Mostrando entradas con la etiqueta Desplazados. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Desplazados. Mostrar todas las entradas

domingo, 30 de octubre de 2016

Seis proyectos canadienses se vinculan con hechos violentos en México

Por lo menos seis proyectos mineros canadienses están vinculados con hechos violentos ocurridos en los últimos 15 años en México, los cuales son la muerte de ocho personas, dos desapariciones, 14 personas heridas, 35 detenidas y 83 que enfrentaron la justicia, señaló un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), que es un un conglomerado de abogados y estudiantes de derecho que aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses.


De acuerdo con el documento, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense, de las cuales al menos 28 estuvieron involucradas en violaciones a los derechos humanos en 14 países de la región entre el 2000 y 2015. En once de estas naciones, líderes comunitarios e indígenas, víctimas de “ataques dirigidos”, activistas, mineros, periodistas, abogados y sindicalistas, entre otros, resultaron muertos.
Concretamente, durante ese periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represión violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas, de las cuales 212 eran líderes comunitarios defensores de los pueblos, y en 709 casos se registraron acciones de criminalización de la oposición a los proyectos, entre las que se encuentran demandas, detenciones y condenas, señala el informe.
El JCAP afirmó la complicidad de las empresas mineras con los gobiernos, e incluso grupos criminales, para enfrentar las protestas sociales contra los proyectos y así continuar con las invasiones territoriales, lo que afecta principalmente a los pueblos y comunidades indígenas que dependen de los recursos naturales.
A través del documento se cita el ejemplo del 7 de abril del 2015, cuando un comando asaltó la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Dos días más tarde, Rob McEwen, director de McEwen Mining, concedió una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, en la cual reconoció que “los cárteles están activos ahí, (aunque) generalmente tenemos una buena relación con ellos”.
Tres días después, para apaciguar la polémica que despertaron las declaraciones, McEwen se disculpó por el “malentendido” que “creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad”.
El informe también reveló que las empresas mineras ocultan de sus informes de actividades tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos.
Por último, señaló la relativa “inutilidad” del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deberían revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero. Ante esto, especificó que el CSR apenas recibió seis quejas en sus seis años de existencia, mientras que el NCP sólo investigó cinco casos desde el 2011.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/seis-proyectos-canadienses-se-vinculan-hechos-violentos-mexico/

sábado, 29 de octubre de 2016

No se habla de Colima, tampoco de Zacatecas, pero la violencia que se desató toca ya niveles de alarma

En Colima y Zacatecas, en los últimos cuatro años, los homicidios dolosos han aumentado en un 45.1 por ciento y en un 38.5 por ciento, respectivamente. Sin embargo, el repunte más alarmante es el que Colima, una entidad hasta ahora considera no violenta, registró de 2014 a 2016, cuando estos delitos ascendieron en un 82.5 por ciento. En el caso de Zacatecas, el último año ha sido preocupante, pues el ascenso fue del 71.4 por ciento. Sólo en los últimos 10 días, en Colima, medios locales reportan al menos 12 muertos. En Zacatecas el saldo es de ocho.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La incidencia de homicidios dolosos en los estados de Colima y Zacatecas, que en años anteriores eran considerados como relativamente pacíficos, en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto ha aumentado en un 45.1 y 38.5 por ciento, respectivamente. Pero eso es sólo la punta del iceberg.

Los estados de Colima (434) y Zacatecas (342) son, de acuerdo con el número de homicidios registrados, la décimo sexta y décimo séptima entidad, respectivamente, que más delitos registraron a nivel nacional hasta septiembre del presente año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Se encuentran sólo por debajo de entidades consideradas alguns como las más violentas en la historia reciente: Guerrero (mil 654), Estado de México (mil 545), Michoacán (947), Chihuahua (859), Sinaloa (853), Jalisco (850), Veracruz (846), Baja California (819), Guanajuato (711), Ciudad de México (686), Nuevo León (511), Oaxaca (623), Puebla (488), Tamaulipas (444), Morelos (443) y Sonora (435).

Las cifras no parecieran tan alarmantes, aunque si se compara la actual incidencia de este delito con años anteriores los números dicen otra cosa. Colima, por ejemplo, de 2012 a 2014 registró un decremento de casi 61 por ciento en los homicidios. Sin embargo, a partir de 2014, los asesinatos repuntaron en un 82.5 por ciento, pasando de 76 casos registrados hasta septiembre de 2014, a los 434 registrados en los primeros nueve meses del año en curso.

En el caso de Zacatecas el escenario es similar aunque un tanto más irregular, ya que de 2012 a 2015, entre alzas y bajas, finalmente registró un decremento del 50 por ciento el año pasado. Sin embargo, a partir de 2016 los homicidios dolosos repuntaron. Pasaron de 98 casos [de enero a septiembre de 2015] a 342 en el mismo periodo de este año, un ascenso del 71.4 por ciento.

Además, a esta crítica alza se suma un dato desconcertante: el estado de Colima presenta la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes más alta a nivel nacional (58.99). Mientras, Zacatecas se ubica como la séptima entidad con la tasa más elevada, después de Colima, Guerrero (46.09), San Luis Potosí (28.34), Baja California Sur (23.17), Chihuahua (22.93) y Morelos (22.80).

TRAGEDIA EN COLIMA



Hasta septiembre de este año, el estado de Colima registró 434 homicidios dolosos. Foto: Twitter [‏@SSP_COLIMA ].

De acuerdo con un artículo de La Jornada de abril de este año firmado por Juan Carlos Flores, “el incremento de los homicidios en los seis meses recientes es atribuido a la embestida del Cártel de Sinaloa contra sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación y lo que queda de los Caballeros Templarios”. Esto según especialistas consultados por el periódico de circulación nacional.



En ese sentido, refiere que fue a partir del 2010 cuando Colima “empezó a perder la tranquilidad”, año en que se suscitó el asesinato del ex Gobernador Silverio Cavazos Ceballos, quien fuera baleado mientras paseaba a su perro afuera de su domicilio ubicado en la colonia Jardines de Vistahermosa.

Posterior al siniestro, menciona el diario, se desató la guerra entre grupos del crimen organizado por “la llegada del Cártel de Sinaloa” al estado.

Por su parte, el Gobernador Ignacio Peralta Sánchez ha tildado como “muy grave” la situación de violencia en Colima y a señalado que la prioridad de su administración es la seguridad, aunque los resultados no reflejan sus esfuerzos. Asimismo, el Procurador de Justicia de la entidad, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, aseguró en abril de 2016 que de no haber mejoras en materia de seguridad en los próximos seis meses renunciaría. Sin embargo el plazo caducó, la situación ha empeorado y no cumplió con su palabra.

Al respecto, el almirante Eduardo Villa Valenzuela, Secretario de Seguridad Pública estatal, advirtió entonces que la violencia originada por las bandas rivales no se detendría pronto… y parece tenía mucha razón, porque no sólo no se detuvo sino que empeoró.

A continuación un recuento de algunos de los siniestros, que en los últimos días, han tintado de color bermejo las calles de Colima

Hoy, en Manzanillo, elementos de la policía local y militares reportaron el asesinato de un hombre identificado como Rodrigo a manos de supuestos sicarios, quienes se dieron a la fuga tras la agresión. Los hechos ocurrieron en el número 100 de la avenida López Mateos en la delegación de El Colomo.

El 27 de octubre, en la calle Miguel Alemán de la ciudad de Colima, una pareja desconocida fue ultimada a manos de unos presuntos sicarios, quienes a bordo de un vehículo abrieron fuego con armas de alto calibre en contra de los fallecidos, quienes de igual modo viajaban a bordo de una camioneta marca Nissan. Las autoridades no esclarecieron el motivo del siniestro ni mencionaron la identidad de los agresores.

El 26 de octubre, en la calle Privada Galeana de la colonia Libertad, en Manzanillo, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer desconocida de aproximadamente 30 años de edad. De acuerdo con los reportes preliminares, la occisa murió de un impacto de bala a la altura de la cabeza. se desconocen más detalles.



En los últimos 10 días, en Colima, medios locales reportan al menos 12 homicidios dolosos. Foto: Twitter [ ‏@gobiernocolima].

El 25 de octubre en Manzanillo, sobre la calle Revolución a la altura de la colonia El Paraíso, fue localizado el cadáver de un hombre no identificado. Se desconocen las causas de muerte y el móvil, aunque las autoridades detallaron que el occiso estaba cubierto por una cobija y una bolsa plástica.



El 24 de octubre un sujeto mató a balazos a Eduardo Velázquez de 22 años derivado de una supuesta discusión. Los hechos habrían ocurrido en un camino de terracería ubicado a la entrada del poblado Las Guásimas de la ciudad de Colima. El homicida se dio a la fuga.

Ese mismo día, también, Francisco Javier Aceves Córdova, de aproximadamente 35 años de edad, fue ultimado a balazos mientras se encontraba sentado en una banca de un jardín de la colonia San Antonio, ubicado en la calle Medellín esquina con Carrizales. Se desconoce el móvil y la identidad del homicida.

El 23 de octubre la policía local informó sobre la localización del cadáver de una persona no identificada en el Canal Juárez, junto a la colonia Torres Quintero de la ciudad de Colima. El occiso fue encontrado atado de pies y de manos cuando flotaba por el canal.

Ese mismo día y en otros hechos se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer desconocida, quien se encontraba envuelta en una sábana a la altura del kilómetro 10 de la carretera de Villa de Álvarez, misma que conecta con el municipio de Minatitlán. Se desconocen más detalles.

Asimismo el 23 de octubre en el municipio de Tecomán, en la población de Calderas, Carlos Raymundo Pérez Ramírez de 45 años fue ultimado a manos de unos sujetos desconocidos, quienes a bordo de un vehículo compacto, abrieron fuego en contra de las personas que se encontraban en ese momento al interior de una estética. Derivado de los hechos, un joven de 19 años resultó herido. Los agresores se dieron a la fuga.

El 21 de octubre, Luisa Carrillo Venegas de 43 años fue asesinada de cinco disparos de arma de fuego en la calle Canal de Ámela, en el Fraccionamiento San Miguel, en Tecomán. Se desconoce el móvil del siniestro así como los responsables.

El 19 de octubre medios locales reportaron el hallazgo del cuerpo de un joven de aproximadamente 25 años en una zanja ubicada en la colonia Llanos de San José, en Tecomán. Las autoridades señalaron que el cadáver presentaba huellas de tortura y que se encontraba amordazado y boca abajo. No se reportó ni la identidad ni la causa de muerte del occiso y no hubo detenidos ni sospechosos.

LA CARA VIOLENTA DE ZACATECAS

En poco más de una semana, en Zacatecas se han registrado al menos 8 homicidios dolosos. Foto: Nacho Ruiz, Archivo Cuartoscuro.

Los hechos y las cifras contradicen las declaraciones hechas en septiembre pasado por el Gobernador priista de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, quien aseguró que la “seguridad está de regreso” en la entidad.

El 18 de junio de este año, la Procuradora de la entidad, Leticia Soto Acosta, aseguró que el recrudecimiento de la violencia en el estado se debe al reacomodo de los grupos delictivos ubicados principalmente en Tamaulipas, mismos que buscan asentarse en los estados ubicados en el centro del país.

Asimismo, la servidora pública indicó que el aumento en el número de homicidios dolosos en la entidad “se explica por la lucha de los grupos delictivos por las plazas, el narcomenudeo y el trasiego de la droga”, según refiere La Jornada Zacatecas.

De acuerdo con el medio local, Soto Acosta también mencionó que en Zacatecas se ha localizado armamento nuevo y diferente al que se “venía registrando” como parte de la incidencia del crimen organizado en el estado.

En los últimos días en Zacatecas se han registrado varios homicidios que reflejan la cruenta situación que asedia a la denominada “Heroica Ciudad”, título concedido en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ayer, un hombre de entre 23 y 26 años de edad fue acribillado en la segunda sección de la colonia Ojo de Agua de la Palma, en el municipio de Guadalupe. Según el testimonio de algunos testigos, los agresores eran tres desconocidos que viajaban en un Pointer gris de la marca Volkswagen. Los homicidas permanecen prófugos de la ley y se desconoce la razón del siniestro.

El 27 de octubre, un maestro de la telesecundaria de la comunidad La Quemadora fue asesinado a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de Refugio de Abrego, sobre el crucero con dirección de la localidad Felipe Ángeles. El occiso identificado como Fernando “N” presentaba heridas de bala 9 milímetros. Se desconoce el móvil.

El 25 de octubre las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 45 años en el Fraccionamiento Villas de Guadalupe. El rostro del occiso estaba cubierto con una aparente sudadera. Se desconoce el por qué del siniestro y las autoridades no han reportado saber la identidad de los agresores.

El 23 de octubre, en dos hechos distintos en los municipios de Fresnillo y Pánuco, dos personas perdieron la vida. En un primer caso Víctor Alfonso “N”, de 20 años, fue ultimado a balazos, mientras que en otro Sonia Araceli “N”, de 38 años, fue asesinada con arma de fuego. En ambos casos se desconocen los móviles y no hay detenidos ni supuestos responsables.

El 22 de octubre un hombre y una mujer fueron agredidos a balazos en la cabecera municipal de Monte Escobedo a manos de unos presuntos sicarios en lo que de manera extra oficial se calificó como un “ajuste de cuentas”. Como resultado del siniestro, Luis “N” perdió la vida y su acompañante, de quien se desconoce la identidad, resultó herida y fue trasladada al hospital.

El 19 de octubre padre e hijo, de aproximadamente 68 y 40 años de edad respectivamente, fueron ultimados a las afueras de un taller mecánico en donde laboraban, ubicado en la calle Miguel Chávez del barrio La Pinta. Los homicidas les habrían disparado a quemarropa antes de darse a la fuga. Se desconocen más detalles.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Efrén Flores
http://www.sinembargo.mx/29-10-2016/3109361

jueves, 13 de octubre de 2016

Los desplazados por la narcoviolencia

CIUDAD DE MEXICO: Uno de los fenómenos sociales ocasionados por la guerra contra el narcotráfico, por la violencia cotidiana con la que grupos del crimen organizado se adueñan de pueblos, comunidades y pequeñas ciudades, y por la incapacidad de las autoridades en dar seguridad, es el de los desplazados.

Este suceso que ya tiene una década apenas empezó a ser tomado en cuenta por las autoridades. Por ejemplo, según la CNDH, desde el 2014 a la fecha se tienen registrados 90 mil desplazados por razones de violencia e inseguridad. Pero recientemente el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó un estudio donde detectó que aquéllos ya rebasan el millón 700 mil.

El fenómeno de desplazamiento interno por causas de conflictos armados, como el generado por el crimen organizado y la guerra que en 2006 lanzó Felipe Calderón en contra de aquél, ha provocado que miles de familias o más de un millón y medio de mexicanos se vean obligados a salir de sus lugares de origen ante el temor de ser asesinados, desaparecidos, amenazados, extorsionados o forzados a trabajar para las agrupaciones criminales.

Antes de este fenómeno México ya había registrado un caso de desplazamiento forzado por cuestiones de violencia e inseguridad en Chiapas. Entre 1994 y 1995 cerca de ocho mil familias fueron desplazadas a raíz de la declaración de guerra del EZLN. En 1998 hubo otro desplazamiento por la presencia de grupos paramilitares en la región de Los Altos y norte del estado. El pueblo de Polhó se convirtió en un refugio para 8 mil familias y hoy sigue siendo una comunidad de desplazados.

Pero en la actualidad el número de desplazados es mayor y se presenta en varias regiones del país por los altos riesgos de inseguridad e incertidumbre que corre la ciudadanía en sus hogares.

Informes internacionales, como el de la ONU o el Informe Global sobre Desplazamientos Internos, realizado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), han dado a conocer esta situación de desplazamiento forzado de miles de mexicanos, algunos de los cuales han llegado a la frontera con Estados Unidos o a las representaciones diplomáticas de Canadá a solicitar asilo.

Recientemente, a la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, han llegado miles de familias de Guerrero y Michoacán a pedir asilo político al gobierno de Estados Unidos, argumentando que es imposible vivir en sus comunidades gobernadas por el crimen organizado.

Sin embargo las cifras de los desplazados varía, pues en una encuesta del INE sobre la población mayor de 18 años (82 millones 419 mil 351 ciudadanos) se encontró que 2%, equivalente a un millón 648 mil 387 ciudadanos, fue víctima de desplazamiento forzado.

El IDMC por su parte informó recientemente un dato similar, que en México 1.7 millones de personas se vieron obligadas a emigrar entre 2006 y 2011, debido a la amenaza o riesgo de violencia causada por el crimen organizado, asociado con el narcotráfico.

Si estos datos son correctos, estaríamos hablando de una parte importante de la población de algunos estados, como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Baja California, donde sus residentes ya no pueden seguir viviendo en sus hogares y se ven obligados a ir a otros lugares, dentro o fuera de la propia entidad, e incluso del país.

Hay desplazamientos internos que a veces no son registrados, como ocurrió después de los enfrentamientos en la región de Tierra Caliente, Michoacán, que ocasionaron que habitantes de ocho comunidades acudieran a albergues temporales. De acuerdo con Protección Civil de la entidad, entre el 23 y 24 de mayo más de 10 mil personas huyeron de sus hogares por la violencia, aunque los conteos varían.

Casos similares ocurrieron en San Fernando, Tamaulipas; en Allende, Coahuila, y en la sierra de Guerrero, regiones que han sufrido los embates de la violencia del narcotráfico.

La vulnerabilidad, inseguridad e incertidumbre entre la población que habita las regiones controladas por el crimen organizado crecen día a día ante la indolencia de los partidos políticos que apenas empezaron a discutir el tema con miras a crear una ley de protección a desplazados o del gobierno federal, que apenas voltea a ver a esta parte de la población mexicana que sufre las consecuencias de una guerra convencional donde hay miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS).

miércoles, 12 de octubre de 2016

Piden asilo en EU más de 11 mil migrantes

Tijuana, BC. Alrededor de 11 mil 300 personas, la mayoría haitianos, han llegado a Baja California para solicitar asilo político en Estados Unidos.

Del total, permanecen en la entidad entre cuatro y cinco mil migrantes, según el Instituto Nacional de Migración (Inami).

Él gobierno mexicano ha entregado 14 mil 800 permisos de tránsito a estos migrantes y se estima que alrededor de ocho mil cruzaron la frontera por California, luego de realizar su petición de asilo.

Esta población se encuentra en albergues y centros de apoyo a migrantes de Mexicali y Tijuana, pero según la delegación del Inami en Baja California, no se puede precisar su número exacto, “porque cambia todos los días”.

En Tijuana hay un número indefinido de migrantes que ocupan viviendas de un solo cuarto en el centro de la cuidad, por la cual pagan 20 dólares por día, mientras esperan su cita en la oficina de Migración de la garita de San Ysidro, California.

Las denominadas “cuarterías” son puntos de reunión donde conviven las familias migrantes, ya que la mayoría de mujeres y niños duermen y toman alguno de los alimentos diarios en albergues de la sociedad civil, sobre todo en el “Desayunador del Padre Chava”.

En Mexicali, cerca de 600 migrantes haitianos se encuentran en el albergue Alfa y Omega, también de la sociedad civil.

El delgado de migración Rodolfo Figueroa aclaró que esta población no se ha quedado en la entidad; es una población en movimiento, en tránsito, y la intención es respetar sus derechos humanos por lo que consultaron la experiencia de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM, por sus siglas en inglés).

Las estadísticas oficiales del martes 11 de octubre señalan un registro de tres mil 521 migrantes haitianos; de ellos, 221 menores de edad, 140 mujeres y 81 varones.

Durante el recorrido de la OIM por Tijuana se determinó buscar recursos para incrementar la capacidad de las organizaciones sociales y acelerar el número de personas que pueden traspasar la frontera, ya que se otorgan 110 citas al día por las garitas de San Ysidro y Calexico.

Para el representante en México de la OIM, Cristopher Gascón, este aceleramiento aún no preocupa, porque no se han rebasado las capacidades de atención en México, hasta el momento.

Señaló que hay que discutir con las autoridades estadunidenses la atención a los migrantes para disminuir la carga en la frontera de México, pues se trata de “un apoyo humanitario; nuestro trabajo es ayudar a organizar y obtener recursos” económicos para ello, además de detectar estructuras de organizaciones que se puedan mejorar y adecuar.

Explicó que la mayoría de estos migrantes salió de Haití después del terremoto de 2010, para dirigirse a Brasil donde obtuvieron visas de trabajo, pero ahora pretenden llegar a Estados Unidos.

El delegado regional del Inami comentó que esta migración atípica no terminará mañana y seguirá creciendo, pero confió en que concluya pronto y México sea “un lugar de paso” para los migrantes.

Dijo que existe flexibilidad en el Inami para que los migrantes que tienen documentos de salida, cuya vigencia es de 30 días, se regularicen para poder asistir a su cita en las garitas estadunidenses.

Dijo que es una decisión de los haitianos, “si quieren aprovechar para quedarse” en México.





Fuente: La Jornada
Autor: Antonio Heras
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/12/alrededor-de-11-mil-300-personas-pediran-asilo-en-eu

Más de 6 mil 500 migrantes murieron en la frontera de México con Estados Unidos

Más de 6 mil 500 personas que intentaron cruzar a Estados Unidos desde México murieron en la frontera desde 1998, indicó el Centro Colibrí para los Derechos Humanos, con sede en Tucson, Arizona.

De acuerdo con el Centro Colibrí, la alta mortalidad en la frontera es consecuencia de las estrategias de militarización que el gobierno estadounidense implementó en la zona. Las cifras indican que una tercera parte de esas muertes, que son alrededor de 2 mil 400, ocurrió en la frontera de Arizona con México.

La exposición fue una de más de una veintena que se ofrecieron por diferentes grupos en el “Encuentro en la Frontera”, organizado este fin de semana por el grupo interreligioso de derechos humanos School of Americas Watch (SOA Watch). En el Encuentro se reunieron más de 500 activistas de Estados Unidos que trabajan por los derechos humanos de los migrantes.

“Antes del 2000, el promedio de migrantes que morían cada año en la frontera de Arizona era de 12. Sin embargo, del 2000 al 2014 se incrementó en más de 10 veces, a unas 165 muertes por año”, señaló Reyna Airbi, del Centro Colibrí.

En el desierto de Arizona, más de 500 restos de cuerpos de migrantes han sido encontrados, y permanecen en estado de “desconocidos” al no ser identificados en las morgues de los condados fronterizos.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción con información de Prensa Latina
https://desinformemonos.org/mas-de-6-mil-500-migrantes-murieron-en-la-frontera-de-mexico-con-estados-unidos/

martes, 11 de octubre de 2016

Tijuana, refugio para familias desplazadas por violencia

Mexicali, BC. En la ciudad fronteriza de Tijuana se registra la otra realidad de la migración que solicita asilo político a Estados Unidos: es la de miles de familias mexicanas que huyen de la violencia que afecta a sus comunidades.

Para la Coalición Pro Defensa del Migrante desde hace tres años, en 2013, se registró un incremento de migrantes mexicanos que llegaron a Baja California debido al desplazamiento forzado por la violencia en sus ciudades de origen, lo que ha significado que tres mil hombres, mujeres y niños hayan pedido asilo político al gobierno de Estados Unidos por la garitas de Calexico y San Ysidro, California.

José Moreno Mena, coordinador de esta coalición de organizaciones, precisó que el 70 por ciento de las familias que llegan a la entidad para solicitar refugio a las autoridades estadunidenses son originarios de Guerrero y Michoacán, mientras que el resto pertenece a comunidades de Veracruz, Chiapas, Puebla y Jalisco.

El 67 por ciento de estos mexicanos peticionarios de asilo les fue negada la entrevista y el inicio del procedimiento de internación por no acreditar su condición de peligro.

Tan solo el 2.3 por ciento logró que les recibieran los documentos y se encuentran en los centros de detención de migrantes en espera de una respuesta a su petición, mientras que el 2 por ciento de las familias desplazadas renunciaron al inicio del procedimiento de asilo al rechazar la condición de permanecer encerrados por seis meses en las estaciones migratorias de Los Ángeles y Chicago.

“El trato de los agentes migratorios durante la espera de la entrevista así como en los centro de detención es relativamente bueno, no hay queja por parte de los connacionales; pero prácticamente todos los migrantes mexicanos que piden asilo son rechazados”, puntualizó al tiempo de advertir que el 90 por ciento son deportados tras permanecer medio año encerrados junto a decenas de migrantes de varias nacionalidades.

“El proceso para que les otorguen el asilo político es muy complejo, porque piden demasiadas evidencias de que están siendo amenazados o perseguidos y los desplazados no tienen testigos y casi nada de documentación”, dijo Moreno Mena.

Los migrantes mexicanos que buscan asilo político, comentó, creen que es suficiente una carta que llevan consigo para que acreditar los requisitos de refugiados, en la que se advierte que son perseguidos por el crimen organizado. Esos documentos cuentan con firma y sello de alcaldes, regidores, comisarios ejidales, del Centro de Atención del Migrante de Michoacán y hasta de despachos jurídicos.

El coordinador de la coalición que agrupa a más de 20 organizaciones que defienden los derechos humanos del migrante en Tijuana y Mexicali señaló, con base en estudios y trabajos de campo, que desde hace tres años comenzaron a llegar a Tijuana las familias de desplazados por la violencia, quienes tomaron a Baja California como destino para pedir asilo a Estados Unidos porque se divulgó un rumor entre habitantes de comunidades acechadas por el crimen organizado y el abandono gubernamental sobre una supuesta política humanitaria del gobierno estadunidense que permitiría el ingreso legal a mexicanos que estuvieran en condiciones vulnerables debido a la delincuencia de sus ciudades.


“Al inicio, en Tijuana comenzaron a pedir refugio 20 personas por mes, pero de 2013 a la fecha ya van más de 3 mil personas porque consideran segura a esta ciudad fronteriza, por encima de Mexicali”, explicó al tiempo de revelar que las familias viajan por separado: por un lado la mamá y los niños salen antes de sus lugares de origen y después lo hace el padre, ya que tienen miedo de las bandas de asaltantes y secuestradores que vigilan los movimientos de sus comunidades.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANTONIO HERAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/11/tijuana-refugio-para-mexicanos-desplazados-por-violencia

jueves, 29 de septiembre de 2016

De 2014 a la fecha, 90 mil desplazados en México: CNDH

Ciudad de México: Edgar Corso, quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), destacó en el Senado, que en el país se estima que existen 90 mil personas víctimas de desplazamiento forzoso, a partir de 2014 a la fecha.

Al reunirse con los senadores Gabriela Cuevas del PAN y el perredista Zoe Robledo, el Visitador de la CNDH subrayó que es necesario modificar la Constitución para darle facultades al Congreso de la Unión para que legisle en la materia y se pueda contar con la ley general de desplazamiento forzado.

Anunció que la CNDH ya trabaja en un proyecto de ley que en breve será presentado, porque esta población es víctima de violación a sus derechos humanos y no es reconocida.

Dijo que es necesario contar con un diagnóstico para saber la magnitud del problema y cómo enfrentarlo.

En el encuentro que sostuvo el funcionario con los senadores, refirió que no hay una estadística confiable, y hay diversas cifras de desplazados que manejan las autoridades federales, estatales y municipales.

A la reunión asistieron varias ONG, académicos investigadores y el comisionado Jaime Rochín de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien destacó que “aunque la ley de víctimas sí tiene un reconocimiento para atender a desplazados, sólo podemos atender desplazamiento forzoso que tenga un reconocimiento del Ministerio Público federal o recomendación emitida por al CNDH .

Y aun en esos casos, reconoció, es difícil atender a las víctimas de desplazamiento forzoso en el país.

Por eso urgió a que la reforma a la Ley de Víctimas se establezca el concepto de desplazamiento forzoso, "para que puedan ser atendidas todas y no sólo las víctimas del ámbito federal”.

Brenda Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) aseveró que a finales de 2015 se hablaba ya de 267 mil desplazados en el país.

Dijo que se trata de víctimas de desplazamientos masivos por la inseguridad, por conflictos políticos electorales o religiosos y también afectados por desastres.

Abundó que la CMDPDH identificó este problema en quince estados, y ahora la CNDH informa que ya está presente en 17 entidades, más de la mitad del país.

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la panista Gabriel Cuevas, destacó que entre los problemas que se enfrentan en la modificación de la Ley de Víctimas está la definición de desplazamiento, ya que el gobierno le llama sólo desplazamiento interno, no quieren la connotación de desplazamiento forzado.

Insistió en que hay que definirlo como lo que es, como es la realidad: “desplazamiento forzado interno”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDRA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/de-2014-a-la-fecha-90-mil-desplazados-en-mexico-cndh

lunes, 5 de septiembre de 2016

Michoacán, Guerrero y Edomex, estados con mayor migración forzada

Ciudad de México. Michoacán, Guerrero y el estado de México son las principales entidades del país desde donde emigran de manera forzada hacia la frontera norte de nuestro país, a causa de la violencia y el clima de inseguridad que se vive en estos lugares.

De acuerdo al informe "Vidas en la incertidumbre: la migración forzada mexicana hacia la frontera norte de México ¿Y nuestra solidaridad?", elaborado por la Coalición Pro Defensa del Migrante A.C. y American Friends Service Committee-LAC, reporta que este fenómeno, hasta ahora invisible para los gobiernos federal y estatales, ha tenido un rápido crecimiento en los últimos tres años.

El reporte, de más de cien cuartillas y en el que participaron diversas organizaciones civiles que trabajan con migrantes a través de una red de albergues en los estados de Baja California, Tamaulipas y Sonora, señalan un cambio en el perfil del flujo migratorio de mexicanos que llega a la frontera, pues ya no se trata de migrantes que buscan pasar a Estados Unidos por empleo, sino de personas que salen de sus lugares de residencia de manera forzada por motivos de violencia.

En conferencia de prensa, José Ascención Moreno Mena, de la Coalición Pro Defensa del Migrante, explicó que fue sistematizada la información de casi mil expedientes de personas desplazadas por la violencia que llegó a Tijuana entre 2013 y 2016, junto con dos centenares de encuestas y cuestionarios directos por una muestra de 215 migrantes que llegaron entre abril y mayo de este año.

Los resultados de este creciente fenómeno que empieza a observarse con claridad en la frontera, es que el 73 por ciento manifestó que su desplazamiento tuvo que ver con la violencia existente en su lugar de residencia, además de que el 18 por ciento declaró que ellos o familiares cercanos fueron objeto de algún delito o acto de violencia.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/05/michoacan-guerrero-y-edomex-estados-con-mayor-migracion-forzada

viernes, 22 de julio de 2016

Huyen de El Nayar: coras, huicholes y tepehuanos

Cientos de familias wixárikas, coras y tepehuanas que habitan en la Mesa de El Nayar y parte de la Sierra Madre Occidental, que comparten Durango, Nayarit y Zacatecas, están siendo obligadas a dejar casas y tierras por el acoso permanente del crimen organizado, que los obliga a sembrar y cosechar amapola para producir goma de opio, denunció Abelino Ramos Parra, líder indígena.

Durante la primera reunión nacional de indígenas y campesinos de El Barzón, en esta ciudad, Ramos Parra señaló que los indígenas ya no dejan sus coamiles (milpas) y animales por hambre o pobreza, sino por la presión del narcotráfico: “Hay un desplazamiento fuerte, y no nomás de Nayarit; también en Durango, Zacatecas y parte de Jalisco.

Decenas de comunidades viven en condiciones críticas, a pesar de los programas gubernamentales de apoyo al campo y a los grupos indígenas, agregó.

Estamos entregando paquetes de insumos para producir maíz. ¡Ojalá no vayan a ser para la amapola! Nosotros lo estamos haciendo de buena fe; espero que no me vayan a meter en un lío. Así están las cosas.

Desde hace meses, señaló el dirigente, médicos, enfermeras y maestros rehúsan subir a la sierra de El Nayar por temor a los narcotraficantes y han abandonado clínicas rurales y escuelas, por lo que pidió auxilio al gobierno y la sociedad civil.

“Todo esto lo aprovechan los criminales. Al narco le interesa que la gente esté pobre, que no vaya el Ejército, que no vaya nadie. Por eso está huyendo mucha gente. Sí, en parte es el hambre, pero también las condiciones” en las comunidades indígenas.

¿Quién creen que cosecha la goma? ¡Los niños, lo tengo que decir! ¿Por qué? Porque es más cómodo para ellos; están chiquitos y no andan agachados rayando (la amapola para obtener la goma de opio).

–¿Cómo desplazan los narcotraficantes a los indígenas?

–Como la siembra de enervantes es clandestina, el narco se esconde en el cerro y empieza a sembrar. Si la vaca de un indígena se mete en el potrero donde siembra amapola, la mata, y eso generó otro desplazamiento.

Ramos Parra, quien también ha sido dirigente de El Barzón en Nayarit, aseguró que los criminales provienen principalmente de Jalisco y provocan incendios forestales a fin de ocupar los terrenos para sus siembras clandestinas.

En la zona donde estamos, en El Nayar, pegado a Jalisco, ¡qué casualidad que todos los incendios se inician en Jalisco! Nos sube la lumbre, nos quema el bosque y nos afecta a los que cosechamos maíz y hongo.

Pese al daño que esto causa a los poblados indígenas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y “todas las instituciones que tienen que ver con la conservación no hacen nada. Nos dejan a nosotros con una chingada guardarraya y tenemos que defender el bosque. ¿Y cómo lo defendemos? Esa es la desesperanza. Tú, gobierno, pon aquí vigilancia o dame pistola, porque me está afectando la lumbre que salió del coamil donde van a sembrar la amapola. Si no puedes tú, gobierno, déjanos a la sociedad civil; ábrele la puerta”.

La gente que está ahí ya no puede vivir, ya no puede subsistir; se está yendo porque este triangulito de Zacatecas, Nayarit y Durango está muy metido.

Ramos Parra recordó que durante años ha solicitado una escuela normal para la Mesa de El Nayar, “una rural, pero que sea de indígenas para que se vayan a vivir ahí. ¡Y que dice el gobierno que no se puede, por el problemón nacional que hay ahorita!

“Eso es lo que nos está doliendo. ¿Al rato en qué vamos a andar todos? ¿Vamos a adorar al Chapo, o no sé a quién más?"





Fuente: La Jornada
Autor: Alfredo Valadéz Rodríguez
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/22/estados/026n1est

domingo, 17 de julio de 2016

El pueblo que secó la plata

TLAHUALILO, DURANGO.- Refugio, de 72 años, cuenta en la sombra de un mezquite que no siempre fue tan pobre. La pensión de junio se le fue entre medicinas para el dolor y un poco de comida. Así que sólo le queda recoger lo poco que da este pedazo de desierto: vainas secas caídas del árbol, que vende como alimento para ganado. Por los 80 kilos que recolectó en tres días le pagaron 100 pesos. En las dos semanas que faltan para acabar el mes se aliviará el dolor de rodillas con alcohol y peyote. “El dolor como quiera aguanta, pero el hambre no”.

El sol de la tarde calienta el aire por arriba de los 40 grados en el pequeño ejido de La Sierrita. Debajo de los árboles los perros se muerden las patas para sacarse las espinas. Cualquier sombra en este desierto es un oasis.

Don Cuco, como le dicen sus vecinos, toda su vida estuvo lejos del interés de cualquier gobierno. Hasta 2012, cuando él y otros 126 ejidatarios fueron desalojados del plantón que tenían afuera de una mina explotada por la compañía canadiense Excellon Resources, y que está en una parte del ejido. Los pobladores protestaban por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de sus tierras. Los echaron a golpes. A la empresa la respaldaron el gobernador de Durango, el gobierno federal –que envió al Ejército–, y la Embajada de Canadá en México.

El conflicto pasó a un tribunal agrario, donde el gobierno mexicano es juez y parte. La resolución está prevista para agosto de este año, pero podría alargarse. Durante los cuatro años de enredos legales, la supervivencia de Cuco ha dependido de las vainas dulces que le da el desierto.

– ¿Qué siente que una mina esté sacando millones de una tierra que le pertenece? – le pregunto, mientras recarga su mentón en un bastón de palo.

– Es que somos ricos pobres. ¿Qué ganamos con tener tanta plata?

El ejido de la Sierrita está en la región de La Laguna. Es un lugar que paradójicamente no tiene agua y que está lejos de cualquier sierra. Un desierto en la Altiplanicie Mexicana, conocido como el Bolsón de Mapimí. “Somos un ejido que le dieron lo que sobró”, dice Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal.

La Comarca Lagunera todavía tenía lagunas en la década de los sesentas. El Barón Humbolt describió al Bolsón de Mapimí como una isla. Pero la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco secó la zona y la región algodonera prácticamente se acabó. Ahora, La Laguna es un ancho desierto que une a los estados de Durango y Coahuila.

En 1980, 127 pobladores de Tlahualilo que fundaron el ejido recibieron más de 6 mil hectáreas de puro desierto.

Cuco llegó a esta comunidad en esos años, cuando se formó el ejido. Entonces, había más agua y los pobladores trabajaban en las haciendas cercanas que producían melón y algodón. Otros se dedicaron a cortar mezquites para vender la leña en Bermejillo, un pueblo cercano. La gente admite –con cierta vergüenza– que ante la escasez llegaron a cazar ratas de campo para comérselas. Aún no había electricidad en el pueblo, con mecheros y combustible iluminaban las noches. Los ejidatarios llegaron a su nueva tierra, un lugar donde a nadie se le había ocurrido vivir.Foto: José Ignacio De Alba

El conflicto con la minera

En 2004, cuando Excellon Resources llegó a este pequeño pueblo de Durango y les propuso rentar sus tierras para instalar la mina La Platosa, los habitantes pensaron que se iban a hacer ricos. Fueron ingenuos.

En lugar de rentarles 4 hectáreas, como les habían planteado, los representantes de la empresa cambiaron la oferta y les ofrecieron comprar 27 hectáreas por 1 millón 200 mil pesos. Cada uno de los 127 ejidatarios iba a recibir casi 9 mil 500 pesos por vender lo que la propia compañía llama “la mina con el mayor grado de plata del país”.

Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal, asegura que fueron presionados con la amenaza de que si no vendían les podían expropiar. Tras meses de negociaciones, Excellon accedió a la renta, y ofreció una serie de “cláusulas sociales”: construir una planta tratadora de agua, entregar a los ejidatarios la administración del comedor de la mina y la concesión del transporte, además del pago de un fondo social y becas escolares.

Todos se imaginaron que el desierto se convertiría en un vergel.

Pero después de la firma del contrato, nada se cumplió.

“La mina vende esperanzas”, dice Consuelo, mientras cocina con agua de garrafón.

El agua fue el segundo problema. Excellon cavó tan profundo que encontró un mar de agua subterráneo en este desierto. Un verdadero tesoro. Cada segundo la minera extrae mil 200 litros de agua que es utilizada para riego, pero no en el ejido. Los únicos beneficiados de este tesoro han sido terratenientes cercanos a los que la mina vende agua, entre ellos hay unos ranchos de la compañía de lácteos Lala.

Los terratenientes cercaron grandes extensiones de terreno donde los ejidatarios de La Sierrita iban a que sus animales pastaran. La mina pauperizó la vida en el ejido. En ocho años, Guadalupe tuvo que vender sus 150 chivas, Carlos se quedó únicamente con una yegua, Cuco tuvo que vender sus ocho vacas – ya flacas – por 9 mil pesos. El agua envenenada -dicen aquí- mató a la poca fauna del lugar, ya ni ratas quedan para comer en los tiempos de crisis.

La organización no gubernamental ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que ha acompañado a los pobladores en sus gestiones con la minera desde 2008, realizó una serie de estudios técnicos que fueron avalados por la Facultad de Química de la UNAM.

“Se demostró que el agua que extrae la mina se encuentra contaminada también por arsénico y plomo”, dice el informe El camino por la defensa de los derechos humanos frente a una minera canadiense. La Sierrita de Galeana, publicado en mayo de 2015 y que es, hasta ahora, el único estudio independiente que se ha hecho sobre el impacto ambiental de la mina en la región.

Si esas no fueran razones suficientes, en noviembre de 2011, Excellon exploró y perforó tierra que no tenía arrendada en el ejido. Los ejidatarios decidieron entonces que ya era tiempo de sacar al inquilino incómodo o, al menos, tener un trato más justo.

El conflicto escaló a tal punto que los pobladores cerraron los accesos a la mina en julio de 2012. Lo que siguió fue una paliza, que comenzó con hostigamientos, patrullajes en el poblado y cateos en casas. Luego fue el desalojo. La empresa, apoyada por las fuerzas del estado, arrasó con el campamento con maquinaria pesada. “El Ejército estaba en los cerros, en las partes altas apuntando hacia los ejidatarios. La Policía Federal llegó con sus armas apuntando a los ejidatarios, con las armas listas para disparar” dice Juan Antonio López, abogado de ProDESC.

Los ejidatarios de La Sierrita fueron expulsados de su propia tierra el 24 de octubre del 2012. Años después descubrirían que la Embajada de Canadá en México también ayudó a ejecutar el despojo.Foto: José Ignacio De Alba
La intervención de la embajada

El 25 de febrero del 2015 la organización canadiense Minning Watch reveló que la embajada de Canadá en México tuvo un papel determinante durante el conflicto de La Sierrita.

Por medio del sistema de transparencia de su país, Minning Watch obtuvo documentos oficiales y correos electrónicos que muestran que el cuerpo diplomático organizó citas entre el CEO de Excellon Resources Brendan Cahill con políticos mexicanos de alto nivel, incluyendo al gobernador actual de Durango, Jorge Herrera Caldera. ¿El motivo? Persuadir a las autoridades mexicanas de deshacer la protesta iniciada por los ejidatarios, aún tolerando el uso de la fuerza.

La misma embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, participó en el intercambio de correos. El 10 de julio del 2012 envió uno a sus consejeros de asuntos políticos y económicos, David Morgan y Shauna Hemingway, proponiendo espiar a los pobladores durante las mesas de diálogo. Escribió: “creo que debe estar un representante comercial –para escuchar, quizás para recoger alguna información de inteligencia que pueda serle útil a la empresa”.

El 30 de julio Wayne Robson, delegado comercial de la Embajada le escribió a ejecutivos de la minera para decirles: “La Embajada se mantiene a su servicio si en algún momento Excellon requiere mayores vínculos institucionales”. Los correos tuvieron copia al ex presidente mexicano Felipe Calderón, al gobernador de Durango Jorge Herrera, al exsecretario de gobernación Alejandro Poiré y al exsecretario de economía Bruno Ferrari.

El cuerpo diplomático canadiense en México tuvo conocimiento de que el desalojo podía hacerse recurriendo a la violencia. La noche previa a la llegada de policías estatales, federales y militares al primer intento de desalojo del plantón, el delegado comercial intercambió comunicación con los directivos de la empresa, a los que dio sus “buenos deseos”.

Las 250 hojas del informe ayudan a reconstruir lo sucedido entre julio y noviembre de 2012. El futuro de los habitantes de La Sierrita estaba escrito, en correos desde la embajada de Canadá. La llamada “economic diplomacy”.

El desalojo finalmente lo realizó Rob Moore, uno de los gerentes de la mina, “ayudado de golpeadores traídos desde Zacatecas y trascabos de la minera”, dice el abogado López.

En México hay alrededor de 200 compañías mineras canadienses. Es el principal destino de las mineras de ese país. “Canadá sostiene este sistema de impunidad (en México) –dice Jennifer Moore de Mining Watch–. Entender el comportamiento de la embajada de Canadá en México es un importante indicador de cómo operan las misiones en el extranjero”.

El 4 de septiembre del 2012, la Asamblea Ejidal de La Sierrita presentó una demanda de rescisión del contrato de ocupación temporal para terminar la relación con la empresa minera y recuperar sus tierras. Su argumento era que Excellon no cumplió con las “cláusulas sociales” prometidas. La sorpresa de los ejidatarios fue que la minera canadiense también los demandó por incumplimiento del contrato de arrendamiento, al bloquear la entrada a la mina. En los 4 años que lleva el juicio, la empresa ha ganado tiempo y en el negocio de la minería el tiempo es oro. Cada año Excellon se ha embolsado 30 millones de dólares de La Platosa.Foto: José Ignacio De Alba
El pueblo seco

En la Sierrita, el agua llega a veces en septiembre con furia monzónica. La tierra, sedienta y agrietada, parece que la bebe desesperada. Los habitantes andan con los dientes manchados por tomar agua salina. Esa agua envenena la tierra, es tan pesada que después de un par de años de su uso en la agricultura deja la tierra inservible.

Como el agua se está acabando, la gente se está yendo. Muchos se fueron a trabajar a las maquiladoras de Ciudad Juárez, otros a Estados Unidos. José, el hijo de Cuco, es uno de ellos. Dejó la escuela porque no le alcanzaba el dinero para comprar uniforme o útiles escolares y se mudó a Ciudad Juárez donde encontró un futuro más prometedor.

En la escuela del pueblo hay un profesor para todos los grados de primaria y otro para todos los grados de la secundaria. Los jóvenes tienen la mirada puesta fuera de ese lugar sin orillas, mientras los viejos recuerdan cuando se cantaba la canción Cardenche un tipo de música a capela, las composiciones sin instrumentos -porque no había dinero para comprarlos- son coplas de amor. Le llamaron Cardenche en nombre de una espina desértica que al encajarse en la piel no provoca tanto dolor como cuando la desencajan. “Es como el amor”, dice Daniel Pacheco.

Yo me voy a morir a los desiertos / me voy del ejido / a esa estrella marinera

Sólo en pensar que ando lejos de mi tierra / nomás que me acuerdo / me dan ganas de llorar…

Como la música cardenche, otras historias también empiezan a ser olvidadas. La gente aquí cuenta que la División del Norte pasaba por pueblos cercanos a La Sierrita, los álamos de los caminos estaban llenos de federales ahorcados en los árboles, colgados por gente de Francisco Villa. La iglesia de Santiago Apóstol de Mapimí, a 50 kilómetros del ejido, aún está llena agujeros de balas de los revolucionarios.

Hoy, hasta los álamos murieron. De sed.

“El agua que utilizan para el riego de sus parcelas está fuera de las Normas Oficiales Mexicanas para aguas destinadas a sistemas agrícolas y, en específico, presenta altas dosis de calcio y magnesio que se acumulan de manera constante cada vez que se riega la tierra. A partir del proceso natural de evaporación, estos minerales se acumulan y los suelos se han salinizado y han perdido su potencial agrícola”, dice el informe de ProDESC.

Excellon parece aprovechar el abandono de los gobiernos. Después de 4 años de juicio, en agosto habrá una resolución del tribunal. Pero el fin del conflicto está lejos. Cualquiera que sea el resultado las partes van a apelar, y el juicio puede extenderse años.

Mientras tanto, sin agua, el arraigo de los pobladores es improbable .

“Para nosotros, que haya agua es como si hubiera oro”, asegura el comisario ejidal.





Fuente: Animal Político
Autor: José Ignacio de Alba con información de piedepagina.mx
http://www.animalpolitico.com/2016/07/pueblo-seco-la-plata/

lunes, 11 de julio de 2016

Gobierno de Sinaloa da la espalda a desplazados por guerra entre cárteles

María no es de aquí ni de allá. Aquí, en Culiacán, no tiene contacto con vecinos y nadie ha ofrecido ayudarla, salvo un par de personas que le dieron algunos víveres y abanicos para mitigar el calor. Y allá arriba, en la sierra, está prácticamente desterrada, con una casa abandonada y una comunidad que, de tantas ausencias, la desconoce.

Se talla los ojos y observa la pequeña casa en el norte de la ciudad, con espacios pequeños donde convivieron 22 personas; la mayoría venían huyendo de La Tuna y otros poblados cercanos, donde la violencia llegó y ahora es una vecina inevitable.

Unos ocho niños y adultos, la mayoría mujeres, convivieron cerca de 15 días en la vivienda, que parece caja de cartón: una sala-comedor que ha funcionado de dormitorio, una cocina sin alimentos y una mesa vacía.

Un niño se mece en cuatro sillas con las que alguien improvisó una cama. En la casa hay dos cuartos oscuros, cuatro ventiladores de pedestal y un aparato de aire acondicionado que nadie enciende por temor al cobro de energía eléctrica.

María cuenta que el 11 de junio pasado los hombres armados pasaron de casa en casa para ordenarles:Tienen que irse porque habrá muertos. En dos horas juntaron algo de ropa, dinero y huyeron.

Unas 300 familias de La Tuna, La Palma, Arroyo Seco y Huixiopa se marcharon a la cabecera municipal de Badiraguato, Culiacán y otras localidades cercanas para salvar sus vidas.

En los enfrentamientos los pistoleros saquearon la casa de Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán, El Chapo, líder del cártel de Sinaloa. Pobladores dijeron que hubo al menos siete muertos en esos cuatro o cinco días de ataques.

Originaria de La Tuna, María prefiere no hablar de eso; recibió en la casa de su hija, quien lleva años en Culiacán, a otra hija, parientes y conocidos. De ese entonces a la fecha sólo quedan cinco y apenas caben en esas dos recámaras de tres por tres metros, donde el calor rebasa 40 grados centígrados.

No hay convivencia en este fraccionamiento; no hay vecinos, sólo postes, algunos árboles y medidores de agua y electricidad.

No tengo nada aquí ni allá, comenta María, quien todo se lo encarga a Dios y a él atribuye las pocas cosas buenas que le quedan: una hija desempleada y muchas bocas que alimentar. A veces frijoles, a veces tortillas. Si se quedó solo su pueblo, ¿a qué se quedaban ella y los suyos?Nosotros no tenemos problemas con nadie, pero uno tiene que quitarse de donde hay peligro, expresa.

Allá hacían pan, tamales y empanadas para vender. Aquí no puede hacer nada. No hay dinero, insumos ni horno. Ha decidido no preguntar por qué la gente huyó, aunque lo sabe.

Sabe también por qué se fueron a otras casas, en otros poblados, los que estaban con ella. Y sabe que a La Tuna no volverán.

Hace dos meses pagaron 400 pesos de electricidad; el nuevo recibo es por 700. A eso hay que agregar el pago de renta, de mil 300 pesos; pero Dios provee. El gobierno del estado sigue sin aparecer y hace apenas una semana el ayuntamiento de Badiraguato les mandó una despensa.

Recuerda que dormían hacinados y no sabe cómo hicieron para salir adelante, luego de huir del infierno de balas y casas incendiadas. Sólo Dios sabe. En ocasiones no me explico cómo le hicimos para que alcanzaran el frijol y las tortillas para todos, manifestó.

Su boca se llena de aire y suelta: “Al gobierno no le importamos los desplazados. Sólo se interesa por obtener beneficios; por eso no nos han tendido la mano.

Yo oraba y oraba. Ahora con más razón, porque todo el mundo está perdido. Nosotros no tenemos nada qué ver con eso que pasó allá. Ya no confío en nadie, sólo en Dios. El ser humano se equivoca, Dios no. Si Dios no va conmigo, no voy.

–¿Ni a La Tuna?

–Ni a La Tuna ni a ningún otro rancho.





Fuente: La Jornada
Autor: Javier Váldez Cárdenas
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/11/estados/026n1est