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jueves, 30 de marzo de 2017

Deuda pública registra máximo histórico: SHCP

Ciudad de México. En los últimos doce meses, el sector publico contrató deuda a un ritmo de 2 mil 209 millones de pesos diarios para llevarla a un nuevo máximo histórico de 9 billones 689 mil 563.6 millones de pesos, informó esta tarde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el Informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente al febrero de 2017, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la expresión más amplia de la deuda, se incremento 806 mil 561.8 millones de pesos en los últimos doce meses.

sábado, 18 de marzo de 2017

Aprueba Congreso veracruzano reestructurar deuda pública

Fue aprobada con 38 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones; el gobernador Yunes Linares insistió en que no se trata de contraer más deuda.

Diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz votaron por segunda ocasión, en la misma semana, la propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para reestructurar la deuda pública del estado; este viernes sí fue aprobada con 38 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones.

Así queda autorizado al titular del Ejecutivo modificar las cláusulas de 21 créditos bancarios por un monto superior a 46 mil millones de pesos.

miércoles, 1 de marzo de 2017

Miles de millones se perdieron en Edomex, dice la ASF, y no es todo: Eruviel elevó aún más la deuda

El Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas debe aclarar qué hizo con lo recursos federales que no le pudo comprobar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) transferidos en 2015, y también con los más de 2 mil millones de pesos con los que aumentó la deuda pública de esa entidad entre 2015 y 2016, debido a que son años electorales, exigieron miembros de la oposición y analistas.

El Gobierno del Estado de México aumentó su deuda pública en más 2 mil millones de pesos y no pudo comprobar el uso de recursos federales por mil 943 pesos en años electorales, por lo que debe aclarar en dónde quedó ese dinero, exigieron políticos de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y especialistas consultados por SinEmbargo.

De acuerdo con el “Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federales, Municipios y sus Organismos” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2015 y al cierre del tercer trimestre de 2016 el Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas incrementó la deuda pública –que se había sostenido durante su sexenio– 2 mil 271.40 millones de pesos, respecto al cierre de 2014, lo que colocó a la entidad en el quinto lugar entre las más endeudadas a nivel nacional.

El lunes pasado, el periódico Reforma publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el Gobierno del Estado de México no pudo comprobar el paradero de mil 943 millones de 10 mil 529 millones de pesos de fondos y programas federales recibidos durante 2015, y que de 20 observaciones realizadas, el Gobierno de Eruviel sólo contestó tres.
“La ASF audita cerca del 4 o 5 por ciento del total del recurso federal que son trasladadores a las entidades federativas; si hubiese auditado más hubiese encontrado más irregularidades. A mi juicio ahí hay un desvío de recursos públicos que debe ser investigado […], la Auditoría está facultada para iniciar denuncias de oficio ante la Procuraduría General de la República  [PGR] en contra quien resulte responsable”, dijo Octavio Martínez Vargas, secretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Martínez Vargas explicó que el incremento de la deuda pública coincide con las elecciones de 2015 en la entidad en donde se eligieron 125 ayuntamientos y a los diputados de la actual legislatura del Congreso del Estado.

“En el tema de esos más de 2 mil millones de pesos, en 2015 hubo elecciones en el Edomex y hubo la utilización de programas y recursos públicos para favorecer al PRI [Partido Revolucionario Institucional] y a sus aliados y mantener el control de las alcaldías con mayor número de electores. Eso es evidente, no puede explicarse cómo se entregaron miles de pantallas, se pintaron miles de casas, se entregaron tarjetas monedero, vales canjeables. Es decir, es muy probable que ese recurso que está marcado en 2015 como deuda, haya sido utilizado para fondear a los candidatos del PRI, eso se tiene que esclarecer y sancionar”, explicó.

La Secretaría de Hacienda registra que ese endeudamiento se mantuvo hasta el tercer trimestre de 2016, pues en el cuarto trimestre del año pasado el Edomex tiene una deuda de 36 mil 836.8 millones de pesos, es decir 4 mil 941.90 millones de pesos menos que el trimestre anterior.

Sin embargo, de acuerdo con Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, la disminución de la deuda en un trimestre no quiere decir que el Gobierno de Eruviel Ávila haya pagado esos casi 5 mil millones de pesos.
“El 60 por ciento de la deuda que los gobiernos estatales firman están garantizadas con transferencias desde la Federación. Cuando un Gobierno estatal, como lo que vemos ahí, baja la deuda, no es que haya tenido dinero para pagar esa parte de deuda, es que las transferencias que le corresponden en ese momento se las deducen de la deuda que tiene”, expuso Tenorio Aguilar.
En cuanto al incremento de deuda de 2016 puede explicarse por la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos que encontraron problemas por mal uso de los recursos públicos y pasivos a proveedores de las administraciones pasadas, por lo que requirieron que el Gobierno estatal les inyectara dinero, agregó Martínez Vargas.
“Es increíble que el estado que tiene el presupuesto más grande del país, cerca de 271 mil millones de pesos al año, no pueda traducir eso en niveles de bienestar para los ciudadanos y sea de los más pobres […]. La Auditoría Superior debe llamar a responder ante la justicia a los servidores públicos y si gana cualquier partido de oposición la gubernatura debe llamar a cuentas a los gobiernos priistas, de lo contrario sería cómplice”, dijo.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirma, de acuerdo con su último estudio que data de 2014, que el 46.6 por ciento de la población en la entidad vive en situación de pobreza, es decir 8 millones 269 mil personas; mientras que 23.7 por ciento –4 millones más– de los mexiquenses son vulnerables por carencias sociales, y 9.3 por ciento –1 millón 554 mil personas– son vulnerables por el ingreso.

RECURSOS PÚBLICOS PARA COMPRAR VOTOS

Martínez Vargas insistió que el Gobierno del Estado de México y el Gobierno federal mantienen una operación de la compra del voto de cara a las elecciones de junio, cuando se elegirá un nuevo Gobernador o Gobernadora para la entidad.
“Todos los días y en todas las calles están expidiendo recursos públicos para favorecer al candidato oficial [Alfredo Del Mazo Maza]. Hemos identificado que se están inscribiendo gente al programa de empleo temporal. Sólo en Ecatepec de 500 beneficiarios que había, ahora habrá 15 mil que recibirán un apoyo quincenal entre 2 mil y 5 mil pesos de aquí a junio”, reveló.
El Secretario Electoral del PRD denunció en diciembre pasado que el Gobierno federal aprovechaba la época decembrina para realizar “Ferias Comunitarias” en los municipios más pobres de la entidad y repartir despensas y monederos electrónicos que iban de los 2 mil 500 a los 5 mil pesos.


Las ferias eran encabezadas en ocasiones por Rosario Robles Berlanga, titular de la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Francisco Guzmán Ortiz, Jefe de la Oficina de Presidencia, acusó el perredista.

Hace unos días Josefina Vázquez Mota, precandidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo en entrevista con SinEmbargo que de llegar al poder en la entidad mexiquense llamará cuentas y auditará a los gobiernos priistas.

“Sin duda. Yo no había tenido esta oportunidad de contender por una gubernatura, como en los próximos días todo indica que así será, pero sí he tenido la responsabilidad de estar en cargos en el Gobierno federal y en la Cámara de Diputados y está esto que llama una entrega-recepción: las cuentas se revisan puntualmente, se hace un corte de caja para saber y dar a conocer a todos los ciudadanos las condiciones en las que estamos recibiendo el estado. Se hará como la Ley lo manda, y como debe ser el procedimiento correcto para saber qué se ha hecho, qué estamos recibiendo e informarlo a la ciudadanía”, afirmó.

Este diario digital solicitó a Delfina Gómez Álvarez, precandidata a la gubernatura por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una opinión sobre los hallazgos encontrados por la ASF y el incremento de la deuda en el Edomex, pero se informó que por motivos de agenda hasta hoy durante el día podría dar una postura.

ERUVIEL DEBE DAR LA CARA

Mauricio Merino Huerta, profesor-investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que el hallazgo de la ASF es grave, debido a que no se cumple con el ciclo presupuestario y “cabe la posibilidad de que esos dineros hayan sido utilizados discrecionalmente para fines diversos a los que originalmente estaban dirigidos”.

En cuanto a la deuda, aclaró que la gravedad no reside en el monto tal cual, sino que sea utilizada con ausencia de reglas, vigilancia, sin fiscalización y supervisión que permita dar cuenta del uso que se hace del recurso, así como de sus resultados.
“Es grave que la Auditoría llegue a estas conclusiones en cualquier caso, pero es mucho  más grave que sigamos sin entender que la transparencia es un recursos estratégico para gobernar mejor, no es un recurso electoral para crear el siguiente escándalo de la semana”, consideró.
Pero el economista Raymundo Tenorio opinó que si el Gobierno de Eruviel Ávila no aclara el paradero de los recursos públicos, tanto de deuda como el dinero transferido del Gobierno federal, sin duda la opacidad impactará en los votos para el PRI.


“Si no transparenta más votos va a perder el partido en el poder, porque eso pesa en el sentir del votante, más aún si la oposición utiliza esa información para hacer ver que el dinero se lo están robando”, dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-03-2017/3162639

martes, 28 de febrero de 2017

Gobierno de Calderón ocultó una deuda de 200 mil millones por la construcción de ocho penales

La deuda contraída por la construcción de los penales será liquidada en el año 2032, esto a pesar de que se entregaron con retrasos de hasta cuatro años y uno de ellos aún no entra en operaciones.

Sin la autorización del Congreso de la Unión, la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa contrató –a finales de 2010– a proveedores privados para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales por un monto de casi 200 mil millones de pesos.  


Lo hizo sin desembolsar un centavo y a cambio de pagar mensualmente el dinero en un plazo de 22 años. Esa transacción le permitió al gobierno no reconocer públicamente la deuda, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de compromisos de pago es deuda pública que requiere la regulación y aprobación del Congreso de la Unión, lo que en este caso no ocurrió.

Una auditoría “Financiera y de Cumplimiento” en materia de “Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social” aplicada por la ASF, en el marco de la revisión de cuenta pública 2015, concluyó que el gobierno federal –a través del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)– etiquetó la deuda contraída en 2010 por los ocho penales solo como gasto público corriente, pese a que aún hoy se deben 165 mil millones de pesos los cuales deben pagarse obligatoriamente como lo marcan los contratos.

El monto de esta deuda equivale a todo el dinero que ha perdido Pemex por robo de combustible desde 2000. Se trata de un caso donde el gobierno compromete recursos del erario sin que la deuda se reconozca públicamente.

Deuda disfrazada

En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF encontró que en diciembre de 2010 la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Genaro García Luna, firmó siete contratos para la construcción y operación de igual número de penales federales en distintos estados del país. Un octavo contrato fue firmado en marzo de 2011.

Para edificar los penales, el gobierno no hizo pago alguno sino que el costo corrió a cambio de las empresas contratadas. Como contraprestación, se comprometió a pagarles mensualmente durante 20 años un monto de 199 mil 476 millones de pesos.

Lo anterior no es ilegal pero de acuerdo con los auditores de la ASF, este pago debió cargarse a una partida denominada “Proyectos para prestación de Servicios”, que corresponde a pago de proveedores a largo plazo. Esta inversión en construcción de penales y la contraprestación debió registrarse como tal en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública.

Nada de lo anterior ocurrió. En cambio el OADPRS registró estas contrataciones como “gasto corriente” afectando la partida de “servicios integrales”, como si se tratara del gasto común de la dependencia en su operación y sin algún contrapeso más que la decisión del propio gobierno de decidir a dónde va el dinero.

La ASF alertó que bajo esta fórmula se comprometieron por años miles de millones de pesos, eludiendo lo que marca el artículo 74 de la Constitución que dice que cualquier proyecto de inversión debe tener la aprobación del Congreso pues se trata de contratos de varios años que comprometen recursos a futuro.

“Por los compromisos de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se estima conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los Centros penitenciarios” indicaron los auditores.

En respuesta a las observaciones de los auditores, el OADPRS negó que hubiera un endeudamiento con dos argumentos: el primero que los había registrado como gasto corriente y no como proyectos de inversión y segundo que quienes se endeudaron fueron las empresas contratadas pues ellas recurrieron a créditos para la construcción de los centros penitenciarios.

La ASF consideró insuficiente estas explicaciones pues insistió en que la construcción de los penales es un proyecto de inversión que compromete recursos públicos, que no pueden ser consideradas como gasto corriente y que en cambio, según lo que marca la ley, es una forma de endeudamiento que no pasó por los controles del Congreso.

“No obstante lo señalado por el OADPRS, conforme al artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Deuda Pública, la contratación de servicios cuyo pago se pacte a plazos está considerada como deuda pública, lo cual aplica en este caso en particular, ya que se convino con los prestadores de servicios un pago de referencia anual por 199,476,600.0 miles de pesos durante 20 años que es la vigencia de la prestación de los servicios y que al 31 de diciembre de 2015 se tienen pagos pendientes por 165,987,587.7 miles de pesos”.

Penales se entregaron tarde

Los contratos firmados con los proveedores privados (cuyos nombres no fueron revelados por la ASF) fueron para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales en los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Coahuila.

Los penales debían acabarse en un plazo máximo de dos años a partir de la firma de los contratos. De acuerdo con la ASF, esto significa que siete penales debieron comenzar a funcionar a finales de 2012 y uno más en marzo de 2013. Esto no ocurrió en la mayoría de los casos.

La revisión hecha por los auditores arroja que solamente los penales de Sonora y Guanajuato entraron en operación en octubre de 2012. Tres penales más en Chiapas, Durango y Oaxaca se echaron a andar hasta mayo, junio y diciembre de 2013. Otro penal, el de Morelos, se fue hasta mayo de 2015 mientras que el de Michoacán apenas comenzó a funcionar en marzo de 2016.

En cuanto al centro penitenciario federal en Coahuila, a la fecha en que se concluyeron las auditorías este aun no entraba en funcionamiento.

En resumen, solo en dos de ocho casos los centros penitenciarios se entregaron respetando los tiempos de los contratos. Otros cinco tuvieron retrasos de hasta cuatro años y uno ni siquiera está funcionando.

Pese a esta situación no se señalaron sanciones impuestas a los proveedores y concesionarios por el incumplimiento de los compromisos originales establecidos.

Estas no fueron las únicas irregularidades encontradas en la auditoría al funcionamiento del OADPRS. El análisis destaca, por ejemplo, que en seis contratos por prestación de diversos servicios para penales federales en 2015, solo dos de las empresas contratadas está en la Base de Datos en Materia de Contrataciones de Seguridad Nacional.

“Se considera que esto podría suponer un riesgo a la seguridad de la información que se proporcionó para solicitar las cotizaciones respectivas, ya que, como se mencionó, son prestadores de servicios que no se encuentran en la base de datos antes referida”, indicó la ASF.

La buena: se acabó sobrepoblación

Si bien la construcción de estos nuevos centros penitenciarios federales ha significado un endeudamiento “disfrazado de gasto corriente”, como concluyó la ASF, el diagnóstico hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia penitenciaria reveló que la creación de las nuevas cárceles ha resuelto el tema de la sobrepoblación penitenciaria en el país.

El Diagnóstico de la CNDH, presentado en marzo de 2016, identificaba aun sobrepoblación en siete centros penitenciarios federales. En respuesta el OADPRS puso en marcha una estrategia de traslados y reacomodos en los nuevos penales. Como resultado, para el ejercicio 2016 la sobrepoblación en los siete centros señalados había quedado resuelta según las autoridades. Fueron en total casi cinco mil traslados desde estas cárceles saturadas a otras.


Además hubo una reducción de la población federal penitenciaria quedando en menos de 25 mil mil internos, mientras que actualmente existe una capacidad instalada para albergar hasta 33 mil reos.

Auditoría revela que Calderón ocultó deuda by http://www.animalpolitico.com on Scribd

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/calderon-oculto-deuda-de-millones/

La deuda es ya histórica, pero la administración de Peña no baja el gasto público, alerta el CEEY

La organización recordó que cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de México, a finales de 2012, el saldo de la deuda bruta del sector público federal llegaba a 33.9 por ciento del Producto Interno Público (PIB) y que al final de 2016  aumentó poco más de 15 puntos porcentuales para ubicarse en 49.1 por ciento. Y destacó que las agencias calificadoras han alertado a nuestro país sobre los riesgos de que los niveles de los pasivos minen la confianza de los mercados internacionales.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) criticó el alto endeudamiento de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y se dijo preocupado por la falta de capacidad para poder reducir el gasto público.
“La evolución y alarmante crecimiento de la deuda pública, ha reducido de manera considerable la capacidad del gobierno federal para realizar modificaciones en el nivel y en la composición del gasto público, debido, principalmente, a que el costo financiero de la deuda presenta tasas de crecimiento anual mayores a los de la economía nacional”, destacó el CEEY en la presentación del análisis “Crecimiento Económico y Empleo en México durante 4Trimestre 2016, y Análisis de la Deuda del Gobierno Federal”.
La organización recordó que cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de México, a finales de 2012, el saldo de la deuda bruta del sector público federal llegaba a 33.9 por ciento del Producto Interno Público (PIB) y que al final de 2016  aumentó poco más de 15 puntos porcentuales para ubicarse en 49.1 por ciento.
Este es, sin duda alguna, un aumento significativo y coloca a la actual administración como la más endeudada de los últimos sexenios: al término de su sexenio, Ernesto Zedillo había logrado colocar el saldo bruto de la deuda en 22.6 por ciento; Vicente Fox en 21.4 por ciento y Felipe Calderón en 33.9 por ciento, señaló el CEEY como parte de su estudio.
Marcelo Delajara, Director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del CEEY, sostuvo que “esta evolución de la deuda pública se da en un contexto en el que las autoridades hacendarias del país han sufrido una pérdida de confianza considerable. Ello en parte fue debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha subestimado una y otra vez los pronósticos para el saldo de la deuda a lo largo del sexenio. Por ejemplo, en los Criterios Generales de Política Económica de 2014, emitidos hacia finales de 2013, se pronosticaba un panorama de ingresos y egresos de la federación tal que el saldo de la deuda para 2016 sería del 40.9 por ciento del PIB. En 2014 la estimación fue 43.3 por ciento, en 2015 fue 47.8 por ciento, e incluso en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal de 2017, la estimación alcanzaba a 48.5 por ciento del PIB. Sin embargo, el saldo de la deuda finalmente observado fue mayor y se ubicó en 49.1 por ciento del PIB”, explicó Marcelo Delajara, Director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del CEEY, de acuerdo con un comunicado.


En el estudio, señaló el CEEY, se advirtió también que las agencias calificadoras internacionales, como Moody’s, Standard&Poors y Fitch, han alertado sobre los riesgos de los elevados niveles de deuda para la economía del país. Esto ha llevado a que dichas agencias modificaran negativamente la perspectiva de la calificación crediticia de México en 2016. Por lo que, mantener el saldo de la deuda en niveles estables es importante, pues de no hacerlo ello podría repercutir aún más en la confianza de los mercados internacionales.

EL PIB DEPENDE DE EU

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que el PIB de México experimentó una variación anual (ajustada por estacionalidad) de 2.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2016. “Este ritmo de crecimiento económico fue superior al presentado durante los dos trimestres previos, lo que indica cierta recuperación en el dinamismo de la economía en la segunda parte de 2016. Sin embargo, el año 2016 cierra con una tasa de crecimiento anual promedio de 2.1 por ciento, menor a las registradas en 2015 (2.6 por ciento) y 2014 (2.3 por ciento)”, apuntó el estudio.

El ritmo de crecimiento promedio del PIB durante los cuatro primeros años del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto (incluyendo el 4T 2016) es entonces de 2.1 por ciento anual, “éste es prácticamente idéntico al ritmo de crecimiento promedio durante el gobierno de Felipe Calderón y ligeramente inferior al 2.2 por ciento que experimentó la economía en el sexenio del Presidente Vicente Fox”, señaló.

Delajara consideró que debido a la apertura de la economía mexicana, y con la consolidación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se observa que el crecimiento del PIB del país se ha vuelto relativamente independiente de la afiliación política del Presidente de la República y más bien guarda una estrecha relación con la evolución de la economía de Estados Unidos.


“Tanto en México como en Estados Unidos se observó recientemente, por ejemplo, un periodo de desaceleración del crecimiento entre el 3T 2015 y el 2T 2016, y luego una ligera recuperación hacia la segunda parte de 2016”, indicó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-02-2017/3160374

sábado, 25 de febrero de 2017

Corrupción, deuda, PIB mediocre, violencia: Trump nos agarró en la lona, consideran analistas

¿Cómo enfrentar las amenazas del Presidente Donald Trump con un país que no crece, que se endeuda a un ritmo rápido, que no ve resultados en el desarrollo y que enfrenta una inflación al alza por un dólar en 20 pesos? Economistas lo vislumbran complicado si la corrupción y la violencia siguen aumentando el costo de los proyectos de inversión y si México no implementa una política industrial impulsando el consumo interno sin tanta dependencia al crédito.

El sinaloense Guadalupe Olivas Valencia se arrojó el martes desde el puente fronterizo entre Tijuana y San Ysidro, California, minutos después de ser deportado de Estados Unidos a México. Lo regresaban a un país en guerra, que creció menos en 2016 por una menor inversión, un freno en la producción industrial e informalidad laboral, y que crecerá todavía menos este año por una desaceleración en el consumo interno, afirmaron economistas.

Al hombre de 45 años lo repatriaban a un país cuya deuda históricamente alta no se refleja en mayor desarrollo económico; lo retornaban a un país con un dólar en 20 pesos que, junto con los gasolinazos, ya se traspasó a los precios de los bienes, añadieron.

Las autoridades financieras son las responsables del actual panorama, el cual “limita” a México para enfrentar las amenazas en materia comercial del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo privan de la capacidad para disminuir los índices de pobreza, coincidieron los analistas.

“Si en México, un país manufacturero, el salario real del trabajador y su productividad aumentaran; si el Producto Interno Bruto creciera de manera importante; si los programas sociales combatieran la pobreza; si los mexicanos tuvieran la capacidad de consumir los productos nacionales (y no solo lo necesario para la subsistencia) y si el comercio exterior fuera diversificado, no se frenaría el crecimiento de la economía”, afirmó Irving Rosales Arredondo, economista por la Universidad de Calgary en Canadá.
“Si se hubiera dado la vuelta a esos problemas en las últimas décadas, el efecto de Estados Unidos sobre la economía mexicana sería muchísimo menor y no dependeríamos tanto del estado de ánimo del Presidente de un país”, determinó.

El también miembro del American Economic Association señaló que “el poder de negociación que tiene México es bajo por la actitud poco conciliadora del Presidente Donald Trump. Con ello limita sus acciones comerciales con Estados Unidos y la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El especialista en finanzas por el Tecnológico de Monterrey, Abraham Vergara Contreras, coincidió en que más allá del discurso oficial del Gobierno mexicano no se han anunciado “las decisiones adecuadas” para “tomar cartas en el asunto” con el TLCAN y enfrentar las amenazas del magnate republicano.

Hacia dentro del país se necesita una política industrial de mediano plazo, sugirió, por lo que urge “eliminar la corrupción gubernamental y empresarial”. Así se podría crecer con el consumo interno y no solo por la demanda externa, enfatizó el también consultor y asesor financiero internacional.
El mismo Banco de México (Banxico) exigió un gasto público eficiente y el martes anunció medidas complementarias, que se suman al alza de la tasa de interés, mediante coberturas monetarias que buscan poner un seguro frente a la posible depreciación del peso a lo largo del año.
“El entorno de incertidumbre que continúa enfrentando la economía nacional hace especialmente relevante que las autoridades fortalezcan los fundamentos macroeconómicos del país, consolidando las finanzas públicas y ajustando la postura de política monetaria al ritmo que sea oportuno […] y que se siga impulsando la implementación adecuada de las reformas estructurales”, escribió en su anuncio de política monetaria de febrero.

El Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña y Agustín Carstens Carstens, Gobernador de l Banco de México, se reunieron recientemente. Y después de evaluar “la situación y perspectivas de la economía mexicana”, el economista Carstens decidió quedarse en el barco hasta el 30 de noviembre, por lo que postergó hasta el primero de diciembre su incorporación como gerente al Banco de Pagos Internacionales (BIS), reportó Banxico el martes.

Sin embargo, Peña Nieto insistió en negar en que el país viva un “mal momento económico”. Pero las cifras oficiales lo contradicen.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró en días pasados en Nayarit que “en todo el país” se ve crecimiento del empleo formal. Pero omitió que más del 60 por ciento de mexicanos labora en la informalidad. Dijo también que hay índices de inflación “razonables” (4.72 por ciento, por arriba del objetivo del 3 por ciento), un mayor acceso al crédito, y un mayor incremento del consumo (0.1 por ciento mensual en noviembre y una confianza del consumidor 27 por ciento menor que el año pasado).


MENOR CRECIMIENTO



El miércoles pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) oficializó que México creció 2.3 por ciento durante todo 2016, menos del 2.6 por ciento que se expandió durante 2015.

La actividad minera presentó el mayor desplome al caer 6.4 por ciento en el año y 9.8 por ciento en el último trimestre por menor demanda de China. Por actividades: las primarias (agricultura) se expandieron 4.1 por ciento; las secundarias (minería, construcción, energía y manufactura), cero por ciento y las terciarias (comercio y servicios), 3.4 por ciento durante 2016.

En el cuarto trimestre de 2016 el país creció 2.4 por ciento. Banxico expuso que la demanda externa siguió exhibiendo “una mejoría”, a la vez que el consumo privado preservó una “trayectoria positiva” (3.9 por ciento anual en noviembre). No obstante, persistió “el débil desempeño de la inversión”.
El economista Diego Castañeda, de la London School of Economics and Political Science, enfatizó que la inversión pública, “lo más importante para que México crezca más”, está cayendo año tras año a niveles históricamente bajos.

Los flujos de inversión extranjera también vienen en picada por la incertidumbre ante la negociación del Tratado de Libre Comercio, dijo. Pero sobre todo por factores internos: problemas de Estado de Derecho; presencia de monopolios en casi todos los mercados relevantes que limitan la competencia; un bajo acceso al crédito de la banca para pequeñas empresas y la inseguridad pública en algunas regiones del país, enlistó el especialista en desarrollo económico.

El economista por la Universidad de Calgary, Irving Rosales, también ve el freno económico como resultado de la caída de la inversión extranjera directa, la cual permitiría incrementar la producción y la entrada de dólares.
Este indicador ha sido menor de lo esperado, explicó Rosales, por la incertidumbre que ha generado el Gobierno de Donald Trump. Mientras, a nivel interno, el especialista ve que “la corrupción y la violencia en ciertas regiones del país siempre van a influir por tener que pagar moches y derecho de piso; incrementa los costos de inversión y menos proyectos son redituables”.
También enfatizó que el sector industrial está deteniendo el crecimiento. México, afirmó, es un país manufacturero y genera muy poco valor agregado. Además las exportaciones están enfocadas hacia Estados Unidos y sólo en el sector automotriz (autopartes).


“Como no hay diversificación, cualquier situación negativa que sucede en Estados Unidos afecta muy fuerte aquí”, dijo Rosales.

El también profesor-investigador de la Universidad Iberoamericana aseguró que un débil crecimiento frena la capacidad del gobierno para enfrentar el problema de la pobreza y lo pone endeble ante Trump.
“Entre más crezca una economía más puede destinar recursos a programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad. Pero México crecerá 1.5 por ciento en 2017, menos que en 2016, lo cual no es un buen signo”, añadió Rosales.

El asesor financiero Abraham Vergara añadió que, además de la menor inversión, el desempleo, la informalidad en el país y la relación comercial con Estados Unidos son las principales variables que hacen que el crecimiento “no sea tan importante”.

El economista Diego Castañeda añadió que aunque el Gobierno ha creado 2 millones de empleos en cuatro años, 29 millones laboran en la informalidad y los formales “son empleos con bajos salarios que no favorecen el consumo y las expectativas económicas no son las más optimistas, por lo que los consumidores piensan dos veces antes de comprar bienes duraderos”.

El Presidente Peña Nieto había prometido para 2017, un PIB de 5 por ciento. Sin embargo, los economista lo ven imposible.
“Si no hay inversión y hay la corrupción política, empresarial y ciudadana, con este estancamiento de la economía no se ve cómo haya una productividad mayor para incrementar el PIB”, expuso Vergara Contreras.

Aunque Banxico aún ve una trayectoria positiva en el consumo, Diego Castañeda aseguró que el consumo interno –la gran palanca del crecimiento en los últimos tres años– “está desacelerándose” por diversos aspectos: el crédito costará más, los salarios son precarios, no hay confianza en la economía y la inflación se está traspasando a los precios.

Gran parte del “boom del consumo” de los mexicanos ha sido el acceso al crédito barato. Sin embargo, como Banxico ha elevado la tasa de interés a 6.25 por ciento, y eso se traspasa al crédito de bancos, “vamos a ver que el consumo va a detenerse”, afirmó Castañeda.

El economista Abraham Vergara también prevé que “llegará un momento en que la gente deje de usar crédito para seguir consumiendo”.
En noviembre los gastos en bienes y servicios nacionales se elevaron 3.9 por ciento, pero los gastos en bienes de origen importado disminuyeron 3.9 por ciento con relación a noviembre de 2015. En comparación con octubre, el consumo interno solo subió 0.1 por ciento. Además, la confianza del consumidor se desplomó 25.7 por ciento en enero, reportan cifras del Inegi.
La incertidumbre por los anuncios de Donald Trump, añadió Banxico en su anuncio, “ha influido ya en la confianza de los consumidores y empresas, en la inversión extranjera directa y en los flujos de remesas hacia el país”.

Los analistas consultados por Banxico estiman que México crecerá 1.49 por ciento en 2017, por debajo de lo alcanzado en 2016, y habrá una inflación de 5.25 por ciento. Hoy la tasa está en 4.72 por ciento, principalmente por la presión al alza de los precios de gasolinas y gas LP, pese a que la tasa de interés subió a 6.25 por ciento.


ALTA DEUDA SIN RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2016, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la deuda pública total– ascendió a 48.4 por ciento del PIB, lo que equivale a 9 billones 797 mil 439.6 millones de pesos, reportó Hacienda.
“El ritmo de aumento de la deuda no está a un nivel problemático, pero no ha producido”, destacó el economista Diego Castañeda. “Es una paradoja: la deuda pública ha crecido 15 puntos porcentuales del PIB en los últimos siete años sin que se vea reflejado en mayor crecimiento o en inversión pública. Nos estamos endeudando sin obtener algo de eso”.

En 2016, el gasto total se ubicó en 5 billones 343 mil 759 millones de pesos, 6.2 por ciento más respecto a 2015.

Castañeda explicó que los recursos han estado enfocados en el gasto corriente, en los intereses de la deuda y las pensiones, por lo que los recortes van a la inversión porque no tiene costos políticos, dijo.


BANXICO BUSCA FRENAR AL PESO

La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Banxico, pidió al banco central implementar un programa de “coberturas cambiarias liquidables” para enfrentar la depreciación del peso que se prevé para este año por las políticas comerciales y monetarias de Estados Unidos.

Las coberturas son contratos entre el Banco de México y los bancos, en los cuales se fija un precio en un periodo no mayor a 12 meses y si el precio del dólar observado en se día está por encima, Banxico paga en pesos la diferencia y si está por debajo el banco da los pesos que sobraron, explicó el economista Irving Rosales.
“La cobertura cambiaria es un seguro ante cambios futuros en el precio de la moneda, busca cubrirse frente a la depreciación del peso. En las últimas semanas el dólar se ha abaratado por las políticas que ha hecho Trump, no es que el peso se haya fortalecido porque las expectativas de crecimiento siguen igual”, desarrolló el especialista en finanzas, Abraham Vergara.

El incremento en las tasas de interés a 6.25 por ciento, las coberturas y las decisiones de Trump han hecho que el peso se comporte aparentemente más fortalecido, pero es el dólar el que se está abaratando, reiteró. El miércoles el dólar al mayoreo bajó a 19.95 pesos y el de ventanillas se vendía hasta en 20.31 pesos.

Para Diego Castañeda, de la London School, el Banxico está reconociendo que las tasas de interés no son “una herramienta suficiente” para controlar la volatilidad en el tipo de cambio.
“Está optando por medidas menos tradicionales, pero correctas que traen estabilidad al mercado de cambios. Está brindando la posibilidad de protegerse sin utilizar las reservas internacionales”, afirmó.
El principal objetivo de Banxico es controlar el aumento significativo en los precios de bienes. En enero se registró una inflación de 4.72 por ciento, lejos de una hiperinflación de 50 por ciento o más. Se infló por el incremento en los precios de las gasolinas y el dólar en el piso de los 20.
“La inflación aún no es alarmante, pero el problema es que pueda seguir creciendo. Además la inflación del productor está en 9 por ciento, la cual se traspasa a más presiones al consumidor”, dijo Diego Castañeda.

Abraham Vergara advirtió que por el momento están controlando la inflación con el alza en la tasa de interés, pero falta ver el efecto de la total liberación de los precios de la gasolina. Si el precio del dólar se dispara, que es probable, se volverá a importar cara la gasolina y ese valor es el principal para determinar el precio final de los combustibles.

Ante este escenario, el gobernador de Banxico se va el 30 de noviembre, tras postergar su partida por dos meses más. Aunque la renuncia de Agustín Carstens inyectó cierta certidumbre en un año complicado para México ante la llegada de Trump, los economistas afirmaron que su decisión sugiere que aún no hay un sucesor a su altura y eso a su vez causa desconfianza.


“La transición debe ser lo menos tensa posible y no tomar decisiones lentas”, recomendó Vergara.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-02-2017/3157879

viernes, 24 de febrero de 2017

La deuda de México está a un paso de ser insostenible, alerta la Auditoría

La deuda ha aumentado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El crecimiento económico y los ingresos públicos no son suficientes para compensar la deuda, de acuerdo con la Auditoría Superior.

La deuda pública de México está cerca del límite prudente recomendado por los organismos internacionales, concluyó el estudio Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal realizado por la Auditoría Superior de la Federación.

En los últimos 9 años, que abarcan los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la deuda ha crecido a un ritmo importante, lo que “plantea riesgos para su sostenibilidad”, señala la ASF.

Este aumento se debe a que la deuda ha sido utilizada en épocas de crisis para “fomentar e impulsar la actividad económica, evitar que la contracción se profundice y financiar los déficit presupuestarios en que ha incurrido el gobierno”, explica el estudio.

“El crecimiento económico y los ingresos públicos no han sido suficientes para compensar el crecimiento de la deuda pública, que en 2014 y 2015 se encontraron fuera del rango de sostenibilidad, a lo que se suma la volatilidad de los mercados internacionales, la aversión al riesgo y la salida de capitales de los países emergentes”, señala la Auditoría.

En el periodo 2000-2015, el incremento de la deuda neta del Sector Público Federal fue de 23.4 puntos porcentuales con relación al PIB, al pasar de 19.8% a 43.2%.

Hasta 2008 los pasivos se habían mantenido, en promedio, en 20% del PIB, esto es por debajo de los 3 mil millones de pesos.

El mayor incremento de la deuda se dio en 2009 cuando aumentó 8.6% respecto al año anterior para situarse en 3,791 millones 901.9 pesos.

A partir de ese año la deuda se incrementó hasta llegar en 2015 a los 8,160 millones 589.9.

De acuerdo con el Indicador de Posición Fiscal Sostenible (PFS) – que señala cómo se han manejado las políticas de gasto e ingreso, para lograr un equilibrio entre la deuda y los ingresos por PIB – tomando una base cero como el ideal, en 2014 y 2015 el resultado del indicador fue mayor a 1, lo que hace que la posición fiscal no sea sostenible.


“En 2014 se dio un incremento importante respecto de 2013, al pasar de 0.6 a 1.2 puntos porcentuales, lo que se debió principalmente al incremento en la deuda pública del Sector Público Presupuestario (SPP), y a un mayor déficit primario”, detalla la Auditoría.

Si en los próximos 24 meses el nivel de la deuda del gobierno federal o la carga de intereses aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas, las calificadoras podrían bajar la calificación del país, la cual actualmente ya es negativa.

La calificación de una agencia al riesgo de crédito es una manera de que los inversionistas conozcan la solvencia que tiene el gobierno mexicano para hacer frente a sus deudas. Cuando la calificación baja disminuye la confianza de los inversionistas.


La Auditoría señala que es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo “establezcan una ruta consistente entre el balance primario y el costo financiero de la deuda en el mediano plazo”, además de utilizar herramientas técnicas y teóricas que auxilian a los administradores de deuda para estabilizarla.

La ASF concluye que las condiciones macroeconómicas y de finanzas públicas han generado una tendencia de endeudamiento cada vez mayor, para cubrir el déficit primario, “lo que representa una alerta sobre la sostenibilidad de la deuda pública en los próximos años”.


Para este estudio la Auditoría utilizó datos de los análisis que han realizado el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda de México y las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

ESTUDIO COMPLETO DE LA DEUDA PUBLICA

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/deuda-mexico-insostenible-alerta/

jueves, 16 de febrero de 2017

ASF: Gobernadores suman 65 mil millones por malos manejos en 2015; el rey, Duarte en Veracruz

La Auditoría Superior de la Federación reportó que los gobiernos de los estados en la República Mexicana reportaron irregularidades por 65 mil millones de pesos en el presupuesto público de 2015. Entre éstos, el del entonces Gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte de Ochoa, lideró la lista de recursos “observados” por probables daños y perjuicios con más de 7 mil millones de pesos en su penúltimo año de su polémica administración.

La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el manejo de más de 65 mil millones de pesos enviados en 2015 a los diferentes Gobiernos estatales.

De acuerdo con el informe general de la revisión a la cuenta pública de 2015 publicado ayer, estos recursos son similares a casi el 10 por ciento del gasto total de la Federación en educación.

El mismo documento muestra que el Estado de Veracruz, gobernado hasta 2016 por el priista Javier Duarte de Ochoa, sigue encabezando la lista de entidades con recursos “observados” por probables daños o perjuicios al patrimonio público.

Al respecto, el informe entregado ayer muestra que Duarte de Ochoa recibió en su penúltimo año de Gobierno 7 mil 075.9 millones de pesos de recursos públicos que sufrieron un “impacto económico”, más otros 630.7 que no fueron ejercidos.

Estas dos cantidades son adicionales a 26 mil 42.6 millones de pesos que Duarte de Ochoa recibió entre 2011 y 2014 y que también recibieron observaciones por irregularidades.

En total, dice el informe entregado ayer, el priísta hoy prófugo de la justicia acumula 34 mil 57.1 millones de pesos con observaciones entre 2011 y 2015; 21 mil de ellos, vinculados con denuncias penales interpuestas por la ASF.
“A pesar de la experiencia que para los Gobiernos locales se debería derivar de un proceso de fiscalización sistemático —realizado por la ASF desde hace muchos ejercicios, y que les permite conocer las irregularidades y áreas de riesgo más importantes en la gestión del gasto federalizado— persiste una significativa incidencia de las mismas en el manejo de estos recursos”, dice el documento, entregado ayer a la Cámara de Diputados.

“Esta es una situación heterogénea en la que se puede observar que algunas entidades federativas han mejorado su gestión, mientras que otras no lo han hecho o, inclusive, registran retrocesos”, agrega el capítulo denominado “Gasto federalizado”.

Este tipo de dinero, formado por los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, representó el 34.9 por ciento del gasto neto total federal y concentró la mayor parte de las revisiones de la ASF.

De acuerdo con el documento, estos recursos se envían a través de programas como el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el Fondo de Aportaciones Múltiples o el programa Prospera, entre otros.

De los 65 mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por las entidades federativas en 2015, la mayor parte (15 mil millones) fueron recursos enviados a través del Seguro Popular, “lo que manifiesta la existencia de problemas estructurales en la gestión de ese programa”, dice la ASF.


Esta cantidad observada en 2015 es menor que los 77 mil 380.6 detectados en el año previo por la misma institución revisora.  Sin embargo, dice la ASF, reflejan todavía una gestión poco transparente y eficiente de recursos públicos que son equivalentes al 9.4 por ciento del total del gasto educativo federal.
“A efecto de ofrecer una perspectiva de la relevancia de la magnitud del monto observado en la Cuenta Pública 2015, cabe señalar, por ejemplo, que dicho importe es equivalente al monto de los recursos asignados por el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo) en 2015 a 12 entidades federativas para financiar la nómina del sistema de educación básica”, plantea el informe.

“De la misma manera, dicho monto significa 1.3 veces la asignación del FISM-DF, que beneficia a todos los municipios del país; equivaldría también a cuatro veces el presupuesto federal asignado a los fondos y programas de seguridad pública operados por los estados y municipios”, agrega.

De los recursos “observados” en 2015, 31 mil 744 fueron malos manejos por parte de los Gobiernos estatales, como falta de documentación comprobatoria de siete mil 893.7 millones; o la transferencia a cuentas bancarias diferentes a las asignadas, como ocurrió con seis mil 106 millones; o cuatro mil 936 millones ejercidos sin cumplimiento de objetivos, entre otras irregularidades.

Otros 33 mil 449.1 millones de pesos fueron “subejercicios”, que la ASF considera como sujetos de “riesgo” de que no se apliquen para los fines previstos.

La segunda entidad con mayor cantidad de recursos públicos observados por “impacto económico” es Michoacán, cuyo Gobierno dejó en esa condición cuatro mil 474 millones de pesos en 2015, más otros 546 subejercidos.

Esta entidad arrastra también 20 mil 923.3 millones de pesos con observaciones desde 2011, y es también el segundo lugar en recursos –más de cinco mil millones de pesos–, sujetos a denuncias de hechos y penales.

Les sigue el Estado de Tabasco, con mil 608.9 millones de pesos vinculados con denuncias de hechos o penales, de un total de cinco mil 814.3 millones con irregularidades desde 2011.

También el Estado de México, que arrastra 11 mil 737.9 millones de pesos pendientes de explicar desde 2011, acumuló ocho mil 98 en la cuenta pública de 2015; la mayor parte, o cinco mil 699 millones, vinculados con subejercicios.

“El monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 podría interpretarse como la brecha en la generación de beneficios reales o potenciales para la población; en un escenario de múltiples y significativas carencias sociales, su existencia y recurrencia es injustificada”, advierte el documento en su apartado sobre gasto federalizado.

El informe fue presentado ayer por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, quien informó que, de las mil 643 auditorías realizadas, mil 184 fueron sobre la forma en la que se ejerce este tipo de recursos enviados a las entidades y municipios.
“Estamos conscientes de que la existencia de hechos que quedan impunes genera reclamos de mayor dureza en las sanciones por parte de la ASF. La percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna o inclusive, no se presenta, alimenta la frustración social y mina la relación entre gobierno y ciudadano”, advirtió el auditor en su mensaje.

“Reiteramos que, cuando existen pruebas fehacientes de la comisión de ilícitos, actuamos al límite de nuestras facultades, pero nos permitimos insistir en que la prevención resulta prioritaria, y será cada vez más efectiva para que los actos irregulares sean la excepción”, agregó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3153094

miércoles, 8 de febrero de 2017

La deuda de Moreno Valle no es deuda, es sólo deuda que se paga con gasto corriente, dice Puebla

El pasado 30 de enero el gobierno del ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, hizo pública por primera vez que la deuda que le heredó a Tony Gali, la cual asciende a 23 mil 97 millones de pesos, de acuerdo con el informe de la deuda 2016 publicado en el portal de Transparencia que contiene el desglose de la deuda directa, indirecta y otros pasivos. Sin embargo, en el documento no se contemplan los Proyectos para la Prestación de Servicios del Museo Internacional Barroco  y del Centro Integral de Servicios, que ascienden a 11 mil 80 millones de pesos, es decir que la deuda total alcanzaría los 34 mil 177 millones de pesos.

En los 23 mil 97 millones de pesos considerados como deuda que dejó el ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, no se encuentran contabilizados los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) del Museo Internacional Barroco (MIB) y del Centro Integral de Servicios (CIS), que ascienden a 11 mil 80 millones de pesos, debido a que corresponden a “gasto corriente”, así lo informó el Secretario de Finanzas y Administración (SFA), Raúl Sánchez Kobashi.

En una reunión con medios de comunicación, el funcionario estatal continuó con la defensa de la administración pasada pues dijo que los 23 mil millones de pesos, no corresponde a una deuda sino a compromisos financieros y obligaciones a pagar.

Con una presentación explicó que la deuda reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado, es de 8 mil 362 millones de pesos.

Sobre la cifra de 23 mil 97 millones de pesos que el Gobierno de Puebla transparentó el pasado 30 de enero, dijo que son obligaciones financieras correspondientes a 558.3 millones de pesos a Fondos Ajenos de Soapap y la Fiscalía, Aportaciones, Participaciones y Convenios (Municipios y Fondos Federales) que son de 6 mil 838 pesos; el proyecto de inversión AUDI a largo plazo —que es el total del pago— son de 8 mil 228 millones; el proyecto de inversión AUDI a Corto Plazo contemplado en la ley de Egresos 2017, que es el pago de 756.2 millones de pesos.

Además de “otros compromisos” en Inversión Pública por mil 194.4 millones de pesos, que da como total 17 mil 575 millones. A estos recursos hay que sumarle la deuda pública a largo plazo por 5 mil 414 millones de pesos y porción a corto plazo por 107 millones de pesos, que en total suman los 23 mil 97 millones de pesos.

A pesar de que al principio de la conferencia dijo que una obligación financiera representa deuda, después corrigió negando lo anterior en relación al pago de las plataformas de Audi.

Sánchez Kobashi insistió que la SHCP no considera deuda a las Asociaciones Público Privadas (APP’s), es decir, que ni las plataformas de Audi —que son Proyectos de Inversión— ni los PPS como el Centro Integral de Servicios y el Museo Internacional del Barroco (MIB) representan pasivos al estado.

El pasado 30 de enero Central publicó el gobierno de Rafael Moreno Valle hizo pública por primera vez que la deuda que le heredó a Tony Gali asciende a 23 mil 97 millones de pesos, de acuerdo con el informe de la deuda 2016 publicado en el portal de Transparencia que contiene el desglose de la deuda directa, indirecta y otros pasivos.

Sin embargo en el documento no se contemplan los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) del Museo Internacional Barroco (MIB) y del Centro Integral de Servicios (CIS), que ascienden a 11 mil 80 millones de pesos, es decir que la deuda total alcanzaría los 34 mil 177 millones de pesos.


El diario Reforma, por su parte, publicó que Moreno Valle heredó una deuda de 35 mil millones de pesos, parte de la cual está oculta en un fideicomiso operado por Evercore, empresa de Pedro Aspe, ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari.

Nahle afirmó que Aspe ha colaborado tanto con ex Mandatarios del PAN como del PRI, como Miguel Alonso, en Zacatecas; César Duarte, en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y ahora Moreno Valle, en Puebla, para reestructurar deudas millonarias.

De acuerdo con Reforma, la Administración de Rafael Moreno Valle en Puebla terminó con decenas de revisiones y recursos por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Tan sólo por la cuenta pública de 2014, la última con resultados, se ubicaron 666.6 millones de pesos con observaciones y requerimientos de comprobación.

De ese monto, 126.3 millones de pesos fueron reportados como posible daño patrimonial, y por otros 32.6 millones de pesos se requirió acreditar el destino y uso para programas financiados con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.

Sin citar algún monto, la ASF requirió al Gobierno poblano aclarar y proporcionar la documentación necesaria por seis contratos con cargo al programa Apazu, 44 de Fonregión y 17 de Protar, en los que hubo excepciones de licitación pública.


CIS Y MIB NO SE CONTEMPLAN EN DEUDA CORRIENTE

Raúl Sánchez Kobashi explicó que estos proyectos no están en el documento del Gobierno de Puebla debido a que corresponden al gasto corriente, es decir que son compromisos plurianuales pero no representan créditos.

En febrero de 2015, el exsecretario de Finanzas y Administración, Roberto Moya Clemente informó que los PPS contratados por el gobierno de Moreno Valle, alcanzan los 22 mil 554 millones de pesos a pagar en plazos de hasta 25 años. Moya Clemente explicó que los proyectos contratados bajo este esquema son: el Centro Integral de Servicios, las plataformas de AUDI y el Museo Internacional Barroco.

Desglosó los montos, para el CIS será de 4 mil 500 millones de pesos; las plataformas AUDI, de 10 mil 800 millones de pesos; y el MIB de 7 mil 280 millones de pesos.

Plataformas de Audi pasan de 5 mil a 8 mil millones de pesos
Para el pago de las plataformas de Audi, el gobierno del estado no ha sabido explicar con exactitud cuánto es el monto, pues en 2015 se reveló que el saldo final sería de 10 mil 800 millones de pesos.

Sin embargo, durante la comparecencia del sector económico de la pasada administración, el extitular de la dependencia, Guillermo Bernal Miranda reveló que son 5 mil 445 millones de pesos.


Pero de acuerdo con el reporte de la deuda, las plataformas tiene un costo de 8 mil 228 millones de pesos que serán pagados en 15 años a través de los ingresos del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

FUENTE: SIN EMBARGO/PERIÓDICO CENTRAL.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-02-2017/3147436

martes, 7 de febrero de 2017

Moody’s alerta de nubarrones sobre México por la deuda, y el Gobierno de EPN gasta en… fiestas

La agencia calificadora Moody’s, que ha puesto la nota de México en revisión para una posible baja, alertó que la deuda del país aumentó más de lo esperado el año pasado y que el débil crecimiento podría añadir presiones en 2017. Destacó que el aumento de las tensiones con Estados Unidos, principal socio comercial del país, pone en riesgo la economía del país. Pero, en medio de este contexto, el diario Reforma informó hoy que en pleno llamado de austeridad, el Gobierno federal gastó el año pasado 29 mil 170 millones 468 mil pesos en fiestas, así como para premiar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

La calificadora Moody’s, que ha puesto a revisión la calificación para México para una posible baja, alertó hoy que el bajo crecimiento económico y el aumento de deuda más de lo que se esperaba en 2016, más las tensiones con Estados Unidos generarán presión a la solvencia del país para éste año.

Actualmente, México cuenta con una calificación A3 que fue ratificada el año pasado por la calificadora; sin embargo bajó su expectativa de “estable” a “negativa”.

Justo hoy, el periódico Reforma informó que en pleno llamado de austeridad, el Gobierno federal gastó el año pasado 29 mil 170 millones 468 mil pesos en fiestas, así como para premiar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

La calificadora Moody’s alertó que la deuda de México aumentó más de lo esperado y que el débil crecimiento podría añadir presiones en 2017.

En un informe recogido por la agencia Reuters, Moody’s anunció que pondrá a revisión la calificación a México, ya que la solvencia del país tiene un panorama con múltiples presiones como lo son que el año pasado tuvo un bajo crecimiento económico y la deuda pública creció más que lo que se esperaba. Aunado a ello, se agregan las tensiones con Estados Unidos, ante las amenazas del nuevo Presidente de EU, Donal Trump.
“El desempeño fiscal peor de lo esperado es negativo para México y pesa sobre su solvencia en medio de la debilidad de la actividad económica y el aumento de las tensiones con Estados Unidos, su principal socio comercial, luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, destacó el reporte de la calificadora.

El reporte emitido por la calificadora señaló que el gobierno federal incruento su déficit a un 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, frente al 2.8 por ciento en el año previo. “la calificadora esperaba una consolidación fiscal y una reducción del déficit a un 2.5 por ciento del PIB para 2016”, señala Reuters sobre el informe.

La rebaja en la calificación a la deuda, advierte Moody’s generará más presión a la actividad económica mexicana ya que, afectaría a la atracción de la inversión en el país.


Organizaciones y economistas internacionales han advertido, desde el mes pasado, que la expectativa de crecimiento para México en este 2017 es baja.

A mediados de enero el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las Naciones Unidas dieron su estimaciones sobre el crecimiento económico, ambos, con ajustes en menos a la baja que lo sitúan en menos del 2 por ciento.
El informe de las Naciones Unidas descendió su perspectiva de crecimiento para México en 2017 de un 2 por ciento a un 1.9 por ciento porque proyecta que la inversión “declinará más”, y habrá menores flujos de comercio internacional.

Estimó que en 2016 el PIB nacional se expandió un 2 por ciento. El crecimiento en México y América Central se mantendrá moderado y se proyecta una expansión del PIB de un 2.3 por ciento en 2017 y un 2.2 por ciento en 2018 en medio de un contexto de elevada incertidumbre.

Durante la conferencia “Situación y perspectivas de la economía mundial”, Ramón Padilla Pérez, jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL México, informó que la economía global creció un 2.2 por ciento en 2016, el menor nivel desde la crisis de 2008.


Estiman que en 2017 se expandirá 2.6 por ciento y en 2018 el mundo crecerá 2.9 por ciento por una mayor expansión de Estados Unidos por las medidas fiscales anunciadas por el Presidente electo.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI), también ha rebajado notablemente las proyecciones de crecimiento en México para hasta el 1.7 por ciento 2017 y 2 por ciento 2018, en ambos casos seis décimas menos que lo calculado en octubre, debido a la “incertidumbre” derivada de la llegada a la presidencia estadounidense de Donald Trump.

En su actualización del informe de “Perspectivas Económicas Globales”, el Fondo argumentó este empeoramiento en las perspectivas por “unas condiciones financieras más restrictivas y vientos en contra más fuertes para México debido a la incertidumbre relacionada con Estados Unidos”.

No obstante, agregó que México cuenta con “sólidas” políticas macroeconómicas que ayudan a “amortiguar” estos riesgos y señaló que también contribuiría a reforzar la posición de la economía mexicana avanzar en su proceso de consolidación fiscal.


EL DERROCHE EN FIESTAS: REFORMA

De acuerdo con el diario Reforma, mantener alegres a los burócratas del Gobierno federal cuesta 29 mil millones de pesos.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), citados por el medio, revelaron que la celebración del Día de Reyes en diversas dependencias y organismos de Gobierno, por ejemplo, tuvo un costo de 231 millones 459 mil pesos.

En tanto que la celebración del Día de la Madre costó 158 millones 98 mil pesos, mientras que el Día del Niño, otros 50 millones 847 mil pesos.

Festejar el Día de la Secretaria, dice el medio, salió en un millón 69 mil pesos, el del Maestro en 2 millones 457 mil y el Día de los Trabajadores Agrarios, otros 508 mil pesos.

También los padres tuvieron su festejo en la burocracia federal y para ello se destinaron 3 millones 856 mil pesos.

Hasta para celebrar el Día del Caminero el Gobierno federal implicó el gasto de recursos, en ese caso, 591 mil 600 pesos.

Hacienda detalló que entre los gastos del año pasado también se incluyeron algunos premios para los funcionarios públicos.

Por ejemplo, mencionó Reforma, el costo del bono por asistencia para los burócratas en 2016 ascendió a 10 mil 99 millones de pesos, monto superior al que presumen varios programas de cultura o educación.

El que un burócrata llegue a tiempo le cuesta al Gobierno federal 10 mil 885 millones de pesos.

También existen pagos por “asiduidad” y por perseverancia, conceptos en los que se gastaron 10 millones 505 mil pesos y mil 223 millones 98 mil pesos, respectivamente.


Otros eventos también requirieron de montos elevados del erario para poder llevarse a cabo. Tal fue el caso de las actividades culturales, sociales y deportivas que organizaron organismos federales, y para las cuales se usaron 6 mil 190 millones de pesos, sin que se detalle la razón o el costo de cada uno de esos eventos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-02-2017/3146578