El Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado denunció la omisión en la protección de los derechos de las familias desplazadas de Guerrero y cómo la falta de un marco legal en la materia «obstaculiza los mecanismos de atención» por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En un comunicado, el Colectivo informó que un grupo de víctimas de desplazamiento forzado de Guerrero se reunió con la titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez, para exigir el cumplimiento de los acuerdos que desde diciembre de 2021 fueron otorgados a las familias, entre los que se incluyen realizar estudio socioeconómico a las familias, incorporarlas al Registro Nacional de Víctimas e iniciar la entrega de apoyos en febrero.

Al menos tres amparos contra autoridades federales y locales fueron interpuestos por 23 familias de las comunidades de El Manzano y Monterde, desplazadas por la violencia del crimen organizado en Chihuahua.

Las familias denunciaron que desde 2015 las autoridades han sido omisas en implementar un programa de protección y reparación que les permita regresar a sus hogares, de los que tuvieron que huir por la operación de grupos del crimen organizado que buscan apropiarse de sus tierras, la siembra de drogas y la tala ilegal de árboles.

La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano «pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas», la cual ha sido obligada a desplazarse de sus comunidades por la violencia paramilitar y del crimen organizado, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

En un comunicado, el Frayba alertó que la entrada del ejército a las comunidades indígenas «profundiza el miedo y el terror» de la población.

Al menos 9 mil 700 personas en México fueron desplazadas de sus hogares por conflictos y violencia en 2020, estima el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IMDC). En su informe anual 2021, la organización no gubernamental de Noruega apunta que son 2 mil 600 personas más que en 2019.

También señala que el número total de desplazados en México desde 2009 asciende a 357 mil personas; y, por su impacto, destaca 25 casos de desplazamiento forzado en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa.

Seis familias tsotsiles originarias de Río Jordán, Chenalhó, Chiapas, integrantes de la organización Las Abejas de Acteal, regresaron este jueves a su comunidad tras permanecer un año y nueve meses en desplazamiento forzado interno, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en un comunicado.

“El retorno se da en un contexto de falta de protección a las personas en situación de desplazamiento forzado interno en Chiapas, así como la falta de verdad y acceso a la justicia”, denunció el Frayba y exigió al Estado mexicano atender las causas de fondo, así como garantizar la salud, la integridad y la seguridad personal de las 30 personas que retornaron a su comunidad. Además, la organización civil exigió la reparación integral del daño para las familias tsotsiles.

En Teocaltiche, Jalisco, son 600 los pobladores que hasta el momento huyeron de sus casas, en busca de ayuda, tras el enfrentamiento ocurrido el 7 de mayo entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en la zona.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) explica que estos pobladores corresponden a las comunidades de El Saucito, Rancho Mayor, Rancho El Salto, Agua Tinta, Los Pocitos, Los Sauces y El Rosario.

Las familias desplazadas de Guerrero lograron ser integradas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), tras pasar ocho días en un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. Las familias provenientes de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, en el estado de Guerrero, señalaron en rueda de prensa que seguirán exigiendo a las autoridades su derecho a ser reubicadas.

La principal demanda de las familias desplazadas es la reubicación. Señalaron que Segob se comprometió a realizar exploraciones en campo fuera del estado de Guerrero, y “en cuanto encuentren un lugar seguro, que no ponga en riesgo a las familias”, dijeron, serán reubicadas. Además, Segob acordó realizar campañas de salud para las familias e incorporarlas a programas sociales pertinentes.

El primer paso para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo en la región Triqui, enclavada en la mixteca oaxaqueña, es el retorno de decenas de familias que han sido desplazadas de Tierra Blanca Copala, recientemente baleadas y despojadas de sus pertenencias a punta de metralla, y la detención y enjuiciamiento de paramilitares y sicarios responsables de asesinatos de indígenas. Ello, porque líderes indígenas coinciden en que sin justicia no se puede hablar de pacificación.

Los tres principales representantes triquis acusan que ese ataque armado ocurrido hace unas semanas fue perpetrado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), con el respaldo del presidente municipal de Juxtlahuaca, el morenista Nicolás Feria Romero, y del gobernador priísta Alejandro Murat.

Integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas tomaron, la mañana de este martes, la caseta de cobro de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, para exigir atención a diferentes demandas relacionadas con su retorno o reubicación, informó su asesor jurídico, Diego Cadenas Gordillo.

Agregó que los desplazados, que no han interrumpido el paso vehicular, exigen también la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes y complementación de carpetas de investigación inconclusas en contra de quienes son responsables de que ellos hayan abandonado forzadamente sus comunidades.