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Culpan a Bonafont de provocar un "infierno ambiental" en Puebla

En febrero pasado la Guardia Nacional desalojó a pobladores de Santa María Zacatepec, Puebla, que habían tomado la planta de Bonafont en protesta contra la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región. Ahora la compañía está de regreso y, arropada por las autoridades estatales, reabrió la planta. A pesar de que afirma que ésta sólo funcionará como bodega y para distribuir sus productos, los pobladores se aprestan a viajar a Francia para exhibirla como una de las empresas responsables de provocar un “infierno ambiental” que derivó en el socavón formado en mayo de 2021.

Con todo y que la empresa Bonafont es acusada por grupos de pobladores de saquear los mantos acuíferos de esta región y de cometer múltiples irregularidades, el 26 de septiembre, Fabrice Salamanca, vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Grupo Danone, encabezó la reapertura de la planta de esa embotelladora francesa en este municipio.

Acompañado por José Cinto Bernal, presidente municipal, y por Guillermo Malpica Soto, subsecretario de Industria y Comercio del gobierno estatal, el directivo de la trasnacional aseguró que esas instalaciones, que estuvieron cerradas año y medio a causa de las protestas, ya no se usarán para extraer agua y sólo servirán para bodega y distribución de productos.

El agua del río Chalma se pelea desde 2013. Asociación de Salinas Pliego nos ha robado: ejidatarios

El agua del río Chalma está en disputa. Unos mil ejidatarios aledaños a Malinalco, Estado de México, la requieren para cultivar maíz, frijol, caña y flores. Una asociación de Grupo Salinas, del millonario Ricardo Salinas Pliego, la emplea para una hacienda. La lucha por el recurso natural está en tribunales desde 2013.

Hace siete años los ejidatarios Roberto Valle, Marcos Chaqueco y Félix Rojas fueron subidos a una camioneta de la policía en Chalmita, Estado de México, conocidas como perreras. Los esposaron lo más apretado posible. Les dieron vueltas. Bajaban y subían a otros reos ya sentenciados. Roberto perdió la noción del tiempo y el espacio, mientras su defensa legal iba a pagar la fianza para que no quedaran detenidos por el presunto daño de bienes y robo a una propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Una asociación civil de TV Azteca atrás del despojo de Jalmolonga

El Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, la asociación civil que intenta quitarles el agua a los ejidos de la zona de Malinalco, está integrado por tres “socios” que aportaron conjuntamente un capital de 127 millones 835 mil 848 pesos, según quedó asentado en la “protocolización” del acta de su junta general ordinaria, realizada el 20 de julio de 2012, en la notaría número 227 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), cuyo titular es Carlos Antonio Morales Montes de Oca.

El primer socio es TV Azteca, S.A. de C.V., representado por Jesús Rodríguez Villicaña, que aportó un capital de 40 millones 57 mil 393 pesos; el segundo es Elektra del Milenio S.A. de C.V., representada por José Guadalupe Botello Meza, con 49 mil 990 778 pesos, el tercero es Grupo Elektra S.A. de C. V., representado por María Edid Cerón Ríos, con 37 millones 787 mil 667 pesos.

Continúa desperdicio de millones de litros de agua en Aztecas 215 ante indiferencia de Procuraduría ambiental Ciudad de México

Aztecas 215
Han pasado ocho días desde que los vecinos organizados de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán denunciaron ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) el desperdicio de millones de litros de agua que la inmobiliaria Quiero Casa continúa realizando en Avenida Aztecas 215. La respuesta de la PAOT es de total indiferencia, así como la construcción a mitad de la avenida de un “colector” que conducirá las aguas limpias al drenaje de la ciudad.

Pueblos Náyeri y Wixárrika piden ayuda: sin consulta, la CFE planea quitarles su agua y sus tierras

El megaproyecto previsto para Nayarit pertenece a la CFE y cuenta con autorizaciones de la Semarnat y de la Conagua. Los representantes de las comunidades Náyeri y Wixárrika calculan que 4 mil 500 hectáreas de su territorio se verán afectados y acusaron que sus pueblos no han sido consultados, pese a que el Gobierno de México está obligado a hacerlo Constitucionalmente y por los tratados internaciones a los que el país está adherido. Aseguran que el proyecto no tendrá un impacto positivo en sus comunidades y por el contrario la CFE acaparará el agua y dejará áreas sin tierra fértil.

Los pueblos Náyeri y Wixárrika se unieron para defender su territorio sagrado, amenazado por el megaproyecto hidroeléctrico Las Cruces, Nayarit, cuya construcción no les ha sido consultada.

El megaproyecto pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuenta con autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Zapotecas de Oaxaca están cerca de revertir decreto presidencial que les niega el acceso al agua

Desde hace 50 años, 16 comunidades indígenas de la zona de valles centrales en Oaxaca viven bajo un decreto que les impide hacer uso del agua. Se enteraron en 2005 cuando la CFE y Conagua reclamó un uso excesivo de energía y desde entonces reclaman su derecho a gozar de sus recursos naturales. A pesar de eso, la comunidad restauró sus pozos y supo llevar un proceso de consulta indígena que puede significar el primero que se realiza en México acorde a los procesos que la legislación nacional e internacional dicta.

La Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa y por el Cuidado del Agua (Copuda) es una organización que aglutina a 16 comunidades zapotecas campesinas que habitan en los valles centrales en Oaxaca y que desde hace 50 años habita su territorio con una veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región.

Las comunidades organizadas en la Copuda recurrieron al proceso de consulta indígena. Hasta el momento en México no hay ningún caso de éxito en consultas indígenas, ya que siempre se registran tácticas por parte de los gobiernos municipales y estatales que empañan los procesos, de acuerdo con los activistas.