Durante la conferencia de prensa matutina del 24 de marzo, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que la CURP busca instaurarse como un mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares. Esta cédula de identidad será obligatoria para todas las personas desde su nacimiento y también la obtendrán personas extranjeras con estancia regular en el país. 

“Todas las personas en México desde su nacimiento tendrán esta identidad, la CURP: Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital, esto cuando termine de integrarse la base de datos con fotografía y huellas dactilares”, mencionó Godoy. 

Esta iniciativa menciona que todos los trámites y registros administrativos realizados por personas físicas deberán requerir la CURP con datos biométricos en los tres niveles de gobierno, así como entes públicos y privados deberán reconocer este documento como identificación oficial. 

Para el director de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, la obligatoriedad de presentar la CURP con datos biométricos para distintas actividades y conectar distintas bases de datos permitiría dibujar patrones de comportamiento de las personas, lo cual afectaría la privacidad de la población. 

“En primer lugar, el gobierno ha demostrado no ser capaz de proteger los datos de las personas. Las consecuencias de poner en riesgo datos biométricos pueden ser irreversibles, dado que es muy difícil su sustitución. Además, están los riesgos de un mal uso de esa información por parte de autoridades”, explicó.

Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de la organización Fundar, explicó que esta propuesta representa un riesgo a la protección de datos personales debido al historial de hackeos de bases de datos gubernamentales y por el posible uso de estos datos para fines distintos a la búsqueda de personas. Por lo que subrayó que son necesarias medidas para proteger estos datos en el contexto del debilitamiento del sistema de datos personales con la desaparición del INAI.  

Apenas en noviembre de 2024, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Consejería Jurídica sufrió un ciberataque por parte del grupo RansomHub, el cual sustrajo cerca de 313 gigabytes (GB) de información que tenían contratos, documentos financieros, correos electrónicos y datos personales de funcionarios.

Igualmente, el año pasado, la base de datos de periodistas que cubrían la conferencia de prensa matutina del expresidente López Obrador  fue hackeada. Esta base contenía los datos de alrededor de 300 periodistas. 

Y en febrero del mismo año, el portal del gobierno federal empleo.gob.mx fue hackeado y la información personal de aproximadamente 12 millones de mexicanos fue puesta a la venta en BreachForums, un sitio donde se venden bases de datos hackeadas. Posteriormente, se reportó una vulneración a un subdominio de la Sedena. 

“Esta información puede ser utilizada para cometer otro tipo de delitos, como suplantación de identidad o se podría llegar a ocupar esta información para otros fines. Entonces, puede ser una medida que suena bien en la coyuntura, pero creo que no hay que tomarse a la ligera el riesgo que se abre en función de la protección de datos personales. No está muy claro si las instituciones que van a estar a cargo de ahora de este tema van a realmente tener las capacidades técnicas de proteger la información de posibles ataques, y de investigación en caso de que hubiera ataques y una vulneración”, señaló Guerrero. 

CURP con datos biométricos no atiende de forma inmediata crisis por desaparición

La propuesta de la presidenta busca que la Plataforma Única de Identidad se nutra con la CURP de las personas y con la información asociada a ella, incluida la que está en poder del INE, y se permita realizar consultas de información que necesiten las labores de investigación del gabinete de seguridad.

Además se conectará con otros sistemas de información de los registros de distintas dependencias, como el Banco Nacional de Datos Forenses, Fiscalías, las Comisiones de Búsqueda, institutos de ciencias forenses (Incifos), Servicios Médicos Forenses (Semefos), cementerios y crematorios, así como de cualquier autoridad o institución que integre datos biométricos o identificativos de las personas.

Con esta plataforma, se contempla generar alertas de búsqueda en tiempo real y registrar la localización de personas desaparecidas.

También se busca crear un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas que emitirá fichas de búsqueda de personas desaparecidas, buscará coincidencias de información relativa a la CURP de las personas y notificará el uso de la CURP asociada a “personas desaparecidas y no localizadas”. 

“Tenemos que juntar todas las bases de datos, el objetivo es que las bases de datos que tenemos se construyan en el Registro Nacional de Población. Esta información va a poder ser utilizada por el gabinete de seguridad y fiscalías”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa del 25 de marzo. 

Ante ello, Luis Fernando García aseguró que no hay evidencia de que la ausencia de una base de datos con datos biométricos de la población impida la localización de personas desaparecidas, además de que esta medida no previene ni atiende la crisis de desaparición de personas. 

“No queda clara ni está justificada la necesidad de esta medida y nos parece desproporcionada. (…) Crear esta infraestructura de vigilancia tan riesgosa para la población, sobre todo cuando el gobierno ha demostrado no ser capaz de proteger los datos de las personas, cuando existe un problema de colusión frecuente de la autoridad con la propia delincuencia y cuando acabas de desaparecer la autoridad de protección de datos”, comentó. 

Por otra parte, el coordinador de Fundar apuntó que esta base de datos no aportaría información para localizar a las personas que ya se encuentran desaparecidas. 

“Casos como el de Rancho Izaguirre no se resuelven solamente con alertas o con contar con bases de datos interconectadas, sino que se resuelven con trabajo de investigación desde las fiscalías”, afirmó Guerrero.

En ese sentido, Colectivos de familiares de personas desaparecidas mencionaron que la propuesta de una cédula única de identidad no resuelve de forma inmediata la crisis de desapariciones en el país, además destacaron que el Banco Nacional de Datos Forenses ya se encuentra en la actual Ley General; sin embargo, destacaron la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) para implementarlo.