En México hay alrededor de 120 conflictos ambientales originados por la explotación minera y los problemas sociales y ecológicos que derivan de ella, pues desde 2014 se han desarrollado 888 proyectos de exploración y explotación mineros operados por 268 empresas transnacionales, principalmente Canadá, reportó el apartado “Política pública sobre minería, medio ambiente y su soberanía nacional” en la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas, realizada por expertos de universidades.
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lunes, 26 de marzo de 2018
martes, 20 de marzo de 2018
Minera canadiense va a la sierra norte de Puebla por más oro, y se topa con una rebelión indígena
Hace casi cinco años ignoraban sus derechos y las violaciones que el proyecto de mina a cielo abierto de la canadiense Almaden provocaría en la Sierra Norte de Puebla. Después de una larga lucha de familias, campesinos y acompañamiento de colectivos, este lunes la acción de la empresa valía 82 centavos frente a los 2.84 dólares de antes de la oposición. El proyecto minero de extracción de oro y plata que la firma pretende hacer en el municipio de San Francisco Ixtacamaxtitlán, con más de 25 mil habitantes, es a través de dos de sus filiales, minera Gorreón y minera Gavilán, las cuales adquirieron desde 2003 y 2009 las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande II. Pero, explicó la abogada del caso Diana Sánchez, no cuentan con las licencias que necesitan para pasar a la fase de explotación. Esta operación violaría el derecho al agua, salud y medio ambiente, dijo. “Ellos nos vienen a decir que no somos dueños de nuestro territorio. Nosotros somos originarios, dueños milenarios y vienen a destrozar desde nuestra cultura, nuestra forma de vivir, convivir y practicar nuestra espiritualidad”, acusó el campesino totonaca Miguel, de Olintla, otro de los municipios afectados que no han sido consultados.
El río Apulco que inicia en el municipio de Zautla, Puebla, y desemboca hasta el Golfo de México está en riesgo de contaminarse con desechos tóxicos, lo cual afectaría a once comunidades, al medio ambiente y a los cultivos.
Unidos y basados en experiencias de otros estados, este sábado alrededor de 300 familias y organizaciones campesinas y civiles realizaron una caravana de unos 60 autos y camiones rumbo a la Presidencia Municipal de San Francisco Ixtacamaxtitlán para rechazar la mina de cielo abierto que la empresa canadiense Almaden Minerals pretende instalar en la Sierra Norte poblana.
El río Apulco que inicia en el municipio de Zautla, Puebla, y desemboca hasta el Golfo de México está en riesgo de contaminarse con desechos tóxicos, lo cual afectaría a once comunidades, al medio ambiente y a los cultivos.
Unidos y basados en experiencias de otros estados, este sábado alrededor de 300 familias y organizaciones campesinas y civiles realizaron una caravana de unos 60 autos y camiones rumbo a la Presidencia Municipal de San Francisco Ixtacamaxtitlán para rechazar la mina de cielo abierto que la empresa canadiense Almaden Minerals pretende instalar en la Sierra Norte poblana.
miércoles, 6 de septiembre de 2017
Chicomuselo: resistencia contra las minería desde los caminos de la fe
Campesinos sin tierra, ejidatarios, mujeres trabajadoras, niños y niñas, agrupados en Comunidades Eclesiales de Base, convocan a una mega-peregrinación en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, en contra de la minería.
Esta se realizará el día 2 de octubre (fecha en que se conmemora 49 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco), saliendo del ejido Flores Magón a las 8:00 de la mañana (hora de Dios).
Los chicomultecos denuncian que en los últimos meses comenzaron a intensificarse las incursiones, interferencias y trabajos de las empresas mineras en su territorio. Si bien, la minera canadiense Blackfire Exploration Ltd fue expulsada en 2009 por la fuerza de la movilización campesina, tras el asesinato de Mariano Abarca, activista anitiminero, actualmente las prácticas extractivas han reiniciado.
Esta se realizará el día 2 de octubre (fecha en que se conmemora 49 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco), saliendo del ejido Flores Magón a las 8:00 de la mañana (hora de Dios).
Los chicomultecos denuncian que en los últimos meses comenzaron a intensificarse las incursiones, interferencias y trabajos de las empresas mineras en su territorio. Si bien, la minera canadiense Blackfire Exploration Ltd fue expulsada en 2009 por la fuerza de la movilización campesina, tras el asesinato de Mariano Abarca, activista anitiminero, actualmente las prácticas extractivas han reiniciado.
lunes, 28 de agosto de 2017
Celebran en Chablekal tres años de la defensa de sus tierras
La Unión de Pobladores de Chablekal celebró tres años de resistencia y lucha jurídica en defensa de su territorio. La celebración se realizó en el polígono MisneBalam, tierras de las que tomaron posesión hace tres años y que, por orden judicial, no se pueden vender hasta que se resuelva el juicio que iniciaron.
lunes, 1 de mayo de 2017
Proceso ilegal de consulta denuncian indígenas zoques para licitación de ronda 2.2 de la Sener
Representantes de ejidos y comunidades zoques de Ixtacomitán, Chiapas al norte del estado, marcharon contra los proyectos extractivos que pretenden instalarse en el territorio Zoque de Chiapas.
La manifestación pacífica denominada “Marcha por la tierra, el agua y la vida” partió de la salida de Chapultenango hacia el centro de la cabecera municipal para hacer visible la inconformidad de cientos de campesinos y familias por la licitación de 84,500 hectáreas de tierras para perforar 12 pozos petroleros de gas convencional en el marco de la ronda 2.2 de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 9 municipios de Chiapas.
La manifestación pacífica denominada “Marcha por la tierra, el agua y la vida” partió de la salida de Chapultenango hacia el centro de la cabecera municipal para hacer visible la inconformidad de cientos de campesinos y familias por la licitación de 84,500 hectáreas de tierras para perforar 12 pozos petroleros de gas convencional en el marco de la ronda 2.2 de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 9 municipios de Chiapas.
viernes, 3 de febrero de 2017
Ejidatarios frustran desalojo y exigen pago justo por tierras expropiadas para Toyota en Guanajuato
APASEO EL GRANDE, Gto: Funcionarios del gobierno del estado, acompañados por un notario público y elementos de las fuerzas de seguridad estatales, se presentaron este viernes ante ejidatarios de Caleras de Amexhe para notificarles que deben desalojar sus tierras, ya que éstas “fueron expropiadas y serán entregadas a Toyota”.
Sin embargo, hijos del dueño del predio de 7.5 hectáreas señalaron que aunque se les depositó una cantidad, no se ha liquidado el monto de la expropiación, además que “estamos en negociación porque no estamos de acuerdo con lo que el gobierno quiere pagar, y no es justo que nos echen para fuera así nomás”.
Empleados de la Secretaría de Desarrollo Económico se presentaron con el notario Jorge Durón a fin de consumar el desalojo. Incluso, llevaron grúas para retirar la maquinaria agrícola con la que los campesinos del lugar estaban preparando la tierra para sembrar.
Guillermo Ledezma, uno de los campesinos, dijo que ocho familias viven de trabajar 7.5 hectáreas que están a nombre de uno de los ejidatarios (hijos del dueño), y de ellas sacan 130 toneladas de maíz durante seis meses del año y 49 toneladas de cebada los otros seis meses.
Por ello, aseguró que no han aceptado que el gobierno les pague 1.4 millones de pesos por hectárea, sino que piden 2.5 millones “y, cuando termine la negociación, les dejamos las tierras”.
“Dicen que van a expropiar porque ya habíamos perdido, no muestran orden ni nada. No estamos de acuerdo con que paguen como ellos quieren”, dijo.
Mientras tanto, hombres y mujeres del ejido que se encontraban en el lugar no se movieron del terreno.
Después de un par de horas, los funcionarios y el notario optaron por retirarse del lugar, junto con los elementos de las fuerzas del estado.
A mediados del año pasado se conoció que exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados a un poderoso grupo empresarial de Monterrey (Garza Ponce), sacaron ventaja de la compraventa de los terrenos para la instalación de la armadora automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, pues crearon una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares, los cuales revendieron al gobierno del estado a un precio mayor.
El gobierno del estado pagó por lo menos 290 millones de pesos más por esta intermediación, en una operación que según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez fue legal y no presenta irregularidades, aunque se ha negado a abrir la información sobre los procesos de adquisición.
Una revisión efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) exoneró a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de cualquier posible acto de corrupción o de proporcionar información privilegiada para la inmobiliaria que hizo su agosto con estas tierras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473103/ejidatarios-frustran-desalojo-exigen-pago-justo-tierras-expropiadas-toyota-en-guanajuato
Sin embargo, hijos del dueño del predio de 7.5 hectáreas señalaron que aunque se les depositó una cantidad, no se ha liquidado el monto de la expropiación, además que “estamos en negociación porque no estamos de acuerdo con lo que el gobierno quiere pagar, y no es justo que nos echen para fuera así nomás”.
Empleados de la Secretaría de Desarrollo Económico se presentaron con el notario Jorge Durón a fin de consumar el desalojo. Incluso, llevaron grúas para retirar la maquinaria agrícola con la que los campesinos del lugar estaban preparando la tierra para sembrar.
Guillermo Ledezma, uno de los campesinos, dijo que ocho familias viven de trabajar 7.5 hectáreas que están a nombre de uno de los ejidatarios (hijos del dueño), y de ellas sacan 130 toneladas de maíz durante seis meses del año y 49 toneladas de cebada los otros seis meses.
Por ello, aseguró que no han aceptado que el gobierno les pague 1.4 millones de pesos por hectárea, sino que piden 2.5 millones “y, cuando termine la negociación, les dejamos las tierras”.
“Dicen que van a expropiar porque ya habíamos perdido, no muestran orden ni nada. No estamos de acuerdo con que paguen como ellos quieren”, dijo.
Mientras tanto, hombres y mujeres del ejido que se encontraban en el lugar no se movieron del terreno.
Después de un par de horas, los funcionarios y el notario optaron por retirarse del lugar, junto con los elementos de las fuerzas del estado.
A mediados del año pasado se conoció que exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados a un poderoso grupo empresarial de Monterrey (Garza Ponce), sacaron ventaja de la compraventa de los terrenos para la instalación de la armadora automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, pues crearon una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares, los cuales revendieron al gobierno del estado a un precio mayor.
El gobierno del estado pagó por lo menos 290 millones de pesos más por esta intermediación, en una operación que según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez fue legal y no presenta irregularidades, aunque se ha negado a abrir la información sobre los procesos de adquisición.
Una revisión efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) exoneró a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de cualquier posible acto de corrupción o de proporcionar información privilegiada para la inmobiliaria que hizo su agosto con estas tierras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473103/ejidatarios-frustran-desalojo-exigen-pago-justo-tierras-expropiadas-toyota-en-guanajuato
martes, 13 de diciembre de 2016
Cambio de uso de suelo, violación a los DH: vecino de Chapultepec
Ciudad de México. Gustavo García, uno de los colonos de las Lomas de Chapultepec que se sumó a la demanda vecinal en contra del cambio de uso de suelo del predio ubicado en Sierra Paracaima 396, afirmó que si el ciudadano recurre a sus diputados y al poder judicial a promover juicios de amparo, como tercereo interesado cuando se defiende al Bosque de Chapultepec y no encuentra eco por las vías institucionales, “no queda más que la desobediencia civil ante actos tan arbitrarios de autoridad del poder judicial”.
Estupefacto en el recinto legislativo ante la decisión mayoritaria de la ALDF de acatar la orden judicial que resolvió la modificación del uso de suelo en el predio, el representante vecinal afirmó “es una violación flagrante a los derechos humanos para favorecer a lo que nosotros denominamos el cartel inmobiliario que es un grupo de desarrolladores que tienen a su servicio a jueces federales y al poder legislativo local y esto a costa de la destrucción de la Ciudad, la calidad de vida y la salud de nuestra generación y las siguientes”.
La viabilidad de la ciudad “está en riesgo por un pequeño grupo de especuladores que tiene coptado al poder legislativo”, dijo el vecino al explicar que en el predio se halla una casa cuyos propietarios solicitaron el cambio de uso de suelo vía el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda a la pasada sexta legislatura.
En 2015 la solicitud de cambio de uso de suelo fue rechazada por la actual legislatura, “el problema fue que los legisladores que integran la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana no fundamentaron el artículo bajo el cual se negaba el cambio de uso de suelo, con base en eso se inconformó el quejoso, el abogado Alonso Aguilar Zinser, quien puede ser el apoderado del predio y quien aparece en el expediente, no sabemos si es el propietario, y el juez décimo sexto en materia administrativa la concede el amparo, pero solo para que se le devuelva a la ALDF y funde y motive adecuadamente”.
Después de la sentencia de amparo vino el recurso de revisión, Aguilar Zínser, se inconformó la ALDF también pero lamentablemente el jurídico de la ALDF, presentó el recurso de revisión dos días tarde, “grave irresponsabilidad ante lo cual el tercer tribunal colegiado en materia administrativa, confirma el sentido de la sentencia del juez de distrito”.
Sin embargo “aparte se extralimita y va más allá señalándole a la ALDF no solo se fundamente y se motive la decisión sino que aparte se conceda el cambio de uso de suelo, que es ahí donde ya invade las facultades constitucionales de la Asamblea, pues ya le esta ordenando el juez que modifique el uso de suelo”.
A partir de ahí la ALDF presenta la controversia constitucional que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto fue un junio de 2016, tras la decisión de la Corte se fue a Ejecución de Sentencia a raíz de ello el quejoso Aguilar Zinser insiste: no me han cumplido por lo que través del colegido empiezan a multar al presidente de la ALDF Leonel Luna para que conceda el cambio de uso de suelo.
El anterior argumenta que el no puede decidir y que tiene que turnarlo a comisiones y al pleno, entonces de manera acelerada y sin que se turnara a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la comisión de gobierno dictamina y hoy lo presenta al pleno ante la presión de que puede ser sancionado o hasta inhabilitado o destituido de su cargo el presidente, narro el vecino.
Es de mencionar que en junio de 2016 Susana Kanahuati, de la organización ciudadana Suma Urbana señalaba como propiedad de Mónica Vanderbilt, viuda del extinto político Manuel Camacho Solís.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BERTHA TERESA RAMÍREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/13/cambio-de-uso-de-suelo-violacion-a-los-dh-vecino-de-chapultepec
Estupefacto en el recinto legislativo ante la decisión mayoritaria de la ALDF de acatar la orden judicial que resolvió la modificación del uso de suelo en el predio, el representante vecinal afirmó “es una violación flagrante a los derechos humanos para favorecer a lo que nosotros denominamos el cartel inmobiliario que es un grupo de desarrolladores que tienen a su servicio a jueces federales y al poder legislativo local y esto a costa de la destrucción de la Ciudad, la calidad de vida y la salud de nuestra generación y las siguientes”.
La viabilidad de la ciudad “está en riesgo por un pequeño grupo de especuladores que tiene coptado al poder legislativo”, dijo el vecino al explicar que en el predio se halla una casa cuyos propietarios solicitaron el cambio de uso de suelo vía el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda a la pasada sexta legislatura.
En 2015 la solicitud de cambio de uso de suelo fue rechazada por la actual legislatura, “el problema fue que los legisladores que integran la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana no fundamentaron el artículo bajo el cual se negaba el cambio de uso de suelo, con base en eso se inconformó el quejoso, el abogado Alonso Aguilar Zinser, quien puede ser el apoderado del predio y quien aparece en el expediente, no sabemos si es el propietario, y el juez décimo sexto en materia administrativa la concede el amparo, pero solo para que se le devuelva a la ALDF y funde y motive adecuadamente”.
Después de la sentencia de amparo vino el recurso de revisión, Aguilar Zínser, se inconformó la ALDF también pero lamentablemente el jurídico de la ALDF, presentó el recurso de revisión dos días tarde, “grave irresponsabilidad ante lo cual el tercer tribunal colegiado en materia administrativa, confirma el sentido de la sentencia del juez de distrito”.
Sin embargo “aparte se extralimita y va más allá señalándole a la ALDF no solo se fundamente y se motive la decisión sino que aparte se conceda el cambio de uso de suelo, que es ahí donde ya invade las facultades constitucionales de la Asamblea, pues ya le esta ordenando el juez que modifique el uso de suelo”.
A partir de ahí la ALDF presenta la controversia constitucional que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto fue un junio de 2016, tras la decisión de la Corte se fue a Ejecución de Sentencia a raíz de ello el quejoso Aguilar Zinser insiste: no me han cumplido por lo que través del colegido empiezan a multar al presidente de la ALDF Leonel Luna para que conceda el cambio de uso de suelo.
El anterior argumenta que el no puede decidir y que tiene que turnarlo a comisiones y al pleno, entonces de manera acelerada y sin que se turnara a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la comisión de gobierno dictamina y hoy lo presenta al pleno ante la presión de que puede ser sancionado o hasta inhabilitado o destituido de su cargo el presidente, narro el vecino.
Es de mencionar que en junio de 2016 Susana Kanahuati, de la organización ciudadana Suma Urbana señalaba como propiedad de Mónica Vanderbilt, viuda del extinto político Manuel Camacho Solís.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BERTHA TERESA RAMÍREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/13/cambio-de-uso-de-suelo-violacion-a-los-dh-vecino-de-chapultepec
martes, 8 de noviembre de 2016
Destrucción y despojo de tierra en construcción de NAICM
San Salvador Atenco, Méx: Integrantes de la Caravana de la Resistencia en Defensa de la Vida y la Madre Tierra recorrieron los ejidos de San Salvador Atenco, donde constataron la destrucción del entorno y el despojo de la tierra que los pueblos de la región sufren con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Los miembros de la Caravana y los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco hicieron un llamado a las organizaciones del país y a los pueblos que sufren el despojo de su patrimonio, para unirse y movilizarse con miras a detener la devastación generada por el proyecto aeroportuario.
"Hay que parar esto porque van a terminar con nuestras tierras. Hay despojos por todas partes del país que provienen del gobierno y de las empresas. Nosotros continuaremos con nuestra lucha. Y les hago un exhorto a que sigan luchando por lo que más quieren: la tierra. Nuestros antepasados sufrieron mucho para darnos un pedacito de tierra y es arbitrario que vengan el gobierno y las empresas a destruir todo y despojen a los pueblos de su patrimonio”, señaló José Santos Barraza Valenzuela, representante indígena Yoreme-Mayo de Sinaloa.
América del Valle, dirigente del FPDT, afirmó que se puede construir un gran movimiento de resistencia y enarbolar una lucha con capacidad para derribar decisiones “impuestas” por unos cuantos que afectan a millones, como la edificación del NAICM. “Nuestras armas son la razón, la capacidad de organizarnos, de unirnos, de creer en que lo justo es más que defendible”, dijo.
Los integrantes de la Caravana (Representantes indígenas Joremes-Mayos de Sinaloa, del Consejo Indígena Xijarica, de Comunidades indígenas de Michoacán, de la Agrupación Un Salto de la Vida de Jalisco y de Chiapas) recorrieron por la mañana los campos de cultivo de los campesinos de Atenco.
Visitaron los terrenos del cerro del Tepezingo y sus caminos, justo en los límites donde se construyó la barda perimetral del NAICM y donde se realizan las obras de edificación de la autopista Pirámides-Texcoco, que sería la principal vía de comunicación al aeropuerto.
En lo alto del Tepezingo llevaron a cabo una asamblea donde acordaron la formación de un frente común y la difusión de las luchas de resistencia de cada región del país representadas en la Caravana. Ahí, Marcelina López de la Cruz, del Consejo Indígena Wixarika, ofreció un canto en su lengua materna y una ceremonia tradicional por la defensa del territorio.
"Aquí estamos presentes para darnos la mano y unir nuestras luchas. Aunque estamos lejanos, no se sientan solos, somos hermanos, sentimos el corazón y el dolor, porque todos somos de la misma sangre. Es un orgullo estar con ustedes, con la lucha que representa Atenco, y me duele el corazón porque ustedes han luchado por su terrenos y ahora están siendo devastados, pero juntos vamos a defender a nuestra madre tierra”, expresó Marcelina López.
América del Valle y Martha Pérez, del FPDT, denunciaron que el despojo e invasión de las tierras de los pueblos de Atenco y Texcoco ha sido de manera permanente, así como el asedio y las amenazas han sido constantes hacia los miembros del movimiento atenquense por su oposición al proyecto.
Sostuvieron que pese a las agresiones, el FPDT continuará con la lucha hasta las últimas consecuencias y diciendo: “¡No al aeropuerto de muerte, no al despojo, no a las asambleas ilegales donde están corrompiendo a los propios ejidatarios!”.
Del Valle dijo que los atenquenses, "queremos vivir en paz y para eso estamos defendiendo la tierra y lo que el gobierno ha estado haciendo es corrompiendo a los ejidatarios y hoy ha agraviado a un punto crítico el tejido social. Ha habido mucho agravio en estos 15 años contra el pueblo, pero lo cierto es que estamos haciendo lo correcto para luchar por la tierra; hacemos un bien común, porque no luchamos por un bien personal o mezquino o particular. Defender la tierra es defenderla para todos por nuestro pasado y nuestro futuro”.
La caravana inició su recorrido desde el pasado sábado cuando visitó el poblado de San Francisco Xochicuautla, donde luchan contra la autopista de cuota Toluca-Naucalpan y en defensa del bosque.
También visitó Santiago Tlacotepec y San Francisco Magú. Esta última comunidad lucha por la defensa del bosque y contra los proyectos inmobiliarios depredadores. La Caravana continuará sus actividades durante los próximos días en varios pueblos de la Ciudad de México, Puebla y Morelos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS CESÁREO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/08/destruccion-y-despojo-de-tierra-en-construccion-de-naicm
Los miembros de la Caravana y los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco hicieron un llamado a las organizaciones del país y a los pueblos que sufren el despojo de su patrimonio, para unirse y movilizarse con miras a detener la devastación generada por el proyecto aeroportuario.
"Hay que parar esto porque van a terminar con nuestras tierras. Hay despojos por todas partes del país que provienen del gobierno y de las empresas. Nosotros continuaremos con nuestra lucha. Y les hago un exhorto a que sigan luchando por lo que más quieren: la tierra. Nuestros antepasados sufrieron mucho para darnos un pedacito de tierra y es arbitrario que vengan el gobierno y las empresas a destruir todo y despojen a los pueblos de su patrimonio”, señaló José Santos Barraza Valenzuela, representante indígena Yoreme-Mayo de Sinaloa.
América del Valle, dirigente del FPDT, afirmó que se puede construir un gran movimiento de resistencia y enarbolar una lucha con capacidad para derribar decisiones “impuestas” por unos cuantos que afectan a millones, como la edificación del NAICM. “Nuestras armas son la razón, la capacidad de organizarnos, de unirnos, de creer en que lo justo es más que defendible”, dijo.
Los integrantes de la Caravana (Representantes indígenas Joremes-Mayos de Sinaloa, del Consejo Indígena Xijarica, de Comunidades indígenas de Michoacán, de la Agrupación Un Salto de la Vida de Jalisco y de Chiapas) recorrieron por la mañana los campos de cultivo de los campesinos de Atenco.
Visitaron los terrenos del cerro del Tepezingo y sus caminos, justo en los límites donde se construyó la barda perimetral del NAICM y donde se realizan las obras de edificación de la autopista Pirámides-Texcoco, que sería la principal vía de comunicación al aeropuerto.
En lo alto del Tepezingo llevaron a cabo una asamblea donde acordaron la formación de un frente común y la difusión de las luchas de resistencia de cada región del país representadas en la Caravana. Ahí, Marcelina López de la Cruz, del Consejo Indígena Wixarika, ofreció un canto en su lengua materna y una ceremonia tradicional por la defensa del territorio.
"Aquí estamos presentes para darnos la mano y unir nuestras luchas. Aunque estamos lejanos, no se sientan solos, somos hermanos, sentimos el corazón y el dolor, porque todos somos de la misma sangre. Es un orgullo estar con ustedes, con la lucha que representa Atenco, y me duele el corazón porque ustedes han luchado por su terrenos y ahora están siendo devastados, pero juntos vamos a defender a nuestra madre tierra”, expresó Marcelina López.
América del Valle y Martha Pérez, del FPDT, denunciaron que el despojo e invasión de las tierras de los pueblos de Atenco y Texcoco ha sido de manera permanente, así como el asedio y las amenazas han sido constantes hacia los miembros del movimiento atenquense por su oposición al proyecto.
Sostuvieron que pese a las agresiones, el FPDT continuará con la lucha hasta las últimas consecuencias y diciendo: “¡No al aeropuerto de muerte, no al despojo, no a las asambleas ilegales donde están corrompiendo a los propios ejidatarios!”.
Del Valle dijo que los atenquenses, "queremos vivir en paz y para eso estamos defendiendo la tierra y lo que el gobierno ha estado haciendo es corrompiendo a los ejidatarios y hoy ha agraviado a un punto crítico el tejido social. Ha habido mucho agravio en estos 15 años contra el pueblo, pero lo cierto es que estamos haciendo lo correcto para luchar por la tierra; hacemos un bien común, porque no luchamos por un bien personal o mezquino o particular. Defender la tierra es defenderla para todos por nuestro pasado y nuestro futuro”.
La caravana inició su recorrido desde el pasado sábado cuando visitó el poblado de San Francisco Xochicuautla, donde luchan contra la autopista de cuota Toluca-Naucalpan y en defensa del bosque.
También visitó Santiago Tlacotepec y San Francisco Magú. Esta última comunidad lucha por la defensa del bosque y contra los proyectos inmobiliarios depredadores. La Caravana continuará sus actividades durante los próximos días en varios pueblos de la Ciudad de México, Puebla y Morelos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS CESÁREO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/08/destruccion-y-despojo-de-tierra-en-construccion-de-naicm
jueves, 15 de septiembre de 2016
En riesgo 130 comunidades por gasoducto Tuxpan
Ciudad de México | Desinformémonos. El agua, la tierra y la vida de 130 comunidades originarias están en riesgo por la construcción del Gasoducto Tuxpan-Tula, a cargo de la empresa multinacional TransCanada, denunciaron mujeres de origen ñha ñhú integradas en el Consejo Xagu Yamui por la defensa de la Sierra de Hidalgo y Puebla.
Tan sólo en la zona indígena del municipio de Pahuatlán, se intentan destruir más de 600 hectáreas del Bosque Mesófilo de Montaña, reserva ecológica de la que sólo queda menos del 1 por ciento en México, resaltó el Consejo.
“Si la empresa quiere construir su gasoducto, por qué no lo hace allá, en Canadá, no en nuestras tierras”, reclamó.
Las mujeres responsabilizaron al alcalde de Pahuatlán, Arturo Hernández Santos, de amenazar a los habitantes de las comunidades luego de advertirles que el gasoducto pasará por sus tierras, a pesar de que no hubo consulta previa a los pueblos sobre su construcción.
Agregaron que Hernández Santos declaró que “el gasoducto pasa, porque pasa”, así como que “está a favor de la empresa y el gobierno, porque el gasoducto es la puerta de muchos proyectos por llegar a la comunidad”.
Por su parte, en el pueblo de Montellano el gasoducto atravesará las tierras de al menos 80 familias, las cuales organizaron una resistencia contra el proyecto que procede de Veracruz.
El Consejo Xagu Yamui demandó a los gobiernos estatal y federal que respete la consulta previa a los pueblos indígenas sobre los proyectos previstos para la instalación en sus tierras, tal como marcan los tratados internacionales a los que se encuentra suscrito México.
Con información de La Jornada de Oriente
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/en-riesgo-130-comunidades-por-gasoducto-tuxpan/
Tan sólo en la zona indígena del municipio de Pahuatlán, se intentan destruir más de 600 hectáreas del Bosque Mesófilo de Montaña, reserva ecológica de la que sólo queda menos del 1 por ciento en México, resaltó el Consejo.
“Si la empresa quiere construir su gasoducto, por qué no lo hace allá, en Canadá, no en nuestras tierras”, reclamó.
Las mujeres responsabilizaron al alcalde de Pahuatlán, Arturo Hernández Santos, de amenazar a los habitantes de las comunidades luego de advertirles que el gasoducto pasará por sus tierras, a pesar de que no hubo consulta previa a los pueblos sobre su construcción.
Agregaron que Hernández Santos declaró que “el gasoducto pasa, porque pasa”, así como que “está a favor de la empresa y el gobierno, porque el gasoducto es la puerta de muchos proyectos por llegar a la comunidad”.
Por su parte, en el pueblo de Montellano el gasoducto atravesará las tierras de al menos 80 familias, las cuales organizaron una resistencia contra el proyecto que procede de Veracruz.
El Consejo Xagu Yamui demandó a los gobiernos estatal y federal que respete la consulta previa a los pueblos indígenas sobre los proyectos previstos para la instalación en sus tierras, tal como marcan los tratados internacionales a los que se encuentra suscrito México.
Con información de La Jornada de Oriente
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/en-riesgo-130-comunidades-por-gasoducto-tuxpan/
martes, 13 de septiembre de 2016
El Gobierno federal planea talar 1,683 árboles para imponer a CdMx un viaducto, y de cuota
La Unión de Vecinos por el Único Corredor Verde de Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, denunció que la construcción del viaducto de cuota La Raza–Indios Verdes–Santa Clara representa la tala de mil 683 árboles a lo largo de 15 colonias. De acuerdo con los integrantes de esa organización ciudadana, la obra licitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes – sin que se realizara una consulta a los ciudadanos– favorecerá a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), sólo favorecerá a la empresa y no resolverá el problema de tránsito que aqueja a esa zona.
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La construcción del viaducto de cuota La Raza–Indios Verdes–Santa Clara afectará directamente a más de un millón y medio de personas de 15 diferentes colonias al norte de la Ciudad de México y parte del Estado de México, ya que contempla la tala de mil 683 árboles, denunció la Unión de Vecinos por el Único Corredor Verde de Insurgentes Norte.
Ulises Velasco, integrante de la Unión, dijo en entrevista para SinEmbargo que dicha obra no supone un beneficio para la población, ya que no solucionará los problemas de tránsito vehicular. En cambio, destacó, a quienes sí favorecerá es a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) y a las autoridades federales y capitalinas.
En abril pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó sobre la adjudicación del proyecto –con costo de 4 mil millones de pesos– a la empresa Pinfra para “su diseño, construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento”.
Hace apenas dos semanas, la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó que el proyecto se encuentra sometido al procedimiento de evaluación del impacto ambiental por la construcción en un Área Natural Protegida de competencia federal.
De acuerdo con la Unión de Vecinos, el único corredor verde con que cuenta el norte de la capital está compuesto por 7 mil 342 árboles de 61 especies diferentes, algunos con alturas de más de ocho metros.
Carolina Velázquez, miembro del colectivo vecinal, denunció que de los mil 683 árboles que la empresa planea derribar, mil 639 pertenecen al área de la Ciudad de México y los 44 restantes se encuentran en el Edomex. También reconoció que, de acuerdo con la empresa, se pretende llevar a cabo la restitución de más de 5 mil ejemplares, la representante de vecinos destacó que “nada garantiza que lo hagan”.
Otra de las principales denuncias de los colonos de Guadalupe Insurgentes, Industrial, Lindavista, El Arenal, Vallejo, Panamericana, Tepeyac Insurgentes, Santa Isabel Tola, Calpultitlán, parte de Vallejo, entre otras, es la falta de una consulta por parte de las autoridades para saber si los posibles afectados están a favor o en contra de la construcción.
Los inconformes informaron que ingresaron solicitudes para que se haga una consulta pública por parte de la Semarnat. Al mismo tiempo han solicitado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) intervenir en el caso.
Asimismo, la vecina inconforme denunció que las autoridades federales han guardado silencio.
“Ni las autoridades de la Ciudad de México ni las federales se han dignado a avisar y a preguntar a los vecinos sobre un proyecto de esta magnitud. El silencio absoluto de las autoridades es el colmo”, reclamó.
¿CÓMO DAÑARÁ LA OBRA A LOS CIUDADANOS?
Entre otros beneficios, el corredor ambiental compuesto por aproximadamente 5 kilómetros de arbolado, según vecinos, permite la absorción y filtración de miles de metros cúbicos de agua cada año, además de ayudar a contribuir en la mitigación del problema de contaminación y ruido que se vive en la capital mexicana, así como brindar sombra.
“Al talar los árboles no sólo se le arranca un pedazo de belleza a la ciudad, no sólo la hacen más fea, también más calurosa y ruidosa. Las copas de los árboles y su humedad reducen la temperatura y la difusión del sonido; el concreto producirá más ruido y contaminación auditiva”, alertan los vecinos en su blog.
GOBIERNO FAVORECE EL INTERÉS PRIVADO SOBRE EL PÚBLICO
La responsabilidad de las autoridades es pensar por el bienestar de la gente y no buscar hacer negocio –dijo Velasco– y “aquí no parece que sea así. Esto parece ser un proyecto que se es negocio para una empresa y para el propio Gobierno, quien dio la concesión. Ellos van a ganar mucho dinero y van a generar un problema para la sociedad”.
Velázquez narró a este medio que los vecinos notaron que los árboles del corredor habían sido numerados, por lo que organizaron una asamblea a la que se presentaron habitantes de la colonia Santa Isabel Tola, quienes señalaron que en aquel lugar la obra ya se ejecutaba.
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO SE OPONE
Recientemente, José Augusto Velázquez Ibarra, Director General de Jurídico y Gobierno en la Delegación Gustavo A. Madero acudió en representación del Jefe de Gobierno Victor Hugo Lobo Román, para conversar con los vecinos inconformes y asegurarles que las autoridades están en contra del proyecto.
Los funcionarios de la Gustavo A. Madero acudieron a la SCT para entregar un documento dirigido a Gerardo Ruiz Esparza, donde emiten su postura y aseguran apoyar a los habitantes de las colonias afectadas que se oponen a la construcción mencionada.
FUENTE: SIN EMBARGO MX
AUTOR: IVETTE LIRA
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2016/3091121
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La construcción del viaducto de cuota La Raza–Indios Verdes–Santa Clara afectará directamente a más de un millón y medio de personas de 15 diferentes colonias al norte de la Ciudad de México y parte del Estado de México, ya que contempla la tala de mil 683 árboles, denunció la Unión de Vecinos por el Único Corredor Verde de Insurgentes Norte.
Ulises Velasco, integrante de la Unión, dijo en entrevista para SinEmbargo que dicha obra no supone un beneficio para la población, ya que no solucionará los problemas de tránsito vehicular. En cambio, destacó, a quienes sí favorecerá es a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) y a las autoridades federales y capitalinas.
En abril pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó sobre la adjudicación del proyecto –con costo de 4 mil millones de pesos– a la empresa Pinfra para “su diseño, construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento”.
“Será un viaducto de cuota que definitivamente no resuelve el problema de vialidad. [Las autoridades federales] siguen dándole prioridad al automóvil, y no es una alternativa que pueda mitigar el problema del tránsito porque no es de transporte público. Si tú generas una gran estructura para el paso de automóviles promueves su uso, lo que es una forma muy discriminatoria para el resto de la población”, puntualizó Velasco.
Hace apenas dos semanas, la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó que el proyecto se encuentra sometido al procedimiento de evaluación del impacto ambiental por la construcción en un Área Natural Protegida de competencia federal.
De acuerdo con la Unión de Vecinos, el único corredor verde con que cuenta el norte de la capital está compuesto por 7 mil 342 árboles de 61 especies diferentes, algunos con alturas de más de ocho metros.
Carolina Velázquez, miembro del colectivo vecinal, denunció que de los mil 683 árboles que la empresa planea derribar, mil 639 pertenecen al área de la Ciudad de México y los 44 restantes se encuentran en el Edomex. También reconoció que, de acuerdo con la empresa, se pretende llevar a cabo la restitución de más de 5 mil ejemplares, la representante de vecinos destacó que “nada garantiza que lo hagan”.
Otra de las principales denuncias de los colonos de Guadalupe Insurgentes, Industrial, Lindavista, El Arenal, Vallejo, Panamericana, Tepeyac Insurgentes, Santa Isabel Tola, Calpultitlán, parte de Vallejo, entre otras, es la falta de una consulta por parte de las autoridades para saber si los posibles afectados están a favor o en contra de la construcción.
Los inconformes informaron que ingresaron solicitudes para que se haga una consulta pública por parte de la Semarnat. Al mismo tiempo han solicitado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) intervenir en el caso.
Asimismo, la vecina inconforme denunció que las autoridades federales han guardado silencio.
“Ni las autoridades de la Ciudad de México ni las federales se han dignado a avisar y a preguntar a los vecinos sobre un proyecto de esta magnitud. El silencio absoluto de las autoridades es el colmo”, reclamó.
¿CÓMO DAÑARÁ LA OBRA A LOS CIUDADANOS?
Entre otros beneficios, el corredor ambiental compuesto por aproximadamente 5 kilómetros de arbolado, según vecinos, permite la absorción y filtración de miles de metros cúbicos de agua cada año, además de ayudar a contribuir en la mitigación del problema de contaminación y ruido que se vive en la capital mexicana, así como brindar sombra.
“Al talar los árboles no sólo se le arranca un pedazo de belleza a la ciudad, no sólo la hacen más fea, también más calurosa y ruidosa. Las copas de los árboles y su humedad reducen la temperatura y la difusión del sonido; el concreto producirá más ruido y contaminación auditiva”, alertan los vecinos en su blog.
“El mayor problema, al techar esto, es que se eliminaría el área verde y desde luego, generará problemas de mayor contaminación”, advirtió Velasco.Por ello, hizo un llamado a los capitalinos a no permitir que las áreas verdes sean “vendidas” porque “son nuestras. No a la privatización de espacios públicos”, urgió.
GOBIERNO FAVORECE EL INTERÉS PRIVADO SOBRE EL PÚBLICO
La responsabilidad de las autoridades es pensar por el bienestar de la gente y no buscar hacer negocio –dijo Velasco– y “aquí no parece que sea así. Esto parece ser un proyecto que se es negocio para una empresa y para el propio Gobierno, quien dio la concesión. Ellos van a ganar mucho dinero y van a generar un problema para la sociedad”.
“Con la mayoría de las obras en la CdMx, pareciera que todo está orientado a un gran negocio, creo que la mayor parte de la población lo percibe así”, subrayó.De acuerdo con el testimonio de vecinos de algunas colonia afectadas, las obras ya han comenzado, aunque –señalan– el Gobierno asegura que no es así.
Velázquez narró a este medio que los vecinos notaron que los árboles del corredor habían sido numerados, por lo que organizaron una asamblea a la que se presentaron habitantes de la colonia Santa Isabel Tola, quienes señalaron que en aquel lugar la obra ya se ejecutaba.
“En 2011, la gente se organizó para parar la obra. Indagaron y supieron que era el proyecto de Viaducto elevado desde La Raza hasta Santa Clara y que una parte pasaba por Santa Isabel Tola. Ellos no lograron parar el proyecto, pero sí evitar que pasara por su colonia porque tienen árboles protegidos”, comentó.
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO SE OPONE
Recientemente, José Augusto Velázquez Ibarra, Director General de Jurídico y Gobierno en la Delegación Gustavo A. Madero acudió en representación del Jefe de Gobierno Victor Hugo Lobo Román, para conversar con los vecinos inconformes y asegurarles que las autoridades están en contra del proyecto.
“No llegó el Delegado, fue el Director de Jurídico y Gobierno a decirnos que se habían manifestado en contra y cuando se le pidieron las pruebas, mostró una serie de recortes de periódico con notas informativas”, dijo Velázquez.
Incluso, la delegación emitió un comunicado la semana pasada donde anunció que las autoridades delegacionales y vecinos de 5 de las 15 colonias afectadas, rechazan dicha construcción “por considerar que afecta gravemente a la ecología y al entorno urbano, además de que no se consultó a la ciudadanía ni se le informó sobre el impacto social y ambiental de la obra”.
Los funcionarios de la Gustavo A. Madero acudieron a la SCT para entregar un documento dirigido a Gerardo Ruiz Esparza, donde emiten su postura y aseguran apoyar a los habitantes de las colonias afectadas que se oponen a la construcción mencionada.
FUENTE: SIN EMBARGO MX
AUTOR: IVETTE LIRA
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2016/3091121
lunes, 15 de agosto de 2016
Los pueblos yaqui, zapoteco y maya se unen contra megaproyectos
Integrantes de los pueblos yaqui, zapoteco y maya se unirán para impulsar la defensa de su territorio frente a los megaproyectos en comunidades indígenas.
En el marco del Encuentro sobre experiencias de consulta indígena entre los pueblos yaqui, zapoteca y maya, realizado el pasado 13 de agosto en Hopelchén, Campeche, representantes de comunidades originarias exigieron a Enrique Peña Nieto el respeto a la autonomía, al libre desarrollo y a la consulta previa, libre e informada sobre los proyectos eólicos, mineros e hidroeléctricos que pretenden imponerse en territorio indígena.
A través de un pronunciamiento, representantes indígenas como Bettina Cruz Velázquez (Oaxaca) y Mario Luna (Sonora) advierten que de concretarse dichos proyectos, además de los impactos en su flora y fauna, verían trastocados también su alimentación, economía y el tejido social que por siglos han preservado.
En ese sentido, demandan al gobierno federal “el reconocimiento y respeto a su diversidad cultural; definir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo; participar en el establecimiento, la ejecución y la evaluación de los planes y programas para el desarrollo nacional y regional”.
Los pueblos reunidos demandaron el respeto al artículo 2 de la Constitución y a los Convenios y Tratados Internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para ejercer su derecho a la autodeterminación, a la información adecuada, y a sus sistemas normativos; y a cesar las agresiones y criminalización en su contra por defender sus bosques, agua o aire.
El documento fue firmado por integrantes del pueblo zapoteca de Juchitán, Oaxaca; del pueblo maya del estado de Campeche; el Secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam de la tribu yaqui; el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.; el Comité del municipio de Tenzbo y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, quienes se organizarán con otros pueblos indígenas de México que también están viendo amenazado su territorio por la imposición de megaproyectos.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/los-pueblos-yaqui-zapoteco-y-maya-se-unen-contra-megaproyectos/
En el marco del Encuentro sobre experiencias de consulta indígena entre los pueblos yaqui, zapoteca y maya, realizado el pasado 13 de agosto en Hopelchén, Campeche, representantes de comunidades originarias exigieron a Enrique Peña Nieto el respeto a la autonomía, al libre desarrollo y a la consulta previa, libre e informada sobre los proyectos eólicos, mineros e hidroeléctricos que pretenden imponerse en territorio indígena.
A través de un pronunciamiento, representantes indígenas como Bettina Cruz Velázquez (Oaxaca) y Mario Luna (Sonora) advierten que de concretarse dichos proyectos, además de los impactos en su flora y fauna, verían trastocados también su alimentación, economía y el tejido social que por siglos han preservado.
En ese sentido, demandan al gobierno federal “el reconocimiento y respeto a su diversidad cultural; definir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo; participar en el establecimiento, la ejecución y la evaluación de los planes y programas para el desarrollo nacional y regional”.
Los pueblos reunidos demandaron el respeto al artículo 2 de la Constitución y a los Convenios y Tratados Internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para ejercer su derecho a la autodeterminación, a la información adecuada, y a sus sistemas normativos; y a cesar las agresiones y criminalización en su contra por defender sus bosques, agua o aire.
El documento fue firmado por integrantes del pueblo zapoteca de Juchitán, Oaxaca; del pueblo maya del estado de Campeche; el Secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam de la tribu yaqui; el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.; el Comité del municipio de Tenzbo y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, quienes se organizarán con otros pueblos indígenas de México que también están viendo amenazado su territorio por la imposición de megaproyectos.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/los-pueblos-yaqui-zapoteco-y-maya-se-unen-contra-megaproyectos/
martes, 12 de julio de 2016
Mujeres zapotecas derriban mojonera de empresa minera al grito de: ¡No a la mina, sí a la vida!
Desinformémonos| Ciudad de México. 12/07/2016.- Mujeres zapotecas derriban mojoneras de empresa minera en Ixtepec, Oaxaca, para evitar daños al medio ambiente así como a las zonas arqueológicas: El Carrizal, Zopiloapan y Bacuana, consideradas sitios sagrados y por violar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pues no se consultó a la población, ante lo cual, defensoras y defensores de la tierra y el territorio solicitaron un amparo preventivo, avalado por 4 mil firmas de 37 barrios y suscrita por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, cuyo fin es saber qué autoridad permitió la explotación de la zona, “este territorio lo queremos libre de minería”, afirmaron.
En rechazo a la mina Prospecto Ixtepec, la población del lugar se sumo a la protesta en la que destruyeron con marros y barretas una de las cinco mojoneras del consorcio Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, que obtuvo en el año 2008 una concesión para extraer minerales del lote denominado Niza. Mediante esta concesión, con el número T-232089, en 8 mil 150 hectáreas, la empresa pretende extraer oro y plata a cielo abierto.
Al respecto, Rubén Valencia, representante del Comité Ixtepecano en Defensa de la Tierra y el Territorio, informó que Plata Real ya obtuvo 50 por ciento de los requisitos para comenzar a explotar la zona, pero aún le faltan los más importantes: el acta de cabildo y un acta de asamblea comunal.
La mojonera, que es una estructura pequeña de concreto que sirve como punto de referencia, coordenada y/o punto de referencia durante un levantamiento topográfico, que destruida estaba en un camino conocido como Chibaguii al que acudieron unas 20 camionetas de defensoras y defensores de la tierra acompañados de población de la región que llevó pancartas que decían “¡No a la mina, sí a la vida!”.
Desde el año 2014, la población ratificó el acuerdo de impedir la actividad minera junto autoridades agrarias zoques y zapotecas y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec al suscribir la “Declaratoria de Zanatepec”, en contra de la minería, el Comité argumentó que con la explotación minera en los cerros de Banderilla, Nisa Bidxhichi, Cerro Tablón y Cerro Taberna, los vientos azotarían con mayor intensidad, además de la contaminación del aire y agua por cianuro y arsénico utilizado para la extracción de minerales, afectando no solamente a Ciudad Ixtepec sino a municipios vecinos como Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán y Xadani, así como a territorio Ikoots en las lagunas marinas del golfo, informaron en su momento medios locales.
Para hacer frente a la mina, fueron mujeres zapotecas de Ixtepec las primeras en tomar las herramientas para destruir la mojonera de concreto que medía aproximadamente 50 centímetros cuadrados, que tenía inscrito el número de lote y la cantidad de hectáreas. Estas mojoneras fueron halladas la semana pasada por integrantes del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio lo cual fue informado a la población con el nombre de la empresa inscrito en ellas (minera Plata Real) así como el total de hectáreas a explotar, por lo que la comunidad tomó la decisión de destruirlas.
Dicha concesión minera cuenta con un título de número 232089 y fue otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 por lo que mediante el “Manifiesto Zapoteca en contra de la minería en Ixtepec” el Comité fijó la postura de negar el permiso al proyecto minero, con el respaldo de las actas firmadas por las asambleas del Comisariado de Bienes Comunales, la Sociedad Agrícola y la Sociedad Ganadera.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/mujeres-zapotecas-derriban-mojonera-de-empresa-minera-al-grito-de-no-a-la-mina-si-a-la-vida/
En rechazo a la mina Prospecto Ixtepec, la población del lugar se sumo a la protesta en la que destruyeron con marros y barretas una de las cinco mojoneras del consorcio Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, que obtuvo en el año 2008 una concesión para extraer minerales del lote denominado Niza. Mediante esta concesión, con el número T-232089, en 8 mil 150 hectáreas, la empresa pretende extraer oro y plata a cielo abierto.
Al respecto, Rubén Valencia, representante del Comité Ixtepecano en Defensa de la Tierra y el Territorio, informó que Plata Real ya obtuvo 50 por ciento de los requisitos para comenzar a explotar la zona, pero aún le faltan los más importantes: el acta de cabildo y un acta de asamblea comunal.
La mojonera, que es una estructura pequeña de concreto que sirve como punto de referencia, coordenada y/o punto de referencia durante un levantamiento topográfico, que destruida estaba en un camino conocido como Chibaguii al que acudieron unas 20 camionetas de defensoras y defensores de la tierra acompañados de población de la región que llevó pancartas que decían “¡No a la mina, sí a la vida!”.
Desde el año 2014, la población ratificó el acuerdo de impedir la actividad minera junto autoridades agrarias zoques y zapotecas y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec al suscribir la “Declaratoria de Zanatepec”, en contra de la minería, el Comité argumentó que con la explotación minera en los cerros de Banderilla, Nisa Bidxhichi, Cerro Tablón y Cerro Taberna, los vientos azotarían con mayor intensidad, además de la contaminación del aire y agua por cianuro y arsénico utilizado para la extracción de minerales, afectando no solamente a Ciudad Ixtepec sino a municipios vecinos como Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán y Xadani, así como a territorio Ikoots en las lagunas marinas del golfo, informaron en su momento medios locales.
Para hacer frente a la mina, fueron mujeres zapotecas de Ixtepec las primeras en tomar las herramientas para destruir la mojonera de concreto que medía aproximadamente 50 centímetros cuadrados, que tenía inscrito el número de lote y la cantidad de hectáreas. Estas mojoneras fueron halladas la semana pasada por integrantes del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio lo cual fue informado a la población con el nombre de la empresa inscrito en ellas (minera Plata Real) así como el total de hectáreas a explotar, por lo que la comunidad tomó la decisión de destruirlas.
Dicha concesión minera cuenta con un título de número 232089 y fue otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 por lo que mediante el “Manifiesto Zapoteca en contra de la minería en Ixtepec” el Comité fijó la postura de negar el permiso al proyecto minero, con el respaldo de las actas firmadas por las asambleas del Comisariado de Bienes Comunales, la Sociedad Agrícola y la Sociedad Ganadera.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/mujeres-zapotecas-derriban-mojonera-de-empresa-minera-al-grito-de-no-a-la-mina-si-a-la-vida/
martes, 21 de junio de 2016
CECOP, trece años en resistencia contra la presa La Parota
Trece años de resistencia en contra del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota se cumplirán el 28 de julio de 2016; durante ese tiempo se ha templado el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) para continuar la lucha sin desmayo hasta lograr la Cancelación Definitiva del proyecto. Desde ese día emprendimos la defensa de nuestras tierras, el agua del río Papagayo y nuestro territorio que el gobierno trató de arrebatarnos para construir, sin nuestro consentimiento, esa megapresa que habría inundado 17,300 has., desalojado a 25 mil campesinos -comuneros y ejidatarios- y desertificado las tierras de quienes viven río abajo que son más de 80 mil, en un proyecto depredador que abarcaba cinco municipios del estado de Guerrero siendo Acapulco al más afectado en tanto que ahí planearon construir la cortina de la presa y el que tendría el mayor número de desplazados, principalmente comuneros de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, territorio constituido por 47 comunidades; 20 de ellas serían las más afectadas además de los 19 ejidos ubicados río arriba.
Ese 28 de julio de 2003, se detuvo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -para ese entonces empresa paraestatal promotora del proyecto- se le dijo que fuera a hacer su presa a otro lado y que sacara la maquinaria con la que habían iniciado los trabajo seis meses antes, lo que se vio obligada a hacer poco después; de ahí hasta ahora no logró meter nuevamente la maquinaria ni dar inicio a la construcción de la presa. Intentó hacerlo varias veces lo que le fue impedido por los pueblos que, para taparle el paso, instalamos plantones en los caminos que conducían a donde habían iniciado los trabajos; los plantones se instalaron en los cerros, en la entrada de los pueblos o junto al río, fueron 7 plantones resguardados día y noche durante cinco años sobre todo por las compañeras mujeres. Esta acción significó nuestra mayor fortaleza. La CFE intentó pasar varias veces pero fue repelida, ejecutó innumerables actos de provocación lo que generó un estado de constante confrontación además de que rompió el tejido social en el comunal y en los ejidos. La organización alcanzada por el CECOP frenó las provocaciones pero durante ese período cuatro compañeros fueron asesinados y once de nosotros estuvimos presos, llegando al encarcelamiento durante varios días de Marco Antonio Suástegui y de don Francisco Hernández (don Chico) quienes fueron liberados por la fuerza que había alcanzado el movimiento.
Al haber tomado conciencia de que la posesión de las tierras es de los comuneros y ejidatarios y, como decía Doña Margarita, a quien llamábamos la Comandanta: “en nuestras tierras mandamos nosotras y nosotros”, se llegó al convencimiento que para sostener y triunfar en una lucha por el territorio se tiene que tener la posesión y el dominio del territorio. Igualmente importante fue adquirir la confianza en las propias fuerzas, además del convencimiento de que a nosotros y solamente a nosotros nos toca defender nuestras tierras; nadie va a venir a defender lo que a nosotros toca, porque las tierras son nuestras. También aprendimos a enfrentar a las fuerzas represoras, siempre convencidos de que estamos luchando por algo justo que es la defensa de nuestras tierras, el agua y la vida en comunidad. Supimos lo que es enfrentar la violencia de estado y salimos adelante. Nos rodeamos de solidaridad de muchos movimientos y organizaciones hermanas y supimos que nos asiste la razón y que tenemos derechos que deben ser respetados por el Estado. Emprendimos acciones legales en el terreno del derecho ambiental y del derecho agrario; en este último ganamos la nulidad de las asambleas agrarias fraudulentas por medio de las cuales pretendieron iniciar el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. Este triunfo legal sigue vigente, por lo que legalmente la CFE y el gobierno están impedidos a iniciar trabajos de la presa La Parota, pero sobre todo están impedidos por la decisión de los pueblos y la fuerza del movimiento.
Hicimos visible nuestro movimiento a nivel nacional e internacional. Recibimos la visita de relatores de la ONU y de la Sria. Gral. de Amnistía Internacional; denunciamos las agresiones sufridas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y dimos nuestro testimonio frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) en Ginebra, Suiza. Estos organismos internacionales emitieron recomendaciones muy duras al Estado Mexicano, todo en favor de nuestros derechos como campesinos y como pueblos indígenas.
En posteriores escritos expondremos con detalle los distintos momentos de la resistencia, los procesos legales que emprendimos, la represión, la violación de nuestros derechos humanos, las acciones en defensa del territorio y del medioambiente así como las acciones mutuas de solidaridad con organizaciones y movimientos sociales. La integración con afectados por presas en México y Latinoamérica, la formación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la integración a la Red Latinoamericana de Afectados por Represas (REDLAR), la participación en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), en la Red Nacional de Resistencia Civil, el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra y el Territorio y con otros grupos y redes.
Es urgente iniciar un proceso de intercambio de opiniones y propuestas con todos estos movimientos y otros más sobre la situación actual en México y a nivel global en un momento en que, para nosotros, significa un retroceso en todos los niveles. Este momento de crisis generalizada, es cien veces peor que cuando iniciamos nuestra resistencia hace 13 años. Hoy estamos mucho más desprotegidos que antes. Los últimos gobiernos, sobre todo el actual nos han arrebatado nuestros derechos más elementales, los han borrado de la misma Constitución que ha quedado modificada en favor de las empresas depredadoras. Las acciones y compromisos del Estado Mexicano y su gobierno ya no son para proteger al pueblo sino para resguardar los intereses de los negocios de las empresas y los empresarios -como patrones que son de los gobernantes- que lo único que buscan es la acumulación de su riqueza y la multiplicación de sus capitales.
Debemos estar preparados y alertas para cuando comiencen a entrar las empresas, sobre todo trasnacionales a extraer petróleo, gas por medio del fracking y a generar electricidad, y comiencen a ejecutar el despojo de tierras de campesinos e indígenas, amparados esos empresarios por las modificaciones de Peña a la Constitución como parte de la contra-reforma energética y sus leyes secundarias, que consideran a la extracción de hidrocarburos y generación de energía eléctrica como prioritarias, por encima de cualquier otra actividad, ya sea agrícola o de cualquier otro tipo de uso del suelo, por medio de figuras tales como el derecho de paso y servidumbre oficial dando legalidad a la desposesión y el despojo.
Debemos medir la fuerza y dar un nuevo ímpetu a nuestros movimientos frente a un gobierno autoritario y represor que ha decidido emprender una guerra implacable contra los trabajadores, los campesinos y los pobres de todo el país. Estas medidas gubernamentales generarán conflictos cada vez más graves a partir de la imposición de las contra-reformas, como la embestida que lanzaron contra los maestros, particularmente de la CNTE, a quienes pretenden imponer la contra-reforma educativa que vulnera sus derechos laborales utilizando la fuerza desmedida del Estado. En el mismo nivel están colocadas las violaciones a los derechos humanos a través de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura sistemática y generalizada, y las desapariciones forzadas cuyo caso más grave es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En los siguientes escritos, el CECOP expondrá su posición y propuestas frente a la crisis actual a la vez que seguiremos haciendo un recuento y rememoración los 13 años de lucha ejemplar en defensa de la tierra, el territorio, el agua y nuestros Bienes Comunales.
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
13° Aniversario, Julio de 2016.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: CECOP
LINK: http://desinformemonos.org.mx/cecop-trece-anos-en-resistencia-contra-la-presa-la-parota/
Ese 28 de julio de 2003, se detuvo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -para ese entonces empresa paraestatal promotora del proyecto- se le dijo que fuera a hacer su presa a otro lado y que sacara la maquinaria con la que habían iniciado los trabajo seis meses antes, lo que se vio obligada a hacer poco después; de ahí hasta ahora no logró meter nuevamente la maquinaria ni dar inicio a la construcción de la presa. Intentó hacerlo varias veces lo que le fue impedido por los pueblos que, para taparle el paso, instalamos plantones en los caminos que conducían a donde habían iniciado los trabajos; los plantones se instalaron en los cerros, en la entrada de los pueblos o junto al río, fueron 7 plantones resguardados día y noche durante cinco años sobre todo por las compañeras mujeres. Esta acción significó nuestra mayor fortaleza. La CFE intentó pasar varias veces pero fue repelida, ejecutó innumerables actos de provocación lo que generó un estado de constante confrontación además de que rompió el tejido social en el comunal y en los ejidos. La organización alcanzada por el CECOP frenó las provocaciones pero durante ese período cuatro compañeros fueron asesinados y once de nosotros estuvimos presos, llegando al encarcelamiento durante varios días de Marco Antonio Suástegui y de don Francisco Hernández (don Chico) quienes fueron liberados por la fuerza que había alcanzado el movimiento.
Al haber tomado conciencia de que la posesión de las tierras es de los comuneros y ejidatarios y, como decía Doña Margarita, a quien llamábamos la Comandanta: “en nuestras tierras mandamos nosotras y nosotros”, se llegó al convencimiento que para sostener y triunfar en una lucha por el territorio se tiene que tener la posesión y el dominio del territorio. Igualmente importante fue adquirir la confianza en las propias fuerzas, además del convencimiento de que a nosotros y solamente a nosotros nos toca defender nuestras tierras; nadie va a venir a defender lo que a nosotros toca, porque las tierras son nuestras. También aprendimos a enfrentar a las fuerzas represoras, siempre convencidos de que estamos luchando por algo justo que es la defensa de nuestras tierras, el agua y la vida en comunidad. Supimos lo que es enfrentar la violencia de estado y salimos adelante. Nos rodeamos de solidaridad de muchos movimientos y organizaciones hermanas y supimos que nos asiste la razón y que tenemos derechos que deben ser respetados por el Estado. Emprendimos acciones legales en el terreno del derecho ambiental y del derecho agrario; en este último ganamos la nulidad de las asambleas agrarias fraudulentas por medio de las cuales pretendieron iniciar el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. Este triunfo legal sigue vigente, por lo que legalmente la CFE y el gobierno están impedidos a iniciar trabajos de la presa La Parota, pero sobre todo están impedidos por la decisión de los pueblos y la fuerza del movimiento.
Hicimos visible nuestro movimiento a nivel nacional e internacional. Recibimos la visita de relatores de la ONU y de la Sria. Gral. de Amnistía Internacional; denunciamos las agresiones sufridas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y dimos nuestro testimonio frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) en Ginebra, Suiza. Estos organismos internacionales emitieron recomendaciones muy duras al Estado Mexicano, todo en favor de nuestros derechos como campesinos y como pueblos indígenas.
En posteriores escritos expondremos con detalle los distintos momentos de la resistencia, los procesos legales que emprendimos, la represión, la violación de nuestros derechos humanos, las acciones en defensa del territorio y del medioambiente así como las acciones mutuas de solidaridad con organizaciones y movimientos sociales. La integración con afectados por presas en México y Latinoamérica, la formación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la integración a la Red Latinoamericana de Afectados por Represas (REDLAR), la participación en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), en la Red Nacional de Resistencia Civil, el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra y el Territorio y con otros grupos y redes.
Es urgente iniciar un proceso de intercambio de opiniones y propuestas con todos estos movimientos y otros más sobre la situación actual en México y a nivel global en un momento en que, para nosotros, significa un retroceso en todos los niveles. Este momento de crisis generalizada, es cien veces peor que cuando iniciamos nuestra resistencia hace 13 años. Hoy estamos mucho más desprotegidos que antes. Los últimos gobiernos, sobre todo el actual nos han arrebatado nuestros derechos más elementales, los han borrado de la misma Constitución que ha quedado modificada en favor de las empresas depredadoras. Las acciones y compromisos del Estado Mexicano y su gobierno ya no son para proteger al pueblo sino para resguardar los intereses de los negocios de las empresas y los empresarios -como patrones que son de los gobernantes- que lo único que buscan es la acumulación de su riqueza y la multiplicación de sus capitales.
Debemos estar preparados y alertas para cuando comiencen a entrar las empresas, sobre todo trasnacionales a extraer petróleo, gas por medio del fracking y a generar electricidad, y comiencen a ejecutar el despojo de tierras de campesinos e indígenas, amparados esos empresarios por las modificaciones de Peña a la Constitución como parte de la contra-reforma energética y sus leyes secundarias, que consideran a la extracción de hidrocarburos y generación de energía eléctrica como prioritarias, por encima de cualquier otra actividad, ya sea agrícola o de cualquier otro tipo de uso del suelo, por medio de figuras tales como el derecho de paso y servidumbre oficial dando legalidad a la desposesión y el despojo.
Debemos medir la fuerza y dar un nuevo ímpetu a nuestros movimientos frente a un gobierno autoritario y represor que ha decidido emprender una guerra implacable contra los trabajadores, los campesinos y los pobres de todo el país. Estas medidas gubernamentales generarán conflictos cada vez más graves a partir de la imposición de las contra-reformas, como la embestida que lanzaron contra los maestros, particularmente de la CNTE, a quienes pretenden imponer la contra-reforma educativa que vulnera sus derechos laborales utilizando la fuerza desmedida del Estado. En el mismo nivel están colocadas las violaciones a los derechos humanos a través de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura sistemática y generalizada, y las desapariciones forzadas cuyo caso más grave es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En los siguientes escritos, el CECOP expondrá su posición y propuestas frente a la crisis actual a la vez que seguiremos haciendo un recuento y rememoración los 13 años de lucha ejemplar en defensa de la tierra, el territorio, el agua y nuestros Bienes Comunales.
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
13° Aniversario, Julio de 2016.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: CECOP
LINK: http://desinformemonos.org.mx/cecop-trece-anos-en-resistencia-contra-la-presa-la-parota/
lunes, 13 de junio de 2016
Dejaron registro de la transa Toyota-Guanajuato. La base del “negocio”: despojar a ejidatarios
La empresa JAOS & SGB SAPI de C.V. compró predios ejidales en el polígono donde se planeó instalar la planta de Toyota y obtuvo el 300 por ciento de ganancia tras venderlos al Gobierno del estado de Guanajuato, que preside el panista Miguel Márquez Márquez. De acuerdo con una investigación de Zona Franca, medio que tiene copia de los 11 certificados de historia registral inscritos en el Registro Público de la Propiedad del municipio de Apaseo el Grande, los terrenos suman una superficie de 34.11 hectáreas.
León, Guanajuato, 13 de junio (SinEmbargo/Zona Franca).– En una operación sincronizada y planeada que se llevó a cabo entre octubre de 2014 y diciembre de 2015, la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V, compró predios ejidales exactamente en el polígono donde se planeó instalar la planta de Toyota y obtuvo el 300 por ciento de ganancia tras venderlos al Gobierno del estado de Guanajuato.
Como han documentado otras investigaciones periodísticas, Zona Franca constató que las adquisiciones de por lo menos once de esos predios necesarios para la instalación de Toyota, ubicados en la comunidad de Caleras de Ameche en Apaseo el Grande, se realizaron recurriendo a engaños y amenazas a ejidatarios.
Este medio tiene copia de los 11 certificados de historia registral inscritos en el Registro Público de la Propiedad del municipio de Apaseo en Grande en los que aparece la empresa JAOS & SGB, como adquiriente primero y vendedor después. Ellos suman un total de 34.11 hectáreas, aunque no son todas las que la empresa adquirió.
JAOS & SGB desembolsó 42 millones 300 mil 200 pesos por la compra de estos terrenos, es decir que en promedio pagó 124.01 pesos por metro cuadrado, sin embargo recibió 121 millones 846 mil 500 pesos del gobierno estatal, lo que significa una ganancia de 79 millones 546 mil 300 pesos para la empresa, cuyos accionistas son José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes.
Ellos dos trabajaron en la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y posteriormente, junto a Abraham Cherem Mizrahi, fundaron la empresa LASC, que comparte domicilio fiscal con Losrram y cuyos socios, Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi Beraha, fueron quienes financiaron la campaña política de Miguel Márquez Márquez, quien ahora es Gobernador de Guanajuato.
En estas 11 transacciones, el Gobierno de Miguel Márquez Márquez pagó un promedio 357.21 pesos por metro cuadrado a la empresa JAOS & SGB, aun cuando públicamente se anunció que el pago sería de tan sólo 148 pesos, sin hacer distinción alguna.
GANANCIAS MILLONARIAS
Hasta mediados del mes de mayo, en el Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande sólo había constancia de once predios que fueron comprados por JAOS & SGB a ejidatarios de Caleras de Ameche y luego expropiados por el Gobierno estatal.
Dos de estos 11 predios fueron comprados por JAOS & SGB a ejidatarios el 20 de octubre de 2014, a tan sólo tres meses de distancia de la constitución de esta empresa, que se formó el 13 de julio del mismo año y cuyas acciones mayoritarias están a nombre del empresario regiomontano José María Garza Treviño.
Ocho de estas 11 ventas se concretaron hasta diciembre de 2014, mientras que las tres restantes se dieron durante los meses de julio y diciembre de 2015.
En 10 de los 11 casos, el Gobierno de Guanajuato pagó 11 millones 893 mil 100 pesos por cada uno de los predios comprados a JAOS & SGB, sin importar que hubiera una diferencia en la extensión de éstos, considerando que se pagó lo mismo por uno de 0.43 hectáreas que por uno de 7.14 hectáreas.
En todos los casos de venta, consta que ante el notario público la transacción se hizo entre los respectivos ejidatarios y Santiago Germán Bordes como representante de la empresa JAOS & SGB.
El 20 de octubre de 2014, la empresa JAOS & SGB compró dos predios a Víctor Trejo Hernández, el primero de 0.43 hectáreas y el segundo de 1.44 hectáreas; pese a la diferencia en extensión de estos terrenos, la empresa pagó 1 millón 200 mil pesos cada uno. Estos cambios de propiedad quedaron asentados bajo los folios 43618 y 2165 ante el Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande.
Ambos terrenos fueron expropiados el pasado 3 de febrero de 2016 por el Gobierno de Guanajuato a JAOS & SGB y por cada uno de ellos pagó 11 millones 893 mil 100 pesos, es decir, la empresa recibió una ganancia de 21 millones 386 mil 200 pesos.
Entre noviembre y diciembre de 2014, JAOS & SGB logró la compra de otros seis predios a ejidatarios de Caleras de Ameche, por los que en conjunto pagó 26 millones 600 mil 200 pesos y tras vender al Gobierno de Guanajuato recibió 71 millones 358 mil 600 pesos, obteniéndose una ganancia para la empresa de 44 millones 758 mil 400 pesos.
Dos de estos seis terrenos fueron comprados a Mauro Rodríguez Rubio. El primero de ellos quedó registrado con el folio 43617 y tiene una extensión de 2.33 hectáreas y el segundo bajo el folio 26.09 por una extensión de 7.14 hectáreas.
Por cada uno de ellos JAOS & SGB pagó a Mauro Rodríguez Rubio la cantidad de 5 millones 200 mil pesos, y el Gobierno estatal le pagó a la empresa la suma de 23 millones 786 mil 200 pesos, es decir 11 millones 893 mil 100 pesos por terreno.
Abel López Parra también vendió a JAOS & SGB dos propiedades, la primera foliada con el número 43619 por 0.66 hectáreas y la segunda con el folio 2162 por 1.99 hectáreas. En suma la empresa regiomontana pagó 3 millones 300 mil pesos, es decir 1 millón 650 mil por predio.
Al igual que en los casos anteriores, JAOS & SGB recibió del gobierno de Guanajuato 11 millones 983 mil 100 pesos por cada expropiación.
Pueblito Sánchez Gómez vendió dos propiedades a JAOS & SGB, la primera en noviembre de 2014 que quedó asentada con el folio 3012 con una extensión de 6.65 hectáreas y la segunda en julio de 2015, que tuvo una extensión de 2.38 hectáreas. Por cada una JAOS & SGB pagó 6 millones 100 mil pesos y recibió del gobierno de Guanajuato 11 millones 893 mil 100 pesos por indemnización.
En diciembre de 2014, Espiridion Ochoa Rojas vendió 6.74 hectáreas y en julio de 2015 volvió a vender 2.35 hectáreas a JAOS & SGB, por cada una recibió 7 millones de pesos y posteriormente, JAOS & SGB obtuvo 11 millones 893 mil 100 pesos del gobierno estatal.
La última propiedad se vendió en diciembre de 2015, según consta en el Registro Público de Apaseo el Grande, y quedó asentada con el folio 6441. Esta tiene una extensión de dos hectáreas que fueron compradas por JAOS & SGB a Elpidio Rodríguez Acosta por el monto de 200 mil pesos y revendidas en 2 millones 915 mil 500 pesos al Gobierno de Guanajuato.
GOBIERNO PAGA A JAOS MÁS DEL DOBLE
JAOS & SGB UTILIZA AMENAZAS PARA COMPRAR
En 2014, justo tras su conformación, Santiago Germán Bordes y José Antonio Ortega Serrano acudieron hasta Caleras de Ameche para empezar con la compra de los terrenos.
Francisco Ramírez, quien es tesorero del Ejido de Caleras de Ameche y quien fue uno de los que se resistió a vender a JAOS & SGB, expuso que Santiago y José Antonio se hacían pasar en un principio por ejidatarios para lograr la compra de los terrenos.
Sospechosamente, en diciembre de 2014 el suministro de agua para el pozo del ejido fue interrumpido y según Francisco Ramírez, esto fue interpretado por los ejidatarios como una manera de presión de parte de Santiago y Juan Antonio para que comenzara la venta de propiedades.
Tras las primeras compras, Santiago y José Antonio se unieron como ejidatarios y acudían a las reuniones que se realizaban, ahí aprovecharon para conocer a los otros propietarios a quienes acosaban en sus terrenos para pedir que vendieran:
Pueblito Rubio, dijo que todo el proceso de compra-venta con la empresa JAOS & SGB se hizo de una manera discrecional y dando información a cuentagotas a los ejidatarios.
Francisco Ramírez dijo que la insistencia de Juan y Santiago por realizar las compras era tal que hasta le ofrecieron 300 mil pesos por cada ejidatario que lograra convencer, pero él siempre se negó.
Francisco Ramírez, junto a otros 19 propietarios se negaron a vender a JAOS & SGB la suma de aproximadamente 180 hectáreas, mismas que ya están siendo compradas directamente por el Gobierno de Guanajuato.
Ramírez, quien fue uno de los primeros en denunciar la intervención de JAOS & SGB, explicó a Zona Franca que el Gobernador Miguel Márquez Márquez se entrevistó personalmente con quienes habían decidido no vender, para explicarles que necesitaban esos terrenos o se pondría en riesgo la llegada de la empresa Toyota.
El ejidatario dijo que en esa reunión se acordó un precio de 148 pesos por metro cuadrado, y que se les pagaría una cantidad extra dependiendo si en los terrenos había pozos y tenían algún tipo de construcción, siempre y cuando decidieran vender a la brevedad y evitaran hablar sobre JAOS & SGB.
Alrededor de 10 de estas 20 compras ya fueron cerradas por el Gobierno del estado y el resto estarán por concretarse en los próximos días.
UN TERRENO, VARIAS FORMAS DE COMPRAR
El Gobierno de Guanajuato requiere de 607 hectáreas para la instalación de Toyota, de las cuales 132 serán expropiadas directamente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues no fueron desagregadas del ejido.
Otras 180 hectáreas sí están siendo compradas directamente por el Gobierno de Guanajuato a ejidatarios de Caleras de Ameche.
El resto, es decir 295 hectáreas son las que debió comprar JAOS & SGB con bastante tiempo de antelación para poder asegurar su ganancia millonaria.
https://www.scribd.com/doc/315470830/43621-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470828/43620-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470826/43619-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470823/43618-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470820/43617-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470819/6441-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470815/3012-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470812/2609-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470808/2165-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470806/2162-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470804/2160-pdf
FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: CORMEN MARTINEZ - REDACCIÓN
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-06-2016/3053381
León, Guanajuato, 13 de junio (SinEmbargo/Zona Franca).– En una operación sincronizada y planeada que se llevó a cabo entre octubre de 2014 y diciembre de 2015, la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V, compró predios ejidales exactamente en el polígono donde se planeó instalar la planta de Toyota y obtuvo el 300 por ciento de ganancia tras venderlos al Gobierno del estado de Guanajuato.
Como han documentado otras investigaciones periodísticas, Zona Franca constató que las adquisiciones de por lo menos once de esos predios necesarios para la instalación de Toyota, ubicados en la comunidad de Caleras de Ameche en Apaseo el Grande, se realizaron recurriendo a engaños y amenazas a ejidatarios.
Este medio tiene copia de los 11 certificados de historia registral inscritos en el Registro Público de la Propiedad del municipio de Apaseo en Grande en los que aparece la empresa JAOS & SGB, como adquiriente primero y vendedor después. Ellos suman un total de 34.11 hectáreas, aunque no son todas las que la empresa adquirió.
JAOS & SGB desembolsó 42 millones 300 mil 200 pesos por la compra de estos terrenos, es decir que en promedio pagó 124.01 pesos por metro cuadrado, sin embargo recibió 121 millones 846 mil 500 pesos del gobierno estatal, lo que significa una ganancia de 79 millones 546 mil 300 pesos para la empresa, cuyos accionistas son José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes.
Ellos dos trabajaron en la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y posteriormente, junto a Abraham Cherem Mizrahi, fundaron la empresa LASC, que comparte domicilio fiscal con Losrram y cuyos socios, Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi Beraha, fueron quienes financiaron la campaña política de Miguel Márquez Márquez, quien ahora es Gobernador de Guanajuato.
En estas 11 transacciones, el Gobierno de Miguel Márquez Márquez pagó un promedio 357.21 pesos por metro cuadrado a la empresa JAOS & SGB, aun cuando públicamente se anunció que el pago sería de tan sólo 148 pesos, sin hacer distinción alguna.
GANANCIAS MILLONARIAS
Hasta mediados del mes de mayo, en el Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande sólo había constancia de once predios que fueron comprados por JAOS & SGB a ejidatarios de Caleras de Ameche y luego expropiados por el Gobierno estatal.
Dos de estos 11 predios fueron comprados por JAOS & SGB a ejidatarios el 20 de octubre de 2014, a tan sólo tres meses de distancia de la constitución de esta empresa, que se formó el 13 de julio del mismo año y cuyas acciones mayoritarias están a nombre del empresario regiomontano José María Garza Treviño.
Ocho de estas 11 ventas se concretaron hasta diciembre de 2014, mientras que las tres restantes se dieron durante los meses de julio y diciembre de 2015.
En 10 de los 11 casos, el Gobierno de Guanajuato pagó 11 millones 893 mil 100 pesos por cada uno de los predios comprados a JAOS & SGB, sin importar que hubiera una diferencia en la extensión de éstos, considerando que se pagó lo mismo por uno de 0.43 hectáreas que por uno de 7.14 hectáreas.
En todos los casos de venta, consta que ante el notario público la transacción se hizo entre los respectivos ejidatarios y Santiago Germán Bordes como representante de la empresa JAOS & SGB.
El 20 de octubre de 2014, la empresa JAOS & SGB compró dos predios a Víctor Trejo Hernández, el primero de 0.43 hectáreas y el segundo de 1.44 hectáreas; pese a la diferencia en extensión de estos terrenos, la empresa pagó 1 millón 200 mil pesos cada uno. Estos cambios de propiedad quedaron asentados bajo los folios 43618 y 2165 ante el Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande.
Ambos terrenos fueron expropiados el pasado 3 de febrero de 2016 por el Gobierno de Guanajuato a JAOS & SGB y por cada uno de ellos pagó 11 millones 893 mil 100 pesos, es decir, la empresa recibió una ganancia de 21 millones 386 mil 200 pesos.
Entre noviembre y diciembre de 2014, JAOS & SGB logró la compra de otros seis predios a ejidatarios de Caleras de Ameche, por los que en conjunto pagó 26 millones 600 mil 200 pesos y tras vender al Gobierno de Guanajuato recibió 71 millones 358 mil 600 pesos, obteniéndose una ganancia para la empresa de 44 millones 758 mil 400 pesos.
Dos de estos seis terrenos fueron comprados a Mauro Rodríguez Rubio. El primero de ellos quedó registrado con el folio 43617 y tiene una extensión de 2.33 hectáreas y el segundo bajo el folio 26.09 por una extensión de 7.14 hectáreas.
Por cada uno de ellos JAOS & SGB pagó a Mauro Rodríguez Rubio la cantidad de 5 millones 200 mil pesos, y el Gobierno estatal le pagó a la empresa la suma de 23 millones 786 mil 200 pesos, es decir 11 millones 893 mil 100 pesos por terreno.
Abel López Parra también vendió a JAOS & SGB dos propiedades, la primera foliada con el número 43619 por 0.66 hectáreas y la segunda con el folio 2162 por 1.99 hectáreas. En suma la empresa regiomontana pagó 3 millones 300 mil pesos, es decir 1 millón 650 mil por predio.
Al igual que en los casos anteriores, JAOS & SGB recibió del gobierno de Guanajuato 11 millones 983 mil 100 pesos por cada expropiación.
Pueblito Sánchez Gómez vendió dos propiedades a JAOS & SGB, la primera en noviembre de 2014 que quedó asentada con el folio 3012 con una extensión de 6.65 hectáreas y la segunda en julio de 2015, que tuvo una extensión de 2.38 hectáreas. Por cada una JAOS & SGB pagó 6 millones 100 mil pesos y recibió del gobierno de Guanajuato 11 millones 893 mil 100 pesos por indemnización.
En diciembre de 2014, Espiridion Ochoa Rojas vendió 6.74 hectáreas y en julio de 2015 volvió a vender 2.35 hectáreas a JAOS & SGB, por cada una recibió 7 millones de pesos y posteriormente, JAOS & SGB obtuvo 11 millones 893 mil 100 pesos del gobierno estatal.
La última propiedad se vendió en diciembre de 2015, según consta en el Registro Público de Apaseo el Grande, y quedó asentada con el folio 6441. Esta tiene una extensión de dos hectáreas que fueron compradas por JAOS & SGB a Elpidio Rodríguez Acosta por el monto de 200 mil pesos y revendidas en 2 millones 915 mil 500 pesos al Gobierno de Guanajuato.
GOBIERNO PAGA A JAOS MÁS DEL DOBLE
En promedio, el Gobierno de Guanajuato pagó a JAOS & SGB la cantidad de 357.21 pesos por metro cuadrado, aun cuando el Gobernador Miguel Márquez Márquez, en reiteradas ocasiones aseguró que de manera imparcial se pagarían 148 pesos por metro cuadrado.
Aunque la información sobre la adquisición de los predios para Toyota quedó reservada, por decreto gubernamental, hasta septiembre de 2018, el Gobernador Miguel Márquez Márquez reconoció en noviembre de 2015, que se pagarían 148 pesos por metro cuadrado.
En reiteradas ocasiones el Gobernador dijo que se pagaría un precio justo e igualitario, e inclusive por encima de lo valuado, a fin de que estas compras se hicieran con transparencia.
“Se están pagando por encima de los avalúos, inclusive, el haber negociado con pequeña propiedad que tiene mucho más infraestructura, mucho mayor complejidad, lo que puedo decir es que se tiene que pagar por lo que vale (…) Se lo tenemos que pagar igual a todos, si ya se negociaron más de 400 hectáreas de a 148 pesos, eso dice bastante”, declaró Márquez Márquez a Zona Franca en diciembre de 2015 [http://zonafranca.mx/terrenos-para-toyota-se-han-pagado-por-encima-de-los-avaluos-marquez/].Entre el precio dicho por el Gobernador y el que realmente se pagó a JAOS & SGB existe una diferencia de 233.20 pesos por metro cuadrado.
JAOS & SGB UTILIZA AMENAZAS PARA COMPRAR
En 2014, justo tras su conformación, Santiago Germán Bordes y José Antonio Ortega Serrano acudieron hasta Caleras de Ameche para empezar con la compra de los terrenos.
Francisco Ramírez, quien es tesorero del Ejido de Caleras de Ameche y quien fue uno de los que se resistió a vender a JAOS & SGB, expuso que Santiago y José Antonio se hacían pasar en un principio por ejidatarios para lograr la compra de los terrenos.
“Ellos llegaron a venir aquí a este ejido a finales del 2014 y principios de 2015, por ahí más o menos, llegaron aquí a este ejido y se les reconoció como avecindados; el que los trajo aquí para que los reconocieran como avecindados porque compraron algunas hectáreas fue el comisariado Refugio Rubio”, mencionó.Al principio había resistencia de parte de los ejidatarios para vender porque muchos de ellos subsistían del trabajo de la tierra.
Sospechosamente, en diciembre de 2014 el suministro de agua para el pozo del ejido fue interrumpido y según Francisco Ramírez, esto fue interpretado por los ejidatarios como una manera de presión de parte de Santiago y Juan Antonio para que comenzara la venta de propiedades.
Tras las primeras compras, Santiago y José Antonio se unieron como ejidatarios y acudían a las reuniones que se realizaban, ahí aprovecharon para conocer a los otros propietarios a quienes acosaban en sus terrenos para pedir que vendieran:
“como para amenazarnos, diciendo que si no vendíamos nos iba a entrar la expropiación”.
“Nomás andaban comprando, a mí no me dijeron nada, ya hasta el último nos dimos cuenta que era para la Toyota (…) ellos me iban a ver hasta la Parcela diciendo que si siempre les iba a vender o no, ellos me venían a buscar y ellos no hacían comentarios de si era para una empresa o no”, relató Mauro Rodríguez, quien vendió dos terrenos a JAOS & SGB.Mauro Rodríguez trató directamente con Santiago y Juan Antonio, estos últimos lo acosaban persiguiéndolo hasta cuando estaba en el campo: “venían a vuelta y vuelta hasta que ya decidimos vender”.
Pueblito Rubio, dijo que todo el proceso de compra-venta con la empresa JAOS & SGB se hizo de una manera discrecional y dando información a cuentagotas a los ejidatarios.
“Uno se llamaba Juan y otro se llamaba Santiago, pero nunca me preocupé por preguntarles los apellidos, aquí estuvieron mucho tiempo y les compraron a muchas personas (…) nunca nos quisieron decir si era para una empresa, no nos quisieron decir para qué querían el terreno”, explicó.
Francisco Ramírez dijo que la insistencia de Juan y Santiago por realizar las compras era tal que hasta le ofrecieron 300 mil pesos por cada ejidatario que lograra convencer, pero él siempre se negó.
“Yo creo que esos son empresarios que se dedican al cien por ciento a saber a dónde se van a poner industrias y yo creo que deben estar de acuerdo con los gobiernos o con el municipio o el estado que corresponda, porque son muy inteligentes, porque yo no creo que vayan a invertir donde no conozcan”, agregó.NO VENDEN A JAOS, Y SE ARREGLAN CON EL GOBIERNO
Francisco Ramírez, junto a otros 19 propietarios se negaron a vender a JAOS & SGB la suma de aproximadamente 180 hectáreas, mismas que ya están siendo compradas directamente por el Gobierno de Guanajuato.
Ramírez, quien fue uno de los primeros en denunciar la intervención de JAOS & SGB, explicó a Zona Franca que el Gobernador Miguel Márquez Márquez se entrevistó personalmente con quienes habían decidido no vender, para explicarles que necesitaban esos terrenos o se pondría en riesgo la llegada de la empresa Toyota.
El ejidatario dijo que en esa reunión se acordó un precio de 148 pesos por metro cuadrado, y que se les pagaría una cantidad extra dependiendo si en los terrenos había pozos y tenían algún tipo de construcción, siempre y cuando decidieran vender a la brevedad y evitaran hablar sobre JAOS & SGB.
Alrededor de 10 de estas 20 compras ya fueron cerradas por el Gobierno del estado y el resto estarán por concretarse en los próximos días.
UN TERRENO, VARIAS FORMAS DE COMPRAR
El Gobierno de Guanajuato requiere de 607 hectáreas para la instalación de Toyota, de las cuales 132 serán expropiadas directamente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues no fueron desagregadas del ejido.
Otras 180 hectáreas sí están siendo compradas directamente por el Gobierno de Guanajuato a ejidatarios de Caleras de Ameche.
El resto, es decir 295 hectáreas son las que debió comprar JAOS & SGB con bastante tiempo de antelación para poder asegurar su ganancia millonaria.
https://www.scribd.com/doc/315470830/43621-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470828/43620-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470826/43619-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470823/43618-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470820/43617-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470819/6441-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470815/3012-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470812/2609-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470808/2165-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470806/2162-pdf
https://www.scribd.com/doc/315470804/2160-pdf
FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: CORMEN MARTINEZ - REDACCIÓN
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-06-2016/3053381
martes, 31 de mayo de 2016
Frenan en Ixtepec, Oaxaca asamblea que pretendía dar paso a proyectos de energía para mina canadiense
La Asamblea del Comisariado de Bienes Comunales debía suspenderse, según lo definió el Juez Séptimo de Distrito, que falló a favor del amparo presentado por la Comunidad organizada. Pero fue necesario que la detuvieran con una valla humana.
“El amparo se presentó contra la Asamblea que estaba convocada para el domingo 29 de mayo. El día anterior, el Comisariado no quiso recibir la notificación del juzgado. Ellos argumentaron que lo que en esa instancia no iban a tocar nada referente a la mina, pero creemos que los proyectos están relacionados”, explicó Nashieeli, integrante de la “articulación de pueblos originarios del istmo de Tehuantepec por la defensa de la tierra y el territorio” y habitante originaria de Ciudad Ixtepec.
En el orden del día de la Asamblea del domingo estaba previsto que se entrara en el “análisis y aprobación” de dos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad: dos líneas de transmisión y una segunda subestación, para instalarse en Ixtepec. El 13 de mayo, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó un borrador, con las bases de una subasta de contratos a largo plazo de suministro de energía eléctrica para la zona, incluyendo esas obras.
“Se mencionaban contratos de 300 megavatios (MW) para Ixtepec, pero la subestación que tenemos en el pueblo ya no tiene capacidad para recibir esa cantidad de energía. También se mencionaba que no va a entrar en la línea que saca energía del Istmo, sino que va a ser destinada a consumo local. Pero eso es más de todo lo que consume el Istmo. Esa energía es para abastecer a un megaproyecto. Vemos en la aprobación de estos proyectos uno de los pasos previos para la instalación de la mina”
“Se mencionaban contratos de 300 megavatios (MW) para Ixtepec, pero la subestación que tenemos en el pueblo ya no tiene capacidad para recibir esa cantidad de energía. También se mencionaba que no va a entrar en la línea que saca energía del Istmo, sino que va a ser destinada a consumo local. Pero eso es más de todo lo que consume el Istmo. Esa energía es para abastecer a un megaproyecto. Vemos en la aprobación de estos proyectos uno de los pasos previos para la instalación de la mina”
A la Asamblea del domingo también llegó un consultor de la mina, que desmintió ser representante de la empresa, pero que sí lo ha admitido en otras instancias previas. También representantes de la CFE. A ninguno se le permitió el acceso a la Asamblea, que fue abortada, porque “la comunidad no permitirá la aprobación de sus proyectos”
La mina es un proyecto de la empresa canadiense Primero Mining, que hasta dónde se sabe, según los datos manejados a nivel de la Secretaría de Energía, pretende explotar oro y plata en los cerros Taberna y Tablón, que están ubicados al noroeste de la comunidad.
El domingo, ante la negativa del comisariado a cumplir con la orden judicial, los vecinos organizados en “Comuneros en Defensa del Territorio y la Comunidad” y el “Comité Ixtepecano por la Defensa de la Vida y el Territorio”, acompañados de decenas de vecinos de ciudad Ixtepec, manifestaron su “contundente rechazo” al proyecto minero y a “cualquier proyecto de la CFE que pretenda instalarse para dotarlo de energía”
“La comunidad está dividida, porque el Comisariado ya está prometiendo que va a entregar la mitad del dinero que coseche por el arrendamiento de las tierras comunales y el permiso de explotación. Estamos en un período de crisis y eso es gestionado por ellos. Es una manera de lucrar con la pobreza y la necesidad de la gente de la zona.” Pero a la vez, siguiendo la tradición de fuerte organización de estas tierras, muchos colectivos del pueblo y distintas organizaciones que ya tenían sus propias actividades se reunieron ante el tamaño de la amenaza que significa esta mina. Según el pueblo que la resiste, esta está proyectada como la mina más grande de las que ya existen en la zona.
“Hay que entender que esta mina no va a afectar sólo a la comunidad de Ciudad Ixtepec, sino que lo hará a toda la región.” Los cerros que pretenden explotar están ubicados en la zona de dónde provienen los vientos que predominan en Ixtepec, pero no sólo. “Aunado a la contaminación por tierra y por agua que traería la explotación, toda la región del Istmo va a ser contaminada por aire. Las sustancias tóxicas irían más allá de Ixtepec. Así como llegarían a la Cuenca del Río de los Perros, que llega a la laguna superior y llegaría a los pueblos mareños.”
También apuntan que el comisariado de bienes comunales actual, fue elegido en noviembre del 2015 en una elección que está impugnada, porque la convocatoria no fue respetada. “Están trabajando en contra de los intereses de la comunidad y a favor de todo este tipo de empresas. Ya el Comisariado anterior cuenta con una propuesta para un Proyecto Eólico Comunitario, que no han dejado pasar. Las empresas sí tienen derecho a usar nuestro viento, pero no las comunidades.”
Como no pueden dejar al pueblo sin representación, las autoridades agrarias mantuvieron a la nueva representación, a pesar de estar viciada su elección.
“Están intentando hacer este tipo de acciones, como la que intentaron el domingo,de manera muy rápida, sin consultar a la comunidad. Ahora convocan nuevamente a una Asamblea para tratar únicamente los proyectos de la CFE en primera instancia para el 11 de junio y en segunda instancia para el 19. Según los estatutos comunales y la ley agraria, en la segunda convocatoria se define con el grupo de comuneros que esté, que es un grupo contrario a la Comunidad y que no está pensando en el futuro del pueblo.”
Foto: Istmo Press
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ELIANA GILET
viernes, 27 de mayo de 2016
Activistas y ONGs nacionales e internacionales organizan foro por los derechos de la Madre Tierra
El foro se realizará 1, 2 y 3 de junio en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con la participación de más de 30 activistas y ecologistas reconocidos a nivel nacional e internacional, entre ellos, Vandana Shiva, de India; Shannon Biggs, de Estados Unidos; Leonardo Boff, de Brasil; Saamdu Chetri, de Bután, y los mexicanos Víctor Toledo, Alberto Ruz, Laura Kuri. Además el 4 de julio se llevará a cabo el Pachamama Fest en la Plaza de Toros y luego la Aldea de Paz.
Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- México será sede del Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, donde participarán más de cien organizaciones civiles y alrededor de 30 activistas, científicos y expertos en distintas materias del sector ambiental que buscan promover mecanismos morales, legales, institucionales y administrativos para la defensa y el cuidado del planeta.
“Estamos todos unidos por un objetivo y es la Madre Tierra, reconocer que la Tierra está viva, reconocer los derechos que tiene la Tierra, queremos también instrumentos, garras para poder defender los recursos naturales, los recursos de todos. Es necesario poner en las agendas de los tomadores de decisiones el cuidado de la tierra. Los pronatura remamos contra corriente, las autoridades deben poner atención”, señaló Salomón Bazbaz Lapidus, fundador del Centro de las Artes Indígenas, en conferencia de prensa.
Por su parte, la activista Luna Montenegro hizo un llamado a la sociedad civil para que se una a la causa: “esto es un proyecto donde la unión hace la fuerza, todas las organizaciones ecológicas nos estamos uniendo precisamente para hacer un cambio” y urgió a las empresas a hacerse cargo de los residuos que generan, “que los traten, que los reciclen”, pidió.
El foro se realizará 1, 2 y 3 de junio en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con la participación de más de 30 activistas y ecologistas reconocidos a nivel nacional e internacional, entre ellos, Vandana Shiva, de India; Shannon Biggs, de Estados Unidos; Leonardo Boff, de Brasil; Saamdu Chetri, de Bután, y los mexicanos Víctor Toledo, Alberto Ruz, Laura Kuri.
La activista ecuatoriana Verónica Sacta Campos urgió a erradicar “el consumismo que nos destruye, nos invade y está terminando con la Tierra por ambiciones incluso económicas, transformemos eso, regresemos a una economía solidaria, regresemos a relaciones equitativas, que no haya gente con hambre, que no haya animales abandonados en las calles muriendo de hambre. Hay abundancia en la tierra, lo que pasa es que no se está distribuyendo equitativamente”.
Además, en el marco de dicho encuentro, el 4 de junio, más de 20 grupos musicales se darán cita en la Plaza de Toros México para celebrar el Pachamama Fest, entre ellos, Aterciopelados, Rubén Albarrán con Hoppo!, Celso Piña, El Gran Silencio, Gondwana, Chucho Merchant, Enrique Qezadas, Mexicanto, Dr. Krápula, Venado Azul, Jesús Hidalgo, Viento Wiricuta, Edgar Oceransky, Roco Pachukote y más.
El escritor Antonio Velasco Piña y los activistas nombran al recinto como “Plaza de Todos” porque “se trata de cambiar los espacios donde se ejerce la violencia por actos de paz para promover una cultura de paz a través del arte y la cultura”.
Finalmente, el 5 de junio, el parque México, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, albergará la Aldea de Paz donde se llevarán a cabo diferentes actividades artísticas, culturales, sobre medicina tradicional, y otras más, enfocadas a los niños.
En el caso de la Tierra se abordarán los efectos de la visión económica sobre el equilibrio ambiental, por ejemplo, la relación entre la minería y el agua; en el de las plantas, se hablará del papel de la agricultura en el mundo contemporáneo, como la deforestación y la producción de los organismos transgénicos; sobre los animales, los activistas discutirán acerca de la presencia en los diferentes ámbitos humanos y el cambio de paradigmas en su relación con el hombre; finalmente, el caso de los humanos se abordará desde el punto de vista de los derechos imprescindibles, los contextos sociales y los vínculos individuo-comunidad.
“Es recordar que no somos nosotros el centro ni de las leyes ni de la economía ni de la cultura, tenemos una cultura, un clima, cuatro elementos fundamentales sin los cuales nada existiría, y todos estos elementos naturales, estos bienes comunes que la naturaleza madre Tierra nos da, nos presta, básicamente no tiene ningún derecho, nosotros nos hemos adueñado del derecho sobre los ríos, los mares, los bosques, sobre el aire, con eso le hemos dado en la madre a nuestra madre (Tierra)”, dijo Alberto Ruz Buenfil, cofundador de la ecoaldea Huehuecóyotl.
Además, destacó la necesidad de crear una nueva legislación, “una nueva manera de relacionarnos con lo que nos rodea y que nos permita a nosotros estar en este lugar”.
En el mismo sentido, el Diputado César González Madruga apuntó: “quien no le entre a los derechos de la Madre Tierra está hablando desde la demagogia que tanto daño le ha hecho a nuestro país, el mismo daño que le hace la corrupción”.
El encuentro se llevará a cabo gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de un equipo voluntario.
FUENTE: SINEMBARGO
AUTOR: IVETTE LIRA
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