Cuatro entidades desvían el 63% de los recursos que reciben del gobierno federal

De los recursos del Ramo 33 que el gobierno federal transfirió en 2014 a las entidades federativas para educación, salud, seguridad pública o infraestructura, 10 mil 602 millones de pesos se perdieron en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

6 de cada 10 pesos que el gobierno federal envío en 2014 a las entidades federativas para temas de educación, salud, infraestructura, seguridad pública o desarrollo social se perdieron en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

Esos cuatro gobiernos suman el 63% de los recursos estatales del Ramo 33 —Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios— que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) implican un probable daño a la Hacienda Pública Federal por desvío o uso irregular.

10 mil 602 millones 315 mil 126 pesos es el total que estas cuatro entidades desviaron de siete fondos diferentes que entregan recursos a los estados a través del Ramo 33.

Ese monto es equivalente al presupuesto total para este 2016 del programa de Escuelas de Tiempo Completo, cinco veces los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito o sólo 35% más que el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con el Ramo 33 el gobierno federal transfiere recursos a los estados y municipios para “fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno (…) y apoya a los gobiernos locales en las necesidades de su población”.

Animal Político revisó las auditorías de cada una de las entidades federativas para los siete fondos federales que en 2014 transfirieron recursos del Ramo General 33. El monto total considerado por la ASF como probable daño a la Hacienda Pública Federal por diversas irregularidades fue de 16 mil 825 millones 488 mil 736 pesos; de los cuáles, el 63.01% ocurrieron en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

Este último estado, concentra el 37% de los recursos con uso irregular. Por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas —destinado a fortalecer las finanzas públicas estatales— hay un uso irregular por el 100% de los recursos entregados.

En el sentido opuesto, Querétaro es la entidad con menos irregularidades. Según las auditorías, en la Cuenta Pública 2014 en el estado sólo se presume un daño a la Hacienda Pública Federal por 250 mil 400 pesos.

Ningún estado terminó en ceros en este ejercicio, es decir, en todas las entidades la ASF encontró un probable daño por uso irregular de recursos federales del Ramo 33 transferidos a los gobiernos locales.

Sin embargo, las entidades todavía pueden hacer aclaraciones sobre los hallazgos del órgano fiscalizador, por lo que estos montos no son definitivos.

El Fondo para la Seguridad Pública, con más desvíos

En este ejercicio, Animal Político revisó las auditorías a la Cuenta Pública 2014 de siete fondos del Ramo 33:

-Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. FAEB. (Que en 2015 se convirtió en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo).

-Fondo de Aportaciones Múltiples. Destinado a construcción de espacios educativos.

-Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

-Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

-Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. Destinado al financiamiento de obras e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema.

-Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.

-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En el caso del Fondo para la Seguridad Pública —recursos destinados, entre otras cosas, al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los agentes de seguridad pública— destacan entidades como Coahuila, Tamaulipas e Hidalgo, con entre 32 y 36% de los recursos transferidos con irregularidades.

Otros estados como Coahuila y Morelos presentan probable daño a la Hacienda Pública federal por más de 25%.

En promedio, en los estados se registraron irregularidades en el 11.2% de los recursos federales destinados a este Fondo y auditados por la ASF.

Otros hallazgos

–En Baja California Sur, para el Fondo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas se presumen irregularidades en el 99.8% de los recursos entregados.

-En Colima ocurre lo mismo para el 99.6% de los recursos entregados a través del Fondo de Infraestructura Social.

-En Quintana Roo, con el 48.5% de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples ocurrió un posible daño a la Hacienda Pública Federal.

-Yucatán fue la única entidad que no registró ninguna irregularidad en los recursos de fondos educativos.


-En el Estado de México se presume que ocurrió el 5.3% de las irregularidades en el manejo de estos siete fondos, por detrás de Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/cuatro-entidades-desvian-el-63-de-los-recursos-que-reciben-del-gobierno-federal/

Vía universidades, desvían recursos de Cruzada contra el hambre: Diputada

Araceli Damián señala que entre las universidades con mayores desvíos reportados por la ASF se encuentran la del Estado de México y la de Morelos.

Los partidos y el gobierno guardan silencio ante la preocupante corrupción con presupuesto de la “Cruzada contra el Hambre” a través de convenios con universidades públicas, señaló la diputada federal Araceli Damián, de Morena.

Mientras que el PRI, PAN y PRD se desgarran las vestiduras y critican la creación de las universidades gratuitas financiadas con recursos donados por las y los diputados de Morena, nada dicen del millonario desvió de recursos públicos, otorgados a diversas universidades públicas, a través de convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para realizar diversas acciones relacionadas con el emblemático programa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la “Cruzada Contra el Hambre”, señaló la legisladora.

Araceli Damián explicó que entre las universidades con mayores desvíos reportados por la Auditoría Superior de la Federación se encuentran las universidades autónomas del Estado de México y del Estado de Morelos.

No sólo es que exista evidencia de los malos manejos de los recursos públicos en el reporte de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 -añadió-, sino que este problema se ha estado presentando desde 2012, sin que al parecer la Procuraduría General de la República realice las investigaciones correspondientes y se finquen responsabilidades.

Por ello,la diputada Damián presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que haga público el manejo de los recursos destinados a la “Cruzada contra el Hambre”, que fueron entregados a dichas universidades.

Asimismo consideró fundamental que la PGR difunda el curso que se está dando a las investigaciones derivadas de las denuncias penales interpuestas en el mes de agosto del año pasado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a malos manejos derivados del ejercicio presupuestal de los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la UniversidadAutónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Los casos más graves están en las dos primeras universidades.

Aseveró que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, prácticamente firmó un cheque en blanco a estas instituciones, y continuó haciéndolo a pesar de haberse detectado las anomalías en el pago a supuestos proveedores para que realizaran servicios que nunca se ejecutaron, o los recursos fueron triangulados a empresas privadas.

El modus operandi detectado por la ASF consiste en que dependencias federales, amparadas en el artículo 1º. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, canalizan recursos a las universidades al contratar servicios, y éstas subcontratan proveedores sin perfil requerido o empresas fantasmas.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor) firmó un convenio el 6 de mayo de 2013 con la Sedesol por 697 millones de pesos para abastecer de equipo a los promotores de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.

La Uaemor subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó. Damián apuntó que este monto es superior al recorte que el gobierno aplicará este año al ISSSTE.

Derivado dela revisión realizada, la ASF interpuso ocho denuncias penales ante la PGR en agosto pasado. Y también se sabe, dijo la diputada, que están involucradas otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación , el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Secretaría de Economía (SE).


La diputada señaló que para su partido, Morena, el tema de la educación y el alivio a la pobreza son prioritario, y ante la falta de compromiso del Estado -y ahora de algunas universidades-, se quiere contribuir a que en México se amplíen las oportunidades para que los jóvenes puedan tener una educación universitaria pública y gratuita. Por ello, aseguró que las y los diputados de su partido seguirán aportando la mitad de su sueldo para evitar que al menos algunos de los jóvenes rechazados de las universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, se queden sin la posibilidad de continuar estudiando.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2702/mexico/via-universidades-desvian-recursos-de-cruzada-contra-el-hambre-diputada/

10 Claves del desvío de recursos pone en jaque a Javier Duarte, a 10 meses de cerrar su gestión

Cuando faltan 10 meses para que Javier Duarte de Ochoa deje la gubernatura, el priista tiene varios pendientes: El aumento de la deuda estatal, el pleito con la Universidad Veracruzana y las acusaciones de los pensionados y jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin dejar de soslayar las agresiones a periodistas y la violencia que ha dejado decenas de muertos y desaparecidos en la entidad.

Esta semana, un fuerte rumor se extendió en el mundo de la política: se preparaba la renuncia del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Líderes de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), dieron pie a tal cosa y aunque horas más tarde se retractaron los rumores continúan y la presión por parte de la oposición también.

Todo inicio el pasado 17 de febrero con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que reveló en su más reciente informe que los recursos públicos destinados a las entidades federativas y a los municipios son tan deficientemente administrados que en 2014 hubo al menos 77 mil 380 millones de pesos en los que se detectó algún tipo de irregularidad u observación.

El documento muestra también un tabulador con lo que denomina “monto de las acciones con impacto económico” en las que ha incurrido cada estado, y en las que aparece Veracruz en primer lugar, con 14 mil millones de pesos pendientes de solventar en 2014 y, desde 2011, 35 mil 421.

El ente fiscalizador reclamó al Gobierno de Veracruz la devolución de al menos 721.9 millones de pesos producto de presuntas irregularidades en el manejo de fondos federales para obras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.

Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, emplazó al Gobernador de Veracruz a rendir cuentas concretas y verdaderas ante los reclamos sobre corrupción que enfrenta.

Tras el informe, legisladores de oposición, especialmente el Partido Acción Nacional (PAN), a través de la junta directiva del Senado, envió una petición a la Cámara de Diputados para iniciar juicio político contra el Gobernador priista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, con base en el informe de la Auditoría Superior Federación.

Las denuncias por el desvío de recursos en Veracruz llegaron hasta los priistas quienes intentaron fijaron una postura al respecto, aunque después se retractaron.

Por ejemplo, el 23 de febrero, en entrevista con el diario Reforma, durante su visita a Villahermosa para apoyar a la candidata a la Alcaldía de Centro, Liliana Madrigal, Beltrones expresó: “Javier Duarte deberá de estar presentando, obviamente, cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos. Al PRI nos ocupa mucho cualquier señalamiento que se pueda hacer de bueno o mal gobierno y actuamos en consecuencia. En lo bueno, insistimos, y en lo malo, lo sancionamos“.

Las declaraciones de Beltrones comenzaron a crear especulaciones en la política y la prensa mexicana, quienes aseguraron que Javier Duarte tenía las horas contadas en Veracruz.

Al día siguiente, Beltrones corrigió, y aseguró que su expresión iba dirigida a todos los habitantes de esa entidad. Duarte de Ochoa hizo lo mismo y señaló que no dejaría la gubernatura.

“La declaración de hoy [de Beltrones] creo que mata la declaración de ayer y deja muy claro la postura del presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional”, dijo Duarte.

El líder priista y el Gobernador dijeron que los rumores son por los tiempos electorales que vive el país. Aunque, en realidad, los rumores vinculan la caída de Duarte con los desvíos detectados por la Auditoria Superior de la Federación y que pueden ser solventados en los tiempos marcados por la Ley.

A 10 meses de que Duarte deje la gubernatura, el priista tiene otros pendientes: El pleito con la Universidad Veracruzana, quien denunció su gobierno por más de 440 millones de pesos que la institución ha dejado de recibir; y las acusaciones de los pensionados y jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes califican al gobierno de Javier Duarte y a sus predecesores, Fidel Herrera Beltrán y Miguel Alemán, como “jinetes del apocalipsis” para el sistema pensionario, al cual llevaron a la quiebra por el mal manejo de recursos.

Sin dejar de soslayar las agresiones a periodistas y la violencia que ha dejado decenas de muertos y desaparecidos en la entidad.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-02-2016/1629431

Veracruz, el millonario desvío de recursos federales

Por un desvío de 11 mil 400 millones, la PGR investiga al gobierno de Veracruz. Las irregularidades, en recursos etiquetados a salud, educación, infraestructura y seguridad pública. La ASF interpuso 15 denuncias penales

Durante 2013 y 2014, el gobierno de Veracruz habría incurrido en un desvío millonario de recursos federales, revela la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013.

Más de 47 mil millones de pesos le fueron entregados a la entidad para solventar carencias en los rubros de salud, educación, infraestrucura y seguridad pública.

No obstante, tras una minuciosa revisión del manejo y destino de los recursos, el órgano fiscalizador detectó irregularidades en las 44 auditorías realizadas a la administración de Javier Duarte de Ochoa, por lo que procedió a emitir un pliego de observaciones y recomendaciones e inició la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Con el fin de solventar los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), funcionarios del gobierno estatal, realizaron movimientos bancarios simulando la reintegración de los fondos federales y después retiraron los recursos y los depositaron en cuentas distintas, sin que se pudiera acreditar su destino final.

Por los hechos, en 2014, la ASF inició 15 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, que involucran al menos a 29 funcionarios y exfuncionarios.

Aunque Javier Duarte aseguró que se habían sobreseído las 15 denuncias penales que la ASF interpuso contra su gobierno, en el portal de internet oficial de la Auditoria continúan a la vista.

Derivado de la revisión hecha por personal de la ASF al gasto federalizado de los ramos 33, 4, 11, 12 y 23, entregado a Veracruz, el daño a la hacienda pública federal se calcula en al menos 11 mil 410 millones de pesos.

El Seguro Popular, la Universidad Veracruzana, las escuelas de tiempo completo, las escuelas normales, entre los afectados.

“Se concluye que, en términos generales, el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Los recursos otorgados no se administraron con eficiencia, eficacia, economía, y transparencia […]; se retiraron de la cuenta específica y exclusiva recursos sin acreditar documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe más sus rendimientos generados […]; se reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público avances físicos y financieros que no corresponden con los comprobados durante la revisión”, se lee en los informes elaborados por la Auditoría.

Duarte, primer lugar en desvío de recursos

En una entrevista con Carlos Loret de Mola, el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, señaló al gobierno de Javier Duarte de Ochoa como el que más desvíos de recursos federales realiza, principalmente en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y para el Seguro Popular.

En el programa de radio Contraportada, Juan Manuel Portal señaló a Tabasco, Michoacán y Veracruz como los estados con el manejo más deficiente de recursos federales.

Además, destacó a Veracruz como el peor calificado en la aplicación correcta de los recursos, junto con Hidalgo y Sinaloa.

“En el pasado se nos daba información, documentos en que trataban de demostrarnos que ya estaba reintegrado el recurso, y con base en ello podríamos solventarlo, pero la sorpresa que tenemos de hace 2 años para acá es que esos recursos que ya habían sido reintegrados y una vez que ya los solventamos, los vuelven a sacar, esto ya es una simulación en las que estamos procediendo a hacer denuncias de hechos.”

Ello, refirió, “en nueve o 10 estados […] Veracruz, Michoacán, Tabasco, Chiapas, son muchos y es una práctica nociva. Afortunadamente tenemos una forma de parar esto, ya no solventamos hasta que no me demuestres que estos recursos que dices haber reintegrado a la cuenta, o que reintegraste, los aplicaste al propósito para el que te autorizaron, es decir, gástalos efectivamente, no les des la vuelta, no los pelotees de cuenta en cuenta, no los metas a tu cuenta concentradora”.

Desvío e irregularidades

En los informes, la ASF encontró irregularidades en casi la totalidad de los 678 millones 889 mil pesos destinados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, un equivalente al 92.1 por ciento; en el 95.4 por ciento de los más de 365 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; en el ciento por ciento de los 2 mil 38 millones 610 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; o el 90.2 por ciento de los 30 millones 463 mil pesos transferidos a través del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con el gobierno de Veracruz a través de Claudia Alvarado, particular del coordinador de Comunicación Social del estado. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Fuente: Contralínea

Autor: Elva Mendoza

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/02/25/veracruz-el-millonario-desvio-de-recursos-federales/

Jubilados de la UNAM acusan a Videgaray de desviar fondos de pensiones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM) exigieron al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, “sacar las manos” de los fondos de pensiones de los cuales, acusaron, se ha utilizado el 50% como gasto corriente para deuda pública.

“Es urgentísimo que el gobierno saque las manos de los fondos de pensiones. Eso que ellos llaman deuda pública en realidad es gasto corriente, no nos vayamos con la finta.

“Los señores están utilizando este dinero para pagar su funcionamiento, su aparato burocrático, lo que es un desvío, un quebranto completamente ilegal”, denunció la OJUPE en un comunicado.

Con datos del tercer informe de 2015 enviado por la CONSAR al Congreso, los demandantes indicaron que la mayoría de los fondos de pensiones administrados por AFORES Y SIEFORES se usaron para comprar deuda pública y no para promover la inversión en actividades productivas.



De los dos billones 469 mil 572 millones de pesos reconocidos como activos netos, precisaron, la SHCP utilizó 50.80% para comprar deuda gubernamental, 17.10% se invirtió en valores internacionales, 6.30% en deuda variable, 5.8% en valores estructurados, sólo 4% en empresas productivas del Estado y 2.20% en Banca de Desarrollo, lo que deja sólo 13.8% para invertir en los diferentes sectores productivos de la industria nacional.

Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE; Marco Antonio Torres, coordinador de propaganda y prensa de la organización; y los abogados Humberto Luna y Héctor Larrínaga exigieron al gobierno, a nombre de los jubilados y pensionados, que respete su propia legalidad e invierta esos fondos de pensiones para impulsar el mercado interno, para impulsar el crecimiento de la industria mexicana y convertirlo en capital productivo para impulsar el crecimiento de las empresas nacionales.

Asimismo, propusieron una reestructura de la CONSAR y su consejo para que éste no sea consultivo sino resolutivo y vinculante, y que sean obreros y empresarios quienes decidan en qué instrumentos invertir los fondos de pensiones.

Actualmente, señalaron los inconformes, existe opacidad e irregularidades en las AFORES y SIEFORES que contravienen la actual Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la CONSAR fomenta esas prácticas al no pormenorizar la información que reciben los trabajadores jubilados y en activo a través de sus estados de cuenta. Horacio Zacarías acusó a estas instituciones “garantes” de la seguridad patrimonial de los trabajadores, de ser “títeres” del secretario de Hacienda en turno, otorgando el dinero de los jubilados como “capital de especulación”.

Los demandantes criticaron que aun cuando la ley prevé que los trabajadores puedan demandar en caso de irregularidades en el manejo de sus pensiones, se encuentran “en total indefensión”, pues la información que tienen respecto a sus cuentas individuales es prácticamente nula, lo que imposibilita cualquier argumento contra los sistemas de pensiones.

“El trabajador no es informado por las sociedades de inversión sobre los riesgos, montos y movimientos de sus ahorros, por ello no puede denunciar, ni reclamar el monto del salario ni su integración, ya que dicha información no viene en los Estado de Cuenta y el trabajador no puede saber si los recursos que están entrando a su fondo de pensiones son los que le corresponden”, explicaron.

Por si fuera poco, señalaron, el secretario de Hacienda es quien preside la Junta de Gobierno de la CONSAR y quien designa a los integrantes de la misma, es decir, “son juez y parte”, además el Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR, responsable de vigilar las posibles situaciones de conflicto de interés, prácticas monopólicas o fraudes, sólo puede emitir recomendaciones y no son vinculantes. Ante esa situación, la OJUPE exigió a la SHCP que saque las manos de los sistemas de pensiones y apliquen la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, obligando a AFORES y SIEFORES a brindar información completa a los trabajadores, incluidos movimientos en estados de cuenta, historial labora así como reporte de los rendimientos que acumulan bimestralmente.

“Estamos buscando la correcta aplicación del estado de derecho y vamos por la defensa de nuestro patrimonio. Somos millones los trabajadores afectados por estas medidas y continuaremos la lucha por la vía legal para recuperar nuestros ahorros”, concluyó la OJUPE.

Fuente: Proceso

http://www.proceso.com.mx/431081/exigen-a-videgaray-sacar-las-manos-de-los-fondos-de-pensiones

Exige PAN a PGR actuar contra responsables del desvío de $35,000 millones en Veracruz

El PAN exige a la PGR proceder contra los responsables de estos delitos, "...que causaron el desastre financiero y social que padecen millones de veracruzanos".

El PAN demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) actuar ante las denuncias penales que presentó la Auditoría Superior de la Federación en contra de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz, por el desvío de más de 35 mil millones de pesos.

“El Partido Acción Nacional exige a la Procuraduría General de la República proceder de inmediato en contra de los responsables de estos delitos, que causaron el desastre financiero y social que padecen millones de veracruzanos. Este caso seguirá bajo la lupa, y cualquier intento de encubrimiento o impunidad será evidenciado”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional panista en un comunicado.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2014 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno encabezado por Javier Duarte desvió, en tan sólo un año, más de 14 mil millones de pesos, lo cual -señaló el PAN- resulta indignante no sólo para los veracruzanos, sino para el país entero.

En los rubros de educación y salud se detectó el mayor desvío de recursos públicos, con 8 mil 447.8 millones de pesos y 4 mil 236.4 millones de pesos, respectivamente.


La prioridad de Acción Nacional es combatir la corrupción: que los corruptos vayan a la cárcel. El dinero debe llegar a su destino, que no es el bolsillo de los malos gobernantes, señaló el PAN.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2002/mexico/exige-pan-a-pgr-actuar-contra-responsables-del-desvio-de-35000-millones-en-veracruz/

Confirman desvío de recursos del gobierno de Morelos en un crédito por casi 3 mmdp

CUERNAVACA, Mor: La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) deberá iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas inicialmente contra funcionarios del gobierno de Graco Ramírez por la aplicación irregular de los recursos del crédito de 2 mil 806 millones de pesos que la administración estatal contrató en 2013, luego de obtener autorización de la anterior Legislatura.

Finalmente este jueves el auditor general Vicente Loredo Méndez entregó a los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el informe de resultados de la auditoría especial realizada al crédito, aunque nuevamente se negó a pormenorizar el número y monto de las observaciones de carácter resarcitorio.

La revisión especial, que originalmente fue instruida por la Legislatura anterior, concluyó luego de casi año y medio de haberse ordenado y superando por mucho el plazo de tres meses en el que supuestamente debería ser desahogada por el órgano de fiscalización.


A partir de este momento la Comisión de Hacienda deberá notificar al pleno del Congreso la recepción del informe, hacer públicos sus resultados e instruir para que se finquen responsabilidades –incluso penales– a las que haya lugar con base en la información presentada por la ESAF.

A pesar de que se negó a dar pormenores sobre el caso, Vicente Loredo aprovechó para anticipar –en descargo del gobierno estatal– que las consecuencias sobre el desvío de recursos del crédito millonario serán “acciones administrativas”, aunque no pudo negar que las mismas pudieran desencadenar responsabilidades penales.

Según la poca información transparentada, el informe sólo contiene resultados de la auditoría practicada a 73% del monto total del crédito, dado que al momento de que fue autorizada la revisión el gobierno de Graco Ramírez sólo había ejercido ese porcentaje de los recursos.

También dijo que el resto de los recursos no auditados –que equivalen a más de mil 200 millones– serán revisados dentro de las auditorías ordinarias correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Alberto Mojica Linares, informó que el Congreso dará vista a la PGR sobre los resultados del informe, ya que constituye un elemento dentro de la carpeta de investigación iniciada por la denuncia presentada por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos contra Graco Ramírez por el delito de peculado.

Mojica Linares indicó que existe la posibilidad de que el Congreso instruya una nueva auditoría especial, ahora sobre los más de mil 200 millones no revisados, con el fin de ir al fondo sobre las supuestas irregularidades en la aplicación de cada peso correspondiente al crédito que mantiene endeudado a Morelos hasta el año 2032.

Desvío de al menos 309 mdp

A pesar de que no se transparentan aún los resultados de la auditoría practicada a parte del crédito por casi 3 mil millones de pesos autorizado al gobierno de Graco en 2013, existen evidencias del desvío de al menos 309 millones, como se informó en octubre de 2015, cuando la secretaria de Hacienda del gobierno estatal, Adriana Flores Garza, compareció ante el Congreso y admitió que esa cantidad se utilizó no para el pago de obras públicas anunciadas, sino para saldar nóminas, bonos navideños y compensaciones a trabajadores del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

En su oportunidad, Apro informó que, además, con parte de esos recursos fueron pagadas obras ejecutadas por la anterior administración, la del panista Marco Antonio Adame Castillo, y que de manera irregular el actual de Graco Ramírez había saldado con recursos del crédito.

Alberto Mojica Linares informó que producto de la comparecencia a la que fue llamada Flores Garza, recibieron documentales oficiales que comprueban que una gran cantidad de los recursos del crédito de 2 mil 806 millones contratado por el gobierno estatal, se utilizó indebidamente para el pago de gasto corriente en múltiples rubros.

Incluso destacó que de la revisión superficial del informe presentado por la secretaria de Hacienda se pudieron detectar “rubros diversos que van desde el pago de nómina al IEBEM y otras instancias, por más de 200 millones de pesos que se utilizaron para gasto corriente”.

Sin embargo, en una revisión más detallada de la información contenida en el documento entregado a los diputados bajo el título “Obras y acciones aprobadas con crédito” –en poder de Apro–, se puede comprobar que se trata de un total de más de 309 millones de pesos que se utilizaron para tapar “huecos financieros” de la nómina del IEBEM correspondiente al 2012, aun cuando el crédito fue autorizado el 10 de octubre de 2013.

La carpeta elaborada por la Secretaría de Hacienda estatal documenta el uso de los recursos del crédito por más de 177 millones de pesos, clasificados bajo los rubros de “Remanentes de quincenas” del IEBEM y “Provisiones salariales al sector educativo”, correspondientes a los meses de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012.

Además de 20 millones 448 mil pesos en el “Pago por bono navideño para jubilados federalizados”; 107 millones 737 mil pesos para el “Pago anual de compensación por fortalecimiento temporal compactado 2013”, y 3 millones 500 mil pesos para el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Ejecución del Programa de Tecnologías Educativas de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Morelos de 2012.

En suma, más de 309 millones equivalentes a 78.6% del total financiero agrupado en el “Eje temático educación” del informe “Destino de los recursos de los créditos por tema”, que documenta un monto total de 393 millones aplicados en 94 obras y/o acciones realizadas.

El coordinador parlamentario de Nueva Alianza, Francisco Santillán Arredondo, explicó que el argumento mediante el que la funcionaria intentó justificar el uso de dinero del endeudamiento para pagos de gasto corriente fue que el artículo tercero de la Ley de Deuda Pública de Morelos establece que las nóminas no son un gasto corriente, sino un gasto de inversión.

“Que el gasto de inversión es todo aquello necesario para llevar a cabo una función y que si no se les paga la nómina a los maestros, éstos no pueden realizar su función y que por lo tanto no es gasto corriente”, ironizó.


“En cualquier lugar, y aunque lo quieran disfrazar, eso es un gasto corriente, aunque lo quieran disfrazar como gasto de inversión”, concluyó entonces Mojica Linares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIMA LUIS BRITO.
FECHA: 18 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430638/confirman-desvio-de-recursos-en-credito-concedido-al-gobierno-de-morelos

Trece años de impunidad de Serrano Limón

CIUDAD DE MÉXICO: Trece años después de que se revelara un desvío de recursos públicos por 30 millones de pesos (mdp) de parte de la organización antiabortista Provida, su dirigente, Jorge Serrano Limón, se encuentra en prisión, acusado del presunto delito de peculado por más de 25 millones detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Trece años en los que el líder ultraconservador –financiado desde la Cámara de Diputados con recursos de la Secretaría de Salud (Ss)– siguió haciendo mal uso de los fondos públicos en total impunidad, a través de sus Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), clínicas en las que se disuade a las mexicanas de ejercer su derecho al aborto legal.

En 2004, Cimac difundió los resultados de una auditoría ciudadana elaborada por seis grupos civiles al ejercicio de 30 mdp que Provida recibió de manera irregular de parte de la Ss en 2003.


En la revisión realizada por Equidad de Género, Salud Integral para la Mujer (Sipam), Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se documentaron –a partir de información de la propia Ss– los malos manejos que Provida hizo de los 30 mdp que recibió para la construcción de 10 CAM.

Entre las irregularidades descubiertas, las organizaciones civiles destacaron que 81.53% de los 30 mdp se destinó a “publicidad”, “mobiliario y equipo médico”, y sólo 3.53% de lo previsto (37 mil 825 mil pesos) fueron para “ayudar” a las mujeres.

En ese gasto se documentó la compra de plumas de lujo, ropa para caballero y dama en tiendas de prestigio (las polémicas tangas que captaron en su momento la atención de los medios de comunicación).

Pero ya desde 2003 se sospechaba del mal uso del presupuesto público por parte de la organización ultraconservadora.

Los mismos grupos civiles que realizaron la auditoría denunciaron ese año el contubernio de la Ss con la organización antiabortista, al considerar que desde el gobierno del entonces presidente panista Vicente Fox se evitaba que las mujeres ejercieran su derecho al aborto legal por violación.

También acusaron que Provida, además de atentar contra el derecho de las mexicanas a elegir libremente sobre su maternidad, lucraba desde entonces con recursos del erario que fueron aprobados por la Cámara de Diputados para atender el VIH/Sida.

Las organizaciones ciudadanas pusieron en la mira por su presunta complicidad al panista Luis Pazos, quien como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja habría sido el artífice de un desvío de recursos públicos con fines privados, en clara violación a las disposiciones legales.

Hasta el entonces secretario de Salud federal, Julio Frenk, fue severamente cuestionado por el respaldo presupuestal a una organización contraria a las políticas públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.

Incluso otras investigaciones periodísticas advirtieron la posibilidad de que Provida estuviera involucrada en tráfico de niñas y niños producto de violencia sexual y abandonados por sus madres.

Y la mata dando

El escándalo desatado se quedó en denuncia mediática y ninguna instancia de gobierno se comprometió formalmente a esclarecer los hechos. Tanto Serrano Limón como Luis Pazos y la Ss se deslindaron de los señalamientos y desestimaron que se hubiera cometido algún desvío de recursos.

Por ello la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 15 años a Jorge Serrano Limón, tras encontrar suficientes elementos que comprobaron el manejo irregular de recursos del erario.

En 2005, la SFP también ordenó al líder de Provida pagar como sanción económica 13 millones 237 mil 377 pesos, como parte del desvío de recursos que debían ser destinados a los CAM y que fueron utilizados para adquirir otros insumos.

Además, la dependencia anunció que tres funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, organismo desconcentrado de la Ss, habían sido destituidos.

Serrano Limón se amparó y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que un año después ratificó lo ordenado por la SFP.

No obstante, tras esos fallos en su contra, Serrano Limón volvió a estar en la mira judicial por otros desfalcos al erario con el argumento de “ayudar” a las mujeres.

En 2012, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal condenó a cuatro años de prisión a Serrano Limón, al hallarlo culpable de desviar 2 millones 496 mil 157 pesos, entregados como donación federal para el equipamiento de una decena de CAM administrados por Provida.

De acuerdo con la sentencia del proceso 156/2010, en lugar de adquirir aparatos de ultrasonido y ecosonido, Serrano usó el dinero para pagar una impresora térmica, un modular portátil, cables, galones de gel, rollos de papel, transporte, viáticos, teléfonos, luz, componentes, “cintas y confirmaciones”.

Se le impuso una multa por 14 mil 535 pesos y la reparación del daño, pero no fue encarcelado.

¿Justicia?

Se llegó así a la detención la víspera del dirigente de Provida, luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ejecutó una orden de aprehensión en contra de Serrano Limón por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 25 millones 764 mil 539.71 pesos.

Al revisar la ASF las cuentas de esa organización, detectó diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el gobierno federal le asignó para el equipamiento de los CAM.

Ante el presunto desvío de recursos públicos se inició la averiguación previa correspondiente por el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal.


Derivado de las indagatorias de la PGR, el 21 de octubre pasado se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente que fue cumplimentada ayer en esta ciudad por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal. El inculpado quedó a disposición del juez de la causa, y ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en esta capital.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL MAYA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430612/trece-anos-de-impunidad-de-jorge-serrano-limon

Confirman orden de captura contra exalcaldesa y cuatro exfuncionarios por desvío de 464.8 mdp

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P: La exalcaldesa priista de la capital Victoria Labastida Aguirre, así como cuatro exfuncionarios de la administración 2009-2012 son buscados por autoridades ministeriales en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por el juez sexto local en un proceso iniciado por peculado, uso indebido de la función pública y otros delitos.

El monto involucrado en estos delitos es 464.8 millones de pesos.

La orden de captura fue confirmada por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, quien aseguró que este procedimiento es consecuencia de un proceso judicial iniciado en el sexenio pasado. No obstante, la medida se da a conocer a solo dos días de que Carreras asumió el cargo.

“No es un tema opcional para el gobierno; cuando hay un ordenamiento de una autoridad judicial la administración gubernamental está obligada a dar cumplimiento”, declaró esta mañana el gobernador.

El proceso fue iniciado por la Auditoría Superior del estado, tras la detección de diversas irregularidades atribuidas a la exalcaldesa, así como a su tesorero, Agustín Soberón Álvarez; el secretario del Ayuntamiento Emigdio Ilizaliturri Guzmán; la contralora Glafira Ruiz, así como el regidor Miguel Ávalos Oyervide, quien reemplazó a Labastida cuando ésta pidió licencia para ser candidata al Senado.

En abril del año pasado se inició un proceso administrativo de responsabilidad, del cual estarían derivando la orden de aprehensión contra todos los exfuncionarios municipales encabezados por Labastida.

Victoria Amparo Labastida Aguirre, psicóloga de profesión, fue funcionaria del gobierno estatal y diputada local de 2006 al 2009, cuando dejó su curul para buscar la alcaldía de la capital.

Compitió como única mujer candidata por la presidencia municipal de la capital en 2009, haciendo mancuerna con el candidato a gobernador Fernando Toranzo Fernández, de quien se distanció una vez que ambos ganaron las elecciones.

Con su triunfo, Labastida rompió la hegemonía del PAN en este municipio, que el blanquiazul gobernó durante 12 años.
Entre las irregularidades imputadas a los exfuncionarios se encuentran: Numerosos viajes dentro del territorio nacional y al extranjero cuyos beneficios para el municipio no fueron evidenciados, contratación de deuda sin permiso del Congreso, aumento de la burocracia, asignación del servicio de agua a una empresa particular, tráfico de influencias para permitir la instalación de tiendas departamentales y varias anomalías en la asignación de obras.

Uno de los problemas más graves heredados por García Valdez fue el incremento de la deuda pública municipal adquirida por Labastida, pues la cifra pasó de 223 millones a casi mil 300 millones en el trienio de la exalcaldesa.

Victoria Labastida y sus colaboradores más cercanos también dispusieron de tarjetas corporativas con cargo al erario, con las cuales pagaban las cuentas de sus viajes, según publicó el diario Pulso en 2012.

También le fueron señaladas violaciones a derechos humanos cometidas por policías municipales; disposición irregular de reservas territoriales y la falta de autorización del Congreso en la venta de varios inmuebles del patrimonio municipal.

Labastida pidió licencia en enero de 2012 para ser candidata al Senado, elección que perdió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Detiene PGR a acusado de desviar 91 mdd de contrato petrolero

México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a José Antonio Álvarez del Castillo Gómez, acusado de participar en el desvío de un crédito de 91 millones de dólares otorgado por Banobras para financiar contratos asignados por Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción (PEP).

En un comunicado, la dependencia precisó que al detenido se le imputan delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, así como el de asociación delictuosa, luego de que presuntamente pidió un crédito que iría destinado a la compra de equipo de perforación de pozos petroleros terrestres, pero en realidad desvió el dinero para otros fines.

La PGR precisó que la captura se realizó en el Distrito Federal cuando Álvarez llegaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Washington DC, y de inmediato fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición del juzgado décimo tercero de distrito de procesos penales federales.

Fuente: La Jornada

Autor: Alfredo Méndez

Juez repone juicio y vuelve a dictar formal prisión a Granier

VILLAHERMOSA, Tab: La juez Tercero de lo Penal, Guadalupe Cadena Sánchez, mantuvo su decisión de dictar auto de formal prisión al exgobernador priista, Andrés Granier Melo, por el presunto desvío de dos mil 604 millones 896 mil pesos del erario en 2012, último año de su sexenio.

El pasado domingo 26 Cadena Sánchez cumplió el mandato de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) que, el 16 de abril, ordenaron reponer el procedimiento por violación a las garantías individuales del exmandatario, quien alegó ausencia de una adecuada defensa al momento de rendir su declaración preparatoria, en relación a las acusación que se le imputan de peculado y ejercicio indebido del servicio público en pandilla.

Granier Melo recibió la notificación del nuevo auto de formal en la torre médica del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan del Distrito Federal, donde se encuentra recluido por problemas de salud, luego de ingresar al Reclusorio Oriente en junio de 2013, acusado por la PGR de los presuntos delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal.

De acuerdo con la causa penal 181/2013, el exgobernador desvió más de dos mil 604 millones de pesos en el último año de su gobierno.

Además, está acusado de desaparecer 196 millones de pesos del Sector Salud.

En noviembre de 2013, el Congreso del Estado reprobó la cuenta pública de 2012 de Granier Melo por no comprobar gastos por 5 mil 400 millones de pesos.


Según el dictamen de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, a la cuenta pública del último año del sexenio de Granier se le hicieron dos mil 376 observaciones presupuestales, financieras, físicas y de control interno que no fueron solventadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.

Denuncian oootro presunto desvío de recursos en Veracruz

Los presuntos desvíos, en el programa de apoyo a jornaleros agrícolas; en supuestos robos de tarjetas bancarias; robos de cheques; obras fantasmas...

El senador Alejandro Encinas denunció ante la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social, un presunto desvío de recursos públicos que originalmente estaban destinados a programas sociales en Veracruz.

Aunque reconoció que la denuncia de hechos se basa en filtraciones, que podrían tratarse de “un conflicto dentro de los grupos políticos del PRI en Veracruz” y un “fuego amigo”, el legislador remarcó que “el tipo de información que se ofrece es gente de adentro, que tiene acceso a documentación oficial, que conoce la distribución de las tarjetas, tiene acceso a los programas de beneficiarios, hizo un trabajo especial para acreditarlo y pues evidentemente, el objetivo central es el delegado (Marcelo Montiel Montiel, delegado de la Sedesol en Veracruz)”.

Encinas apuntó que desvío -según las filtraciones- podría ascender a 500 millones de pesos. 

Así lo expuso este lunes en conferencia de prensa:

“El pasado jueves 16 de abril, alrededor de las 14 horas, fue entregado en mis oficinas del Senado de la República, un sobre conteniendo una carta dirigida a mi persona, suscrito por ‘Funcionarios Honestos de la Sedesol de Veracruz’. Ese sobre incluía una USB, con información relacionada con esa dependencia, donde se presentan diversos documentos y testimonios de los que se presume el desvío de recursos públicos por un monto de al menos 500 millones de pesos…

“Tras el análisis de la misma y la consulta a diversas fuentes considero que existen elementos suficientes que permiten acreditar cómo opera el desvío de recursos públicos a favor de un partido político; los mecanismos mediante los cuales se desvían recursos de Sedesol para fines ajenos a la política social, así como las debilidades de los sistemas de control y fiscalización de los mismos.

“Cabe mencionar que el presunto desvío de los recursos que hoy presentamos, son distintos a los reportados en febrero pasado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, correspondiente a la cuenta pública de 2013, donde se señala que el estado de Veracruz, donde residen más de 4.1 millones de mexicanos en situación de pobreza, fue la entidad de la República que registró el mayor número de irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal de 2013, casi el doble de Michoacán, entidad que aparece en segundo sitio…

“Hay que recordar también como ese mismo año, el PAN exhibió conversaciones telefónicas de funcionarios de la Sedesol en Veracruz, que acordaban utilizar los recursos de la dependencia para beneficiar al PRI en las elecciones locales de ese año, haciendo uso indebido de más de 360 millones de pesos destinados a programas como Oportunidades, Piso Firme, y 65 y más, que dio lugar al desafortunado comentario del presidente Peña Nieto en defensa de la titular de la dependencia con el famoso ‘Rosario no te preocupes, hay que aguantar’.

“Escándalo que por cienrto hizo tambalear al Pacto por México; que retrasó la presentación de la reforma financiera, y que costó el empleo a varios funcionarios menores de la Sedesol en Veracruz, así como la separación del delegado en el estado, Ranulfo Márquez Hernández, hoy secretario estatal de desarrollo social en Veracruz, quien fue sustituido por Marcelo Montiel Montiel, actual delegado y personaje central en las denuncias que en unos momentos más presentaremos…

“La información que se nos entregó, ésta que vamos a entregarles también a ustedes, corresponde a una presumible filtración resultado de diferendos en la disputa política y el control de recursos federales en el estado de Veracruz, que protagonizan diversas facciones del PRI, y esas mantiene el formato y orden originales; no ha sido editada ni modificada.

“Se trata de un USB que con 623 archivos que ocupan 10.8 GB, contienen un video que da soporte a las siete partes en que se presenta la información, más una carpeta de archivos que apoyan los contenidos de cada video, integrado por imágenes de documentación de control interno, correos electrónicos, formatos y facturas, así como videos testimoniales de personas que dicen ser beneficiarias o gestoras de los programas de Sedesol en Veracruz…

“Los capítulos que integran esta denuncia son:

• Robo de apoyo a jornaleros agrícolas
• Robo de tarjetas bancarias
• Robo de cheques – falsificación de firmas
• Obras fantasma del programa 3X1 de Migrantes
• Robo en el apoyo a gestores voluntarios
• Obras fantasma Programa Empleo Temporal

“De acuerdo con la información contenida, de los 8 millones de pesos destinados al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, sólo se distribuyeron 2 millones a los beneficiarios.

“Se documenta, o se pretende documentar también el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias, cada una con un monto de mil 512 pesos y que en total suman 302 mil 400 pesos.

“De la misma forma se denuncia la operación sistemática y permanente de falsificación de expedientes y firmas, endoso de cheques y sustracción de cobros, también se demuestra la falsificación de las facturas.

“Y finalmente, se registran más de 100 obras públicas cobradas y reportadas que no se realizaron y que involucrarían a funcionarios federales, estatales y municipales, empleados de telégrafos, empresas y trabajadores externos“, indicó el senador.

Como lo publicó este sitio, en 2013, el PAN reveló una estructura paralela del PRI, conformada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, operaba a favor del tricolor en la entidad, junto con funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Todo lo descubrió y denunció ante la PGR el Partido Acción Nacional. “Ladrones electorales”, calificaron los panistas.


Tras descubrirse la operación priista, Ranulfo Márquez Hernández fue removido de su cargo como delegado de la Sedesol en Veracruz. A Ranulfo lo sustituyó Montiel Montiel, mientras el ex delegado federal, ahora es el titular de la Sedesol en Veracruz.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian senadores del PAN a Rosario Robles por supuesto desvío de recursos

MÉXICO, D.F: La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado interpuso hoy una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por un supuesto desvío de programas sociales en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas.

“Se le está imputando a la secretaria de Sedesol que funcionarios a cargo de ella están desviando recursos públicos, están vendiendo alimentos que deben estar destinados para la gente más necesitada y de alguna manera está vinculada”, informó el senador Francisco García Cabeza de Vaca.

“La operación electoral de Sedesol es tan evidente y tan amplia que es imposible que (Robles) le desconozca”, aseveró Fernando Herrera Ávila y rechazó “cualquier intervención del gobierno durante el proceso electoral”.

Según el equipo de comunicación del senador Francisco García Cabeza de Vaca, la denuncia se basa en reportajes y videos que realizaron medios de comunicación tamaulipecos en la ciudad de Reynosa.

El Mañana Televisión publicó un reportaje en el que aparece una camioneta blanca de la Sedesol con logotipos del programa SinHambre y PAL, estacionada frente a un pequeño restaurante. En el video se puede ver a personas que descargan paquetes de la camioneta y los llevan por la puerta trasera del local.

En otro video que subió a internet La Tarde se observa a una mujer “de clase media” salir de las oficinas del centro de apoyo de beneficiarios del programa PAL con seis cajas de huevos, un paquete de varias bolsas de harina y un paquete de frascos de café y atún que cargó en la cajuela de su coche.

Tras un recorrido por la vivienda de la mujer, la voz del narrador plantea: “ésta es una de las familias beneficiadas con programas del gobierno federal que están destinados para personas de escasos recursos”.

El mismo medio de comunicación en línea subió otro video en el que se observa a dos mujeres que salen de la tienda Diconsa con despensas, supuestamente compradas por su tarjeta PAL SinHambre, que suben a la cajuela su Volkswagen Jetta. Tras un corte, las mismas mujeres aparecen saliendo de un supermercado Soriana Zona Dorada.

“De nueva cuenta se constata que el apoyo es entregado a personas que no requieren de la ayuda y dejan de lado a los que de verdad necesitan el apoyo para combatir el hambre”, asevera el narrador.

“Aquí no solamente estamos denunciando el hecho de desvío de recursos públicos, sino también el mal uso de los mismos”, planteó Cabeza de Vaca. Enfatizó que Edgar Melhem, exdelegado de Sedesol en el estado, ahora es candidato a diputado federal por el PRI.

La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, por su parte, recordó que la semana pasada los panistas presentaron una denuncia ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por el supuesto desvío de “más de 65 millones de pesos” en los programas sociales de Yucatán.

Por la tarde, la Sedesol emitió un comunicado en el que refrendó que “habrá cero tolerancia para servidores públicos, partidos políticos o candidatos que utilicen o pretendan utilizar los programas sociales, sus beneficios, nombres y logotipos con fines electorales”.


Asimismo, planteó que colaborará “de manera transparente y oportuna” con las investigaciones abiertas a raíz de denuncias ciudadanas sobre posibles desvíos de programas sociales, en especial respecto a los programas de Liconsa, Diconsa, Estancias Infantiles, Empleo Temporal y Comedores Comunitarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.