Acusan a gobernador de Nayarit por presunto despojo de inmuebles con juicios exprés

La excusa que usan las autoridades estatales para iniciar los despojos es que los terrenos salieron del fideicomiso turístico de Nayarit de forma irregular, asegura el empresario Eduardo Valencia.

El empresario inmobiliario Eduardo Valencia Castellanos denunció en Aristegui En Vivo que el actual  gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, junto con la Fiscalía del Estado,  presuntamente despoja de sus propiedades privadas a empresarios a través de juicios civiles exprés de primera instancia, como lo hizo en su momento el ex fiscal estatal, Édgar Veytia, procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

Despojo de viviendas por el Cártel Inmobiliario contra adultos mayores en Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez, actuarios, policías y civiles participan en despojos de viviendas contra adultos mayores, para después regularizar el predio y construir edificios, involucrados en la presunta red de corrupción inmobiliaria relacionada con el PAN.

En la alcaldía Benito Juárez, actuarios, policías y civiles participan en despojos de viviendas contra adultos mayores, para después regularizar el predio y construir edificios, involucrados en la presunta red de corrupción inmobiliaria relacionada con el Partido Acción Nacional (PAN).

En un reportaje de La Jornada, el exconsejero de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y habitante de la colonia Álamos, Guillermo Meixueiro, aseguró que el despojo de inmuebles es una “operación muy bien diseñada, como si fuera el crimen organizado”, y sentenció que los adultos mayores son las principales víctimas, en casos que han documentado en su colonia, así como en la Del Valle y Narvarte.

Los desalojos extrajudiciales de la "Fiscalía del despojo"

En la Ciudad de México ya no hace falta una sentencia judicial para vaciar una vivienda. Desde 2016 la fiscalía ambiental ganó potestad para investigar las denuncias por despojo de inmuebles en la capital. En múltiples casos ha utilizado ese poder para –sin intervención de un juez– expulsar a los vecinos que habitan dichos inmuebles. Los hace sin permitirles defenderse. Luego puede entregar sus viviendas al capital inmobiliario.

Cuando escuchó las patadas en la puerta se alarmó y miró la hora: pasaba las once de la mañana. Abrió la puerta y dos policías de investigación encapuchados entraron a la sala, apuntando a su mujer y a su hijo. Se metieron al departamento, gritando que de una vez les dijeran dónde estaban las armas, las drogas. Antes que los sacaran de su casa sin explicación, el padre identificó a quien traía la operación a cargo. Vestido de traje y corbata, con un fajo de hojas en un expediente, encaró al agente del Ministerio Público, Juan Carlos Díaz Alamilla, con quien tuvo la siguiente discusión:

Disputa por inmueble exhibe supuesto 'cártel del despojo' en Oaxaca

Para el abogado oaxaqueño, Caleb Gómez Conzatti, se trata de una “operación de Estado”, de la cual forma parte el notario Jorge Merlo.

Una disputa entre particulares ha puesto en relieve la presunta operación de un supuesto grupo de notarios que presuntamente actúa en contubernio con funcionarios públicos para robarle las propiedades a particulares en el estado, conocida popularmente como “el cártel del despojo”.

Miles de familias, en riesgo de perder sus hogares en QRoo

Cancún. En Quintana Roo, 345 mil familias enfrentan juicios de desahucio o desposesión, y están en riesgo de perder sus casas por transacciones fraudulentas debido a que los créditos que contrataron son impagables, usureros o anatocistas, denunció el jurista José Luis González Navarro, presidente de la asociación civil “Abogados de Cancún”.

En entrevista con La Jornada, el litigante exhortó a quien tenga planes inmediatos para comprar vivienda a buscar la asesoría y orientación de los especialistas en derecho para no ser sorprendidos con créditos impagables o anatocistas (intereses sobre intereses); en el caso de la agrupación que preside, los servicios son gratuitos.

Señaló que en 2015, de acuerdo con las cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última década se construyeron más de 345 mil casas “de interés social” en el municipio de Benito Juárez, de las que casi el 50 por ciento se vendieron mediante empréstitos usureros.

“En los últimos 10 años se disparó el número de usuarios de créditos hipotecarios; en ese caso, las Udis (unidades de inversión) protegían a los inversionistas y no a los acreditados, y ahora muchos van a quedarse sin casa por los juicios hipotecarios especiales o mercantiles. Hablo de mil 700 familias afectadas”, explicó el abogado.

El jurista aclaró que el número de afectados prácticamente se duplica si se habla de los 11 municipios de la entidad; es decir, “estarían en riesgo de perder su patrimonio un mínimo de 345 mil familias, que serían desalojadas en juicios de desahucio o desposesión del inmueble debido a que no pueden pagar los intereses sobre intereses.

En ese sentido, González Navarro señaló que actualmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que se supone se encarga de garantizar casas dignas a los mexicanos, es uno de los principales acreedores y presiona para cumplimentar alrededor de 300 desalojos en la entidad contra gente imposibilitada para pagar.

José Luis Navarro argumentó que con esos antecedentes, “al menos durante los próximos dos años mucha gente va a perder sus viviendas porque les están cobrando intereses sobre intereses que no pueden pagar, no tienen liquidez debido a los créditos suprime, que se liberaron a cualquier persona, emulando a Estados Unidos.

“Los resultados están a la vista: la gente no puede pagar, y lo mismo está sucediendo con los automóviles y terrenos, aunque son menos pero también estoy seguro que conforme pase el tiempo los casos se van a incrementar por la misma razón: la gente no tiene dinero para pagar créditos que se vuelven impagables”, sostuvo el litigante.

El jurista dijo que por ley los nuevos compradores de vivienda deben ser acompañados por un abogado al momento de la compraventa, para certificar que no está siendo víctima de un fraude ya sea de una hipotecaria o en la compraventa fraudulenta de una transacción donde no reciban el inmueble, pero sí paguen o el vendedor desaparezca.

“En las nuevas transacciones con terrenos o casas, el comprador debe ser asesorado o representado por un abogado; si no es así, y quien vende no está certificado, se cae en el supuesto de un delito de fraude”, de acuerdo con la ley inmobiliaria de Quintana Roo, que advierte que ya no se puede engañar al comprador ofreciéndole créditos que “nada más van a subir conforme al salario mínimo”.


Explicó que el artículo 13 de la Ley estatal de Prestación de Servicios Inmobiliarios faculta a los leguleyos a dar asesoría, consultoría o representación jurídica en la transacción, y los artículos 421 al 425 de la misma legislación, marcan que también pueden llevar a juicio penal a la inmobiliaria que no esté matriculada y a sus asesores que no estén certificados, pues como peritos en leyes tienen que estar presentes para dar certeza al comprador.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CARLOS ÁGUILA ARREOLA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/04/miles-de-familias-en-riesgo-de-perder-sus-hogares-en-qroo