Con 33 votos a favor y sólo uno en contra, el Congreso de Chiapas ha aprobado por unanimidad, la eliminación del delito de aborto en su Código Penal y con ello, abre camino para una interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Esta victoria llega luego de que, el pasado 9 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al congreso chiapaneco reformar sus leyes y derogar toda acción que criminalice, sancione y castigue el aborto; un avance necesario que beneficiará a las 5.5 millones de mujeres que habitan la entidad.

En medio de protestas, el Congreso de Zacatecas aprobó este miércoles la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad número 17 de México que legisla a favor de la interrupción legal del embarazo.

Con 21 votos a favor y seis en contra, la LXV Legislatura aprobó el dictamen mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversos artículos del Código Penal de la entidad, al considerar que se trata de una medida con la cual se garantiza el acceso y la calidad de los servicios de salud que están enfocados en la materia.

La Arquidiócesis Primada de México pidió que en la discusión para despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo en el Congreso de la Ciudad de México es necesario escuchar a científicos, juristas, instituciones que atienden a mujeres que abortaron o que siguieron con su embarazo; así como a la Iglesia, pues “es un tema que no se puede votar a la ligera”.

Un Tribunal Colegiado ordenó al Congreso de Nayarit eliminar el delito de aborto y derogar los artículos que declarados inconstitucionales que criminalizan su derecho a decidir.

Con el fin de que se despenalice el aborto en todo el país, organizaciones sociales han presentado juicios de amparo en los 19 estados en los que aún no se ha legalizado la interrupción del embarazo (ILE); sin embargo, señalan que el avance de estos procesos podría verse en riesgo en caso de que se apruebe la reforma al Poder Judicial enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Melissa Ayala, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó que de aprobarse que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por medio de votos, esto podría generar sesgos en la resolución de casos en estados conservadores.

La bancada del PAN anticipó su voto en contra a través del diputado José Miguel Espinosa de los Monteros.

Un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación dictaminó que la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua debe proporcionar inmediatamente servicios de aborto voluntario hasta la semana 12.6 de gestación.

Esta decisión, tomada por unanimidad de votos, responde a tres amparos colectivos presentados por mujeres cis, personas trans y no binarias de Chihuahua.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó que los artículos que prohíben de forma absoluta la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Código Penal de Jalisco son inconstitucionales.

La sentencia responde a un juicio de amparo en revisión, con la que también se le ordenó al Congreso estatal derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido.

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los amparos contra las leyes antiabortistas, son los Congresos locales los que tendrán en sus manos despenalizar el aborto, advirtió la ministra Margarita Ríos Farjat.

En el conversatorio “Aborto y Justicia”, impartido en El Colegio de México, la ministra del máximo tribunal del país indicó que el derecho de una mujer o persona gestante a abortar no puede ser cuestionado por medio del derecho penal.

La SCJN determinó como que “inconstitucional” el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, al violar los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal del Estado de Aguascalientes que penalizaban el aborto en cualquier momento, por ser contrarios a los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.

México llega al Día de las Madres con una reducción anual de casi el 40% en las muertes maternas, un fenómeno que especialistas atribuyen, entre otros factores, al mayor acceso a derechos reproductivos como el aborto.

“En la Ciudad de México se abatió muchísimo (la mortalidad materna) y no quisiera decir que es cero, porque es arriesgado, pero se abatió muchísimo la causa de muerte por aborto”, explicó al medio EFE Elsa Santos Pruneda, coordinadora de Programas de Partería del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

El Congreso de Chiapas aprobó una reforma al artículo 181 del Código Penal de la entidad para ampliar a más de 90 días el plazo que tiene una mujer para solicitar la interrupción del embarazo.

Ojo, esto no despenaliza el aborto pues en la entidad esta acción sigue siendo un delito y la interrupción legal del embarazo solo se permite por tres causales:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado la reforma aprobada en el Congreso del estado de Hidalgo la cual permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12 en dicha entidad.

Morena, que se define como un partido de izquierda y defensor de los derechos de las mujeres —incluyendo su derecho a decidir—,  solamente ha usado su fuerza legislativa en ocho congresos estatales para lograr la despenalización del aborto, mientras que en 11 estados no ha aprovechado el peso de sus legisladores y en dos entidades, Puebla e Hidalgo, incluso han obstaculizado esta medida.

En total, en el país aún falta despenalizar el aborto en 21 estados. Esto repercute en que todavía haya un acceso desigual a este procedimiento médico, donde mujeres y personas gestantes tienen más o menos derecho dependiendo del lugar donde viven. 

Colectivos feministas se organizan para presentar un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en cuatro entidades de la república mexicana: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen a todas las mujeres que así lo soliciten el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.

Los colectivos Di Ramona y AbortistasMx, que encabezan este proyecto, señalaron que en varios estados del territorio nacional el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo se ha convertido en una problemática, ya que, pese a que es un derecho legal, el Código Penal y la Ley General de Salud no han sido actualizados en esta materia, por lo que el aborto ahí se sigue considerando un delito, y, en consecuencia, algunas instituciones de salud, particularmente las públicas, se niegan a realizarlo.

El gobierno de Puebla interpuso un recurso de revisión en contra del amparo que que busca evitar la criminalización a las personas que practiquen un aborto.

Melissa Ayala, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las asociaciones que participó en el amparo, explicó a Animal Político que el recurso de revisión denuncia que “las organizaciones que lo presentamos no se nos tendría por qué permitir refutar esta normas”.

Por omisión o por error, al aprobar la despenalización del aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, el Congreso de Quintana Roo también eliminó la causal de violación del Código Penal de la entidad; dicha causal permitía que, en casos de violación, el aborto pudiera realizarse sin límite de tiempo, como establece la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 para todo el país. 

Frente a la situación, activistas señalan que la garantía del derecho al aborto en el estado es un avance importante, pero advierten que derogar la causal de violación —hasta ahora se desconoce si por una acción voluntaria o involuntaria— constituye un retroceso en materia de derechos humanos y de los derechos de las víctimas de violencia sexual.