Minerva Espinoza, cuya familia se dedica a la agricultura y la ganadería en Tlapacoyan, Veracruz, relata la historia de su destierro a causa del crimen organizado:

“En la zona había grupos de la delincuencia organizada y rumores de que la Policía Municipal asaltaba y secuestraba a la población. Seguido aparecía gente muerta, destazada. El 22 de junio de 2012, en su camioneta, mi esposo salió del rancho tenía que ir al pueblo porque hacía falta alimento. Nunca llegó, en un punto denominado Lado Verde fue levantado”.

Una nueva embestida se cierne sobre las tierras ejidales y comunales del estado de Oaxaca. Contra los postulados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), de defender los postulados del artículo 27 constitucional, donde se regulan las tierras ejidales y comunales; el gobierno del estado, emanado de ese partido, está generando condiciones para convertir las tierras ejidales y comunales en propiedad privada, pasando por encima de lo dispuesto en la Constitución Federal, a la que juraron respetar, lo mismo que las disposiciones del derecho internacional sobre los territorios de los pueblos indígenas. Tampoco importa el pasado de muchos funcionarios del actual gobierno, incluido el gobernador, que en sus tiempos de activismo criticaron este tipo de medidas impulsadas desde el gobierno federal, a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y el Fondo de Apoyo a Nucleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), porque ahora ellos impulsan uno con distinto nombre pero con los mismos fines.

En la casa de doña Esther, en el barrio San Francisco de Pijijiapan, hay una estatuita de la virgen de Guadalupe y un perro que no para de ladrar.

Una hamaca cuelga en el medio de su cuarto de paredes fuertes: son de blocks con zapatas, para aguantar las vibraciones del tren de carga que, hasta hace unos 20 años, pasaba una vez al día en las vías que corren a lado de su casa.

El logo del proyecto inmobiliario, un escarabajo, es emblema de un despojo que, según los comuneros de los poblados aledaños, nunca debió ocurrir. “Son escarabajos, se metieron al bosque a construir sus spas”, afirma Rogelio, de 45 años, vecino de Piedra Grande, mientras señala los límites del proyecto, donde la propiedad privada ha cercado una aldea alpina en construcción.

El gobierno de Yucatán «está de lado de los empresarios que son despojadores de tierras», aseguró la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch´ Xíimbal, tras pronunciarse por la represión policial contra los campesinos mayas de Ixil del pasado 17 de agosto, cuando una valla de alrededor de 300 elementos impidió el paso a los pobladores para arrebatar sus tierras de uso común y entregarlas a empresarios inmobiliarios.

En un comunicado, los defensores de Múuch´ Xíimbal aseguraron que el intento de despojo a Ixil es producto de la especulación inmobiliaria «ocasionada por la construcción del mal llamado tren maya», megaproyecto prioritario para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En una roca de mediano tamaño está rotulado con letras rojas “ Banco Semar” y una flecha que indica el lugar. Se trata de un cerro pegado a las vías de la Línea K (que conecta a Ciudad Ixtepec con la frontera con Guatemala), localizado en el kilómetro 45, alertaron activistas y defensores de este municipio zapoteca al oriente del Istmo de Tehuantepec.

Tras el operativo policial que impidió el paso y reprimió a campesinos mayas de Ixil, Yucatán, para despojarlos de más de 300 hectáreas de tierra este 17 de agosto, el colectivo Defensores y Protectores del Futuro de Ixil lanzó una petición para denunciar la responsabilidad de las familias de empresarios Abimerhi y Millet y de las autoridades estatales y municipales, así como exigir un alto al saqueo de las tierras de uso común para intereses particulares.

En la petición, el colectivo acusó que representantes de las familias Abimerhi y Millet estuvieron presentes en la operación policial del 17 de agosto, poco más de un año después de que «estas mismas familias intentaran sin éxito despojar 324 hectáreas de tierras de uso común a la comunidad de Ixil», el 4 de agosto de 2022.

“Nos tiraron piedras, gas lacrimógeno, hubo balas. A una señora le lastimaron su pierna. Ahora van a traer a más policías y hay mucho movimiento. Un señor quería entrar porque tenía una vaca pariendo y los policías lo pisotearon y se lo llevaron, no nos dicen dónde está y no sabemos nada, a su esposa tampoco le dan información”, dijo a Desinformémonos Alejandra Kantún Chim, del colectivo Defensores y Protectores del Futuro de IXIL.

Han pasado más de 40 años desde que la familia Carmona y Nava lucha por recuperar un predio de casi 4 mil metros cuadrados, que les fue arrebatado con escrituras falsas para construir la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Matias Romero, Oaxaca, denunció Alfonso Nava, representante legal de los propietarios.

Con documentos en mano narró cómo el contrato de promesa de compraventa se realizó en el año de 1981 entre su abuela, María Carmona Tadeo y el ISSSTE, pero no se concretó.

El despojo territorial a comunidades rarámuri en Creel, Chihuahua, para la construcción del aeropuerto regional Barrancas del Cobre será investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió el caso presentado contra autoridades federales y estatales.

El aeropuerto, construido en el sexenio del exgobernador César Duarte Jáquez (2010-2016), es hoy disputado por empresarios turísticos para construir un campo de golf y un hotel en la comunidad de Mogotavo, en el Parque Nacional Barrancas del Cobre.

Don Roberto de la Rosa Dávila, el último habitante de Salaverna, Zacatecas, que se niega a desplazarse de su hogar para que una mina del magnate Carlos Slim Helú expanda su operación a cielo abierto, tendrá una audiencia este lunes 28 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que exige no ser encarcelado por defender a su pueblo de la extracción de cobre en una zona semidesértica con estrés hídrico.

A escasos 300 metros de la comunidad de Naopa, en la sierra hidalguense, se estableció en 1992 una mina a cielo abierto de manganeso, una de las diez más extensas del planeta y la más importante para el continenente americano. La empresa encargada es Mina Autlán, nombre que lleva por el un municipio del estado de Jalisco, que en 1953 estableció su primera unidad para extraer este material.

Los habitantes han realizado manifestaciones por las diversas afectaciones a su salud, al territorio, el agua y la tierra, pues la mina ha ocasionado derrumbes, la tala de árboles avanza con velocidad y las enfermedades asociadas a la contaminación se presentan todos los días.

Mientras habitantes de las comunidades ventosas de Arriaga, Chiapas; de Juchitán, Oaxaca, y de Chapulco, Puebla, enfrentan altas tarifas eléctricas hasta de mil pesos, pagos “injustos” de la renta de sus tierras, arrestos o falta de consulta indígena, los ruidosos aerogeneradores del magnate Ricardo Salinas Pliego, de la japonesa Mitsubishi y de las españolas Renovalia e Iberdrola instalados en sus territorios abastecen de electricidad a sus socias Elektra, TV Azteca, FEMSA, Grupo Bimbo y Grupo Modelo.

Estos casos al sureste y centro mexicano son sólo una muestra de cómo la “transición energética corporativa” —escudada bajo la crisis climática— acumula capital a costa del desplazamiento y el conflicto socioambiental sin beneficiar a las poblaciones donde se asientan, pero ahora “pintados de verde”, como plantea la organización GeoComunes que mapeó los megaproyectos de energías renovables en el informe “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano” (2020).

“Queremos que se respeten nuestras tierras”, reclamaban comuneras y comuneros en la plaza central de Ayutla este sábado, rodeados de topiles o elementos de seguridad y unas 200 personas con machete que intentaban minimizar el reclamo.

Todos llegaron desde las ocho de la mañana convocados para ser efectivo el acuerdo entre el presidente municipal de Ayutla y el de Tamazulápam del Espíritu Santo sobre el deslinde o el acto formal por el que establecerían los límites de las propiedades de Ayutla. Pero no todos conformes.

Autoridades de Mogótavo, Chihuahua, comunidad rarámuri que defiende desde los años ochentas su territorio en contra de proyectos turísticos, enfrentan ahora una denuncia por “despojo agravado”.

Además, afirma un grupo de representantes que estuvieron en la Ciudad de México para dar seguimiento a un amparo para no ser procesados, hay amenazas en contra de la población por parte de los inversionistas coludidos con el gobierno del estado y el gobierno federal.

En el marco del décimo aniversario de la muerte del jTatic Samuel Ruíz García, el Comité que lleva su nombre llamó a la organización para defender a los pueblos frente a la «política actual de los gobiernos en sus diferentes niveles, basada en el despojo, corrupción, engaño y manipulación a través de programas y proyectos».

El Comité Samuel Ruíz García destacó entre las imposiciones el proyecto minero la Mosca del Mediterráneo (MOSCAMED) y las represas, impulsados por los gobiernos y las empresas transnacionales que «violentan los derechos fundamentales y rompen el tejido comunitario».

Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, aseguran que no habían visto un despliegue tan grande de policías ministeriales. En una región dominada por el crimen organizado las autoridades no llegan así ni en busca de los narcotraficantes, dicen. El 6 de mayo de 2020, cinco camionetas blancas de la Fiscalía General del Estado rodearon una construcción. Los agentes buscaban a Teresa González, una mujer rarámuri de 46 años que quiere levantar, en una hectárea del territorio ancestral de su comunidad, un taller de costura para ella y sus vecinas.