ONU pide a México protección para el activista Santiago Pérez

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada pidió al Estado mexicano que proteja al activista Santiago Pérez Becerra, quien ha sido objeto de hostigamientos, intimidaciones y represalias relacionadas con su participación en investigaciones de desapariciones forzadas en Nayarit.

La solicitud del Comité se deriva de una petición enviada por Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Justicia Transicional en México (JTMX), luego de que Pérez Becerra fuera detenido el pasado 28 de enero.

Exigen a la CNDH, medidas cautelares urgentes para integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Luego que de fueran golpeados saqueados y amenazados dos de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en lo que ha sido: “una serie de ataques que se han incrementado a partir de que la población ha impedido el inicio de obras en la zona”, dijo a Desinformémonos, Antonio Lara Duque, Coordinador General del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), al referirse a la oposición que el frente mantiene a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAIC), y de la autopista Pirámides-Texcoco, y demandó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), les otorgue “medidas cautelares, urgentes, que protejan su integridad”.

“Exigimos a las autoridades que respeten y protejan la vida de las y los habitantes”, dijo Lara, y explicó que el otorgamiento de medidas cautelares obligaría a las autoridades a que detengan las obras que, “además se encuentran en litigio”, por lo que hasta que estos se resuelvan, dijo que, se debe garantizar que no haya agresiones contra la población que se opone a las obras.

Explicó además que los ataques en contra de la población de Tocuila y Atenco, “específicamente”, han aumentado a raíz de que la empresa “se ha empeñado en dar inicio a obras aún cuando estás se encuentran en litigio”, por lo que la población las ha impedido y detalló que se han: “enviado grupos de choque al lugar para generar enfrentamientos, contra las y los habitantes, que se han ido agravando”.

Sobre el estado de salud del ejidatario de Toucuila, Zeferino Ruíz Mendienta, informó Lara Duque, que en el último informe médico recibido anoche se indicó la necesidad de operarlo y que, debido a los golpes que, el señor de 85 años de edad, recibió en la pierna izquierda, hay posibilidades de que “haya consecuencias que le impidan volver a utilizarla”, detalló el defensor.

Sobre el estado de Sergio Ruíz García de 56 años, hijo de Zeferino, se informó que ya fue dado de alta del Hospital General Guadalupe Victoria, en el que fueron atendidos ambos luego de que la mañana de ayer, sujetos armados con pistolas, allanaron el domicilio y agredieron físicamente a ambos integrantes del FPDT, en Tocuila, municipio de Texcoco en el Estado de México.

Informaron que los agresores los golpearon, con las cachas de las pistolas en la cabeza, en el tórax, cara, piernas y finalmente amarraron a los defensores de la tierra, además de llevarse unas escrituras que Zeferino tenía guardadas en una caja metálica. Todos los hechos, explicó el CDHZL, fueron denunciados y asentados en la carpeta de investigación NICTEX/TEX/00/MP1/063/01760/16/09.

Los pasados 18 y 19 de agosto del presente año, integrantes del FPDT denunciaron que un “grupo de choque apedreó y quemó el campamento que mantenían los opositores en sus ejidos”, esto a partir que, dijeron, de sus ejidos fueran “invadidos”, y enfrentaran la presión, por parte de las empresas, para que los ejidatarios de Tocuila vendan sus tierras.

Esta situación también ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por habitantes de San Salvador Atenco, también integrantes del FPDT y las agresiones, explican, se han dado en contra de quienes se oponen a la construcción del NAIC, “se han suscitado hostigamientos, amenazas y agresiones físicas contra los campesinos que se niegan a vender sus tierras y que exigen se respeten sus derechos humanos y los trámites jurídicos que han ingresado con sus consecuentes resoluciones”, denuncian.

En comunicado de prensa, detallaron que un día antes de esta última agresión contra dos de sus integrantes, se llevó a cabo la asamblea ejidal de Tocuila, “donde el comisariado ejidal hacía referencias frontales sobre inminentes acontecimientos que involucrarían directamente a los ejidatarios que se oponen a la venta de sus tierras”.

Por anterior, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hizo un “enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se brinde la más alta protección a la integridad, la vida y el territorio de los ejidatarios y campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra”.

Lara Duque recordó que se trata de pueblos originarios que no fueron informados ni consultados sobre los proyectos que ahí se pretenden desarrollar, por lo que violan el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes que en el punto uno de su Artículo 6, inciso “a”, dice que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.

Como hemos señalado en Desinformémonos, no se trata de un hecho aislado, muestra de lo anterior son los casos que enfrentan situaciones similares en territorio mexicano casos como el de la defensa del bosque Nixticuil en Zapopan, Jalisco, la exigencia de cancelación del proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla así como la, llamada “imposición” del proyecto Minero en proyecto minero en Valle de Ocotlán, Oaxaca, también, y la negativa, por parte de la población, de que se emprenda otro en Zanatepec, Oaxaca son sólo algunos ejemplos.

El caso del NAIC y la autopista Texcoco- Pirámidesm, ilustra lo expuesto por más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia en un informe que fue entregado a representantes de la Organización de Naciones Unidas a principios del mes, en el que a través de la revisión de 68 casos, pudieron documentar “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”.

El informe denominado “México: Empresas y derechos Humanos”, detalla que es en un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México, y afirman que, las empresas se “han beneficiado” de esta situación en la que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia a pesar de que, dicen, “tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto”.

El informe señala, la repetida actuación de las empresas, de no informar y/o consultar a la población los proyectos que les afectaran o beneficiarán directamente, y con ello, explican: “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas”.

Abundan que la “Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, es una constate y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras: “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen, al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.

Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), resalta como esta proliferación de megaproyectos ha incrementado, también, los ataques en contra de quienes defienden el medio ambiente de los mismos, detallan en su Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015, que “el registro de 60 casos de ataques a defensores ambientales en los primeros seis meses de 2015, en promedio diez por mes, cifra que representa mucho más de la mitad de los ataques registrados en el informe 2014, donde se registraron 82 casos de ataques y supera el total de los casos que se registraron en el año 2013, que fue de 53, mostrando un claro aumento en las agresiones…”.


El FPDT ha enfrentado distintos tipos de agresiones desde que en 2002 se les anunciara la “expropiación de sus tierras”, y posteriormente la intensión de construir el NAIC y hoy la autopista que, han señalado, afectaría directamente, sus tierras, formas de vida, medio ambiente entre otras. Su oposición ha derivado en agresiones físicas, detenciones, asesinatos y persecuciones de las que resaltan las que enfrento sociedad civil nacional e internacional junto a ellas y ellos en 2006 y de la cuál el Estado mexicano aún se encuentra dando cuentas a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recientemente atrajo el caso de la violación sexual a mujeres en esos hechos.

INFORMES

México: Empresas y derechos Humanos: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf

Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015 (Cemda): http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: YUNUHEN RANGEL.
LINK: https://desinformemonos.org/exigen-a-la-cndh-medidas-cautelares-urgentes-para-integrantes-del-frente-de-pueblos-en-defensa-de-la-tierra/