César Duarte construyó una presa en uno de sus ranchos sin permiso de la Conagua

Poco después de asumir el cargo de gobernador de Chihuahua, César Duarte comenzó la construcción de una presa dentro de uno de sus rancho sin que la Conagua le diera permiso de explotar aguas federales.

A un mes de asumir el cargo como gobernador de Chihuahua, César Duarte comenzó la construcción de una presa dentro de uno de sus ranchos, a pesar de no tener concesión alguna por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de acuerdo con un reportaje difundido en el noticiario 10 En Punto de la periodista Denise Maerker.

La presa –cuya inversión fue de 100 millones de pesos– almacena 3 millones de metros cúbicos de agua que sirven para regar sembradíos de nogal dentro del rancho El Saucito, propiedad del exgobernador priista.


El Saucito es uno de los seis ranchos que Duarte tiene en el municipio de Balleza, en Chihuahua.

La obra que no tuvo el aval de Conagua tuvo una inversión de 100 mdp #10EnPunto https://t.co/GSIMvjB1UP

— Denise Maerker (@DeniseMaerker) 25 de octubre de 2016

Este no es el primer caso de un gobernador que construye una presa sin la autorización de la Conagua para explotar aguas federales.

En febrero de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) multó al ahora prófugo exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por la construcción de una presa sin permiso. 

Meses antes, en noviembre de 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició un procedimiento administrativo-sancionatorio contra de Padrés Elías por la construcción de una presa sobre un cauce federal, en el rancho de su propiedad conocido como Pozo Nuevo.


El 21 de noviembre iniciamos formalmente procedimiento administrativo, la primera etapa fue de inspección y el 21 notificamos un procedimiento administrativo sancionatorio, lo cual permite que eltitular del predio tenga la oportunidad de aportar las pruebas que crea convenientes en el procedimiento y tiene un término de hasta 20 días hábiles para hacerlo y la autoridad hasta 40 días hábiles para responder. Es un procedimiento administrativo-sancionatorio lo que se inició”, indicó el entonces titular ¡de la Conagua, David Korenfeld.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/cesar-duarte-construyo-una-presa-en-uno-de-sus-ranchos-sin-permiso-de-la-conagua/

Javier Duarte construyó su rancho para vacacionar con dinero de Salud y Educación

Este domingo, la PGR presentó las conclusiones de la investigación realizada contra dos mujeres vinculadas a la red Duarte y las empresas fantasma de Veracruz.

Un rancho de lujo con caballerizas y suites incluidas, localizado en Valle de Bravo, Estado de México,  donde el exgobernador Javier Duarte y su familia vacacionaban, fue comprado y remodelado con más de 200 millones de pesos desviados del presupuesto de las secretarías de Educación y Salud de Veracruz.

El dinero, según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), fue triangulado a través de múltiples empresas fantasma.
Tanto la PGR como la Secretaría de Hacienda presentaron ante un juez federal, una acusación en la que se identifica a Javier Duarte como “jefe de una estructura criminal” en la que participaron al menos ocho personas más, diseñada con el fin de lavar dinero público.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público y debatidas en una audiencia ayer domingo –que se extendió por casi siete horas–, fueron consideradas suficientes por un juez para abrir el juicio contra las dos mujeres detenidas la semana pasada por sus presuntos vínculos con las empresas fantasma de Duarte.

La acusación incluye el testimonio de Alfonso Ortega López, un abogado corporativo que confiesa la creación de múltiples empresas fantasma en los últimos cinco años, bajo las órdenes de Javier Duarte y Moisés Mansur.


Se trata de la primera de varias averiguaciones que tiene abierta la PGR y que serán presentadas ante la justicia en las próximas semanas y meses.

La red que permitió desviar los recursos está constituida por múltiples empresas que según la PGR y Hacienda denominaron como “fantasma o fachada”, porque solo “existen en el papel” y en el mejor de los casos los domicilios existen pero sólo se trata de habitaciones en la mayoría de los casos.

El eje central de esta acusación es una empresa de nombre Consorcio Brades S.A de C.V en la que aparecen como accionistas las dos mujeres detenidas con iniciales EAP y NIAP (cuyo nombre se reservará a partir de ahora por orden del juez).


Brades acordó con Moisés Mansur (amigo y presunto prestanombres de Duarte) el pago de 223 millones de pesos, por la compra sobrevaluada de cinco parcelas de unos ejidos en Lerma de Campeche en diciembre de 2013.

Esos ejidos habían sido adquiridos por Mansur tres años antes en apenas millón y medio de pesos, incluso, el valor catastral de los mismos eran de 200 mil pesos pero se tuvo que desembolsar más dinero a un gestor, Antonio Almazán, para convertir a Mansur en “ejidatario”, pues la Ley agraria exige que solo los habitantes de la región puedan comprar terrenos ejidales.

Pero…. ¿de dónde sacó Consorcio Brades 223 millones para pagarle a Mansur esas parcelas ejidales sobrevaluadas? De acuerdo con la PGR y Hacienda dicha la empresa, que no tiene antecedente ni perfil que justifique sus operaciones y carece de empleados, pagó con recursos públicos.

El origen del dinero

La investigación ministerial permitió documentar que Consorcio Brades fue “fondeada” por al menos nueve empresas que le entregaron más de 300 millones de pesos. Entre esas empresas están Medical Healthy Service S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Melvan; Sacmet Inmobiliaria S.A de C.V; Benfa Inmobiliaria S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Alim S.A de C.V y otras.

Este grupo de empresas intermediarias a su vez recibieron el dinero de otras compañías como Solaris Technologies; Aglomerados de Concretos del Papaloapan o Evolución de Diseños que eran proveedoras de productos  y servicios de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Veracruz.

Todas las empresas señaladas son “fachada”. En varias de ellas aparecen como representantes legales o apoderados José Juan Janeiro Rodríguez y Javier Nava Soria, hoy prófugos de la justicia.


La PGR señaló que no hay evidencia alguna que las empresas proveedoras hayan surtido los servicios productos por los que fueron contratados. El esquema, es el mismo que el utilizado en el reportaje sobre empresas fantasma publicado por Animal Político en donde se movieron casi mil millones de pesos solo de recursos estatales, y cuyo destino final se encuentra bajo investigación.

El dinero, según la acusación de PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, nunca salió de la misma estructura criminal. Aunque el dinero era trasladado vía transferencia electrónica, las cuentas bancarias que lo movían estaban bajo control del mismo grupo. La intención era moverlo de cuenta en cuenta para hacer más difícil su rastreo.

Vámonos al rancho

En la acusación de la PGR ante el juez, obra el testimonio por escrito del abogado Alfonso Ortega López, quien confirmó que la compra de los ejidos fue una simulación para lavar dinero y que el dinero obtenido fue utilizado entre otras cosas para la adquisición y remodelación de El Rancho Las Mesas ubicado en Valle de Bravo.

“Se trata de una propiedad muy grande con una construcción central de al menos mil metros cuadrados. Tiene una terraza muy grande que da vista a todos los alrededores de la región pero también hay unas caballerizas y cuatro suites de lujo”, declaró.

De acuerdo con Ortega el rancho fue adquirido y construido por Javier Duarte, quien lo usaba para sus descansos vacacionales, pero como todas sus propiedades no estaba a nombre de él sino de sus prestanombres.

En este caso la propiedad fue adquirida por Moisés Mansur quien luego, vendió una tercera parte a José Juan Janeiro Rodríguez y la otra a Rafael Gerardo Rosas Bocardo. Así todos quedaron como propietarios del 33.3 por ciento del valor de la propiedad, al menos en el papel.

Ortega dijo que esto es solo un caso de varios de la creación de empresas fachada para invertir en la adquisición de propiedades en México y Estados Unidos.

Comienzan juicios por lavado

Luego de una audiencia celebrada ayer domingo y que se extendió por casi 7 horas, el juez federal Gerardo Moreno García decretó abrir un juicio (auto de vinculación a proceso) contra las dos únicas detenidas hasta el momento de las nueve personas consignadas por PGR el pasado 14 de octubre, y a quien se les giró una orden de aprehensión.

El juez dijo que había pruebas suficientes para abrir el juicio en contra de EAP y NIAP, accionistas de la empresa Consorcio Brades, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como se trata de una falta grave, la ley establece que ambas mujeres deben permanecer en prisión mientras se desarrolla el juicio.

En la audiencia, el abogado defensor Ricardo Zinser Cruz intentó desestimar la acusación de la PGR. No negó que sus clientas fueran accionistas de la empresa y la compra de los terrenos ejidales, pero rechazó que esto fuera un delito pues las propiedades se compraron al precio evaluado por un corredor público.

Rechazó que el consorcio de sus clientas se trate de una empresa fantasma solo porque su domicilio pertenece a una casa; también negó que hubiera forma de demostrar que sus clientas actuaron en complicidad con las otras personas señaladas en la acusación pues aseguró que no las conocen.

Pese a ello el juez decretó que las pruebas permiten presumir, por ahora, que hubo “una maquinación para efectos de ocultar el origen de los recursos” y que “existe una estructura delictiva que lo hizo posible.

Durante el desarrollo de la audiencia las dos accionistas acusadas escucharon las imputaciones sin mostrar mayores gestos de aprobación o desaprobación. Se negaron por el momento a emitir una declaración.

Dictado el auto de vinculación a proceso, la PGR solicitó al juez un plazo de seis meses para completar la investigación pero éste autorizó solo tres meses a petición de la defensa que lo consideró excesivo.

Buscarán un amparo

En entrevista tras concluir la audiencia, el abogado defensor, Ricardo Zinser, dijo que interpondrán una demanda de amparo en contra de la determinación del juez de someter a juicio a sus defendidas, pues consideró que no había elementos suficientes para ello.


“El testigo presentado por la PGR, Alfredo Ortega López, es un testigo de oídas (que no le constan los hechos). Además se dice que el compareció de manera voluntaria a la PGR en una carpeta de investigación donde mis defendidas nunca fueron citadas a declarar. Ahí hay una irregularidad”, expuso.

El abogado destacó además que Ortega, quien estaba citado como testigo en el juzgado, no se presentó lo que desde la perspectiva del abogado genera dudas de la veracidad de lo que dice.


Zinser aseguró que sus clientas tienen los elementos para demostrar que la empresa en la que aparecen como accionista tiene un origen lícito lo que va a desvirtuar toda la acusación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/pgr-rancho-duarte-desvios/

Contratos por productos que nunca llegaron: el patrón que repitió Duarte para desviar recursos

En un año, el gobierno de Javier Duarte desvió recursos que superan los 14 mil millones de pesos; auditores descubren nuevas empresas inexistentes, facturas falsas y supuestos beneficiarios de cobijas y despensas que nunca recibieron los apoyos.

El gobierno de Javier Duarte repitió hasta 2015 el mismo patrón para desviar recursos: contratos a empresas fantasma, adquisición de supuestos productos para poblaciones marginadas o damnificadas que nunca llegaron a sus beneficiarios, emisión de facturas que amparan operaciones falsas.

La auditoría de la Cuenta Pública 2015 de Veracruz descubrió que el año pasado se desviaron más de 400 millones de pesos con este modus operandi, que coincide plenamente con el utilizado en 2012, 2013 y 2014 para desaparecer casi mil millones como lo documentó Animal Político en un reportaje publicado en mayo pasado.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la auditoría entregado por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) al Congreso Estatal –y del que este medio tiene una copia–, este es uno de los múltiples desvíos de recursos detectados en al menos 27 dependencias y seis partidas de fondos federales y locales bajo la administración de Javier Duarte.

El monto total de todo el quebranto en 2015 en Veracruz supera los 14 mil 300 millones de pesos, cantidad que sobrepasa –por ejemplo– el presupuesto total del estado de Tlaxcala en 2016, que fue de 14 mil 262 millones de pesos; también representa casi la totalidad de recursos que tendrá la PGR en 2017: 15 mil millones de pesos.

El Informe de la ORFIS detalla la falta de comprobación del gasto de miles de millones de pesos que representan un posible fraude a la Hacienda Pública veracruzana.

De los 14 mil 322 millones presuntamente desviados en Veracruz, el 98.3 por ciento corresponde a recursos cuya administración o reparto eran responsabilidad de la administración de Javier Duarte; el dinero restante, poco más de 200 millones, son probables desvíos en 57 municipios.


La Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz recibió el pasado viernes, 7 de octubre, el informe de resultados con las anomalías detectadas. Una vez que sea revisado y aprobado, se dará luz verde al ORFIS para que imponga las sanciones correspondientes y las denuncias contra los funcionarios que resulten responsables.

8 de cada 10 pesos de la Sedesol Veracruz con irregularidades

En su revisión de la cuenta pública 2015, los auditores detectaron posibles desvíos en cinco secretarías. El mayor desfalco corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz: supera los 403 millones de pesos. En promedio hubo irregularidades en 8 de cada 10 pesos revisados en Sedesol Veracruz.

El desfalco está relacionado con recursos que Sedesol-Veracruz reporta haber invertido en beneficio de poblaciones marginadas o afectadas por fenómenos naturales, pero que la investigación arroja que no es verdad o no es posible de comprobar.

Por ejemplo, los auditores revisaron tres facturas por un monto de 36 millones cuyos conceptos fueron la compra de 200 mil cobertores y 55 mil despensas. Los documentos de comprobación de Sedesol indicaban que estos productos fueron repartidos a beneficiarios de once municipios pero cuando se acudió a verificar, los pobladores negaron haber recibido algo.

Además, las facturas que amparan esas compras resultaron falsas pues no estaban registrados y/o avaladas por Hacienda.

Dentro de estas mismas adquisiciones, la auditoría descubrió que en los domicilios fiscales de 10 de las empresas contratistas no existe en realidad la empresa ni el representante legal. Hay 30 contratos en donde no existe ninguna evidencia de que beneficiarios recibieran los supuestos apoyos.

Esta mecánica de irregularidades coincide con las reveladas en una investigación de Animal Político publicada en mayo pasado correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, donde se detectó que Sedesol Veracruz dio más de 40 contratos a empresas fantasma por conceptos como cobijas materiales o despensas, sin que haya pruebas de que beneficiarios los recibieron. Por estas irregularidades el ORFIS ya presentó una denuncia penal.

En la revisión de la Cuenta Pública 2015, el reporte de los auditores también arroja un desvío superior a los 800 mil pesos en el Fideicomiso FONDEN Veracruz destinado a la adquisición de apoyos para población damnificada. Las irregularidades están relacionadas a pagos duplicados a proveedores relacionados con emergencias por lluvias.

Millonario desfalco en pensiones

De los desvíos detectados en dependencias y organismos estatales más de la mitad –2 mil 943 millones– corresponden a irregularidades en el Instituto de Pensiones del Estado.

De acuerdo con el informe oficial, se detectaron 12 irregularidades distintas en el manejo de los recursos en este instituto cuya misión es garantizar el pago de sus pensiones y jubilaciones a los trabajadores retirados. La revisión abarcó el 60 por ciento de los recursos del instituto.

El probable fraude de mayor cuantía se ubica Fideicomiso del Fondo de Reserva F/745357, diseñado para garantizar el apoyo y préstamo económico a los trabajadores. Ahí simplemente hay un faltante de dos mil 700 millones de pesos sin que exista una justificación aparente.

A esto se suman un traspaso de 180 millones de pesos que se debió hacer al Instituto de Pensiones tras la firma de un convenio el 25 de agosto pasado, sin que eso haya ocurrido.

El reclamo por la falta de pago a los pensionados ya ha generado diversas manifestaciones públicas en los últimos meses. Por citar un ejemplo, el pasado 1 de agosto cientos de pensionados marcharon en Xalapa para presentar una denuncia penal en la Fiscalía del Estado por demoras de más de seis meses en los pagos.

Luego del Instituto de Pensiones el mayor desfalco se ubica en la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz en donde solo en 015 se detectó un posible fraude por más de 430 millones de pesos. Si se toma en cuenta que se auditó el gasto de 541 millones de esta secretaría, significa que hubo irregularidades en 8 de cada 10 pesos revisados.

Fraude en deudas y apoyos federales

El reporte del ORFIS destaca un daño patrimonial superior a nueve mil millones de pesos vinculado con el manejo de seis partidas específicas a cargo del gobierno estatal central de Veracruz. El monto más significativo corresponde a seis mil 136 millones relacionados con el financiamiento de la deuda pública de la entidad.

De acuerdo con los auditores la administración de Duarte adquirió diversos créditos con bancos privados para cubrir los adeudos pero no existe evidencia documental de a donde fue a parar el dinero

“Asimismo, no fueron presentados los expedientes de la planeación, ejecución, control y supervisión de la aplicación de los recursos obtenidos en los créditos señalados para inversión pública productiva, por lo que no existe certeza que los créditos hayan sido aplicados para los fines en que fueron autorizados por el H. Congreso del Estado” indica el informe de la auditoría.

A esto se suma también mil 439 millones de pesos de recursos etiquetados para el pago de múltiples proveedores pero de los que no hay comprobación al respecto.

El gobierno de Veracruz no solo registra opacidad en sus recursos propios sino también en los federales que le correspondería aplicar o repartir. Por ejemplo, el ORFIS reporta que la administración de Javier Duarte no ha confirmado el destino de 504 millones de pesos de subsidios federales destinados al fortalecimiento de los municipios.

Por otra parte, los auditores detectaron un faltante de más de 146 millones de pesos también de recursos federales que el gobierno estatal debió destinar para apoyar programas de salud, educación, desarrollo social, infraestructura, entre otros.

A esto se suman casi diez millones de pesos más relacionados con distintos retiros y operaciones bancarias y con efectivo cuyo destino no pudieron comprobar en las auditorías los funcionarios de Veracruz.

Daño en múltiples frentes

El informe del ORFIS reporta además de los casos mencionados, el posible daño patrimonial por recursos faltantes en 20 instancias más. En el caso de las secretarías, además de la de Desarrollo Social se descubrieron irregularidades en el manejo de recursos en las secretarías de Educación, Infraestructura y Obras Públicas, Finanzas y Planeación y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Los auditores también registraron posibles desvíos en seis fideicomisos estatales entre ellos el que se puso en marcha para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 en donde se registran faltantes por casi dos millones de pesos.


Entre los 16 órganos descentralizados en donde el ORFIS reporta desvíos figuran el Instituto Veracruzano del Deporte, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, los Servicios de Salud de Veracruz, el Consejo de Desarrollo del Papaloapan, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, entre otros.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/duarte-veracruz-empresas-fantasma-desvio-recursos/

Autoridades federales investigan al suegro de Javier Duarte por presunto desvío de recursos

Antonio Macías Yazegey, suegro del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es investigado por autoridades federales por el presunto desvío de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado.

Macías Yazegey y el titular de la secretaría Manuel Martínez de Leo, desviaron millones de pesos de la dependencia para beneficio de productores agroindustriales cercanos a ambos y para asuntos ajenos al tema agropecuario, informó el diario Reforma.
Antonio Macías Yazegey – padre de Karime Macías, esposa de Duarte – es director del Parque Tecnológico e Industrial Puerto México, en Coatzacoalcos, el cual ha sido apoyado con recursos públicos.

El parque fue construido en el sexenio de Fidel Herrera, amigo de Macías Yazegey.

Mientras que Martínez de Leo fue señalado durante su gestión en la dependencia por no entregar apoyos a productores del campo, por lo que varias veces éstos protestaron fuera del Palacio de Gobierno.

Además de ser titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca de septiembre 2011 a enero 2015. También fue director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria; y director general de Desarrollo de Mercados; además coordinador general de Comercialización.

De acuerdo a Reforma, en noviembre de 2015, productores de café solicitaron al delegado de la Sagarpa Marco Antonio Torres indagar el destino de 283 millones de pesos de los 400 millones que fueron gestionados por el senador José Yunes Zorrilla.

Los recursos eran para un programa emergente para cafeticultores veracruzanos, de los que solo se ejercieron 117 millones de pesos.

Con información de Reforma

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/investigan-suegro-javier-duarte-desvio/

Rector de UAEM presenta demanda contra diputados

Lo acusan de malos manejos en la institución y de convocar "gente armada" a protestas
Responsabiliza al Congreso local y al gobernador Graco Ramírez de cualquier acto violento que pueda ocurrir en las movilizaciones de hoy
Anuncian manifestaciones en Cuautla y Jojutla

Cuernavaca, Mor.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, denunció ante la Fiscalía General del Estado al presidente del Congreso estatal, el priísta Francisco Moreno Merino, y a los diputados que integran la junta política y de gobierno por acusarlo públicamente de "mal uso de los recursos de la UAEM" y por decir que convocó a "gente armada" a la movilización que se realizará este martes para demandar la renuncia del gobernador Graco Ramírez.

"Vine a presentar una denuncia de hechos para que se investiguen las imputaciones en mi contra desde el Congreso local, particularmente de los diputados que integran la junta política y la mesa directiva, en un comunicado que leyó el diputado Francisco Moreno Merino. Me parece muy grave que se lancen acusaciones de esta naturaleza", subrayó.

El domingo el Congreso local acordó solicitar a las secretarías federales de Hacienda y Crédito Público, Gobernación y de Educación Pública realizar una auditoría a la gestión de Vera Jiménez.

"Lo he dicho: ellos son la autoridad, y si tienen evidencia clara de que estoy convocando a acciones violentas con gente armada, que me detengan y eviten esta situación, pero que no lancen una campaña intimidatoria en contra de los ciudadanos que en su legítimo derecho quieren manifestarse de manera libre y pacífica", aseguró el rector de la UAEM.

La movilización convocada por más de 100 organizaciones civiles que integran el Frente Amplio Morelense (FAM) para pedir la destitución del gobernador Graco Ramírez, explicó Vera Jiménez, "es únicamente para que la Federación atienda las demandas por inseguridad, ingobernabilidad y violación de los derechos humanos que persisten en Morelos".

Sobre la acusación de mal uso de recursos, Vera Jiménez dijo: "Estamos preparando una respuesta puntual a cada una de estas imputaciones. Parece que el diputado Francisco Moreno no sólo encabeza la auditoría: también juzga".

El también vocero del FAM responsabilizó a los diputados locales y al gobernador Graco Ramírez de la violencia que pudiese ocurrir durante las marchas.

Las movilizaciones comenzarán a las 10 horas de hoy en tres puntos de Cuernavaca para concluir en el zócalo de esta ciudad. Una saldrá de la Paloma de la Paz, otra de la avenida Morelos Sur y la tercera de la avenida Plan de Ayala. En Cuautla y en Jojutla también habrá marchas.

A las 10 horas de ayer, el gobierno del estado convocó a un acto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en la residencia oficial, pero después del discurso del mandatario los reporteros fueron sacados.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: RUBICELA MORELOS CRUZ
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/16/estados/026n1est

Infraiber sugiere desvío de recursos de OHL a campañas de Eruviel y Peña

CIUDAD DE MÉXICO: A través del Acuerdo 01/2011, firmado el 25 de mayo de 2011 entre el gobierno del Estado de México y la concesionaria del Viaducto Bicentenario, se autorizó “indebidamente” un incremento extraordinario de 25% real a las tarifas de la segunda obra más importante de la empresa OHL y que pudo haberse desviado también a las campañas electorales estatales de 2011 y a la federal de Enrique Peña Nieto en 2012, denunció Paulo Diez Gargari, asesor jurídico de Infraiber.

En una carta enviada al actual mandatario del Estado de México Eruviel Ávila, el abogado señala que dicho acuerdo fue firmado por Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México y actual titular de Comunicaciones y Transportes (SCT) a nivel federal.

Luis Videgaray era entonces coordinador general de la campaña de Eruviel Ávila y repitió el cargo en la presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Para 2011, el director general de Concesionaria Mexiquense S.A. (filial de OHL) era Mario de la Vega Grajales, quien tenía a su cargo el proyecto de Viaducto Bicentenario. En enero de 2013, De la Vega Grajales se incorporó a la SCT como director general de Vinculación, bajo las órdenes de Ruiz Esparza.

El primer incremento tarifario autorizado en el Acuerdo 01/2011 se llevó a cabo “un mes después de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto” como primer mandatario, afirma la carta enviada a Eruviel Ávila.

“Usted entiende que no estamos frente a una simple travesura de niños inquietos, pero sanos, gobernador”, apunta Paulo Diez en su carta, fechada el pasado 14 de junio.

La misiva pregunta ¿a qué fue realmente Mario de la Vega Grajales? “¿a canalizar en un año electoral recursos relacionados a) con la liberación del derecho de vía del Circuito Exterior Mexiquense (CEM); y/o b) el ilegal acuerdo 01/2011? ¿O a canalizar recursos y dejar montado el mecanismo que permita seguir canalizando permanentemente recursos del CEM y del Viaducto Bicentenario a campañas político-electorales en 2012, 2017 y 2018?”.


Si se trata de una “desafortunada coincidencia”, el gobernador del Estado de México Eruviel Ávila debe explicar a mexicanos y mexiquenses el alcance de ese acuerdo, subraya la misiva de dos cuartillas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/444133/infraiber-sugiere-desvio-recursos-ohl-a-campanas-eruviel-avila-pena-nieto

Gobernador de Colima avaló crédito “por el que ahora se me acusa”: Anguiano

COLIMA, Col: El exgobernador Mario Anguiano Moreno reveló que la contratación del crédito por el que ahora es acusado de malos manejos financieros contó con el consentimiento del actual mandatario, José Ignacio Peralta Sánchez, cuando éste todavía no tomaba posesión del cargo.

“Para solicitar este crédito, en virtud de que se iba a pagar durante la administración del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, lo comentamos con él y contó con su aprobación; el Banco Interacciones para aprobarlo pidió una reunión en la que estuvieron los directivos, el licenciado Peralta y yo; ahí los representantes del banco le dijeron al gobernador electo que sí autorizaban el crédito siempre y cuando él estuviera de acuerdo”, declaró Anguiano este día al noticiero de la emisora Radiorama.

Manifestó que los últimos meses de su gobierno sostuvo varias reuniones de trabajo con José Ignacio Peralta, “él como gobernador electo y yo como gobernador en funciones: había una buena coordinación de acuerdos sobre los temas que iban a impactar a su administración”.

Cuestionado al respecto por varios reporteros al final de una rueda de prensa en la que anunció el proyecto del parque arqueológico La Campana, el gobernador Peralta evadió abordar el tema de las declaraciones del exgobernador, a las que calificó como “trivialidades”.

Dijo: “Ni siquiera las he escuchado, denme la oportunidad de poderlas analizar con detalle, para ver si vale la pena que podamos hacer un comentario al respecto”.

Ante la insistencia, el jefe del Ejecutivo añadió: “Venimos a anunciar La Campana; no queremos contaminar una nota con la otra. Dennos la oportunidad de darle la preferencia y la prioridad a éste que parece que es un proyecto muy importante, y no perdernos con trivialidades”.

El pasado lunes, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) dio a conocer el informe de una auditoría excepcional practicada al proceso y manejo de un crédito por 638 millones de pesos, donde concluyó que el exmandatario y dos de sus exsecretarios de gabinete cometieron presuntas violaciones a la ley, por lo que presentó una denuncia penal en su contra y propuso al Congreso del estado imponerles una sanción económica de 707 millones de pesos y una inhabilitación de hasta 14 años para ocupar puestos públicos en los ámbitos estatal y municipal.

En la entrevista radiofónica, Mario Anguiano se quejó de que el Osafig no lo llamó a él ni a los miembros de su equipo para presentar pruebas sobre las irregularidades que habrían cometido.

“Normalmente cuando van a juzgar a alguien le dan la oportunidad de escucharlo, de defenderse y no ha sido el caso”, comentó.

Anguiano indicó que quien haga una revisión a detalle del informe del Osafig “podrá constatar y confirmar lo que yo he expresado públicamente en muchas ocasiones: jamás he tomado indebidamente un solo peso del erario para mi beneficio personal”.

También aseveró que el organismo fiscalizador “deja claro línea a línea que los recursos que revisaron y que presentan en este informe sí ingresaron a las arcas públicas del estado durante mi gestión y fueron aplicados en la operación y funcionalidad de las diferentes tareas que teníamos encomendadas en el gobierno del estado”.

De acuerdo con el exmandatario, el dinero fue invertido en sueldos y salarios, pagos a proveedores, pagos a convenios y a las diversas instituciones públicas y sociales, entre otras aplicaciones, por lo que consideró “lamentable, equívoco y doloso, por decir lo menos”, la pretendida sanción económica que propone el Osafig.

Respecto de un crédito contratado en agosto de 2015 con el Banco Interacciones, Anguiano Moreno argumentó que no requería autorización del Congreso ni debía ser destinado a inversión productiva porque fue “de corto plazo”, por lo que “no hay la violación que señala el Osafig”.

En relación con un crédito de largo plazo señalado también en el informe del ente fiscalizador, Mario Anguiano refirió que sí solicitó autorización del Congreso el 20 de septiembre de 2015.

“Ese crédito ya no nos iba a afectar a la administración que me tocó encabezar, pues nosotros salimos el 31 de octubre siguiente, pero lo que buscamos en todo momento fue que la nueva administración que iba a encabezar Ignacio Peralta tuviera mejores condiciones financieras que las que teníamos nosotros en ese momento, ese era el objetivo central”, argumentó.

Luego dijo que ese crédito se contrató en diciembre de 2015, ya en el periodo del gobernador interino Ramón Pérez Díaz, pero antes de que fuera solicitada la autorización del Congreso “tuvimos la aprobación del licenciado Peralta Sánchez; incluso él se reunió con los diputados del PRI y del partido Nueva Alianza para solicitarles su apoyo para la autorización de este crédito, pues reconocía que esto le ayudaba principalmente a él y a su administración”.

Según Mario Anguiano, los señalamientos en su contra forman parte de “una persecución política” y una “insólita campaña de odio” desde hace varios meses por parte de partidos de oposición, acción que “a la fecha ya ha causado mucho daño a mi familia, a los compañeros colaboradores en el gobierno del estado, a sus familias e incluso de manera colateral ha dañado a personas que ni siquiera trabajan o han trabajado en la administración pública”.

Además, mencionó que sus críticos “han buscado dañar mintiendo sobre mi persona o sobre los bienes que tenemos, por ,ejemplo dicen que tenemos lujosos ranchos en diversas partes, incluso en el extranjero, lo que es absolutamente falso; dicen que tengo caballos que compré en 50 mil o hasta 100 mil dólares cada uno, es una calumnia que incluso fue parte de la campaña de un partido político de oposición; me adjudican lujosas propiedades, bienes muebles que no tengo, que no corresponden a mi realidad, pero no han presentado un solo elemento de prueba real”, reviró.

El exgobernador dijo no sentir temor de ser encarcelado, pues si bien el Osafig presentó una denuncia penal en su contra, comentó que ofrecerá ante todas las instancias que se requiera los elementos de prueba para demostrar que el manejo financiero de su administración fue el adecuado.


“No he salido ni voy a salir de Colima, aquí es nuestro estado, nuestra ciudad, y no hay nada de qué esconderse ni de qué avergonzarse; aquí vamos a estar”, puntualizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443589/gobernador-colima-dio-aval-a-credito-ahora-se-me-acusa-anguiano

Más denuncias contra Graco ante la ASF, por desvío de recursos

CUERNAVACA, Mor: Mientras el Congreso del estado se prepara para desechar la segunda demanda de juicio político contra el gobernador Graco Ramírez, los autores de la misma, integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) presentaron dos denuncias más ante la Fiscalía Superior de la Federación (FSF) por desvío de recursos.


En entrevista, el vocero de este organismo, Gerardo Becerra Chávez de Ita, aseguró que saben que el Legislativo local le hará el trabajo a Graco Ramírez, y que desechará la denuncia de juicio político presentada hace unos meses, basada en el desvío de recursos del crédito por dos mil 806 millones de pesos que autorizó la anterior Legislatura para la realización de obra pública.

Y aunque no descartó el hecho de que presenten una nueva demanda de juicio político en el momento en que sea desechada la anterior, dijo que tienen conciencia de que en Morelos no se puede hacer mucho porque el mandatario tiene control del Legislativo, dijo. Además también tiene sus representantes que “le hacen el trabajo” en el Poder Judicial.

Es por ello que desde la semana pasada, una representación de la Coordinadora acudió a la Ciudad de México para presentar dos denuncias “ciudadanas” contra el gobierno del perredista Graco Ramírez ante la ASF, por la probable comisión del delito de desvío de recursos en la construcción de obra de remodelación, que luego se convirtió en reconstrucción del estadio de futbol de Zacatepec, Agustín Coruco Díaz, una obra con un costo de 600 millones de pesos.

La otra denuncia es por el mismo delito, el desvío de recursos, pero del proyecto de remodelación de la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar, ubicada en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Y es que para empezar, no hay claridad del proyecto, y el mismo, aunque tiene un costo oficial de 49 millones de pesos, no se licitó si no que se asignó de manera directa a la empresa Kurse SA de CV, misma que tiene señalamientos de parte de al Auditoría por obras realizadas en Cuernavaca, en la administración municipal de Manuel Martínez Garrigós.

Y es que, el reporte final de la auditoría especial practicada al crédito, entregado hace unas semanas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Morelos, en realidad “limpió”, dice Becerra Chávez de Ita, los malos manejos y los dejó como “faltas administrativas” en contra no de los secretarios de despacho o el mandatario, sino contra funcionarios menores.

Además, el Congreso local calificó como “válido” este informe aunque no se ha dado a conocer públicamente. Esto ha dado pie a que el Legislativo esté listo para que en la sesión de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, se deseche la solicitud de juicio político.

“Por ello hemos presentado las denuncias ante la Auditoría de la Federación”, dijo Becerra Chávez de Ita.

“Lo que entregó Vicente Loredo (el auditor estatal) de la auditoría (especial al crédito) referente a lo que nosotros consideramos ‘la joya de la corrupción’, es lo que tiene que ver con la construcción del estadio Agustín Coruco Díaz y no le quita más de 10 a 15 renglones (al informe), y consideramos que eso no puede ser. No puede ser que se destinen 400 millones de pesos de forma unilateral y que el auditor no se refiera a este hecho en el reporte final”, lamentó.

Mientras tanto, Vicente Loredo Méndez, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, informó en breve entrevista que son alrededor de 30 funcionarios los que serán sancionados por las observaciones de la revisión del crédito millonario aprobado al Poder Ejecutivo en 2013. Sin embargo, evadió el tema de las irregularidades en concreto y con el pretexto de una reunión se dio la vuelta y cortó la entrevista.

Antes de marcharse dijo: “Sólo son faltas administrativas, (las sanciones) pueden ser amonestación, puede ser suspensión del cargo, puede ser inhabilitación. Son como unos 30 (funcionarios) aproximadamente, la mayoría son faltas administrativas, faltas a los manuales de contabilidad, faltas a la Ley General de Auditoría. No son graves”, sostuvo.

Se le inquirió porqué de no auditar los recursos del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), dado que parte del recurso del crédito, como lo informó la propia Secretaría de Hacienda al Congreso hace unos meses, se utilizó para pagar salarios, lo cual es ilegal. Dijo que la auditoría se realizó con una muestra de los 2 mil 806 millones de pesos, “nosotros hacemos muestras y en esa muestra puede que entre, puede que no entre” el recurso del IEBEM, justificó.


Y respecto de la pobre argumentación en su informe sobre la construcción del estadio Agustín Coruco Díaz, como lo denunció la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, respondió: “Yo creo que las obras más relevantes que se hicieron con ese crédito fueron auditadas debidamente. (Se auditó) el C5, el Coruco (Díaz), etcétera”, dijo, y cortó la entrevista.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435858/denuncias-contra-graco-ante-la-asf-desvio-recurso

La PGR investiga si César Duarte depositó recursos públicos en su propio banco

La Unidad de Análisis Financiero investiga si hay dinero federal en los depósitos por cerca de 80 mil mdp que hizo el gobierno de Chihuahua en un banco donde el gobernador invirtió recursos propios a través de un fideicomiso.

Entre 2012 y 2014 la administración de Cesar Duarte hizo depósitos por casi 80 mil millones de pesos a una sociedad financiera privada de la que su actual Secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista. Inicialmente se denunció penalmente que se trataba de recursos públicos de Chihuahua, pero la Procuraduría General de la República (PGR)  indaga ahora el desvío de recursos federales en esas transacciones.

Esto luego de que en diciembre de 2015, abogados que colaboran en la investigación presentaron ante la Unidad de Análisis Financiero de la PGR solicitudes de nuevas diligencias, para que no solo se comprobaran los depósitos, sino el origen del dinero que se envió a dicha sociedad financiera a través de casi 350 transferencias.

“Se tienen indicios que han surgido en el transcurso de la indagatoria iniciada desde 2014 de que dinero de programas federales está mezclado en estas operaciones. La PGR tiene a un equipo indagándolo (…) estaría obligada a actuar en defensa del erario de la federación” dijo en entrevista  Jaime García Chávez, presidente de Unión Ciudadana, la organización que funge como coadyuvante en el caso.


Las operaciones sospechosas, que Duarte admite que se hicieron sin su conocimiento ni autorización, enriquecieron a la sociedad financiera Unión Progreso que junto con otras, se fusionaron para formar el Banco Progreso, del cual el propio gobernador buscó tener participación accionaria a través de un fideicomiso.

Depósitos Gobierno de Chihuahua a Union de Credito Progreso:

  Depósitos Gobierno de Chihuahua a Union de Credito Progreso by http://www.animalpolitico.com

García Chávez detalló a Animal Político que luego de que la promoción de las nuevas diligencias fue acepada por la PGR en diciembre pasado, un equipo de la Unidad de Análisis Financiero de la PGR estuvo trabajando diez días en la ciudad de Chihuahua para recabar la información relacionada con los depósitos.

“Se busca diseccionar la mezcla de recursos estatales o federales de que ha dispuesto César Duarte y Jaime Herrera Corral (secretario de Hacienda), en movimientos que obran ya agregados al expediente. En otras palabras, se quiere saber qué recursos son de Chihuahua y cuáles federales (…) de confirmarse el desvío de recursos federales le da mayor gravedad al asunto” dijo Jaime García.

Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación, en su análisis de la cuenta pública 2014,  advirtió irregularidades de Chihuahua en casi todos los programas y subsidios federales revisados, incluyendo operaciones en donde el destino del dinero no fue corroborado.

Esta línea de investigación se integra a la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19 que la PGR integra a partir de la denuncia que se interpuso en septiembre de 2014 por enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio púbico y otros delitos. El expediente ya tiene hoy más de 95 mil páginas y continúa en integración.

“El banco del Gobernador”

En septiembre de 2014 el colectivo Unión Ciudadana denunció ante la PGR y ante la Fiscalía de Chihuahua al gobernador Cesar Duarte,  a su secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral, y a otros funcionarios que presuntamente utilizaron dinero público y de origen dudoso para impulsar una sociedad financiera de la que eran accionistas.

Uno de los puntos clave fue el Fideicomiso número 74474 abierto en 2012 por el gobernador Cesar Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, con un fondo de 65 millones de pesos,.

El contrato de ese fideicomiso, del que Animal Político tiene copia también, establece en el apartado B de las declaraciones que el objetivo del mismo es que “en el futuro se adquieren las acciones de BANCO que integran el patrimonio del presente fideicomiso”.


En las definiciones se establece como BANCO a la institución de banca múltiple denominada Banco Progreso, que surgirá de una reestructura de sociedades financieras. En 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la creación de dicho banco de la fusión de la sociedad financiera Unión Progreso y otras.

Cesar Duarte dio varias declaraciones a finales del 2012 para intentar explicar el fideicomiso, que según la denuncia en PGR se implementó con recursos que no se justifican de acuerdo a los ingresos del mandatario estatal. El gobernador dijo que el dinero era resultado de su actividad empresarial de venta de autos y como ganadero.

Sobre el objetivo del fideicomiso, Duarte dijo primero que este solo se creó para fortalecer la reestructura de varias sociedades financieras en un banco y que no quería ser socio del mismo, pero luego reconoció que había firmado el fideicomiso “sin leerlo”.

El caos cobró relevancia porque entre 2012 y 2014 el gobierno estatal hizo depósitos e dichas sociedades financieras por cientos de millones de pesos, lo que contribuyó a su fortalecimiento.

Sobre esos depósitos, Duarte di primero que era un “conflicto de interés relativo” y justificó que se llevaron a cabo porque Unión Progreso ofrecía las mejores tasas de interés, pero luego admitió que esos movimientos fueron autorizados por su secretario de Hacienda sin su conocimiento. “De haberlo sabido no los hubiera autorizado” confesó.

Secretario incómodo

Pese a ser secretario de Hacienda en funciones, Herrera Corral mantuvo su empleo en Unión Progreso. En la autorización de la fundación del Banco Progreso que publicó la Comisión Bancaria en abril de 2014,  aparece el nombre del funcionario como representante legal de las sociedades financiera.

En una entrevista en diciembre de 2014 Herrera confirmó públicamente que fue abogado de la referida sociedad y que luego se convirtió en accionista de la misma. Reconoció también que la dependencia que encabezaba hizo múltiples depósitos en su sociedad financiera pero no lo consideró como un conflicto de interés.

Hasta ahora la investigación por estos hechos sigue en curso enl a PGR y no hay conclusiones, pero la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública 2014 identificó irregularidades que involucran a la Secretaría de Hacienda estatal en el manejo de 15 partidas de recursos públicos federales.

Dichas deficiencias van desde la no comprobación adecuada del destino del dinero, el  no gastar el recursos para los conceptos que se destinan y retenerlos, la expedición de facturas irregulares, anomalías en procesos de contratación, ausencia de políticas de gasto y comprobación de resultados etcétera.

En uno de los dictámenes remitidos por los auditores, el relacionado con el manejo de 600 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, se estableció incluso que la dependencia  no tenía un código de ética para el manejo del dinero ni una forma de sancionar comportamientos no éticos detectados en el manejo del dinero.

A esto se suman incumplimientos en la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Tan solo en el caso de la auditoría de este Fondo Múltiple, se concluyó que se desconocía el destino real de 100 de los 600 millones de pesos entregados por la Federación.

Pedirán cierre del expediente

Los denunciantes y coadyuvantes en este caso, el colectivo Unión Ciudadana, dará a conocer en las próximas dos semanas una carta dirigida a la procuradora Arely Gómez para que en breve se concluya con la integración de la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19 y se determine si se procede o no penalmente en contra de los funcionarios.

Jaime García señaló que el expediente ya consta de 95 tomos con más de 95 mil páginas, por lo que dijo que al parecer de los abogados, una vez esclarecido el origen de recursos estatales y federales puede tomarse una resolución.

“Se ha hecho una investigación profunda.  Hay infinidad de informes de la Comisión Nacional Bancaria del Banco de México, de las contralorías, de informes fiscales, del ejercicio e intercambio crediticio con tarjetas, de las cuentas del propio Duarte y sus familiares. Este cumulo de diligencias ha arrojado nuevos elementos” dijo.

Desde su punto de vista, la evidencia que el Ministerio Público federal ha recabado hasta ahora , la información pública disponible y las propias declaraciones del gobernador y funcionarios involucrados, comprueban que hubo un enriquecimiento ilícito y un ejercicio ilegal del servicio público por el abuso en el manejo de dinero


“No puede ser legal que deposites dinero de los contribuyentes de Chihuahua o recursos federales en el banco del cual su Secretario de Hacienda es accionista y tú también querías serlo.  Esto cae por su propio peso” dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-pgr-indaga-si-cesar-duarte-deposito-dinero-publico-en-el-banco-de-su-secretario-de-hacienda/

Con facturas falsas y sobrecostos, el desvío de 455 mdp destinados al campo

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el uso de recursos públicos destinados en 2014  a cinco programas de apoyo al campo, entre ellas la simulación de contratos.

Beneficiarios de cinco programas de apoyo al campo simularon contratos, presentaron facturas falsas y compraron insumos a sobrecosto para justificar 455 millones de pesos que recibieron durante 2014; irregularidades que fueron solapadas por funcionarios de la Secretaría de Agricultura, según advierte la Auditoría Superior de la Federación.

El caso más grave es el programa Fomento a la agricultura, componente desarrollo de clúster agroalimentario. Tuvo un presupuesto de 354 millones de pesos en 2014, pero hubo irregularidades en 54% (180 millones de pesos) de ello.

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) debe comprobar el ejercicio del gasto o regresar el dinero a la Tesorería de la Federación.

Animal Político solicitó una entrevista con funcionarios de la Sagarpa para saber por qué existen las mismas irregularidades en seis programas diferentes, pero no hubo respuesta.

El programa Fomento a la agricultura, componente de producción intensiva y cubiertas agrícolas (PROCURA), tuvo el mayor presupuesto (589 millones 237 mil pesos) y también el mayor desvío: 204 millones 747 mil pesos.

Se trata de un instrumento por el que agricultores reciben apoyos económicos de hasta dos millones 700 mil pesos para invertir en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos, manejo postcosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales.

Pero una parte de los recursos terminó en las arcas de una universidad. La Auditoría detectó que la Sagarpa firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) para que ésta fungiera como intermediario para la distribución de recursos a los beneficiarios. Por ello, recibió más de 442 millones de pesos y aunque repartió los apoyos con tardanza, cobró 969 mil pesos.


Sin embargo, la Sagarpa “carece de la documentación justificativa y comprobatoria de los gastos de operación y administración (consistentes en las facturas, recibos, evidencia de los trabajos realizados, pagos realizados por la universidad”, por lo tanto, considera que se trata de “un probable daño al erario”.

Otra irregularidad es que 12 beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 16 millones 200 mil pesos, no tienen actividades vinculadas con el sector agropecuario. Esto, pese a que entre los requisitos, la dependencia pide el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otros documentos que acrediten que los beneficiarios sean agricultores.

Entre las irregularidades que más se repiten en todos los programas está esta: una beneficiaria recibió un millón 800 mil pesos para un proyecto productivo, pero cuando los auditores acudieron al lugar ni siquiera había iniciado el proyecto. Aún así, el jefe de Distrito de Desarrollo Rural 134 de Guasave, no lo reportó e incluso, “señaló avances que no correspondían a la situación real de la ejecución del proyecto”.

También se presume un probable daño por 171 millones 346 mil pesos entregados a 210 beneficiarios y que estos no justificaron el gasto.

Del programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, la Auditoría detectó un probable daño al erario por 2 millones 580 mil pesos que presentaron notas y facturas con la intención de “aumentar los costos de los proyectos y con ello acceder a un apoyo mayor”.

Sobre el programa Apoyo para la productividad de la mujer emprendedora, 80 proyectos “no han presentado la documentación comprobatoria de la aplicación y destino de 17 millones 702 mil pesos”.

También detectaron beneficiarios que reciben apoyos de otros programas y que para comprobar el gasto de 628 mil pesos, presentaron facturas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las tiene registradas como “canceladas”, mientras que los emisores de otras facturas “no fueron localizados en sus domicilios fiscales y la autoridad municipal no tiene registro alguno de su existencia”.

Del programa de Fomento a la agricultura, componente desarrollo de clúster agroalimentario “se presume la simulación de actos y documentos” para justificar 23 millones de pesos, ya que “se comprobó que la ejecución de los trabajos no se correspondía con lo plasmado en dichos documentos”.

La Sagarpa, dice la Auditoría, “no vigiló los trabajos, ya que la institución, dentro de los reportes del resultado de las distintas supervisiones, no realizó los procedimientos normados para dar seguimiento a los incumplimientos de los beneficiarios detectados”.


Las irregularidades no son nuevas. En 2010, 2011 y 2012, la Auditoría ha detectado “diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos, como en los gastos asociados a la operación de los programas revisados” que derivaron en promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, pliegos de observaciones y denuncias de hechos. Aún así, esas conductas se repitieron en 2014.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/con-facturas-falsas-y-sobrecostos-el-desvio-de-455-mdp-destinados-al-campo/

Los estados más violentos malgastan (o se guardan) el presupuesto para seguridad

Los cinco estados que tienen la mayor tasa de homicidios del país fueron reprobados por la Auditoría en el manejo de los recursos del fondo de seguridad pública. Carecen de controles y lo que gastan no ayuda a mejorar la seguridad.

Guerrero, Sinaloa, Morelos, Chihuahua y Baja California cerraron 2015 con la mayor tasa de homicidios violentos del país. Un año  antes, cuando también ocuparon esa posición, dichas entidades recibieron más de mil 200 millones de pesos para mejorar sus condiciones generales de seguridad.

¿Qué sucedió? Que la mayor parte del dinero, o no se gastó, o cuando se hizo fue sin la mínima gestión de evaluación, equidad y control, que permitiera que la inversión se reflejara en cumplir las metas de prevención e investigación del delito.

En su análisis de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (FASP), evaluó el uso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en cada estado. Animal Político revisó las auditorías financieras y de desempeño en las cinco entidades líderes en tasa de homicidios, y en todas el resultado fue el mismo: negativo.

La revisión en el uso de los fondos del FASP en estos cinco estados arrojó 87 observaciones de los auditores por el posible uso inadecuado del dinero, y más de 20 promociones de responsabilidad para que se indague a funcionarios que habrían incurrido en posibles hechos irregulares en el manejo del dinero.

Incluso, los auditores alertaron por la posible desviación u opacidad en el gasto de 567 millones de pesos, más del 40 por ciento de los fondos de seguridad repartidos.

“En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas” señalaron los auditores en cada uno de los casos.

De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2014 a 2015 los homicidios dolosos se incrementaron en estas entidades hasta 30 por ciento, con excepción de Chihuahua en donde hubo una reducción del 13 por ciento.

Se trata de los cinco estados que registran las mayores tasas de homicidios. Guerrero ocupa el primer sitio con 53 crímenes por cada cien mil habitantes, mientras que Baja California se ubica en la quinta posición con 23 homicidios. La media nacional, es de 14 crímenes por cien mil habitantes.


El FASP es un fondo de recursos que el gobierno federal reparte cada año a las entidades federativas para que se utilicen exclusivamente en acciones de seguridad. Dicho dinero puede invertirse, según sus lineamientos, tanto en capacitación y profesionalización de agentes de seguridad pública o de las procuradurías, así como en infraestructura y equipos.

Caso Guerrero

Guerrero es la entidad con el mayor nivel de homicidios dolosos del país desde hace varios años, y de las cinco que encabezan la incidencia de este delito, es la que acumula el mayor número de irregularidades en el manejo de los fondos del FASP, según las auditorías.

En total el estado recibió en 2014 poco más de 236 millones de pesos, de los que los auditores revisaron 181 millones. Se identificaron por lo menos 20 irregularidades en el manejo de ese dinero, que derivaron en denuncias en contra de 17 servidores públicos.

De entrada el dictamen establece que al cierre de 2014 Guerrero no había gastado más del 40 por ciento del dinero del fondo, y hasta agosto de 2015 le faltaba por invertir todavía el 33 por ciento Es decir tenía el dinero pero no lo usó.

“Esto impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional” dijeron los auditores.

Entre lo que si fue gastado se encontraron diversas anomalías. Por ejemplo, se pagaron 373 mil pesos para supuestas “evaluaciones de habilidades” de los agentes, sin embargo los documentos comprobatorios no tenían el aval del FASP y ni siquiera hay acreditación fehaciente de que se aplicaron esas evaluaciones.

También se detectó el pago de más de medio millón de pesos en artículos de papelería, oficina y alimentos, rubros que no están incluidos en los gastos autorizados del FASP. A lo anterior se suman múltiples irregularidades en adjudicaciones de contratos fuera de procesos de licitación.

En Guerrero, al igual que en las otras cuatro entidades con mayor nivel de homicidios, la auditoría concluyó que las metas pactadas no se cumplieron.

Caso Sinaloa

Sinaloa es la segunda entidad con mayor tasa de homicidios del país y en el último año dicho nivel de violencia se mantuvo, incluso con un repunte de uno por ciento.

Los auditores revisaron como se invirtieron los 223 millones de pesos que recibió la entidad de parte del FASP. El  2014 terminó y el estado no había ejercido el 38 por ciento del dinero y en agosto de 2015 seguía sin gastarse el 25 por ciento del dinero.

Respecto a lo que si se invirtió, los auditores concluyeron que existieron “inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, obra pública, registros contables, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley de Coordinación Fiscal” entro otros.

Entre las 14 irregularidades en el gasto identificadas por los auditores, destaca por ejemplo la inversión de 442 mil pesos en conceptos que no se realizaron  como parte de la construcción de un edificio del Servicio Médico Forense; o la falta total de evaluación de la inversión de los recursos en distintos rubros.

Caso Morelos

Morelos ya se encontraba en 2014 entre las entidades con mayor cantidad de homicidios dolosos. En 2015, los crímenes subieron un 17 por ciento más, llevando al estado al tercer sitio con la tasa más alta de asesinatos, incluso por encima de Chihuahua.

Morelos recibió poco más de 176 millones de pesos del FASP en 2014, de los que no invirtió al cierre de ese año el 48 por ciento, es decir, casi la mitad del dinero que se le asignó para mejorar las condiciones de seguridad.

Entre lo que si se gastó, los auditores encontraron 23 distintas irregularidades. Por ejemplo, se identificaron adjudicaciones directas en vez de licitaciones para la adquisición de vehículos blindados, aparatos de revisión, construcción de salas de juicios orales, compra de refacciones y equipos de cómputo, entre otros.

En Morelos, como en las otras entidades, los auditores establecieron que existen falta de controles y autoevaluación para garantizar que los recursos mejores las condiciones de seguridad.

“El estado de Morelos no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría” indica la auditoría.

Caso Chihuahua

Chihuahua es la cuarta entidad con la mayor tasa de homicidios del país, pese a que hubo una reducción de aproximadamente el 14 por ciento de este delito en el último año. En 2014 recibieron más de 272 millones de pesos por parte del FASP.

Los auditores identificaron una decena de anomalías en el gasto del dinero, así como la posible desviación y falta de transparencia en la inversión de más de 223 millones de pesos, una de las cifras más altas de opacidad en el manejo de estos recursos, solo detrás de estados como Veracruz.

Las notas negativas de los auditores se repiten: no hay controles adecuados en el manejo del dinero, no hay transparencia suficiente, la inversión del dinero que se gasta es incoherente respecto a las metas pactadas, hay presuntas violaciones a códigos fiscales, entre otros.

Uno de los aspectos más preocupantes identificados por los auditores es que Chihuahua no ejerció el 75 por ciento de todo el dinero que recibió de parte del fondo, por lo que se emitió una solicitud de aclaración al gobierno de Cesar Duarte para que explique que se ha hecho con el dinero.

Caso Baja California

Baja California es la quinta entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos del país. Dicho delito registró un incremento superior al 16 por ciento  en el último año. Esto, pese a que recibió más de 318 millones de pesos como parte del FASP en 2014, una de los montos más elevados a nivel nacional.

Además de las deficiencias comunes con otros estados, entre ellas el no haber ejercido en el año que correspondía casi la mitad de todo el dinero del fondo, los auditores encontraron irregularidades graves, que llevaron a solicitar que se inicien cuatro procesos de investigación en contra de funcionarios que resulten responsables.

Por ejemplo, se identificó la inversión de más de tres millones 700 mil pesos en sueldos para supuestos becarios, sin que dicho gasto estuviera autorizado por el FASP; se descubrieron irregularidades en múltiples facturas que respaldan el gasto de 19 millones de pesos en instalaciones del sistema penitenciario local.

Incluso, se descubrió que se gastaron más de 700 mil pesos en un equipo de ultrasonido también para el sistema penitenciario, cuya factura no fue certificada ante el FASP y que además presenta un número de serie distinto al del equipo entregado.


En Baja California como en las otras entidades, la Auditoría concluyó que el fondo de recursos destinado a la entidad para mejorar las condiciones de seguridad, no cumplió con su cometido por la mala gestión local.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/los-estados-mas-violentos-malgastan-o-se-guardan-el-presupuesto-para-seguridad/