Dejan restos humanos frente a sede de gobierno de Guerrero y cerca de cuartel militar

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Los cuerpos desmembrados de tres hombres fueron encontrados esta madrugada frente a la sede del gobierno estatal y también se localizaron tres cabezas cercenadas en las inmediaciones de la comandancia de la 35 Zona Militar, en esta capital.

Además, los sicarios dejaron mensajes escritos en cartulinas donde advierten sobre el recrudecimiento de la violencia en Chilpancingo, indican reportes oficiales.

En otro hecho violento, una mujer fue asesinada y su hija resultó herida al quedar en medio del fuego cruzado durante un enfrentamiento armado registrado ayer por la tarde en plena zona urbana del balneario de Zihuatanejo, en la convulsionada región de Costa Grande de la entidad.

Mientras que el saldo trágico registrado ayer en el puerto de Acapulco fue de cuatro hombres ejecutados en el principal destino turístico de la entidad, donde la narcoviolencia se ha vuelto común.

Los reportes oficiales indican que el hallazgo de restos humanos frente a las oficinas del gobernador Héctor Astudillo y el cuartel militar en Chilpancingo, ocurrió cerca de las 04:00 horas de este sábado.

A pesar de que en ambos puntos existen videocámaras del sistema de vigilancia estatal, no existe indicio alguno de la forma como operó el grupo delictivo que regó cadáveres en la parte sur de esta capital.

Hasta el momento, el gobierno de Héctor Astudillo no ha hablado de los casos de las víctimas colaterales en Zihuatanejo y los desmembrados frente a instituciones civiles y castrenses.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/450862/dejan-restos-humanos-frente-a-sede-gobierno-guerrero-cerca-cuartel-militar

Construirán nuevo cuartel militar en Coahuila; costará 470 mdp

El número de efectivos militares en La Laguna pasará de 700 a 3 mil 700 y en el resto del estado, para finales de la actual administración, se contará con más de 6 mil.

Encabezados por el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, los gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira; de Durango, Jorge Herrera Caldera y de Chihuahua, César Duarte Jáquez, firmaron el convenio de colaboración para la construcción del Cuartel Militar en San Pedro, Coahuila, que albergará 3 mil policías militares y entrará en operación dentro de 10 meses.

Las instalaciones se construirán sobre una superficie de 323 hectáreas y representarán una inversión global de 470 millones de pesos.

Las aportaciones serán de 250 millones de parte de Coahuila quien además compró el terreno en San Pedro, en tanto que los estados de Durango y Chihuahua colaborarán con 50 millones de pesos cada uno, el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional con 50 millones.

Por su parte, los municipios de La Laguna apoyarán en forma conjunta con 50 millones de pesos.

El evento se realizó en las instalaciones de la XI Región Militar y asistieron todos los alcaldes de Coahuila, así como empresarios y representantes de la sociedad civil.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, firmó el convenio de colaboración, pero no participó en los discursos y al finalizar la ceremonia se dirigió a los militares formados horas antes y a manera de mensaje y saludo los exhortó al trabajo y les dijo “la sociedad espera mucho de nosotros”.

El gobernador Rubén Moreira expresó que el Cuartel Militar se instalará en la región de San Pedro, en razón de la ubicación geográfica de la XI Región Militar.

Rechaza que la elección del gobierno federal para construir en esta parte de la entidad un Cuartel Militar, sea por fallas en el desempeño del resto de las corporaciones policiacas y precisó que es al contrario “es porque estamos más bien ahora en materia de seguridad, por la coordinación que ha dado buenos resultados con el gobierno federal y porque Coahuila es la casa del Ejército”.

Respecto a la participación de la iniciativa privada en este tipo de infraestructura de seguridad, Rubén Moreira explica que es proporcionando el material a bajo costo como los pisos y las varillas de acero, por ejemplo.


Con la operación de este Cuartel Militar en San Pedro en la Laguna, el número de efectivos militares pasará de 700 a 3 mil 700 y en Coahuila para finales de la actual administración estatal, se contará con más de 6 mil.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 12 MAYO 2016.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/construiran-nuevo-cuartel-militar-en-coahuila-costara-470-mdp/

Construirán cuartel militar en Chilapa, Guerrero

MÉXICO, DF: El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció la construcción de un cuartel militar en Chilapa, Guerrero, así como la llegada de más fuerzas federales para el combate a la delincuencia.

Tras una reunión del gabinete de seguridad federal, el funcionario advirtió que la edificación del cuartel iniciará “lo más pronto posible”.

Al encuentro acudieron el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; Arely Gómez, titular de la PGR, y el gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien informó que el objetivo de la reunión fue para analizar la situación de inseguridad en la entidad.

Por su parte, Osorio Chong también dijo que los gobiernos federal y estatal van a iniciar la búsqueda de personas que fueron desaparecidas por la delincuencia organizada en mayo de 2015.

Por ello, dijo que el Ejército reforzará las acciones de seguridad en el municipio de Teloloapan, en la región norte de Guerrero, y la región de la montaña baja en Zitlala, donde se han registrado hechos de violencia, aunque también aclaró que se mantendrá el llamado operativo Tierra Caliente.


De acuerdo con el titular de Segob, en los últimos 15 meses han disminuido los índices delictivos en la sureña entidad, y prueba de ello es que el año pasado se reportaron mil 200 homicidios, cuando en 2014 ocurrieron cerca de 2 mil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427212

Una señal de GPS llevó la búsqueda de un desaparecido a un cuartel militar

Tras la desaparición del ingeniero Francisco Herrera Rivera, un último rastreo por GPS reveló que su teléfono estuvo en el 15 Batallón de Infantería. La familia denuncia que la propia Sedena y el Ejército en la zona ocultan información así como los videos del C4 que captan el momento de su captura.

El 7 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera Rivera salía de un cajero automático en Tampico, Tamaulipas, cuando fue interceptado por una patrulla militar que, sin más, le requirió su credencial de elector, alegando una revisión de rutina. Los militares, narró el ingeniero a sus hermanos algunos días después, le tomaron una foto a su credencial y luego lo dejaron partir. “No lo vio como algo grave, incluso, bromeó al respecto”.

Pero diecisiete días después, el 24 de febrero, a las 7:15 horas, Francisco fue raptado al de salir de su casa.

Una cámara del C4 de Tampico registró el secuestro. “Cuando se lo llevan, la cámara los sigue, lo que demuestra que alguien estaba controlándola, viendo lo que sucedía”, narra Víctor Herrera, su hermano, “pero no dieron aviso a nadie”.

Aunque el ingeniero vivía solo, su familia pudo identificar su ausencia el mismo 24 de febrero, debido a que antes de llegar al trabajo, Francisco solía estacionar su camioneta en casa de su mamá, ubicada a poca distancia de su centro laboral. Al no hacerlo, y luego de que pasaron varias horas sin que lograran contactarlo, se convencieron de que algo le había sucedido.

Decidieron entonces rastrear su teléfono a través de un servicio personal de GPS, el cual ubicó el aparato dentro de un cuartel militar, el del 15 Batallón de Infantería, en la misma ciudad de Tampico.

Según este reporte, ese era el punto en el que se encontraba el teléfono la última vez que fue activado, siendo las 9:38 horas del 24 de febrero, es decir, dos horas y 23 minutos después de que el secuestro de Francisco fuera captado por las cámaras de seguridad pública.


Desde entonces, han pasado nueve meses, y nada ha vuelto a saberse de él.



El Ejército

“Mi hermano Paco acababa de cumplir 39 años cuando se lo llevaron –narra Víctor–, vivía separado de su esposa desde hacía unos meses, y estaba pagando su casa, por lo que vivía con un promedio de 6 mil pesos al mes, no era una persona adinerada. Aún así, nos pareció extraño que nadie llamara para pedir rescate, porque creíamos que se trataba de un secuestro para sacar dinero, pero más extraña fue la forma en que han actuado las autoridades encargadas de buscarlo.”

Luego de que el GPS ubicara el teléfono de Francisco dentro del 15 Batallón de Infantería, sus hermanos acudieron a este cuartel militar, para pedir informes sobre su situación, y “ahí nos recibe un tal general Adame, quien descarta que ahí tengan a mi hermano, y nos pasa a buscarlo, supuestamente”, pero para ese momento ya habían pasado más de siete horas desde que el aparato había sido encendido y ubicado por el GPS dentro de esas instalaciones, así que “ya no encontramos nada”.

Después de una semana, en la que vieron a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas cruzarse de brazos ante su denuncia, los familiares del ingeniero Francisco Herrera fueron notificados informalmente de que en el C4 habían encontrado videos que registraban el momento en que fue detenido.

“En esa semana hablamos con toda la gente que pudimos, conocidos, amigos, allegados, y fue así que supimos que ahí estaban los videos. Le pedimos al agente del MP del estado que los solicitara, pero no lo hizo, así que fuimos nosotros directamente al C4, y ahí una encargada llamó a un muchacho, un analista, quien nos dijo que efectivamente habían encontrado videos del secuestro, pero que un día después de los hechos había estado ahí el Ejército revisándolos, que lo habían tenido ahí hasta las 12 de la noche revisando… ‘no se preocupen, ya va muy avanzada la investigación’, nos dijo el analista”.

Esos videos, destaca la familia del ingeniero, fueron revisados y seleccionados por el Ejército del C4 sin que contara con ninguna atribución para ello.

“La Sedena cuenta con material que no ha entregado, en sus reportes hablan de que en el secuestro participaron tres vehículos, sin embargo, en los videos que han entregado sólo se ven dos autos”.


Esto, destaca Víctor, es prueba de que existen tomas del C4 a las que el Ejército tuvo acceso, pero no la familia y el MP.

“Cuando se llevaron a mi hermano –destaca Víctor–, los vehículos hacen un alto en una gasolinera, eso se ve en el video de C4. En esa gasolinera hay ocho cámaras de vigilancia, y cuando fuimos ahí para que nos facilitaran los videos, nos dijeron que antes ya los había pedido el Ejército y que ellos los tenían.”

La Secretaría de la Defensa Nacional retuvo este segundo paquete de videos durante dos meses, obstruyendo la investigación del Ministerio Público del fuero local, que no pudo conocer su contenido sino hasta mayo, debido a que fueron enviados a la sede central de la Sedena, en la Ciudad de México, hasta donde tuvo que viajar un agente del MP de Tamaulipas, para poder recuperarlos… dos meses después del secuestro.

Luego, las irregularidades en el actuar del Ejército continuaron.

“A finales de julio de 2015, o sea cuatro meses después de que se llevaron a mi hermano, hubo un enfrentamiento entre militares y criminales en el ejido Ruiz Cortines, municipio de González. Los criminales iban a bordo de la camioneta que se robaron cuando secuestraron a mi hermano. La camioneta quedó toda balaceada, y los tripulantes huyeron, dejando armas, equipo táctico y uniformes del Cártel del Golfo. La camioneta fue asegurada por el Ejército y puesta a disposición de la PGR, en donde para entonces ya habíamos también interpuesto una denuncia, y aún cuando la camioneta tenía reporte de robo, y de que estaba vinculada a la averiguación previa por la desaparición de mi hermano, ni el Ejército ni la PGR hicieron nada cuando la encontraron. Peor aún: tampoco dijeron nada.”

La familia del ingeniero Francisco Herrera supo que la camioneta había sido localizada hasta septiembre, es decir, dos meses después del hallazgo (y siete después del secuestro), gracias a que sus placas fueron captadas por una cámara de seguridad pública cuando el vehículo era transportada a instalaciones judiciales, a bordo de una grúa. Al tener reporte de robo, la cámara detectó en automático la placa y emitió una alerta.

“Si esa cámara del C4 no hubiera detectado la placa, la camioneta de mi hermano seguiría en un corralón de la PGR, perdida… De los tres vehículos que participaron en el secuestro, dos de ellos fueron luego recuperados, abandonados, pero cuando fueron recuperados y sometidos a análisis, estaban totalmente limpio: no había ni una huella, ni un cabello, nada. Parecía que la habían limpiado antes de entregarlos…”, se lamenta Víctor.

Para obtener la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional en torno a esta denuncia, Animal Político solicitó formalmente una entrevista con un representante de la institución, sin obtener respuesta favorable.

El C4

Cuando la familia del ingeniero Francisco Herrera exigió al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Tampico (C4) que explicara en qué circunstancias había entregado los videos del secuestro a integrantes del Ejército, el titular de este organismo, Juan Luis Domínguez Vargas, optó por negar los hechos, y “cuando el agente del Ministerio Público intentó tomar declaración al analista que asistió a los soldados en la revisión del material, nos encontramos con que este muchacho se presentó acompañado por el equipo jurídico de su institución. Y el analista, ya en su declaración, se echó para atrás, negó que ahí hubieran estado militares, negó que les hubiera entregado videos, negó que hubiera hablado con nosotros… era indignante escucharlo, porque propiamente nos estaba acusando a nosotros de mentir.”

De hecho, a través del oficio C-4/330/2015, fechado el 19 de marzo de 2015, el titular del C4 de Tamaulipas notifica oficialmente a la Procuraduría del estado que “ninguna persona de Sedena se ha presentado en nuestras instalaciones solicitando información por la desaparición del C. Francisco Herrera Rivera”.

Lo anterior, sin embargo, quedó desmentido por la misma Sedena, que en el reporte “URGENTE. No. PTN.INFN.333”, del 26 de febrero de 2015 –elaborado por J.A. Adame Cabrera, comandante del 15 Batallón de Infantería de Tampico–, reconoce que “esta comandancia de unidad se coordinó con la C. Lic. Alejandra Garza Caballero, encargada del Centro de Monitoreo y Videovigilancia del C4-Tampico, Tamaulipas, con el fin de verificar la veracidad y obtener mayores datos sobre los hechos expuestos por familiares de la presunta víctima”.

En dicho reporte, el comandante del 15 Batallón asegura que personal militar “realizó una exhaustiva búsqueda en los registros de grabación con que cuentan en el citado centro de monitoreo”, lo que les permitió ubicar imágenes en las que se ve a dos vehículos siguiendo la camioneta del ingeniero.

Así, destaca Víctor, este reporte de la Sedena demuestra que los funcionarios del C4, desde el analista hasta su titular, pasando por su dirección jurídica, incurrieron en falsedad de declaraciones al rendir su testimonio ante el MP, “y ¿cuál era su objetivo al mentir? –se pregunta Víctor, y luego se responde–: Su objetivo fue ocultar las acciones del Ejército…”.

A pesar de que estas evidencias de falso testimonio han sido integradas a la averiguación previa iniciada a nivel estatal por la desaparición del ingeniero Francisco, ningún funcionario del C4 ha sido llamado a rendir cuentas.

La PGR

Según la descripción de los videos del C4 hecha por la misma Sedena, las personas interceptaron el vehículo de Francisco subieron a él, y luego todos se fueron en convoy, que pudo ser seguido por distintas calles de Tampico, hasta perderse.

A partir de esas imágenes, el comandante del 15 Batallón concluyó en su reporte que “por las acciones realizadas por las personas que viajaban en ellos (los autos que interceptaron a Francisco) es factible que el citado individuo forme parte de algún grupo de la organización delictiva Cártel del Golfo que opera en el área, y pudo haber sido objeto de una agresión por parte de integrantes de la misma organización”.

–¿Existe alguna denuncia, investigación o evidencia de que el ingeniero Francisco Herrera estaba involucrado en actividades criminales?

–Nadie, ni nosotros como familia, ni el Ministerio Público, ni el Ejército, tiene ningún indicio de que él hubiese participado en algún hecho delictivo. Ese reporte fue elaborado un día después de que secuestraron a mi hermano, es decir, no está sustentado en una investigación real. Es, más bien, como un intento de desviar la atención.

–¿Y tienen alguna hipótesis sobre lo que le sucedió a su hermano?

–No sabemos quiénes o por qué se lo llevaran, pero todas las evidencias indican de una u otra forma al Ejército. Es muy raro que ninguna autoridad quiere hacer nada: en marzo, un mes después de que se llevaron a Paco, acudimos a la PGR, en la Ciudad de México, y supuestamente iniciaron una averiguación previa, pero en septiembre, cuando volvimos a revisar el expediente, nos dimos cuenta de que no habían hecho nada, absolutamente nada.

Dos semanas después del secuestro, cuatro sujetos fueron detenidos por el Ejército, por portación de armas de fuego, y resultó que iban a bordo de uno de los autos usados en el rapto, los cuatro sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal (que pertenece a la PGR), y cuatro días después fueron puestos en libertad. Jamás les preguntaron por mi hermano, qué le habían hecho, por qué tenían uno de los autos que participaron en el secuestro, nada. Sólo los dejaron ir.

“Todo es muy raro”

La identidad y las fichas delictivas de estos cuatro sujetos temporalmente detenidos no ha podido ser conocida por la familia de Francisco, hasta la fecha, “y, por lo tanto, no hemos podido contrastar esos rostros con las personas que se ve en los videos, y ese es el problema –destaca el hermano del ingeniero–: que 95% de los avances en la investigación han sido aportados por nosotros, como familia, son datos recabados por nosotros, derivados de nuestras observaciones, nosotros somos los que hemos hecho el trabajo de campo, porque ni la Procurduría estatal, ni la PGR, han hecho nada, el expediente tiene unas 3 mil hojas, pero ningún resultado…”.


Tamaulipas es el estado con mayor número de personas desaparecidas, a nivel nacional, con 5 mil 519 víctimas, acumuladas del año 2000 a la fecha, según las estadísticas oficiales en la materia, de ellas, 410 fueron raptadas en la ciudad de Tampico.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/por-gps-rastrean-a-desaparecido-hasta-cuartel-militar-en-tamaulipas/

Un militar torturado por militares

México, D.F.- Al teniente de caballería Julián Castilla Flores se le acusa de delitos contra la salud. Mientras estuvo en la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila, recibió premios y reconocimientos, pero desde hace cuatro años enfrenta un juicio basado en declaraciones de un testigo protegido, que ya se retractó, pero entonces señaló que el oficial de caballería brindaba protección a Los Zetas cuando ya ni siquiera estaba en la zona militar.

El mencionado testigo protegido, igual que otros, ya denunciaron que fueron torturados para que firmaran declaraciones que incriminaron a varios servidores públicos, pero Castilla –quien ya comprobó la tortura– sigue preso, lo mismo que otros 14 militares, por el mismo asunto.

Interno en la prisión del Campo Militar Número 1 desde 2011, el pasado 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en el estado de Veracruz. Sus abogados y familiares no se enteraron, pues los días siguientes el oficial fue incomunicado. Por ese motivo, el 19 de octubre la sección alemana de la organización Amnistía Internacional emitió una alerta por el caso, donde se expresaba preocupación por la seguridad de Castilla.

En marzo de 2011, tres personas detenidas bajo el cargo de pertenecer a Los Zetas, convertidos en testigos protegidos, señalaron que numerosos servidores públicos de las áreas de seguridad en los tres órdenes de gobierno daban información y protegían a esa organización criminal, e incluso se encargaban de asesinatos y desapariciones ordenadas por los cabecillas.

La entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que el operativo, derivado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 –de la que este semanario tiene copia–, era “una acción sin precedentes” y que la dependencia a su cargo era la “primera en poner el ejemplo” en el combate a la corrupción.

Morales aludía a que, además de mandos policiacos locales –entre ellos militares en retiro–, policías federales y soldados, la PGR detuvo a una de sus propias subdelegadas, agentes del Ministerio Público federal y de la Agencia Federal de Investigación (Proceso 1843).

En un año se demostró que las condiciones de modo, tiempo y lugar que señalaron los testigos protegidos identificados como El Guacho, Sagitario, Serpico y El Pepillo, eran inconsistentes.

También hubo errores en la identificación de los supuestos sobornados, como ocurrió con Humberto Torres Charles, hermano de Jesús, el exprocurador de Coahuila cuya fotografía se incorporó al expediente. La imagen fue difundida, boletinada y colocada en la lista de más buscados, con la oferta de una recompensa millonaria. En realidad era la imagen del dirigente del PAN de Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, y no la de Torres Charles.

El fracaso de las pesquisas en la justicia civil no sirvió para el caso de los militares que aceptaron su participación en los ilícitos que se les imputaron. Más tarde, la aplicación del Protocolo de Estambul determinó que esos militares fueron torturados.

Fracaso ejemplar

De acuerdo al pliego de consignación elaborado por los oficiales del batallón, el 11 de marzo de 2011 dos pelotones del 33 Batallón de Infantería patrullaban en el sur-oriente de Saltillo, cuando detuvieron en la comunidad Los Silleres a un sujeto apodado El Picholo. Éste les dijo entre otras cosas que hacia el poniente Los Zetas tenían un terreno donde resguardaban tráileres con droga. Cuando se dirigieron allá, encontraron el predio en el bulevar Vito Alessio Robles, donde detuvieron a Pedro Toga Lara, El Guacho.

El documento establece que éste último confesó espontáneamente:

“Dijo que ya se le habían terminado las andanzas delictivas, a él y su hermano, el cual tenía poco tiempo de andar con él, pero que ya le había arruinado la vida, por lo que quería cooperar con las autoridades previo apoyo de parte de ellas”. Enseguida ofreció a sus captores una nómina de Los Zetas en la que venía el nombre del “teniente Castillo”.

Con esa información inició una pesquisa en el 69 Batallón de Infantería. Hasta entonces las declaraciones no mencionaban al teniente Julián Castilla, pero la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) fue por él a Juárez, Chiapas, donde se encontraba al frente de una Base de Operaciones.

A partir de datos aportados por Toga Lara se abrió la averiguación contra los militares, pero también con base en señalamientos de otros testigos protegidos se giraron órdenes de aprehensión contra funcionarios y mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno, incluso de la PGR: es lo que presumió la procuradora Morales.

En el expediente CP 279/2011, radicado en el Juzgado 1 Militar, adscrito al reclusorio del Campo Militar Número 1-A del Distrito Federal, en el que se conoce el caso del teniente Julián Castilla –y del que Proceso tiene copia–, se observan numerosas irregularidades.

Por ejemplo, el pliego de consignación no fue elaborado por los militares que lo firmaron, pues declararon ante el juzgado que se redactó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) muchas horas después de los hechos.

Otra falla grave es que la declaración de Pedro Toga Lara, exsargento de Transmisiones, incriminaba a un teniente de infantería Castillo, no al teniente de caballería Castilla, una diferencia que necesariamente conoce el testigo por su carrera militar y las funciones que desempeñó.

Además, los peritajes grafoscópicos concluyeron que alguien distinto a Toga Lara escribió la declaración que se suponía de su puño y letra, lo que por otra parte se observa a simple vista en la documentación. Tampoco coinciden los tiempos cuando Toga Lara llegó a Saltillo con aquellos en que Julián Castilla permaneció en la Sexta Zona Militar.

Las declaraciones de Toga Lara se robustecieron con la supuesta confesión de un integrante del 69 Batallón de Infantería, el sargento Sergio Treviño Ríos, hasta que, en una diligencia practicada en la causa de Castilla, declaró que no lo conocía y que había sido torturado y forzado a firmar declaraciones cuyo contenido desconocía.

Los 14 detenidos de ese batallón incriminados por Toga Lara dijeron que no conocían a Castilla.

Las acusaciones de tortura se reprodujeron en casi todos los casos, incluso en el del testigo principal, Toga Lara, cuyo desistimiento contribuyó al sobreseimiento de los casos de imputados civiles.

La descripción de la tortura a la que fue sometido es brutal: golpes, toques eléctricos, introducción de objetos, la amenaza de violación y asesinato de su familia. También afirmó que era forzado a tocar armas e imprimir sus huellas digitales en al menos dos paquetes de hojas blancas.

Retenido durante cinco meses, El Guacho denunció que en instalaciones de la SIEDO lo obligaban a hacer declaraciones. Añade: “Muchas ocasiones que yo me negaba a estudiar expedientes que se me ponían a la vista, los cuales yo no conocía en nada, los oficiales de la AFI, por órdenes de los fiscales, me bajaban al sótano y me golpeaban en repetidas ocasiones en el interior de los baños o en un cuarto oscuro”. También afirmó: “Me dejaban sin comer dos o tres días, teniendo yo que tomar agua del sanitario”.

Según Toga Lara, cuando por fin lo alimentaban, lo llevaban a una oficina donde debía estudiar los expedientes de aquellos a quienes había incriminado. Después simulaban estar en un juzgado y personal de la SIEDO actuaba para aleccionarlo sobre cómo comportarse ante el juez.

Amenaza cumplida

Un mes después de la captura de Toga Lara, el teniente Castilla fue detenido.

Las documentales del expediente son imprecisas sobre el día de marzo de 2011 en que esto sucedió: el oficio de consignación de la PJFM establece el 12 de marzo; en una promoción del juzgado, queda como fecha de detención el día 14; un informe de la 30 Zona Militar, afirma que el capitán responsable del operativo salió con el detenido a las 11:45 horas del 13 de marzo.

La Zona Militar informó que no había registros de detención ni presencia de PJFM el 14 de marzo. En todo caso, el día 15 lo presentaron a la SIEDO.

La aplicación del Protocolo de Estambul, el manual admitido por la comunidad internacional para investigación y documentación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, dictaminó que Julián Castilla fue torturado, con base en las pruebas practicadas y un dictamen médico elaborado durante su ingreso a la SIEDO.

Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional que practicaría el estudio al teniente Castilla los días 2 y 3 de marzo, cuando personal del órgano autónomo arribó a la prisión militar encontró trabas para trabajar: no le proporcionaron un lugar adecuado como se solicitó (el examen se aplicó en una jardinera) y no permitieron el ingreso de los equipos médicos necesarios para aplicar el Protocolo, por lo que éste sólo se basó en la descripción hecha por Castilla de la tortura, que coincidió con el dictamen médico del día de su ingreso a las instalaciones de la SIEDO.

De acuerdo con la narración de Castilla, asentada en el juicio y en el dictamen del Protocolo de Estambul, tras su detención en Chiapas fue torturado física y psicológicamente en el trayecto a la Ciudad de México. Con las manos esposadas, a veces al frente y otras a la espalda, sus captores le provocaron dolor intenso mientras le exigían que confesara. Le envolvieron la cabeza con una toalla que mojaban para provocarle asfixia.

Le aplicaron el tehuacanazo, consistente en introducirle agua mineral por la nariz, para luego envolverle la cabeza en la toalla mojada, hasta hacerlo perder el conocimiento y reanimarlo a cachetadas.

Mediante descargas eléctricas con un objeto metálico (la chicharra) le causaron quemaduras, mientras lo amenazaban de muerte a él y a su familia, asegurando que era por órdenes del secretario de Defensa, que en ese tiempo era el general Guillermo Galván.

El 15 de marzo de 2011, tras ser puesto a disposición de la SIEDO, fue encerrado en una casa de seguridad de la PGR, donde permaneció 80 días arraigado, y el 3 de junio siguiente ingresó a la prisión del Campo Militar Número1-A.

El pasado 22 de octubre, la agencia noticiosa Apro dio a conocer que, de acuerdo a la acción urgente emitida por el capítulo alemán de Amnistía Internacional, en los últimos meses Castilla padeció actos de intimidación de personal militar, como la amenaza de traslado a una prisión civil donde estaría expuesto a los ataques de otros presos por su condición de militar.

La amenaza se cumplió: el 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en Veracruz sin avisar a sus representantes legales ni a su familia.

En vista de los antecedentes de tortura, las irregularidades del expediente y el traslado a una prisión civil veracruzana, Amnistía Internacional alertó sobre posibles ataques o intimidación por parte de otros presos o de autoridades, y pidió al gobierno mexicano garantizar la integridad de Castilla, así como brindarle un juicio con todas las garantías y respeto al debido proceso.

Fuente: Proceso

Autor: Arturo Rodríguez García

Estudiantes exigen justicia por Ostula frente al Campo Marte

México, DF. Estudiantes de distintas universidades se manifestaron frente a las instalaciones del Campo Militar Marte de la Secretaría de la Defensa Nacional para exigir el esclarecimiento de la agresión contra pobladores de Ostula, Michoacán, donde presuntamente elementos del Ejército abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de al menos dos menores de edad.

Unos 30 alumnos de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma de la Ciudad de México y del Valle de México exigieron el cese “de la represión militar” y las violaciones a derechos humanos “en que han incurrido elementos de Ejército”.

Señalaron que se trata de un acto simbólico para manifestar el enojo de la ciudadanía por hechos donde elementos del Ejército han violentado a la población como la ejecución extrajudicial de varias personas en Tlatlaya, estado de México, la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, la desaparición de siete estudiantes en Zacatecas y la agresión a los pobladores de Ostula.

Los jóvenes universitarios demandaron el regreso de los militares a sus cuarteles y el cese a la “represión” contra la ciudadanía.

Fuente: La Jornada

Autor: Emir Olivares 

“No vamos a permitir” que expertos de CIDH entrevisten al Ejército en Iguala: Osorio

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana pidió al Estado mexicano entrevistar "de manera directa" a los militares de ese batallón.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó la posibilidad de que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes investigan el caso de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, entrevisten a los militares del 27 batallón de infantería, ubicado en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con La Jornada, el funcionario opinó que ello significaría someter a las fuerzas castrenses a un proceso de desgaste.

Además, consideró que existe un interés, no de los especialistas de la CIDH, sino de otras instancias, en desprestigiar y debilitar a instituciones como el Ejército Mexicano.

–¿La negativa a que los soldados sean entrevistados tiene alguna relación con que los expertos de la CIDH son extranjeros? ¿Hay algún impedimento legal en ese sentido?-, se le preguntó.

–No, no (sino) a ese proceso al que algunos quieren llevar, de debilitar a nuestras instituciones. No tiene nada qué ver con ellos (los expertos), (pero) no lo vamos a permitir.

Y sostuvo: “Cuando nuestra institución (el Ejército Mexicano) ha estado en incidentes como Tlatlaya (donde ocurrieron ejecuciones de civiles), esto ha sido admitido”.

“Cuando no ha tenido nada que ver, como es el caso de Iguala, no tenemos por qué entrar a un proceso de desgaste en el que no hay ni un solo señalamiento de una participación del Ejército Mexicano. Por eso es que no (se autorizará la entrevista, solicitada por el grupo de la CIDH)”, abundó.

Lo que sí podrían hacer los expertos de la CIDH, señaló el titular de la Segob, es que revisen los expedientes de las averiguaciones previas elaboradas por las procuradurías de Guerrero y General de la República; en dichos expedientes existen declaraciones por parte de los militares.

–¿Se podría realizar la entrevista a militares por la vía de una tercera persona?

–No hay hoy todavía un acuerdo respecto de cómo; no hay forma. Lo digo con mucha claridad: no podemos (entrar) a ese proceso al que muchos quieren llegar –insistió.

–¿Pedirá entonces que exploren otras vías?

–Que se vayan a la investigación que tiene que ver con lo que sucedió ahí (en Iguala).

En su más reciente informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH solicitó nuevamente al gobierno mexicano el ingreso al 27 batallón de infantería del Ejército, para entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la Procuraduría General de la República (PGR)’’, a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.

Los especialistas sostuvieron que esas entrevistas son clave en el proceso de esclarecimiento del caso de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

Los expertos urgieron las “entrevistas con agentes del Estado” y remarcaron que el grupo “continúa gestionando con las autoridades las entrevistas con personal militar del batallón 27. Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR. Posteriormente se nos informó que esto no era posible a través de la PGR y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GIEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa, a fin de completar información fuera del ámbito judicial. A un mes y medio de la solicitud, el GIEI reitera la importancia de realizar estas entrevistas de manera directa para completar la investigación, por lo que espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita, de conformidad con el mandato del GIEI”. 

Además, solicitaron entrevistar “a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial que, según diferentes testimonios, estuvo presente en algunos de los escenarios de la primera parte de los hechos del 26 de septiembre”.


El documento con sus peticiones y avances en el caso:

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En el mismo sentido, en entrevista para Aristegui CNN, el pasado 12 de mayo, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, expuso que “(los expertos de la CIDH), van profundizando en sus indagaciones, han tenido facultades para tener acceso al expediente, a las personas vinculadas con el caso, y los lugares vinculados”.

“El ex procurador, Jesús Murillo Karam, faltó a la verdad al decir que no había ningún elemento en la investigación que vinculara al Ejército, lo que hemos dicho es que el Ejército desde el día uno tuvo que ser investigado, por dos causas”, indicó Patrón.


Recordó que “los expertos pidieron entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de infantería y hasta ahorita no ha sido posible el contacto, han querido (el gobierno) que ese contacto sea a través de la PGR”.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.