en las investigaciones”, sentencia el órgano jurídico de la OEA.

El reporte de la CIDH es el resultado de la “visita in loco” que realizó este organismo interamericano a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Entre las conclusiones a las que llegó es que bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, las ejecuciones extrajudiciales, la práctica de la tortura, la desaparición forzada de las personas y la impunidad se mantienen como el común denominador en las violaciones a los derechos humanos.


“El gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de derechos humanos”, concluye en su reporte la CIDH.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432055/estrategia-pena-nieto-empeoro-situacion-derechos-humanos-violencia-cidh

“Peña sólo administra crisis de derechos humanos”: Amnistía

CIUDAD DE MÉXICO: En lo que va de su gestión, el presidente Enrique Peña Nieto se ha enfocado en “administrar la crisis de derechos humanos más que dar solución”, al no modificar la política de seguridad y la guerra contra las drogas”, consideró Perseo Quiroz, director en México de Amnistía Internacional (AI).


En el contexto de la presentación de su “Informe anual 2015-2016”, Quiroz Rendón advirtió que en el continente los tres países de América que han encendido las alertas para AI son México, por “su profunda crisis de derechos humanos y la denostación hacia organismos internacionales”; Estados Unidos, “por mantener activa la cárcel de Guantánamo”, encuba, y Venezuela por “la falta de justica en casos graves de violaciones a derechos humanos”.

Del balance anual que hace Amnistía en materia de derechos humanos en el mundo, México aparece en la lista de los 11 países de mayor alarma, junto con China, Burundi, Egipto, Kenia, Gambia y Hungría, entre otros. “Sin que hagamos un ranking, México está dentro de los países que más preocupan en el continente americano y de los más preocupantes del mundo”, subrayó Quiroz.

De acuerdo con el informe de Amnistía, en 122 países se ejerció tortura o malos tratos, y en 29 o más se “obligó ilegalmente a personas refugiadas a retornar a naciones donde corrían peligro”, en tanto que en 19 países “el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las leyes de la guerra”.

En entrevista con Apro, el defensor reconoció que, en el caso de México, muchas de las preocupaciones “son añejas, no son nuevas, y justamente reflejan la falta del seguimiento a los temas o de que avancen de manera sustantiva”.

También dijo que si bien a nivel internacional “2015 otra vez fue un mal año para los derechos humanos”, en el caso de México “su sello particular fue la reacción del gobierno ante las críticas de organismos internacionales, como al relator de tortura de la ONU, las desapariciones y la impunidad generalizada”.

Al destacar que el informe toca el incumplimiento de los 10 puntos en materia de derechos humanos prometidos por Peña Nieto en noviembre de 2014, tras la reunión sostenida con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Perseo Quiroz apuntó que en esta ocasión a la organización con sede en Londres le resulta preocupante “el aumento de la personas que viven bajo el umbral de la pobreza según cifras oficiales, porque hay una relación importante entre la brecha económica y las grandes violaciones a derechos humanos que vivimos todos los días”.

En su informe, la organización da cuenta que de 2012 a 2014 el porcentaje de mexicanos que vive por debajo del umbral de la pobreza pasó de 45.5 a 46.2%, y el número de personas en extrema pobreza avanzó de 9.8 a 9.5%.

Ante las cifras alarmantes que no varían en términos de desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios, entre otros abusos, Perseo Quiroz consideró que se explican debido a que “la política de seguridad no ha cambiado, aunque ha habido una reducción de efectivos de fuerzas armadas cumpliendo funciones de seguridad, aparte de que se siguen registrando altos números de violaciones a derechos humanos, sobre todo en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, aunque no en los niveles de 2010”.

A tres años del cambio de partido político en el poder, Quiroz Rendón insistió en que “no ha significado un cambio para la frecuencia de violaciones a derechos humanos, estamos en una crisis cada día acentuándose más y que tiene que ver con la falta de atención efectiva a este tema”.

Puntualiza: “El tema de derechos humanos está en la agenda del gobierno pero no para resolverse, el gobierno ha tenido que lidiar con el tema porque mediáticamente ha tenido repercusión, pero no vemos medidas de solución, sólo se está administrando la crisis más que solucionarla”.

Luego consideró que se continúa con la política de seguridad heredada de la administración anterior y “se cierran aún más los espacios de diálogo, por lo que no se ve que en los próximos tres años estemos reportando una mejoría en derechos humanos”.

El informe sobre México de Amnistía incluye las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán; el reporte de las mil 600 denuncias de tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR); las 27 mil desapariciones; los feminicidios y las alertas de violencia de género en Morelos y Estado de México, así como un panorama sobre las violaciones a los derechos a la libertad de expresión, de los pueblos indígenas e integridad de los migrantes.


Perseo Quiroz insistió: “Mientras no tengamos ese cambio de paradigma, una discusión sobre una política de seguridad distinta, las desapariciones forzadas y desapariciones por particulares, ejecuciones extrajudiciales, tortura y altos índices de homicidio van a continuar, porque todo lo anterior atraviesa por el tipo de política de seguridad que se aplique”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431193/pena-solo-administra-crisis-de-derechos-humanos-amnistia

El arreglo entre El Vaticano y Peña

Los sacerdotes pederastas, los feminicidios y las desapariciones forzadas son algunos de los mayores ultrajes que asuelan México, pero para el jefe del Estado Vaticano en su reciente visita fue como si no existieran. No dijo una palabra al respecto, pronunció discursos en los que señalaba al aire y no se reunió con familiares de las víctimas. Las familias vapuleadas por la violencia se sienten revictimizadas por aquel de quien esperaban consuelo y acción al servicio de la justicia: “Nos dimos cuenta lo que es la religión y el gobierno: Están para engañar”…

CIUDAD DE MÉXICO: Pocos días después de que el Papa Francisco dejara México, miembros de organizaciones sociales que buscan visibilizar la crisis de derechos humanos en México admiten sentirse decepcionados porque el Papa se negó a mantener una reunión con las víctimas de la delincuencia y del Estado. Y van más allá: se dicen convencidos de que hubo “un arreglo” entre el Vaticano y el gobierno de Enrique Peña Nieto para que no ocurriera este acercamiento.

En entrevistas por separado, representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir (CCD), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lamentan que el jerarca católico no haya querido escuchar a las víctimas, en un país lacerado por la violencia, la corrupción y la impunidad.

Esas agrupaciones, como muchas otras, enviaron mensajes al pontífice para informarle de la crisis de derechos humanos que padece el país, y en algunos casos, para solicitarle encuentros privados, como fue el caso de los papás de los 43 estudiantes levantados en Iguala, quienes ya habían buscado a Francisco desde su primera visita al continente americano, el año pasado.


Para María de la Luz Estrada, de CCD, Jorge Bergoglio “perdió una oportunidad histórica”, para demostrar que es un jefe religioso y de Estado que se encuentra del lado del pueblo:

“Al Papa le faltó algo a lo que convocó a los sacerdotes en Michoacán: atreverse a no resignarse. Le faltó romper con la agenda tan formal, que no dejó mirar el rostro de las víctimas.”

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2051, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430839/el-arreglo-entre-el-vaticano-y-pena