La PGR adelgazó los delitos imputados a Borge

En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de pesos con fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste fue extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta oprobiosa en tiempos de precampañas.

El delito rebasó a las instituciones, dice Peña

Ciudad de México. Aunque la política de seguridad durante este sexenio ha sido de la mayor prioridad porque los retos en esta materia requieren una respuesta firme y decidida, “hay que reconocer que el diseño institucional vigente de descentralización de las labores de seguridad ha sido rebasado por los desafíos del siglo 21”, admitió el presidente Enrique Peña Nieto, al clausurar la 42º sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Récord de 2 mil 186 homicidios dolosos en mayo

Ciudad de México. Con el registro de 2 mil 186 homicidios dolosos durante mayo pasado, el país alcanza la cifra récord de este delito en las dos décadas recientes.

Ese nivel es mayor a la cúspide de 2 mil 131 asesinatos intencionales, ocurridos en mayo de 2011, en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón. 

Los 2 mil 186 registros de homicidios dolosos , de mayo de 2017 ,significan 2 mil 452 víctimas de hechos violentos. Las cifras son distintas porque en una misma averiguación previa, abiertas en las procuradurías y fiscalías estatales, se puede incluir más de un fallecimiento. 

Detecta policía cibernética cuentas que incitan violencia en CDMX

La policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detectó desde la noche del miércoles hasta la mañana de este jueves, más de 200 mil cuentas de redes sociales que buscan incitar a la violencia y provocar miedo entre la población.

Elementos de la unidad de Ciberdelincuencia detectaron la aparición de los hashtags #MasMasacresEnMexico y #MasMasacreEnMexico que buscan promover actos como los ocurridos en el estado de Nuevo León el día 18 de enero.

Estas etiquetas son utilizadas por grupos organizados de personas, presuntamente jóvenes, en redes sociales y que se identifican como Legión Holk, al invitar a repetir los hechos lamentables del norte del país, pero en la Ciudad de México.

Hasta ahora se han detectado 10 cuentas que buscan usurpar la identidad del agresor al utilizar las fotografías disponibles en su perfil original. Las cuentas falsas son usadas para difundir imágenes de los hechos y para hacer burla de los mismos.

La policía cibernética trabaja en el bloqueo y blindaje de estas cuentas para evitar su propagación.

El jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida pidió a la población que en caso de detectar alguna publicación que comunique la realización de actos que atenten contra la población, sea reportado inmediatamente a la Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva al correo electrónico policia.cibernetica@ssp.cdmx.gob.mx.

Fuente: La Jornada

Autora: Mirna Servín Vega

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/19/detecta-policia-cibernetica-mensajes-que-incitan-a-la-violencia-en-cdmx

Autoridades no entienden el delito de trata de personas: David Fernández, Rector de la IBERO

Las autoridades no acaban de entender el delito de trata de personas ni le dan prioridad, ya que prácticamente no se le persigue y socialmente continúa invisibilizado

Esto lo señaló el maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Universidad Iberoamericana, en la ceremonia de clausura de la quinta edición del diplomado Trata de personas, políticas públicas y derechos humanos, impartido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. y la Dirección de Educación Continua de la IBERO.

En la ceremonia de graduación, realizada en la Sala Digna Ochoa de la CDHDF, el Rector subrayó que la trata en México es un negocio en el que están implicados el poder político, el económico y el crimen organizado, de modo que las redes de trata conjugan la complicidad de esas tres esferas.

Aunque anualmente el rubro de explotación sexual y pornográfica en México representa 10 mil millones de pesos para los cárteles, el gobierno sólo los persigue por el delito de tráfico de drogas y no por el de trata de personas, subrayó.

Así, según datos de la Procuraduría General de la República, 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores de edad, el equivalente a la mitad de la población de Puebla, son obligadas a entrar en alguna de las 47 redes de trata que existen en el país, añadió el Rector, quien describió a este grave problema como “un río de sufrimiento” para sus víctimas.

Por ello recomendó revisar las facultades de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres (Fevimtra), pues sólo tiene competencia en materia federal y en casos donde no intervenga el crimen organizado, lo que deja fuera de su jurisdicción a 90 por ciento de los delitos de trata en el país.

La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF, señaló como un orgullo que el organismo que dirige haya sido la sede de este esfuerzo que tuvo como objetivo contribuir a la generación de propuestas para la erradicación de la trata de personas.

En la ceremonia de clausura del diplomado Trata de personas, políticas públicas y derechos humanos participaron la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF; el licenciado Miguel Ortega Vela y la maestra Elba Flores Núñez, director ejecutivo y coordinadora académica del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C., y el doctor Enrique Beascoechea Aranda, director adjunto de Educación Continua de la IBERO.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
LINK: https://desinformemonos.org/autoridades-no-entienden-el-delito-de-trata-de-personas-david-fernandez-rector-de-la-ibero/

Alerta el INAI sobre altos riesgos del “sexting”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alertó sobre los riesgos que implica la práctica del sexting, que consiste en el envío de contenidos de tipo sexual a través de teléfonos móviles.

Esta práctica lleva a la pérdida de la privacidad, ya que una vez que la imagen es enviada, se pierde el control sobre su difusión, por lo tanto, los protagonistas quedan expuestos y vulnerables, destacó el INAI en un comunicado.

El fenómeno del sexting, subrayó, es una actividad que puede exponer a los menores de edad al grooming (acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual), ciberacoso y sextorsión como medio de presión y ridiculización contra la persona fotografiada.

Destacó que en su publicación denominada El Efecto Internet, la asociación civil Alianza por la Seguridad en Internet presenta una encuesta sobre el sexting y cómo las tecnologías de la información ofrecen facilidad y capacidad para el envío de textos, fotos y videos con connotación sexual.

En esa encuesta sobre seguridad y privacidad en la web aplicada a 10 mil estudiantes, 85% de los alumnos de entre 12 y 16 años reveló que 36.7% conoce a alguien que ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo, ya sea a conocidos o desconocidos.

Asimismo, 10.2% ha redactado o enviado mensajes electrónicos o de texto con insinuaciones sexuales, y 7.9% ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo ya sea a conocidos o desconocidos.

El INAI destacó que el sexting es una amenaza latente, ya que empieza como diversión y puede terminar en una situación grave que se salga de control y que produzca consecuencias sociales, físicas, psicológicas y legales para las víctimas.

La divulgación de contenidos íntimos o privados, apuntó, puede tener consecuencias legales, dado que esta conducta se puede encontrar tipificada como un delito.

Señaló que si bien la legislación no lo contempla expresamente, existen otros tipos penales con conductas similares, como los delitos contra la intimidad y la libertad sexual, así como los relacionados con la pornografía infantil.

En ese sentido, el Instituto manifestó que de existir algún hecho que pueda ser constitutivo de delito, debe denunciarse ante la procuraduría o fiscalía que corresponda a la entidad federativa de la persona que ha sido víctima de sexting o de delitos similares.

La presentación de la denuncia es sólo una de las acciones que se puede realizar ante el sexting, pues existen otras como las acciones de responsabilidad civil, que tienen como fin reparar el daño al patrimonio moral de las personas que se ven afectadas en sus derechos a la vida privada, honor y su propia imagen, apuntó.

Lo anterior, atendiendo a la legislación civil en cada una de las entidades federativas, como en el caso de la Ciudad de México, que cuenta con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en la capital del país, cuyo objetivo es garantizar los derechos de la personalidad.

No obstante, el INAI destacó que con independencia de las medidas legales que se puedan tomar, lo realmente importante son las acciones preventivas para evitar la práctica del sexting, pues los daños psicológicos y la reputación de la víctima pueden ser irreparables.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/446128/alerta-inai-altos-riesgos-del-sexting

La PGR deberá informar sobre 38 operadores financieros de grupos criminales

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar información de 38 presuntos operadores financieros de diferentes organizaciones delictivas, capturados por la Policía Federal.

Dicha información deberá incluir los siguientes datos: nombre del grupo criminal al que pertenecían, situación jurídica, cantidad de averiguaciones previas iniciadas en su contra y números de expedientes.

Al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Inai), el pleno del organismo precisó que la PGR deberá proporcionar el nombre de este grupo de personas, detenidas entre septiembre de 2013 y julio de 2014, que cuentan con una sentencia condenatoria ejecutoriada irrevocable.

Ello debido a que “existe un interés público en conocer a quiénes se les comprobó que atentaron contra bienes jurídicos como la estabilidad económica, la seguridad del sistema financiero del país y la seguridad nacional”.

En cuanto a las personas cuya culpabilidad no haya sido comprobada, el pleno resolvió que su nombre deberá clasificarse como confidencial hasta que exista una sentencia condenatoria irrevocable en su contra pues, de lo contrario, su difusión afectaría su vida privada al relacionarlas con una acusación aún no probada o improcedente.

En su respuesta inicial a una particular que requirió la información, la PGR la orientó a presentar su solicitud ante la Policía Federal (PF) con el argumento de que ésta fue la que reportó y detuvo a las 38 personas.

Inconforme, la solicitante presentó un recurso de revisión ante en el INAI, mismo que fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana.

Al analizar el caso, la comisionada advirtió que si bien las 38 personas en cuestión fueron detenidas por la PF, también fueron puestas a disposición de la PGR para la investigación correspondiente.

Además, afirmó que la PGR no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, pues turnó la petición a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda pero omitió a otras unidades competentes que pueden contar con lo la información solicitada.

También sostuvo que la PGR está en posibilidad de identificar a las 38 personas referidas porque participó conjuntamente con la PF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el programa para la prevención, investigación y análisis de lavado de dinero, en cuyo contexto se llevaron a cabo las detenciones motivo del recurso en revisión.

Así, la comisionada propuso al pleno del Inai revocar la respuesta de la PGR e instruirle a entregar a la requirente la información de las 38 personas detenidas que operaban estructuras financieras de organizaciones delictivas, omitiendo únicamente el nombre de aquellas que no cuenten con una sentencia condenatoria irrevocable.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción