En Notimex, despidos “ilegales” y “violentos”

El adelgazamiento de los medios públicos golpeó ahora a Notimex, la agencia de noticias del Estado. Con el argumento de que se aplican la ley de austeridad y un memorándum presidencial, la dirección general ha cesado a un centenar de trabajadores. Algunos de ellos concedieron a Proceso entrevistas en las que afirman que los despidos son injustificados, no se les liquida adecuadamente y se les somete a presión policiaca, lo que contradice las declaraciones del presidente López Obrador al respecto.

El despido de decenas de trabajadores de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano con el argumento de las medidas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, evidenció el manejo de la agencia noticiosa que encabeza la periodista Sanjuana Martínez.

En una carta enviada al presidente el pasado 1 de julio, trabajadores denunciaron el despido injustificado de 100 personas, entre ellas 70 integrantes del sindicato, 10 de honorarios, siete de confianza, seis directores de área y seis subdirectores, y aseguraron que “nadie de los despedidos de base ha tenido una respuesta clara sobre su liquidación”.

La Suprema Corte ordena que las empleadas domésticas entren al IMSS: “discriminatorio excluirlas”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recomendó al Gobierno y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) generalizar el seguro social, el cual –consideró– se encuentra en un estado “vulnerable” .

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció hoy que es “discriminatorio” e “inconstitucional” que las empleadas domésticas sean excluidas del Seguro Social, dado que actualmente los patrones no están obligados a inscribirlas.

La oposición alerta: el PRI querrá imponer en estos días la Ley que elimina los derechos laborales

Fueron dos los senadores que presentaron un documento para reformar las Leyes Secundarias de la Ley Federal del Trabajo. Ambos son del PRI y ambos tienen como origen dos organizaciones que son también tricolores desde hace décadas: la CTM y la CROC. Faltan dos semanas para que terminen las actividades de la actual legislatura y las alertas están encendidas ya que, conforme el tiempo se agota, se abre la posibilidad de que se apruebe esa Ley sin tomar en cuenta todas las opiniones y con la intención de ponerle fin al derecho laboral en México, alertan senadores de oposición.

En las siguientes dos semanas, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podrían aprobar, sin discusión ni consenso, los cambios a las leyes secundarias  de la Ley Federal del Trabajo que hacen aún más flexible la subcontratación y ponen más trabas a las huelgas y a la contratación colectiva, alertaron senadores de la oposición.

Se trata de cambios al Artículo 15 A de la actual Ley y es, por completo, una iniciativa completamente priista.

Trabajadores del hogar urgen que se les reconozcan derechos laborales

Insisten al presidente Peña que ratifique Acuerdo 189 de la OIT y lamentan la falta de apoyo de Meade cuando fue Secretario de Hacienda.

La casa, como lugar de trabajo de una niña de 14 años, puede albergar distintos tipos de discriminación, o acoso sexual o explotación, en una labor poco remunerada, además de no ser valorada.

Así fue la historia de Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleados del Hogar (CACEH), quien en entrevista para Aristegui Noticias relató que tardó 22 años en ponerle nombre a los problemas que enfrentó.

40 millones perderán seguridad social con iniciativa presentada por senadores “obreros” del PRI

El documento de 286 páginas, que busca quitar todo límite a la contratación por outsourcing, es una ley que impactaría a más de 40 millones de trabajadores y a sus derechos laborales. A una semana de haber presentado la iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, ésta guarda su estatus de “pendiente” en el Senado de la República. De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no hay una fecha para que sea discutida y hablar con los senadores que integran dicha comisión, resulta poco posible “porque hay mucho trabajo”. Con tantos pendientes en el Senado y con el alcance de esa iniciativa, académicos consideran que esta reforma deberá ser abordada con toda la atención de los legisladores y con tiempo, ya que de dejarse como está, significaría el sacrificio total de la seguridad del trabajador.

La iniciativa elaborada por dos senadores “obreros” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y guarda ahí un estatus de “PENDIENTE”.

De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Julián López Olalde, hasta el momento no hay una reunión programada en dicha Comisión y tampoco hay una instrucción para que la iniciativa sea abordada de inmediato. Aseguró que no está programada y que por la cantidad de pendientes que hay en el Senado, tampoco hay condiciones para abordar la reforma a la ley, que no cuenta “ni con un borrador”.

De la flexibilidad a la simulación laboral

CIUDAD DE MÉXICO: La Consejería Jurídica de la Presidencia está elaborando una nueva reforma constitucional en materia laboral para revertir los cambios que había aprobado el año pasado con la reforma de justicia laboral cotidiana que acabó con las dos mayores injusticias de la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal.


Al parecer, el gusto no durará tanto porque, de manera sigilosa, el consejero jurídico, Humberto Castillejos –exdiputado local mexiquense y coordinador de asesores de la PGR cuando la encabezó Eduardo Medina Mora– está trabajando en la iniciativa junto con los abogados patronales Segundo García, Lorenzo Roel y Tomás Natividad para volver al tripartismo, es decir, la participación de los sectores patronal, sindical y gubernamental en la conciliación y arbitraje de los juicios laborales –modelo que sólo existe en México– en el órgano de vigilancia para que un trabajador se pueda quejar del mal proceder de algún funcionario federal.

Marchas y protestas en el mundo por Día Internacional del Trabajo

Estambul, Moscú, Filipinas y Bangladesh fueron algunas de las ciudades en las que los trabajadores salieron a marchar.

Miles de trabajadores en todo el mundo conmemoraron hoy el Día Internacional del Trabajo con marchas y protestas para exigir mejoras salariales y laborales, pero en algunas ciudades, como en Estambul, se registraron disturbios y detenciones.

En la capital de Turquía, Estambul, la policía detuvo a decenas de personas y dispersó con gases lacrimógenos a cientos más que intentaron entrar en la icónica plaza Taksim, desafiando la prohibición de realizar actos relacionados con el Día Internacional del Trabajo allí, según la agencia turca de noticias Anadolu.

Sindicalistas exigen alza salarial y rechazan reformas

Ciudad de México: Con las demandas de un cambio político y social en el país, alto al sacrificio de los trabajadores y marcha atrás a las reformas estructurales se realizaba este mediodía la concentración de los sindicatos independientes en el Zócalo.

Los integrantes de sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores, de la Nueva Central de Trabajadores de la CNTE, del campo y de Universidades e instituciones de Educación Superi se manifestaron contra "las mafias del charrismo" y los gremios de protección e ir la defensa de un salario digno.

Llenaron el Zócalo de rojo y negro, llevaron a un trabajador "sacrificado" sobre una cruz. También llevaron música y camisetas en demanda de la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Con marcha, policías de Chiapas exigen prestaciones y seguridad para sus familias

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Un centenar de policías de Tuxtla marcharon hoy por las calles de la ciudad para exigir mejores condiciones laborales para ellos y garantías de seguridad para sus familias.


Con cartulinas y coreando consignas, los uniformados marcharon por varios kilómetros desde el oriente de la capital del estado hasta llegar a la plaza central, donde dieron a conocer sus demandas, las cuales no han sido atendidas por el alcalde Fernando Castellanos.

Los inconformes exigieron el pago de prestaciones a viudas de policías que fallecieron en cumplimiento de su deber, pidieron se faciliten préstamos hipotecarios y cancelación de convenios con los sanatorios privados como Malibú y Metropolitano, debido a que reciben muy mal servicios de esos nosocomios.

Trabajadoras del hogar exigen derechos laborales en México, no sólo firma de convenios

Han pasado más de 5 años desde que el Estado mexicano se comprometió a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el fin de garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, sin embargo dicho proceso no ha sucedido, y no se vislumbra esfuerzo alguno o fecha próxima por asentar las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para lograrlo.

Este 30 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, y como cada año las empleadas del hogar esperan el pronunciamiento del Gobierno mexicano para el avance del Convenio 189, pues sin el apoyo del Estado y las reformas a las leyes necesarias, es imposible que las 2.5 millones de empleadas del hogar en el país -según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 2016- gocen del derecho a la seguridad social, días de descanso, prestaciones sociales, salario digno, y además, de un empleo libre de discriminación y violencia.

Ya pasaron tres años y México se niega a reconocer derechos de trabajadoras del hogar

México lo firmó en 2011, se comprometió a ratificarlo en 2014, pero tres años después el convenio 189 de la OIT sigue siendo un sueño para 2.4 millones de trabajadoras del hogar cuyo trabajo aún no es reconocido legalmente.

“¡Qué estudiar ni qué nada, usted tiene que ayudar a sus papás a mantener y cuidar a sus hermanos!”, sentenció la abuela de Irene cuando la niña tenía solo 12 años. Siendo la mayor de 10, las posibilidades económicas de su familia eran agobiantes, así que aceptó la invitación de una persona de su pueblo –San Miguel Atlautla, Estado de México- para irse a trabajar a una casa en Polanco, en la Ciudad de México Era su primer trabajo pero solo permaneció cuatro meses allí, pues la señora que la empleó la golpeaba, la encerraba y la alimentaba todos los días con el mismo guisado: moronga. “Frita o en salsa verde pero siempre lo mismo”, recuerda Irene sobre ese infame periodo de su vida.

La joven logró salir de ese lugar, pero hoy considera que los malos tratos que recibió en su primera experiencia la condicionaron a tener una baja autoestima y aceptar, en lo sucesivo, tratos y condiciones inaceptables.

Su siguiente empleo fue en un taller de costura en el que duró 20 años, hasta que en 2008 el patrón despidió a todas las costureras sin motivo y sin compensarlas. Con la orientación del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) se decidió a demandar al empresario y le ganaron hace tres años, pero él ha conseguido retrasar el pago con amparos y hasta ahora, Irene no ha recibido nada.

“También somos muy maltratadas como obreras”, lamenta Irene. En su empleo actual no la maltratan, admite, pero después de siete años, sus empleadoras no saben su apellido. No saben que hoy es sindicalizada y solo le preguntaron sobre su domicilio cuando creyeron que ella estaba planeando demandarlos. “No les interesamos más que para trabajar, no les importa cómo estamos ni quiénes somos”, dice la mujer de 59 años, quien espera que el Convenio 189 se ratifique para poder retirarse con una jubilación, luego de 47 años de trabajo, tres hijos y tres nietos, a los que ocasionalmente tiene que ayudar con recursos porque su hija no tiene un trabajo estable.

El caso de Irene es una de las razones de ser de la exigencia para que el gobierno mexicano ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que firmó tras su creación en 2011 pero aún no ratifica: busca otorgar seguridad jurídica y “trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar”, cuyas condiciones habituales son salarios bajos, violencia verbal y física, restricciones a la libertad, humillaciones, marginación, racismo y abuso sexual, trabajo infantil y hasta secuestro temporal.


En 2014 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a enviarlo al Senado para su ratificación, pero tres años después, la promesa sigue incumplida. El Convenio ha transitado por varias instancias del Ejecutivo pero no logra aterrizar por dos problemáticas: la financiera y la administrativa. Mientras, las trabajadoras se han organizado en un sindicato para formalizar su trabajo y defender sus derechos, pero en tanto el convenio no sea ratificado, siguen desprotegidas por la ley ante los agravios que han sufrido desde siempre.

Es un tema muy sensible…

Con una aplastante mayoría femenina, este sector es vulnerable en varios niveles: además de ser mujeres son de bajos recursos, tienen bajo nivel educativo, muchas provienen de comunidades marginadas, son menores de edad (la mayoría empieza a trabajar antes de los 18) y la ley no obliga a sus empleadores a reconocerlas. Este combo de desventajas hace fácil que se cometan todo tipo de abusos a puerta cerrada, con relaciones laborales informales basadas en la “confianza” y en una “integración a la familia del empleador”, lo que más que favorecerlas, limita aún más sus derechos.

El grupo que ha apoyado a Irene en sus varias peleas legales es el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), surgido del CACEH en agosto de 2015 para defender sus derechos humanos y laborales, combatir la discriminación, erradicar la violencia laboral y de género, así como impulsar la valoración económica y social de su trabajo. Formado inicialmente por unas 100 trabajadoras, actualmente cuenta con 860 miembros –tres son hombres–.

Es un sector predominantemente femenino, pues aunque son varios los trabajos de hogar realizados por varones, ellos no se consideran a sí mismos como trabajadores del hogar, incluso por eso no se afilian al sindicato y por eso resulta complicado contabilizarlos en los censos: en todo el país hay 2.4 millones de trabajadores del hogar, de los cuales el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no determina cuántos son hombres porque se asumen solo como choferes, jardineros o ayudantes para tareas técnicas del hogar, como electricidad o plomería, según explica Isidra Llanos, secretaria del Trabajo del Sindicato.

La ratificación del Convenio 189 es una de las más importantes causas del Sinactraho, ya que solo con este mecanismo internacional, México estaría obligado a cambiar muchas de las condiciones laborales actuales de estas personas: el artículo 14 establece que los países firmantes deben adoptar medidas para asegurar que las condiciones del trabajo del hogar “no sean menos favorables que las aplicables a los trabajadores en general”, lo que incluye seguridad social, vacaciones, aguinaldos, ahorro para el retiro, créditos para vivienda, y uno muy importante para estas mujeres: guarderías y descanso por maternidad.


Actualmente las leyes sí contemplan el trabajo del hogar, pero como una opción para el empleador y no como una obligación. El artículo 13 de la ley Federal del Seguro Social dicta que los trabajadores del hogar podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio “voluntariamente”, por lo que queda a criterio del patrón. Pero el aspecto que más preocupa a las trabajadoras es la cobertura: aun cuando consiguieran contratos por escrito de condiciones específicas, incluso si los patrones las inscribieran en el Seguro Social, sólo podrían tener servicio médico pero no otros beneficios como: incapacidad por motivos de salud o por embarazo, acceso a créditos, pensión en el retiro y guardería. Esto porque la ley del IMSS solo permite que el empleador las inscriba bajo el régimen voluntario -de cobertura limitada- y no permite apuntarlas en el obligatorio. El Convenio 189, sin embargo, obligaría al gobierno mexicano a adecuar la ley del IMSS y las que sean necesarias para garantizar el goce de todos estos beneficios para todos los trabajadores del hogar.

Desde que el secretario Osorio Chong se comprometió a enviar el Convenio al Senado para su ratificación, las trabajadoras han buscado a todas las instancias para monitorear su estatus, pero no logran saber dónde está atascado. “Vamos a Gobernación y nos dicen que lo tiene Relaciones Exteriores; ahí dicen que ya está en las cámaras, ahí dicen que no ha llegado, que lo están esperando para aprobarlo, entonces… no sabemos dónde está”. El último contacto que tuvieron con Gobernación para pedirle la ratificación fue hace un año, en el marco del Día Internacional del Trabajador Doméstico, que se celebra cada 30 de marzo. El Senado ha lanzado varios pronunciamientos para que el Ejecutivo ya lo envíe pero esto sigue sin ocurrir.


“Desde cuándo se pudo haber ratificado, pero es un tema muy sensible y tiene que tomarse una decisión responsable”, advierte el senador Miguel Ángel Chico, presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado. El legislador explica que hasta este momento, el Convenio está en manos de la Presidencia, y que el principal obstáculo para su ratificación son las carencias presupuestales. Lo mismo les dijo Mikel Arriola, director general del IMSS, así como otras autoridades del Instituto en reuniones con el Sindicato, a quienes han dicho que no habría dinero suficiente para pagar el seguro de los 2.4 millones de trabajadores; además de las complicaciones administrativas que implica dar seguridad social a un empleado que trabaja para varios patrones a la semana. El senador Chico subraya que se requiere una adaptación gradual de las leyes una vez que haya recursos en el IMSS para asegurarlas a todas, pero confía en que esto pueda ocurrir todavía en este sexenio.

RECUADRO DATOS

• El Convenio 189 está en vigor en 23 países, 12 de ellos latinos.
• En Jamaica ya fue ratificado pero entrará en vigor el 11 de octubre 2017.
• México lo firmó en 2011 pero no lo ha ratificado.
• En México hay 2.4 millones de trabajadores del hogar, 95% son mujeres.
• De ellas, sólo 7% están afiliadas al IMSS (alrededor de 2,000) muchas de ellas a través de las empresas de sus empleadores, y no como trabajadoras del hogar.
• Un 70% de las trabajadoras son de entrada por salida, el resto son de ‘planta’.
• Ninguna trabajadora del sindicato ha firmado un contrato con sus empleadores hasta el momento.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CLAUDIA ALTAMIRANO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/03/derechos-trabajo-domestico/

Diputados dan la puntilla a los derechos de los trabajadores

La reforma laboral aprobada el martes 21 es la puntilla de una serie de modificaciones legales que durante los últimos cinco años han derruido los derechos de los trabajadores. La semana pasada, la Cámara de Diputados les dio a los patrones el derecho a decidir qué enfermedades son laborales y cuáles no, lo que significa que decidirán si el trabajador recibe todo su sueldo o sólo 60%…

Las reformas en materia laboral que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada son inconstitucionales, abren la puerta a la solicitud de amparos por parte de trabajadores y empresarios, afectan los derechos profesionales y cierran la pinza para privatizar el seguro de riesgos de trabajo. Por si fuera poco, pueden reducir el pago de salario por indemnizaciones.

Especialistas en ciencias de la salud laboral y abogados señalan lo anterior, en tanto que la fracción del PRI y diputados de PAN rechazan que las modificaciones dañen a los empleados. Por el contrario, auguran que se agilizará el pago de indemnizaciones.

Igualmente, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, dice que es falso que el cambio haya vulnerado “derecho alguno de los trabajadores”. Pero revela que lo que aún no se vota en el Senado ya fue negociado y pactado, según se desprende de su comunicado de prensa 813: “(Los cambios) no fueron producto de meses de trabajo sino de años de negociación tripartita, con empresarios y trabajadores”.

El pasado martes 21, los diputados confeccionaron una nueva tabla de enfermedades provocadas por el trabajo, actualizaron el valor en que se tasará cada uno de los órganos del cuerpo humano que lleguen a dañarse en horario laboral y, derivado de lo anterior, definieron la indemnización que procederá en caso de pérdida o afectación permanente.

Pero además: con la reforma, el Poder Legislativo abdicó de su facultad establecida en la Constitución y le otorgó a empresarios y sindicatos charros el derecho de que sean ellos, junto con la STPS, los que vayan modernizando las tablas de enfermedades y valuación.

Ahora, si alguna enfermedad laboral resulta excluida de la nueva tabla será catalogada como “enfermedad general”, por lo que el IMSS le pagará al trabajador sólo 60% de su salario durante el tiempo que dure la baja emanada de la enfermedad, y no 100%, detalla Luis Manuel Pérez Pantoja, maestro en ciencias de la salud de los trabajadores y médico perito tercero en discordia de juicios laborales.

Pero la afectación al bolsillo de los empleados no será lo más grave de la reforma, acusa el especialista Gustavo Leal, sino el hecho de que el Estado deja de tutelar el derecho de los trabajadores a la salud.

Regalar la salud ajena

La reforma a los artículos 476, 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene efectos económicos, de salud, laborales, jurídicos y políticos, detallan los entrevistados.

Pérez Pantoja explica que, ante todo, la modificación es un acto de inconstitucionalidad cometido por los legisladores.

Recuerda que el artículo 123 de la Constitución indica, en su fracción 14, que los empresarios son los responsables de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores, por lo que deben pagar las indemnizaciones por muerte o incapacidad temporal o permanente.

Con la reforma de la semana pasada, apunta, los diputados “le obsequian” al Ejecutivo y a los empresarios que sean ellos los que aprueben las tablas de enfermedades laborales y de valuación a través de un organismo llamado Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Coconasst, integrado por patrones y sindicatos “palomeados” por el gobierno).

“¡Esto es como poner a la Secretaría de Salud en manos de (las funerarias) Gayosso!”, expresa.

En la reforma laboral aprobada en noviembre de 2012 se estableció en el ­artículo 515 de la LFT que el “presidente de la República puede iniciar ante el Poder Legislativo” la adecuación de las tablas.

Ahora, con la reforma de la semana pasada, ese artículo elimina la intervención del Poder Legislativo, y en el artículo 513 se asienta que la adecuación de las tablas la hará el Ejecutivo a través de la STPS y tras “la aprobación previa” de la Coconasst. Por ello, considera el médico perito, la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) estudian interponer una controversia constitucional.

“De la Coconasst podemos analizar y confrontar su historia. Es negra, se ha dedicado a desregular los derechos en materia de seguridad e higiene de los trabajadores. Ha disminuido entre 30% y 40% las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de seguridad e higiene”, delinea.

Y pone dos ejemplos: los botiquines de primeros auxilios ya no son obligatorios en los centros de trabajo porque la Coconasst así lo determinó. Y uno más grave: la NOM 10 –que establece los límites máximos permisibles de sustancias químicas en el ambiente, y que tiene que actualizarse cada año– no se renovó durante 10 años porque las cámaras empresariales se oponían a ello.

El médico refiere que la elaboración del nuevo catálogo de enfermedades de trabajo y la tasación de órganos se realizará “de acuerdo con lo que digan los patrones en esa comisión; por eso digo: la salud en manos de Gayosso”.

La diputada presidenta de la Comisión de Trabajo, la priista Georgina Zapata Lucero (hija de Doroteo Zapata, exdirigente de la Confederación de Trabajadores de México –CTM, sector obrero afiliado al PRI– en Chihuahua, y quien fue la encargada de presentar el 16 de marzo de 2016 la iniciativa de reforma) rechazó que ésta afecte a los trabajadores. “Por el contrario, los empleados podrán demandar a sus patrones por el pago de incapacidades con motivo de afectación a su salud, derivadas de nuevas tecnologías que se utilizan”.

Arturo Alcalde, abogado laboralista, afirma que es procedente que un trabajador se ampare contra la reforma, pues el sector patronal se ha convertido en juez y parte al integrar la Coconasst, ya que ésta definirá cuáles enfermedades pueden considerarse de trabajo y cuánto vale cada parte del cuerpo.

Reducción de derechos

Pérez Pantoja detalla: “Cuando se habla de que esta reforma puede bajar el salario no es exactamente que lo disminuya, sino que se corre el riesgo de que una enfermedad laboral no entre en la tabla, y entonces –en lugar de pagársele al trabajador 100% de su sueldo durante su incapacidad– el IMSS le daría sólo 60%, por considerarla ‘enfermedad general’.

El médico perito explica que hay dos tipos de incapacidad: la temporal y la permanente. “Con las reformas, la incapacidad temporal no se toca, se seguirá pagando 100%. El problema son las incapacidades permanentes, que las hay también de dos tipos: la parcial y la total. Y el problema está en que, por ejemplo, si yo pierdo el dedo pulgar en una fábrica, la tabla actual establece que me deben pagar entre 40 y 50% de mi sueldo, pero como esa tabla de valoración ya estará en manos de los patrones, el nuevo listado puede decir que perder el dedo sólo amerita que se me pague entre 10% y 20%”.

El diputado panista Luis F. Mesta expresó mediante un comunicado que es falso que vaya a reducirse 50% el salario de quienes soliciten una incapacidad. Por el contrario, “es un avance en el tema”. Su postura se explica porque el PAN, junto con el PRI, PES, PVEM y Panal, votó a favor de la reforma. En contra votaron PRD, Morena y MC.

El abogado Arturo Alcalde se manifiesta en contra de que sea la Coconasst la que “apruebe” las tablas, pues, arguye, se trata de un asunto de salud, de decisiones que deben ser tomadas por especialistas, y no de votos.

“Se pone en riesgo el ingreso del trabajador por invalidez. Se pone en riesgo la calificación de vida, de una enfermedad profesional, y esto puede generar consecuencias delicadas al trabajador si no se le reconoce que su enfermedad fue a causa del trabajo.”

Y añade: si a un empleado le clasifican su enfermedad como “general”, esto le puede afectar en su contrato colectivo, y lo mismo si tiene seguro privado contratado por la empresa, “porque para pagar piden que el IMSS reconozca el padecimiento como enfermedad de trabajo”.

Alcalde sostiene: ahora “existe la posibilidad de que en la Coconasst tomen una decisión interesada o irresponsable. La experiencia nos dice que cuando las centrales obreras y patronales participan en órganos tripartitas de seguridad social lo ven desde la óptica del negocio”. Ante esto, manifiesta, quienes deben resolver cuáles son enfermedades laborales y su valor son especialistas en la materia. “Es un error entregar esta decisión a un órgano tripartita”.

Descapitalizar al IMSS

Existe otro problema con los cambios, abunda Pérez Pantoja. En todas las empresas el patrón paga dos tipos de cuotas al IMSS: la obrero-patronal (que es la clásica y cubre enfermedad, vejez, cesantía, muerte, guardería y maternidad) y una extraordinaria por “riesgos de trabajo”.

“La fracción 14 del artículo 123 de la Constitución da la responsabilidad al patrón de cubrir daños. Entonces, lo que se hace es que se afilia al trabajador al IMSS y las obligaciones de indemnización se subrogan al propio IMSS; pero se subrogan con una cuota extra por parte de los patrones: esta prima extra se llama prima de siniestralidad. Esa cuota se incrementa en función del número de accidentes y enfermedades laborales, incapacidades permanentes, cantidad de muertes, y a todo esto se le llama ‘índice de siniestralidad’.

Para el médico perito el que las tablas hayan sido excluidas de la ley (y su elaboración sea a partir de ahora sólo un acto administrativo) permitirá que el empleador rechace pagar la prima de siniestralidad al IMSS y, en cambio, adquiera un seguro privado –y a modo– para sus empleados. Y si el Estado quiere obligarlo a que siga pagando al IMSS, el patrón podría incluso ampararse.

Incluso, sostiene, los seguros privados pueden confeccionar sus propias tablas de enfermedades e incapacidades, “A mí la ley me dice que debo cubrir a los empleados contra riesgos de trabajo y lo voy a hacer, pero con una aseguradora privada. ‘Yo te estoy pagando el seguro obligatorio’, puede alegar la empresa”.

Esto, explica, sería otra estocada al IMSS, porque entonces ya no recibiría la prima extraordinaria por siniestralidad. “Y en el hipotético caso de que los patrones se vayan a un seguro privado, pues ahora el negocio será para las aseguradoras privadas, para los bancos”.

En resumen, existen dos problemas: que la Coconasst, que abrió las puertas a los sindicatos charros y a las empresas, quite enfermedades de la lista y no reconozca otras. Y que se “posibilita la privatización del seguro de riesgos de trabajo”.


Este reportaje se publicó en la edición 2104 de la revista Proceso del 26 de febrero de 2017.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476107/diputados-dan-la-puntilla-a-los-derechos-los-trabajadores

Exige Sección 22 frenar reducción de salario en enfermedad

OAXACA, Oax: La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) exigió poner alto a la reciente reforma a Ley Federal del Trabajo, que reduce al 50% el salario del trabajador cuando se enferme por causas laborales.


Advirtió que de no ser así “el pueblo de México responderá como lo ha demostrado la historia, con unidad, organización y articulación de luchas para enfrentar la embestida de un gobierno privatizador y autoritario”.

Y acusó que los mismos partidos que aprobaron el Pacto por México (PRI, PAN, PVEM, Panal y PES) acatan nuevas órdenes recibiendo cantidades exorbitantes para este tipo de iniciativas a favor de los más ricos, a costa de violentar el derecho del trabajador a recibir un salario.

Con esta reforma, señaló, “queda prohibido enfermarse en este país”, en referencia a las modificaciones a los artículos 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo.

Las fracciones del PAN, PRI, PVEM, Panal y PES aprobaron que cuando un trabajador enferme por causas laborales, sólo se le pague 50% y no 100% de su salario, además de que el empresario determinará cuáles enfermedades serán susceptibles de pago.


Entonces, “hoy queda demostrado que en México está prohibido enfermarse por trabajar, porque el sueldo – que es un derecho de todo trabajador – será arrebatado de la manera más vil para quedarse en manos del empresario o patrón”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475683/exige-seccion-22-frenar-reduccion-salario-en-enfermedad

Desmiente la STPS reducción al pago por incapacidades laborales

Ciudad de México. Es mentira que con las nuevas Tablas de Enfermedades y de Validación de Incapacidades Laborales Permanentes, cuando se enfermen los trabajadores se les vaya a descontar un porcentaje de su salario “esto es absolutamente falso”. Sólo se revisó el número de padecimientos que se generan por cuestiones laborales, pero no se tocó, ni hubo cambio alguno sobre los montos que pagarán por incapacidades el Seguro Social, ni las empresas.

En entrevista telefónica, el subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, Ignacio Rubí explicó que las nuevas tablas aprobadas por la Cámara de Diputados y que pasarán a su análisis a la de Senadores, sólo contemplan la actualización del número de enfermedades que serán consideradas como laborales.

En esta actualización se incluyó 73 nuevos padecimientos por trabajo, entre ellos el estrés, 19 tipos de cáncer de origen laboral –en las tablas anteriores se contemplaban sólo 4-; y también se incrementó el número de males infecciosos y parasitarios de 21 a 40. Lo que sí se redujo fueron enfermedades del sistema respiratorio de 50 tipos a sólo 16. Participaron en esta tarea especialistas del sector salud y de diversas universidades.

Sin embargo, en ningún momento se modificó el pago de incapacidades de dichas enfermedades, dijo el funcionario y puntualizó que de ninguna forma se sesgan los derechos de los trabajadores, como señalaron algunos diputados, y sostuvo. “Esto es falso, y es una confusión temeraria, que denota que no hay ningún conocimiento del dictamen que se emitió al respecto y que debieron haber estudiado los legisladores”.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: PATRICIA MUÑOZ.

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/23/desmiente-la-stps-reduccion-al-pago-por-incapacidades-laborales

Diputados aprueban reducir 50% el salario cuando trabajador enferme por causa laboral

CIUDAD DE MÉXICO: Las fracciones del PAN, PRI, PVEM, Panal y PES aprobaron que cuando un trabajador enferme por causas laborales, sólo se le pague 50% y no 100% de su salario, además de que el empresario determinará cuáles enfermedades serán susceptibles de pago.


Con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra, éstos últimos de Morena, PRD y MC, el pleno avaló cambios en los artículos 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo y añadió el 515 bis.

La reforma abre la puerta para que sea la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) la que actualice las tablas de valuación de las incapacidades permanentes, previa aprobación del proyecto respectivo por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ésta participará el empresario y así como agrupaciones sindicales de corte priista afines al gobierno federal actual.

Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión del Trabajo, Georgina Zapata, dijo que la actualización de las tablas de evaluación se debe realizar conforme al progreso de la medicina del trabajo, que se incorporen nuevos tratamientos, una adecuada evaluación de los grados de incapacidad laboral, a partir de la identificación y descripción de enfermedades del trabajo, de sus tipos y aspectos.

“Con el proyecto de decreto que sometemos a consideración de este pleno, estamos proponiendo un régimen transitorio para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expida la tabla de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes en un término de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto que se sirva, en su caso, esta soberanía aprobar, quedando sin efecto la actual tabla de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes”, detalló.

Durante su argumentación a favor, la panista Luz Argelia Paniagua Figueroa dijo que entre las adecuaciones aprobadas se encuentran aquellas que tuvieron como fin el establecimiento de un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización del contenido de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes.

“No obstante, se conservó el texto del artículo 515 de dicha ley, en el cual se establece que el presidente de la República iniciará ante el Legislativo la adecuación periódica de las tablas de enfermedades”, aseguró.

La panista recordó que han pasado más de 46 años sin que las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación sean actualizadas, privando de certeza y seguridad jurídica a los trabajadores que sufren de enfermedades por motivos de trabajo.

En tanto, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Aracely Damián, dijo desde tribuna que la reforma implica que al trabajador ahora solo se le pagará 50% y no 100% de su salario cuando enferme por motivos de su trabajo.

“El robo que estos pillos van a aprobar va en contra de los trabajadores. Están violentando sus derechos y que sea el empresario el que diga qué enfermedades se pueden pagar o no, los hace juez y parte y va en contra del trabajador”, sostuvo.

A su vez, el diputado del PRD, Julio Saldaña Morán, explicó que con dicha reforma existe una contradicción, pues aunque se permite que se modifique la tabla, se deja en la Ley Federal del Trabajo otra tabla que solo puede ser modificada por el Poder Legislativo.

Y todavía más, aseguró que lo que se votaría nadie lo conocía:

“¿Quién conoce el proyecto de las nuevas tablas de enfermedades? Que son 73 las que se actualizan. Pero nadie las conoce. Yo no las conozco. Se habla del 2012 (año en que se realizó la reforma laboral), que seis meses después se iban a publicar, cosa que no fue”. Entonces anunció que el voto del PRD sería en contra.

El PRI, mediante David Aguilar Robles, dijo que al actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y la valoración de las incapacidades permanentes se garantiza certeza jurídica a los trabajadores. Con el dictamen, añadió, se podrá actualizar la tabla de manera periódica y bajo un mecanismo de cooperación interinstitucional.

Alejandro Cañedo, de Morena, detalló las razones por las cuales su partido votó en contra: “Porque deja solo al criterio del Ejecutivo federal el elaborar la tabla de enfermedades, excluyendo al Poder Legislativo de esta tarea”.

Además, dijo, con esta propuesta se pretende, mediante el artículo tercero transitorio, desaparecer dicha tabla de enfermedades de la Ley General del Trabajo, cuando se actualice. Esto, además de grave y de atentar contra la vida de los trabajadores, implica que estas enfermedades sean solo una disposición administrativa, vulnerando el ejercicio de este derecho ganado históricamente por los trabajadores mexicanos.

La iniciativa, agregó, forma parte de la contrarreforma de 2012 “cuando se suprimió la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, que detallaba el porcentaje a pagar, adicionado al salario, a trabajadores con daños permanentes”.

Y añadió: “Esta iniciativa, que pretende desaparecer la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo, atenta contra la vida de las y los trabajadores e implica que estas enfermedades sean solo una disposición administrativa, vulnerando el ejercicio de este derecho ganado históricamente”.

Incluso, advirtió que “de aprobarse, las aseguradoras privadas que actualmente administran de manera ilegal las pensiones, o el propio IMSS, harán sus propias tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades acorde a sus intereses”.

Peor aún, sostuvo, el dictamen es un golpe a las finanzas del IMSS “pues al no reconocerse las lesiones ni enfermedades de trabajo el instituto no podrá aumentar las primas por siniestro que aplica a las empresas y estos costos se trasladarán a las ramas del seguro de enfermedad general e invalidez”.

Ariel Juárez, de Morena, detalló la razón por la que ya no se pagará el 100% del salario a un empleado: “se pretende que al concluir la actualización, las tablas de enfermedad que están actualmente desaparezcan de la Ley Federal del Trabajo. Su implicación legal es que al salir del cuerpo de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, se convertirá en sólo una disposición administrativa, lo que significa quitar certeza jurídica en el ejercicio de este derecho”.

Ahora, continuó, será la patronal quien determine qué se reconoce o no como una enfermedad profesional. “Pueden desaparecer o no reconocer patologías causadas por el trabajo, según sus intereses, así como definir la cuantía de las indemnizaciones a que tendrá derecho la población trabajadora que sufrirá o que sufra un accidente o enfermedad de trabajo”.


Y ejemplificó: “si un trabajador sufre la amputación de un dedo pulgar, hoy equivale de 40% a 45% de incapacidad permanente, 45%, el día de mañana podrán decir que solamente equivale a un simple 10%”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475336/diputados-aprueban-reducir-50-salario-cuando-trabajador-enferme-causa-laboral

12 claves sobre la investigación de la ONU a empresas y los derechos laborales en México

El pasado 4 de septiembre, la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla recibió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos para exponerles la situación que han vivido por más de ocho años, en los que han denunciado que les quieren imponer una autopista que partirá la comunidad en dos, a base de violaciones a sus derechos humanos y el quebrantamiento de órdenes judiciales que han ordenado la suspensión de la obra.

Pero no fue la única comunidad a la que escucharon. La visita de la agrupación a la comunidad indígena formó parte una agenda que duró del 29 de agosto al 7 de septiembre, en la que se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los tres niveles de gobierno y empresas, para discutir las repercusiones que tiene la labor empresarial en materia de derechos humanos.
1. ¿Qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas?

Esta agrupación fue establecida en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011 y está conformado por cinco expertos independientes, que provienen de diferentes partes del mundo. La labor del Grupo de Trabajo se centra en promover que empresas de diferentes ámbitos se comprometan a respetar los derechos humanos, al momento de llevar a cabo sus labores. Y lo hacen a partir de tres principios rectores, que tienen que ver con lo siguiente:

1. El Estado, quien es el responsable de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos.
2. Las empresas, que deben cumplir las leyes hechas por el Estado y respetar los derechos humanos.
3.Los afectados, quienes deben tener acceso a mecanismos de reparación.


A México llegaron dos integrantes: Pavel Sulyandziga, un defensor de derechos humanos de origen ruso, quien actualmente se desempeña como presidente del Grupo de Trabajo, y el chileno Dante Pesce, quien tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones civiles en su país y a nivel internacional.

2. ¿A qué vinieron a México?

De acuerdo con el informe de resultados preliminares, presentado el 7 de septiembre en conferencia de prensa, el Grupo de Trabajo vino a México por invitación del gobierno mexicano a “identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones unidas sobre empresas y derechos humanos en México”.

3. ¿Con quiénes se reunieron en México?

De manera oficial, ésta fue la primera visita del Grupo de Trabajo a México. En ella, visitaron los estados de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se reunieron con miembros de diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. También sostuvieron encuentros con los tres niveles de gobierno y miembros de secretarías como Relaciones Exteriores, Gobernación, Recursos Naturales, Economía. Por último, conversaron con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como de las comisiones de derechos humanos de los estados a los que visitaron, miembros del Congreso de la Unión y empresas como Grupo Bimbo, Grupo México, Cemex, Pemex y la CFE.

4. ¿Con quiénes no se reunieron?

En la conferencia de prensa del 7 de septiembre, donde se dieron a conocer los resultados preliminares de la visita del Grupo de Trabajo a México, los representantes de dicha organización dieron a conocer que, de todas las empresas que aparecen mencionadas en el informe, la única con la que no pudieron reunirse fue con Grupo Higa, la constructora que desarrolla la Autopista Toluca-Naucalpan a la que se oponen los habitantes San Francisco Xochicuautla, pues no respondió a su solicitud que fue enviada vía correo electrónico.

Dante Pesce, representante de la agrupación también señaló que también con respecto al caso Xochicuautla, no pudieron reunirse con autoridades del Estado de México, aunque no especificó las razones. Sin embargo, sí entregaron un cuestionario, cuyas respuestas esperan agregar al reporte final de su visita a México, que presentarán en junio de 2017.

5. ¿Qué contiene su informe? El panorama en México

El informe que presentaron los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos contiene un resumen breve del panorama en México sobre la materia y reflexiona acerca del contexto adverso en materia de derechos humanos al que se enfrenta el país. Pavel Sulyandziga señaló que, en su opinión, en el país existe una crisis en la materia.

“Organizaciones internacionales y nacionales y mecanismos de derechos humanos han puesto de manifiesto los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México. Niveles críticos de violencia, inseguridad, e impunidad contrastan con importantes desarrollos legislativos y políticas públicas promovidas por el gobierno”.

En opinión de la agrupación, los representantes de gobierno y empresas con los que se reunieron han aceptado que existe una sensación de intolerancia ante los proyectos a gran escala.

“Nos quedó claro que las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala. Se trata principalmente protecto en los sectores de minería, energía, construcción y turismo, que afectan a menudo a las comunidades indígenas”, se lee en el documento.

El informe preliminar contiene casos representativos que ilustran la problemática de la relación entre empresas y derechos humanos. Esos caso son: la Autopista Toluca-Naucalpan, el parque eólico en Oaxaca, la contaminación en los ríos Sonora y Santiago (ubicado en el estado de Jalisco) y el despido de Carmen Aristegui por dar a conocer una investigación periodística.

Todos los casos han sufrido el impacto del sector empresarial. “Hay prácticas que realizan empresas, como la industrialización, que hace años eran bien vistas y ahora no lo son. No todos los proyectos que revisamos van a ser viables. Hay casos que el riesgo supera los beneficios”, comentó Dante Pesce del Grupo de Trabajo.

Además, el documento comparte información sobre la situación de los derechos laborales en México, para personas con discapacidad, población infantil, sindicatos, jornaleros y la discriminación de género en el lugar de trabajo. “La situación precaria de los trabajadores contratados temporalmente, falta de acceso a la seguridad social, salarios bajos y un salario mínimo que actualmente no es suficiente para permitir a trabajadores mantenerse a ellos mismos y sus familias”, señala el informe.

Por último, el reporte hace un breve resumen sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, el trabajo de la CNDH y las comisiones de derechos humanos estatales y los procesos legales a los que en ocasiones tienen que recurrir las comunidades afectadas por proyectos de gran impacto.

6. Caso Xochicuautla

Desde 2007, cuando Enrique Peña Nieto aún gobernaba la entidad, se impulsa la edificación de la Autopista Toluca-Naucalpan. Se trata de una carretera que se construye dentro de una vasta área natural, que es protegida por el gobierno mexicano desde el 8 de enero de 1980, bajo el nombre de Parque Estatal Otomí-Mexica. Los habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denuncian que la autopista les está siendo impuesta y ha estado marcada por una serie de irregularidades que no sólo han atropellado sus derechos fundamentales como pueblo indígena, sino que son contrarias a lo que establece la legislación mexicana.

7. Caso parque eólico de Oaxaca

El Grupo de Trabajo se reunió con las partes involucradas en la ampliación del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, al que se oponen las comunidades indígenas de la zona. Ellos denuncian que, aunque se llevó una consulta para determinar el destino de la obra, ésta fue amañada pues se hizo en un momento en el que ya estaban los molinos de viento en la región sobre la cual se pretendió consultar. En contraste, el informe menciona que, al reunirse con representantes de las autoridades de Oaxaca, les expresaron su frustración por la “cuestión indígena” había hecho que el proyecto se retrasara este proyecto energético.

8. Caso Río Sonora

En Sonora, el Grupo de Trabajo revisó la situación en el Río Sonora, donde ocurrió el vertido tóxico a causa de una minera de cobre, propiedad de Grupo México. Ahí se reunieron con representantes del gobierno, la empresa y las personas afectadas para escuchar las tres versiones de la historia. El informe menciona la preocupaciones que existen en la comunidad, emanadas de las indemnizaciones que habrían de recibir por el daño, pues consideran que son arbitrarias.

También señala que existe un descontento pues, de las 28 plantas de tratamiento de agua que la compañía se había comprometido a construir, solamente hay una terminada y no funciona debidamente.

Por último, el documento narra que, aunque las personas afectadas consideran que no han sido debidamente informadas, representantes de Grupo México señalaron que era papel del Gobierno de la República proporcionar dicha información debidamente.

9. Caso Río Santiago, Jalisco

El Grupo de Trabajo también revisó el caso del Río Santiago, ubicado en Jalisco, del que dijeron es considerado el más contaminado en México, pues recibe descargas de más de 300 industrias, que se localizan en uno de los corredores más importantes del país. El informe de la agrupación menciona que un representante de una de las empresas dijo reconocer los altos niveles de contaminación, aunque señaló que la organización a la que pertenece cumplió con las regulaciones que existían.

“Las autoridades estatales eran muy conscientes del problema, pero subrayaron que se trataba de una cuestión federal y que se llevaron a cabo repetidos esfuerzos para establecer un grupo de trabajo con las autoridades federales que permitiera discutir un plan para la rehabilitación del Río Santiago. También subrayaron que es competencia de las autoridades federales y municipales supervisar el cumplimiento de las normas ambientales”, se deja leer en el informe.

10. Caso Carmen Aristegui y defensores de derechos humanos

Por último, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas dio a conocer el 7 de septiembre que, durante su visita a México, también se reunieron con la periodista Carmen Aristegui, quien en 2015 fue despedida de la empresa en la que trabajaba por una investigación periodística, según argumenta la propia comunicadora.

“Justamente ella realizó una investigación y nadie ha dicho nada en contra de la investigación. Nadie ha desmentido la investigación. Compartió y su caso y debo decir que aquí existe una grave violación de los derechos humanos por parte de la empresa que la despidió”, señaló Pavel Sulyandziga.

11. Conclusiones del informe preliminar

El informe del Grupo de Trabajo de la ONU contiene una serie de conclusiones con respecto a su visita a México, aunque advierten que hay mucho por hacer para mejorar esta crisis de derechos humanos. “Estamos contentos de ver que hay un compromiso por parte del gobierno mexicana para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas públicas, prácticas, pero también mentalidades para comentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos”, concluye el reporte.

12. Recomendaciones al gobierno de México y cuándo las conoceremos

El informe presentado este 7 de septiembre es apenas un trabajo con resultados preliminares. Los representantes del Grupo de Trabajo dieron a conocer que les tomará entre tres y cuatro meses armar el reporte final, que será presentado en junio de 2017, en Ginebra, Suiza, cuando se lleve a cabo la 35 sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU.

Sin embargo, antes de que se presente el informe en Suiza, el Grupo de Trabajo dará a conocer las recomendaciones que da al gobierno mexicano, luego de su visita a territorio nacional. Sin embargo, recordaron que éstas no tienen obligatoriedad. Es decir, que los gobiernos que invitan a la agrupación no están obligadas a acoger dichos consejos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: FRANCESC MESSEGUER
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/informe-onu-empresas-derechos-humanos-mexico/

El 80% de los mexicanos no tiene para sobrevivir 6 meses por incapacidad laboral, plantea estudio

En México, el 80 por ciento de la población mexicana no está preparada económicamente para sobrevivir seis meses por una incapacidad laboral, reveló el estudio Brecha de Protección de Ingresos de Zurich Insurance Group. Al sufrir un accidente, el 54 por ciento de los mexicanos tuvo que utilizar sus propios ahorros para cubrir el déficit en sus ganancias y 44 por ciento tuvo que apoyarse en su familia para solventar sus gastos, lo cual deja sus finanzas en una posición vulnerable.

El 80 por ciento de la población mexicana no está preparada económicamente para sobrevivir seis meses por una incapacidad laboral, reveló el estudio Brecha de Protección de Ingresos de Zurich Insurance Group.

“Los mexicanos tienden a subestimar los riesgos, sin embargo, en temas de salud, la situación es aún más preocupante puesto que un percance puede socavar las finanzas de un trabajador”, informó la aseguradora.

La brecha de protección de ingresos se refiere a la reducción monetaria que experimentan los trabajadores si en algún momento no pueden laborar debido a un impedimento o percance.

De acuerdo con el documento, una quinta parte de la población económicamente activa en México sólo podría sobrevivir un mes si perdiera su fuente de ingresos y únicamente el 20 por ciento de los trabajadores tiene ahorros para vivir más de seis meses.

Zurich destacó que en México la protección de los ingresos está limitada y cubre sólo a una minoría de la población trabajadora, a diferencia de países como España donde se podría sobrevivir 3.3 años con sus ahorros o Alemania que tendrían una reserva de capital para 6.8 años.

En el estudio, elaborado en conjunto con la Universidad de Oxford, participaron más de 11 mil personas de 11 países dentro de cuatro regiones geográficas: Europa continental, naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de habla inglesa, Latinoamérica y el sur de Asia.


INCAPACITADOS, SIN SALARIOS DIGNOS Y SIN AHORROS

El escenario para los trabajadores mexicanos se ha complicado desde hace 36 años. La falta de políticas públicas para fortalecer el poder adquisitivo y la inserción del país en la llamada globalización, han limitado a más de la mitad de la población a percibir un promedio de dos salarios mínimos, que en la mayoría de los casos no es suficiente ni para la compra de alimentos. Pensión y gustos personales, ya no son algo a lo que puedan aspirar los mexicanos.

Como varias investigaciones académicas, desde 2014 el Gobierno federal reportó también en su Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social que, “durante los últimos 36 años, el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló una pérdida de 72.8 por ciento”; es decir, casi tres cuartas partes del valor que las ganancias de la población ocupada tenían a finales de los años 70.

Esta contracción, muestran diferentes análisis, frenó a su vez el crecimiento del resto de los ingresos y estacionó en dos salarios mínimos, o en 140 pesos actuales, el promedio máximo que gana el mayor porcentaje de la población empleada y que, junto con quienes ganan un salario mínimo, de acuerdo con el más reciente análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), suman el 42.2 de la población ocupada; es decir, unos 20.8 millones de mexicanos.

El mismo reporte muestra cómo cuando un trabajador o trabajadora gana sólo un salario mínimo, éste únicamente alcanza para la canasta básica alimentaria de dos personas, generando un faltante de casi un 350 por ciento para que, además de la comida, el ingreso sea suficiente para la adquisición de otros bienes básicos, como vestido, vivienda, mobiliario, salud, transporte, recreación y educación.

La incapacidad de estos ingresos para cubrir la necesidades básicas de los trabajadores en México viola el Artículo 123 de la Constitución, que ordena que los salarios mínimos deben “ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

De acuerdo con el estudio de Zurich, el 51 por ciento de los encuestados a nivel nacional reveló que ya han experimentado pérdidas de sus ingresos debido a la incapacidad de trabajar, mientras que tres de cada 10 mexicanos han vivido más de seis meses sin contar con un salario fijo.

Para Zurich, lo anterior representa una dificultad real y creciente para los individuos y las familias, pero también la responsabilidad recae para las empresas, los gobierno y la sociedad al influir directamente en el crecimiento económico a largo plazo ante una población que envejece.

Al sufrir un accidente, el 54 por ciento de los mexicanos tuvo que utilizar sus propios ahorros para cubrir el déficit en sus ganancias y 44 por ciento tuvo que apoyarse en su familia para solventar sus gastos, lo cual deja sus finanzas en una posición vulnerable.


A nivel global, el 38 por ciento de los encuestados cree tener menos del 10 por ciento de probabilidades de experimentar un incidente que ponga en riesgo sus ingresos a lo largo de su vida.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3067303

El Gobierno tolera que empresas paguen menos a mujeres por el “riesgo” de un embarazo: estudio

El Informe 2016 del Observatorio de Salario reveló que en México las mujeres ganan menos que los hombres porque los empresarios se blindan ante la posibilidad de un embarazo. También destacó que las autoridades reproducen estas prácticas y se vuelven cómplices al ser “omisas”.
Salario promedio mensual de un hombre casado: 7 mil 807.54.
Salario promedio mensual de una mujer: 6 mil 187.11.

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno de México es omiso y reproduce la desigualdad laboral por género al permitir que las mujeres ganen menos que los hombres ante la posibilidad que tienen de quedar embarazadas, reveló el Informe 2016 del Observatorio de Salario elaborado por la Universidad Iberoamericana de Puebla.

“El Gobierno de México es omiso y reproduce la desigualdad de género. El empresario está pensando en salvaguardar sus costos en una situación donde la mujer pudiera embarazarse, por eso ganan menos que los hombres”, explicó en entrevista paraSinEmbargo, Miguel Santiago Reyes Fernández, director del Observatorio de Salarios.

Mencionó que las autoridades mexicanas se convierten en cómplices de las empresas al no supervisar estas diferencias salariales. “Se presume que la omisión del Gobierno se deriva de la corrupción que hay entre ambas”, expresó.

En edad fértil, dijo, la mujer puede ausentarse por ley de 60 a 90 días, entonces el empresario se blinda por los días que va faltar esa trabajadora.

“Esto lo hacen las empresas aunque la mujer no tenga hijos, por el hecho de contratar a una mujer, la empresa ya se cubre ante ese riesgo de ausentismo”, detalló el académico.

Planteó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) regule los salarios promedio por sector e instrumente mecanismos para que las empresas reduzcan esa brecha salarial por género.

De acuerdo con el informe, la desigualdad en los salarios se manifiesta a favor de los hombres casados y contra las mujeres, especialmente si están embarazadas, como lo muestran las siguientes cifras:

Salario promedio mensual: 7 mil 365.60.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el mercado laboral en México tiende más a contratar hombres: por cada 10 personas activas seis son hombres y cuatro mujeres. La cifra es contraria en el tiempo laborado: mientras el hombre trabaja en promedio 67 horas, la mujer labora 92.

El panorama general, de acuerdo con cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las mujeres profesionistas en el país pueden ganar hasta 24 por ciento menos que un hombre realizando el mismo trabajo.

En el caso de las obreras (de la industria eléctrica, de la construcción y de los servicios), llegan a ganar hasta 40 por ciento menos.

La gran desigualdad fue uno de los principales datos revelados en el Informe 2016 del Observatorio de Salarios, donde se menciona que uno por ciento de la población en México concentra 32 por ciento del ingreso, y el 10 por ciento más rico concentra 67 por ciento del ingreso nacional.

En el documento también se destaca que no hay una relación entre productividad y salarios, pues en México la productividad va a la alza y tiene un diferencial promedio mayor que el de los países desarrollados, pero no hay un aumento salarial de acuerdo con esa productividad.

“Mientras sigan estas condiciones de distribución, o de redistribución inequitativa, no se vislumbra una mejora en las condiciones de vida de la población asalariada”, refirió el Doctor Reyes.

Añadió que de toda la producción que se genera en México, 74 por ciento se la quedan los empresarios y 26 por ciento los trabajadores.

Por ello, el académico de la Ibero mencionó que hay que establecer mecanismos distintos de reparto de la productividad para que la recuperación del salario mínimo y el salario en general no sea sólo por cuestiones coyunturales (como la caída del precio del petróleo y su impacto en las materias primas), sino que parta de la redistribución de las condiciones productivas.

Propuso que el salario mínimo no se establezca por decreto, sino liberalizarlo para permitir su recuperación hasta alcanzar los 16 mil 400 pesos mensuales.

Aumentar el salario mínimo (que aproximadamente es de dos mil 191 pesos al mes) es una de las tres acciones específicas propuestas por el Observatorio de Salarios.

DESIGUALDAD FISCAL ENTRE EMPRESARIOS

La desigualdad fiscal entre empresarios se refleja en que mientras los pequeños y medianos pagan una tasa promedio de 30 por ciento de impuesto, los grandes corporativos pagan 13 por ciento, por lo que el estudio propuso establecer pisos mínimos equitativos en el que todos paguen el mismo impuesto sobre la renta.

En materia de salarios, un empresario pobre (del sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza) con la ganancia promedio menor obtiene 5 millones 499 mil 34 pesos al mes; y un empresario rico (del sector corporativos) con la ganancia promedio mayor tiene 25 mil 457 veces más ingresos mensuales, al obtener 138 millones 722 mil 627 pesos.

El texto destacó que en 2014 las ganancias promedio mensuales por tamaño de empresa fueron: las más altas, de 7 millones 411 mil 243 pesos (en empresas con mil o más trabajadores); y las más bajas, de 5 millones 865 mil 96 pesos (en empresas hasta con dos trabajadores), es decir, mil 265 veces menos que las primeras.

Ante la necesidad de contar con políticas públicas redistributivas el Observatorio de Salarios propuso tres acciones específicas para alcanzar los 16 mil 400 pesos de salario mínimo:

–Que los salarios generales no se establezcan respecto al salario mínimo, sino de acuerdo con la productividad promedio, como una redistribución por sectores, de actividad económica, por ramas, por clases; y que entonces se liberalice ese salario promedio, los salarios y el salario mínimo.

–Desaparecer los regímenes tributarios especiales y con ello que todas las empresas grandes y corporativos paguen la misma tasa impositiva que las pequeñas y medianas. En específico, debe desaparecer el régimen opcional para grupos de sociedades, antes de consolidación fiscal.

El Informe 2016 fue elaborado y auspiciado conjuntamente por el Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla y el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

FUENTE: SINEMBARGO.MX

AUTOR: GUADALUPE FUENTES GOMEZ

LINK: http://www.sinembargo.mx/06-05-2016/1657508