Juzgado revoca la orden de desbloquear cuentas de Ismael Figueroa, líder de bomberos de la CdMx

El pasado 27 de abril, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México suspendió de su cargo como trabajador a Ismael Figueroa, Secretario General del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, por el presunto desvío de 180 mil pesos, hoy, el titular de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda informó que se le negó un amparo con el que buscaba desbloquear sus cuentas.

Un juzgado capitalino revocó la orden de desbloquear las cuentas de Ismael Figueroa, líder sindical de los bomberos que fue suspendió de su cargo como trabajador en Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México por presunto desvío de dinero.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda, informó que la Secretaria del Juzgado Noveno en materia administrativa de la capital, como jueza, falló de esta forma por considerar que permitir el uso de las cuentas a Ismael Figueroa podría significar una transgresión al orden público, “lo que ocasionaría una afectación que resentiría la sociedad en su conjunto”, expuso en su cuenta de Twitter.

Informes sobre nuevo AICM no cuadran; costo crece y obras se rezagan: diputado

La consecución de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y la forma en que se invierten los recursos para ese efecto, evidencia cosas que no cuadran en lo que se informa, pues en tres años la proyección del monto para levantar la terminal aérea se ha elevado más de 86 mil millones de pesos, mientras el fideicomiso creado por la autoridad ya suma 61 mil millones de pesos; no se está gastando lo previsto ni se reconoce que los trabajos se encuentran rezagados, expuso el diputado de Morena Vidal Llerenas.

Prevén captura de 11 exfuncionarios por desvío de más de 100 mdp en Playa del Carmen

CIUDAD DE MÉXICO: La alcaldesa del municipio quintanarroense de Solidaridad, Cristina Torres, dijo que aguarda la liberación de al menos 11 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la anterior administración, debido a desvíos de recursos etiquetados, entre los cuales habría por lo menos cinco personas que estuvieron en puestos de primer nivel.

En un comunicado, la presidenta municipal dijo que las órdenes de aprehensión se derivarían de las denuncias interpuestas por el actual ayuntamiento ante la Fiscalía General del Estado, las cuales siguen su curso normal con la presentación y revisión de pruebas.

La FEPADE cita a César Duarte y colaboradores por presunto desvío de 80 mdp

CHIHUAHUA, Chih: La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) citó a ocho priistas chihuahuenses, entre ellos al exgobernador César Duarte, cinco excolaboradores y dos exfuncionarios del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, para que comparezcan por una acusación en su contra por casi 80 millones de pesos que presuntamente desviaron de las arcas públicas a la tesorería del partido para campañas políticas, entre 2010 y 2016.

El gobernador Javier Corral Jurado confirmó que los exfuncionarios fueron citados el 23 de junio por la Fepade para que brinden información, luego de que la Secretaría de la Función Pública estatal presentó la denuncia.

Estados desvían dinero de subsidios para seguridad, denuncian organizaciones

Entre las dependencias en las que la ASF detectó opacidad está la Gendarmería Nacional, a la que se destinaron más de $2 mil millones.

La organización Causa en Común denunció en conferencia de prensa que en la Cuenta Pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 443 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria a recursos federales destinados a la seguridad pública.

Las 443 acciones correctivas fueron emitidas con base en 147 auditorías.

Pago a muertos y dinero que no llegó al campo: así desvió millones de pesos la Sagarpa

El desfalcó señalado por la Auditoría en las cuentas de 2015 se dio a través de apoyos a personas fallecidas y recursos entregados al campo que no fueron utilizados para ese fin.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) presuntamente malversó más de mil 600 millones de pesos a través de múltiples prácticas irregulares, como la entrega de apoyos a beneficiarios fallecidos; pagos a universidades para desviar cientos de millones y la entrega de recursos para el campo que no fueron invertidos para ese fin.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, por quinto año consecutivo, detectó graves irregularidades en el gasto de recursos por parte de la SAGARPA, por lo que realizó cinco auditorías forenses a esta dependencia del Gobierno Federal, por la presunta comisión de delitos.

Animal Político te presenta un resumen de las observaciones más relevantes de estas cinco auditorías forenses, cuyo monto total de presunto daño al erario es de mil 628 millones de pesos.

Dan apoyos a 253 fallecidos y a personas “duplicadas”

A través del programa de fomento a la producción de maíz y frijol, la Auditoría Superior de la Federación documentó un presunto daño al erario por parte de SAGARPA por un monto de 209 millones 918 mil pesos.

Entre las principales irregularidades detectadas, destaca que SAGARPA hizo “pagos improcedentes” por 82 millones 652 mil pesos a: 3 mil 021 beneficiarios “duplicados” –es decir, la dependencia dio dos veces el mismo apoyo a un beneficiario-; 271 beneficiarios que habían fallecido antes del periodo de apertura de ventanillas para pedir la ayuda económica; y a tres proveedores que no aportaron facturas que pudieran amparar un importe total de 28 millones 813 mil pesos en subsidios.


Asimismo, SAGARPA entregó a sus delegaciones en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, un total de 88 millones 531 mil pesos para apoyar a 25 mil 905 productores agrícolas, a pesar de que estos subsidios “no fueron requeridos por las delegaciones”, además de que la dependencia no entregó a la ASF la documentación que acredite el pago de las ayudas.

Auditoría al programa de Maíz y Frijol

PROCAFÉ dio 200 millones a personas que no sabían si eran productores de café.

A través del programa dedicado al fomento del cultivo del café en México –PROCAFÉ-, la SAGARPA entregó 204 millones 149 mil pesos en apoyos económicos a miles de personas que, o bien la dependencia no sabía si eran productores de café, o bien no sustentaron con documentos en qué gastaron esa ayuda del Gobierno Federal.

De esos 204 millones de presunto daño al erario, la ASF documentó que SAGARPA dio 107 millones 015 mil pesos a un total de 48 mil 147 personas que “no se encontraban inscritos en el padrón nacional cafetalero”, por lo que la dependencia dio dinero a personas de las que “no tiene certeza” de que, en realidad, sean productores de café.

Al igual que en el programa de Maíz y Frijol, SAGARPA también hizo pagos “duplicados” a beneficiarios por los mismos conceptos de apoyo por 6 millones 040 mil pesos.

Mientras que 79 millones 740 mil pesos fueron entregados a productores sin que la dependencia federal presentara a la ASF los documentos que acrediten que, en efecto, entregó los bienes.


Asimismo, SAGARPA dio 11 millones 352 mil a una asociación civil que no cumplió con la certificación de 359 técnicos en el cultivo de café.

Auditoría de la ASF al programa PROCAFÉ.

Simuló esquemas de pago con universidades y empresas para malversar 275 millones

En la auditoría a la Planeación de Proyectos, la ASF le reclamó a la SAGARPA 275 millones 830 mil que, como presunto daño al erario, la dependencia malversó simulando un esquema para transferir dinero en favor de proveedores a través de instituciones académicas, asociaciones civiles y empresas privadas.

Como parte de esos 275 millones de daño al erario, la Auditoría documentó que la SAGARPA suscribió cinco convenios de colaboración, evadiendo el proceso de licitación pública, con la Universidad Autónoma de Zacatecas por 219 millones 430 mil pesos.

A pesar de que la universidad declaró que contaba con profesionales y recursos técnicos para cumplir con los objetos de los convenios –realización de estudios, diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación-, la ASF señaló que la universidad subcontrató a otras empresas a las que benefició con parte de esos casi 220 millones que le entregó la dependencia federal.


Sin embargo, ni las empresas ni la universidad acreditó con documentación que, en efecto, cumplieron con los servicios contratados por SAGARPA a pesar de recibir el dinero. Incluso, la ASF acreditó que tanto SAGARPA como la Universidad Autónoma de Zacatecas presentaron, para justificar que sí se realizaron los servicios de los convenios, 32 entregables que fueron extraídos de internet.

Auditoría a la Planeación de Proyectos.

Apoyos a beneficiarios que no pidieron la ayuda

En el programa para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo, la Auditoría documentó un presunto daño al erario por 225 millones 755 mil pesos.

Como parte de esos 225 millones de daño, la ASF detectó que SAGARPA otorgó apoyos económicos a seis beneficiaros por 52 millones 695 mil pesos, sin que estos contaran con la capacidad para realizar los proyectos que se les encomendó, por lo que estos se quedaron sin concluir.

Asimismo, la dependencia federal entregó 6 millones 420 mil pesos a 10 “supuestos beneficiarios” que no pidieron apoyo económico a SAGARPA; y dio 20 millones 013 mil pesos a otros seis beneficiarios de Michoacán y Durango que trataron de comprobar que recibieron el dinero público a través de facturas que, de acuerdo con el SAT, estaban canceladas o sin registro.


Al igual que en el programa para el fomento de la producción de maíz y frijol, SAGARPA también pagó apoyos por 223 mil 800 pesos a 14 beneficiarios que la ASF documentó que habían fallecido antes de la apertura de ventanillas para pedir la ayuda a la dependencia.

Auditoría al programa de desarrollo tecnológico

Irregularidades por más de 700 mdp destinados a mejorar la competividad del campo

En cuanto al Programa de Productividad y Competividad Agroalimentaria, Animal Político publicó el pasado 16 de febrero que la SAGARPA cometió irregularidades por hasta 712 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF, la dependencia “presentó documentación presuntamente alterada” para acreditar el gasto de 306 millones de pesos en apoyos y subsidios a beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria.


Además, la Auditoría denunció que la SAGARPA no concluyó obras, ni llevó a cabo proyectos para mejorar la productividad y competitividad agroalimentaria por un monto de 405 millones.

Auditoría al programa de competitividad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/sagarpa-desvio-auditoria/

Sin comprobarse en el Senado, el destino de mil 206 millones de pesos

Una más de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2015 está en la gestión financiera del Senado, porque no comprobó el destino de mil 206 millones 928 mil pesos para asignaciones a los grupos parlamentarios.

La ASF, encabezada por el contador Juan Manuel Portal, hizo enfásis en esa auditoría aplicada al Senado, pues al “solicitar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los mil 206 millones 928 mil pesos, sólo se proporcionó un resumen y el auxiliar contable de los importes y conceptos que fueron transferidos a dicha partida durante el ejercicio 2015, los cuales se revisaron y cotejaron contra los recibos emitidos por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

“La documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados con cargo a la partida 39903, ‘Asignaciones a los Grupos Parlamentarios’, no fue proporcionada, por lo que no se pudo comprobar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, enfatiza el órgano fiscalizador.

La ASF constató que el presupuesto para el Senado tuvo una asignación original de 4 mil 19 millones 177 mil pesos. Durante el ejercicio se registraron ampliaciones netas por 281 millones 384 mil pesos, con el resultantre de un presupuesto modificado de 4 mil 300 millones 561 mil pesos, el cual se reportó como ejercido.

En el análisis de las ampliaciones líquidas al presupuesto autorizado del ejercicio 2015, se detectó que 33 millones 524 mil pesos corresponden a ingresos excedentes obtenidos por la Cámara de Senadores, y 249 millones pesos provinieron del ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas para la Asignación de Recursos al Programa de Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes.

Por lo que hace a los recursos provenientes del ramo 23, por 249 millones de pesos, la Cámara de Senadores celebró un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en junio de 2015 para aplicarlos al Programa de Conservación, Operación y Equipamiento del Recinto, por medio del cual se convino que éstos se aplicaran en las 16 partidas específicas de gasto siguientes:

Programa de Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes, primas de vacaciones y dominical, aguinaldo o gratificación de fin de año, entre otras.

Se conoció que los recursos por mil 206 millones 928 mil pesos en el ejercicio 2015 por medio de la partida 39903, Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, incluyen como en otros ejercicios recursos adicionales a los autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los que se observó lo siguiente:

Con el acuerdo del 28 de abril de 2015 se aprobaron recursos adicionales para el trabajo legislativo de los senadores por conceptos de Apoyo para el Trabajo Legislativo y de Gestión de los Senadores y Grupos Parlamentarios, Apoyo para Actualización Tecnológica y Asignación para Tareas de Gestión, para los que se asignaron, por legislador, 250 mil, 25 mil y 117 mil pesos, respectivamente, de lo que resultó un monto total ejercido de 50 millones 200 mil pesos.

Sobre el particular, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se realizaron ampliaciones líquidas a este rubro de gasto a efecto de proceder con el apoyo que se otorga a los grupos parlamentarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.

No obstante, lo anterior evidencia una falta de racionalización en el otorgamiento de recursos de carácter extraordinario, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuanto al criterio de racionalidad, señala el ente fiscalizador.

Fuente: La Jornada

Autor: Roberto Garduño

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/18/politica/005n2pol

En 2015, Duarte desfalcó 873 mdp que debían usarse en seguridad pública de Veracruz: Auditoría

La Auditoría señaló que se desconoce el paradero de millones de pesos que envió el gobierno federal a Duarte para tareas de seguridad pública.

Tras analizar la forma en la que el gobierno de Veracruz usó los recursos que la administración federal le entregó en el año 2015, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el hoy exgobernador Javier Duarte (actualmente prófugo de la justicia), desvió y malversó un total de 873 millones 740 mil pesos, que debían ser empleados en mantener la seguridad pública del estado.

La Auditoría Superior de la Federación determinó, en primera instancia, que el gobierno de Javier Duarte desfalcó al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, al que en 2015 despojó de 753 millones 702 mil pesos, asignados ese año por la federación.

Para recibir los recursos destinados a seguridad pública, el gobierno de Duarte debió crear una cuenta bancaria específica, sin embargo, 97% de los recursos entregados por Hacienda fueron desviado hacia cuentas bancarias distintas y, ahora “se desconoce el destino” de ese dinero.


El otro 3% corresponde a 6 millones de pesos que no se usaron, pero que la administración de Duarte tampoco devolvió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según la Auditoría, en 2015, el ex gobernador Duarte desfalcó 97% del presupuesto total asignado al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.

Debido a ello, por ejemplo, en ese año no se invirtió ni un peso en el programa de “Acceso a la justicia para las mujeres” en Veracruz, y tampoco se asignó nada al programa para el combate al secuestro en dicha entidad.

Además, este desfalco dejó al programa de evaluaciones de confianza a policías sin 95% de su presupuesto.


Igualmente, debido a este desfalco, el programa para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal quedó sin 98% de sus recursos; el programa de “Genética forense” quedó sin 97% de su presupuesto; y los servicios de “Llamadas de emergencia 066” y “Denuncia anónima 089” fueron despojados de 60% de sus fondos.

Por otra parte, la Auditoría también detectó que el gobierno de Duarte desvió en el año 2015 un total de 61 millones 84 mil pesos que, originalmente, debían ser empleados en el “fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial”.

Según la ASF, 59.9 millones fueron retirados de la cuenta bancaria en la que Hacienda lo depositó y, en la actualidad, se ignora su destino.

Mientras que otro millón de pesos, que debía usarse en practicar exámenes a policías, fue indebidamente empleado en gastos operativos del Centro de Evaluación de y Control de Confianza de Veracruz.

De los recursos que el gobierno federal entregó a la pasada administración veracruzana para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, el gobierno de Duarte malversó 8 millones 59 mil pesos.

El 95% de esos recursos fue desviado hacia otras cuentas bancarias y su destino se desconoce. Otros 93 mil pesos corresponden a compras realizadas con sobreprecios, y los restantes 266 mil pesos son recursos que el gobierno de Duarte no usó, y tampoco devolvió a Hacienda.

La Auditoría también detectó que la administración de Javier Duarte desfalcó 50 millones 825 mil pesos que debían ser destinados al Programa Nacional de Prevención del Delito.

De ese dinero, 48 millones 392 mil pesos fueron extraídos de la cuenta en donde los depositó Hacienda, y desaparecieron.

Mientras que otros 2 millones 433 mil pesos fueron se usaron para compras y contratación de servicios simulados.


Finalmente, la ASF detectó que la administración de Duarte también se embolsó 70 mil 123 pesos, generados por concepto de intereses bancarios de las cuentas en las que Hacienda le depositó recursos, dinero que debía ser usado en subsidio para seguridad pública de municipios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/duarte-desvio-recursos-seguridad-veracruz/

Desvían millones de Comisión Indígena en Veracruz para familiares de funcionaria

La red de empresas de la familia Osman Flores ha ganado numerosos contratos en Veracruz con licitaciones donde se simuló competencia.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en su delegación de Veracruz, ha beneficiado a familiares de una funcionaria de la dependencia, Shariffe Osman Flores, a través de una red de empresas constructoras a las que ha otorgado contratos millonarios.

Además de estos contratos, la red de empresas de la familia Osman Flores ha ganado numerosos contratos con otras dependencias del gobierno veracruzano mediante adjudicaciones directas y licitaciones por invitación a tres.

Animal Político documentó que en esas licitaciones se simuló una ‘competencia’ entre empresas en las que figuran como dueños, administradores o representantes legales, familiares de la funcionaria Shariffe Osman.

Comencemos por el conflicto de intereses de la funcionaria de la CDI-delegación Veracruz.

Tras su paso como secretaria particular de la alcaldesa de Xalapa, y su candidatura por el PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata en 2013, Shariffe Osman llegó como jefa del departamento administrativo de la CDI-Veracruz el 1 de abril de 2015.

Así consta en su declaración pública como servidora pública, en la que no aceptó transparentar sus datos patrimoniales ni su posible conflicto de interés.

Dos semanas más tarde de la llegada de Shariffe a la CDI, el 17 de abril, la CDI dio un contrato por 3 millones 639 mil pesos a la empresa Supervisión Técnica por Veracruz JVCZ para que realizara un estudio de una obra de “modernización y ampliación” de un camino en Las Choapas, Veracruz.

La representante legal y administradora de esta empresa beneficiada es Irma Flores Sangabriel, madre de Shariffe Osman Flores.

Su cargo como representante legal de la compañía puede constatarse en este documento de la Unidad de Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura de Veracruz. Mientras que en este otro documento, de la propia CDI-Veracruz, Irma Flores figura como administradora única.

Dos días antes, el 15 de abril, la empresa de Irma Flores recibió de la dependencia -donde su hija labora “manejando recursos financieros”- otro contrato por adjudicación directa de 393 mil pesos. El objeto del contrato era realizar otro estudio y un proyecto ejecutivo del sistema de agua potable del municipio Las Choapas.

Supervisión Técnica por Veracruz también participó como empresa supervisora de HR Soluciones en Ingeniería, encargada de modernizar el camino a Atlahuilco, Veracruz, cuyo contrato por casi 11 millones de pesos fue entregado el 21 de abril de 2015 por la CDI.

Empresa de la funcionaria ‘compitió’ con la de su madre

Mientras que el 26 de marzo de 2015, cuatro días antes de que Shariffe Osman entrara formalmente a la Comisión, la empresa de su madre ganó otro contrato de la CDI por adjudicación directa, por 2 millones 112 mil pesos, para realizar labores de “supervisión externa” de obras “en diversas localidades” de Veracruz.

Aunque este último contrato fue por adjudicación directa, la CDI quiso ‘sondear’ el mercado en busca de otras ofertas. Y mediante sendos oficios –aquí puedes leer uno y aquí el otro– envió una carta a Supervisión Técnica por Veracruz y otra a la empresa El Hebariye Constructora SA de CV, para que ambas hicieran propuestas económicas.

¿Pero quiénes son los socios accionistas de El Hebariye? Según el acta constitutiva de la empresa obtenida por Animal Político, los accionistas son: la actual jefa del departamento de administración de la CDI, Shariffe Osman Flores; su padre, Hassan Osman Domínguez; y su hermano, Hassan Osman Flores.

Finalmente, tal y como consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la CDI-Veracruz, la dependencia desechó la propuesta de la empresa de Shariffe Osman, y optó por darle el contrato a la compañía de su madre, Irma Flores Sangabriel.

Empresa del primo de la funcionaria también ha sido beneficiada

Otra de las empresas beneficiadas por la CDI-Veracruz es Urbanizadora y Constructora CAFX SA de CV. El 3 de junio de 2015, dos meses después de la entrada de Shariffe Osman como administradora, esta compañía recibió un contrato por 4 millones 555 mil pesos para la “construcción del sistema de drenaje sanitario” en el municipio de Chontla, Veracruz.

Los propietarios de esta empresa, de acuerdo con el acta constitutiva registrada en la Secretaría de Economía, son Félix Alfredo Niño Flores y Claudia Liliana Cruz Villar, quien es la administradora única.

Félix Niño Flores es primo hermano de Shariffe Osman. Y según el portal de transparencia del gobierno veracruzano, hasta hace unos días laboraba como enlace administrativo de la Subsecretaría de Gobierno; cargo al que llegó tras ocupar un puesto en el Comité Directivo del PRI estatal (2011-2013).

La otra accionista, Lilliana Cruz, es esposa de Niño Flores, e hija del actual secretario de gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Óscar Cruz Alexander.

Animal Político tiene en su poder documentos que avalan el vínculo entre  Félix Niño Flores y su prima, la funcionaria Shariffe Osman.

El vínculo también quedó confirmado en la revista de sociedad ‘Xalapeñísima’. En su edición de mayo de 2015 –un mes después de que la servidora pública accediera al cargo en la CDI-, la revista publicó el foto-reportaje titulado ‘Shariffe: plena y feliz’ con motivo del baby-shower que le organizó su madre, Irma Flores Sangabriel.

En las fotos aparece como invitada Claudia Liliana Cruz, esposa del primo de la funcionaria. Además, en el evento de ‘socialité’ también aparece quien ‘palomeó’ el contrato por más de cuatro millones para Constructora CAFX: Irais Maritza Morales Juárez, delegada de la CDI-Veracruz.

Animal Político documentó que Irais Maritza Morales y Shariffe Osman tienen una relación de amistad desde años previos a la llegada de ambas a la Comisión indígena en febrero y abril de 2015, respectivamente. Ahora, la delegada da el visto bueno con su firma a contratos que benefician con millones a las empresas de la familia de su amiga, Shariffe Osman.

Animal Político buscó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a nivel federal y delegación estatal, para conocer su opinión ante este posible conflicto de interés. Pero al momento de publicar este reportaje, no habían ofrecido una respuesta.

También se contactó vía telefónica a las empresas Supervisión Técnica por Veracruz y Urbanizadora y Constructora CAFX. En el caso de la primera, su número telefónico conduce siempre al mismo contestador que asegura que la línea está ocupada. Mientras que un administrador de Constructora CAFX sí respondió la llamada, pero hasta el momento la compañía no ha emitido ningún pronunciamiento.

Simulan otras competencias

Al margen de los contratos con la Comisión indígena de Veracruz, la empresa El Hebariye Constructora, de la que es socia accionista Shariffe Osman junto con su padre y hermano, tiene un largo historial de contratos con dependencias veracruzanas, los cuales fueron obtenidos en licitaciones a por lo menos tres empresas en las que se simuló una ‘competencia’.

Por ejemplo, en esta licitación de 2013, El Hebariye ganó un contrato con Conagua por 3 millones 108 mil pesos para hacer “un diagnóstico y proyecto ejecutivo” para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y drenaje en Altotonga, Veracruz.

Para obtener ese contrato, El Hebariye ‘compitió’ contra las propuestas de otras dos empresas: Supervisión Técnica por Veracruz y Constructora Direg SA de CV. Como ya se documentó, Supervisión Técnica es la empresa en la que figura como administradora y representante Irma Flores, madre de Shariffe.

Mientras que los accionistas de Constructora Direg son Magaly Hernández Sangabriel y su hermano Héctor Manuel Hernández Sangabriel, actual alcalde de Coacoatzintla, Veracruz, quienes a su vez son primos de Shariffe Osman.

Las tres empresas con vínculos familiares ‘compitieron’ entre sí por un contrato.

En esta otra licitación del 11 de junio del 2012 con la secretaría de comunicaciones veracruzana, la compañía El Hebariye ganó un contrato por 2 millones 494 mil pesos para rehabilitar un puente en Sotepan, Veracruz. De nuevo, ‘compitió’ contra las otras dos empresas de la familia: Supervisión Técnica y Constructora Direg. Y ese mismo día, el 11 de junio de 2012, El Hebariye se adjudicó otro contrato por un millón 498 mil pesos, ‘compitiendo’ contra las mismas empresas.

Y otro ejemplo. En esta licitación de la secretaría de comunicaciones veracruzana, de marzo de 2013, otra empresa entró a competir por un contrato con El Hebariye y Supervisión Técnica. Se trata de Karest Construcciones SA de CV, compañía que de acuerdo con este documento fue representada en la licitación por Héctor Manuel Hernández Sangabriel, el alcalde de Coacoatzintla, dueño de otra de las ‘competidoras’ habituales, Constructora Direg, y familiar de los Osman-Flores.

A pesar de la entrada de un nuevo competidor en la licitación, El Hebariye  ganó el contrato; esta vez por 4 millones 715 mil pesos para realizar obras de “revestimiento” en Ozuluama, Veracruz.

Animal Político contactó a Carlos René Ramírez Martínez, apoderado legal de Karest Construcciones. En entrevista telefónica, Ramírez subrayó que Héctor Manuel Hernández no forma parte de la nómina de esta constructora, y que su participación se redujo a asistir a una junta de licitaciones a entregar “unos documentos” como “favor” personal.

Según dijo el apoderado legal, Karest Construcciones desconocía que Héctor Manuel Hernández Sangabriel era familiar de los socios de las otras dos empresas contra la que competían por este y otros contratos.


Este medio también buscó Héctor Manuel, alcalde de Coacoatzintla. Pero el número telefónico de su empresa, Construcciones Direg, no existe.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/comision-indigena-contratos-veracruz/

Recuperan rancho El Faunito, en el que Duarte habría invertido 200 mdp de recursos públicos

CIUDAD DE MÉXICO: En su primer día frente al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares anunció la recuperación del rancho El Faunito, ubicado en Fortín de las Flores, propiedad del prófugo Javier Duarte.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para Noticieros Televisa, el mandatario estatal detalló que se trata de un terreno de más de 70 mil metros cuadrados en donde Duarte habría invertido más de 200 millones de pesos de recursos públicos.

“Nosotros logramos que esta casa fuera devuelta a los veracruzanos”, dijo.

Según Yunes Linares, el prestanombres de Duarte, José Juan Janeiro Rodríguez, entregó la propiedad al gobierno de Veracruz y seguirá el proceso que se tiene en su contra por delincuencia organizada.

El nuevo gobernador aseguró que la propiedad será subastada y los recursos recuperados serán destinados para el sector salud y zonas marginadas.

Miguel Ángel Yunes aseguró que la hacienda El Faunito fue uno de los últimos escondites de Javier Duarte.


“Días antes de huir, fue a esa casa, sacó una serie de documentos, de bienes. Llegó acompañado por un grupo de personas y un camión de mudanza y por eso la casa pareciera estar medio abandonada”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464753/recuperan-rancho-faunito-en-duarte-habria-invertido-200-mdp-recursos-publicos

Recuperan $421 millones desviados por Javier Duarte a empresas fantasma

Fueron recuperados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR; serán devueltos a la Tesorería de Veracruz.

Parte del dinero desviado por la administración del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, fue recuperada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR.

El monto asciende a 421 millones de pesos que, de acuerdo con un comunicado, serán devueltos a la Tesorería de Veracruz. “Detectados estos recursos, se procedió a iniciar una serie de procesos contra las empresas destinatarias de éstos. Dos de las empresas que los recibieron, una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales firmaron voluntariamente un convenio”.

“Estos 450 millones de pesos recuperados, y que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con herramientas modernas del nuevo Sistema Adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente”, dijo el procurador Raúl Cervantes.

Comunicado completo de la PGR:
Comunicado 1921/16
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016

RECUPERA PGR 421 MILLONES EN FAVOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

En las investigaciones sobre irregularidades cometidas por el gobernador con licencia, Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, se detectaron operaciones ilegales con recursos provenientes del erario veracruzano. En el desarrollo de las mismas, la información proporcionada por el gobierno electo en Veracruz fue relevante.

Detectados estos recursos, se procedió a iniciar una serie de procesos contra las empresas destinatarias de éstos. Dos de las empresas que los recibieron, una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales firmaron voluntariamente un convenio con la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), con lo que ambas instituciones están recuperando $ 421 millones de pesos que serán devueltos a la Tesorería del Estado de Veracruz.

El primer monto, corresponde a $ 250 millones de pesos, se encuentra listo para ser entregado a las autoridades veracruzanas, y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente.

El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, declaró: “Estos $450 mpd recuperados, y que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con herramientas modernas del nuevo Sistema Adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente”.

Esta Procuraduría desea resaltar dos aspectos primordiales:

1.- Las personas jurídicas son sujetas de investigaciones y como tal deben adoptar las medidas necesarias de control en su organización para evitar sean utilizadas, precisamente, para la comisión de cualquier ilícito.

2.- Independientemente de las sanciones de perdida de la libertad personal respecto de los principales autores de los actos criminales, esta Institución se ha enfocado al aseguramiento y recuperación de activos producto de hechos ilícitos.


Esta forma de actuación será una constante para evitar la impunidad y procurar la recuperación del producto del delito, por quien lo comete o se beneficia de este.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2911/mexico/recuperan-421-millones-desviados-por-javier-duarte-a-empresas-fantasma/

Giran orden de aprehensión contra extesorero de León por desvío de recursos

LEÓN, Gto: Un juez penal en León libró orden de aprehensión contra el extesorero municipal Roberto Pesquera Vargas y el subdirector de gestión y administración Enrique Dueñas Aguilar, quienes durante la gestión de la exalcaldesa priista y actual diputada federal Bárbara Botello Santibáñez habrían desviado recursos públicos a través de varias empresas fantasma que fueron creadas para asignar contratos de adquisiciones, servicios y obras.

Esta orden de aprehensión deriva de las 10 denuncias interpuestas por el actual gobierno municipal leonés, que encabeza el panista Héctor López Santillana, ante la Procuraduría de Justicia del estado, instancia que confirmó la obtención de la orden de captura contra el extesorero y el subdirector administrativo de Botello Santibáñez en el trienio anterior.

Según la acusación, ambos funcionarios simularon compras y adjudicaciones de contratos para diversos servicios a empresas que resultaron ser apócrifas, e incluso se utilizó la identidad de una persona que resultó ser trabajador de la construcción y quien desconoció los contratos.

Presuntamente el extesorero se encuentra fuera el país.

Como resultado de una revisión de auditoría al recibir el gobierno, la actual administración informó que se encontró con la contratación de servicios y compras a proveedores por casi siete millones de pesos sin que se localizara a las empresas, además de que por lo menos la mitad de ese monto resultó ser de compras inexistentes, según consignó el portal zonafranca.mx.

Dos de los asuntos específicos que se encuentran contenidos en los procesos penales que se siguen contra estos dos exfuncionarios del trienio priista pasado son las irregularidades en el sistema informático de contabilidad de la Tesorería municipal, que se adquirió a un costo superior a los 750 mil pesos pero no funcionó correctamente, así como la contratación de una empresa denominada Prohispa para la impartición de cursos en materia de prevención del delito, mismos que en realidad se ofrecieron por parte de personal del propio gobierno municipal.

Al corroborar los datos de las empresas se encontraron domicilios falsos o que no correspondían; tampoco se pidieron las fianzas obligadas por ley como garantía en otros contratos.

En junio pasado, la Procuraduría procedió contra Gustavo Torres Navarro, quien fungió como director de Prevención del delito en el trienio de la actual diputada Botello Santibáñez, por la presunta simulación del contrato para los talleres en el tema por los que se pagaron 650 mil pesos.


Se dictó formal prisión contra el exfuncionario, pero éste se presentó con un amparo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462255/giran-orden-aprehension-contra-extesorero-leon-desvio-recursos

Padrés desvío 312 millones de pesos provenientes del erario, revela PGR

Entre los años 2009 y 2014, el su gobierno otorgó licitaciones a modo a un grupo de empresas vinculadas a él y su familia, las cuales salieron beneficiadas con contratos públicos que conjunto sumaron 260 millones de pesos.

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, enfrenta dos procesos acusaciones penales por el presunto desvío de 312 millones de recursos públicos mediante la creación de empresas fantasmas que luego de recibir contratos de su administración, transferían el dinero a compañías fachada en el extranjero

La Procuraduría General de la República informó que una de las causas penales contra Padrés Elías es por su probable responsabilidad en los delitos de defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero por un monto total de 134 millones de pesos; mientras que la otra es una indagatoria en la que enfrenta cargos por delincuencia organizada y por transferir de manera ilícita 178 millones de pesos entre diversas cuentas bancarias.

El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, explicó que derivado de ambas causas penales, este jueves se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra el ex mandatario panista y su hijo Guillermo Padrés Dagnino en las inmediaciones del Reclusorio Oriente.

Agregó que derivado de ambos mandamientos judiciales, Padrés Elías fue ingresado al Reclusorio Norte luego de ser obligado a comparecer ante otro impartidor de justicia en otra causa judicial; mientras que su hijo Guillermo Padrés Dagnino, fue puesto a disposición de un juzgado federal con sede en Toluca, Estado de México, para definir si se les dicta auto de formal prisión o si se ordena la inmediata libertad de ambos por falta de indicios para probarles algún delito.

El titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, detalló que el esquema de operación financiera ideado por el ex gobernador de Sonora en la causa penal por lavado de dinero y defraudación fiscal consistió en la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, a las cuales envío 8 millones de dólares, equivalentes a 134 millones de pesos al tipo de cambio vigente en la época de los hechos.

El fiscal antilavado de la PGR agregó que estos recursos no fueron asentados por Guillermo Padrés Elías en su declaración fiscal y patrimonial, destacando que el dinero depositado en dichas cuentas era transferido de México al extranjero y regresados de nuevo a instituciones financieras de nuestro país para tratar de ocultar su origen ilícito.

“A través de esta maquinación el ex gobernador pretendió ocultar el origen de estos recursos para introducirlos al sistema financiero aparentando que se trata de recursos lícitos. Posteriormente, dispersó los recursos a empresas controladas por el núcleo familiar en México con el fin de ocultar su origen, pero se trataba solamente de empresas que facturaron operaciones simuladas“, advirtió Díaz Cervantes.

Por lo que respecta a la imputación por delincuencia organizada, el fiscal antilavado de la PGR detalló que entre los años 2009 y 2014, el gobierno de Padrés otorgó licitaciones a modo a un grupo de empresas vinculadas a él y su familia, las cuales salieron beneficiadas con contratos públicos que conjunto sumaron 260 millones de pesos.

Una vez que se realizaban los pagos del gobierno de Sonora a las citadas empresas, los recursos eran transferidos a una cuenta concentradora que tenía como beneficiarios a un ex colaborador del ex gobernador y a su propio hijo, Guillermo Padrés Dagnino, por lo que también se libró la orden de aprehensión en su contra.

“De esta forma se detectaron depósitos por 178 millones de pesos, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos a cuentas de familiares del ex gobernador, de uno de los hijos del ex gobernador, del ex gobernador, y empresas relacionadas con su núcleo familiar, con la finalidad de ocultar el origen, la propiedad, el destino y el propietario de los mismos, siendo que una parte de este dinero se dispersó con el fin de ocultar su origen en cuentas de bancos en el extranjero”, explicó la PGR.

El subprocurador de Control Regional, Gilberto Higuera, señaló que luego de comparecer ante Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México por la primera causa penal, se ejecutaron las órdenes de aprehensión que giró el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México contra Guillermo Padrés Elías y su hijo derivado de la segunda acusación que enfrentan, por lo que ambos pudieron conocieron las imputaciones en su contra sin que se violara su derecho al debido proceso.

Guillermo Padrés logró suspensión para evitar traslado a penales de alta seguridad

Durante las diligencias de los dos procesos penales que enfrenta, el ex gobernador de Sonora. Guillermo Padrés Elías, presentó una suspensión provisional que le concedió un juez federal para que permanezca recluido en un penal de la Ciudad de México y no sea trasladado a penales federales de alta seguridad.

La suspensión le fue concedida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo con expediente 1009/2016, lo que impide su traslado fuera de la Ciudad de México.


Por el momento, se desconoce si el hijo cuenta con una suspensión similar, ya que este comparece ante un juzgado federal con sede en Toluca, Estado de México, el cual está adscrito al penal federal de El Altiplano en Almoloya de Juárez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/padres-desvio-312-millones-de-pesos-provenientes-del-erario-revela-pgr/

Extesorero reconoce que con Javier Duarte fueron desviados 315 mdp de recursos federales

Dinero asignado a Servicios de Salud de Veracruz fue utilizado para burocracia y para “la demanda de más seguridad”, reconoció el diputado federal Tarek Abdalá, extesorero de Javier Duarte.

Antonio Tarek Abdalá Saad, uno de los extesoreros del gobierno de Javier Duarte y actual diputado federal por el PRI, reconoció que más de 300  millones de pesos de un subsidio federal de salud se canalizaron para otras “prioridades” de la administración estatal, pero sostuvo que  solo cumplía con una política de gasto establecida así por el gobierno veracruzano.

El expediente de la investigación que derivó en una inhabilitación, por 10 años, para ejercer cargos públicos impuesta por la Contraloría de Veracruz a Tarek Abdalá, al que Animal Político tuvo acceso, establece que la actuación del hoy diputado fue considerada de “gravedad”, por lo que se le impuso la máxima sanción administrativa.

El documento de resolución, de 45 páginas, también establece que Tarek Abdalá fue “omiso” en el desempeño de las obligaciones que conllevaba su cargo, entre las que figuraban custodiar la integridad de los recursos públicos lo que incluyen los objetivos para lo que fueron etiquetados.

La investigación se dio como resultado de la denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ante la Contraloría estatal, derivado de la desaparición de 315 millones 627 mil 148 pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entregado a la administración de Duarte en 2013.

La sanción recayó en Tarek Abdalá Saad porque se desempeñaba como Tesorero de la Secretaría de Finanzas en ese periodo. Estos 315 millones desviados del FASSA son solo una denuncia de múltiples que ha interpuesto la Auditoría por el desvío de más de 60 mil millones de pesos.

“Era la política estatal”

Tarek Abdalá compareció por escrito, el pasado 11 de febrero, en una audiencia a la que lo citó la Contraloría General de Veracruz como parte del procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra. Esto con el fin de que explicara porque no transfirió a los Servicios de Salud de Veracruz la totalidad de las partidas federales destinadas a ellos.

En su escrito, el diputado niega “lisa y llanamente” haber incurrido en una falta de control de los recursos del referido subsidio federal, pero reconoce luego que estos se habrían utilizado con otras finalidades, ya que supuestamente se había reducido la cantidad de dinero que tenían disponible sin etiquetar.

“Mi actuar atendió a la observancia de las diversas políticas públicas establecidas por el Gobierno del Estado en materia de gasto, derivado de la reducción del flujo de recursos de libre aplicación por la afectación de participaciones federales del Estado”, refiere en su escrito.

La prioridad era la operación del gobierno del estado sobretodo en el tema de “pagos de salarios a maestros, policías y en general a todos los empleados del Gobierno del Estado”, respondió. A ello se suman pagos que se hicieron para cumplir con las prestaciones sociales a los empleados públicos estatales activos y jubilados.

Incluso, el extesorero de Duarte justificó el supuesto uso del dinero para atender los problemas de seguridad en el estado como la sociedad lo exigía.

“La prioridad de canalizar fondos para cubrir la creciente demanda social en materia de seguridad pública. Todo ello necesidades prioritarias de la Administración Pública, logrando así satisfacer las actividades sustantivas y mantener el equilibrio dinámico de la gobernabilidad y la viabilidad a las finanzas públicas estatales”, justificó Tarek.

Omisiones graves

El dictamen de la Dirección General de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría concluye que los argumentos expuestos por el extesorero del gobierno de Veracruz no desacreditan las responsabilidades que se le imputan, y por el contrario confirman que no cumplió con su deber de custodiar la integridad de los recursos del erario público.

Aunado a ello, los contralores destacaron que Tarek Abdalá no entregó  pruebas documentales más allá de sus dichos, que pudieran desvirtuar las irregularidades que se cometieron con el manejo de más de 300 millones de pesos.

“La responsabilidad administrativa omisiva consiste en la inobservancia de una acción fijada que el servidor tenía la obligación de efectuar y además podía hacer (…) lo esencia en esta responsabilidad es el incumplimiento de un deber”, concluye en ese tema el dictamen de resolución.

La Contraloría considera que los hechos investigados son de “gravedad” derivado del monto de la afectación que sufrieron los recursos federales que se debieron destinar a los Servicios de Salud de Veracruz, motivo por el cual se le impuso la sanción administrativa más alta que permite la ley, y que es una “inhabilitación temporal de diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones” en el servicio público estatal.

El expediente aclara que  la investigación no profundizó en la verificación del destino de los recursos federales, más allá de los dichos hechos por el servidor público sancionado, sin embargo se resalta que el caso amerita la interposición de las denuncias penales correspondientes para que se realicen las indagatorias que correspondan.

La notificación de esta resolución se le comunicó al exfuncionario de Duarte desde el pasado 27 de septiembre, a través del oficio CG/DGIyESP/2062/2016, de acuerdo con los documentos que forman parte del expediente de la investigación.

Antonio Tarek Abdalá Saad se desempeñó como tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz hasta el 1 de diciembre de 2014, luego de que renunciara al cargo para postularse como candidato a diputado federal por el PRI. A la postre ganó la elección.

Actualmente Abdalá cuenta con el fuero federal lo que impide que pudiera ser detenido por una acusación penal, a menos de que hubiera un juicio de procedencia previo en el Congreso. Tarek forma parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, entre otras.

¿Y los demás?

Este proceso de sanción en contra de Tarek Abdalá fue resultado de la investigación que realizó la Contraloría de Veracruz, luego de las irregularidades que reportó la ASF en la auditoría 799 practicada con motivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013.

Pero el monto de daño patrimonial reportado en dicha auditoría (315 millones de pesos) representa una fracción de los más de 60 mil millones de pesos de partidas federales que la Auditoría ya ha reportado e incluso denunciado penalmente, cometidos entre 2010 y 2014 durante la administración del hoy gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.

Por lo menos seis funcionarios distintos se han desempeñado como secretarios de finanzas durante el actual gobierno estatal de Veracruz.

El último de ellos es Antonio López Pelegrín, quien reconoció públicamente, el pasado 30 de octubre, que los recursos de subsidios federales (incluidos los destinados a municipios) se usaron para el pago de salarios y otras “prioridades” del gobierno estatal y no para los fines originalmente  etiquetados.

Se trata exactamente de los mismos hechos por los cuales fue inhabilitado y denunciado penalmente Antonio Tarek Abdalá Saad.


Uno de los funcionarios que también se desempeñó como tesorero de Veracruz fue Vicente Benítez González, quien es investigado por el posible desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma. El sábado pasado, y tras tramitar una demanda de amparo contra una posible detención, Benítez rindió protesta como diputado local.

Contraloría de Veracruz by http://www.animalpolitico.com on Scribd

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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/extesorero-duarte-desvio-recursos-tarek-veracruz/

Desvíos de Duarte y Padrés suman 4,600 mdp, según ASF; es decir, 422.2 millones de desayunos escolares

La Auditoría Superior de la Federación ordenó en su informe de 2014 a los gobiernos de Guillermo Padrés (Sonora) y de Javier Duarte (Veracruz) proporcionar la documentación que aclare y acredite el ejercicio y aplicación por 4 mil 642 millones 22 mil 155 pesos de 2014 a mayo de 2015, otorgados para que se gastaran principalmente en fondos para la seguridad pública, salud y educación. Ambos políticos, acusados no sólo por desvío de recursos, están prófugos y son buscados por la Interpol. Pero, ¿qué podrían adquirir los mexicanos comunes con los millones que presuntamente se robaron el panista y el priista?

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó en su informe de 2014 a los gobiernos del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Elías Padrés, y del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, –ambos prófugos y buscados por la Interpol– que aclaren y acrediten con documentos el ejercicio y aplicación por 4 mil 642 millones 022 mil 155 pesos de 2014 a mayo de 2015.

Esos millones de pesos, tan solo por desvío de recursos, alcanzarían para:

• 422 millones 2 mil 014 desayunos escolares fríos del DIF conformados por un cuarto de leche (4 pesos), una barra o galleta de avena (4 pesos) y 30 gramos de cacahuate (3 pesos); éstos son destinados a niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reportó ayer que la pobreza extrema entre los niños de América Latina triplica a la de los adultos.

• 928 departamentos de 5 millones de pesos con dos recámaras en la colonia Nápoles de la Ciudad de México o 3 mil 438 departamentos de 1 millón 350 mil pesos con tres recámaras en La Viga, también en la CdMx.

• 23 mil 854 autos Versa Drive (Nissan) de 194 mil 600 pesos o 20 mil 183 vehículos Jetta 2017 de 229 mil 990 pesos.

• 4 mil 468 jóvenes mexicanos tendrían acceso a todos los niveles de educación en planteles privados.

Sobre la cifra anterior y de acuerdo con Francisco Aguilar, asesor Patrimonial y de Seguros, el costo por nueve años de educación primaria y secundaria en una escuela privada promedio podría situarse en un rango de 299 mil 376 pesos.

Además, todo el período de preparatoria cuesta 399 mil 352 pesos en el Tec de Monterrey, y para estudiar una carrera en la Universidad Iberoamericana se erogan 340 mil 070 pesos. Esto da un total de 1 millón 038 mil 798 pesos.

• 165 mil 786 partos con cesárea incluyendo hospitalización en una clínica de Río Consulado, en la capital del país, con un precio de 28 mil pesos.

• 5 millones 287 mil 041 tratamientos contra la depresión para un mes. Incluye el antidepresivo escitalopram [con costo de 378 pesos] y terapia [500 pesos].

• 13 millones 76 mil 118 perros alimentados por dos semanas con croquetas (195 pesos, 4 kilos) y filetes de res o pollo (160 pesos).

En septiembre, un juez giró una orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías (2009-2015), por el delito de desvío de recursos, entre otros.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación ordenó a su gobierno proporcionar la documentación que acredite el ejercicio y aplicación por mil 105 millones 350 mil 259 pesos en fondos para la seguridad pública, salud, educación, infraestructura social y agua potable.

Un mes después vino el turno del ahora ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y la Procuradora Arely Gómez confirmaron la existencia de una orden de aprehensión contra el priista, quien días antes dejó el cargo para enfrentar acusaciones de corrupción en su contra. La PGR lo investiga por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

La ASF demandó a su gobierno esclarecer y acreditar con documentos el gasto por 3 mil 536 millones 671 mil 896 pesos en fondos para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz, seguridad pública, justicia, educación y salud.


SUS OTROS CRÍMENES

Una presa privada, 450 caballos pura sangre, empresas fantasma… tanto el panista como el priista acumularon una serie de delitos relacionados con la corrupción que hoy tienen a sus partidos políticos muy mal parados (y sus líderes peléandose).

El panista Guillermo Padrés fue señalado en 2014 por tener una presa hidráulica privada en su rancho Pozo Nuevo, actualmente embargado y recientemente cateado por las autoridades estatales.

En marzo del año pasado, Padrés Elias y su hermano recibieron 8.9 millones de dólares de un empresario vinculado a compañías que han ganado contratos estatales, reveló The Wall Street Journal.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investigaba el envío de 3.3 millones de dólares de Mario Aguirre –un importante empresario de Sonora que ha ganado millones de dólares en uniformes escolares– a las cuentas de los hermanos Padrés.

Desde 2015 las autoridades han estado rodeando al ex Gobernador. En diciembre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora abrió 30 expedientes diferentes para indagar las sospechas de casos de corrupción durante su administración. También, desde hace un mes, la nueva Comisión Anticorrupción panista lo investiga y el blanquiazul le retiró sus derechos.

En septiembre de este año, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora inició una investigación para conocer la procedencia de aproximadamente 450 caballos pura sangre, con valor de más de 100 millones de pesos, que pertenecen al ex Gobernador panista.

Padrés entregó una deuda por 22 mil 780 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Respecto a Javier Duarte de Ochoa, además de ser señalado por un incremento en las agresiones contra la prensa, el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, lo acusó hace meses de tener, utilizando nombres de familiares y conocidos, 25 propiedades en México y fuera del país valoradas en unos 159 millones de dólares.

Dejó un estado endeudado por 45 mil 446 millones de pesos.

La PGR, que asumió el caso en septiembre, informó sobre la detención de dos mujeres presuntamente relacionadas con decenas de “empresas fantasma” ligadas con lavado de dinero y que obtuvieron contratos del Gobierno de Duarte.

Según una investigación del medio digital Animal Político, al menos 645.7 millones de pesos desaparecieron del erario veracruzano únicamente entre 2012 y 2013 a través de estas operaciones.

Después de pedir licencia, el priista aseguró en una entrevista con Televisa: “No voy a huir, me quedo en Veracruz” para “atender estas infamias, estas calumnias”.


Posteriormente nadie, ni el fiscal local, sabía su paradero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-10-2016/3107399