La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este miércoles dos denuncias formales en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a cargo de Ana Gabriela Guevara, tras encontrar irregularidades en el ejercicio presupuestal de 2020, por 279.6 millones de pesos.

Luego de que la ASF reportó que las irregularidades encontradas en las auditorías 141-DS y 143-DS, correspondientes a la Cuenta Pública 2020, no fueron solventadas, presentó ambas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por mil 156 millones 105 mil 700 pesos por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2020 de Baja California, primer año de la administración del ahora ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.

El monto total -que consolida lo observado en los tres informes de la Cuenta Pública 2020- es mayor al observado en la Cuenta Pública 2019 (852 millones 597.2 mil pesos).

En 2020, el segundo año de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no logró mejorar sus mecanismos para evitar pagos irregulares, como los 28 millones de pesos entregados a jóvenes que se registraron para ser aprendices, pero en realidad eran beneficiarios de otros programas y empleados en la administración pública y privada. 

Además, la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde no presentó pruebas de las revisiones que, según los lineamientos del programa, se deben hacer a los centros de trabajo donde los jóvenes aprenden un oficio o adquieren experiencia laboral, como revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe sobre la Cuenta Pública 2020.

Era el 20 de noviembre de 2021 cuando en Proceso publicábamos la investigación que demostraba que el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, había entregado un cheque por 2 mil millones de pesos al presidente Andrés Manuel López Obrador por el supuesto combate a la corrupción, que provenía de acuerdos extrajudiciales, que a casi dos años de su entrega no se había podido utilizar y que había sido devuelto a la FGR. Dicha investigación fue confirmada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su revisión del ejercicio del gasto del 2020, ratificando que los 2 mil millones fueron regresados a la Fiscalía el 13 de abril del 2021.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que atiende a los estudiantes que viven en las regiones más rezagadas del país, pagó 128 millones de pesos a empresas que ni siquiera fueron localizadas en su domicilio o no entregaron la totalidad de los productos requeridos como uniformes, materiales educativos y cubrebocas durante 2020. 

Estos pagos irregulares representa 30% de los 425 millones de pesos revisados por la  Auditoría Superior de la Federación (ASF) del presupuesto del programa “Educación inicial y básica comunitaria”, que tenía el objetivo de “contribuir a que las niñas, niños y adolescentes de localidades de alta y muy alta marginación o rezago social concluyan cada uno de los niveles de educación inicial y básica comunitaria. Así como garantizar apoyos económicos a las figuras educativas y útiles escolares a los alumnos”.

En 2020, el primer año de la pandemia, el gobierno federal otorgó 9 de cada 10 contratos sin licitación de por medio, como establece la ley, y cometió irregularidades al registrarlos en el sistema CompraNet, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El órgano fiscalizador detalló que, de los 154 mil 297 contratos suscritos en 2020, el 88.3% no se sujetó a procedimientos de licitación pública como regla general, tal como lo mandata la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La más reciente revisión a la Cuenta Pública 2020 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojó el hallazgo de irregularidades millonarias en obras y programas clave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y Sembrando Vida.

En conjunto, las anomalías detectadas representan un monto de 63 mil 10 millones de pesos. De ese total, 2 mil 181.1 millones sí fueron aclarados, pero falta por esclarecer el destino de 60 mil 229 millones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a dar respuesta “a todas las observaciones” realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cuenta pública del gobierno federal y consideró que este informe donde se advierten anomalías por 10 mil millones de pesos “es preliminar”.

Incluso, recordó que la ASF tuvo que rectificar cuando aseguró que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado al erario 300 mil millones de pesos y en los hechos fueron 100 mil millones de pesos, indicó.

En medio de una investigación administrativa y penal por presuntos actos de corrupción de funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en 2020, en esas instituciones hubo irregularidades en contrataciones, comprobación de pagos, faltantes de mercancías y hasta salidas de efectivo injustificadas que representan un daño al erario por 8 mil 638 millones de pesos.

La ASF publicó este domingo la última entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2020. El Informe General Ejecutivo señala que en Segalmex se detectaron observaciones por 5 mil 640.6 millones de pesos; en Diconsa, por 1 mil 413.4 millones, y en Liconsa por 1 mil 583.9 millones.

En la atención a la pandemia en México durante 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró posibles daños al erario público por un total de 2 mil 754.8 millones de pesos en la contratación de personal y la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas por parte de instituciones como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el IMSS, el ISSSTE y la Sedena.

Así lo reveló la propia ASF en su informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, en el apartado correspondiente a las auditorías financieras a la gestión de la emergencia sanitaria por parte de estas diferentes instituciones.