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AMLO y Salinas Pliego abordan reformas contra defraudación fiscal… pero evitan la compra de Fertinal

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la reunión que tuvo hace una semana con el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, hablaron de las reformas que promueve su gobierno para catalogar como delito grave la defraudación fiscal.

El mandatario aclaró que en la reunión privada realizada en Palacio Nacional el jueves 3 de octubre no trataron el tema del fraude de la empresa Fertinal y Petróleos Mexicanos, en el que ha sido relacionado el empresario, también integrante de su Consejo Asesor Empresarial.

SAT e IMSS endurecerán el combate a la informalidad en la contratación de personal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmaron un convenio para endurecer la fiscalización sobre la contratación formal de trabajadores, reducir la informalidad, asegurar el pago de cuotas y aumentar la recaudación.

El convenio consiste en intercambio de información, aprovechamiento de los sistemas tecnológicos para compartir y explotar la información, diseño de estrategias para el combate a la evasión y defraudación fiscal, así como el ejercicio conjunto, simultáneo o sucesivo de actos de comprobación de las obligaciones en materia fiscal o de seguridad.

Los organismos expusieron que a partir de las reformas laboral y fiscal, la aplicación de programas de formalización del empleo, la mejora en la eficiencia recaudatoria y el fortalecimiento de las labores de fiscalización, se ha logrado la generación de 2 millones 404 mil 980 puestos de trabajo formales.

Detallaron que según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esto representa una reducción en la tasa de desocupación nacional de 5.05 por ciento a 3.37; y en la tasa de informalidad de 60.13 por ciento a 56.75 de noviembre de 2012 a diciembre de 2016.





Fuente: La Jornada
Autora: Miriam Posada García
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/21/politica/011n2pol

Detiene Interpol a exsecretario de Agricultura de Padrés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Héctor Ortiz Ciscomani, exsecretario de Agricultura de Sonora en la administración del panista Guillermo Padrés Elías, fue capturado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La detención se llevó a cabo la noche del lunes por elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), cuando Ortiz Ciscomani, acusado por el delito de ejercicio abusivo de funciones, llegó en un vuelo procedente de España.

Héctor Ortiz Ciscomani fue el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpa), durante los seis años de gobierno de Guillermo Padrés Elías.

Durante ese periodo fue denunciado ante las autoridades judiciales por beneficiar a su rancho y el de sus familiares con recursos y programas de apoyos federales y estatales para el campo.


Además de la detención por delitos del fuero federal, Ortiz Ciscomani es investigado por la Fiscalía Especializada de Hechos Anticorrupción de Sonora por la malversación de más de 49 millones de pesos.

Esta cantidad millonaria fue “justificada” con más de 60 facturas de las cuales 19 resultaron apócrifas, según los datos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

En marzo Ortiz Ciscomani fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) mientras transitaba por el bulevar Navarrete esquina con la calle Sahuaripa de Hermosillo, Sonora, sin embargo fue liberado tras presentar un amparo judicial.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/452861/detiene-interpol-a-exsecretario-agricultura-padres

Detienen a defraudador en Guanajuato

León, Gto. Eduardo García Sánchez, uno de los más buscados de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato por un fraude millonario, fue detenido en Jalisco.

García Sánchez era Director de Adquisiciones y Suministros en la Secretaría de Finanzas y tenía a su cargo las compras del gobierno del estado en la administración de Juan Manuel Oliva Ramírez.

De acuerdo con la Procuraduría, agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos esclareció y reunió pruebas en contra de Eduardo García, quien simulaba compras para el gobierno de Guanajuato por un monto mayor a 27 millones de pesos en transacciones fraudulentas.

La mañana de este viernes, a través de un operativo implementado por agentes de grupos tácticos de la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, se logró la captura del exf uncionario en Jalisco, quien deberá enfrentar cargos por el delito de fraude.

La orden de aprehensión fue liberada por el órgano jurisdiccional, luego que la Fiscalía Anticorrupción reunió pruebas que lo incriminan en una serie de operaciones donde contactó a supuestos proveedores que le facilitaron facturas en limpio para elaborar procesos y compras ficticias.

El fraude consistió en que una vez que obtenía la documental procedía al llenado con sellos apócrifos y firmas falsificadas de recibido, para luego tramitar su pago ante la Secretaría de Finanzas.

Ello a sabiendas que la mercancía nunca fue surtida ni entregada a las dependencias de gobierno, ascendiendo a un monto de 27 millones 090 mil 341.80 pesos en diversos movimientos y fechas.

Cabe señalar que por este fraude existen otras personas procesadas quienes también se vieron involucradas en complicidad para orquestar los movimientos de efectivo y pasar por alto que no se haya surtido la mercancía como se hacía suponer.

También hubo personas liberadas a las que no se comprobó su participación.

Será un Juez de lo Penal quien resuelva su situación jurídica, en el proceso penal 111/2013.





Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/01/detienen-a-defraudador-en-guanajuato

Las evasiones de penales federales que oculta el gobierno

Al cierre de 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue uno de los dos acontecimientos de mayor crisis para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El otro fue la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.

La primera crisis de la que hablaba Osorio Chong en el noticiario radiofónico de Joaquín López Dóriga el 21 de diciembre del año pasado se derivaba de una clara vulneración al sistema carcelario federal, el más seguro y costoso del país. En particular, del Centro Penitenciario de Readaptación Social número 1, Altiplano.

Tan sólo ese año el presupuesto modificado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, del cual dependen los penales federales, ascendió a 17 mil 915 millones 200 mil pesos. Y para este 2016 se le han etiquetado recursos públicos por 18 mil 841 millones 241 mil 451 pesos. Así que el asunto del dinero y su aplicación eficaz no es menor.

Este multimillonario presupuesto debería bastar para evitar que los reos de alta peligrosidad evadan la prisión, pero no es así. Aunque desde la primera fuga del Chapo en 2001 y hasta la segunda en 2015 no se conoció de alguna otra evasión en los penales federales de mediana y máxima seguridad, en los últimos 5 años se registraron otras dos fugas.

Pero a diferencia del Chapo, los otros dos reos consiguieron evadirse en sigilo por la opacidad que la misma autoridad generó. Los hechos no fueron del conocimiento público: nadie filtró videos, nadie explicó el modo en el que los presuntos delincuentes lograron corromper al sistema, y no hubo comparecencias al Congreso de los responsables de la seguridad pública y nacional.

Mucho menos hubo directores cesados y encarcelados (como sí ocurrió con Celina Oseguera, quien fuera coordinadora de penales federales, tras la fuga del Chapo) pues, se quiera o no, al evitar el ojo de la opinión pública, las autoridades cubrieron la vulneración del sistema penal federal con impunidad.
La reserva de la información

Pese a que se trata de dos reos de alta peligrosidad, el encubrimiento de estas fugas ha llegado a tal punto que las autoridades federales mantienen bajo reserva su identidad. Así lo demuestra la respuesta a la solicitud de información 3670000002516 hecha por Agenda de la Corrupción, en la que se clasifican como confidenciales los nombres tanto de Guzmán Loera como de los otros dos evadidos.

“Por lo que respecta al nombre de los presos, la Coordinación General de Centros Federales clasificó la información como confidencial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 fracción II, 18 fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, indica la respuesta.

La primera evasión ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el 27 de mayo de 2011, del Centro Federal de Readaptación Social número 6, Sureste, ubicado en Huimanguillo, Tabasco.

La segunda fuga también fue previa a la del Chapo Guzmán, pero ya en el actual gobierno de Peña Nieto. Ocurrió el 14 de marzo de 2014 en el Centro Federal de Readaptación Social número 9, Norte, ubicado en el kilómetro 30 de la carretera Juárez-Chihuahua, en esa entidad.

La tercera vulneración del sistema ocurrió, como ya se sabe, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, el 11 de julio de 2015.

En los tres casos fueron personas del sexo masculino las evadidas, refieren los datos oficiales obtenidos por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los delitos por los que se encontraban recluidos son secuestro, homicidio, delincuencia organizada, lesiones, contra la salud y asociación delictuosa.
La crisis del sistema penitenciario

Formalmente, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social tiene como visión “ser la instancia que contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la aplicación de la política penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito”.

No obstante, en los penales federales –al igual que en los estatales– se incurre en prácticas que violan los derechos humanos de los reos. Ejemplo de ello es la denuncia hecha por Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en noviembre de 2015 respecto del aislamiento.

La recomendación de la Comisión sobre este tema indica que el aislamiento penitenciario se debe regular, pues en algunos casos se ha aplicado como un tipo de internamiento cotidiano excesivo.

En octubre del año pasado, la misma CNDH en voz de la tercera visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, advertía de una grave crisis que padecen las cárceles estatales y federales por sobrepoblación.

De acuerdo con sus datos, en 28 centros estatales y uno federal existe riesgo crítico, pues los internos sobrepasan en más de 40 por ciento la capacidad instalada (Aristegui Noticias, 14 de octubre de 2015).

Por ello, es tiempo de que las autoridades tomen con seriedad la situación en los penales federales y actúen en consecuencia, para evitar más evasiones de reos de alta peligrosidad y, al tiempo, garantizar los derechos humanos de la población recluida.



Fuente: Contralínea
Autora: Nancy Flores
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/06/las-evasiones-de-penales-federales-que-oculta-el-gobierno/

Blindado con cinco amparos, sale de penal Reynoso Femat

AGUASCALIENTES, Ags: Blindado con cinco amparos, el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat abandonó el centro penitenciario estatal en el que permaneció durante tres días, tras ser detenido por orden del juez primero de distrito en esta ciudad, Jaime Díaz Páez, acusado de defraudación fiscal.

Julio Serna Ventura, abogado del exmandatario, informó que ante el temor de que su cliente sea reaprehendido se tramitaron cinco amparos más en contra de la justicia estatal y federal, incluida la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).

“Tomamos algunas precauciones, tengo confianza en la autoridad federal, pero promovimos amparos en contra de cualquier autoridad que pueda ejecutarle orden de aprehensión, comparecencia o detención, incluyendo a la SEIDO, esas suspensiones de amparo nos las entregaron hoy para que evitar pretextos”, dijo afuera del Cereso de esta entidad.

El litigante aclaró que no ve tintes personales o de revancha en el caso, pero sí manifestó su preocupación por el hecho de que la detención derivada del fraude fiscal no fue integrada por la autoridad hacendaria, sino por la propia SEIDO, cuyo titular actual, Felipe Muñoz Vásquez, fue procurador de Justicia en Aguascalientes y fue el encargado de integrar la mayor parte de las denuncias contra Reynoso Femat en el estado.

Reynoso Femat está señalado en una averiguación por el delito de lavado de dinero, y en ella se incluye a su hijo, Luis Armando Reynoso López, y varios presuntos prestanombres del exgobernador.

De hecho, uno de los amparos fue obtenido para su hijo Luis Armando Reynoso López, quien es investigado en los Estados Unidos por enriquecimiento ilícito, informó el abogado.

“Tenemos todo preparado para que no haya alguna contingencia, tenemos suspensiones de amparo en contra de todas las autoridades federales o locales que pudieran ejecutarle un acto que pueda derivar en una privación de la libertad”.

El viernes –al día siguiente de su detención en León– el juez de distrito concedió a Reynoso Femat la posibilidad de pagar una fianza de 7.8 millones de pesos, al concluir la audiencia en la que el Ministerio Público federal detalló la acusación.

Sin embargo, a pesar de que fue el propio exgobernador quien la solicitó y se concedió desde el viernes por la tarde, no pudo salir de la prisión estatal sino hasta este lunes por la tarde.


El también exalcalde panista de Aguascalientes salió de prisión alrededor de las 17 horas. Se espera que haga una declaración a los medios en su residencia particular, ubicada en el fraccionamiento Vergeles, a dos cuadras de la casa de gobierno, donde vive el actual gobernador, el priista Carlos Lozano de la Torre. 

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.