Denuncian omisión en protección a derechos de desplazados de Guerrero

El Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado denunció la omisión en la protección de los derechos de las familias desplazadas de Guerrero y cómo la falta de un marco legal en la materia «obstaculiza los mecanismos de atención» por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En un comunicado, el Colectivo informó que un grupo de víctimas de desplazamiento forzado de Guerrero se reunió con la titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez, para exigir el cumplimiento de los acuerdos que desde diciembre de 2021 fueron otorgados a las familias, entre los que se incluyen realizar estudio socioeconómico a las familias, incorporarlas al Registro Nacional de Víctimas e iniciar la entrega de apoyos en febrero.

Desplazados interponen amparos por omisión de autoridades federales en Chihuahua

Al menos tres amparos contra autoridades federales y locales fueron interpuestos por 23 familias de las comunidades de El Manzano y Monterde, desplazadas por la violencia del crimen organizado en Chihuahua.

Las familias denunciaron que desde 2015 las autoridades han sido omisas en implementar un programa de protección y reparación que les permita regresar a sus hogares, de los que tuvieron que huir por la operación de grupos del crimen organizado que buscan apropiarse de sus tierras, la siembra de drogas y la tala ilegal de árboles.

Militarización de Chenalhó y Pantelhó amenaza integridad de desplazados en Chiapas

La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano «pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas», la cual ha sido obligada a desplazarse de sus comunidades por la violencia paramilitar y del crimen organizado, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

En un comunicado, el Frayba alertó que la entrada del ejército a las comunidades indígenas «profundiza el miedo y el terror» de la población.

Se dispara desplazamiento forzado en México

Las violencias criminal y política, la conflictividad social, las disputas territoriales y los desastres naturales agudizan el fenómeno del desplazamiento forzado en México. En 2020 se calcula que unas 9 mil 700 personas tuvieron que abandonar sus hogares por conflictos y violencia, mientras que aún se desconoce el número total de afectados por los otros motivos que huyeron de sus hogares

Al menos 9 mil 700 personas en México fueron desplazadas de sus hogares por conflictos y violencia en 2020, estima el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IMDC). En su informe anual 2021, la organización no gubernamental de Noruega apunta que son 2 mil 600 personas más que en 2019.

También señala que el número total de desplazados en México desde 2009 asciende a 357 mil personas; y, por su impacto, destaca 25 casos de desplazamiento forzado en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa.

Organizaciones exigen protección para familias tsotsiles tras retorno a Río Jordán, Chenalhó

Seis familias tsotsiles originarias de Río Jordán, Chenalhó, Chiapas, integrantes de la organización Las Abejas de Acteal, regresaron este jueves a su comunidad tras permanecer un año y nueve meses en desplazamiento forzado interno, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en un comunicado.

“El retorno se da en un contexto de falta de protección a las personas en situación de desplazamiento forzado interno en Chiapas, así como la falta de verdad y acceso a la justicia”, denunció el Frayba y exigió al Estado mexicano atender las causas de fondo, así como garantizar la salud, la integridad y la seguridad personal de las 30 personas que retornaron a su comunidad. Además, la organización civil exigió la reparación integral del daño para las familias tsotsiles.

Suman 600 pobladores desplazados en Teocaltiche, Jalisco; se fueron por ‘precaución’, dice gobernador

El Ayuntamiento de Teocaltiche refiere que se brinda ayuda a los afectados a través del DIF municipal, pero la CEDHJ insiste en que si el desplazamiento se prolonga, se necesitará proporcionar vivienda, servicios, empleo y educación a los afectados en otro sitio.

En Teocaltiche, Jalisco, son 600 los pobladores que hasta el momento huyeron de sus casas, en busca de ayuda, tras el enfrentamiento ocurrido el 7 de mayo entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en la zona.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) explica que estos pobladores corresponden a las comunidades de El Saucito, Rancho Mayor, Rancho El Salto, Agua Tinta, Los Pocitos, Los Sauces y El Rosario.

Tras ocho días de plantón, familias de Guerrero logran ser reconocidas como víctimas de desplazamiento

Las familias desplazadas de Guerrero lograron ser integradas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), tras pasar ocho días en un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. Las familias provenientes de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, en el estado de Guerrero, señalaron en rueda de prensa que seguirán exigiendo a las autoridades su derecho a ser reubicadas.

La principal demanda de las familias desplazadas es la reubicación. Señalaron que Segob se comprometió a realizar exploraciones en campo fuera del estado de Guerrero, y “en cuanto encuentren un lugar seguro, que no ponga en riesgo a las familias”, dijeron, serán reubicadas. Además, Segob acordó realizar campañas de salud para las familias e incorporarlas a programas sociales pertinentes.

Líderes triquis aceptan dialogar hasta que desplazados regresen a su pueblo

Tras los ataques armados en contra de la comunidad de Tierra Blanca Copala, los líderes de la región indígena Triqui de Oaxaca coinciden en sentarse a negociar la paz con representantes del gobierno del presidente López Obrador hasta que retornen las decenas de familias desplazadas. En entrevista con Contralínea, acusan que la violencia en la zona es promovida y tolerada por el alcalde de Juxtlahuaca, Nicolás Feria Romero, y el gobernador priísta Alejandro Murat.

El primer paso para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo en la región Triqui, enclavada en la mixteca oaxaqueña, es el retorno de decenas de familias que han sido desplazadas de Tierra Blanca Copala, recientemente baleadas y despojadas de sus pertenencias a punta de metralla, y la detención y enjuiciamiento de paramilitares y sicarios responsables de asesinatos de indígenas. Ello, porque líderes indígenas coinciden en que sin justicia no se puede hablar de pacificación.

Los tres principales representantes triquis acusan que ese ataque armado ocurrido hace unas semanas fue perpetrado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), con el respaldo del presidente municipal de Juxtlahuaca, el morenista Nicolás Feria Romero, y del gobernador priísta Alejandro Murat.

Desplazados 'toman' caseta de San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez

Integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas tomaron, la mañana de este martes, la caseta de cobro de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, para exigir atención a diferentes demandas relacionadas con su retorno o reubicación, informó su asesor jurídico, Diego Cadenas Gordillo.

Agregó que los desplazados, que no han interrumpido el paso vehicular, exigen también la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes y complementación de carpetas de investigación inconclusas en contra de quienes son responsables de que ellos hayan abandonado forzadamente sus comunidades.

Exigen atención para los 262 tseltales desplazados por la violencia en Chiapas

El Centro de Derechos Indígenas (Cediac) y el de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exigieron a las autoridades mexicanas que garanticen la seguridad y atiendan de manera inmediata a los 262 tseltales que desde 2018 son víctimas de desplazamiento forzado en Chilón, Chiapas.

El Cediac y el Frayba denunciaron que, a dos años del desplazamiento forzado de las familias por la violencia y la presencia de grupos armados, «el Estado mexicano no ha realizado acciones eficaces de protección y garantía de derechos humanos para las víctimas, ha sido incapaz de brindar seguridad, ofrecer ayuda humanitaria y restituir derechos, incluido el retorno a la comunidad de origen con seguridad.

Personal de Gobernación se reúne con desplazados de Zirándaro, Guerrero

Personal de la Subsecretaría de Gobernación federal arribó a Ciudad Altamirano para reunirse con más de un centenar de personas desplazadas por la violencia del municipio de Zirándaro en la región de la Tierra Caliente de la entidad.

La reunión, encabezada por el jefe del departamento de la Subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno federal, Gustavo Medrano, se realiza en el fraccionamiento Brisas del Balsas, propiedad del narcotraficante Cleotilde Toribio Rentería El Tilde, quien fue detenido en 2012 y sentenciado a 29 años de prisión en junio 2018 por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, informaron fuentes oficiales.

El Ejército considera a El Tilde como fundador del grupo delictivo Guerreros Unidos en 2011 y enlace con el Cártel Independiente de Acapulco.

Desplazados de Chenalhó exigen a AMLO justicia y seguridad para volver a casa

Los desplazados dicen que no dejarán el plantón que tienen en Palacio Nacional hasta que el gobierno de López Obrador atienda sus demandas.

Han pasado tres años desde que la vida le cambió por completo a Aracely Cruz López, de 26 años, originaria del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas. Aquel día, hombres armados asesinaron a su padre, Guadalupe Cruz Hernández, de 58 años.

La víctima recibió tres balazos en el costado, en su propia casa, durante una incursión de lo que su hija califica como “grupos paramilitares”. También resultaron heridos su esposa y otro de sus hijos. El crimen continúa impune. Desde hace tres años, Aracely no ha pisado su comunidad.

Lo perdieron todo, y ahora esperan que el gobierno cumpla: así viven los desplazados de Guerrero

Desplazados de Guerrero establecieron acuerdos con el gobierno, tras dejar el plantón afuera del Palacio Nacional, pero no les han cumplido, y viven entre pobreza y zozobra.

Consuelo y su esposo Armando tenían un huerto de aguacates, de donde sacaban hasta una tonelada de producto dos veces por año; tenían otro de duraznos, que acababan de hacer más grande, y un restaurante pequeño. También sembraban amapola. Habían construido su casa de cemento en la comunidad de Los Morros, en el municipio de Leonardo Bravo, en la Sierra de Guerrero.

Ella estuvo trabajando ocho años en Estados Unidos, en fábricas y hoteles, y su esposo hizo lo mismo durante 14 años. Volvieron a México porque acá habían dejado a sus cuatro hijas y ya tenían dinero para levantar su patrimonio.

Llegan más desplazados de Guerrero a Palacio Nacional; no daremos atención privilegiada, dice Gobernación

El nuevo grupo se sumó a las personas que están desde hace tres semanas en espera de una audiencia con el presidente.

Un grupo de 56 desplazados del estado de Guerrero, 19 de ellos menores de 14 años, se sumó este martes a las 300 personas que estaban ya en plantón frente a Palacio Nacional, desde hace tres semanas, en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba y puedan plantearle las demandas de retorno a sus comunidades o de reubicación.

Los recién llegados son del municipio de Heliodoro Castillo, de las comunidades de Pueblo Viejo, Vuelta del Sur y La Guitarra.

Desplazados de Guerrero cumplen una semana frente a Palacio Nacional sin que AMLO los reciba

El grupo armado que los expulsó amenaza con no permitirles volver a Leonardo Bravo, su municipio, y advierten al gobierno que tomarán el control de la seguridad de Chilpancingo, capital del estado.

A una semana de haberse instalado en plantón afuera de Palacio Nacional, los desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, Guerrero, no han recibido respuesta a su petición de audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.


Desde noviembre, 1600 personas de ocho comunidades de Leonardo Bravo y 78 pobladores de la comunidad náhuatl de Tlaltempanaca, en Zitlala, tuvieron que dejar sus casas ante la llegada de grupos armados que se hacen llamar policía comunitaria, pero que el mismo gobierno del estado de Guerrero ya ha reconocido como brazos armados de carteles en disputa por controlar territorios.

Culpa secretario de gobierno de Guerrero a desplazados de violencia en sus comunidades

El secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame, culpó a los desplazados de la violencia de su propia desgracia al “cambiar cultivos tradicionales por la amapola y hoy son víctimas de esa decisión”.

El funcionario señaló que las más de dos mil personas expulsadas de sus pueblos, en su mayoría niños, mujeres y adultos mayores, de los municipios de Leonardo Bravo, Apaxtla, Técpan, Coyuca de Catalán, Tlaltempanapa y Ayutla, es un problema generado por la lucha de territorios entre grupos delictivos.

No vemos que el Estado tome acciones para desarticular al grupo paramilitar que nos desplazó: indígenas de Chenalhó

“No vemos que el Estado mexicano esté tomando acciones tendientes a la desarticulación del grupo paramilitar que nos desplazó a nosotros y al menos a otras cinco mil personas del municipio de Chalchihuitán, y que actualmente continúa agrediendo y desplazando hermanos y hermanas indígenas de las comunidades Tabak y Koko”, denunciaron 249 pobladores del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, en Chiapas, ante la imposibilidad de regresar a sus hogares por la violencia.

Los indígenas reinstalaron el plantón que mantenían frente al palacio de gobierno estatal en la capital del estado y aseguraron que se quedarán “hasta que el Estado mexicano realice acciones contundentes que indiquen que van a desarticular este grupo paramilitar”.

En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama

Desde el pasado 27 de febrero, diferentes comunidades del municipio de Aldama situadas en los limites territoriales con el ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó han sido víctimas de ataques con armas de fuego, que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad de la población.

Los ataques con armas de fuego de alto calibre son realizados por un grupo armado del ejido Manuel Utrilla de Chenalhó en contra de las comunidades de: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, del municipio de Aldama, que se encuentran en las cercanías del río que marca la colindancia entre ambos municipios. Además, el pasado 16 de marzo, el grupo armado proveniente de Manuel Utilla, Chenalhó, ingresó a la cabecera municipal de Aldama disparando a casas y edificios como la iglesia, el mercado y la presidencia municipal. Las agresiones causaron terror entre la población y existe la amenaza de otras incursiones armadas que provoquen muertes y más desplazamientos.

Drama indígena: el retorno al matadero

El reciente regreso de casi 4 mil indígenas a sus comunidades en Chiapas, desplazados por la violencia causada por habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, municipios que eran amigos y ahora disputan 350 hectáreas, hace que sea sólo cosa de tiempo para que ocurra un ataque armado de la magnitud del que sacudió al país hace 20 años en Acteal, con saldo de 45 muertos y 25 heridos, advierten organizaciones civiles y otras defensoras de los derechos humanos.  Por acción u omisión, afirman los denunciantes, los tres niveles de gobierno no han podido frenar a los al menos cinco grupos paramilitares que, desde entonces, operan a sus anchas en la región.

Por la violencia, 600 personas dejan sus casas en Guerrero

Al menos 600 habitantes de San Felipe, municipio de Apaxtla de Castrejón, situado en la zona norte de Guerrero, huyeron de la violencia luego de que presuntos integrantes del grupo delincuencial de La Familia Michoacana irrumpieron desde hace dos días en ese poblado.

Vía telefónica, Roberto Alvarez Heredia, informó que este sábado al mediodía se suscitó un enfrentamiento a balazos en dicha localidad entre efectivos del Ejército Mexicano y los presuntos delincuentes, donde resultó herido un soldado y un civil del grupo agresor quedó muerto.