Presidente debe ser juzgado por corrupción o delitos electorales, propone Morena

Un presidente de la República en funciones que viole la Constitución, cometa delitos contra la humanidad, participe en actos de corrupción o participe en un fraude electoral deberá ser imputado penalmente, propondrá este martes el grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta.

“Respuesta a la respuesta del gobierno”

“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, Joseph Goebbels.

Con mentiras, imprecisiones, promesas e incluso encuestas, se pretende esquivar el informe sobre crímenes de lesa humanidad en México. De inmediato el gobierno respondió al informe presentado por Open Society Justice Initiative (OSJI).

La respuesta no tiene fundamento alguno y no responde a los cuestionamientos del informe. Aquí mi respuesta, una a una,  a la respuesta del gobierno.

-“México es tradicionalmente un país comprometido con los derechos humanos”. ¿Se refieren a la tradición de candil de la calle, oscuridad en la casa? Otro de los grandes mitos de la historia mexicana, lo que es tradicional es el olvido y la impunidad. ¿Qué informe de derechos humanos tiene a México bien evaluado? ¿Qué crimen del pasado se encuentra resuelto o esclarecido? ¿Acaso Acteal, la Guerra sucia, el 68, Aguas Blancas o cualquiera de los que el informe habla entre 2006 y 2015? Sería útil saber a qué tradición se refieren.

-México ha “reforzado la protección de los derechos humanos de manera clara”. Ningún informe de órganos internacionales o de la misma CNDH lo avala. ¿En qué sustentan, en la realidad, esta afirmación? De hecho todos los cuestionamientos que se han hecho en los últimos años apuntan en dirección contraria.

-“Procuración de justicia y combate a la impunidad: El próximo 18 de junio de 2016, entra en vigor en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que hará expedita la impartición de justicia y reducirá la impunidad”. El mismo informe lo responde así: “En ausencia de instituciones más fuertes de rendición de cuentas, la evaluación del impacto de las reformas legales e institucionales recientemente adoptadas requerirá tiempo. Considerando el historial de reformas fallidas del sector judicial, sería ingenuo pensar que estas reformas aprobadas o las nuevas propuestas pendientes conllevarán inequívocamente a una mejora significativa en el establecimiento de responsabilidades penales por crímenes atroces”. Con esta misma respuesta se da cuenta del argumento sobre nuevas leyes y protocolos sobre tortura y personas desaparecidas recientemente aprobados o por aprobar. Pretenden responder con promesas.

-“En enero de 2014 se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”. Los problemas por los que atraviesa esa institución son ampliamente conocidos y lleva, en estos días, a la modificación de la Ley general de víctimas. Por múltiples motivos, la CEAV no ha respondido a la enorme necesidad de reparación integral de las víctimas.

-“La inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales”. ¿Cómo es posible sostener lo anterior si la inmensa mayoría de los asesinatos y desapariciones nunca son investigados? ¿Cómo sustentar lo dicho en los miles de casos de tortura? ¿Cómo lo saben si hay cientos de fosas clandestinas en el país? Suponiendo que así sea, el informe responsabiliza tanto al crimen organizado como a actores estatales. En ambos casos lo único constante es la impunidad y la falta de verdad.

-“De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la población”. Si es posible utilizar encuestas como argumentos jurídicos, qué hacer con las encuestas que tienen a la presidencia con los niveles más bajos de aceptación de la historia.

-“El Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables”. Solo en un mundo de cínicos se puede afirmar lo anterior con índices de impunidad superiores al 90%.

-En materia de contención de la violencia, la “estrategia del Gobierno Federal, en coordinación con los estados y con las autoridades locales, ha arrojado resultados positivos”. Los niveles de violencia siguen siendo intolerables. En el Índice de Paz Global 2016 México se encuentra en el sitio 144 de 162 países evaluados. Los resultados positivos nos colocan mejor que 18 países en el mundo, nada que celebrar.

-Por último se argumenta que el “Estado mexicano cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad”. Precisamente esto es lo que se pone en duda en el informe de OSJI y lo que se recomienda es  “iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”.

Esta respuesta es una más de las simulaciones y apuesta al olvido de nuestra larga tradición, solo que ahora frente a crímenes de lesa humanidad. A pesar de no contar con medios de comunicación libres y ser una ciudadanía pasiva, la presión internacional seguirá creciendo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYÁN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1006/mexico/respuesta-a-la-respuesta-del-gobierno-articulo-de-jacobo-dayan/