“Terrenos del interurbano son nuestros”, reviran comuneros de Acazulco a la SCT

Comuneros de San Jerónimo Acazulco rechazaron que los terrenos en que se construye el Tren Interurbano México-Toluca sean de propiedad federal, como afirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y emplazaron a la dependencia a demostrar lo contrario.

Tras la marcha que los campesinos realizaron el pasado lunes para evidenciar su rechazo a la construcción de la obra, la dependencia aseguró que los terrenos donde se edifica el proyecto fueron expropiados en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1943, que los cedió a la SCT para dar paso al tren.

No tememos denunciar las injusticias socioambientales que ocasionan las empresas extractivas: pueblos en Durango

“No tememos denunciar y rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las empresas extractivas a su paso”, aseguraron los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en el contexto del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio, en Durango.

Los pueblos y organizaciones que integran el Frente reafirmaron su lucha contra los megaproyectos en sus territorios, como el de la empresa Chemours Company que pretende producir 70 mil toneladas de cianuro de sodio al año.

Empresas mineras amenazan, golpean y asesinan a defensores de la tierra: REMA

La Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció que los grupos defensores de la tierra y que se oponen a esta práctica son hostigados y criminalizados por quienes encabezan los proyectos extractivos, principalmente en Puebla, Durango, Oaxaca y Chiapas.

La REMA aseguró que el en todos estos casos “hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales” para lograr intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería, y que incluso han golpeado, desaparecido o asesinado a los representantes y activistas que junto con los pobladores de las comunidades afectadas luchan como forma de resistencia a la imposición de los proyectos.

Crece la violencia contra mujeres defensoras de la tierra y el territorio en Istmo de Tehuantepec

Guadalupe, Isabel y Rosario son mujeres indígenas zapotecas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; no son sumisas y tampoco débiles, al contrario salen a la calle y defienden sus saberes comunitarios contra los megaproyectos instalados en el Istmo de Tehuantepec, no ha sido fácil porque han sufrido hostigamiento, discriminación y en algunos casos agresiones verbales y sicológicas.

La entidad oaxaqueña, según el Informe 2016 de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ocupa el primer lugar en agresiones a mujeres defensoras indígenas, del 2012 al 2016 fueron 648 agresiones contra mujeres que defienden su territorialidad.

Edomex, Sonora y Oaxaca, los 3 estados más peligrosos para ser defensor de la tierra: Cemda

Las entidades con más ataques registrados en contra de defensores del medio ambiente, de la tierra y el territorio, entre junio de 2015 y julio de 2016, fueron el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Por debajo están Oaxaca con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada una.

México no es un lugar seguro para los defensores del medio ambiente y de los recursos naturales. Apenas el pasado 16 de enero, el activista Isidro Baldenegro, galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por proteger los bosques de la Sierra Tarahumara, fue asesinado a tiros en Chihuahua.

El hecho ha sido condenado por distintas organizaciones de las sociedad civil como Amnistía Internacional, Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre otras. Incluso, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, expresó su indignación y lamentó la “trágica pérdida” de Baldenegro, a quien llamó “defensor indígena comprometido y altruista”.


En entrevista para SinEmbargo, Alejandra Leyva Hernández, abogada especialista en Derechos Humanos del Cemda, alertó que “lo más grave del asesinato de Isidro Baldenegro es que no se trata de un hecho aislado. Se da en un contexto de violencia generalizada en el país contra los defensores del medio ambiente, de la tierra y el territorio. Es reflejo de lo que viven muchos activistas que son agredidos con amenazas, hostigamiento, criminalización y culminan en la muerte”.

Leyva Hernández recordó que el activista ambiental fue desplazado de su comunidad y criminalizado. En 2003, Isidro estuvo preso por presunta posesión ilegal de armas y mariguana, pero los cargos fueron retirados un año después, luego de que las autoridades determinaran que la Policía había cometido abusos durante su detención, según información de Associated Press. El activista también acusó, en su momento, a influyentes taladores locales de persuadir a las autoridades de fabricar cargos en su contra.

De junio de 2015 hasta julio de 2016, en la República Mexicana se registraron 63 agresiones contra activistas. Los ataques fueron desde amenazas, criminalización y detenciones ilegales, agresiones físicas, y hasta asesinatos, documentó el Cemda en el “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, presentado hace unos días.


El documento detalla que las entidades con más ataques registrados en contra de defensores ambientalistas fueron el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno. Por debajo están Oaxaca con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada uno.

De los 63 casos documentados, el Cemda informó que 17 correspondieron a obras hidráulicas y políticas públicas de administración del agua; 10 a minería; 8 a proyectos de infraestructura; 7 a hidroeléctricas; 5 a proyectos inmobiliarios; 4 sobre despojo de tierras y territorio; 4 de proyectos eólicos; 2 por contaminación; 2 por proyectos turísticos; 2 por siembra de transgénicos y 2 más por tala clandestina.

El Centro señaló que los ataques hacia los activistas fueron perpetrados por diversos agresores, entre ellos, autoridades del Estado a nivel municipal, estatal y federal (el 43 por ciento). También identificaron a personal de las empresas que emprenden los proyectos y que “con violencia defienden sus intereses económicos frente a la oposición de las comunidades”. Además, otras agresiones fueron perpetrada por gente de la propia comunidad afectada al existir divisiones, y, en otras ocasiones, provinieron de particulares que tienen algún interés que se ve afectado.

Detalló que otro 31 por ciento de los atacantes no fue identificado, mientras que el 14 por ciento fue adjudicado a particulares; el 7 por ciento al personal de las empresas; el 3 por ciento a la gente de la misma comunidad y el 2 por ciento a grupos del crimen organizado.

En el caso de los ataques provenientes de una autoridad, la organización observó que en el 56 por ciento de los casos, los autores fueron autoridades estatales, en el 22 por ciento, autoridades municipales y en el 22 por ciento restante, autoridades federales.

En ese sentido, Leyva acusó que “hay una posición del Estado de omisión frente a los hechos. Hay una falta de voluntad política para enfrentar la situación con medidas sobre todo preventivas y de protección. Se está dejando en total indefensión a los activistas y está conminando en éstos lamentables hechos”.

La organización identificó que de los 63 casos registrados entre junio 2015 y julio de 2016 se cometieron en total 86 agresiones, ya que en algunos se perpetró más de un tipo de ofensiva. De ellos, se identificó un homicidio. Mientras, los ataques más frecuentes fueron las amenazas, con el 24 por ciento; después la intimidación con 19 por ciento; la criminalización con 18 por ciento, y las agresiones físicas se presentaron en un 15 por ciento. Otras agresiones identificadas fueron el hostigamiento con 11 por ciento; la difamación con 6 por ciento; la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo, con un 2 por ciento cada uno.

Alejandra Leyva hizo un llamado a las autoridades mexicanas “a respetar derechos humanos y derechos colectivos. Nosotros lo vemos como una forma de atender el fondo del asunto”.

La litigante recomendó instaurar medidas preventivas ante este contexto de violencia pero, dijo, “sabemos que hay un problema de fondo que es económico y que no respeta derechos de pueblos indígenas”.

“Que se materialice una voluntad política real, si no ninguna medida va a poder ser eficaz. Hay un contexto de impunidad, de corrupción, donde no se atienden las problemáticas de fondo en los conflictos socioambientales y hay un ánimo de agredir a las personas que defienden sus derechos”, destacó.

AMÉRICA LATINA AGREDE A SUS ACTIVISTAS


Recientemente, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) publicó un nuevo informe sobre abusos y violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras en América Latina. En él se documentaron 51 casos de intimidación y amenazas, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia.

El CIEDH situó a México entre los países más peligrosos para los activistas, acompañado por Colombia, Guatemala, Honduras y Brasil.

Un informe del año pasado de Global Witness reportó que 185 activistas ambientales fueron asesinados a nivel mundial en 2015; dos tercios en América Latina, “por mucho el mayor número de muertes reportadas anualmente”.


En 2014, el mismo análisis documentó 88 asesinatos contra personas defensoras de tierra y medio ambiente en la región: 29 en Brasil, 25 en Colombia, 12 en Honduras, 5 en Guatemala, 3 en Paraguay, 3 en México, 1 en Costa Rica y 1 en Ecuador.

En entrevista con SinEmbargo, Karen Hudlet Vázquez, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), señaló que las agresiones a los activistas son “graves y preocupantes”, ya que en diversas ocasiones se reportan intimidaciones, amenazas y asesinatos.

La investigadora acusó que en el país se registra abuso al derecho a la tierra, al territorio y/o al agua; al derecho a la consulta, participación y/o información. Y explicó que con las protestas de los inconformes, llegan las intimidaciones, amenazas y otras agresiones.

Los casos, subrayó, “no pueden quedar en la impunidad. Se debe encontrar a los responsables de los abusos y de los ataques a los defensores y defensoras para que no haya un clima tolerante ante la situación, por un lado, por otro, el Estado mexicano tiene que evitar los proyectos que causan conflictos por el daño a las comunidades y al medio ambiente”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-01-2017/3139505

Los megaproyectos rompen el tejido social, la historia y la identidad de los pueblos: defensores del territorio

La defensa del territorio ante proyectos mineros, presas, inmobiliarias, represas, tala de bosques, entre otros, convocó a 180 pueblos, comunidades y barrios, organizaciones y movimientos de 17 estados del país a unir esfuerzos, coordinar y visibilizar las luchas en defensa del territorio.

La tribu yaqui, la comunidad indígena purépecha de Cherán Keri, los defensores del Territorio Comcaac, El Frente de Pueblos en defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, son algunos de los pueblos que con otros movimientos han identificado 91 conflictos en defensa del territorio a nivel nacional.

“Los grandes empresarios y gobiernos atentan contra los recursos naturales o buscan obligar a las comunidades a ceder su territorio. Usando métodos como la simulación de asambleas y la imposición de megaproyectos se pretenden imponer proyectos comerciales o inmobiliarios en el territorio de los pueblos. Muchos hemos dado la batalla por varios años pero el problema aumenta, la situación se complica y por eso tomamos la decisión de unir esfuerzos”, advierte a Desinformémonos, Gustavo López, integrante de la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.

La alianza de pueblos que integra también al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, al Pueblo Náyeri, al Frente de Pueblos del Anáhuac, el Movimiento del Vida y el Territorio (MOVITE, Chiapas), el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde en Oaxaca y a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, documentó los conflictos directos de los pueblos con empresas y gobiernos que implementan proyectos depredadores; 34% proyectos de generación de energía; 32% minas y mineras; 15% privatización del agua; 12% infraestructura transporte; 11% urbanización, entre otros.

A través de pronunciamientos, foros comunitarios y universitarios, talleres comunitarios, recorridos por las comunidades, protestas y marchas en diversas regiones del país y videos, representantes de los pueblos visibilizan “el despojo de los procesos extractivos como la minería, los megaproyectos de infraestructura, la agroindustria y la urbanización salvaje”.

Acuerpados en la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra que inició el 10 de abril de este año y que culminará su primera etapa el 20 de noviembre próximo, pueblos, comunidades y barrios, luchan contra “las lógicas de depredación natural y el despojo social que el mercado y las inversiones realizan sobre los territorios”.


Aquí el avance del video Hablan los pueblos y los barrios, el cual se hará público este 17 de octubre a las 18:00 Hrs. vía internet y redes sociales y se presentará en diversas comunidades en los próximos días.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/los-megaproyectos-rompen-el-tejido-social-la-historia-y-la-identidad-de-los-pueblos-defensores-del-territorio/

En alerta defensores de la tierra ante criminalización de quienes defienden el Bosque de Nixticul en Zapopan, Jalisco

Ciudad de México | Desinformémonos. La inmobiliaria Spinelli Corporation demandó por la vía penal y civil a quienes conforman el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil en Zapopan, Jalisco.

https://soundcloud.com/user-514678347/whatsapp-audio-2016-09-06-at-132739

Las y los defensores del bosque son acusados de extorsión y chantaje. La demanda pone en alerta a defensoras y defensores de la tierra y el territorio en México, ante cualquier posible acto de detención ilegal contra los defensores del medio ambiente.

https://soundcloud.com/user-514678347/mario-luna-defensor-del-pueblo-yaqui

Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco; Mario Luna, defensor del Pueblo Yaqui; Claudia Zenteno, defensora ambientalista de Xochimilco y Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) desde diversas regiones de nuestro país exigen a las autoridades estatales y federales el cese de las agresiones contra los ambientalistas de Zapopan y manifiestan su solidaridad para prevenir cualquier acto de represión.

https://soundcloud.com/user-514678347/claudia-zentenodefensora-ambientalista-de-xochimilco

En el mes de febrero de 2015 la inmobiliaria Spinelli Corporation devastó un área forestal colindante con el área natural protegida del Bosque Nixticuil, esto en colusión con la administración municipal priísta de Héctor Robles Peiro, acción que la organización identificó como una injusticia donde se sobreponen los intereses económicos de la élite ante el derecho común al ambiente sano y del derecho  a la vida. 

https://soundcloud.com/user-514678347/omar-esparzamovimiento-agrario-indigena-zapatista-maiz

La demanda contra el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil fue hecha pública por la empresa el pasado 30 de agosto.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/en-alerta-defensores-de-la-tierra-ante-criminalizacion-de-quienes-defienden-el-bosque-de-nixticul-en-zapopan-jalisco/

Defensores de la naturaleza llaman a luchar por la Tierra

Ciudad de México. Por la defensa de la naturaleza, alrededor de 180 comunidades, pueblos, barrios y movimientos que integran la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra lanzaron una iniciativa de información y concientización acerca de los conflictos que existen en gran parte del territorio nacional, que depredan los recursos naturales y afectan a los pobladores.

Esta campaña comenzó el pasado 10 de abril, concluye el 20 de noviembre.

Además de los afectados directamente por proyectos mineros, de urbanización y privatización del agua, como la Tribu Yaqui, los campesinos de San Salvador Atenco, el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, y el Pueblo indígena Comcaac, entre otros, están involucrados Rubén Albarrán de Café Tacvba, los vocalistas de Panteón Rococó y Maldita Vecindad, las actrices Ofelia Medina, María del Carmen Farías, Sofhie Alexander y el actor Daniel Giménez Cacho, entre muchos más.

La campaña lanzó el video que comienza con el planteamiento: “Este no es mi problema, es un problema de todos”, para exponer el riesgo a que se encuentra la existencia de la naturaleza. Advierte que hay alternativas de vida y gobierno de las comunidades, “todos somos tierra”. Concluye con el llamado: “la lucha es de todos”.

En un trabajo en el que participaron las comunidades y representantes de movimientos, se realizó el mensaje que aparece en el video, el cual fue aprobado por una comisión de pueblos y barrios en la asamblea nacional realizada en diciembre en Tezontepec, Hidalgo. Se presenta en una adaptación del dramaturgo Humberto Robles, integrante del comité de la sociedad de la campaña.

El video fue musicalizado por Café Tacvba, el trabajo de coordinación, producción, dirección, edición, arte, diseño y postproducción ha sido realizado en su totalidad con trabajo voluntario de un equipo integrado especialmente para apoyar esta iniciativa.


En las próximas semanas se dará a conocer el plan de acción que a nivel nacional que se realizará como parte de esta campaña que se encuentra en su primera fase de convocatoria a la sociedad civil organizada y no organizada.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANGÉLICA ENCISO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/14/defensores-de-la-naturaleza-llaman-a-luchar-por-la-tierra

El Gobierno cuida megaobras y no mueve un dedo mientras se ataca a opositores: activistas

Parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras cedidas a grandes empresas constructoras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas, denunció el activista Carlos Mazo.

Organizaciones que han luchado para defender el medio ambiente, los recursos naturales y la salud de los mexicanos, acusaron que durante la actual administración priísta se han endurecido los ataques contra activistas.

“Nosotros sentimos que Enrique Peña Nieto se pone cada vez más rabioso cuando tocamos sus intereses y eso pasa en diferentes resistencias. Hemos escuchado de hostigamientos, asesinatos y encarcelamientos de muchos compañeros nuestros”, denunció José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México.

En el marco del foro “La lucha de Berta Cáceres, la lucha de los pueblos”, realizado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el activista subrayó las dificultades a las que se enfrentan él y sus compañeros de distintas luchas:

“Los defensores de los derechos humanos hemos vivido y seguimos viviendo diferentes agresiones. Siguen las amenazas, siguen las persecuciones, los hostigamientos, entonces es algo muy difícil”, lamentó.

Asimimo, acusó que cada frente, cada comunidad y cada organización se ve en la necesidad de crear sus propios protocolos de seguridad, ya que el Estado mexicano no ofrece garantías de protección. Y reconoció el trabajo que cada una de las anteriores ha implementado para proteger los recursos naturales: “cada quien ha puesto su granito de arena, cada comunidad ha aportado en la lucha”, comentó.



El pasado 13 de abril, habitantes de la comunidad de Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometieron a suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en tanto se buscan “alternativas” para su construcción.

Sin embargo, al defender su territorio y lograr detener los proyectos del Gobierno en Xochicuautla “han sido más los hostigamientos y las amenazas que estamos recibiendo. Esa es la forma en que demuestra el Gobierno su rabia, igual que las empresas por no dejar avanzar sus proyectos”, dijo el defensor.

El pasado 9 de julio, Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Edomex, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad.

Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.


No obstante, el pasado 11 de abril, maquinaria pesada, resguardada por cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado gobernado por el priísta Eruviel Ávila Villegas, derribó el Campamento de Paz y de Digna Resistencia en el pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla instalado para frenar la construcción de la autopista.



Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.

En su oportunidad, Carlos Manzo, de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Oaxaca, denunció que parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas.

No obstante, lamentó que la respuesta permanente del Estado mexicano al esfuerzo y ejercicio de autonomía y libre determinación, ha sido de represión, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos.

“Hemos sentido en este último tiempo, aunado a la imposición de los megaproyectos neoliberales, el recrudecimiento de la represión por parte de los malos gobiernos, tanto en México como en la gran mayoría de países de nuestro continente, lo que nos incita emergentemente a buscar alianzas ya impostergables con los pueblos, naciones y organizaciones indígenas de nuestro propio país como en otras partes del mundo”, urgió.

Además, el defensor puntualizó que en el caso particular de Oaxaca, estado gobernado por Gabino Cué Monteagudo, y el Istmo de Tehuantepec, “la resistencia comunal se expresa en contra de megaproyectos que en su conjunto y por sus impactos, implican el más grave ecocidio que esta región haya registrado en su historia”.

Finalmente, acusó a “los representantes del Gobierno” de entregar ilegalmente grandes extensiones de tierras, bosques y aguas a las empresas extranjeras a nombre de un supuesto progreso y desarrollo. “En la actual coyuntura electoral, por ejemplo, no hay un solo candidato o partido político que repare en la perversidad de los proyectos, señaló.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661608