“La problemática de la deuda estatal no sólo está lejos de resolverse, sino que esconde muchos problemas de legitimidad, opacidad, corrupción y, quizás, de financiamiento ilegal de campañas electorales. Se trata de un problema nacional. Si el Sistema Nacional Anticorrupción se implementa como se debe, impondrá barreras a la proliferación de la corrupción”, dijo.
“Sin embargo, si agregamos a estos datos los ‘otros pasivos’ reportados por primera vez por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que consideran las cuentas públicas estatales, la cifra es muy distinta”, destacó.Se trata, señaló el reporte, de recursos destinados a proyectos de inversión, que no pasan por la aprobación de los congresos como deuda, que no son auditables y que comprometen ingresos fiscales locales hasta por 20 años.
“Estas operaciones, que en ocasiones se concentran en fideicomisos ‘privados’, representan una caja negra: no se pueden auditar, no hay escrutinio público y sus magnitudes pueden ser enormes”, alertó.Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del CEEY, explicó que algunas entidades contrataron a la firma transnacional Evercore para que diseñara la ingeniería jurídica y financiera del mecanismo.
“Lo que sucede con estos fideicomisos es que son de garantía de pago, es decir, por un lado el Gobierno decide qué proyectos se van a financiar y por el otro lado el fideicomiso compromete los ingresos locales que normalmente tienen dos fuentes a nivel estatal, o el impuesto sobre la nómina o el impuesto sobre la tenencia, estos impuestos entran al fideicomiso y de ahí se pagan los proyectos de inversión previamente definidos por el Gobierno estatal”, detalló.
“Todo parece indicar que estos pasivos no están considerados en la Cuenta Pública del Estado, pues no cuadran las cifras. De no estar considerados los pasivos del Fideicomiso F/0144 en ese total, la suma de pasivos reales de Puebla alcanzaría los 47 mil 209 millones de pesos”, advirtió el CEEY.En noviembre pasado, SinEmbargo publicó una investigación donde informó que la deuda pública del Gobierno de Puebla ha permanecido en la opacidad y, oficialmente, se muestra como una de las bajas del país. Sin embargo, en la medida que el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se extingue en esa entidad, han comenzado a saltar cifras con miles de millones de pesos.
-Se hubieran economizado 47 mil mdp en gastos de operación vehicular en un periodo de 15 años (3 mil 204.17 mdp por año de operación) al reducir las distancias recorridas por los conductores de vehículos particulares.
-La reducción del tiempo en el traslado de la Ciudad de México a Querétaro -de cuatro horas a poco menos de una hora- hubiera implicado un ahorro anual de 432.9 mdp -en función de la distancia recorrida- y, a lo largo de un periodo aproximado de 30 años, los ahorros en tiempo de viaje para los usuarios de red carretera ascenderían a 22 mil 641.2 mdp.
-Los usuarios de transporte público y privado (a gran escala) se hubieran visto beneficiados con la disminución de transportes en la carretera. Además el decremento en el uso de camiones de pasajeros hubiera generado un ahorro de 230 mil dólares por unidad comprada -considerando un autobús con WC y aire acondicionado-, lo que supone un gasto acumulado de 7 millones de dólares (aproximadamente 138 mdp) en un periodo de 30 años.
“Antes de la Ley de Disciplina Financiera –aprobada en abril– únicamente se requería la voluntad de la mayoría simple (50 por ciento más uno) de los diputados del Congreso local para aprobar la deuda pública de la entidad. Al ser el principal mecanismo de control, muy laxo, básicamente todos los estados tenían la puerta abierta al endeudamiento fácil y sencillo. Algunos por circunstancias particulares se aprovecharon más y recurrieron a más deuda en ocasiones bajo condiciones de ilegalidad y opacidad”, afirmó en entrevista Diego Díaz, del área de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
“Hay dos escenarios. Si lo que dicen [los diputados del PRI] es cierto, sobre que el dinero se usará para pagar pensiones, entonces, el destino declarado autorizado no se cumple, porque está prohibido por la legislación usar estos recursos [deuda] para gasto corriente. Cuando se aprobó, lo hizo con un catálogo de conceptos, y ahí no venía el pago de pensiones. Y si no es cierto, quiere decir que el Juez tomó una decisión con información incorrecta. Porque supuestamente había un impacto a pensionados”, dijo Madero a SinEmbargo.
“Habremos de revisar puntualmente el ejercicio de los recursos por parte de la administración actual, tanto en lo que se refiere a la aplicación de los créditos bancarios como en los recursos federales que tienen un destino específico, para comprobar su correcta aplicación”, dijo.Pero el PRI parece no ir solo en esto. Le acompaña su satélite natural, el Verde Ecologista, pero además Movimiento Ciudadano (MC) y el de la Revolución Democrática (PRD). fuerzas políticas que a nivel local, desde hace tiempo, han sido denunciadas por operar a favor del Gobernador de Chihuahua.
“Hoy está saliendo que el Gobierno de Duarte no tiene para pagar la gasolina de las patrullas y por eso están paradas, tampoco tiene para el diésel del sistema del transporte público, ViveBús, y por eso estuvo cuatro días parado, y además, que le deben mil 500 millones de pesos a los consultores. Cada día que te amaneces hay una nueva sorpresa en el terreno de las finanzas públicas. Y nos preocupa, porque no vamos a ver el fondo hasta que se entre plenamente a la administración”, dijo Madero.El equipo de transición de Corral espera que más sorpresas surjan una vez lleguen al poder, alertó el legislador panista, quien destacó el degenere del sistema de seguridad pública.
“Después del 5 de junio han sido puras noticias de cómo se está deteriorando el índice de homicidios dolosos, secuestros, robos, con violencia y esto es preocupante. Hay un relajamiento en los controles, los penales, en la instrucción de armas, y que siguen operando de manera masiva, y haciendo daños irreparables”, dijo el Diputado Madero.
“La deuda pública es cuando existe un acreedor, y cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal la registra como tal. La Secretaría hace una diferenciación muy clara. Y a partir de la Ley de Deuda Pública, precisamente, tiene ya topes para estados y municipios. El tope de Chihuahua es de 24 mil millones y está a raya, es decir, ya no se puede adquirir más deuda”, dijo el Diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, de MC.
“La bursatilización, o el fideicomiso carretero, se otorgó por 50 años, están sólo comprometiendo 25. Estaremos discutiendo quién los va utilizar, ellos [el PAN] todavía tienen cancha par hacer maniobras”, dijo Guerrero.Sin embargo, el PAN niega que le estén haciendo un favor. Desde el mes pasado seis de los siete diputados locales del PAN votaron en contra.
“En términos jurídicos no es deuda porque simple y sencillamente la ley contempla como deuda a los pasivos bancarios, no la bursatilización, pero es deuda en cuanto a que es una obligación financiera. Te voy a dar un ejemplo, es como sí en una Ley se estableciera que lo que tú debes en una tarjeta de crédito no es deuda, pero sin duda tienes una obligación financiera de pagarle al banco”, expuso el coordinador de la bancada panista en Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno.
UN GOBIERNO DE PALOGustavo Madero sostuvo que el Gobierno federal tiene una corresponsabilidad en la alta deuda de Chihuahua: “Le estamos pidiendo al Gobierno federal que asuma su responsabilidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, junto con Banobras [Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos], firmaron con el Gobierno del estado un plan de reestructura de las finanzas públicas que no se ha cumplido, desde disminuir el déficit a un ritmo y hay compromisos que no se están cumpliendo”, explicó.
“¿Quién va a pagar el enorme y exorbitante gasto, legal e ilegal, que hizo el PRI en esta campaña con resultados ruinosos? Se estaría pagando con la cartera del pueblo los gastos exagerados que se pactaron en una campaña que finalmente fracasó”, dijo Chávez.
