La Consejería Comunitaria de Derechos Humanos de San Juan Cacahuatepec, en la Costa de Oaxaca, cumplió este 21 de junio, un año de fortalecer y compartir experiencias en defensa de los Derechos Humanos. “Somos personas de la comunidad con voluntad de servir, sin ánimo de lucro y sin intereses partidistas” señala un spot radiofónico que circula a lo largo y ancho de la comunidad.
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martes, 3 de julio de 2018
viernes, 22 de junio de 2018
Feministas proponen agenda de derechos humanos para los 81 municipios de Guerrero
Hace un año, el 22 de junio de 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en ocho municipios de Guerrero: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
Aunque esto debió haber detonado una serie de estrategias para proteger a este sector y modificar el escenario, los focos rojos siguen encendidos, como revela el que, tan sólo en lo que va de 2018, se hayan registrado 115 feminicidios en el estado, y que otros tipos de agresiones sigan igual, comentó Yelitza Ruiz, académica y activista quien, de la mano de diversos colectivos, impulsa una Agenda Municipal de Derechos Humanos para las Mujeres y las Niñas.
Aunque esto debió haber detonado una serie de estrategias para proteger a este sector y modificar el escenario, los focos rojos siguen encendidos, como revela el que, tan sólo en lo que va de 2018, se hayan registrado 115 feminicidios en el estado, y que otros tipos de agresiones sigan igual, comentó Yelitza Ruiz, académica y activista quien, de la mano de diversos colectivos, impulsa una Agenda Municipal de Derechos Humanos para las Mujeres y las Niñas.
lunes, 15 de enero de 2018
Enlazan comunidades y defienden derechos: estos son los jóvenes de La Escuelita
Se presenta a los participantes de La Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes del Derechos Humanos del Centro Fray Francisco de Vitoria. Diana López Santiago, coordinadora del área de Educación, Promoción y Difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, explica que La Escuelita surgió como una respuesta a la falta de espacios donde las inquietudes de los jóvenes y sus propuestas en derechos humanos fueran escuchadas.
martes, 7 de marzo de 2017
Trabajo sexual, alternativa para mujeres pobres sin opciones: Marta Lamas
La ausencia de opciones para las mujeres pobres es lo que convierte al trabajo sexual en la única alternativa posible, lo que resulta verdaderamente preocupante, dijo la antropóloga y feminista Marta Lamas durante su participación en el I Congreso Continental de Teología Feminista, realizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Consideró grave que “para las mujeres de escasos recursos no haya trabajos con una remuneración equivalente a la que obtienen con el comercio sexual”, y frente a dicha problemática a ella le preocupa, como dice Martha Nussbaum (filósofa de Estados Unidos), que la perspectiva de las abolicionistas esté demasiado alejada de la realidad de las condiciones laborales, como si se pudiera olvidar el contexto donde las mujeres pobres recurren al trabajo sexual.
La estadounidense plantea que se debería promover la expansión en las posibilidades laborales (de dichas mujeres) a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Pero también sostiene que la legalización del trabajo sexual mejora las condiciones de aquellas que, para empezar, tienen muy pocas opciones; postura con la cual coincide Lamas Encabo.
Por ello, como dice Debra Satz, otra filósofa de EU, si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría a quienes se dedican a vender servicios sexuales, mencionó Lamas.
Marta afirma que al igual que cualquier otro empleo, oficio o profesión, del trabajo sexual se extrae plusvalía “sólo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos laborales”.
Para ella, el término explotación tiene una connotación más negativa cuando va acompañada de la palabra sexual -trata con fines de explotación sexual-, aunque en muchos casos sea menor la extracción de plusvalía en las trabajadoras sexuales que en las personas dedicadas a otros empleos.
“Al entrevistar a una trabajadora sexual de la Merced, hablando de explotación, me dijo: ‘¿Explotada? Sí, cuando yo trabajaba ocho horas al día limpiando oficinas, con el salario mínimo de 70 pesos… Aquí, en unas horas, me hago 500 pesos’. Ganar 500 pesos al día o ganar 80 pesos al día, ¿quién está más explotada, la que limpia oficinas o la trabajadora sexual?”.
Agregó que es notorio y lamentable que el término explotación sexual produzca reacciones encendidas, y que no genere la misma preocupación e interés la explotación económica concreta y a menudo más aguda de las obreras, de las empleadas del hogar, de las afanadoras, de las maquiladoras, de las barrenderas “mientras que en la agenda feminista la explotación de las trabajadoras sexuales ocupa un lugar predominante”.
Las trabajadoras sexuales están en el comercio sexual porque ahí ganan más dinero que en otro empleo, y muchas de ellas lo hacen para mantener una familia o para pagar un tratamiento médico especializado. “Por eso a mí me espanta el discurso de quienes quieren abolir el comercio sexual y privar a miles de personas de una fuente de trabajo cuyo ingreso no les sería posible conseguir de otra manera”. Y aunque a muchas trabajadoras sexuales les gustaría ganar lo mismo en otro tipo de trabajo, nadie les va a ofrecer ese ingreso, dijo.
Abolir el comercio sexual pondría en riesgo a las trabajadoras (sexuales) más vulnerables “no a las que trabajan en departamentos y hoteles en Santa Fe y en Polanco”. Y lo que se vería es que al contexto de pobreza, marginalidad, desempleo y migraciones, que llevan a las mujeres a realizar trabajo sexual, se agregaría la clandestinidad de la ilegalidad. “Abolir el comercio sexual provocaría lo que ha ocurrido en Suecia, un empeoramiento de las condiciones de vida de las trabajadores sexuales, con más riesgos por la clandestinidad y menos ingresos”.
Reconoció que habría que luchar porque ya nunca ninguna persona, mujer u hombre, tuviera que verse obligada a recurrir al trabajo sexual, si éste les causa asco, rechazo, culpa o vergüenza. Mas también “habría que abolir la miseria, el sufrimiento y la sordidez que rodea no sólo mucho del ejercicio del trabajo sexual, sino también de otros trabajos (como) limpiar excusados ajenos, trabajar en los camiones de basura, los mineros”.
Prejuicios, elusión de responsabilidades
En más sobre la abolición del trabajo sexual, Marta Lamas dijo que la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar reflexiona en torno al tránsito de creencia a prejuicio, quien señala que al prejuicio ‘lo que le da carácter patológico es su inmovilidad, su imposibilidad de destitución mediante pruebas de realidad teóricas o empíricas’. Lamas añadió: “De nada le sirven a las abolicionistas las pruebas de realidad que las propias trabajadoras sexuales les aportan, ni el corpus de investigaciones que documentan distintas formas de trabajo sexual”.
Al retomar a Bleichmar, mencionó que ésta plantea que cuando el prejuicio deviene en organizador de la acción toma un carácter primordialmente anti ético. Y vuelve a citar a la argentina: ‘el prejuicio es, indudablemente, una excelente coartada psíquica para eludir responsabilidades, para la evasión de responsabilidades y para el ejercicio de la inmoralidad’.
“La coartada psíquica de creer que se está rescatando a las trabajadoras sexuales de la violencia y de la degradación elude la responsabilidad ante las consecuencias concretas de tal rescate. Es común que las activistas descuiden las consecuencias de las propuestas que enuncian, en especial cuando no visualizan la forma en que cualquier propuesta, cuando aterriza, tiene a personas que ganan y tiene a personas que pierden”, añadió Lamas.
Por eso para Marta, un compromiso responsable de las diferentes posturas feministas tendría que ir más lejos que simplemente desplegar sus concepciones morales. Tendría que analizar los costos y los beneficios de sus propuestas y de sus acciones en las vidas concretas de las trabajadoras sexuales. “Aferrarse a las creencias más allá de cualquier prueba de realidad produce fanatismo”.
Liberarse de las creencias del feminismo
En otro orden de ideas, la liberación del espacio político-religioso del cuerpo de las mujeres, el tema del congreso, requiere desde la perspectiva de Lamas “liberarse previamente de las creencias esencialistas del feminismo. Para lograrlo, es indispensable más reflexión crítica sobre por qué las ideas feministas que una vez formaron parte de una visión de emancipación humana hoy se expresan cada vez más en términos victimistas o punitivos”.
Como dice la académica y jurista estadounidense Janet Halley, el feminismo no es una verdad transhistórica que permanece trascendentemente pura; el feminismo es una práctica continuamente condicionada por sus propios actos que la preceden.
“Muchos actos feministas han tenido efectos negativos. Las creencias mujeristas y victimistas respecto a la violencia han dificultado realizar un diagnóstico más certero y proponer cuestiones preventivas en lugar de punitivas. Pero además, las feministas que no denuncian la violencia contra los hombres o que no visualizan el daño que muchas mujeres sí hacen, generan algo más que sólo una política equivocada, también producen un quiebre ético en la aspiración feminista”, enunció Lamas.
Por eso, para la ponente, “para acercarnos a construir ese otro mundo posible que anhelamos; sin injusticias ni desigualdades ni violencias, es imprescindible buscar formas de caminar hacia un horizonte compartido, lo cual no es fácil, porque como dice Antonio Machado el camino pesa en el corazón”.
Una forma de ese caminar es la que reunió a las y los asistentes aI I Congreso Continental de Teología Feminista, y consiste en pensar críticamente y discutir respetuosamente.
“La actividad sexual de las mujeres, sea comercial o sea gratuita y amorosa, obliga a reflexionar y a debatir sobre la doble moral, sobre los prejuicios y sobre la violencia no intencionada que generan ciertas intervenciones feministas. Y justamente porque el espacio político religioso del cuerpo de las mujeres está cruzado por creencias y por prejuicios relativos a la sexualidad femenina, prejuicios y creencias que obstaculizan su liberación, es que debemos enfrentar el desafío de cuestionarnos y de criticarnos”, concluyó Lamas.
Fuente: Desinformémonos
Autor: Universidad Iberoamericana
https://desinformemonos.org/trabajo-sexual-alternativa-mujeres-pobres-sin-opciones-marta-lamas/
viernes, 9 de diciembre de 2016
Subcomité de la ONU para prevenir la tortura hará segunda visita a México
CIUDAD DE MÉXICO: El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura realizará una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre próximos, para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad; las medidas adoptadas para evitar la tortura y los malos tratos, así como el avance en la implementación de las recomendaciones hechas en 2008.
En un comunicado, el organismo explicó que 25 expertos de la ONU visitarán prisiones, estaciones de policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales y de detención de migrantes, tanto a nivel federal como estatal.
Además, los integrantes de la delegación se reunirán con autoridades, representantes de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según Felipe Villavicencio, director del Subcomité, en México “el riesgo de maltrato es mucho mayor para las personas en detención, ya que una vez que son privadas de su libertad se vuelven muy vulnerables”.
Agregó que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “es una manera práctica de defender los derechos de las personas detenidas y asegurar que éstos sean respetados”.
El representante del organismo internacional destacó la disposición de las autoridades mexicanas para dar acceso a los lugares de detención. “Están mostrando su compromiso para mejorar las condiciones para las personas privadas de su libertad”, dijo.
De acuerdo con el comunicado, al término de la visita, el grupo de expertos independientes dará sus observaciones preliminares al gobierno mexicano de manera confidencial.
La nueva visita del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura toma relevancia luego de que en marzo del 2015, el relator especial de la ONU para la Tortura, Juan Méndez, aseguró que la tortura es una práctica generalizada en México. La declaración fue descalificada por funcionarios del gobierno mexicano. Tiempo después, éste mandó decir al relator que para 2016 no podría hacer una nueva visita de seguimiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465753/subcomite-la-onu-prevenir-la-tortura-hara-segunda-visita-a-mexico
En un comunicado, el organismo explicó que 25 expertos de la ONU visitarán prisiones, estaciones de policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales y de detención de migrantes, tanto a nivel federal como estatal.
Además, los integrantes de la delegación se reunirán con autoridades, representantes de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según Felipe Villavicencio, director del Subcomité, en México “el riesgo de maltrato es mucho mayor para las personas en detención, ya que una vez que son privadas de su libertad se vuelven muy vulnerables”.
Agregó que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “es una manera práctica de defender los derechos de las personas detenidas y asegurar que éstos sean respetados”.
El representante del organismo internacional destacó la disposición de las autoridades mexicanas para dar acceso a los lugares de detención. “Están mostrando su compromiso para mejorar las condiciones para las personas privadas de su libertad”, dijo.
De acuerdo con el comunicado, al término de la visita, el grupo de expertos independientes dará sus observaciones preliminares al gobierno mexicano de manera confidencial.
La nueva visita del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura toma relevancia luego de que en marzo del 2015, el relator especial de la ONU para la Tortura, Juan Méndez, aseguró que la tortura es una práctica generalizada en México. La declaración fue descalificada por funcionarios del gobierno mexicano. Tiempo después, éste mandó decir al relator que para 2016 no podría hacer una nueva visita de seguimiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465753/subcomite-la-onu-prevenir-la-tortura-hara-segunda-visita-a-mexico
jueves, 19 de mayo de 2016
No se vale recurrir a la tortura; uso de fuerza debe ser excepcional: CNS
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, recordó a elementos federales que “la fuerza debe de utilizarse con moderación, reduciendo al mínimo los daños o lesiones respetando en todo momento la vida humana”.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) está convencida de que, por razones éticas, no se vale recurrir a la tortura y también de que el uso de la fuerza debe ser excepcional, dijo su titular, Renato Sales Heredia.
El funcionario subrayó que “hay que hacer uso de la fuerza cuando lo amerite, cuando la circunstancia lo exija, eso es precisamente lo que tenemos que aprender, esa es la habilidad que tenemos que desarrollar”.
El comisionado Nacional de Seguridad recordó que siempre será primero recurrir a medios no violentos antes del uso de la fuerza, es decir, sólo se usará cuando sea estrictamente necesario.
Dijo que ese es el criterio de excepcionalidad: “la fuerza debe de utilizarse con moderación, reduciendo al mínimo los daños o lesiones respetando en todo momento la vida humana”.
Sales Heredia informó que la CNS inició una campaña para fortalecer a la Policía Federal, al Servicio de Protección Federal (SPF), y al Órgano de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en materia de derechos humanos.
Ello, en cumplimiento a la Estrategia para la Transformación del Sistema Penal Acusatorio y en el marco de la Campaña Policial por los Derechos Humanos y el Uso Racional de la Fuerza, multiplicadores de los tres órganos desconcentrados de la CNS.
Sales Heredia indicó que para ello estos tres órganos administrativos concluyeron el curso-taller metodológico para la reafirmación a nivel nacional en Derechos Humanos y Sistema Penal Acusatorio.
Al clausurar el curso-taller, Renato Sales destacó que a unos días de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal, estos tres órganos se capacitaron en materia del respecto a los derechos humanos y el debido proceso.
“No funcionará el nuevo sistema si pretendemos investigar delitos cometiendo delitos, y no solamente no va a funcionar el nuevo sistema, todos nuestros asuntos se perderán en tribunales”, enfatizó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/no-se-vale-recurrir-a-la-tortura-uso-de-fuerza-debe-ser-excepcional-cns/
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) está convencida de que, por razones éticas, no se vale recurrir a la tortura y también de que el uso de la fuerza debe ser excepcional, dijo su titular, Renato Sales Heredia.
El funcionario subrayó que “hay que hacer uso de la fuerza cuando lo amerite, cuando la circunstancia lo exija, eso es precisamente lo que tenemos que aprender, esa es la habilidad que tenemos que desarrollar”.
El comisionado Nacional de Seguridad recordó que siempre será primero recurrir a medios no violentos antes del uso de la fuerza, es decir, sólo se usará cuando sea estrictamente necesario.
Dijo que ese es el criterio de excepcionalidad: “la fuerza debe de utilizarse con moderación, reduciendo al mínimo los daños o lesiones respetando en todo momento la vida humana”.
Sales Heredia informó que la CNS inició una campaña para fortalecer a la Policía Federal, al Servicio de Protección Federal (SPF), y al Órgano de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en materia de derechos humanos.
Ello, en cumplimiento a la Estrategia para la Transformación del Sistema Penal Acusatorio y en el marco de la Campaña Policial por los Derechos Humanos y el Uso Racional de la Fuerza, multiplicadores de los tres órganos desconcentrados de la CNS.
Sales Heredia indicó que para ello estos tres órganos administrativos concluyeron el curso-taller metodológico para la reafirmación a nivel nacional en Derechos Humanos y Sistema Penal Acusatorio.
Al clausurar el curso-taller, Renato Sales destacó que a unos días de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal, estos tres órganos se capacitaron en materia del respecto a los derechos humanos y el debido proceso.
“No funcionará el nuevo sistema si pretendemos investigar delitos cometiendo delitos, y no solamente no va a funcionar el nuevo sistema, todos nuestros asuntos se perderán en tribunales”, enfatizó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/no-se-vale-recurrir-a-la-tortura-uso-de-fuerza-debe-ser-excepcional-cns/
lunes, 28 de marzo de 2016
México, con total apertura a CIDH y relatores de la ONU: SRE
Ciudad de México. El subsecretario para asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, aseveró que México mantiene su política de total apertura a los observadores internacionales de derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que en el caso del relator contra la tortura, México no ha dado su aceptación a una nueva visita “porque estamos esperando que se apruebe en el Congreso la ley de tortura, que fue una de sus recomendaciones”.
Insistió que México ha recibido a más de 50 relatores y mecanismos internacionales e insistió “México es un país totalmente abierto, lo que probablemente ha ocurrido con el relator de tortura es que necesitamos que nos dé más tiempo para que el congreso apruebe la ley de tortura cuya iniciativa envió el ejecutivo en diciembre pasado, y fue una de las observaciones que el relator hizo a México”.
Resaltó: “pensamos que ese ordenamiento era importante tenerlo aprobado, por ello se recibirá al comité en noviembre-diciembre”.
En el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insistió en que el gobierno los invitó y no ha estado obstaculizando su trabajo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/28/mexico-con-total-apertura-a-cidh-y-relatores-de-la-onu-5058.html
Insistió que México ha recibido a más de 50 relatores y mecanismos internacionales e insistió “México es un país totalmente abierto, lo que probablemente ha ocurrido con el relator de tortura es que necesitamos que nos dé más tiempo para que el congreso apruebe la ley de tortura cuya iniciativa envió el ejecutivo en diciembre pasado, y fue una de las observaciones que el relator hizo a México”.
Resaltó: “pensamos que ese ordenamiento era importante tenerlo aprobado, por ello se recibirá al comité en noviembre-diciembre”.
En el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insistió en que el gobierno los invitó y no ha estado obstaculizando su trabajo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/28/mexico-con-total-apertura-a-cidh-y-relatores-de-la-onu-5058.html
lunes, 22 de febrero de 2016
Llama la CNDH a fortalecer mecanismo contra la tortura
CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó ayer a fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en prisiones, estaciones migratorias, psiquiátricos y centros de internamiento para adicciones.
En las audiencias públicas convocadas por el Senado para discutir el proyecto de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, manifestó la necesidad de atender de manera enfática la prevención, mediante las tareas encomendadas al MNPT.
Lo anterior, explicó, fortaleciendo la estrategia realizada por la CNDH, que parte del diseño de 10 Guías de Supervisión basadas en estándares nacionales e internacionales, que son aplicadas en Agencias del Ministerio Público y Fiscalías, Centros de Arraigo, Centros de Reinserción Social Varoniles y Femeniles, Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, Instituciones Psiquiátricas, Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales, Áreas de Aseguramiento Municipales, Centros de Internamiento para Adicciones y Albergues, con el fin de evaluar las condiciones que imperan en los distintos lugares de detención, e identificar situaciones que pudieran derivar en la incidencia de casos de tortura o cualquier tipo de maltrato.
Así, apuntó que el MNPT, desde su inicio en 2007 a la fecha, ha llevado a cabo 4,104 visitas a lugares de detención e internamiento en toda la República Mexicana, las cuales han dado como resultado 113 informes dirigidos a las autoridades correspondientes.
La funcionaria subrayó la necesidad de armonizar la operatividad con lo establecido en la norma, puntualizando que, bajo este contexto, es importante fortalecer al MNPT como la instancia encargada de coordinar este sistema de prevención, con base en las visitas periódicas de supervisión a todos los lugares de privación de la libertad, con un trabajo coordinado y armónico con el sistema de organismos públicos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.
El MNPT así, se debe prever como la instancia encargada de coordinar el sistema de visitas periódicas y medidas de supervisión a los lugares de privación de libertad, integrado por los titulares de la CNDH.
Al respecto, también puntualizó que su establecimiento debe ser presidido por el titular de la CNDH, con facultades para expedir las bases y lineamientos para su funcionamiento y organización, así como los lineamientos de carácter general que determinen las modalidades y procedimientos que se deben seguir, contando con facultades para elaborar un programa de visitas periódicas a los lugares de privación de la libertad, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y pudiendo realizar propuestas a la legislación de la materia, entre otros.
Un aspecto importante, señaló, es el puntualizar el acceso sin restricción alguna a los lugares de detención, realizar visitas periódicas no programadas, entrevistarse con las personas que se encuentran privadas de la libertad, así como formular recomendaciones a las autoridades e interponer denuncias sobre tortura.
Por otra parte, por lo que hace al tema del Protocolo de Estambul, señaló que es importante reconocer que éste es un manual para la investigación y documentación eficaz, cuyo propósito es servir como una guía para la evaluación de las personas que han sido torturadas, investigar casos de posible tortura y poder reportar los hallazgos específicos.
El protocolo de Estambul así entendido, concluyó, si bien se considera como un documento no vinculante, sin embargo, es muy útil para investigar y documentar la tortura.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 21 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430870/llama-la-cndh-a-fortalecer-mecanismo-contra-la-tortura
En las audiencias públicas convocadas por el Senado para discutir el proyecto de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, manifestó la necesidad de atender de manera enfática la prevención, mediante las tareas encomendadas al MNPT.
Lo anterior, explicó, fortaleciendo la estrategia realizada por la CNDH, que parte del diseño de 10 Guías de Supervisión basadas en estándares nacionales e internacionales, que son aplicadas en Agencias del Ministerio Público y Fiscalías, Centros de Arraigo, Centros de Reinserción Social Varoniles y Femeniles, Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, Instituciones Psiquiátricas, Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales, Áreas de Aseguramiento Municipales, Centros de Internamiento para Adicciones y Albergues, con el fin de evaluar las condiciones que imperan en los distintos lugares de detención, e identificar situaciones que pudieran derivar en la incidencia de casos de tortura o cualquier tipo de maltrato.
Así, apuntó que el MNPT, desde su inicio en 2007 a la fecha, ha llevado a cabo 4,104 visitas a lugares de detención e internamiento en toda la República Mexicana, las cuales han dado como resultado 113 informes dirigidos a las autoridades correspondientes.
La funcionaria subrayó la necesidad de armonizar la operatividad con lo establecido en la norma, puntualizando que, bajo este contexto, es importante fortalecer al MNPT como la instancia encargada de coordinar este sistema de prevención, con base en las visitas periódicas de supervisión a todos los lugares de privación de la libertad, con un trabajo coordinado y armónico con el sistema de organismos públicos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.
El MNPT así, se debe prever como la instancia encargada de coordinar el sistema de visitas periódicas y medidas de supervisión a los lugares de privación de libertad, integrado por los titulares de la CNDH.
Al respecto, también puntualizó que su establecimiento debe ser presidido por el titular de la CNDH, con facultades para expedir las bases y lineamientos para su funcionamiento y organización, así como los lineamientos de carácter general que determinen las modalidades y procedimientos que se deben seguir, contando con facultades para elaborar un programa de visitas periódicas a los lugares de privación de la libertad, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y pudiendo realizar propuestas a la legislación de la materia, entre otros.
Un aspecto importante, señaló, es el puntualizar el acceso sin restricción alguna a los lugares de detención, realizar visitas periódicas no programadas, entrevistarse con las personas que se encuentran privadas de la libertad, así como formular recomendaciones a las autoridades e interponer denuncias sobre tortura.
Por otra parte, por lo que hace al tema del Protocolo de Estambul, señaló que es importante reconocer que éste es un manual para la investigación y documentación eficaz, cuyo propósito es servir como una guía para la evaluación de las personas que han sido torturadas, investigar casos de posible tortura y poder reportar los hallazgos específicos.
El protocolo de Estambul así entendido, concluyó, si bien se considera como un documento no vinculante, sin embargo, es muy útil para investigar y documentar la tortura.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 21 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430870/llama-la-cndh-a-fortalecer-mecanismo-contra-la-tortura
miércoles, 3 de febrero de 2016
La iniciativa de Ley contra la Tortura promueve …aún más tortura, dicen grupos civiles
Organizaciones denunciaron que la propuesta de Peña Nieto para una nueva Ley General contra la Tortura “no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, pues no incluyó el establecimiento del Protocolo de Estambul y tampoco remite un estándar de prueba para identificar estas violaciones a derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy que, pese a que el Poder Ejecutivo convocó a consultas para una nueva Ley General contra la Tortura, la iniciativa presentada el pasado 10 de diciembre dejó fuera mecanismos necesarios para prevenir esta práctica considerada sistemática entre las fuerzas armadas del país.
De acuerdo con lo que se informó hoy en rueda de prensa, el proyecto del Presidente de la República no incluyó, por ejemplo, ni aun el establecimiento del Protocolo de Estambul –que es un manual internacional para la investigación y documentación de la tortura– como estándar de prueba para identificar estas violaciones a los derechos humanos.
“El Presidente de la República, sin aviso a las organizaciones [en las] que pusimos la confianza en la construcción de una propuesta, envió al Senado su iniciativa de ley, la cual además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz.
La propuesta presentada por el Presidente de la República no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, se indicó en un posicionamiento.
Otras carencias del proyecto, agrega la información, es la prohibición del uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura, así como la imposición de consecuencias procesales similares a las que se aplican a la tortura para los casos en los que la práctica sea de tratos crueles, humanos o degradantes. Y tampoco, mencionaron los ponentes, se incluyó alguna “formulación” sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos en las prácticas de tortura y se limitó a la investigación de superiores inmediatos.
Las deficiencias del proyecto de ley del Ejecutivo fueron presentadas en una conferencia de prensa en la que participaron representantes de organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CTI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (ISD), entre otros.
En su participación, el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre Iguíniz acusó directamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) de estar socavando los derechos humanos que, dijo, tiene asignado garantizar.
La marginación de propuestas de la sociedad civil en el contenido del proyecto de Ley General contra la Tortura presentada por el Ejecutivo es similar a la denunciada por organizaciones que participaron en la consulta para la generación de una ley contra la desaparición forzada.
Cuestionado con respecto a las cifras, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, informó que, entre 2006 y 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 100 quejas por tortura y al menos cuatro mil por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otras cuatro mil 500 expedientes.
Ante la Procuraduría General de la República (PGR), mencionó también Guevara, existen otras cuatro mil denuncias, de las cuales mil son atribuibles a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sólo 10 han sido consignadas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2016/1612852
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy que, pese a que el Poder Ejecutivo convocó a consultas para una nueva Ley General contra la Tortura, la iniciativa presentada el pasado 10 de diciembre dejó fuera mecanismos necesarios para prevenir esta práctica considerada sistemática entre las fuerzas armadas del país.
De acuerdo con lo que se informó hoy en rueda de prensa, el proyecto del Presidente de la República no incluyó, por ejemplo, ni aun el establecimiento del Protocolo de Estambul –que es un manual internacional para la investigación y documentación de la tortura– como estándar de prueba para identificar estas violaciones a los derechos humanos.
“El Presidente de la República, sin aviso a las organizaciones [en las] que pusimos la confianza en la construcción de una propuesta, envió al Senado su iniciativa de ley, la cual además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz.
La propuesta presentada por el Presidente de la República no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, se indicó en un posicionamiento.
Otras carencias del proyecto, agrega la información, es la prohibición del uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura, así como la imposición de consecuencias procesales similares a las que se aplican a la tortura para los casos en los que la práctica sea de tratos crueles, humanos o degradantes. Y tampoco, mencionaron los ponentes, se incluyó alguna “formulación” sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos en las prácticas de tortura y se limitó a la investigación de superiores inmediatos.
Las deficiencias del proyecto de ley del Ejecutivo fueron presentadas en una conferencia de prensa en la que participaron representantes de organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CTI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (ISD), entre otros.
En su participación, el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre Iguíniz acusó directamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) de estar socavando los derechos humanos que, dijo, tiene asignado garantizar.
“Es una calamidad política”, dijo Sarre. “El embate viene del enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, y señalo que la responsabilidad es del Secretario [Miguel Ángel Osorio Chong], porque no puedo concebir que, en una relación interinstitucional, el enlace hable por cuenta propia sin consultar en una cuestión tan importante”, agregó.
La marginación de propuestas de la sociedad civil en el contenido del proyecto de Ley General contra la Tortura presentada por el Ejecutivo es similar a la denunciada por organizaciones que participaron en la consulta para la generación de una ley contra la desaparición forzada.
Cuestionado con respecto a las cifras, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, informó que, entre 2006 y 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 100 quejas por tortura y al menos cuatro mil por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otras cuatro mil 500 expedientes.
Ante la Procuraduría General de la República (PGR), mencionó también Guevara, existen otras cuatro mil denuncias, de las cuales mil son atribuibles a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sólo 10 han sido consignadas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2016/1612852
viernes, 15 de enero de 2016
Emilio Álvarez Icaza no se presentará a la reelección de la CIDH
México, DF. El actual secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, anunció hoy que no se presentará a la reelección en el cargo por motivos personales.
"Me siento muy honrado de haber gozado de la confianza de la Comisión para coordinar y dirigir los trabajos de un gran grupo de profesionales caracterizado por un ejemplar compromiso y sensibilidad con los derechos humanos y la justicia, a pesar de las enormes limitaciones con las que trabaja", explicó Álvarez Icaza en una carta abierta publicada en la web de la CIDH.
Tras cuatro años de trabajo en la Comisión, Álvarez Icaza desea volver a trabajar en México para sumarse "al esfuerzo de hombres y mujeres valiosos que no aceptan la injusticia, la impunidad ni corrupción como realidad y norma de vida".
"Las visitas que hemos realizado recientemente y el seguimiento de lo que sucede en mi patria me interpela con fuerza. Mi país me duele profundamente", dijo Álvarez Icaza, que continuará en su puesto hasta agosto, cuando acabe su mandato.
"Quiero dedicar mis esfuerzos y capacidades a trabajar directa y cercanamente para transformar la crisis de derechos humanos que ahí se vive", añadió Álvarez Icaza.
La CIDH seleccionó a Álvarez Icaza en julio de 2012 como secretario ejecutivo por un período de cuatro años.
Álvarez Icaza es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de dicho país.
Antes de llegar a la CIDH, trabajaba como consultor independiente, experto en temas de derechos humanos, democracia, participación ciudadana, sociedad civil y políticas públicas, y formaba parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México.
Con anterioridad, fue Consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), cargo que desempeñó hasta 2009. Y fue profesor de derechos humanos en nivel de posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM.
También fue Director General del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y cofundador de Alianza Cívica, ambas organizaciones de la sociedad civil de México.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/15/emilio-alvarez-icaza-no-se-presentara-a-la-reeleccion-del-cidh-7832.html
"Me siento muy honrado de haber gozado de la confianza de la Comisión para coordinar y dirigir los trabajos de un gran grupo de profesionales caracterizado por un ejemplar compromiso y sensibilidad con los derechos humanos y la justicia, a pesar de las enormes limitaciones con las que trabaja", explicó Álvarez Icaza en una carta abierta publicada en la web de la CIDH.
Tras cuatro años de trabajo en la Comisión, Álvarez Icaza desea volver a trabajar en México para sumarse "al esfuerzo de hombres y mujeres valiosos que no aceptan la injusticia, la impunidad ni corrupción como realidad y norma de vida".
"Las visitas que hemos realizado recientemente y el seguimiento de lo que sucede en mi patria me interpela con fuerza. Mi país me duele profundamente", dijo Álvarez Icaza, que continuará en su puesto hasta agosto, cuando acabe su mandato.
"Quiero dedicar mis esfuerzos y capacidades a trabajar directa y cercanamente para transformar la crisis de derechos humanos que ahí se vive", añadió Álvarez Icaza.
La CIDH seleccionó a Álvarez Icaza en julio de 2012 como secretario ejecutivo por un período de cuatro años.
Álvarez Icaza es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de dicho país.
Antes de llegar a la CIDH, trabajaba como consultor independiente, experto en temas de derechos humanos, democracia, participación ciudadana, sociedad civil y políticas públicas, y formaba parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México.
Con anterioridad, fue Consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), cargo que desempeñó hasta 2009. Y fue profesor de derechos humanos en nivel de posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM.
También fue Director General del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y cofundador de Alianza Cívica, ambas organizaciones de la sociedad civil de México.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/15/emilio-alvarez-icaza-no-se-presentara-a-la-reeleccion-del-cidh-7832.html
domingo, 3 de enero de 2016
Grupos de víctimas, coptados y financiados por el gobierno
La unidad entre las víctimas de la delincuencia permite presionar y negociar con el gobierno más eficazmente: da notoriedad a la lucha, la fortalece y crea lazos útiles para enfrentar el poder y la corrupción del Estado. Consciente de ello, la administración federal inhibe la organización de los afectados; inventa, coopta y financia grupos, y privilegia ciertos casos en detrimento de la mayoría. Algunas asociaciones cayeron en la trampa, y han decidido ver por sus intereses particulares en vez de mantener un frente común. El protagonismo, la desesperación y la multiplicación de agrupaciones deshonestas terminan de explicar por qué, habiendo tantas víctimas, hay tan poca articulación entre ellas.
MÉXICO, DF: Además de ser víctimas de la violencia, los familiares de desaparecidos, extorsionados, muertos o desplazados sufren otro agravio por parte de algunas organizaciones y autoridades gubernamentales, que los utilizan para obtener recursos o financiamientos públicos o privados, nacionales o extranjeros… pero nadie resuelve las demandas de justicia.
Las víctimas temen que si denuncian habrá represalias de quienes se ostentan como sus representantes, y las organizaciones honestas callan ante el riesgo de que se desaten confrontaciones y se dificulte la creación de un frente único de familiares que presione al gobierno.
Brenda Rangel, de Desaparecidos Justicia de Querétaro, advierte que entre los grupos ciudadanos el problema de las desapariciones “se puso de moda”, y ahora cualquiera se siente defensor de derechos humanos, activista, y quiere ser puente con el gobierno federal.
“Se cuelgan la medalla de que son representantes de las víctimas y piden recursos. Hay defensores de derechos humanos que sí han trabajado y caminado con nosotros, pero desde hace tiempo existe gente que se aprovecha de nosotros y está lucrando con nuestro dolor”, asevera Brenda, cuyo hermano Héctor desapareció en 2009.
Este juego de intereses, abunda, provoca que muchos afectados dejen de luchar. Y esto le conviene al gobierno, porque impide que las víctimas se organicen y programen movilizaciones, paros o manifestaciones.
“Ya estamos hartos de esta gente que se lleva dinero a sus bolsillos, que juega con nosotros u obstaculiza nuestras demandas. Y si no entras dentro de su riel te ponen el pie, porque tienen contactos con la PGR (Procuraduría General de la República), la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada) y la Secretaría de Gobernación (Segob)”, manifiesta Brenda, para quien Amnistía Internacional pidió medidas cautelares en 2013, luego de que fuera acusada por policías de Querétaro de tener armas en su casa.
Javier Sicilia, fundador del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), confirma que algunas asociaciones se aprovechan de las familias afectadas, entre ellas, Eslabones por los Derechos, Familiares en Búsqueda de Desaparecidos y Red de Enlaces, las cuales tienen vínculos con la administración federal.
Otras organizaciones no gubernamentales (ONG), sostiene el escritor, “tienen sus propias víctimas”, que usan para obtener financiamiento.
Explica que este fenómeno también se da en las luchas ambientales. “Los grandes capitales son los mismos que financian a las organizaciones no gubernamentales, que por eso llegan divididas”.
–¿Hay también un problema de protagonismo que haya dañado esta unificación? –se le pregunta.
–Sí, es la competencia de las ONG por un liderazgo que no entiendo. Creo que lo que está de fondo es el financiamiento nacional y extranjero. Entonces se vuelve un círculo vicioso, y se rompe con un momento político importante que significaría unir a todos los agraviados para transformar las políticas públicas generadoras de víctimas.
Según el colaborador de este semanario, estas organizaciones son un respiro para el gobierno, que puede negociar de manera aislada con cada una.
“Es más fácil hablar con los 43 de Ayotzinapa por un lado, con Los Otros Desaparecidos, por otro, y no con un movimiento político que unifique todas las demandas.”
Por eso fue tan importante, delinea, que el MPJD haya aglutinado a diferentes organizaciones en 2011 y 2012, al grado de que obligó a sentarse a dialogar públicamente al presidente Felipe Calderón y a los candidatos presidenciales.
–¿Qué pasó con el MPJD?
–Le apostaron a la ruptura desde el Estado, generaron divisiones entre las propias víctimas y surgieron otras organizaciones gubernamentales como Eslabones, Familiares en Búsqueda de Desaparecidos, Red de Enlaces y otras más planeadas desde la propia Segob.
–También ha habido personajes que han lucrado con esto…
–Todas las ONG lucran con las víctimas, por eso son incapaces de juntar la agenda de todas las agrupaciones, porque cada una pelea por sus víctimas, cada una dice representar a un puñado de gente.
“Es lo mismo que sucede con la izquierda en Europa, que está dividida porque hay un montón de facciones que viven de eso y el gobierno negocia con cada una. Por eso el populismo de derecha está creciendo, porque parece que es el único con una forma de enfrentar el problema.”
Sicilia percibe que algunas ONG creen generar procesos políticos con su lucha, pero al dividirse –poniendo su interés particular por encima del de las víctimas– actúan en sentido contrario.
“Le facilitan el trabajo al gobierno, que está muy contento porque es más fácil negociar con muchos grupos fragmentados que con un movimiento único”, insiste Sicilia.
–Se menciona que hay personajes que han buscado beneficiarse con las víctimas, como Isabel Miranda de Wallace, que quiso ser candidata por el PAN en las elecciones pasadas…
–Sí, es el ejemplo, o la Comisión de Atención a Víctimas, que no ha ejercido el presupuesto. Ahí ganan buenos salarios pero no están haciendo nada por los afectados, sino por el propio gobierno y el statu quo.
–Es un tema crítico porque los agraviados siguen sin conseguir justicia.
–Exactamente, dicen que los atienden pero no es así. Los hacen ir y venir y seguimos en la misma lógica de la época de (Felipe) Calderón, cuando los despreciaban. Es la simulación.
Sicilia pone énfasis en otro problema: el enfrentamiento y la división entre las familias de las víctimas, que compiten por la atención de las autoridades. Esto ocasiona el rompimiento de la precaria unidad.
La desunión
Blanca Martínez es la coordinadora de 50 colectivos de familiares que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MND). Es el único grupo que ha logrado cohesionarse a escala nacional.
Integrante de una de las primeras asociaciones de parientes de desaparecidos (conocida como Fundec: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), considera que el impacto de la violencia no ha permitido generar las condiciones sociales para unificar la lucha.
En contraparte, arguye, la discusión de la Ley General de Desaparecidos generó un espacio de organización en diferentes estados, que permitió el surgimiento del MND.
“Aunque muchas veces las agrupaciones coincidimos en espacios, eventos y nos convocábamos, ésta es la primera experiencia de articulación nacional. Esto me parece muy importante porque vamos poco a poco hacia la construcción de una agenda más unitaria”, expresa Martínez.
–¿Qué consecuencias tiene esta falta de un frente común? –se le inquiere.
–Favorece la evasión de responsabilidad del Estado de acercar justicia y garantizar la no repetición de los crímenes que hemos vividos estos años. Si el pueblo no reclama, no demanda o no exige, se da un caldo de cultivo para que se reproduzca la impunidad. En la medida que se organice y exija, se pone en jaque al Estado y debe haber una respuesta. De otra manera todo se queda en la invisibilidad y la pérdida de memoria.
Brenda Rangel, de Desaparecidos Justicia A. C., considera que la desunión entre las familias de víctimas también se genera por los protagonismos e individualidades de algunos que sólo ven por su caso.
A su juicio, el gobierno se aprovecha de eso para decir que está atendiendo el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa como si fuera el único o el más importante.
“No hay casos emblemáticos, tan importante es la desaparición de mi hermano como las de Ayotzinapa. El gobierno concentra todo en los 43 y asignó a todos los agentes del Ministerio Público federal, olvidando a más de 27 mil desaparecidos que nadie los atiende. Y esas luchas no las podemos continuar aisladas, nos tenemos que unir. Yo convoco a las familias de desaparecidos a no perder nuestro objetivo, porque algunos han aceptado colaborar con el gobierno para sacar un beneficio personal”, indica Brenda.
Concentrar la atención en los estudiantes normalistas es parte de una estrategia perversa del Estado, sostiene Blanca Martínez: “El gobierno ha querido presentarlo como el único caso y hacer un manejo político internacional. Hacia el exterior se muestran todas las instituciones concentradas en Ayotzinapa, pero el problemas de las desapariciones es más grande. Además, invisibilizar al resto de desaparecidos genera malestar en las otras familias, las cuales se han controlado, se callan y no responden peleando junto a las familias de Ayotzinapa”.
Sicilia menciona la existencia del “síndrome de la víctima”, que consiste en que cada familia piensa que su dolor es el más fuerte y su clamor de justicia, el más importante.
“Trasladar un drama personal al drama nacional no es fácil. El síndrome de la víctima es que el dolor, el clamor de justicia es sólo de ella, no hay otro más importante. Entonces se van agrupando en organizaciones separadas y el gobierno es muy hábil para eso, porque es mejor negociar con unos o con otros a hacerlo con un frente, porque se vuelve un movimiento político”, concluye.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SAN LUIS POTOSI.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=424932
MÉXICO, DF: Además de ser víctimas de la violencia, los familiares de desaparecidos, extorsionados, muertos o desplazados sufren otro agravio por parte de algunas organizaciones y autoridades gubernamentales, que los utilizan para obtener recursos o financiamientos públicos o privados, nacionales o extranjeros… pero nadie resuelve las demandas de justicia.
Las víctimas temen que si denuncian habrá represalias de quienes se ostentan como sus representantes, y las organizaciones honestas callan ante el riesgo de que se desaten confrontaciones y se dificulte la creación de un frente único de familiares que presione al gobierno.
Brenda Rangel, de Desaparecidos Justicia de Querétaro, advierte que entre los grupos ciudadanos el problema de las desapariciones “se puso de moda”, y ahora cualquiera se siente defensor de derechos humanos, activista, y quiere ser puente con el gobierno federal.
“Se cuelgan la medalla de que son representantes de las víctimas y piden recursos. Hay defensores de derechos humanos que sí han trabajado y caminado con nosotros, pero desde hace tiempo existe gente que se aprovecha de nosotros y está lucrando con nuestro dolor”, asevera Brenda, cuyo hermano Héctor desapareció en 2009.
Este juego de intereses, abunda, provoca que muchos afectados dejen de luchar. Y esto le conviene al gobierno, porque impide que las víctimas se organicen y programen movilizaciones, paros o manifestaciones.
“Ya estamos hartos de esta gente que se lleva dinero a sus bolsillos, que juega con nosotros u obstaculiza nuestras demandas. Y si no entras dentro de su riel te ponen el pie, porque tienen contactos con la PGR (Procuraduría General de la República), la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada) y la Secretaría de Gobernación (Segob)”, manifiesta Brenda, para quien Amnistía Internacional pidió medidas cautelares en 2013, luego de que fuera acusada por policías de Querétaro de tener armas en su casa.
Javier Sicilia, fundador del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), confirma que algunas asociaciones se aprovechan de las familias afectadas, entre ellas, Eslabones por los Derechos, Familiares en Búsqueda de Desaparecidos y Red de Enlaces, las cuales tienen vínculos con la administración federal.
Otras organizaciones no gubernamentales (ONG), sostiene el escritor, “tienen sus propias víctimas”, que usan para obtener financiamiento.
Explica que este fenómeno también se da en las luchas ambientales. “Los grandes capitales son los mismos que financian a las organizaciones no gubernamentales, que por eso llegan divididas”.
–¿Hay también un problema de protagonismo que haya dañado esta unificación? –se le pregunta.
–Sí, es la competencia de las ONG por un liderazgo que no entiendo. Creo que lo que está de fondo es el financiamiento nacional y extranjero. Entonces se vuelve un círculo vicioso, y se rompe con un momento político importante que significaría unir a todos los agraviados para transformar las políticas públicas generadoras de víctimas.
Según el colaborador de este semanario, estas organizaciones son un respiro para el gobierno, que puede negociar de manera aislada con cada una.
“Es más fácil hablar con los 43 de Ayotzinapa por un lado, con Los Otros Desaparecidos, por otro, y no con un movimiento político que unifique todas las demandas.”
Por eso fue tan importante, delinea, que el MPJD haya aglutinado a diferentes organizaciones en 2011 y 2012, al grado de que obligó a sentarse a dialogar públicamente al presidente Felipe Calderón y a los candidatos presidenciales.
–¿Qué pasó con el MPJD?
–Le apostaron a la ruptura desde el Estado, generaron divisiones entre las propias víctimas y surgieron otras organizaciones gubernamentales como Eslabones, Familiares en Búsqueda de Desaparecidos, Red de Enlaces y otras más planeadas desde la propia Segob.
–También ha habido personajes que han lucrado con esto…
–Todas las ONG lucran con las víctimas, por eso son incapaces de juntar la agenda de todas las agrupaciones, porque cada una pelea por sus víctimas, cada una dice representar a un puñado de gente.
“Es lo mismo que sucede con la izquierda en Europa, que está dividida porque hay un montón de facciones que viven de eso y el gobierno negocia con cada una. Por eso el populismo de derecha está creciendo, porque parece que es el único con una forma de enfrentar el problema.”
Sicilia percibe que algunas ONG creen generar procesos políticos con su lucha, pero al dividirse –poniendo su interés particular por encima del de las víctimas– actúan en sentido contrario.
“Le facilitan el trabajo al gobierno, que está muy contento porque es más fácil negociar con muchos grupos fragmentados que con un movimiento único”, insiste Sicilia.
–Se menciona que hay personajes que han buscado beneficiarse con las víctimas, como Isabel Miranda de Wallace, que quiso ser candidata por el PAN en las elecciones pasadas…
–Sí, es el ejemplo, o la Comisión de Atención a Víctimas, que no ha ejercido el presupuesto. Ahí ganan buenos salarios pero no están haciendo nada por los afectados, sino por el propio gobierno y el statu quo.
–Es un tema crítico porque los agraviados siguen sin conseguir justicia.
–Exactamente, dicen que los atienden pero no es así. Los hacen ir y venir y seguimos en la misma lógica de la época de (Felipe) Calderón, cuando los despreciaban. Es la simulación.
Sicilia pone énfasis en otro problema: el enfrentamiento y la división entre las familias de las víctimas, que compiten por la atención de las autoridades. Esto ocasiona el rompimiento de la precaria unidad.
La desunión
Blanca Martínez es la coordinadora de 50 colectivos de familiares que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MND). Es el único grupo que ha logrado cohesionarse a escala nacional.
Integrante de una de las primeras asociaciones de parientes de desaparecidos (conocida como Fundec: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), considera que el impacto de la violencia no ha permitido generar las condiciones sociales para unificar la lucha.
En contraparte, arguye, la discusión de la Ley General de Desaparecidos generó un espacio de organización en diferentes estados, que permitió el surgimiento del MND.
“Aunque muchas veces las agrupaciones coincidimos en espacios, eventos y nos convocábamos, ésta es la primera experiencia de articulación nacional. Esto me parece muy importante porque vamos poco a poco hacia la construcción de una agenda más unitaria”, expresa Martínez.
–¿Qué consecuencias tiene esta falta de un frente común? –se le inquiere.
–Favorece la evasión de responsabilidad del Estado de acercar justicia y garantizar la no repetición de los crímenes que hemos vividos estos años. Si el pueblo no reclama, no demanda o no exige, se da un caldo de cultivo para que se reproduzca la impunidad. En la medida que se organice y exija, se pone en jaque al Estado y debe haber una respuesta. De otra manera todo se queda en la invisibilidad y la pérdida de memoria.
Brenda Rangel, de Desaparecidos Justicia A. C., considera que la desunión entre las familias de víctimas también se genera por los protagonismos e individualidades de algunos que sólo ven por su caso.
A su juicio, el gobierno se aprovecha de eso para decir que está atendiendo el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa como si fuera el único o el más importante.
“No hay casos emblemáticos, tan importante es la desaparición de mi hermano como las de Ayotzinapa. El gobierno concentra todo en los 43 y asignó a todos los agentes del Ministerio Público federal, olvidando a más de 27 mil desaparecidos que nadie los atiende. Y esas luchas no las podemos continuar aisladas, nos tenemos que unir. Yo convoco a las familias de desaparecidos a no perder nuestro objetivo, porque algunos han aceptado colaborar con el gobierno para sacar un beneficio personal”, indica Brenda.
Concentrar la atención en los estudiantes normalistas es parte de una estrategia perversa del Estado, sostiene Blanca Martínez: “El gobierno ha querido presentarlo como el único caso y hacer un manejo político internacional. Hacia el exterior se muestran todas las instituciones concentradas en Ayotzinapa, pero el problemas de las desapariciones es más grande. Además, invisibilizar al resto de desaparecidos genera malestar en las otras familias, las cuales se han controlado, se callan y no responden peleando junto a las familias de Ayotzinapa”.
Sicilia menciona la existencia del “síndrome de la víctima”, que consiste en que cada familia piensa que su dolor es el más fuerte y su clamor de justicia, el más importante.
“Trasladar un drama personal al drama nacional no es fácil. El síndrome de la víctima es que el dolor, el clamor de justicia es sólo de ella, no hay otro más importante. Entonces se van agrupando en organizaciones separadas y el gobierno es muy hábil para eso, porque es mejor negociar con unos o con otros a hacerlo con un frente, porque se vuelve un movimiento político”, concluye.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SAN LUIS POTOSI.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=424932
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