Minerva Espinoza, cuya familia se dedica a la agricultura y la ganadería en Tlapacoyan, Veracruz, relata la historia de su destierro a causa del crimen organizado:

“En la zona había grupos de la delincuencia organizada y rumores de que la Policía Municipal asaltaba y secuestraba a la población. Seguido aparecía gente muerta, destazada. El 22 de junio de 2012, en su camioneta, mi esposo salió del rancho tenía que ir al pueblo porque hacía falta alimento. Nunca llegó, en un punto denominado Lado Verde fue levantado”.

Una nueva embestida se cierne sobre las tierras ejidales y comunales del estado de Oaxaca. Contra los postulados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), de defender los postulados del artículo 27 constitucional, donde se regulan las tierras ejidales y comunales; el gobierno del estado, emanado de ese partido, está generando condiciones para convertir las tierras ejidales y comunales en propiedad privada, pasando por encima de lo dispuesto en la Constitución Federal, a la que juraron respetar, lo mismo que las disposiciones del derecho internacional sobre los territorios de los pueblos indígenas. Tampoco importa el pasado de muchos funcionarios del actual gobierno, incluido el gobernador, que en sus tiempos de activismo criticaron este tipo de medidas impulsadas desde el gobierno federal, a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y el Fondo de Apoyo a Nucleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), porque ahora ellos impulsan uno con distinto nombre pero con los mismos fines.

En la casa de doña Esther, en el barrio San Francisco de Pijijiapan, hay una estatuita de la virgen de Guadalupe y un perro que no para de ladrar.

Una hamaca cuelga en el medio de su cuarto de paredes fuertes: son de blocks con zapatas, para aguantar las vibraciones del tren de carga que, hasta hace unos 20 años, pasaba una vez al día en las vías que corren a lado de su casa.

El logo del proyecto inmobiliario, un escarabajo, es emblema de un despojo que, según los comuneros de los poblados aledaños, nunca debió ocurrir. “Son escarabajos, se metieron al bosque a construir sus spas”, afirma Rogelio, de 45 años, vecino de Piedra Grande, mientras señala los límites del proyecto, donde la propiedad privada ha cercado una aldea alpina en construcción.

El gobierno de Yucatán «está de lado de los empresarios que son despojadores de tierras», aseguró la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch´ Xíimbal, tras pronunciarse por la represión policial contra los campesinos mayas de Ixil del pasado 17 de agosto, cuando una valla de alrededor de 300 elementos impidió el paso a los pobladores para arrebatar sus tierras de uso común y entregarlas a empresarios inmobiliarios.

En un comunicado, los defensores de Múuch´ Xíimbal aseguraron que el intento de despojo a Ixil es producto de la especulación inmobiliaria «ocasionada por la construcción del mal llamado tren maya», megaproyecto prioritario para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En una roca de mediano tamaño está rotulado con letras rojas “ Banco Semar” y una flecha que indica el lugar. Se trata de un cerro pegado a las vías de la Línea K (que conecta a Ciudad Ixtepec con la frontera con Guatemala), localizado en el kilómetro 45, alertaron activistas y defensores de este municipio zapoteca al oriente del Istmo de Tehuantepec.