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jueves, 24 de noviembre de 2016

Quemar un auto por cada día sin pago, la amenaza de empresarios a gobierno de Veracruz

Empresarios en Veracruz quemaron un auto y amenazaron con repetir esa acción como protesta porque el gobierno estatal no les ha pagado por sus servicios.

Empresarios en Veracruz reclaman que el gobierno estatal no les ha pagado por servicios y productos que entregaron como proveedores, y la noche del miércoles pasado incluso quemaron un vehículo frenta a la Secretaría de Finanzas en Xalapa, para hacer visible su caso.

Como parte de la protesta, amenazaron con quemar un automóvil por cada día sin pago.

El presidente de la Canacintra Xalapa, Antonio Pino, dijo este jueves a Radio Fórmula que “están en pie de guerra”, reclamando algo justo, así que continuarán su protesta con medidas como la toma de instalaciones de la Secretaría de Finanzas estatal.

Cuestionado respecto a si hoy también quemarían un auto, al no darse una respuesta positiva a sus demandas, mencionó que el tema sería consultado entre los empresarios, aunque aún contemplan esa medida.

“A lo mejor sí… estamos valorándolo”, expresó. Sin embargo también apuntó que no quieren afectar tanto la circulación en Xalapa.

Pino explicó que el vehículo incendiado el miércoles fue cedido por un empresario, y consideró “penoso” que el gobierno de Veracruz, sumido en un desastre financiero tras la administración de Javier Duarte, no cumpla con el pago a proveedores. 

“Por años nos han mentido”, mencionó Pino a Televisa.


Según un reporte de Quadratín Veracruz, los manifestantes reclaman que el gobierno estatal le debe a empresarios más de 100 millones de pesos.





En entrevista con Radio Fórmula, el gobernador interino Flavino Ríos dijo que dio instrucciones a la secretaria de Finanzas para que atienda a los empresarios en protesta, ya que aunque fue quemado un auto viejo o “de varios años” ese tipo de acciones son lamentables.

“De acuerdo a las posibilidades económicas vamos a ver si les podemos pagar o no”, mencionó Ríos. “Si podemos pagar, pagamos… las deudas no son personales, las deudas son institucionales””, agregó. 

El nuevo gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes, comenzará a operar el próximo 1 de diciembre.


En días previos también se dieron protestas de burócratas, policías, médicos y académicos veracruzanos, por la falta de pago del gobierno local.





FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/empresarios-gobierno-veracruz/

viernes, 11 de noviembre de 2016

Burócratas de Oaxaca cumplen una semana sin laborar por adeudos de Cué

OAXACA, Oax: El gobernador del “cambio”, Gabino Cué, deja en quiebra el estado y paralizadas las actividades gubernamentales por falta de pago en todos los servicios en las 72 dependencias del Ejecutivo estatal.

Al menos 7 mil burócratas cumplieron una semana sin laborar en los complejos gubernamentales de las llamadas ciudades Administrativa y Judicial, debido a que desde hace dos meses no cuentan con línea telefónica ni internet, no hay material de oficina, tampoco mantenimiento de baños y recientemente se quedaron sin transporte oficial gratuito.

El líder del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (Stpeidceo), Felipe Noel Cruz, confirmó que el gobierno de Cué tiene un adeudo con la empresa de transporte por 17 millones de pesos, y por ello se tomó el acuerdo de que el personal de base no se presentara a laborar desde el pasado lunes.

“Como trabajadores del gobierno del estado enfrentamos el problema de falta de transporte gratuito, y por eso se tomó el acuerdo de suspender labores en las 72 dependencias del gobierno y oficinas auxiliares”, añadió.

Lamentablemente, dijo, el gobierno de Cué está quebrado porque se esfumaron los recursos y ya no hay dinero para pagar, habrá que preguntar a dónde se canalizaron esos dineros.

La cuestión es que la Secretaría de Finanzas estatal da prioridad y mayor interés a organizaciones políticas y sectores que presionan con marchas y plantones o tomas de oficinas.

Aunque hay diálogo con el gobierno para solucionar este problema, Cruz Pinacho advirtió que si no les resuelven tomarán otras acciones.

En días pasados trabajadores del Congreso local también tomaron el recinto legislativo para exigir el pago de su salario porque, según el panista Gerardo García, la Secretaría de Finanzas no había liberado los recursos.

A su vez, los agremiados a la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) realizaron un paro de labores de casi un mes para exigir al gobierno de Gabino Cué el pago a terceros y la liquidación en efectivo de los vales correspondientes a uniformes.

Cabe destacar que desde el 14 de octubre la sección 35 inició un paro de labores en los 49 hospitales y 500 centros de salud por el incumplimiento del gobierno de Cué Monteagudo que, se presume, habría desviado 100 millones de pesos destinados a uniformes y equipo de protección.


Posteriormente procedieron a la toma de oficinas gubernamentales para exigir al gobierno de Cué el pago en efectivo de los uniformes, el pago actualizado a terceros institucionales y no institucionales, abasto de medicamentos, insumos y equipamiento a hospitales y centros de salud.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462283/burocratas-oaxaca-cumplen-una-semana-sin-laborar-adeudos-cue

miércoles, 2 de noviembre de 2016

PRD Veracruz reprueba negativa de SHCP para rescate del estado

Rogelio Franco, líder del PRD en el estado califica de oportunismo que senadores del PRI estén pidiendo que Hacienda reciban de forma directa las partidas federales.

Rogelio Franco, presidente estatal del PRD en Veracruz, reprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negara el rescate financiero a la entidad. “Si condonan impuestos a las grandes empresas, ¿por qué no rescatar Veracruz?”, señaló.

Cumplido el sexto día en la toma histórica del Palacio de Gobierno veracruzano, el perredista señaló que el endeudamiento de más de 16 mil millones de pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública aprobada por el congreso local, va más allá de un problema partidario. Dijo, “es un quebranto financiero que tiene la entidad, producto del mal gobierno de los que saquearon Veracruz”.

La reacción de Rogelio Franco tras las declaraciones de José Antonio Meade, titular de la SHCP, fue de desacuerdo, luego que este sostuviera que los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, administrados por el PRI, deberán hacer frente a su situación financiera de acuerdo con ley. 

“El secretario de Hacienda no tiene que ver las cosas que suceden en Veracruz como una cuestión técnica. Hoy dio una clase de cómo tramitar un crédito, pero si condonan impuestos a las grandes empresas, ¿por qué no ayudar a los municipios?, ¿por qué no ayudar para que haya pago de nóminas, para los pensionados?”.

Franco Castán, citó como ejemplo el fondo de contingencia creado en 1990, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en favor del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

“Reconocemos que hay una crisis y estamos haciendo el llamado al país para que resuelva este problema, tiene que solucionarse, la Secretaría de Hacienda puede nombrar un interventor y venir a pagar a todos”, aseguró Rogelio Franco.

Finalmente, el representante del PRD en Veracruz, tachó de oportunista el actuar de los senadores José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa; luego de que ambos priistas propusieran que ahora los municipios reciban directamente las partidas federales.


“Pues qué bueno, los municipios pueden solicitar que los recursos lleguen directamente a sus arcas, pero el tema no son los recursos que están por venir, son los que se desaparecieron. Yo no veo que hagan ningún pronunciamiento, a los senadores los mandaron a planchar a todo mundo para que nadie proteste”, concluyó Franco Castán.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL LEÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0211/mexico/prd-veracruz-reprueba-negativa-de-shcp-para-rescate-del-estado/

martes, 1 de noviembre de 2016

Frenan proceso de transición en Veracruz, hasta que se salde deuda a municipios

Aunque los equipos del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, y del mandatario interino, Flavino Ríos, sostuvieron un primer encuentro, al final se anunció que no habrá otros acercamientos hasta que se entreguen los recursos retenidos a ayuntamientos, jubilados, maestros y a la Universidad Veracruzana.

Ante el desfalco en la tesorería estatal de Veracruz, el gobernador elector, Miguel Ángel Yunes Linares, instruyó a su equipo de transición no tomar la estafeta hasta que la administración actual finiquite los pasivos comprometidos con diferentes sectores. 

A 30 días de la conclusión del gobierno iniciado por Javier Duarte de Ochoa, este martes iniciarían dichos trabajos para lo que se designaron equipos que estarían auditando cada una de las áreas del aparato gubernamental.

En ese sentido, el encargado de la transición de los gobiernos, Manuel Muñoz Gánem, indicó, que, “la instrucción es clara, para iniciar deberían estar liquidados los adeudos que se tiene con los ayuntamientos, con la Universidad Veracruzana, con el magisterio, esa es la indicación; en tanto que si no se ha cumplido con esto, no podemos dar inicio a los trabajos hasta que esto esté cumplido”.

En la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) donde estuvieron presentes los servidores públicos encargados de ambas partes, el titular de esta dependencia, Antonio Gómez Pelegrín, reiteró, que las condiciones económicas de la entidad son complejas. 

Y, reconoció, que no existen las condiciones para cumplir lo que demanda el panista Yunes Linares.

Enfatizó que éste es un proceso inédito. No obstante, aseguró que existe la disposición  del gobernador Flavino Ríos Alvarado porque se lleve a cabo en el mejor de los términos.

“Estos requisitos previos (finiquito de los pasivos), en este momento no pueden cumplirse; no hemos tenido todavía la posibilidad de hacerlo. Pensamos que son dos cuestiones diferentes: uno es el cumplimiento de los diversos compromisos institucionales que en su momento tendrá que hacer el gobierno del estado que está en funciones; y otro es el proceso de entrega-recepción que establece la ley. Lo digo con toda sinceridad, en este momento no están satisfechos esos planteamientos, la decisión de continuar o no con este proceso no está en nuestras manos”, enfatizó Pelegrín.

Por lo anterior, el inicio de este trabajo no se llevó a cabo y no hay fecha definida para estas acciones de revisión del estado que guarda la administración pública.


El gobierno del estado continúa a la espera de que la Federación realice el depósito prometido para dar cumplimiento a los compromisos hacia el cierre del sexenio, recursos que se estiman por el orden de los 11 mil millones de pesos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0111/mexico/frenan-proceso-de-transicion-en-veracruz-hasta-que-se-salde-deuda-a-municipios/

Hacienda sacaría chequera para pagar adeudos a municipios de Veracruz

"El pago se podría realizar una vez que se determine el procedimiento puntual y se emitan los acuerdos correspondientes”, adelantó.

La Secretaría de Hacienda advirtió que cuenta con las “facultades legales para pagar las participaciones federales directamente a los municipios de Veracruz”, que actualmente reclaman diversos adeudos por parte del gobierno estatal, tras la salida del gobernador con licencia -y prófugo de la justicia-, Javier Duarte de Ochoa. 

En un comunicado, indicó que “deberá solicitar opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y establecer una coordinación con esa entidad para su entrega. El pago se podría realizar una vez que se determine el procedimiento puntual y se emitan los acuerdos correspondientes”. 

Hacienda expuso que “la Federación, a través de los estados, hace entrega a los municipios de las participaciones a las que tienen derecho. La Ley de Coordinación Fiscal establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene, también, la facultad de realizar directamente el pago a los municipios, siempre y cuando medie una solicitud expresa para ello y tras una opinión favorable de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales”.

“En días recientes, esta dependencia recibió de algunos municipios del estado de Veracruz solicitudes de pago directo de sus participaciones. Éstas han sido hechas del conocimiento de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales”, puntualizó.

“Es importante establecer mecanismos de coordinación con las autoridades locales para la entrega de dichos recursos, considerando que es, de acuerdo a la ley, el estado el encargado de calcular las cantidades que cada mes deben ser transferidas”, agregó.


Por último, la SHCP expresó su “plena disposición de analizar la implementación de este mecanismo con la administración que está por iniciar su encargo el próximo primero de diciembre”, en referencia al gobierno de Miguel Ángel Yunes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0111/mexico/ante-crisis-hacienda-intervendria-en-pago-de-adeudos-a-municipios-de-veracruz/

El país, con deuda histórica; y en Los Pinos gastan más y en Sedesol cargan hasta notas de tintorería

En los últimos dos años, la administración federal ha basado su política económica en la austeridad. Sin embargo, en este lapso las acciones muestran un comportamiento muy diferente al discurso, plantearon analistas económicas. Tanto la Presidencia de la República como varias secretarías de Estado insisten en conservar privilegios que no tienen nada qué ver con la realidad que viven millones de mexicanos, destacaron. También expusieron que, a pesar de que tienen trabajos bien pagado, con todas las prestaciones que la Ley otorga y además otros “apoyos” como automóviles, chóferes, seguros de gastos médicos, seguridad personal, despensa, celulares y hasta el pago de la tintorería, la alta burocracia es incapaz de solidarizarse en un momento en que el país está sumido en una crisis económica.

Luego de dos años de recortes presupuestales, de cancelación de obras públicas relevantes, de una deuda histórica, de un crecimiento económico que no rebasa el 1 por ciento y con 53 millones de pobres, las alarmas de la economía mexicana están encendidas. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados, el discurso de “austeridad” y de “apretarse el cinturón”, que ha repetido el Gobierno federal en los últimos años, no ha tocado a la alta burocracia ni a la oficina y la casa donde vive y despacha el Presidente Enrique Peña Nieto.

En tiempos de desafíos, con una deuda que esta administración ha disparado a niveles históricos, si hay un círculo que parece estar intacto ese es el de los altos funcionarios y quienes trabajan de forma más cercana con el Ejecutivo federal, ya que a pesar de las dificultades económicas del país casa año se han asignado un presupuesto mayor, destacan.

Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana; Alfredo Bravo Olivares, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), coincidieron en que el actual Gobierno federal no sólo incurre en ilegalidad cuando endeuda de manera exorbitante al país, sino también en una falta de ética por los niveles de desigualdad social que se observan en México.

El 28 de octubre pasado, la SHCP reconoció que en el tercer trimestre de 2016, la deuda neta del Gobierno federal se situó en 35.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); la deuda neta del Sector Público se ubicó en 47.6 por ciento del PIB, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 48.0 por ciento del PIB.

La deuda de México alcanzó 35 por ciento del PIB con Carlos Salinas de Gortari en 1995, cuando estalló una crisis de grandes dimensiones que no sólo afectó al país sino que contagió al resto del mundo.

De acuerdo con el Informe Trimestral del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Presidencia de la República gastó 11 millones de pesos más de lo que el Congreso de la Unión le aprobó para el ejercicio fiscal 2016.

Además, la Secretaría de Turismo, actualmente comandada por Enrique de la Madrid Cordero, registró un gasto 50.7 por ciento mayor, seguido de la Secretaría de Función Público (SFP), ahora liderada por Arely Gómez González,  con 50.5 por ciento más.

En general, en todos los Ramos Administrativos, que son también todas las secretarías federales, el gasto tuvo una variación a la alza de 12.3 por ciento.

Además, de acuerdo con el Informe Trimestral de la SHCP, el gasto de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, pasó de 837 mil 769 millones 370 mil 829 pesos a 872 mil 721 millones 372 mil 711 pesos, en rubros señalados como “Otros bienes inmuebles”, que no incluyen terrenos, viviendas y edificios no habitacionales.

Ese gasto corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte [donde la cifra pasó de 66 mil 450 millones 748 mil 621 pesos a 69 mil 512 millones 757 mil 560 pesos], así como Equipo de Defensa y Seguridad [que aumentó de 18 mil 540 millones 348 mil 500 pesos a 23 mil 726 millones 054 mil 934 pesos–.

Mientras tanto, el gasto total de las Empresas Productivas del Estado –las que más aportan a los ingresos fiscales de la hacienda pública– se redujo.

El de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una variación real de -11.8 por ciento y el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de -0.2 por ciento.

Las cifras de gasto, además, también revelan que estas empresas, pese a su delicada situación financiera, han gastado en rubros que no necesariamente tienen que ver con productividad.

Por ejemplo, hay contratos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) para un “Evento fiesta de seguridad” de la CFE en el Manzanillo Holdings, por el que se pagaron 31 mil 400 pesos hace cuatro meses.

El resto de las dependencias, también hacen gala de dispendio, si se revisan a detalles algunos de los contratos contenidos en el POT.

En agosto pasado, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó 47 mil 401 pesos para la presentación de la remodelación del Puerto de Veracruz en la Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana de la Avenida Paseo de la Reforma.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) también pagó en mayo pasado 45 mil pesos por alimentos en la oficina, o en marzo, cuando erogó 39 mil 059 pesos por servicios de tintorería.

La propia SHCP, dependencia que se encarga de administrar los recursos públicos, tanto ingresos como egresos, no se queda atrás:  pagó 294 mil 151 pesos para la Celebración de la Reunión de Análisis de “la estrategia” –no se sabe cuál–, de acuerdo con lo que reporta el contrato ubicado en el POT.

Los gastos de la burocracia no terminan ahí.

Durante todo 2015, la Presidencia de la República y las 18 secretarías gastaron 11 millones de pesos diarios en publicidad, un total de 4 mil 055 millones 699 mil 689 pesos, de acuerdo con un corte realizado por SinEmbargo con base en solicitudes de transparencia.

El último reporte de la Secretaría de la Función Pública, la Partida 33605 de Información en Medios Masivos, al 10 de agosto pasado, planteó que el gasto en el rubro fue de 724 millones 869 mil 521 pesos.

Por otro lado está la seguridad social de la clase política.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año fiscal 2017, la Secretaría de Hacienda no propuso un aumento en el sueldo base de Enrique Peña Nieto, pero sí para dos de las prestaciones que el Estado le brinda al Presidente: su ayuda para despensa y el seguro de gastos médicos mayores. En conjunto, estos rubros le sumarán a sus percepciones brutas cerca de 13 mil 843 pesos, debido a que recibirá mil 200 pesos extras para Ayuda para despensa y 10 mil 315 pesos por Seguro de gastos médicos mayores.

Así, la remuneración total del Primer Mandatario para 2017 será de 3 millones 002 mil 971 pesos.

Es decir, que para el siguiente año el Primer Mandatario tendrá en ambos rubros 6 mil 780 pesos y 27 mil 935 pesos, respectivamente.

La acción se repitió tanto para sus colaboradores como para otros órganos del Gobierno federal, como los vales de fin de año de los Secretarios de Estado, o también la gratificación de fin de año de Lorenzo Córdova Vianello, Comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mientras, la discusión sobre el salario mínimo de los trabajadores mexicanos –que está entre los más bajos en América Latina– toma fuerza por el anuncio del aumento que año con año anuncia la Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Hace un año, con todo y la unificación de las dos zonas en que el país estaba divido, esos organismos decretaron un aumento de 2.94 pesos, para quedar en 73.04 pesos diarios.

Ese salario se toma como referente para fijar prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional o el ahorro voluntario.

¿CUÁL CINTURÓN?

Desde la perspectiva de Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, no se ve que los gobernantes estén recortando sus gastos y sus partidas personales. Sólo están cuidando a la burocracia, acto que agudizará una crisis política que ya se vive.
“Ya que no se van a apretar el cinturón deben acatarse al dinero al que se les dio. Ya es un aspecto moral, ético. Si el país está pasando en lo que yo considero una de las etapas más difíciles, realmente la crisis que vivimos es similar a las de los años 80, donde la crisis fue económica, política y social”, comentó Villarreal.

Todo se conjunta, expuso, en “la crisis económica –de la cual no hemos salido–, la crisis social que está vigente y ahora debemos añadir la crisis política”.

Para Alfredo Bravo Olivares, el economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay algo aún más grave que la falsedad del discurso y son los ingresos extraordinarios que el reporte bimestral reporta de las secretarías, que se manejan con un presupuesto asignado.
“Es grave porque hay dos opciones: o se está enviando a gasto corriente los recursos que estaban destinados a otras áreas o te estás endeudando. Y esa deuda está sirviendo para financiar el gasto corriente”, consideró Bravo Olivares.

El problema, dice, es que están gastando más de lo que se presupuesto y lógicamente hay un desequilibrio que a la larga se convierte en la reducción o eliminación de otros programas o en deuda. Ambas cosas impactan a los contribuyentes.

La respuesta a estos comportamientos sería un impedimento para que las secretarías y Presidencia pudieran rebasar su tope presupuestal; el encargado sería el Congreso de la Unión, pero no cuenta con mecanismos legales para poder llevar a cabo medidas de control sobre la base de la cuenta pública. El tiempo pasa y lo único que se logra hacer son observaciones.

“Lo importante es que se pudiera actuar con el órgano de fiscalización que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que el Congreso pudiera intervenir. El dinero que ahorita están gastando de más impactará a otros programas en el futuro. El sector salud ha tenido una reducción en su gasto durante los últimos dos años y eso se traduce en clínicas que no sacan radiografías, sin equipo, no se pueden hacer análisis… ahí no hay para hacer gastos, pero en Presidencia de la República sí”, agregó.

Para el economista, este “gasto discrecional” tiene también alcances legales, ya que se tiene que ver de dónde viene el dinero excedente o si se está incrementando la deuda, lo que resultaría ilegal.

“Se supone que por eso tienen una asignación programática que tienen que respetar. Ya no es sólo que no sea ético, están cayendo en la ilegalidad y el uso que le están dando al presupuesto es por completo cuestionable, pero a fin de cuentas, se carece de una figura que investigue esos actos, los periodos fiscales siempre se terminan revisando casi dos años después y ya no sirve de nada. No hay un mecanismo de congruencia entre los mecanismos de evaluación y de control de la asignación de los recursos públicos”.


EL PRESUPUESTO AUSTERO DE 2017

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 mostró mínimas variaciones en el gasto destinado a cada una de las secretarías, pero son cinco las dependencias que salieron peor libradas.

Estas son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tendrá una reducción en su presupuesto de 26.13 por ciento; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 26.72 por ciento; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de 20.71 por ciento; Pemex, de 18.05 por ciento, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un recorte de 14.03 por ciento. A estas cinco dependencias, en conjunto, se les restaría un total de 384 mil 821 millones 013 mil 227 pesos, en caso de que este documento se apruebe así en los siguientes 15 días.

Para Villareal Páez, el presupuesto para el año que viene contempla una serie de reducciones, no nada más en Presidencia sino también en rubros más sensibles y que tienen un mayor impacto social, como educación, salud o infraestructura en ciertas poblaciones, “normalmente, en los presupuestos anteriores se habían dejado intactos o con una partida presupuestal casi similar o un poco incrementada. Sin embargo, hoy día en términos generales el presupuesto contempla una serie de reducciones que van a tener definitivamente un impacto importante”, dijo.
“Yo no veo que se aprieten el cinturón, no sé de qué manera lo estén haciendo. Cualquier persona, a nivel de su presupuesto personal y familiar, nos reducimos gastos y nos apretamos el cinturón a la fuerza, pero el Gobierno federal no, no se ve de dónde. Independientemente de las reducciones, nos damos cuenta que constantemente hay aspectos de corrupción, fraudes, elevación del costo de las obras y entonces vemos que una cosa es el discurso y otra la realidad. No respetaron el presupuesto que se les otorgó”, sostuvo.

En entrevista con SinEmbargo, Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, comentó que lo que se ha visto reflejado en el ejercicio del presupuesto, tanto en el de 2015, en el que se hicieron los recortes y en el actual con los ajustes, existe, por un lado, una contracción importante en la inversión pública que es aquella que puede incentivar el crecimiento económico, y por otro lado, que existe una reasignación del gasto que quiere favorecer los servicios generales o los gastos de operación, como el dinero destinado a publicidad.

“El problema que tiene la política fiscal en México va más allá de la reducción en los gastos de operación, ya que también existe un reducido espacio fiscal debido a la presión que existe para la asignación a pagos que se podrían considerar ineludibles como lo es la obra pública, las participaciones a los estados, las pensiones […] El recorte del Gobierno federal no es suficiente y el resto de las instituciones también deberían tener modificaciones a su gasto”, dijo Villa Juárez.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2016/3110132

sábado, 22 de octubre de 2016

Deuda y liberación de gasolina agravan riesgo a la economía

La Cámara de Diputados decidió elevar la deuda pública más allá de los límites propuestos por el gobierno federal, al aprobar para el próximo año una Ley de Ingresos que incrementa el endeudamiento a 525 mil 746.4 millones de pesos, de acuerdo con el dictamen avalado la madrugada del viernes. Esa cantidad supera en 5 mil 393.2 millones la propuesta hecha por la Secretaría de Hacienda en septiembre pasado, cuando entregó el paquete económico.

La decisión de los diputados ocurre en un momento en que el crecimiento de la deuda pública, que este año llegará a 50.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), ha sido considerado por el Banco de México uno de los factores de vulnerabilidad de la economía y también después de que calificadoras financieras alertaron sobre una eventual baja en la nota de solvencia del país por el aumento de los pasivos a cargo del gobierno.

Junto con el incremento de la deuda, los diputados aprobaron liberalizar el precio de la gasolina a partir de enero, medida considerada inflacionaria por analistas.

En la madrugada del viernes la Cámara de Diputados votó la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, documento que recoge todos los rubros por los que el gobierno se hará de recursos el próximo año, incluida la contratación de deuda. Antes del 30 de octubre, el dictamen debe ser aprobado por el Senado.

Los diputados decidieron: aumentar en 42 centavos el tipo de cambio previsto en la iniciativa del Ejecutivo, para ubicarlo en 18.62 pesos por dólar, y elevar en 19 mil barriles diarios, a un promedio de un millón 947 mil barriles por día, la plataforma de producción de petróleo, de acuerdo con el dictamen aprobado.

Al mover la cotización de la moneda nacional, el gobierno recibiría más pesos por los dólares que recibe de la exportación de crudo.

En la Encuesta CitiBanamex de expectativas económicas, publicada este viernes, los especialistas anticipan un tipo de cambio de 18.45 pesos por dólar el próximo año, inferior al considerado por los diputados.

La plataforma de producción de petróleo estimada por los diputados es superior a las previsiones que existen para el próximo año, de acuerdo con analistas.

“La Secretaría de Hacienda estimó –en la elaboración del paquete económico– que la producción de petróleo podría observar una baja adicional en 2017 y ubicarse en el nivel de un millón 928 mil barriles diarios (promedio anual). Ello implicaría una caída de 11.3 por ciento respecto de lo observado durante el periodo de enero a octubre de 2016”, recordó este viernes Rafael Camarena, analista de Santander.

Adicionalmente, en el dictamen de Ley de Ingresos, los diputados decidieron que el endeudamiento interno del gobierno sea el próximo año de 525 mil 746.4 millones de pesos, monto equivalente a 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB). Esta es una cantidad superior en 5 mil 393.2 millones de pesos a la propuesta por el Ejecutivo en el paquete económico entregado al Congreso el 8 de septiembre pasado, explicó la firma calificadora de inversiones HR Ratings. La mayor deuda es resultado de los apoyos que se destinarán a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para reducir su déficit, explicó la firma especializada.

Efecto inflacionario

La liberalización de los precios de la gasolina para 2017 aprobada por los diputados se posiciona como uno de los riesgos para la inflación, comentó este viernes Mariana Ramírez, analista de Ve por Más. Como contrapeso, añadió, se encuentra la posible reducción del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la gasolina, que podría disminuir hasta en 99 centavos por litro la Magna y en 84 centavos la Premium, añadió.

La liberalización de precios de la gasolina traerá presión sobre la inflación, una vez que las bandas de fluctuación vigentes hasta ahora sean eliminadas –como aprobaron los diputados–, de acuerdo con un análisis de Ve por Más.

La medida ocurrirá en un momento en que la economía enfrenta presiones inflacionarias, derivadas de la depreciación del peso frente al dólar, como han advertido el Banco de México y analistas privados.

Para el cierre de 2017, el pronóstico apunta a un mayor traspaso cambiario a los precios, que llevará la inflación a 3.4 por ciento en el año, superior al 3 por ciento previsto para 2016, añadió.

El control de la inflación y la reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB son dos factores relevantes para la calificación de las obligaciones emitidas por el país, que de ser modificadas a la baja encarecerían el costo del endeudamiento.

“Este tema –el de la inflación y el control fiscal– es importante para la calificación de la deuda soberana de México, donde las principales agencias calificadoras han señalado recientemente la fragilidad fiscal, la que también ha explicado la depreciación del peso. En este sentido, será relevante ver que el Congreso apruebe un presupuesto acorde con un superávit fiscal primario, ya que de no ser así, en un entorno de menor crecimiento económico, la presión de las calificadoras de riesgo sobre la deuda soberana de México aumentaría, lo que podría llevar a un entorno de volatilidad en el tipo de cambio, y por consiguiente presiones para que el Banco de México nuevamente aumente su tasa en la reunión de mediados de diciembre”, consideró Salvador Orozco, analista de Santander.

Petróleo y situación fiscal afectan al peso

La percepción de que México enfrenta una débil situación fiscal, así como las difíciles condiciones financieras de Petróleos Mexicanos, está entre las causas de que el peso se haya convertido este año en la moneda de países emergentes con mayor depreciación frente al dólar, advirtió Manuel Sánchez González, subgobernador del Banco de México.

Desde enero del año pasado el peso acumula una depreciación de 28 por ciento, mientras la depreciación promedio de una canasta de monedas de 10 países emergentes ha sido de 13 por ciento, de acuerdo con el subgobernador Sánchez, según la presentación de una plática que ofreció en Londres y que fue publicada por el banco central en su página electrónica.





Fuente: La Jornada
Autor: Roberto González Amador
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/22/economia/017n1eco

miércoles, 12 de octubre de 2016

Así endeudó Duarte a Chihuahua: El PRI autorizó, Videgaray lo vio y Aspe lo operó… y se llevó su parte

Para 2012, al final de la elección de Enrique Peña Nieto, el Gobernador César Duarte Jáquez había acumulado ya deuda por 23 mil 284.8 millones de pesos, o un 85.5 por ciento más de la que había recibido en 2010. Aun así, en septiembre de 2013 firmó una “reestructura” que le permitió adquirir “refinanciamiento” por otros 19 mil 725 millones de pesos en 11 préstamos. La diseñadora de tal reestructura fue la empresa Evercore Partners, donde trabajó Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda con Peña Nieto, y propiedad de Pedro Aspe Armella, también ex titular de la dependencia hacendaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Desde el 5 de septiembre de 2013, el entonces Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, recibió autorización del Congreso local para llevar a cabo una “reestructura” o “refinanciamiento” de la deuda que había acumulado más la que generara hasta el final de ese ejercicio fiscal.

Era su tercer año de Gobierno y, una semana antes, había adquirido un crédito bursátil por 11 mil 999 millones de pesos, la operación más abultada de todas las que aparecen en su reporte de deuda pública hasta diciembre de 2015.

Esta cantidad era adicional a los 23 mil 284 millones en pasivos con los que había cerrado 2012 y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran un 85.5 por ciento más que los que había recibido al iniciar su Gobierno.


Pero era también el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien un año antes había ganado la Presidencia de la República en una elección coordinada por su luego Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y apoyada sobre todo por gobernadores priistas como el chihuahuense Duarte.

La decisión tomada entonces para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua fue hacer una “reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez, servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario.

Este esquema de “reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por hasta 30 mil millones de pesos adicionales.

“Se autoriza el Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos”, dice el artículo Segundo del decreto 1370.

“Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su caso, contrate y ejerza financiamiento a través de crédito público (…) en adición a lo establecido en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000’000,000”, agrega el artículo Sexto.

El mismo documento oficial establece que la garantía o fuente de pago de estos nuevos préstamos sería “hasta el cien por ciento” de los recursos que le correspondieran a Chihuahua del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por ciento de los ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por cualquier impuesto” estatal.

Con estas garantías de pago, al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones de pesos.

Y, el 26 de noviembre siguiente, junto con una empresa privada, constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se garantizarían aún más préstamos.

Así, al día siguiente, al amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos (tres con Bancomer, uno con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil 624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.

En total, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la “Situación que guarda la deuda pública estatal” de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones adquiridos por Duarte al amparo del mismo Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.


LA MANO DE EVERCORE


Esta “reestructura” o refinanciamiento en beneficio de Duarte, así como la administración de todo el dinero que llegara al Fideicomiso Maestro para respaldar los nuevos préstamos, quedaron a cargo de la división Casa de Bolsa de Evercore Partners, firma en la que trabajó Videgaray Caso y que entonces era dirigida por Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari.

Con el Fideicomiso Maestro, la firma privada tuvo acceso al FGP del Ramo 28, estimado en unos 10 millones de pesos anuales y autorizado por el decreto 1370 como fuente de pago de los préstamos de Duarte.
“Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que (…) afecte irrevocablemente, como fuente de pago, garantía o ambas, de las obligaciones que se deriven de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores o demás documentos que se suscriban para instrumentar los refinanciamientos, reestructuras o financiamientos adicionales que se celebren al amparo de este decreto (…) el derecho a percibir hasta el cien por ciento de las participaciones que por ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones”, dice el artículo octavo del decreto 1370.

Los respectivos Presupuestos de Egresos del estado de Chihuahua muestran, por su parte, que al Fideicomiso Maestro administrado por Evercore se le han asignado 4 mil 562.4 millones para los últimos tres años (mil 692.5 millones en 2014; otros mil 406.8 en 2015 y otros mil 463.1 en 2016).

La “reestructura”, entonces, le permitió a Duarte Jáquez aumentar su liquidez mientras Evercore –cuya participación aparece en los decretos oficiales que gestionaron los financiamientos– consiguió acceso a otros miles de millones de recursos públicos usados como garantía de pago de los préstamos del primero.
“He seguido este Fideicomiso Maestro y encuentro dos características: la caterva de gente de Pedro Aspe, que están detrás, beneficiándose”, dice Jaime García Chávez, abogado chihuahuense que presentó la demanda penal por la probable participación de Duarte en la Unión de Crédito Progreso.

“Y que claro que ellos hacen una especie de marco para la contratación de deuda, intermedian, invierten en la bolsa y se embolsan miles de millones de pesos (…) creo que son mecanismos de corrupción política, que no están sujetos a supervisión adecuada del Estado, por el déficit regulatorio para hacer estas maniobras”, agrega.

El nombre de Evercore aparece no sólo como el de la administradora del Fideicomiso Maestro, sino también como el antiguo lugar de trabajo de la actual titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, la contadora Marcela Andrade Martínez, que llegó a la administración pública en 2013.

Por parte del Gobierno de Chihuahua, la “reestructura” dejó la contratación de los financiamientos en Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Duarte, socio de la Unión de Crédito Progreso y también incluido en la demanda penal de García Chávez.


“Creo que el régimen de impunidad y corrupción que tenemos en el país, en el caso de César Duarte, obedece a favores prestados a Peña Nieto que lo imposibilitan para ejercer la acción penal”, dijo el abogado chihuahuense en julio pasado, con relación a la inacción de la Procuraduría General de la República ante la vinculación de Duarte con la institución de crédito.



Chihuahua, cuyos pasivos actuales por 42 mil 175.9 millones forman la cuarta deuda per cápita más alta del país, fue también uno de los siete estados que perdió el Partido Revolucionario Institucional en la pasada elección del 5 de junio, cuando se renovaron 12 gubernaturas.

La probable corrupción atribuida a mandatarios con los más altos niveles de deuda pública, como César Duarte Jáquez, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, fue considerada entonces por el tricolor como factor de las derrotas.

Contra esto ex mandatarios, sin embargo –y salvo en el caso de Javier Duarte–, no han avanzado medidas legales y, como García Chávez, incluso una parte del Comité Ejecutivo Nacional priísta atribuye la impunidad que gozan los ex mandatarios a un supuesto “acuerdo económico” con integrantes del Gobierno federal y gestado desde la campaña de Peña Nieto.

“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto pasado a este medio una fuente del CEN del PRI.

También el nuevo Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aludió a una “corresponsabilidad” del Gobierno federal en el endeudamiento de Chihuahua y, en agosto pasado, especificó que ésta se gestó a través del Fideicomiso Maestro.
“Ahí hay, por supuesto, una corresponsabilidad de la Federación que avaló, a través de la Secretaría de Hacienda, el Fideicomiso Maestro con el que se comprometieron metas hoy incumplidas, en términos de déficit presupuestal”, advirtió Corral.

“Ese endeudamiento irresponsable, que no se tradujo ni en crecimiento económico ni en inversión ni en infraestructura, se le suma un déficit presupuestal que hemos calculado por ahora –porque todavía no sabemos bien a bien en cuánto terminará– de casi 4 mil 500 millones de pesos”, dijo también el nuevo mandatario.

Después de la toma de posesión, sin embargo, el nuevo Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, dijo a SinEmbargo haber apenas iniciado la revisión de los contratos que dieron origen a los financiamientos y no tener opinión sobre los “conocidos” vínculos entre Aspe, Videgaray y Evercore.

“Evercore es la que organizó la reestructura y es la que tiene a su cargo el Fideicomiso (…) El trabajo que haya hecho la compañía en términos de tasas lo tendremos nosotros que analizar”, dijo Fuentes Vélez en breve entrevista.

“La relación que existe ahí evidentemente con el ex Secretario Aspe es un hecho conocido. Nosotros no tenemos opinión en el tema de por qué decidieron por esa empresa y no por otra. Eso tendrían que manifestarlo las autoridades anteriores. Lo que sí puedo decir es estamos revisando con mucho cuidado cada uno de los contratos que se hicieron para analizar el destino de la deuda y las condiciones en las que se contrató”, agregó el nuevo funcionario.


LÍDER EN “REESTRUCTURAS”



El Gobierno del Estado de Chihuahua no es la única entidad pública con la que trabaja Evercore. Fundada por Aspe como Protego en 1996, al término del sexenio de Salinas, la firma presta actualmente servicios financieros y consultorías a diferentes dependencias de la administración pública.

De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal, en la década transcurrida entre 2002 y 2012, celebró contratos por 43.3 millones de pesos con las dos anteriores administraciones federales panistas.

Pero en lo que va del sexenio, muestran los mismos datos, Evercore ha ganado 98.7 millones de pesos; es decir, más del doble en la tercera parte del tiempo.

Como en otros contratos obtenidos por Evercore, en los obtenidos del Gobierno federal destacan no los honorarios sino el carácter estratégico de los proyectos, como “la planeación, coordinación y control del programa de zonas económicas especiales” que le asignó en mayo pasado el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

También en este sexenio, Evercore incorporó la empresa mexicana Diavaz a su portafolio de inversiones y, el 15 de diciembre pasado, ésta última obtuvo la licencia para explotar dos campos petroleros y, así, estrenarse en la extracción de hidrocarburos permitida por la Reforma Energética.

Pero es en el negocio de las reestructuras o “refinanciamientos” de los Gobiernos locales, de acuerdo con su página digital, donde Evercore considera que ha sido “líder absoluto”, rediseñando marcos legales y promoviendo créditos con 26 administraciones.

“El equipo de Finanzas Públicas e Infraestructura (EFPI) asesora a los Gobiernos locales a reformar su marco legal, a efecto de detonar la inversión en infraestructura en la entidad a través de esquemas de financiamiento con participación privada”, describe la página.

“El EFPI asesora a los Gobiernos locales en la obtención de financiamiento tanto bancario como bursátil (deuda de largo plazo, bursatilización de activos, etc.), así como en el refinanciamiento o reestructura de su deuda”, agrega.


DEUDA O “INVERSIONES PRODUCTIVAS”

Antes de empezar a trabajar con Peña Nieto en 2005, como Secretario de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México, Videgaray trabajó en Protego precisamente como director de Finanzas Públicas Estatales y Municipales.

Todos estos procedimientos de “reestructura” de deudas, comenta a SinEmbargo Diego Díaz, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad, son normales y se encuentran dentro de los marcos legales.

Pero, de acuerdo con el Diputado federal poblano Rodrigo Abdala, se trata de un esquema de negocios en los que se utilizan recursos públicos para especular en el mercado de valores aprovechando, además, las “conexiones” del poder político.

“Evercore es una banca de tercer nivel y también es casa de bolsa, lo que le permite usar el dinero que tiene en sus arcas para invertir en el mercado especulativo”, dice el integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Uno de sus accionistas es Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda y ex jefe del que fue Secretario de Hacienda poco más de cuatro años con Peña Nieto. Imagine las conexiones que tienen en el mercado bursátil y la información privilegiada para que obtengan ganancias”, agrega.

El 11 de febrero pasado, Abdala introdujo en la Cámara Baja un punto de acuerdo solicitando un diagnóstico sobre la deuda que guarda el Estado de Puebla, donde también trabaja Evercore.

El punto de acuerdo fue presentado luego de que el periódico Reforma publicara, el 2 de febrero, que el Gobierno de Puebla comprometió 50 años de ingresos por el Impuesto Sobre la Nómina que se irían a un fideicomiso administrado por la casa de bolsa.

En su argumentación, el legislador explica que el manejo financiero incluye un mecanismo que permite convertir la deuda pública en “proyectos de prestación de servicios”, evitando así el registro oficial de los pasivos.

Tal conversión, agrega Abdala, fue posible gracias a una modificación hecha desde 2012 a la Ley de Deuda Pública de esa entidad.
“Así, aprovechando esas reformas, en 2012 se constituyó un fideicomiso y se contrató para su administración a la empresa privada Evercore-Protego”, explica el documento.

En Chihuahua se registra un procedimiento similar, ya que otra característica de la “reestructura” prevista en 2013 es ya no considerar “deuda” a la contratación de futuros “financiamientos adicionales”, sino “inversiones públicas productivas”, como establece el decreto 1370.

“Los financiamientos que se lleven a cabo al amparo de este decreto constituyen inversiones público-productivas, toda vez que tienen por propósito, directo o indirecto, el saneamiento financiero, el mejoramiento del perfil de la deuda del estado y el incremento de la capacidad financiera del estado”, dice el decreto.

“El destino de los recursos de los financiamientos que sean objeto de refinanciamiento deberá haber sido, en su origen, inversiones público privadas (…) Los recursos provenientes de los financiamientos que se contraten al amparo de este artículo deberán destinarse a refinanciar, en todo o en parte, las cantidades debidas y pendientes de pago”, insiste el documento.

El 6 de julio pasado, la legislatura local aprobó una última operación de crédito a Duarte, por seis mil millones de pesos que, en este caso, tuvieron como garantía de pago el fideicomiso 80672, conocido como Fideicomiso Carretero.

Y fue esta transformación del decreto 1370, se observa la más reciente aprobación, lo que permitió al Ejecutivo afirmar que ese financiamiento no constituirá “deuda” financiera.
“En caso de que la Reestructura de los Financiamientos se implemente por cualquier tipo de financiamiento, distinto a la emisión de valores a ser colocados en el mercado de valores, siempre y cuando dicho financiamiento cuente con la fuente de pago a que se hace referencia en el presente decreto, este no constituirá deuda total financiera, según dicho concepto fue acordado con los acreedores del Estado en términos de la operación de reestructura y refinanciamiento de la deuda pública del Estado implementada con fundamento en el decreto número 1370/2013”, dice del decreto de autorización para el más reciente crédito.

Los datos de Hacienda sobre la evolución de la deuda de Chihuahua muestran que Duarte recibió el estado con 12 mil 547 millones en pasivos, y que para 2012 eran 23 mil 284.

También, que fue en 2013, el año en el que se firmó el Fideicomiso Maestro, cuando se registró el mayor aumento en la deuda, por 18 mil 483 millones, para cerrar en diciembre de ese año en 41 mil 678.2 millones de pesos.

Sin embargo, y pese a que en 2014 obtuvo préstamos por más de siete mil cien millones, Hacienda indica que la deuda de Chihuahua sigue ligeramente por encima de los 42 mil millones, sin mayor aumento.

En los presupuestos de Egresos del Estado de Chihuahua, asimismo, el renglón de deuda pública asigna anualmente alrededor de 300 millones.

El egreso destinado al Fideicomiso Maestro de Evercore, sin embargo, aparece en otro rubro, denominado “Orden Institucional”, y es a donde se han ido los más de cuatro mil 500 millones de pesos.

Este medio solicitó información a la firma sobre la reestructura de la deuda de Chihuahua y el resto de su trabajo con administraciones públicas. Pero, a través de su directora jurírida, Sylvia Martínez, Evercore respondió que no daban entrevistas por “políticas internas”.


“SEÑAL DE RIESGO”

Tener acceso a recursos públicos, administrarlos y especular con ellos en el mercado de valores es un negocio sobre todo si, como en Evercore, hay vínculos con altos niveles del poder político, dice el diputado Rodrigo Abdala.
“Para su posicionamiento como inversionista, aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto, como el actual Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien a principios de siglo fue director del área de Finanzas Públicas de Protego-Evercore”, estableció el Diputado en su punto de acuerdo de febrero pasado.

Un ejemplo de la “reestructura” de Evercore aparece en un boletín en el que la empresa privada HR Ratings califica uno de los créditos de Duarte, por mil 716 millones de pesos, contraídos con Bancomer.

En un cuadro sobre el desempeño financiero de este crédito, HR Ratings muestra que, en 2014, al Estado le tocó recibir 10 mil millones del Fondo General de Participaciones, de los cuales, 405.3 se fueron al Fideicomiso y sólo 112, o menos de un 30 por ciento de esta última cantidad, se destinaron al “servicio total de la deuda”.

“Con base en los criterios establecidos en la estructura (…) el fideicomiso sería capaz de garantizar las obligaciones financieras del estado en el mediano plazo. En promedio, la fuente de pago asignada anualmente al crédito sería 3.0x (tres veces) mayor al servicio anual de la deuda”, dice el boletín.

Pero comprometer así los ingresos federales, advierte la SCHP, es una señal de riesgo para las finanzas de cualquier administración pública.

“Las cinco entidades federativas con mayor deuda como proporción de las Participaciones Federales son Quintana Roo (269.5 por ciento), Coahuila (261.5 por ciento), Chihuahua (228 ciento), Nuevo León (220.6 ciento) y Veracruz (133.31 ciento)”, dice el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas publicado en abril pasado por el Centro de las Finanzas Públicas del Gobierno federal.


“Los porcentajes de los primeros cuatros estados anteriores son relativamente altos; estos estados y municipios tendrían que erogar al menos durante dos ejercicios fiscales el total de sus Participaciones Federales para hacer frente a las obligaciones financieras”, agrega.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3102818

jueves, 6 de octubre de 2016

Cozumel y Solidaridad, al borde de la quiebra

CANCUN, Q.Roo: La herencia de Roberto Borge Angulo no se limitó a una deuda pública de 22 mil millones de pesos, la segunda más alta del país, también a los municipios los dejó al borde de la quiebra, particularmente Solidaridad (Playa del Carmen) –donde se ubica el mayor número de cuartos hoteleros de la entidad– y Cozumel, el principal puerto de cruceros del territorio nacional.

Ambas localidades estuvieron gobernadas por los priistas Mauricio Góngora y Fredy Marrufo, exsecretarios estatales Hacienda, muy cercanos al exgobernador Félix González Canto.

La panista Perla Tun Pech y la expriista Cristina Torres son ahora las alcaldesas de Cozumel y Solidaridad, respectivamente.

Hasta hace tres trienios, Solidaridad era un municipio con finanzas sanas, gracias a los recursos propios derivados del impuesto predial que se cobra a hoteles en la Riviera Maya.

Actualmente la deuda de ese municipio con apenas 220 mil habitantes alcanza los mil 800 millones de pesos, lo que lo coloca con el gravamen per cápita más alto del país, y su deuda bancaria asciende a 754 millones de pesos, según el exregidor Orlando Muñoz.

Cristina Torres recibió el ayuntamiento –anteriormente presidido por Filiberto Martínez y Rafael Kantún (interino)– con pasivos por 517 millones de pesos. Pero, de acuerdo con Muñoz, habría otros 800 o mil millones de pesos en deuda con proveedores.

A iniciativa del exalcalde interino Rafael Castro, el cabildo anterior aprobó la reestructuración de la deuda y la contratación de nuevos pasivos bancarios por mil 030 millones de pesos, acción avalada por la legislatura dentro de llamado Paquete de Impunidad.

No obstante, la nueva alcaldesa logró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negara la autorización de ese crédito por falta de transparencia en el origen de los montos.

De acuerdo con el exregidor perredista Orlando Muñoz, la nueva administración requiere hacer una profunda investigación en las áreas de Tesorería y Desarrollo Urbano.

Y es que la gestión del exalcalde interino Rafael Kantún, dijo, acabó en crisis en lo que a servicios públicos se refiere, en particular la recolección de basura, por los adeudos de la Comuna con el concesionario del relleno sanitario.

Cristina Gómez indicó que el próximo martes 11 dará a conocer el diagnóstico oficial de la situación económica de la Comuna, pero adelantó que la deuda es mucho mayor a los mil 030 millones de pesos que pretendió reestructurar su antecesor Rafael Castro, y advirtió que tendrá dificultades para hacer frete al gasto corriente.

Para el servicio de recolección de basura y su disposición final, que está sujeto a concesión, se requieren 10 millones semanales, y en seguridad pública cinco millones de pesos al mes en gastos operativos.

Frente a esa problemática, la alcaldesa indicó que iniciará sendos programas de disciplina financiera y de mayor recaudación, aunque abrió la posibilidad de recurrir a un crédito a corto plazo, a pagar en seis meses, para atender los compromisos de fin de año.

Cozumel, otro municipio ‘quebrado’

De acuerdo con los estados financieros de la Comuna isleña, el exalcalde Fredy Marrufo heredó de su antecesor, Aurelio Joaquín, una deuda de 250 millones de pesos, pero él la aumentó a 429 millones 903 mil 644 pesos, con lo que la nueva alcaldesa Perla Tun recibió un municipio con graves problemas financieros.

“Estamos recibiendo municipio quebrado, devastado, saqueado, con arcas vacías”, dijo Tun el apsado sábado 1, cuando asumió el cargo.

Y culpó directamente a sus antecesores: Juan Carlos González Hernández, primo hermano del exgobernador Félix González; Aurelio Joaquín González, y Fredy Marrufo.

La alcaldesa precisó que además de la deuda bancaria, en Cozumel hay pasivos con proveedores por 48 millones de pesos. Y solo a la concesionaria del servicio de limpia, Promotora Ambiental de la Laguna (Pasa), se le deben 14 millones de pesos, de los cuales la mitad procede del trienio de Aurelio Joaquín, puntualizó.

A los medios locales, añadió, se les adeuda seis millones de pesos por convenios publicitarios. Además, agregó, en el proceso de entrega-recepción se descubrió que el exalcalde no los había enterado de una “bodega llena de equipos antimotines”.

Frente a tal panorama, Perla Tun anunció un plan de emergencia para enfrentar la complicada situación financiera de la comuna cozumeleña, que incluye “la reestructuración todas las oficinas”.

“Estamos en una situación de contingencia”, dijo la alcaldesa, y reconoció que dicho plan implica el despido de personal. Esta medida, dijo, no se tomó anteriormente, pese a la pesada carga burocrática, “porque nadie quiere cargar con el costo político”.

Actualmente la nómina de la Comuna es de entre ocho y diez millones de pesos quincenales, que según Tun “está muy inflada” y “hay exceso de personal”.

Por ello, anticipó que entre 15 y 20% de los burócratas de la comuna isleña serán despedidos.

De igual manera, anunció que suprimirá los convenios de publicidad, por los cuales su antecesor pagaba cinco millones de pesos al mes a medios de comunicación.

El panorama es más complejo, dijo, porque en marzo y abril del próximo año se empezará a pagar capital del último crédito bancario que contrató el cabildo anterior.

La también empresaria y expresidenta local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) anticipó que iniciará procedimientos contra los responsables del quebranto de la Comuna, “sin que signifique una cacería de brujas”.

Tras subrayar que “hubo una corrupción muy fuerte”, denunció que como consecuencia de los ajustes ha recibido amenazas que van en el sentido de desestabilizar su gobierno.

“Dicen que nos van a sacar muertitos en los próximos días, pero no nos dan miedo las amenazas”, apuntó, y pidió un plazo de seis meses para empezar a dar resultados.

El ayuntamiento de Othón P. Blanco, donde se ubica Chetumal, la capital del estado, que también incluye la franja fronteriza con Belice, también enfrenta una situación financiera difícil, con el agravante de que no es un destino turístico y sus ingresos dependen de participaciones federales y estatales.

El exalcalde Eduardo Espinosa Abuxapqui dejó una deuda de 480 millones de pesos a su sucesor, Luis Torres Llanes, un expriista que ganó con las siglas del PAN y el PRD.

Torres Llanes señaló que todavía están en proceso de revisión las cuentas que le entregó su antecesor. “Aún estamos viendo lo de los proveedores, pues de repente nos llegan personas que dicen que se les debe”.

El alcalde sostuvo que recibió un gobierno en crisis, pero admitió que esta obligado “poco a poco ir a estabilizando el gobierno”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

lunes, 3 de octubre de 2016

El país quebrado, y Pemex se sigue endeudando: ahora toma crédito por 2 mil 500 millones de dólares

La deuda de Pemex se levó 2 mil 500 millones de dólares y cerrará el 2016 con un monto 97 mil millones de dólares.

En medio de la crisis económica por la que atraviesa el país, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó hoy que elevó su deuda en 2 mil 500 millones de dólares después de que la empresa emitiera dos nuevos bonos en el mercado internacional.

Juan Pablo Newman, director Corporativo de Finanzas de la Empresa Productiva del Estado, aseguró que este monto forma parte de la estrategia de Pemex para adelantar el programa de financiamiento de 2017 el cual, de aprobarse por el Congreso en los términos que definió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ascenderá en total a 7 mil 100 millones de dólares.

Este lunes concluyó una operación de recompra e intercambio de títulos con la que la empresa redujo una tercera parte de los vencimientos de deuda en dólares que tenía programados para 2018 y 2019.


Pemex emitió dos nuevos bonos en el mercado internacional con vencimiento de 7 y 31 años con tasas de 4.62 por ciento y 6.75 por ciento, respectivamente.

Los bonos emitidos suman un total de 4 mil millones de dólares, que fueron compensados de manera parcial por la compra y el intercambio de bonos con vencimiento en 2018 y 2019 (cinco mil 500 millones de dólares). “Con ello se reduce el riesgo de refinanciamiento para esos años”, dijo Newman.

Con esta operación la deuda de la empresa petrolera se levó 2 mil 500 millones de dólares y cerrará el 2016 con un monto 97 mil millones de dólares.

Además, Newman aseguró que estas operaciones mejorarán el perfil de la institución, además de reducir riesgos y da mejores condiciones.


LA DEUDA DEL PAÍS

Los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre 2016, dados a conocer por la Secretaría de Hacienda, indican que al cierre del segundo trimestre de 2016, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 6 billones 519 mil 981.7 millones de pesos. Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), representó el 34.5 por ciento.

La deuda bruta de México equivaldrá al 55 por ciento de su Producto Interno Bruto este año, según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, en comparación con menos del 40 por ciento hace 10 años. Tanto Moody’s Investors Service como S&P Global Ratings tienen perspectivas negativas en relación con la calificación de México.

Pemex no tiene ganancias desde el tercer trimestre de 2012 y la caída de los precios del petróleo exacerba una declinación de la producción. El Gobierno inyectó 4 mil 200 millones en la compañía en abril.

El deficit de cuenta corriente de México ha crecido al nivel más alto desde 1999.

Este lunes, especialistas encuestados por el Banco de México (Banxico) rebajaron su estimado de PIB para 2016 a 2.13 por ciento, desde un previo de 2.16 por ciento, su cuarta baja consecutiva. Mientras que para 2017, el estimado es de 3.36, desde un previo de 2.52.

Respecto al tipo de cambio, los analistas subieron a 18.84 pesos el estimado de dólar para el cierre de año, desde la estimación previa de 18.50 pesos.


En el tema de la inflación general, los analistas la aumentaron a 3.18, desde un previo de 3.13, y para 2017 estiman que sea de 3.45, desde un previo de 3.42.

Los especialistas consultados por Banxico consideraron que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses son, en orden de importancia: la debilidad del mercado externo y la economía mundial (22 por ciento de las respuestas); la plataforma de producción petrolera (10 por ciento de las respuestas); el precio de exportación del petróleo (10 por ciento de las respuestas); la inestabilidad financiera internacional (8 por ciento de las respuestas); la incertidumbre cambiaria (7 por ciento de las respuestas); y los problemas de inseguridad pública (7 por ciento de las respuestas).

El pasado viernes, Carstens dijo que las tasas de interés se mantuvieron altas por factores externos como el precio del petróleo, el que la Reserva Federal está empezando a subir tasas de interés y la incertidumbre por la elección en Estados Unidos.

Además explicó que Banxico ajustará la tasa de interés conforme vea lo que es necesario para cumplir con sus objetivo, “nuestro mandato constitucional que lo hemos hecho operativo, pensando en una inflación de 3 por ciento”.


Y enfatizó que Donald Trump sería una huracán para México si gana la presidencia de Estados Unidos y cumple lo que ha venido mencionando en su campaña.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-10-2016/3099754