No sólo no entendemos su llamado soberano por el bien común, sino que es totalmente contradictorio: organización contra AMLO

Tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en las que propone “suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente”, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) redactó una carta en la que expone los riesgos para las comunidades y el medio ambiente que representa el modelo extractivo minero.

En el texto, REMA denuncia que las empresas mineras no toman en cuenta aspectos ambientales, culturales, políticos o sociales, y que particularmente Canadá, que es el país con el que AMLO pretende negociar, “no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado”.

“Si estos empresarios, todos con sangre en sus ropas, son a quienes pretende de aliados comerciales, entonces no sólo no entendemos su llamado soberano por el bien común, sino que es totalmente contradictorio”, denuncia REMA en la carta.

De la misma forma, la Red manifestó su preocupación ante los nexos políticos y operativos con allegados a la familia Salinas Pliego, precursores de la minería. “Nos preocupa que, en su decálogo, las empresas mineras, tan terribles como Grupo Minero México, piensen remotamente en encontrar eco con la plataforma política que usted plantea”.

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A continuación, la carta completa:

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA) – A 8 de febrero del 2017

Sr. Andrés Manuel López Obrador,

En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), hacemos el siguiente posicionamiento en respuesta al decálogo que usted plantea para enfrentar las amenazas realizadas hacia el gobierno mexicano por parte del gobierno de Estados Unidos y su actual presidente Donald Trump.

Antes queremos aclararle que la REMA no tiene ninguna afiliación o vínculo con partido político alguno, de tal manera que nuestro posicionamiento se circunscribe especialmente a uno de los puntos que usted plantea en su decálogo, mismo que nos preocupa sobremanera, toda vez que en general, la clase política de este país sigue sorda y muda ante las recurrentes denuncias que la sociedad, y en especial la REMA, ha realizado contra las empresas mineras que trabajan en México y en Latinoamérica.

Vemos con profunda preocupación que en su decálogo hace referencia a su propuesta de “suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente.”

Es importante que sepa que el Modelo Extractivo Minero por naturaleza es esencialmente insustentable pues extrae recursos naturales no renovables, y durante su proceso de extracción destruye y contamina todos los bienes naturales que le rodean. El minero es de los procesos extractivos que mayor emisión de contaminantes tóxicos emite tanto al agua, a los sedimentos y al aire, y esta contaminación es prácticamente irreversible.

El Modelo Extractivo Minero se sustenta en el ánimo de obtener la mayor ganancia posible, y es precursor de la destrucción de los derechos laborales, porque fue el primero en promover/adoptar el ataque contra el sindicalismo tradicional, enarbola y fomenta la aparición de sindicatos blancos, para luego confrontar a los trabajadores en la misma mina y por si fuera poco, cada vez más utiliza el outsourcing como su principal medio para la contratación de trabajadores, quienes bajo este “esquema laboral” literalmente quedan descobijados de sus derechos laborales.

Las empresas mineras no toman en cuenta aspectos ambientales, culturales, políticos o sociales. La minería en México de capitales privados o extranjeros no incorpora a sus costos y ganancias el agotamiento y el daño irreversible al medio ambiente, ni las consecuencias generadas a largo plazo, simplemente porque si lo hiciera sería económicamente inviable; el modelo minero se basa en la desposesión y el desplazamiento forzado para tener condiciones para la concentración de tierras, destruye territorios y ecosistemas aun a varios cientos de kilómetros a la redonda, crea serios conflictos comunitarios aplicando técnicas para el manejo de conflictos, mismos que se orientan para provocar la división comunitaria, la expulsión de pueblos enteros y utiliza a las fuerzas públicas para cuidar sus instalaciones o recurre a grupos fácticos y criminales, con los cuales someten a las comunidades que intentan defenderse de alguna empresa que entró con engaños o entró en contubernio con los políticos locales quienes operan a favor de este tipo de empresas.

De lo anterior hay cientos de ejemplos documentados tanto en México como en Latinoamérica incluyendo Canadá, en donde vale la pena resaltar están quizás de las minas más contaminantes del mundo en donde también han sido desplazados las comunidades indígenas de ese país.

REMA lucha todos los días para acabar con esta simulación de un discurso falso de progreso y desarrollo que para las empresas mineras es imposible defender, porque su realidad es tan abrumadora que espanta, a la vez que no hay un sólo resquicio para que científica o epistemológicamente se puedan defender. Luchamos también para que las empresas dejen de suplantar al Estado y utilizar oropeles mezquinos que pomposamente dirigen para el desarrollo de infraestructura pública y privada con el único fin de facilitar la extracción.

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Los intereses de las empresas mineras están por encima de los derechos humanos, están por encima de los principios consagrados en la constitución y se ven reflejados en leyes a modo que, como la Ley Minera, facilitan su ingreso, su saqueo y se mueven ante la impunidad por los daños e incumplimientos que generan.

Igualmente nos preocupa que usted tenga nexos políticos y operativos con allegados a la familia Salinas Pliego, precursores de la minería. Nos preocupa que, en su decálogo, las empresas mineras, tan terribles como Grupo Minero México, piensen remotamente en encontrar eco con la plataforma política que usted plantea.

Nos preocupa que caiga en el error de seguir los pasos de los países neoextractivistas, como Bolivia o Chile quienes pensaron que al “seudonacionalizar” la extracción, la felicidad, el progreso y el desarrollo llegarían juntos. El Modelo Extractivo Minero es depredador, la minería a cielo abierto y la de tumbe y relleno no es ni será nunca sustentable, verde, ni socialmente responsable, como erróneamente lo platean cámaras de comercio o como sucede desde la propia ONU, en donde ya se cabildean, lamentablemente con organizaciones ecodespistadas, la implementación de una “Línea Base” para que estas empresas operen bajo los principios rectores, que no son más que acciones voluntarias y desvinculadas de la ley y que en nada apoyan a la rendición de cuentas de empresas que han masacrado a la naturaleza, asesinan a quienes se les oponen y generan graves e irreversibles daños a la salud de la población.

Su interés en promover la inversión canadiense deja mucho que desear, no sólo porque las mineras canadienses concentran el 70% de los proyectos de esta industria en nuestro país, sino porque es justo en Canadá donde se gestó el actual Modelo Extractivo Minero Depredador. Es importante que sepa que Canadá no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado pues no es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demoró 4 años para firmar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

En México, las empresas mineras canadienses Gold Corp, Blackfire Exploration, Torex Gold Resources Inc., Excellon Resources, Almaden Minerals, Minaurum Gold Inc Co, Pacific Rim Mining, Oceana Gold, Fortuna Silver, Panamericana Silver, Teck Resources Limited, entre otras, han declarado una guerra abierta a los pueblos y al campo que usted mismo pretende defender. Si estos empresarios, todos con sangre en sus ropas, son a quienes pretende de aliados comerciales, entonces no sólo no entendemos su llamado soberano por el bien común, sino que es totalmente contradictorio.

Basta señalar que estas empresas, en especial la Torex Gold Resources Inc. y la Goldcorp, han establecido todo un lobby político para que el embajador de Canadá en México vaya felizmente promoviendo la inversión minera en el estado de Guerrero, mientras que desde el propio Canadá, envían una alerta para que los turistas canadienses se abstengan de visitar suelo guerrerense por la alta criminalidad que existe y que se agrava en tierras ocupadas por estas empresas mineras, por los fuertes vínculos que mantienen las empresas con el crimen organizado. Pregonan que la inversión con sangre venga al territorio mexicano, pero que los canadienses no visiten los sitios violentos en donde las mineras trabajan sin detenerse un sólo día al año.

Desde la REMA le queremos compartir lo que ya en varios momentos hemos hecho con otros actores políticos; usted no tiene por qué saber de minería puesto que su formación se orienta a otros menesteres, sin embargo, sí es responsabilidad de usted no tener en su equipo una persona que lo oriente correctamente sobre la política nacional, sobre la inversión, sobre la minería, sobre la soberanía y la participación social, sobre los pueblos indígenas y campesinos.

Le reiteramos que hay cientos de experiencias de lo que aquí manifestamos. No estamos elucubrando; el Modelo Extractivo Minero es Depredador y no basta con “mejorarlo”, “atenuarlo” o “reglamentarlo mejor”, puesto que ello es imposible. Hoy la Extracción Minera es el sistema técnico y tecnológico más depredador del planeta. Desde nuestra humilde contribución a su decálogo, le decimos que esa inversión hay que desterrarla del país.

¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

¡DE CANADÁ A PANAMÁ LA MINERÍA NO VA!

¡FUERA LAS MINERAS CANADIENSES DE NUESTROS TERRITORIOS!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

https://desinformemonos.org/no-solo-no-entendemos-llamado-soberano-bien-comun-sino-totalmente-contradictorio-organizacion-amlo/

Los desplazados por la violencia en Veracruz reciben una despensa de 500 pesos a la quincena. Y listo

Familiares de desaparecidos en Veracruz tienen que exiliarse cuando comienzan a exigir justicia, sin política pública que los atienda; apoyo oficial, a cuentagotas. En Cosoleacaque, los malos se llevaron a su esposo e hijo, ella tuvo que huir para salvar la vida y un juicio de desalojo no prospera y ahora vive en una pocilga. Sujetos secuestraron y mataron al hijo de la señora Marcela Orozco, desde entonces vive exiliada huyendo de la violencia y amenazas y a la espera de justicia. Hizo activismo en redes sociales contra Duarte y se exilió en la Ciudad de México. La Segob sólo le da una pequeña ayuda: una despensa cada quince días.

Hace varios meses a Marcela Orozco sufrió el secuestro de un hijo en el municipio de Medellín de Bravo, a unos 20 minutos del puerto jarocho. Se pagó un rescate, pero los delincuentes no cumplieron y desde entonces se desconoce el paradero del joven. Ese día también perdió a su hijo menor, quien murió a manos de la misma banda de secuestradores, a penas lo sepultó, tomó el exilio y ahora no puede regresar a su hogar.

A Sandra Cortaza le secuestraron a su esposo e hijo. Un grupo de pistoleros los sustrajo con violencia una noche de 2014 en Cosoleacaque, a unos 30 kilómetros del puerto de Coatzacoalcos. Tras varios intentos fallidos por ver de vuelta a sus familiares, ella se exilió para salvar la vida. Permaneció escondida durante un año, y al regresar a Cosoleacaque, su casa estaba ocupada por desconocidos que se niega a salirse. Ahora, en una casita que logró construir sobre un pantano, de madera y lámina de cartón, que se inunda cuando llueve, pasa los días a la espera de justicia. En la miseria.

Una hermana de Rodrigo Hurtado García fue víctima de privación de la libertad en el puerto de Veracruz. Vejado y amenazado, se desplazó al DF en busca del apoyo de las autoridades federales pero hay “veces en que no tengo ni para comer, el apoyo de la SEGOB es insuficiente y además indignante”.

Marcela, Sandra y Rodrigo son veracruzanos. No se conocen pero se duelen del mismo dolor: tuvieron que abandonar sus lugares de origen después de que algún familiar sufrió un hecho de violencia en el estado de Veracruz, uno de los más golpeados por la violencia generada por las pugnas entre grupos delincuenciales y la colusión de sus autoridades con diferentes facciones de la mafia.


Los tres representan el drama detrás de los casos de desaparecidos en Veracruz, el de los familiares que se quedan a la búsqueda y en algunas situaciones deben recurrir al desplazamiento porque la amenaza no termina con la desaparición del ser querido. En numerosas ocasiones, el riesgo queda ahí, latente, por si a los seres queridos se les ocurre exigir justicia, o en un derroche de impunidad, los delincuentes, coludidos con autoridades, buscan aplastarlos y arrebatar el último reducto de esperanza y dignidad.

ABANDONADO

En junio de 2015, Rodrigo Hurtado García sufrió la privación ilegal de la libertad de su hermana, Nallely, de 23 años. La joven resultó sustraída en su domicilio y en donde Rodrigo contaba con un negocio de cibercafé en el infonavit Los Volcanes, de Veracruz-puerto. Sujetos armados irrumpieron con violencia, saquearon y destruyeron el negocio, desde donde además Rodrigo era colaborador de campañas del Partido Acción Nacional (PAN). Desde ese negocio se operaban las cuentas de redes sociales “Guerracruz” y “Veracruz en Red”.

En las dos cuentas se abonaban contenidos altamente “virales” contra las acciones de Javier Duarte de Ochoa y eran benévolas con los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) que en esas fechas contendieron por diputaciones locales y el gobierno del estado en alianza con el PRD.

El 14 de junio de 2016, el grupo de pistoleros ingresó por la fuerza al negocio citado y se llevó a Nallely Hurtado García , entonces, comenzó el drama de Rodrigo Hurtado, quien días previos había recibido amenazas virtuales porque era señalado, además, de ser autor del espacio conocido como Notinfomex.com, desde donde se dan a conocer informaciones relacionadas con la delincuencia organizada, con especial énfasis sobre los supuestos abusos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la página ha sido menos tendiente a documentar y exponer los atropellos cometidos por la fracción de Los Zetas cuando fueron dejados operar a sus anchas en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán.

En medio de dos frentes Rodrigo Hurtado García no supo por dónde vino la agresión a su hermana, y que tras denunciar los hechos, él mismo terminó siendo “levantado” por el mismo grupo de sujetos sospechosos, y pasó varias horas privado de la libertad. Tras la presión en redes sociales y de integrantes del PAN, el fiscal general en ese entonces, Luis Ángel Bravo Contreras, logró recuperarlos con vida, pero golpeados.

Después de recuperarse, Rodrigo Hurtado García se exilió en Distrito Federal. Apoyado por algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, consiguió un recurso mínimo por parte de la Secretaría de Gobernación, “que no es un apoyo en efectivo, sólo se trata de una despensa equivalente a 500 pesos”. La misma debería servir para una quincena pero únicamente rinde cuatro o cinco días. En la capital del país vive desde entonces, sin tener éxito para conseguir empleo, “he tenido que recurrir al empleo informal, “vendí todas mis cosas, las que sobraron y no se llevaron los malandros. De mi negocio no me queda nada. He empeñado y vendido hasta lo último”. Ante la desventura en el DF, teme regresar a Veracruz.


Rodrigo y su hermana regresaron de un viaje del cual, por lo regular, no se retorna con vida o para ser visto de nuevo por los familiares. Cientos de mujeres integradas en colectivos de búsqueda de personas, lo saben y lo padecen desde mediados del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Nunca han vuelto a ver a los suyos. No en el Veracruz con más niveles de violencia que Tamaulipas, según datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuyos reportes sobre homicidios dolosos en 2016 hablan de mil 126 víctimas, y secuestros, 115, con lo que estaría ocupando el segundo lugar nacional, únicamente superado por el Estado de México.

SIN CASA Y SIN FAMILIARES

Sandra Cortaza vive en una casa de madera y cartón, unas cuantas paredes de ladrillo, y un piso firme de la SEDESOL. Es un espacio oscuro, húmedo, construido con desechos, y que cuando llueve con fuerza, se va a pique. “Acá tenemos que estar sacando el agua porque se nos inunda”, cuando describe los aguaceros, no puede evitar soltar las lágrimas.

Antes de esto, ella habitaba una mejor casa en Cosoleacaque, la cual tuvo que abandonar el 4 de enero del 2014, cuando sujetos armados la allanaron y se llevaron a su esposo e hijo, Jorge Villaseca Hernández y José Eduardo Velásquez Cortaza, de 21. Durante un mes, aproximadamente, recibió diversas amenazas para pagar el rescate de ambos. Vendió todas sus pertenencias, pidió prestado y quedó en deuda de por vida, aportó todas las demandas de los delincuentes, pero sus seres queridos jamás regresaron y las amenazas de que no denunciara, seguían. Ella se marchó de Veracruz por más de un año para resguardar a los demás integrantes de su familia. Pasó el tiempo trabajando en el Caribe mexicano, en el comercio y viviendo en condiciones precarias por la falta de dinero.

Desde ese sitio, tomaba fuerzas para regresar a Veracruz a exigir justicia y seguir buscando a sus familiares. Valía la pena soportar, se decía. El contar con un patrimonio seguro en su natal Cosoleacaque le daba ánimos, los cuales se vinieron abajo apenas llegó a donde era su casa, coche en el patio y una familia distinta ocupándola.

Cuando pidió explicaciones sólo encontró más amenazas. Ellos no se iban a salir. Todas sus pertenencias almacenadas las comenzaron a usar, otras las vendieron. Al verse sin nada, recurrió a su madre, quien le brindó un pedacito de patio en una propiedad en la zona de pantanos, en medio de marismas y moscos del tamaño de una pasa, culebras y animales salvajes.

Ahí comenzó a rehacer su vida, en medio de un grupo de desposeídos de la tierra que han rellenado la marisma para alzar sus casas. A Sandra Cortaza como a sus vecinos siempre se les ve corriendo con cubetas, costales de arena y para evitar las inundaciones. Su casa, la despojada, cuenta, la construyeron enviando dinero desde Estados Unidos.

Allá Sandra y su esposo ahora desaparecido pasaron una temporada para hacerse de un capital y edificar la residencia para los hijos. Es grande, espaciosa, buen ubicada y un amplio terreno.

“Yo no vivía así, no sé porque me pasó esto, qué estoy pagando, me quitaron a mi esposo y a mi hijo y ahora esto, vea cómo vivo, esto no es justo” se duele la mujer que además contrajo diabetes. Su preocupación de estos días es encontrar un nuevo empleo, hace unos días terminó la construcción de una plaza en donde ella vendía alimentos.

Ahora ha pasado los días lavando ajeno y viviendo de los pocos ahorros. Hace muchos meses que no se compra zapatos ni ropa nueva. Comer un trozo de carne fresca, resulta un lujo ahora. El poco apoyo en estos días lo ha encontrado en uno de los colectivos, Familiares en Búsqueda de Coatzacoalcos; gracias a la presión ejercida desde esa organización de padres con el mismo problema, hace unos días le avisaron que en la fosa Común de Emiliano Zapata, hay un cadáver con las características de su hijo, apareció en abril del 2015, es decir, un año meses después de la desaparición. Al acudir, lo reconoció. Era él y lo habían matado a tiros a más de 400 kilómetros del lugar original de su sustracción. Actualmente está la espera formal del cadáver para darle sepultura y seguir la búsqueda del otro, su esposo. La denuncia contra quienes ocuparon su casa para conseguir el desalojo, no avanza.

Marcela Dionisio, acompañante psicosocial y activista por los derechos de familiares de víctimas de desaparición forzada en Veracruz, coincide que “uno de los impactos en las familias con desaparecidos es la pérdida del patrimonio y la ruptura del tejido social”, y lo peor es que la Ley General de Víctimas no cuenta con medidas para contener este fenómeno creciente.


“A diferencia de otras violaciones graves a los derechos humanos, el desplazamiento forzado no cuenta con una normatividad internacional, convenio o protocolo y mucho menos ley, dejando a las víctimas de opción de exigir algo cuando tienen que salir de su comunidad por estar en riesgo”, dice Marcela Dionisio.

EXILIADA/INDIGNADA

Marcela Orozco cumplirá en marzo próximo tres años exiliada en alguna ciudad lejana de su natal Veracruz. Su hijo Gersón Quevedo Orozco fue secuestrado y aunque se pagó el rescate, los delincuentes no cumplieron. El mismo día del pago, horas después del secuestro, su otro hermano, Alan Quevedo Orozco, parte de las fuerzas básicas de los Tiburones Rojos, y su cuñado, Miguel Eliacim Cald #101;las, obtuvieron información sobre la casa en la cual se encontraba secuestrado su hermano. Los dos jóvenes se aventuraron a intentar recuperar al familiar, pero a unos metros de la casa de seguridad, los maleantes los identificaron y les dieron muerte.

Ese día, Marcela Orozco regresó a su casa en Arboleda San Ramón Custodiada por la Policía, tomó el uniforme de Los Tiburones de Alán para el funeral y algunas pertenencias de ella y sus otros familiares. Fue la última vez en su hogar. Las amenazas y el hostigamiento no pararon, y dos meses después, se marchó de Veracruz, corrieron hasta donde les dio la noche, encontraron una gasolinera, y cuando se sintieron tan lejos de Veracruz, lograron dormir un poco en esa estación de servicio.

En el exilio, las autoridades fueron las últimas en dar el apoyo. Antes el colectivo de la señora María Helena Herrera le brindó el respaldo para pasar unos días en su casa, “pues no tenía ni donde vivir”. Mes y medio pasó en ese refugio Maricela y su familia y posteriormente buscaron medios para sobrevivir y tener recursos para seguir buscando a Gerson Quevedo, así, ella dispuso de algunos ahorros y prestado para montar un pequeño negocio de venta de comida y es así como ha ido sobrellevando la situación.

En estos casi tres años, las autoridades han detenido a tres personas relacionadas con el caso de Gerson y Alan, presuntos integrantes del Cártel de Jalisco, pero ninguno ha aportado elementos suficientes para dar con el paradero del joven o hacerle justicia a su hijo y yerno asesinados.

Lamentablemente hay “corrupción metida en todo el sistema, la impunidad, la colusión, la indiferencia y la falta de sensibilidad de parte de los operadores del sistema y también la burocracia”, dijo Anais Palacios, activista y defensora de los derechos humanos de personas con familiares desaparecidos.

Dice que hay una Ley Estatal de Protección a Víctimas, y “técnicamente, la ley lo contempla (el apoyo a los desplazados), hay un marco legal, pero en lo imaginario, en lo utópico, y han tenido que pasar varias semanas, meses, o años para que les den atención. Marcela Orozco actualmente mantiene una lucha legal para ser reconocida como desplazada y acceder a los beneficios del Estado pues prácticamente también perdió todo por las deficiencias de un gobierno responsable de garantizar la seguridad de ciudadanos.


En muchas ocasiones, se tiene que recurrir a autoridades federales, “redes de apoyo establecidas entre propias familias porque las instituciones solicitan muchos requisitos que las familias no pueden cumplir por su condición de desplazamiento” finalizó Palacios.

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG.EXPEDIENTE.MX.
AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARVAJAL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-01-2017/3134631

México, en aprietos por la ola de migrantes haitianos y africanos

Una ola sin precedente de haitianos y africanos, además del amplio flujo habitual de centroamericanos y migrantes de otras nacionalidades, pone a México en aprietos.

Nuestro país, advierten especialistas, debe atender con mejores prácticas y más recursos a los extranjeros irregulares, pero también buscar alternativas de trabajo, salud y educación para miles de paisanos deportados de Estados Unidos.

Esta situación podría recrudecerse con la llegada de Donald Trump a la presidencia del país vecino a partir del 20 de enero, señalaron.

En 2015 México parecía recuperar aliento en el tema, luego de un boom de migrantes menores de edad en 2014 que buscaban reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

En el caso de asiáticos, africanos y caribeños, la estadística de la Secretaría de Gobernación mostraba cierta normalidad.

En 2015 fueron presentados ante la autoridad migratoria mexicana 2 mil 224 asiáticos (principalmente de India y Bangladesh).

Respecto de los africanos, fueron 2 mil 78 en esa situación (básicamente procedentes de Ghana y Somalia); en cuanto a los caribeños, la alerta era por el alto flujo de cubanos: 9 mil 623, mientras los haitianos figuraban apenas como minoría regional, con 77 registros en todo el año.

Las cifras anteriores, sin embargo, no eran representativas de algún fenómeno en especial, porque el foco era Centroamérica, con 179 mil 618 eventos, de los cuales 176 mil 726 fueron repatriados, es decir, casi 98 por ciento.

En cambio, en 2016 el número de migrantes procedentes de Asia se duplicó durante los primeros 11 meses del año (4 mil 374).

La cifra de africanos pasó de 2 mil 78 a 16 mil 268, número nunca registrado, y se espera que esos datos sigan en ascenso.

En el caso de los haitianos, las cifras oficiales sólo reportan 2 mil 380. Sin embargo, datos de Gobernación indican un flujo, durante el último trimestre de 2016, de más de 4 mil 500 varados en la frontera norte mexicana, en espera de ser recibidos, a cuentagotas, del lado estadunidense para solicitar refugio, el cual les ha sido negado desde el 22 de septiembre (el gobierno de Barack Obama dio por terminada la amnistía para los haitianos).

Especialistas y funcionarios consultados dijeron que la ruta de ese flujo migratorio se inicia en América del Sur, especialmente en Brasil, adonde llegaron a trabajar ciudadanos de esas nacionalidades para la preparación de los Juegos Olímpicos de Río, pero al terminar el empleo emigraron con el objetivo de llegar a Estados Unidos vía México.

Sin embargo, al concluir la amnistía para haitianos, cerrarse las vías para los africanos y tener en el foco prioritario de la deportación a mexicanos y centroamericanos, el problema se traslada a México.

Alejandra Castañeda, doctora en antropología y coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte, habló al respecto.

Se trata, dijo, de un flujo al que México no está acostumbrado, no sólo por el volumen, sino por el lenguaje, lo cual dificulta en principio la comunicación.

Esta ola de migrantes de otras latitudes –que comenzó en marzo del año pasado y tuvo picos críticos en el verano– ha sido atajada principalmente por organizaciones de la sociedad civil, no por el gobierno.

Nuestro país, añadió Castañeda, ha tenido una coordinación aceptable con su contraparte por su actitud de servicio al gobierno de Barack Obama en un papel de policía de Estados Unidos para contener la migración procedente de Centroamérica, principalmente.

Sin embargo, ahora, a partir de este mes, habrá un gobierno más hostil hacia México y la pregunta es: ¿qué hará nuestro gobierno, en especial para atender a sus paisanos deportados? –185 mil 437 tan sólo de enero a octubre de este año–, en especial a niños y adolescentes que no hablan bien español.

Igualmente, se prevé un aumento de deportaciones de centroamericanos, pese a que proceden de una zona violenta en extremo.

En 2014, según una reciente estimación de Gobernación, hubo 342 mil 384 migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México.

Un año después se informó de una devolución de 176 mil centroamericanos de México a sus lugares de origen, así como de 42 mil deportados de Estados Unidos.

Los flujos de los originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador que utilizaron México como país de tránsito y fueron devueltos a sus naciones de origen por las autoridades migratorias mexicanas han mantenido un crecimiento constante desde 2012, señaló la Unidad de Política Migratoria de Gobernación.

Al respecto, Castañeda y María Dolores París, también investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, comentaron en un reciente informe tras el triunfo de Trump: Considerando esta nueva ola de políticas adversas a los migrantes en Estados Unidos y un probable aumento de la inversión en control y seguridad en la frontera con México, nuestro país podría verse afectado por un crecimiento de las deportaciones de ciudadanos mexicanos y un aumento de solicitantes de asilo y migrantes varados en las ciudades fronterizas.

Al igual que las especialistas mencionados, Elba Coria Márquez advirtió sobre la importancia de fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (instancia de Gobernación con escaso presupuesto –25 millones de pesos para 2017– y apenas tres oficinas en todo el país). En especial, para procesar solicitudes de refugio, así como el diseño de políticas públicas distintas que no se limiten a detener a los migrantes, en particular a los centroamericanos, en estaciones.

México es ya un cuello de botella. Es necesario aumentar el personal (de la Comar) para agilizar procedimientos con pleno respeto a los derechos humanos de los extranjeros.

Fuente: La Jornada

Autora: Fabiola Martínez

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/02/politica/011n1pol

La migración no para: encuentra nuevas rutas

En su mayoría viajaban a lomos de La Bestia, pero la excesiva vigilancia del ferrocarril los obligó a cambiar de transporte. Ahora se desplazan en autobuses de pasajeros o hacinados en tráileres y camionetas. No importa cómo, pero decenas de miles de centroamericanos persisten en su afán de llegar a Estados Unidos, a despecho de que los gobiernos de ese país y de México eroguen ingentes cantidades en la aplicación de programas de contención. Nada parece ser capaz de detener el flujo de personas que huyen de la violencia del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

Por conducto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y con fondos de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Barack Obama financia desde mayo pasado un programa de capacitación a funcionarios mexicanos para desmantelar las redes de tráfico de migrantes que operan en el país, las mismas que decenas de miles de centroamericanos contratan cada año para alcanzar la frontera estadunidense.

Se trata del Proyecto Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 2016-2018, ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) “en estrecha coordinación” con la Procuraduría General de la República (PGR).

Como parte de este proyecto, agentes estadunidenses de seguridad empezaron a capacitar a funcionarios de la PGR y de la Policía Federal (PF), así como a “funcionarios federales ubicados en estados seleccionados de la República y a autoridades estatales” para detectar, investigar y perseguir el tráfico de migrantes, con “un enfoque de delincuencia organizada trasnacional”, incluyendo una vertiente de investigación financiera.

Los estados “seleccionados” son los 10 fronterizos –del norte y del sur–, además de Oaxaca, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.

El objetivo del proyecto –cuya copia obtuvo Proceso mediante una solicitud de acceso a la información– es “apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes, prestando especial atención a los procesos interinstitucionales para prevenir, detectar y perseguir el delito, así como proveer asistencia a los migrantes objeto de tráfico”.

El documento no especifica la cantidad de dinero que el Departamento de Estado –del que depende la INL– erogará para su aplicación.

Uno de los componentes del proyecto plantea la impartición de “asesoría especializada” a la Unidad de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes de la PGR –creada el 18 de diciembre de 2015–, así como “asistencia legislativa”, que consiste en un “debate legislativo” y la participación en un foro internacional de intercambio de buenas prácticas.

También prevé el desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno para informar sobre el tráfico de migrantes. Para ello, el proyecto considera cuatro mesas de trabajo en México y dos en Estados Unidos.

El proyecto se había dado inicio el pasado 30 de agosto, cuando Arely Gómez, extitular de la PGR, lo presentó junto con Roberta Jacobson –la embajadora de Estados Unidos en México–, Antonio Luigi Mazzitelli –representante en México de la ONUDD–, así como funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

El pasado 9 de mayo se instaló la primera sesión de trabajo en el Salón Justicia de la PGR, donde se presentó formalmente el proyecto; otras se llevaron a cabo en Guadalajara, el 1 de septiembre; Hermosillo, el 8 de septiembre; Mexicali, el 22 de octubre; y Toluca, el 10 de noviembre.

Del 22 al 26 de agosto se reunieron 21 funcionarios de la PGR y la PF en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana de Toluca, donde recibieron el taller “Fortalecimiento de las capacidades de funcionarios encargados de la aplicación de la ley para la detención, investigación y persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes”.

Participaron los agregados de la PGR para Centroamérica y el Caribe y América del Sur, así como de las ciudades estadunidenses de San Diego, El Paso, San Antonio y Los Ángeles, según las constancias que la PGR proporcionó a Proceso.

El taller no le costó un peso al gobierno mexicano: el Departamento de Estado estadunidense cubrió los traslados y los viáticos de los asistentes, de acuerdo con el oficio SJIAI/CAIA/0811/2016, emitido por la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR.

Del 7 al 11 de noviembre, agentes de la PGR asignados a las delegaciones de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como a las agregadurías antes mencionadas, asistieron al taller de “Formación operativa para el análisis, investigación y persecución penal del tráfico ilícito de migrantes” en Tijuana.

De nueva cuenta, el Departamento de Estado, “a través de la Iniciativa Mérida, (cubrió) el costo del viaje y los viáticos a los asistentes con base en las tablas de Naciones Unidas”, señala una serie de invitaciones enviadas a los agregados de la dependencia.

El flujo sigue

A mediados de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto oficializó el endurecimiento de la política migratoria con la aplicación del llamado Programa Frontera Sur (PFS). Como consecuencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) multiplicó los operativos en las carreteras, pero también en el ferrocarril que atraviesa México de sur a norte.

En los últimos tres años el INM detuvo a 429 mil 407 migrantes centroamericanos, de los cuales deportó a 402 mil 76.

En 2015, por primera vez México deportó a un mayor número de centroamericanos que Estados Unidos: el INM reportó 176 mil 726 deportaciones, y las autoridades estadunidenses, 76 mil 345.

Los migrantes centroamericanos siguen llegando a la frontera norte de México, así como a Estados Unidos: entre enero y octubre de este año, el INM detuvo a 4 mil 500 en Coahuila, 2 mil 951 en Nuevo León y 9 mil 700 en Tamaulipas, tres estados colindantes con Texas.

Entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2016, la Patrulla Fronteriza estadunidense detuvo a 218 mil 110 migrantes “otros que mexicanos” –prácticamente todos originarios de Centroamérica– en la frontera con México, informó Jeh Johnson, el director del Departamento de Seguridad Nacional, el pasado 18 de octubre. 140 mil 496 de ellos fueron detenidos en Valle del Río Grande, Texas.

Previo al incremento de los operativos, los migrantes de origen centroamericano más pobres se subían en los vagones del tren de carga –La Bestia– para llegar a la frontera estadunidense.

En entrevistas por separado, trabajadores de tres albergues de migrantes en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, afirman a Proceso que el flujo de migrantes que viajan en tren disminuyó.

A la par, sostienen que para el traslado de migrantes se incrementó el uso de líneas comerciales de autobuses –sobre todo entre mujeres y menores de edad, pese al riesgo de ser detectados en los retenes carreteros y posteriormente deportados– y de los tráileres operados por traficantes.

En Saltillo, por ejemplo, bajaban del tren más de 300 personas al día antes de la puesta en marcha del PFS; ahora son menos de 50, dice Javier Martínez, del área de protección de la Casa del Migrante de Saltillo.

“A pesar del Programa Frontera Sur, la migración no para, porque hay una situación muy grave por la violencia en Centroa­mérica; las pandillas amenazan de muerte a las familias, o de reclutar a sus hijos; la migración se da más por eso que por razones económicas”, insiste. Y subraya: “Los migrantes encuentran siempre una manera de seguir viajando”.

En Reynosa, Tamaulipas, ocurrió lo mismo: según el pastor Héctor Joaquín Silva, responsable del albergue Senda de Vida, en los últimos meses “ha bajado” el flujo de migrantes que viajan por tren; sin embargo recalca que el número de migrantes “se mantiene”: indica que se generalizó la modalidad de viajar por autobuses de línea a la ciudad fronteriza, pero también en vehículos privados, “engañados” –y a veces secuestrados– por traficantes, precisa.

En Monterrey incluso se incrementó más de 60% el número de migrantes que acudió al albergue Casanicolás, asevera Victoria Ríos Infante, coordinadora de vinculación de esta institución: en 2015 llegaban en promedio 90 personas por mes; este año la cantidad se elevó a 149. “Vemos al migrante más cansado, física y emocionalmente, que antes del Programa Frontera Sur”, plantea.

Ríos desconoce la magnitud del tráfico de personas en la zona, ya que los migrantes que usan los servicios de traficantes no se hospedan en el albergue. “Hay un número considerable de migrantes en hoteles pequeños, de más bajo costo, de la zona centro de Monterrey”, declara.

Hechos sucesivos

En los últimos meses se sucedieron detenciones masivas de migrantes que viajaban hacinados en tráileres.

El 26 de septiembre pasado, siete agentes del INM fueron atacados con armas de fuego por traficantes de personas en la carretera transístmica 185, en Oaxaca. Los agentes habían detenido a un traficante que llevaba 25 migrantes en la caja de una pick up, cuando los alcanzaron cinco personas armadas a bordo de motocicletas; éstas les dispararon y los obligaron a detenerse. Liberaron al traficante y se llevaron a los migrantes.

El 4 de octubre, el INM informó que un grupo de traficantes de personas abandonó a alrededor de 55 migrantes en el municipio veracruzano de Tres Valles, al notar que cuatro de ellos habían muerto de asfixia y deshidratación durante un viaje de 48 horas, sin escalas, en una camioneta cerrada, con logotipos clonados de Correos de México.

El siguiente 13 de octubre, al revisar dos vagonetas en la carretera que va de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a Ciudad Victoria, Tamaulipas, agentes de la PF encontraron hacinados en los vehículos a 122 migrantes, 45 de ellos menores de edad.

Tres semanas más tarde, el 2 de noviembre, un tráiler fue detenido en un retén del INM en la carretera Villahermosa-Cárdenas, Tabasco. En la caja estaban amontonados 94 centroamericanos, entre ellos 43 menores. El mismo día, en la carretera libre Aguascalientes-Zacatecas, el INM detuvo un autobús en el que viajaban 92 indocumentados, entre ellos 23 menores.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Tráfico de Personas 2016, que la ONUDD publicó este miércoles 21, las autoridades mexicanas sentencian a entre 60 y 100 traficantes de personas cada año desde 2012, la mayoría de ellas provenientes de Centroamérica.

Iniciativa Mérida

No es la primera vez que Washington destina fondos de la Iniciativa Mérida para reforzar la política de contención migratoria en México.

En febrero y marzo pasados, informes del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) señalaron que, de acuerdo con el tercer pilar de la Iniciativa Mérida –que consiste en crear una “frontera del siglo XXI”–, el gobierno de Obama erogó casi 20 millones de dólares para reforzar la frontera sur de México.

Estos fondos se destinaron a la instalación de kioscos móviles, adiestramiento a equipos caninos y capacitación para agentes migratorios, “incluyendo el monitoreo de migrantes vulnerables, traficantes y terroristas potenciales”, según el informe Cooperación en Seguridad EU-México: la Iniciativa Mérida y más allá, publicado el 22 de febrero.

En el segundo informe, Los recientes esfuerzos de México en ordenar la migración, publicado el 9 de marzo, el CRS recordó que la Agencia de Inmigración y Aduanas creó en México una Unidad de Investigación del Crimen Trasnacional, que investiga el tráfico de personas, y que el Departamento de Defensa entrenó y equipó a las fuerzas armadas mexicanas.

Además señaló que “el Departamento de Estado reprogramó recientemente 60 millones de dólares (mil 122 millones de pesos, según el valor promedio de cambio en 2016) de fondos no erogados durante años previos para apoyar proyectos existentes, una red de comunicación segura para agencias mexicanas en la frontera sur y equipo biométrico para el INM”.

Y añadió: “Una amplia porción de los 70 millones de dólares (mil 309 millones de pesos, según el mismo cambio promedio anual) que el Departamento de Estado dedicó a los programas de seguridad fronteriza (norte y sur) con fondos de los años fiscales 2013-2015 se usarán para los esfuerzos de la frontera sur”.

En el presupuesto para 2016, la Secretaría de Hacienda destinó mil 809 millones de pesos al INM, 88% de los cuales se destinó a cubrir la nómina.

El CRS, que provee información a los congresistas estadunidenses, planteó que “mientras funcionarios de Estados Unidos saludaron los esfuerzos de México (en la contención migratoria), grupos defensores de derechos humanos criticaron a México por los abusos perpetrados por funcionarios contra migrantes, por fracasar en proveer información sobre visas humanitarias o asilo político (…) y por detener a niños migrantes”.

También subrayó que la sociedad civil “levantó voces preocupadas respecto a la gestión que tiene México de sus flujos migratorios complejos y sobre su capacidad de proteger a los migrantes” y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados “expresó su preocupación ante las negativas de México para otorgar acceso al asilo a los refugiados provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica”.

Fuente: Proceso

Autor: Mathieu Tourliere

http://www.proceso.com.mx/467787/la-migracion-encuentra-nuevas-rutas

Desplazamiento forzado: el saldo oculto de la guerra

La crisis de los desplazados por violencia apenas comienza en México: casi una tercera parte de sus municipios tienen menos habitantes que antes de que los homicidios se generalizaran en el país.

En la última década la tendencia de crecimiento de población en México comenzó a cambiar en 691 municipios del país: en ese 28% del total de ayuntamientos la población disminuyó.

Aunque estos municipios que están despoblándose se reparten en todo el país, la gran mayoría se concentran en tres polígonos ubicados en las principales zonas de conflicto entre organizaciones criminales: el noroeste y occidente, controlado por el Cártel del Pacífico; el noreste, controlado por el Cártel de Los Zetas; y en el sur-sureste, en los estados dominados por La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

El fenómeno de desplazamiento forzado interno también puede ser atribuido a otras causas como los desastres naturales y el desarrollo de megaproyectos de inversión, pero las zonas de mayor despoblamiento coinciden con los puntos en los que también hubo un aumento repentino de la violencia homicida.

La violencia homicida

En el país cada año nacen más personas de las que fallecen gracias a lo cual la población del país crece, según estimaciones oficiales, a un ritmo de 1.4% anual. Esta tendencia permanece desde el año 2000, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Sin embargo, en los últimos 10 años, en el mapa surgieron y comenzaron a expandirse algunos puntos en los que la tendencia fue a la inversa: zonas que, en vez de tener cada vez más habitantes, comenzaron a perder población.

Los registros censales e intercensales del INEGI señalan que, sólo entre 2010 y 2015, 691 municipios del país comenzaron a despoblarse. 

¿Qué ha ocurrido para que en el 28% del total de los ayuntamientos la población decidiera irse?

Según el "Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México", que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo pasado, la movilidad de las personas registrada en el país en los últimos años es originada por "una violencia diferente". Esta es ejercida por "grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional", y cuya operación "no se ha podido frenar por parte de las autoridades".

Este diciembre se cumple una década desde la puesta en marcha de la que popularmente se denominó "Guerra contra el narco" y, aunque es difícil determinar con exactitud los resultados obtenidos con esta estrategia oficial, algunos rasgos de esta confrontación entre fuerzas públicas y grupos criminales sí pueden analizarse.

Estadísticas del INEGI dejan ver, por ejemplo, que entre 2006 y 2010 en 827 municipios del país se experimentó un aumento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: en ellos hubo un incremento repentino de la violencia homicida, que coincide con el inicio de la guerra contra el narco. 

La violencia continuó aún después del cambio de administración federal: entre 2011 y 2015 (los últimos dos años de gobierno del ex presidente Felipe Calderón y los primeros tres del presidente Enrique Peña Nieto), se registró un nuevo incremento en 106 de esos municipios que ya habían sido impactados al inicio de la guerra.

En este último lustro, otros 275 municipios se sumaron a la lista de localidades en las que aumentaron los homicidios. Así, entre 2010 y 2015, un total de mil 102 municipios del país sufrieron un aumento en esta violencia homicida. Eso equivale a 49% de los municipios del país.

Desplazamiento

Las estadísticas oficiales también dejan ver que, durante los primeros cuatro años de confrontación entre las fuerzas públicas y grupos criminales, 246 municipios del país comenzaron a perder su población. Esto creció durante los dos últimos años de gobierno de Calderón y los primeros tres de Peña.

Las estadísticas del INEGI señalan que entre 2010 y 2015 el número de municipios que redujeron su población llegó hasta 691 ayuntamientos.

Este fenómeno fue documentado en octubre de 2015 por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó México. Después informó que una "de las graves violaciones a derechos humanos que ha generado las diversas formas de violencia que se han venido dando en México, durante los últimos años, tiene que ver con el desplazamiento interno forzado".

Según las observaciones preliminares de la visita del organismo interamericano, esta violencia es ejercida por "grupos del crimen organizado, los cuales, en algunos casos, se encuentran coludidos con agentes estatales".

Uno de los testimonios recabados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ilustra dicha violencia: "Fuimos desplazados por la delincuencia organizada –narró una víctima de Guerrero–. Somos 58 familias y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y tres desaparecidos. Fuimos atacados en nuestras casas. 

Llegaron cinco veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27 (víctimas fatales). Una niña de ocho años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí".

Esta problemática, sin embargo, "no ha sido documentada y analizada de forma integral por el Estado (Mexicano), lo cual constituye el principal obstáculo, de cara a la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno", tal como concluyó la Comisión Interamericana, al presentar en diciembre de 2015 su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el país.

Fuente: Animal Político

Autora: París Martínez y colaboradores

http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/desplazados.html

El crimen organizado opera como brazo armado de las mineras en Guerrero

En la sierra de Guerrero, entre la Costa Grande y la Tierra Caliente, decenas de poblados y núcleos ejidales se encuentran abandonados o en poder de la delincuencia organizada. Están prácticamente deshabitados, salvo por los pobladores que aceptaron o fueron obligados a trabajar para los criminales. Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), con sede en Chilapa, Guerrero, describe la situación con elocuencia.

Señala que detrás de esta condición están los intereses de las empresas mineras, tanto trasnacionales como nacionales. La delincuencia organizada opera como brazo paramilitar de ellas. Aunque no existe un registro completo de los afectados, se trata de centenares de familias en circunstancias trágicas, muchas de ellas dispersas en la entidad, el resto del país o en Estados Unidos.

En la llamada región Sierra de Guerrero hay comunidades deshabitadas por completo, en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia y Coyuca de Catalán, refiere Olivares. La Laguna, por ejemplo, se encuentra deshabitada desde 2011. Lo mismo en las partes serranas de la Costa Grande, en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez y otros.

Entrevistado por La Jornada, Olivares destaca sin ironía alguna: Casualmente, en todas esas localidades existen varias concesiones mineras que no se habían podido instalar a causa de los ejidos y poblados que se resistían. Casi todos los ejidos que actualmente sufren ocupación de la delincuencia organizada se habían negado a titular sus parcelas con los programas de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y el de Certificación de Derechos Comunales (Procecom) del gobierno.

Para las mineras resulta más sencillo operar en tierras despobladas que lidiar con asambleas ejidales y comunitarias, así que los ejidos fueron dispersados. Comisariados y delegados ejidales han huido con sus familias, al igual que los demás ejidatarios o comuneros. Muchas veces dejan atrás la documentación del territorio que tienen. En los hechos se volvieron tierras desocupadas, algunas hace más de cinco años. De acuerdo con la ley, si nadie las habita ni trabaja, se consideran abandonadas.

Un caso: Guajes de Ayala. Salieron casi todos, incluidas sus autoridades. Ahora no tienen documentos que prueben su calidad de ejidatarios. Pero “no toda la gente dejó los anexos. De 16 mil hectáreas, sólo 5 mil están sin dueño. En las otras, la gente que se quedó paga ‘impuesto’ o trabaja para las organizaciones criminales”, agrega el director del Centro Morelos, el cual lleva decenas de casos de desaparición en la región, todos en el contexto de la invasión de la delincuencia organizada. Las familias que buscan a sus hijas e hijos suman decenas.

“Las mujeres son un verdadero botín de guerra. Ahí ve uno a las muchachitas viviendo con los narcos. Las mujeres y los niños son los que más sufren; no queda ningún código de honor, ningún derecho. Los hombres y jóvenes sirven para el sicariato, cultivan amapola o mariguana, les trabajan”.

Olivares expone que otro factor de esta situación desesperada es “la lucha entre las organizaciones criminales por el control de territorio y la ‘necesidad’ que tienen de mayores extensiones de tierra. Y como también requieren mano de obra, incorporan la población al grupo o le exigen recursos económicos. Por eso tantos se van; es insoportable”.

La dispersión de las comunidades llega ser total. Algunas decenas de familias se han refugiado en otros municipios de Guerrero. Pero son incontables las familias que migraron a Michoacán, Jalisco, Baja California o Estados Unidos, y ahora son jornaleros. El Centro Morelos trabaja ahora con grupos de nueve, 16 o 34 familias desplazadas en la misma entidad, que reclaman sus tierras y el derecho a vivirlas y trabajarlas.

A la pregunta de si se trata de comunidades indígenas, Manuel Olivares responde terminante: No lo son. Los lugares abandonados estaban habitados por campesinos mestizos o pueblos que dejaron sus lenguas y costumbres hace tiempo. Resulta más fácil que ellos abandonen sus ejidos. Los pueblos indígenas tienen una cosmovisión diferente respecto de la tierra y la oposición a las minas y la delincuencia organizada. En las comunidades indígenas de la Montaña, la Sierra y la Costa se han formado policías comunitarias para contener la delincuencia y la minería.

Así, las comunidades indígenas se defienden y no abandonan tan fácil sus lugares en estas y otras regiones de Guerrero, también asoladas por la delincuencia y codiciadas por las mineras.

Fuente: La Jornada

Autor: Hermann Bellinghausen

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/05/politica/018n1pol

Migrantes, los muertos en vida

“La respuesta de las autoridades no corresponden a la urgencia que significa la migración de personas de diversas nacionalidades que buscan llegar a Estados Unidos y que antes pasan por México. Afrodescendientes, haitianos, ucranianos pero también centroamericanos y mexicanos viven una situación precaria y de incertidumbre en las fronteras de nuestro país. Las respuestas que reciben son asistencialistas y no la ayuda humanitaria que en realidad se necesita”, afirma a DesinformémonosLeticia Gutiérrez, directora de la organización SMR Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados.

Desde abril de este año afrodescendientes y haitianos comenzaron a llegar de manera masiva a México. Muchos de ellos son quienes después del terremoto en Haití en 2010 migraron a lugares como Brasil, “país que los recibió de manera solidaria en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Los dejó ingresar para que formaran parte del grupo productivo de trabajadores de Brasil, pero en enero de este año luego de la situación política contra Dilma Rousseffy y el desastre económico que hoy vive ese país derivó en que los haitianos busquen otros espacios”, dijo la defensora de las personas migrantes.

Según información recabada por la activista algunos llegaron en avión de Brasil pero quienes no cuentan con los recursos para pagar ese viaje han llegado en autobús. “Platiqué con un matrimonio que se vino en autobús desde allá, ella venía embarazada y dio a luz en Chihuahua. Otros migrantes viajan hasta tres meses para poder llegar a México y después a Estados Unidos”.

Leticia Gutiérrez, afirma que la respuesta de las autoridades que no va acorde con la necesidad. “Los diplomáticos de Haití, de África o de los diferentes países no han solicitado que se reciba a sus connacionales por razones de ayuda humanitaria, han sido omisos. Por su parte Miguel Agel Osorio Chong, Secretario de Gobernación de nuestro país, acudió a Tijuana pero a dar una respuesta asistencialista, sin embargo lo que se espera no son víveres. Se trata de una exigibilidad de una política migratoria de acogida integral y no sólo asistencial, eso incluso lo han podido solventar las casas para migrantes y las personas de buena voluntad con cuyo apoyo se han atendido a alrededor de 15 mil personas”, asegura Leticia Gutiérrez.

En el caso del gobierno de Estados Unidos, “si bien Obama hizo público que otorgaría a los migrantes afrodescendientes y haitianos visas humanitarias, hemos registrado la disminución en el número de dichas visas. Iniciaron dando 100 visas al día y han disminuido a 30 visas contando incluso las que dan por día en Tijuana y Mexicali. Mientras esperan sufren las inclemencias del tiempo, hacinamiento, están varados, durmiendo en colchonetas, casas de campaña o tirados en el suelo. Existe una presencia que se incrementa de migrantes Haitianos y Africanos pero también las y los mexicanos y centroamericanos están en las fronteras sin que las autoridades resuelvan los problemas de raíz que tienen que ver con la pobreza, el desempleo y la inseguridad que se vive también en nuestros países”, afirmó Leticia Gutiérrez.

Fuente: Desinformémonos

Autora: Atziri Ávila

https://desinformemonos.org/migrantes-los-muertos-vida/

Familias desplazadas regresarán a recordar a sus niñas difuntas

Las familias víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas anunciaron que del 28 de octubre al 3 de noviembre estarán provisionalmente en Banavil, en el municipio de Tenejapa, para recordar a sus muertos como Antonia Lopéz Méndez, quien falleció en el desplazamiento forzado junto con sus hermanas pequeñas Petrona y María, enterradas las tierras de su abuelo Alonso López Luna, “desaparecido forzadamente por los priistas de dicho paraje Banavil, desde el 4 de diciembre de 2011”.

Denunciaron que durante casi cinco años han exigido al Estado mexicano el inicio de una investigación profunda y transparente para esclarecer la desaparición forzada de López Luna, pero que hasta ahora no se ha comenzado ni una averiguación, ni se ha interrogado a Alonso López Ramírez, quien está recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados N.5. por ser uno de los responsables de la desaparición.

Exigieron al gobernador estatal, Manuel Velasco, a la Procuraduría General del estado Chiapas y al Estado mexicano, aplicar su responsabilidad y voluntad de investigar el paradero de Alonso López.

Por esto, demandaron al gobierno de Chiapas que se haga una búsqueda incesante hasta que se encuentre a Alonso López Luna, que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada del desplazamiento forzado de las familias, así como generar las condiciones para el retorno inmediato y definitivo de éstas a Banavil.

Por último, expresaron su solidaridad con las familias de la zona norte de Masojá Shucjá, la masacre del Viejo Velasco y las familias de los mártires de Acteal que sigue en la impunidad, que “como nuestra familia también buscan verdad, y justicia”.

El 4 de diciembre del 2011, las familias de la localidad de Banavil, en Chiapas, fueron víctimas de agresión y obligadas a desplazarse de sus hogares, los cuales fueron saqueados y hasta hoy, cinco años después, no han podido regresar por el miedo a la inseguridad y nuevos ataques por parte del gobierno.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

https://desinformemonos.org/familias-desplazadas-regresaran-recordar-ninas-difuntas/