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Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

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Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

 Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

 En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen “es lamentable” y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

 En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

 La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando “las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados” por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

 Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

 La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

 Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

 Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

 En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

 En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

 FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ROSA ROJAS
LINK: https://desinformemonos.org/se-constituyo-la-asamblea-nacional-politica-de-mujeres-indigenas-para-luchar-por-sus-derechos-individuales-y-colectivos/

“Si no nos quitan obligaciones legales, tampoco pueden quitarnos derechos”: Mónica, esposa de Sara

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*Cuando los derechos son ejercidos sólo por algunas personas son en realidad privilegios: Movimiento por la Igualdad en México

 * Los grupos religiosos y conservadores tienen derecho a salir a manifestarse, lo que no tienen derecho es a enviar mensajes de odio” Alejandro Brito, Letra S

 Ciudad de México | Desinformémonos. Sara Carrasco Vega tiene 34 años. Desde la primaria se dio cuenta de que se sentía atraída por las mujeres más que por los hombres. Más o menos a esa edad le dijo a su mamá,quien lo tomó “bastante bien”, luego a sus hermanas quienes “a su ritmo” también lo entendieron. A Mónica Sylvana Torres Mora, su hoy esposa no le fue tan bien. Ella recuerda un “entorno feo. Mi familia es muy cerrada así que costó trabajo. Yo me aclaré y a partir de eso ellos tuvieron que pasar un tiempo de una especie de duelo, para finalmente entender que no era un periodo sino que yo era lesbiana. Así, con esa claridad, entendí que finalmente la confusión era asunto suyo y ellos tenían que resolverlo”, comenta en entrevista para Desinformémonos.

 Para Sara la violencia y/o discriminación siempre dependió del entorno, sobre todo laboral por que no tiene muchas amistades, dice, entonces siempre tuvo que ver con “el criterio de la gente del lugar”. Mónica recuerda que siempre que sintió alguna expresión violenta fue casi siempre en el transporte público, en el que una vez, por expresar públicamente su afecto a otra mujer, le espetaron: “tan bonita y tan cochina”.

 Mónica y Sara se conocieron en un “chat” el 2 de noviembre de 2009, “ese mismo día charlamos por teléfono y nos conocimos, físicamente, tres semanas después afuera del trabajo de Moni”, cuentan. Fuimos novias aproximadamente un año y medio pero nos fuimos pronto a vivir juntas.

 “Nosotras si expresamos nuestro amor en público, aunque delante de las familias nos es penoso, sin embargo, las familias se han reeducado y han educado así a las y los sobrinos que nos nombran tías a ambas. Yo estoy segura de que todo tiene que ver con la educación, así lo viven, lo saben, lo conocen. Si así fuera educada la gente, el mundo sería distinto, sería mejor”, considera Sara.

 Recuerdan que fue durante la Marcha del Orgullo Gay en 2011 que decidieron casarse, porque “nos amamos, como cualquier persona que decide unirse”, dice Sara y por que “tenemos derecho a los beneficios legales, al Infonavit, al seguro social compartido. Nos preocupa como a cualquier persona que ama, no dejar desamparada a la otra si una hace falta” abunda Mónica.

 “Cualquier persona tiene derechos y obligaciones legales”, recuerda, “y si no nos quitan las obligaciones tampoco pueden quitarnos los derechos. En lo sentimental tampoco tienen derecho a quitarte derechos”.

 Recuerdan que fue Mónica quien compró su anillo”, Sara cuenta y se ríe, “yo le iba a regalar uno que nada que ver con sus gustos”. El trámite en la Ciudad de México fue muy “rápido y sencillo” y finalmente se casaron el 24 de agosto de 2012 y tratan de gozar de los derechos que las leyes les otorgan.

 Ambas son creyentes católicas, dicen, aunque: “no lo ejercemos a menudo, creemos en esa religión” y comparten que se enteraron de la convocatoria que grupos religiosos y conservadores han convocado a salir a marchar, en algunas entidades federativas, en contra del matrimonio igualitario.

 Sobre esto Sara opinó que “tienen todo el derecho a expresarse libremente. No me preocupa, es claro que en este país es difícil que se deroguen leyes por manifestarse así que ya veremos si en este caso aplica el mismo principio ahora”, dice con referencia a la iniciativa que Enrique Peña Nieto hizo este año al Congreso de la Unión a favor del matrimonio igualitario.

 Para que este se vuelva un mundo en el que todas y todos se sientan respetados “faltan cosas”, dicen por ejemplo, que “desde el nacimiento se deje ser a las personas como quieren ser, desde pequeñas, que se entienda que lo que se necesita es una guía para tomar las mejores decisiones pero siempre respetando lo que cada quien es”.

 Finalmente, compartieron que aunque “ellas viven a gusto gracias a un entorno educado”, reconocen los derechos obtenidos y lo que queda por delante, dicen, entre ello: “Qué el proceso para que podamos ser madres o padres sea mucho más fácil” dice Sara.

 Discriminación y violencia en números y acciones.

 De 1995 a 2015 se registraron al menos mil 310 homicidios contra la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTI), además de que la forma más frecuente de ataque en su contra son los insultos y agresiones verbales, explicó a Desinformémonos Alejandro Brito integrante de la organización Letra S que realiza un informe anual al respecto y abundó que a raíz de las “campañas de odio” emprendidas desde hace unos meses por grupos conservadores, esta comunidad ha enfrentado violencia incluso dentro de sus familias.

 Por su parte, Ricardo Barush, integrante del Movimiento por la Igualdad (Moviimx), dijo a Desinformémonos que tres de cada cuatro personas enfrentan violencia o “bulling” en la escuela por su preferencia sexual o identidad de género. En el trabajo se registra una de cada tres, aunque, explica es común que las personas no expresen estas preferencias en los entornos laborales por miedo, lo que puede generar un sub registro en estas formas de discriminación y /o violencia, explicó.

 La venganza de los avances obtenidos

 A pesar de que estas formas de violencia contra la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTI) siguen ocurriendo, explica Barush que también existen avances legislativos en torno al goce de sus derechos, por ejemplo, el hecho de que en 10 entidades federativas se haya avanzado en hacer legal el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

 En opinión del Moviimx, agrupación integrada por organizaciones de la sociedad civil y activistas de la comunidad LGBTTI en México, estos avances y la iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, en mayo del presente año, para reconocer el derecho al matrimonio “sin discriminación” a través de la modificación del Artículo cuarto de la constitución, “son un reclamo histórico del movimiento”, reconocen y han generado reacciones negativas de grupos conservadores y religiosos.

 El Moviimx, ha insistido en reclamar al Congreso de la Unión, pero también a los Congresos estatales “la aprobación de las iniciativas de reformas al artículo 4o constitucional y al Código Civil Federal para reconocer el matrimonio igualitario en todo el territorio nacional”, a través de una “regulación igualitaria” aplicada en los distintos ordenamientos tanto a nivel federal como, estatales y locales, dicen, “para el reconocimiento de derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales para las personas de la diversidad sexual”.

 A partir de estas iniciativas y avances en torno al ejercicio de derechos por parte de la comunidad LGBTTI, “sobre todo contra quienes han formado una familia”, se han emprendido campañas calificadas por Brito como “de odio” por parte de grupos conservadores y de la iglesia católica que han llamado, afirma, “desde las iglesias” a salir a manifestarse en contra de este derecho, “a base de mentiras” que dice, pueden generar un aumento en la violencia, de hecho, dijo, en “Chihuahua ya se han registrado casos en los que homosexuales y lesbianas han sido expulsados de sus familias católicas”, aclara.

 “Tienen derecho a salir a la calle y manifestarse, lo que no tienen derecho es a difundir discursos de odio basados en mentiras absurdas ni manipulaciones burdas ya que el matrimonio es un derecho, los derechos son Universales y no de algunos, de mayorías o de privilegios” aseguró Brito.

 Al respecto, desde diciembre de 2008 la Asamblea General de Naciones Unidas, publicó la Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en el que “reafirman que todas las personas tienen derecho al goce de sus derechos humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

 Así lo establecen el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, todos ellas declaraciones y pactos firmados por el Estado mexicano y cuya responsabilidad de respetar se encuentra inscrita en el artículo primero de la Constitución Política.

 Por otro lado, abundó Brito, el hecho de que estos llamados se estén haciendo desde el episcopado viola el estado laico en México.

 Tanto Barush como Brito coincidieron en que el trabajo de las organizaciones, activistas y movimientos a favor de los derechos humanos de esta comunidad se centran en los avances legislativos y exigencias basadas en las leyes y no en enfrentamientos por lo que continuarán haciendo uso de los instrumentos legales que amparan la defensa de estos derechos.

 FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: YUNUHEN RANGEL MEDINA
LINK: https://desinformemonos.org/si-no-nos-quitan-obligaciones-legales-tampoco-pueden-quitarnos-derechos-monica-esposa-de-sara/

“Matrimonios igualitarios no le hacen daño a nadie”: Fernando Fernández, rector de la Ibero Puebla

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El rector de la Ibero Puebla, Fernando Fernández Font y el rector de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza piden respeto al derecho de las personas a elegir.

 Rectores de tres de las principales universidades de Puebla mostraron posturas diametralmente opuestas ante la figura del matrimonio igualitario, pues mientras los decanos de la BUAP y la Ibero, Alfonso Esparza y Fernando Fernández piden respeto al derecho de elegir de cada persona; Emilio José Baños Ardavín de la Upaep radicalizó su discurso y continuó negándose a que dichas uniones sean consideradas como “familias” o “matrimonios” publicó el Diario Cambio de ese estado.

 Fernando Fernández, en rueda de prensa posterior a su Tercer Informe al frente de la Ibero Puebla,  señaló que si bien, cada universidad tiene la libertad de manifestarse de acuerdo a su forma de pensar, hablando del desplegado emitido por la Upaep, en estos tiempos cada vez son menos las personas que se oponen a las uniones entre personas del mismo sexo

 “Los matrimonios igualitarios no le hacen daño a nadie y la iglesia católica tiene que afrontar esta nueva realidad y no negarla”, señaló el rector de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font, quien apuntó que el uso del término “matrimonio” no debe ser el fondo de la discusión, ya que este es el ejercicio de los derechos de cada ciudadano.

 Acusó que la postura radical que están tomando los grupos católicos es el que está creando un ambiente de homofobia; aunque dijo, cada quien tiene también el derecho a ejercer su voz en tanto no ataque a las personas.

 Por su parte, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, entrevistado por el Diario Cambio, enfatizó y fijó como postura plural e incluyente de la máxima casa de estudios que “cada persona debe ser libre de elegir con quien quiere pasar su vida”.  Asimismo, pidió tolerancia a la libre expresión sexual y el respeto a todos los individuos, sin que se les rechace por preferencias u orientaciones.

 Las declaraciones se dan ante el comunicado emitido por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) y firmado por varias casas de estudios superiores católicas de México, en el que se pronuncian respecto a la iniciativa de ley del ejecutivo federal sobre los matrimonios igualitarios.

 En el marco del tercer informe de labores del Fernando Fernández Font, el rector de la Upaep, Emilio José Baños Ardavín mantuvo una postura intolerante, defendiendo la figura de la “familia” conformada por un hombre y una mujer con hijos, y aunque dijo que están abiertos a dialogar sobre el tema, mantendrán su posicionamiento en contra de los matrimonios igualitarios.

 De acuerdo con Baños Ardavín, la Upaep promueve la libertad de expresión y por ello ratificó la postura del desplegado que emitieron recientemente en el que diversas universidades católicas se manifiestan en contra de los matrimonios igualitarios a los cuales califican como “derechos humanos inventados al margen de la naturaleza, que a su vez conculcan o distorsionan otros derechos”.

 Con información del Diario Cambio de Puebla

 http://www.diariocambio.com.mx/2016/secciones/homo-sapiens/item/23030-buap-e-ibero-contra-upaep-por-matrimonios-igualitarios

 foto: Olivier Cappa  / oliviercappa.com

 FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/matrimonios-igualitarios-no-le-hacen-dano-a-nadie-fernando-fernandez-rector-de-la-ibero-puebla/

12 claves sobre la investigación de la ONU a empresas y los derechos laborales en México

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El pasado 4 de septiembre, la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla recibió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos para exponerles la situación que han vivido por más de ocho años, en los que han denunciado que les quieren imponer una autopista que partirá la comunidad en dos, a base de violaciones a sus derechos humanos y el quebrantamiento de órdenes judiciales que han ordenado la suspensión de la obra.

 Pero no fue la única comunidad a la que escucharon. La visita de la agrupación a la comunidad indígena formó parte una agenda que duró del 29 de agosto al 7 de septiembre, en la que se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los tres niveles de gobierno y empresas, para discutir las repercusiones que tiene la labor empresarial en materia de derechos humanos.
1. ¿Qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas?

 Esta agrupación fue establecida en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011 y está conformado por cinco expertos independientes, que provienen de diferentes partes del mundo. La labor del Grupo de Trabajo se centra en promover que empresas de diferentes ámbitos se comprometan a respetar los derechos humanos, al momento de llevar a cabo sus labores. Y lo hacen a partir de tres principios rectores, que tienen que ver con lo siguiente:

 1. El Estado, quien es el responsable de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos.
2. Las empresas, que deben cumplir las leyes hechas por el Estado y respetar los derechos humanos.
3.Los afectados, quienes deben tener acceso a mecanismos de reparación.
A México llegaron dos integrantes: Pavel Sulyandziga, un defensor de derechos humanos de origen ruso, quien actualmente se desempeña como presidente del Grupo de Trabajo, y el chileno Dante Pesce, quien tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones civiles en su país y a nivel internacional.

 2. ¿A qué vinieron a México?

 De acuerdo con el informe de resultados preliminares, presentado el 7 de septiembre en conferencia de prensa, el Grupo de Trabajo vino a México por invitación del gobierno mexicano a “identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones unidas sobre empresas y derechos humanos en México”.

 3. ¿Con quiénes se reunieron en México?

 De manera oficial, ésta fue la primera visita del Grupo de Trabajo a México. En ella, visitaron los estados de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se reunieron con miembros de diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. También sostuvieron encuentros con los tres niveles de gobierno y miembros de secretarías como Relaciones Exteriores, Gobernación, Recursos Naturales, Economía. Por último, conversaron con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como de las comisiones de derechos humanos de los estados a los que visitaron, miembros del Congreso de la Unión y empresas como Grupo Bimbo, Grupo México, Cemex, Pemex y la CFE.

 4. ¿Con quiénes no se reunieron?

 En la conferencia de prensa del 7 de septiembre, donde se dieron a conocer los resultados preliminares de la visita del Grupo de Trabajo a México, los representantes de dicha organización dieron a conocer que, de todas las empresas que aparecen mencionadas en el informe, la única con la que no pudieron reunirse fue con Grupo Higa, la constructora que desarrolla la Autopista Toluca-Naucalpan a la que se oponen los habitantes San Francisco Xochicuautla, pues no respondió a su solicitud que fue enviada vía correo electrónico.

 Dante Pesce, representante de la agrupación también señaló que también con respecto al caso Xochicuautla, no pudieron reunirse con autoridades del Estado de México, aunque no especificó las razones. Sin embargo, sí entregaron un cuestionario, cuyas respuestas esperan agregar al reporte final de su visita a México, que presentarán en junio de 2017.

 5. ¿Qué contiene su informe? El panorama en México

 El informe que presentaron los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos contiene un resumen breve del panorama en México sobre la materia y reflexiona acerca del contexto adverso en materia de derechos humanos al que se enfrenta el país. Pavel Sulyandziga señaló que, en su opinión, en el país existe una crisis en la materia.

 “Organizaciones internacionales y nacionales y mecanismos de derechos humanos han puesto de manifiesto los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México. Niveles críticos de violencia, inseguridad, e impunidad contrastan con importantes desarrollos legislativos y políticas públicas promovidas por el gobierno”.

 En opinión de la agrupación, los representantes de gobierno y empresas con los que se reunieron han aceptado que existe una sensación de intolerancia ante los proyectos a gran escala.

 “Nos quedó claro que las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala. Se trata principalmente protecto en los sectores de minería, energía, construcción y turismo, que afectan a menudo a las comunidades indígenas”, se lee en el documento.

 El informe preliminar contiene casos representativos que ilustran la problemática de la relación entre empresas y derechos humanos. Esos caso son: la Autopista Toluca-Naucalpan, el parque eólico en Oaxaca, la contaminación en los ríos Sonora y Santiago (ubicado en el estado de Jalisco) y el despido de Carmen Aristegui por dar a conocer una investigación periodística.

 Todos los casos han sufrido el impacto del sector empresarial. “Hay prácticas que realizan empresas, como la industrialización, que hace años eran bien vistas y ahora no lo son. No todos los proyectos que revisamos van a ser viables. Hay casos que el riesgo supera los beneficios”, comentó Dante Pesce del Grupo de Trabajo.

 Además, el documento comparte información sobre la situación de los derechos laborales en México, para personas con discapacidad, población infantil, sindicatos, jornaleros y la discriminación de género en el lugar de trabajo. “La situación precaria de los trabajadores contratados temporalmente, falta de acceso a la seguridad social, salarios bajos y un salario mínimo que actualmente no es suficiente para permitir a trabajadores mantenerse a ellos mismos y sus familias”, señala el informe.

 Por último, el reporte hace un breve resumen sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, el trabajo de la CNDH y las comisiones de derechos humanos estatales y los procesos legales a los que en ocasiones tienen que recurrir las comunidades afectadas por proyectos de gran impacto.

 6. Caso Xochicuautla

 Desde 2007, cuando Enrique Peña Nieto aún gobernaba la entidad, se impulsa la edificación de la Autopista Toluca-Naucalpan. Se trata de una carretera que se construye dentro de una vasta área natural, que es protegida por el gobierno mexicano desde el 8 de enero de 1980, bajo el nombre de Parque Estatal Otomí-Mexica. Los habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denuncian que la autopista les está siendo impuesta y ha estado marcada por una serie de irregularidades que no sólo han atropellado sus derechos fundamentales como pueblo indígena, sino que son contrarias a lo que establece la legislación mexicana.

 7. Caso parque eólico de Oaxaca

 El Grupo de Trabajo se reunió con las partes involucradas en la ampliación del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, al que se oponen las comunidades indígenas de la zona. Ellos denuncian que, aunque se llevó una consulta para determinar el destino de la obra, ésta fue amañada pues se hizo en un momento en el que ya estaban los molinos de viento en la región sobre la cual se pretendió consultar. En contraste, el informe menciona que, al reunirse con representantes de las autoridades de Oaxaca, les expresaron su frustración por la “cuestión indígena” había hecho que el proyecto se retrasara este proyecto energético.

 8. Caso Río Sonora

 En Sonora, el Grupo de Trabajo revisó la situación en el Río Sonora, donde ocurrió el vertido tóxico a causa de una minera de cobre, propiedad de Grupo México. Ahí se reunieron con representantes del gobierno, la empresa y las personas afectadas para escuchar las tres versiones de la historia. El informe menciona la preocupaciones que existen en la comunidad, emanadas de las indemnizaciones que habrían de recibir por el daño, pues consideran que son arbitrarias.

 También señala que existe un descontento pues, de las 28 plantas de tratamiento de agua que la compañía se había comprometido a construir, solamente hay una terminada y no funciona debidamente.

 Por último, el documento narra que, aunque las personas afectadas consideran que no han sido debidamente informadas, representantes de Grupo México señalaron que era papel del Gobierno de la República proporcionar dicha información debidamente.

 9. Caso Río Santiago, Jalisco

 El Grupo de Trabajo también revisó el caso del Río Santiago, ubicado en Jalisco, del que dijeron es considerado el más contaminado en México, pues recibe descargas de más de 300 industrias, que se localizan en uno de los corredores más importantes del país. El informe de la agrupación menciona que un representante de una de las empresas dijo reconocer los altos niveles de contaminación, aunque señaló que la organización a la que pertenece cumplió con las regulaciones que existían.

 “Las autoridades estatales eran muy conscientes del problema, pero subrayaron que se trataba de una cuestión federal y que se llevaron a cabo repetidos esfuerzos para establecer un grupo de trabajo con las autoridades federales que permitiera discutir un plan para la rehabilitación del Río Santiago. También subrayaron que es competencia de las autoridades federales y municipales supervisar el cumplimiento de las normas ambientales”, se deja leer en el informe.

 10. Caso Carmen Aristegui y defensores de derechos humanos

 Por último, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas dio a conocer el 7 de septiembre que, durante su visita a México, también se reunieron con la periodista Carmen Aristegui, quien en 2015 fue despedida de la empresa en la que trabajaba por una investigación periodística, según argumenta la propia comunicadora.

 “Justamente ella realizó una investigación y nadie ha dicho nada en contra de la investigación. Nadie ha desmentido la investigación. Compartió y su caso y debo decir que aquí existe una grave violación de los derechos humanos por parte de la empresa que la despidió”, señaló Pavel Sulyandziga.

 11. Conclusiones del informe preliminar

 El informe del Grupo de Trabajo de la ONU contiene una serie de conclusiones con respecto a su visita a México, aunque advierten que hay mucho por hacer para mejorar esta crisis de derechos humanos. “Estamos contentos de ver que hay un compromiso por parte del gobierno mexicana para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas públicas, prácticas, pero también mentalidades para comentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos”, concluye el reporte.

 12. Recomendaciones al gobierno de México y cuándo las conoceremos

 El informe presentado este 7 de septiembre es apenas un trabajo con resultados preliminares. Los representantes del Grupo de Trabajo dieron a conocer que les tomará entre tres y cuatro meses armar el reporte final, que será presentado en junio de 2017, en Ginebra, Suiza, cuando se lleve a cabo la 35 sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU.

 Sin embargo, antes de que se presente el informe en Suiza, el Grupo de Trabajo dará a conocer las recomendaciones que da al gobierno mexicano, luego de su visita a territorio nacional. Sin embargo, recordaron que éstas no tienen obligatoriedad. Es decir, que los gobiernos que invitan a la agrupación no están obligadas a acoger dichos consejos.

 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: FRANCESC MESSEGUER
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/informe-onu-empresas-derechos-humanos-mexico/

Sin identificar, más del 80% de cuerpos hallados en fosas clandestinas en la última década

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En los últimos diez años se han encontrado – oficialmente – casi 700 cuerpos sepultados en fosas clandestinas en México. Más del 80 por ciento siguen sin ser identificados, a pesar que desde hace dos años el gobierno federal y los estados trabajan en la implementación de bases de datos genéticos unificadas para facilitar los reconocimientos.

 Datos revelados por la PGR, en respuesta a solicitudes de transparencia, arrojan que existen casos emblemáticos como los restos de personas encontradas en fosas de San Fernando, Tamaulipas, que a más de cinco años del hallazgo siguen sin ser identificados.
Peor aún de los más de 150 cuerpos hallados en fosas de Iguala, Guerrero, tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, solo se ha identificado a 16.

 Guerrero es la entidad en donde se ha encontrado el mayor número de cuerpos en fosas, seguido de Tamaulipas. En total, la PGR reporta hallazgos de fosas en 18 de las 32 entidades del país, incluyendo la Ciudad de México.

 En el Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto destacó los beneficios del sistema denominado AM/PM puesto en marcha con las entidades federativas para facilitar la identificación de personas desaparecidas a través de bases de datos genéticas unificadas.

 En el informe no se describió que tipo de resultados ha tenido este sistema cuyo diseño e implementación inicio en 2014.

 Oficialmente, en México hay casi 28 mil 500 personas desaparecidas, varios de ellos desde hace una década.

 5 estados concentran el 81 % de los casos

 De acuerdo con las estadísticas de la PGR, desde el 2006 a la fecha se han encontrado en el país 215 fosas clandestinas en las cuales se han encontrado los restos de por lo menos 693 personas distintas.

 Durante los últimos años el hallazgo de fosas se ha incrementado. En 2014 se reportaron once casos distintos de hallazgos de fosas y en 2015 fueron ocho.

 Los datos oficiales además relevan que 121 cuerpos de los 693 encontrados en las fosas fueron identificados: apenas el 17.4 por ciento. Esto significa que en promedio 4 de cada 5 restos humanos encontrados siguen sin ser identificados.

 Aunque el hallazgo de fosas se extiende en más de la mitad de las entidades federativas del país, solamente en cinco entidades (Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua y Durango) se concentran más del 81 por ciento de los casos registrados.

 Guerrero es por un amplio margen la entidad con el mayor número de casos: 259 cuerpos encontrados en fosas. La mayoría de estos casos se concentran en el municipio de Iguala (150), donde las autoridades implementaron operativos de búsqueda tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los datos oficiales arrojan que de los restos ubicados en ese municipio solo 16 han sido identificados, apenas el 10 por ciento.

 Luego se ubican Tamaulipas con 125 cuerpos rescatados de fosas ilegales; Jalisco con 75, Chihuahua con 54 y Durango con 53.

 Las otras entidades en donde se ha reportado el hallazgo confirmado de restos humanos enterrados en fosas clandestinas son: Michoacán, Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sonora e Hidalgo.

 Cementerios desconocidos

 En abril de 2011 las autoridades encontraron 14 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con 120 cadáveres plenamente diferenciados. El hallazgo ocurrió luego de que la zona fue objetivo de diversos operativos tras la masacre de 72 migrantes centroamericanos en agosto de 2010.

 Aunque se llegó a hablar de hasta 168 cuerpos, la PGR reconoció oficialmente 120 de los cuales solo hay 66 reconocidos. Es decir, a más de cinco años de distancia casi la mitad de las víctimas siguen sin ser identificadas.

 La PGR ha hecho distintos esfuerzos para tratar de identificar a las víctimas de las fosas de San Fernando. En septiembre de 2013 se firmó incluso un convenio oficial con el Equipo Argentino de Antropología Forense y otras instancias internacionales para establecer la identidad de los cuerpos. Aun así en la actualidad hay 54 cadáveres no identificados.

 Otro caso que causó un impacto social importante fue el descubrimiento de 37 fosas clandestinas en Jalisco, entre noviembre de 2013 y enero de 2014. El hallazgo se realizó en el municipio de La Barca, el cual se encuentra en la zona limítrofe con el estado de Michoacán.

 El hallazgo se realizó en el contexto de los operativos que se implementaron en la región contra Los Caballeros Templarios. En total el personal especializado de la PGR realizó el levantamiento de 75 cadáveres enterrados en el área de los cuales 17 han sido identificados.

 ¿Y el nuevo sistema?

 En 2014 la PGR comenzó los trabajos para la implementación de la “Base de Datos Ante Mortem Post Mortem AM/PM”, un sistema diseñado por la Cruz Roja Internacional cuya finalidad es facilitar la identificación de personas que se encuentren desaparecidas a partir de información genética.

 El sistema funciona a través de un software cuya función es confrontar la información de dos bancos de datos genéticos: uno de personas que sean encontradas en fosas ilegales o comunes y que no hayan sido identificadas, y el otro de familiares víctimas de desapariciones.

 Para funcionar este sistema requiere que todas las de datos genéticos del país se homologuen bajo los mismos parámetros, incluyendo las de los 32 estados, situación que no se consiguió hasta octubre de 2015 cuando la PGR anunció oficialmente que el sistema entraba en operación.

 En la actualidad de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas,  hay 28 mil 472 personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales hay averiguaciones previas en curso. Mientras eso sucede más del 80 % de los restos de personas encontradas en fosas clandestinas del país siguen sin ser identificadas.

 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/sin-identificar-mas-del-80-cuerpos-encontrados-fosas-clandestinas-la-ultima-decada/

Localizan a joven migrante Maximiliano Gordillo, a 4 meses de ser detenido por autoridades migratorias

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Localizan a Maximiliano Gordillo Martínez, migrante chiapaneco desaparecido el 7 de mayo de 2016 en un retén migratorio permanente, establecido en Chablé, en los límites de Tabasco y Campeche por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía estatal.

 Al momento de ser desaparecido y en estos casi cuatro meses de no saber de su paradero, “sufrió violaciones a sus derechos humanos a las que se les dará seguimiento una vez que pase por un periodo de fortalecimiento emocional y espiritual”, así lo informó a Desinformémonos Miguel Ángel Pérez integrante de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.

 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes y La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, organizaciones civiles de derechos humanos que acompañan a la familia Gordillo Martínez, explicaron que “lo vivido por Maximiliano revela la magnitud de la violencia estructural, institucional y social que sufren las personas mexicanas y provenientes de otros países, durante sus traslados y destinos migratorios al interior de nuestro país”, y al mismo tiempo reconocieron que el caso “recuerda” que “la exigencia y realización de la verdad, la justicia y la reparación integral implican a una sociedad civil consciente y movilizada”.

 Sobre los “delitos y graves violaciones a derechos humanos” enfrentados por Maximiliano desde el día de su detención y hasta su localización el pasado 29 de agosto, explicaron que son “responsabilidad del Estado mexicano”, y que mientras la familia se encuentra en un proceso de “fortalecimiento”, las organizaciones que acompañan el caso continúan la “documentación y análisis del caso para definir los términos del seguimiento, informaron al mismo que tiempo que solicitaron “sensibilidad y respeto a los procesos de sanación y fortalecimiento, como formas concretas de expresar la solidaridad”.

 Sin dar más detalles sobre la localización de Maximiliano, agradecieron también al “Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y a todas las personas, colectivos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil en México y en otras partes del mundo”, quienes, dijeron, respondieron a través de diferentes modos y se “implicaron activamente” a los llamados que se hicieron para lograr la presentación con vida del joven migrante.

 Agradecieron “la fraternidad y solidaridad nacional e internacional” para el proceso de búsqueda y exigencia de investigación y animaron a las y los familiares de las “miles de personas desaparecidas en México” a “no desfallecer ante la insensibilidad e ineficacia de los mecanismos de administración y procuración de la justicia, y la impunidad que perpetúa las violaciones a los derechos humanos. Nos unimos a ellas y ellos para alentar su esperanza en los procesos de organización colectiva y lucha por la verdad y la justicia” finalizaron.

 Maximiliano Gordillo Martínez salió, junto a un amigo, por primera vez de su comunidad Tzinil, municipio de Socoltenango, en Chiapas, para buscar, “como es costumbre entre los jóvenes de ahí”, mejores oportunidades laborales y por ende económicas, narró a Desinformémonos, Mario Alberto Ortega Gutiérrez, abogado integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

 Cuando se dirigía con un amigo a Playa del Carmen fue detenido en un retén migratorio permanente, establecido en Chablé, en los límites de Tabasco y Campeche por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía estatal de Tabasco. Fue bajado del autobús que los transportaba bajo el argumento de que parecía “migrante” basándose en sus rasgos y color de piel. El amigo de Maximiliano testificó que otras seis personas fueron bajadas del vehículo y que dentro de la oficina de Migración había al menos otras 20 personas.

 Gordillo Martínez tenía 18 años al momento de ser detenido por migración, por lo que aún no contaba con credencial de elector, sin embargo, contaba con Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento para demostrar que era ciudadano mexicano y a pesar de esto, fue retenido por las autoridades migratorias quienes dieron más peso a los estereotipos bajo los que deciden y no la documentación que acredita en México la nacionalidad.

 Después de varios días en que la familia no tuvo noticias de que Maximiliano fuera liberado, en tanto que no cometió ningún delito como ciudadano mexicano, decidieron contactar a una parroquia quien a su vez contactó a personal del CDH Fray Bartolomé de las Casas para emprender la búsqueda del joven así como la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), que denuncian, ha sido lenta.

 Desde entonces organizaciones que defienden los derechos humanos y en particular los de las personas migrantes, emprendieron una campaña de búsqueda así como de exigencia de justicia por el actuar de las autoridades que en su momento señalaron por “dilaciones”, hoy Maximiliano se encuentra con bien y cerca de sus familiares y el seguimiento será informado en los próximos días por las organizaciones, así lo aclararon.

 FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: YUNUHEN RANGEL
LINK: https://desinformemonos.org/localizan-a-joven-migrante-maximiliano-gordillo-a-4-meses-de-ser-detenido-por-autoridades-migratorias/

Informe omite reporte del GIEI sobre los 43 normalistas

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gobierno marcado por el registro oficial de al menos 27 mil desaparecidos, en particular por el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Isidro Burgos de Ayotzinapa, el IV Informe de la gestión de Enrique Peña Nieto muestra los bajos resultados en materia de búsqueda y localización de personas y la ausencia del caso que puso a México en la mirada internacional.

 En el apartado “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”, del primer capítulo “México en paz”, destaca la creación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) el 9 de octubre de 2015, “la cual al 31 de julio de 2016, localizó a 13 personas”.

 El resultado magro de la FEBPD es evidente al tener bajo investigación al menos mil averiguaciones previas.

 De acuerdo con el documento presidencial, la entidad presidió 45 mesas de trabajo con familiares de desaparecidos de Coahuila, Guerrero, México, Nuevo León, Querétaro y Veracruz, encuentros en los que participaron representantes de la Policía Federal Ministerial, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de las fiscalías y procuradurías de dichas entidades.

 Durante la existencia de la FEBPD, se indica en el IV Informe, se publicaron 22 acuerdos de recompensa para obtener información de mismo número de desaparecidos, a través del Comité de Recompensas.

 El documento señala que otra de las plataformas institucionales para abatir la desaparición se ejerció a través de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mueres y Trata de Personas (Fevimtra), que en el año de análisis integró 176 expedientes, de los cuales 145 correspondían a personas desaparecidas y 31 casos se refirieron a violaciones de derechos humanos.

 Tras sostener que las denuncias presentadas derivaron en la implementación de mil 911 acciones de colaboración, el informe asegura que se localizaron a 36 personas, 31 de ellas con vida.

 En materia de menores de edad, el informe registra la activación de 132 prealertas y alertas AMBER, además de la localización de 84 menores y adolescentes en las primeras 72 horas de presentadas las denuncias.

 En cuanto a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se advierte un crecimiento de las mismas, pues mientras en 2015 se canalizaron 60, en los primeros siete meses de 2016 se habían acumulado 36, lo que representa 60% de los documentos emitidos por el ombudsman nacional.

 De acuerdo con el documento, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, 33 recomendaciones de la CNDH estuvieron dirigidas a entidades de la administración pública federal.

 En el apartado destinado a las Resoluciones de Organismos Internacionales, el reporte presidencial de Peña Nieto no hace referencia a la entrega de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de un acuerdo de cooperación técnica para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por el organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 Los informes del GIEI fueron entregados en septiembre 2015 y en mayo de este año, ambos están dentro del periodo del reporte de actividades del gobierno federal.

 En la sección de las resoluciones internacionales se da cuenta de cuatro soluciones amistosas de casos contenciosos ante la CIDH, un acuerdo para la atención a un informe de fondo, dos reconocimientos públicos de responsabilidad del Estado en violaciones a derechos humanos y la instalación de un Mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual, en cumplimiento con la recomendación de la CIDH.

 Respecto al tema de la tortura, el Cuarto Informe de gobierno refiere que desde la creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura –en octubre de 2015–, al 31 de julio de 2016 existen 4 mil 715 expedientes de averiguaciones abiertas en las 32 delegaciones de la PGR.

 Agrega que para la investigación del delito de tortura se integraron 783 actas circunstanciadas que se elevaron a averiguación previa y se libraron 19 órdenes de aprehensión. “De éstas se cumplimentaron cinco contra elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal a los cuales se les ejerció acción penal y auto de formal prisión”.

 En tanto que, ante la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, esa unidad realizó entre enero y julio del año en curso, 131 atenciones y abrió 36 carpetas de investigación por tortura.

 FUENTE: PROCESO
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ
LINK: http://www.proceso.com.mx/453309/informe-omite-reporte-del-giei-los-43-normalistas

México, al nivel de Irak y Afganistán en el Índice de Paz

By: Unknown on 14:12:00 / comment : 0 , , ,

Ciudad de México. México se encuentra en el lugar 140 de 163 que incluye el Índice de Paz Global 2016 que elaboró el Instituto para la Economía y la Paz.

 La medición reporta que el país se encuentra por debajo de la media mundial debido a la militarización, las muertes relacionadas con el crimen organizado y el delito común.

 En el último año se tiene un registro de 33 mil muertes, lo que coloca a México a nivel de Irak y Afganistán.

 El índice señala que el miedo derivado de esta situación tiene un impacto económico que representa el 13 por ciento del Producto Interno Bruto.

 México y Brasil son los países en donde se asesina a más periodistas, refiere la medición presentada esta mañana en las oficinas de ONU en la capital del país.

 FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: GEORGINA SALDIERNA
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/30/mexico-al-nivel-de-irak-y-afganistan-en-el-indice-de-paz
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