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“Es el futuro de nuestros hijos”: ejidatarios de Tlaltenco denuncian invasión de predios en suelo de conservación de Tláhuac

Para defender sus parcelas, los ejidatarios han optado por una lucha colectiva contra la invasión en suelo de conservación en la alcaldía Tláhuac, pues hay denuncias sin resolución que datan desde 2016.

“La historia de San Francisco Tlaltenco es de gente de campo, gente de siembra”, resume Julieta, ejidataria que pidió omitir su nombre real por seguridad. Recuerda que cuando ella era más joven, hace unos 58 años que llegó a la zona, las parcelas –que están sobre suelo de conservación al sur de la Ciudad de México– eran prósperas. Se sembraba mucho maíz, por lo que las tierras se veían totalmente verdes desde lejos. 

Hoy, las parcelas han sido invadidas con uso de violencia y amenazas por particulares, quienes han edificado viviendas pese a que la ley prohíbe que lo hagan por ser una zona de gran valor medioambiental y para el suministro de agua en la capital.

“Las zonas de reserva ecológica, suelo de conservación, como el cerro [Tetlalmanche] y La Ciénega son las áreas más importantes que se tienen que defender, porque prácticamente es el futuro de nuestros hijos. Son las áreas donde se recargan los mantos acuíferos”, detalla la señora Julieta.

Las tierras que rodean las últimas dos estaciones de la Línea 12 del metro –Tlaltenco y Tláhuac– ahora están llenas de construcciones irregulares de ladrillo gris y obras negras. Pese a que hay letreros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial capitalina (PAOT) que advierten que la construcción en suelo de conservación se castiga con prisión, a su lado hay construcciones que no han sido clausuradas.

“Tenemos que rescatar estas tierras porque son muy importantes. No nada más para Tlaltenco, para toda la Ciudad de México”.

Tras años de denuncias, apenas este jueves el Gobierno capitalino realizó un operativo para comenzar con el desalojo en las áreas verdes, pero todavía no se han recuperado las parcelas de los ejidatarios.


Línea 12 del Metro propició invasión en Tláhuac

La invasión de los predios se originó alrededor de 2012, con la inauguración de la Línea 12 del metro capitalino, en la administración de Marcelo Ebrard. Los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco se habían opuesto desde años previos a su construcción, por considerar que afectaría no sólo su organización comunitaria, sino también al suelo de conservación.

“Todo el pueblo no quería la construcción del metro”, relata Ingrid, quien también pidió omitir su nombre real por seguridad. “Al final de cuentas, esto aumenta el valor catastral de todo nuestro terreno, el hecho de que entre la Línea 12, y sí veíamos venir eso, que no nada más iba a ser progreso, sino también que otra gente iba a venir a ocupar nuestras tierras”.

Desde 2008, el Gobierno capitalino realizó sobrevuelos en donde se construyó la estación terminal de Tláhuac, y advirtió que habría una afectación mayor. “Se identificó que este lugar se encuentra en la zona de humedales ubicada dentro del suelo de conservación”, según el informe “Sobrevuelo para toma de fotografías aéreas panorámicas de la ruta de la Línea 12 del STC Metro” elaborado por la PAOT.

La misma PAOT señala que la importancia del suelo de conservación radica en que aquí se infiltra el agua para la recarga del acuífero, del cual proviene alrededor del 70 % del agua que se consume en la Ciudad de México; además de ser un espacio fértil para fauna y flora.

Los ejidatarios, por su parte, siembran en estos terrenos maíz, amaranto, frijol, nopal, ayocote y demás vegetales, los cuales son para consumo propio o para vender en la misma comunidad y mercados cercanos.

Esto es una contradicción, señalan: mientras que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y sus antecesores han promovido el autoconsumo y mercado justo, no han intervenido para que en San Francisco Tlaltenco tengan las parcelas para continuar con la tradición de siembra.

Ejidatario de Tlaltenco denuncian invasiones, pero no tienen soluciones

En 2014, los ejidatarios interpusieron una primera denuncia ante la Alcaldía de Tláhuac por la construcción de una vivienda en las faldas del cerro Tetlalmanche, sobre suelo de conservación.

En ese momento, sí hubo una respuesta por parte de la oficina de la Alcaldía y colocaron sellos en el sitio denunciado, pero en los años siguientes, el gobierno local dejó de atender sus solicitudes.

“Al principio fueron pocos los que empezaron a denunciar. El problema fue que no fueron escuchados, o recibían las denuncias y les daban largas, estaban en espera y prácticamente aún siguen esas denuncias, porque no han resuelto nada”, explica Julieta.

Al paso de los años, el problema se ha profundizado aún más, ya que algunos de los terrenos fueron adquiridos por terceras personas, que desconocían que compraban parcelas en suelo de conservación que, además, fueron ocupadas ilegalmente o bajo amenazas.

Invasores aprovecharon pandemia para ocupar parcelas

La invasión se agudizó a partir de la pandemia de COVID-19, concuerdan los pobladores, al punto de que recibieron amenazas y fue utilizada la violencia en contra de los ejidatarios para que abandonaran sus parcelas o vendieran el terreno.

“En ese tiempo fue donde aprovecharon para meterse y meter gente, empezando por meter a gente en los predios, en las parcelas, para que se quedaran a cuidar. Y a mucha gente, un tiempo, no la dejaban ni pasar a sus parcelas”, remarca la ejidataria.

“Desde el momento en que ellos ven que ya pudieron irse metiendo, han ido amedrentando, y amenazando a los pobladores, a los dueños de estas parcelas, para que se salgan”.

De acuerdo con el comisariado ejidal, Dionisio Peña, se han interpuesto alrededor de 300 denuncias, algunas de las cuales datan desde 2016.

“Salte porque aquí ya no es tuyo”: amenazan a ejidatarios de Tlaltenco

Además de amenazas, los ejidatarios han estado sujetos a que lleguen personas con arma de fuego para obligarlos a dejar sus tierras.

“Van con la gente que sí está trabajando en el campo, van con armas de fuego, y le dicen, ‘¿Sabes qué? Salte porque aquí ya no es tuyo’. Entonces, por ejemplo, habemos mujeres que vamos a sembrar y ya nos da miedo, porque de repente nos sale un sicario con arma larga”, resalta Ingrid.

“Tenemos miedo por nuestra integridad, por nuestra seguridad. Ya no somos libres”.

Por falta de respuesta de la Alcaldía Tláhuac, piden intervención de Presidencia

La “Ley para la retribución por la protección de los servicios ambientales del suelo de conservación de la Ciudad de México”, expedida en octubre de 2006, reconoce que el Gobierno tiene la obligación de tomar acciones para evitar el cambio de uso de suelo; y en la Ley Ambiental capitalina se remarca el deber que tienen tanto la administración de Brugada como la Alcaldía para prevenir la invasión de estos espacios.

Asimismo, especifica en su Artículo 94 que el suelo de conservación se compone de áreas “no susceptibles de urbanización”. A finales de febrero del año en curso, los ejidatarios recibieron a representantes del gobierno de la jefa de gobierno Clara Brugada, quienes se comprometieron a dar seguimiento a sus quejas y comenzar los desalojos de las parcelas que estuvieran ocupadas ilegalmente, así como prevenir que haya nuevas construcciones.

Sin embargo, apenas a finales de marzo se presentaron funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) acompañados de policías para hacer unos primeros desalojos en las faldas del cerro Tetlalmanche. En esta primera acción, el Gobierno capitalino recuperó 32.97 hectáreas invadidas en la zona al norte de San Francisco Tlaltenco, aunque todavía falta intervenir en las parcelas ubicadas hacia el sur del pueblo, en un área denominada La Ciénega.

“Han fomentado la situación a través del cansancio, de estarnos canalizando a diferentes instancias sin que se asuma la responsabilidad de lo que se está afectando directamente en estos terrenos, que son recursos naturales, terrenos de siembra, terrenos que tienen un origen para la siembra”, dice Martha, otra de las ejidatarias que pidió reservar su nombre real.

En un recorrido realizado por reporteras de Animal Político a finales de marzo se pudo constatar que ingresan vehículos con material de construcción libremente para continuar labores en La Ciénega, además de una falta de vigilancia por medio de patrullajes o policías locales.

Debido a la falta de respuesta por parte de la Alcaldía, a cargo de Berenice Hernández, hoy los ejidatarios solicitan la intervención de la jefa de gobierno e incluso del gobierno federal, de quien es titular Claudia Sheinbaum.

Defender Tlaltenco es defender la vida: ejidatarios

Para Héctor Mendoza, ejidatario de San Francisco Tlaltenco, esta zona de conservación al sureste de la Ciudad de México representa su “cordón umbilical”. No sólo suyo, sino de familias que llevan más de tres generaciones sembrando en las parcelas.

“Esta zona es demasiado importante porque aporta mucho oxígeno”, detalla. “Da alimentos, hay fauna, hay flora, y es un lugar de sana diversión”.

La resistencia que han hecho los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco significa para ellos no sólo preservar sus tradiciones de siembra y el valor de la comunidad, sino preservar la vida misma.

“Para mí representa vida, representa la importancia de un recurso natural que se está perdiendo, un problema que se está gestando por intereses de algunos grupos”, suma Martha, quien es la tercera generación de su familia en sembrar la tierra. “Representa proteger la tierra”.

Saben que la vivienda asequible es una problemática que debe atender el gobierno capitalino, pero remarcan que no se puede hacer a costa de sus parcelas y las zonas protegidas. 

“Estamos conscientes de que todos tenemos derecho a tener una vivienda, que todos tenemos derecho a tener un espacio, pero también tenemos derecho a comer, también tenemos derecho al agua, a vivir sin violencia”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Ligan a autoridades locales en despojos y desplazamientos forzados de Veracruz y Chiapas

En estas dos historias de desplazamiento forzado por la violencia criminal, las víctimas señalan la participación de autoridades como la policía y un regidor, lo cual agrava las amenazas y dificulta las denuncias y los procedimientos legales.

Minerva Espinoza, cuya familia se dedica a la agricultura y la ganadería en Tlapacoyan, Veracruz, relata la historia de su destierro a causa del crimen organizado:

“En la zona había grupos de la delincuencia organizada y rumores de que la Policía Municipal asaltaba y secuestraba a la población. Seguido aparecía gente muerta, destazada. El 22 de junio de 2012, en su camioneta, mi esposo salió del rancho tenía que ir al pueblo porque hacía falta alimento. Nunca llegó, en un punto denominado Lado Verde fue levantado”.

Nueva embestida contra las tierras ejidales y comunales en Oaxaca

Una nueva embestida se cierne sobre las tierras ejidales y comunales del estado de Oaxaca. Contra los postulados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), de defender los postulados del artículo 27 constitucional, donde se regulan las tierras ejidales y comunales; el gobierno del estado, emanado de ese partido, está generando condiciones para convertir las tierras ejidales y comunales en propiedad privada, pasando por encima de lo dispuesto en la Constitución Federal, a la que juraron respetar, lo mismo que las disposiciones del derecho internacional sobre los territorios de los pueblos indígenas. Tampoco importa el pasado de muchos funcionarios del actual gobierno, incluido el gobernador, que en sus tiempos de activismo criticaron este tipo de medidas impulsadas desde el gobierno federal, a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y el Fondo de Apoyo a Nucleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), porque ahora ellos impulsan uno con distinto nombre pero con los mismos fines.

Corredor Interoceánico: desalojan a familias a cambio de 36 mil pesos por tren que construye Semar en Chiapas

A las familias que fueron notificadas que sus viviendas serán demolidas por el paso del tren del Corredor Interoceánico, el gobierno ofrece 36 mil pesos para renta y la promesa de reubicarlas, pese a tener títulos de propiedad y pagar predial.

En la casa de doña Esther, en el barrio San Francisco de Pijijiapan, hay una estatuita de la virgen de Guadalupe y un perro que no para de ladrar.

Una hamaca cuelga en el medio de su cuarto de paredes fuertes: son de blocks con zapatas, para aguantar las vibraciones del tren de carga que, hasta hace unos 20 años, pasaba una vez al día en las vías que corren a lado de su casa.

Reserva Santa Fe, despojo del bosque y… de las tradiciones otomíes

Tierras que fueron santuario para los otomíes y hogar de encinos, oyameles, cedros y pinos, hoy se encuentran rodeadas por una valla que promete “una vida en armonía con la naturaleza” en el fraccionamiento de lujo Reserva Santa Fe, encima de un Área Natural Protegida.

El logo del proyecto inmobiliario, un escarabajo, es emblema de un despojo que, según los comuneros de los poblados aledaños, nunca debió ocurrir. “Son escarabajos, se metieron al bosque a construir sus spas”, afirma Rogelio, de 45 años, vecino de Piedra Grande, mientras señala los límites del proyecto, donde la propiedad privada ha cercado una aldea alpina en construcción.

Gobierno «está de lado de los empresarios que son despojadores de tierras»: Múuch´ Xíimbal

El gobierno de Yucatán «está de lado de los empresarios que son despojadores de tierras», aseguró la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch´ Xíimbal, tras pronunciarse por la represión policial contra los campesinos mayas de Ixil del pasado 17 de agosto, cuando una valla de alrededor de 300 elementos impidió el paso a los pobladores para arrebatar sus tierras de uso común y entregarlas a empresarios inmobiliarios.

En un comunicado, los defensores de Múuch´ Xíimbal aseguraron que el intento de despojo a Ixil es producto de la especulación inmobiliaria «ocasionada por la construcción del mal llamado tren maya», megaproyecto prioritario para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pretende Semar operar banco pétreo sin acuerdo de asamblea, alertan defensores zapotecas

En una roca de mediano tamaño está rotulado con letras rojas “ Banco Semar” y una flecha que indica el lugar. Se trata de un cerro pegado a las vías de la Línea K (que conecta a Ciudad Ixtepec con la frontera con Guatemala), localizado en el kilómetro 45, alertaron activistas y defensores de este municipio zapoteca al oriente del Istmo de Tehuantepec.

Exigen alto al despojo de tierras en Ixil tras represión a campesinos mayas

Tras el operativo policial que impidió el paso y reprimió a campesinos mayas de Ixil, Yucatán, para despojarlos de más de 300 hectáreas de tierra este 17 de agosto, el colectivo Defensores y Protectores del Futuro de Ixil lanzó una petición para denunciar la responsabilidad de las familias de empresarios Abimerhi y Millet y de las autoridades estatales y municipales, así como exigir un alto al saqueo de las tierras de uso común para intereses particulares.

En la petición, el colectivo acusó que representantes de las familias Abimerhi y Millet estuvieron presentes en la operación policial del 17 de agosto, poco más de un año después de que «estas mismas familias intentaran sin éxito despojar 324 hectáreas de tierras de uso común a la comunidad de Ixil», el 4 de agosto de 2022.

Policías golpean y detienen a campesinos mayas de Ixil para despojarlos de sus tierras

Alrededor de 300 policías estatales golpearon, lanzaron piedras, balas y gases lacrimógenos y bloquearon el paso a campesinos mayas de Ixil, Yucatán, así como detuvieron a al menos un hombre durante un nuevo intento de despojo de más de 300 hectáreas de tierras de uso común por los empresarios inmobiliarios Chikri Abimerhi y Gerardo Millet.

“Nos tiraron piedras, gas lacrimógeno, hubo balas. A una señora le lastimaron su pierna. Ahora van a traer a más policías y hay mucho movimiento. Un señor quería entrar porque tenía una vaca pariendo y los policías lo pisotearon y se lo llevaron, no nos dicen dónde está y no sabemos nada, a su esposa tampoco le dan información”, dijo a Desinformémonos Alejandra Kantún Chim, del colectivo Defensores y Protectores del Futuro de IXIL.

Falsificaron escrituras para construir clínica del ISSSTE en Oaxaca

Una familia busca recuperar el predio donde las autoridades construyeron el ISSSTE de Matías Romero, Oaxaca, mediante documentos apócrifos, señala una denuncia ante la FGR.

Han pasado más de 40 años desde que la familia Carmona y Nava lucha por recuperar un predio de casi 4 mil metros cuadrados, que les fue arrebatado con escrituras falsas para construir la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Matias Romero, Oaxaca, denunció Alfonso Nava, representante legal de los propietarios.

Con documentos en mano narró cómo el contrato de promesa de compraventa se realizó en el año de 1981 entre su abuela, María Carmona Tadeo y el ISSSTE, pero no se concretó.

CIDH investigará a autoridades federales por despojo para aeropuerto en comunidades rarámuri

El despojo territorial a comunidades rarámuri en Creel, Chihuahua, para la construcción del aeropuerto regional Barrancas del Cobre será investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió el caso presentado contra autoridades federales y estatales.

El aeropuerto, construido en el sexenio del exgobernador César Duarte Jáquez (2010-2016), es hoy disputado por empresarios turísticos para construir un campo de golf y un hotel en la comunidad de Mogotavo, en el Parque Nacional Barrancas del Cobre.

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

Don Roberto, el único habitante de Salaverna, Zacatecas, que se resiste a dejar su hogar y entregar el pueblo a una minera del magnate Carlos Slim, fue vinculado a proceso y este lunes enfrenta su audiencia en la cual podría ser encarcelado.

Don Roberto de la Rosa Dávila, el último habitante de Salaverna, Zacatecas, que se niega a desplazarse de su hogar para que una mina del magnate Carlos Slim Helú expanda su operación a cielo abierto, tendrá una audiencia este lunes 28 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que exige no ser encarcelado por defender a su pueblo de la extracción de cobre en una zona semidesértica con estrés hídrico.

Amenazas, despojo y enfermedades, consecuencias de la minera Autlán en la sierra hidalguense

A escasos 300 metros de la comunidad de Naopa, en la sierra hidalguense, se estableció en 1992 una mina a cielo abierto de manganeso, una de las diez más extensas del planeta y la más importante para el continenente americano. La empresa encargada es Mina Autlán, nombre que lleva por el un municipio del estado de Jalisco, que en 1953 estableció su primera unidad para extraer este material.

Los habitantes han realizado manifestaciones por las diversas afectaciones a su salud, al territorio, el agua y la tierra, pues la mina ha ocasionado derrumbes, la tala de árboles avanza con velocidad y las enfermedades asociadas a la contaminación se presentan todos los días.

Iberdrola y Grupo Dragón, española y mexicana, cayeron como plaga en las comunidades

Pintadas de verde y escudadas bajo la lucha contra la crisis climática, empresas renovables como Grupo Dragón (Grupo Salinas) e Iberdrola han hecho negocio a costa del desplazamiento y conflictos socioambientales de las comunidades donde se instalan.

Mientras habitantes de las comunidades ventosas de Arriaga, Chiapas; de Juchitán, Oaxaca, y de Chapulco, Puebla, enfrentan altas tarifas eléctricas hasta de mil pesos, pagos “injustos” de la renta de sus tierras, arrestos o falta de consulta indígena, los ruidosos aerogeneradores del magnate Ricardo Salinas Pliego, de la japonesa Mitsubishi y de las españolas Renovalia e Iberdrola instalados en sus territorios abastecen de electricidad a sus socias Elektra, TV Azteca, FEMSA, Grupo Bimbo y Grupo Modelo.

Estos casos al sureste y centro mexicano son sólo una muestra de cómo la “transición energética corporativa” —escudada bajo la crisis climática— acumula capital a costa del desplazamiento y el conflicto socioambiental sin beneficiar a las poblaciones donde se asientan, pero ahora “pintados de verde”, como plantea la organización GeoComunes que mapeó los megaproyectos de energías renovables en el informe “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano” (2020).

Pese al reclamo de respetar tierras y manantial de Ayutla, se consuma despojo

La respuesta de autoridades ante la resolución de un juez federal que ordena a la reconexión de agua a los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla, en un plazo de tres días, generó inconformidades contra las autoridades agrarias, municipales y el gobierno estatal.

“Queremos que se respeten nuestras tierras”, reclamaban comuneras y comuneros en la plaza central de Ayutla este sábado, rodeados de topiles o elementos de seguridad y unas 200 personas con machete que intentaban minimizar el reclamo.

Todos llegaron desde las ocho de la mañana convocados para ser efectivo el acuerdo entre el presidente municipal de Ayutla y el de Tamazulápam del Espíritu Santo sobre el deslinde o el acto formal por el que establecerían los límites de las propiedades de Ayutla. Pero no todos conformes.

Acusan de despojo a rarámuris por defender su territorio

Autoridades de Mogótavo, Chihuahua, comunidad rarámuri que defiende desde los años ochentas su territorio en contra de proyectos turísticos, enfrentan ahora una denuncia por “despojo agravado”.

Además, afirma un grupo de representantes que estuvieron en la Ciudad de México para dar seguimiento a un amparo para no ser procesados, hay amenazas en contra de la población por parte de los inversionistas coludidos con el gobierno del estado y el gobierno federal.

Despojo, corrupción y engaño, «política actual» contra las comunidades en Chiapas: Comité Samuel Ruíz García

En el marco del décimo aniversario de la muerte del jTatic Samuel Ruíz García, el Comité que lleva su nombre llamó a la organización para defender a los pueblos frente a la «política actual de los gobiernos en sus diferentes niveles, basada en el despojo, corrupción, engaño y manipulación a través de programas y proyectos».

El Comité Samuel Ruíz García destacó entre las imposiciones el proyecto minero la Mosca del Mediterráneo (MOSCAMED) y las represas, impulsados por los gobiernos y las empresas transnacionales que «violentan los derechos fundamentales y rompen el tejido comunitario».

Mujeres rarámuris llevan 4 meses sin abrir su taller de costura por denuncia de despojo de un empresario

Las mujeres solicitaron apoyo de las autoridades estatales y federales para no perderlo y tener un trabajo seguro en esta época de pandemia y sequía en la Sierra Tarahumara. Nada se ha resuelto.

Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, aseguran que no habían visto un despliegue tan grande de policías ministeriales. En una región dominada por el crimen organizado las autoridades no llegan así ni en busca de los narcotraficantes, dicen. El 6 de mayo de 2020, cinco camionetas blancas de la Fiscalía General del Estado rodearon una construcción. Los agentes buscaban a Teresa González, una mujer rarámuri de 46 años que quiere levantar, en una hectárea del territorio ancestral de su comunidad, un taller de costura para ella y sus vecinas. 

Las Abejas de Acteal denuncian destrucción de casas y terrenos para construcciones del gobierno federal

La organización pacífica Las Abejas de Acteal denunciaron la destrucción del campamento para desplazados “Los Naranjos” para “construir ahí las viviendas que va a otorgar el gobierno federal como parte de una solución amistosa a la Masacre de Acteal”, en el terreno donado hace 22 años por Francisco Vázquez Hernández y Alonso Vázquez Gómez.

“¿Qué pensará nuestro difunto hermano Francisco al ver que ahora sus propias hijas están destruyendo el campamento de los desplazados porque ellas quieren construir ahí las viviendas que les va a otorgar el gobierno federal como parte de una solución amistosa a la Masacre de Acteal?”, cuestionaron Las Abejas en un comunicado.

Líderes de asentamientos indígenas denuncian despojo y amenazas de dirigente

Las gobernadoras indígenas de los asentamientos de la ciudad de Chihuahua –Carlos Díaz Infante y Pájaro Azul– denunciaron al presidente de la asociación de Asentamientos Tarahumares, Eleazar Sánchez, por despojo y amenazas contra las familias rarámuri de los asentamientos, por negarse a pagar renta.

Isabel Hernández Pérez, gobernadora del asentamiento Carlos Díaz Infante; María del Refugio Romero Espino, gobernadora del asentamiento Pájaro Azul y Cristina Nava Churo, capitana del primer asentamiento, informaron el domingo pasado en la plaza Hidalgo de la capital, que ambas comunidades localizadas al sur de la ciudad, eran ejemplo de organización hasta que llegó Eleazar Sánchez.