Hoy, ese plan está en un impasse.
Los 10 puntos de su plan eran la respuesta a las protestas masivas que se registraban por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México”, dijo Peña Nieto el 27 de noviembre del 2014.
Casi cuatro meses después, las iniciativas más controvertidas enviadas por el presidente de la República se encuentran en el Senado, donde han permanecido sin avance en las comisiones.
El final del periodo ordinario de sesiones se acerca, por lo que al PRI le urge sacar las iniciativas del estado del coma en que se encuentran… aunque tengan que hacerles cambios profundos.
En la Cámara Alta, hay quienes consideran que las medidas propuestas en las iniciativas que crean el Mando Único policial y regulan la intervención en los municipios son intransitables.
Otros se pronuncian por su matización.
Algunas otras medidas anunciadas en el decálogo, como el establecimiento de una línea telefónica de emergencias, la creación de una cédula de identidad o el envío de otras iniciativas en materia de desaparición forzada o tortura, aún se encuentran pendientes.
Las polémicas iniciativas
Dentro del decálogo presentado por Enrique Peña Nieto, las primeras medidas que se anunciaron fueron una serie de iniciativas para facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Otra más para redefinir la competencia de las autoridades frente a los delitos; y una para crear las Policías Estatales Únicas.
Las iniciativas fueron enviadas al Senado de la República y, en un primer momento, se intentó darles un tratamiento especial para que fueran aprobadas a la brevedad.
Sin embargo, la oposición del PAN y el PRD frenaron lo que parecía una aprobación fast track.
El paquete de iniciativas presidenciales contempla la modificación de siete artículos constitucionales.
En el caso de la creación del Mando Único Policial Estatal, la iniciativa señala que la seguridad pública será una función de la Federación y los estados; los municipios solamente participarán en el diseño de políticas de prevención del delito pero desde un enfoque no policial.
Con ello, desaparecerían las policías municipales y la responsabilidad de las tareas de seguridad recaería directamente en los gobernadores. Las unidades estatales estarán bajo el mando de las federales.
Con este modelo se buscará que se homologue la remuneración mínima de los policías en todo el país, así como sus protocolos de actuación, operación y equipamiento.
Un segundo capítulo de estas reformas se refiere a la definición de competencias en materia de justicia, para que se definan los tipos penales y sus sanciones y qué le corresponde a cada uno de los ámbitos de justicia.
Se explora dar al Congreso la facultad de publicar la legislación única de justicia penal para adolescentes y una ley general para la investigación, persecución y sanción de los delitos sin importar su fuero.
Y, sin duda, la medida más polémica es que se busca facultar al Congreso para emitir una Ley contra la infiltración del crimen en los municipios, en la que se debe establecer, señala el Ejecutivo, la facultad de intervenir a las localidades donde haya presunción de haber sido infiltradas por criminales.
“Si el Fiscal General de la República advierte indicios para considerar la infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios municipales, deberá comunicarlo al titular de la SEGOB, para que en su caso, soliciten la aprobación del Senado para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio”, señala la iniciativa presidencial.
En esta propuesta se señala que la seguridad en los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados y los municipios deberán realizar aportaciones a las entidades para realizar esta función.
Este paquete de iniciativas conforman los tres primeros puntos del decálogo propuesto por el presidente Peña Nieto y sus propuestas han levantado polvo desde el día de su presentación.
A pesar de que el Ejecutivo instruyó a Manlio Fabio Beltrones y a Emilio Gamboa, los líderes de las bancadas del PRI en el Congreso, que aceleraran la aprobación de estas reformas, los priistas no han podido vencer la oposición a estas medidas.
Ahora, el tricolor trabaja en la matización de estas iniciativas para buscar el voto aprobatorio del PAN y el PRD en el Senado.
La matización de las reformas
Las iniciativas presidenciales fueron turnadas a tres comisiones en el Senado: Puntos Constitucionales, presidida por el priista Enrique Burgos; Justicia, a cargo del panista Roberto Gil; y Estudios Legislativos Segunda, a cargo del senador de la bancada del PRD, Alejandro Encinas.
Hace unas semanas, se convocó a foros de expertos y autoridades para conocer su punto de vista sobre las medidas propuestas por el Ejecutivo.
Sin embargo, la discusión en las comisiones feneció. No ha habido una sola reunión de esos órganos para determinar la forma en que se podrá avanzar en su aprobación.
Enrique Burgos, senador del PRI, reconoció que habrá un proceso de modificación del paquete de iniciativas presidenciales a fin de lograr un consenso y poder aprobarlas antes de que concluya el actual periodo de sesiones, que termina también con la LXII Legislatura.
“El tema no es ni sí ni no puede haber un punto intermedio (…) La intención es que salgan en este periodo porque es la seguridad, son reformas urgentes”, afirmó Burgos.
En el caso del Mando Único, por ejemplo, el PRI impulsará que se establezca un esquema diferenciado para saber cuáles son las policías locales que podrán prevalecer y continuar con sus labores.
Por ejemplo, podrían dejar en funciones a los cuerpos policiacos de grandes ciudades que sí sean funcionales, como Monterrey, Guadalajara o Querétaro, para auxiliar en las tareas cotidianas de la ciudad.
En contraparte, se buscará también que en los municipios donde no hay policía o la corporación sea de muy pocos elementos, haya labores de capacitación y de revisión de los salarios que perciban.
El tema más polémico, comentó Burgos, es la intervención de la Federación en los municipios; sin embargo, es necesario establecer mecanismos para librar a las localidades de los criminales que quieren dominarlas.
“Ya ha habido algunos casos en donde la delincuencia quiere dominar, por ejemplo, la basura, el manejo de la basura. Parecería algo sin importancia, pero de ahí sacan el cristal, el plástico y muchísimas cosas. Entonces hay factores que indican que hay amago de penetración ahí, por lo que se faculta a la Federación a intervenir”, expuso.
Para Alejandro Encinas, senador de la bancada del PRD, algunos puntos de la iniciativa presidencial son intransitables, ya que atentan directamente contra el federalismo.
“El municipio libre ha sido abrogado, y si bien se debe asumir que el actual modelo municipal se ha agotado, es necesario promover cambios que lejos de continuar su desmantelamiento descentralicen los recursos que permitan su fortalecimiento. Las medidas propuestas del Ejecutivo profundizarán su debilitamiento”, sentenció Encinas.
Para el legislador, es imposible que los municipios apoyen a los legisladores en una iniciativa de este calado, pues se trata del desmantelamiento de los gobiernos locales y de la concentración de poder en un solo cuerpo policiaco que podrá ser fácilmente corrompible.
“Es el caso de la inefable gestión de Arturo Durazo y la hermandad en la policía capitalina, quien concentró tal nivel de poder en el control de la policía que acabó administrando al crimen.
“Al igual que sucedió con el Batallón de Radio Patrullas del Estado de México, que se constituyó en un aparato represivo contra la lucha social, cuyo poder se colocó por encima de la autoridad municipal”, rememoró Encinas.
Fueron los alcaldes panistas quienes pidieron un alto a los legisladores federales encargados de la discusión de estas reformas.
Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, fue el receptor de las quejas de los presidentes municipales del albiazul, anunció hace unas semanas que no acompañarían la iniciativa presidencial.
“Es una iniciativa que parte de la falsa idea de que los problemas de seguridad del país son fundamentalmente de delincuencia organizada y que se generalizan en todos los municipios del país y eso no se corresponde con la realidad.
“El problema de nuestro país es que no solamente hay delitos de alto impacto, sino que hay delitos de alta frecuencia, que es la que corresponde combatir y prevenir a los municipios”, ha dicho Gil.
Con estas posiciones, el PRI buscará impulsar la transformación de estas iniciativas para que puedan pasar los filtros de los partidos de oposición.
Los otros pendientes
El decálogo del presidente Peña Nieto no se limita solamente a la discusión de estos cambios legales, sino que quedan algunos temas pendientes.
Como parte de las medidas, el Gobierno federal se comprometió a impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia.
Sin embargo, mientras estaban en discusión en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, el PRI mantuvo su oposición a ciertos temas que provocaron polémica, como la posibilidad de realizar auditorías en tiempo real o la apertura de información relacionada con violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el tricolor cedió y tuvo que aceptar los condicionamientos de la oposición para poder aprobar esas leyes, que están ahora en revisión en sus contrapartes.
Aunque se prevé que en las próximas semanas el Ejecutivo envíe una iniciativa sobre Desaparición Forzada de Personas, en el Congreso ya comenzarán a discutir las más de 30 que ya fueron presentadas por los partidos.
Las iniciativas de justicia cotidiana, relacionadas con temas de la vida diaria, como un divorcio, una multa, un despido injustificado, un conflicto vecinal, por mencionar algunos, se encuentran en proceso en instituciones educativas como el CIDE, que han realizado diversos foros al respecto.
La instalación del número de emergencia 911 requerirá de un sistema que opere en todo el país y se prevé que esté en operación hasta el 2016.
El primer mandatario dio también el banderazo al proceso de creación de la Clave Única de Identidad en enero pasado y, para su instrumentación, el primer paso es la sistematización de todos los datos contenidos en el Registro Civil de todos los municipios para establecer los números únicos de cada ciudadano.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.