¿Cuánto tiene y cuánto amasó Josefina en 16 años? No se sabe y no se sabrá. Jamás declaró bienes

No hay un solo dato público que de indicios de la fortuna de Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de México. Ella ofreció presentar su “3de3” primero “en unas horas”; después, “en un par de días”. Hasta hoy, no lo ha hecho. Su nombre se conoce en la escena política desde hace 16 años, cuando el ex Presidente Vicente Fox la nombró Secretaria de Desarrollo Social. Desde entonces, la mujer que en 2012 aspiró a la Presidencia de la República, no ha publicado una sola vez información patrimonial.

De la fortuna de Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernar el Estado de México, no se sabe nada en absoluto. Hasta ahora, no hay datos públicos con los que pueda calcularse lo que posee y ha ganado con sus ingresos como funcionaria pública.

Tampoco se sabrá. Aun cuando presente la 3de3, como lo ha ofrecido, no habrá manera de ver si su peculio aumentó o disminuyó. Josefina Vázquez Mota siempre se apegó al derecho que tienen los funcionarios públicos a entregar sus declaraciones a la Secretaría de la Función Pública sin la lista de sus bienes.

AMLO publica documentos para aclarar donación de bienes

Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su página de internet el juicio intestamentario de 2003 –que promovió tras la muerte de su primera esposa, Rocío Beltrán, con quien se casó por el régimen de bienes mancomunados- y la escritura pública donde cedió desde 2005 todos sus bienes a sus hijos.

Los documentos los hizo públicos tras presentar una demanda por daño moral en contra del diario estadunidense The Wall Street Journal, el cual publicó que el presidente nacional de Morena no incluyó en su declaración patrimonial dos departamentos de la Ciudad de México.

Los contratos de donación y la adjudicación de bienes para José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán fueron hechos ante el Notario Público Número 27 de Villahermosa, Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

La primera cónyuge del líder de Morena poseía un predio rústico de alrededor de 16 hectáreas, ubicado en la ranchería “Francisco Javier Mina” del municipio de Teapa, Tabasco; un predio urbano con construcción de casa de 127.60 metros cuadrados, ubicada en el mismo ayuntamiento.

También era copropietaria, junto con su esposo, de otro bien inmueble de 160 metros cuadrados, ubicado en la zona de vivienda media de la Comisión para el Desarrollo Urbano “Tabasco 2000” y de los departamentos 301 y 302 del edificio con número 57 de la calle de Odontología, en la colonia Copilco Universidad, delegación Coyoacán, Ciudad de México.


Andrés Manuel López Obrador y su primogénito José Ramón, como albacea de la sucesión intestamentaria de su madre, adjudicaron a Gonzalo la casa de “Tabasco 2000”; a Andrés Manuel, los departamentos de Copilco; y para José Ramón, el predio de la ranchería “Francisco Javier Mina” y la casa de Teapa.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/11/amlo-publica-documentos-para-aclarar-donacion-de-bienes

¿Desobedecen a Mancera? Estos funcionarios no han hecho pública su declaración de intereses

Aunque lo ordenó el jefe de Gobierno capitalino, los titulares de nueve instituciones y seis delegados no han dado a conocer sus declaraciones de intereses.

A pesar de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo ordenó en mayo pasado, los titulares de nueve instituciones de la Ciudad de México han incumplido con dar a conocer su declaración de intereses, medida que la administración capitalina considera elemental para evitar que ocurran conflictos de interés entre sus funcionarios y empresas privadas.

De acuerdo con una revisión a la página web de la Contraloría General de la capital y con información solicitada por transparencia, hasta ahora no se cuenta con esos datos de Simón Levy, director de la empresa paraestatal ProCDMX; Rafael Camacho Solís, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA); Guillermo Orozco, de la Procuraduría Social (Prosoc); Julio César Serna, del Fideicomiso de la Central de Abasto, y Hugo Villa, de la Comisión de Filmaciones.

Lo mismo sucede con los titulares del Instituto Técnico de Formación Policial, Ignacio Medina; del Instituto de Formación Profesional de la procuraduría, Juan José Olea; del Consejo Económico y Social, Enrique Provencio, y del Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano, Luis Enrique Miramontes Higuera.

Esto se debe a que los funcionarios en cuestión entregaron su declaración de intereses pero rechazaron hacerla pública, detalló la Contraloría General a Máspormás. No obstante, la orden de Mancera fue que no solamente presentaran el documento, sino que lo dieran a conocer. “[Las personas señaladas] también están obligadas a generar una versión pública [del formato]”, indican los lineamientos emitidos a través de la Gaceta Oficial.

Además, seis jefes delegacionales electos en junio —y cuyas gestiones comenzaron en octubre— tampoco han atendido la instrucción. Se trata de los morenistas Avelino Méndez, de Xochimilco, y Pablo Moctezuma, de Azcapotzalco; de los perredistas Valentín Maldonado, de Coyoacán, y Carlos Estrada, de Iztacalco, y de los priistas Miguel Ángel Salazar, de Cuajimalpa, y Jorge Alvarado Galicia, de Milpa Alta.

La orden de Mancera abarcó a los delegados porque estos, a diferencia de los alcaldes de un estado, no gozan de autonomía respecto del gobierno central. Pese a ello, los de Xochimilco e Iztacalco ni siquiera cumplieron con entregar el documento.

En mayo, Mancera dijo que habría sanciones para quien no cumpliera con dar a conocer sus relaciones familiares o personales que fueran potencialmente conflictivas, es decir, que pudieran poner a un funcionario en una posición ventajosa para aprovechar su cargo y obtener un beneficio privado. Sin embargo, según información entregada por transparencia, no ha sido sancionado ningún servidor público.

Formato poco claro

Expertos en transparencia y rendición de cuentas coincidieron en que el formato de versión pública que ofrece el gobierno de la ciudad para conocer las declaraciones de intereses de sus funcionarios es insuficiente y poco claro. Lo anterior, debido a que el documento únicamente muestra el número de relaciones familiares y personales de cada servidor público, pero no detalla los nombres de las empresas o asociaciones con las que están vinculadas esas personas.

De acuerdo con la revisión realizada, más de 90% de los titulares de instituciones del gabinete capitalino declaró no tener relaciones potencialmente conflictivas.

Eduardo Bohórquez, director de la ONG Transparencia Mexicana, señaló que las declaraciones de intereses deben ser totalmente públicas y claras, es decir, incluir los nombres de las empresas en las que participen los familiares y amigos de los funcionarios, así como los cargos que ocupan en ellas.

“En la declaración de intereses es central que sea todo público, salvo que una ley expresa prohíba su divulgación; porque su función es preventiva, lo que busca evitar es que haya potenciales conflictos de interés. Si no se hace pública, no se entiende la naturaleza de la declaración de intereses. Los intereses tienen que estar arriba de la mesa, todos”, dijo.

Para Bohórquez, en este punto existe una diferencia en comparación con la declaración patrimonial, en la que, por razones de seguridad, es justificable que ciertos datos se mantengan ocultos.

Marco Fernández, investigador del Tec de Monterrey, comentó que la legislación tiene un problema de origen, pues en ella no se define con claridad qué se entiende por conflicto de interés ni cuántas relaciones personales se deben reportar.

“[La orden] parece más una simulación, porque los funcionarios no entienden lo que se tiene que reportar”, consideró Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio Anticorrupción del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Los detalles de la orden


Estos son algunos puntos de la instrucción que dio el jefe de Gobierno de la Ciudad de México:

• La orden fue dada a conocer el 27 de mayo de 2015, después de dos escándalos por posibles conflictos de interés en la capital y otros más a nivel federal.
• El jefe de Gobierno dijo entonces que la obligación de presentar y hacer pública la declaración de intereses incluiría a todos los funcionarios, desde titulares de instituciones hasta el personal de base que participara en procedimientos de toma de decisión o adquisiciones.
• Esto último se incluyó porque se considera que estos funcionarios son los que están en mayor probabilidad de caer en un conflicto de interés y favorecer a ciertas empresas.
• Actualmente, los funcionarios capitalinos ya están obligados a presentar una declaración patrimonial, pero hacerla pública o no es su decisión.
• Este año, un grupo de ONG impulsa una ley para hacer obligatorio que los funcionarios del país presenten declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

Los casos que detonaron escándalos


Desde finales de 2014, dos casos derivaron en escándalos por posibles conflictos de interés en la ciudad. El primero fue en diciembre de ese año, cuando se dio a conocer que el entonces delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, conducía una camioneta de lujo de un contratista de la demarcación. El segundo fue en marzo de 2015, cuando Mancera pidió la renuncia al entonces secretario de Obras, Alfredo Hernández, luego de que se reveló que había dado un contrato a una empresa de la que su esposa era directiva.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ MÁS POR MÁS.
AUTOR: RAFAEL MONTES.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/desobedecen-a-mancera-estos-funcionarios-no-han-hecho-publica-su-declaracion-de-intereses/