Juez da luz verde al gobierno de César Duarte para contratar más deuda

CIUDAD DE MÉXICO: El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva en las demandas de amparo promovidas para frenar la contratación de más deuda pública al gobierno de Chihuahua y con ello dejó abierta la posibilidad al gobierno de César Duarte de bursatilizar remanentes de ingresos carreteros por seis mil millones de pesos.

El fallo obedeció a “temas de forma, no de fondo” pues el juez consideró que no está demostrado el interés legítimo de los demandantes, dijo a El Diario de Chihuahua Jesús Manuel Soledad, abogado del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico AC (DILE), brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, agrupación que dirige Claudio X. González.

Dijo que el juez argumentó “en caso de otorgarse la suspensión, como hay recursos considerados para nómina, se pondría en jaque a los empleados”.

Sin embargo, la resolución del juez no desecha las demandas de amparo interpuestas. Lo que sí es que permitirá al gobierno de César Duarte seguir el trámite de contratación de créditos, procedimiento que se detuvo tras el otorgamiento de la suspensión provisional de amparo el 1 de agosto.

Dicho recurso fue promovido por el DILE con el propósito de paralizar la autorización que dio el Poder Legislativo el 6 de julio pasado al gobierno estatal para contratar una nueva deuda.

El decreto del Congreso local estipula: “se autoriza al Ejecutivo del Estado, para llevar a cabo la monetización de los recursos, presentes y futuros, que le correspondan y que tenga derecho a recibir la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua, SA de CV”.

DILE promovió dos juicios bajo la figura de “interés legítimo” para demandar la protección de la justicia federal contra actos del Congreso y del gobierno del estado y argumentó que la contratación de más créditos es anticonstitucional, de acuerdo con el artículo 117 que prohíbe a las entidades contratar financiamientos los últimos tres meses de gobierno.

El juicio de amparo continuará con la siguiente etapa del proceso: la realización de la audiencia constitucional, programada para el 5 de septiembre. A partir de esa audiencia el juez analizará el fondo de la demanda y desahogará las pruebas presentadas, según explicó el abogado Jesús Manuel Soledad.

“Según el Consejo de la Judicatura Federal, el promedio para que se resuelva un juicio de amparo es de seis meses aunque puede tardar más”, comentó.

No obstante reconoció que la resolución del juez, de negar la suspensión definitiva, favorece al gobierno estatal porque debido a los tiempos del juicio ya no se podrá frenar la contratación del crédito en la gestión de Duarte Jáquez como era el propósito.


El abogado de DILE dijo que respetan la decisión del juez y que analizarán la resolución y la posibilidad de presentar un recurso en contra del fallo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450300/juez-da-luz-verde-al-gobierno-cesar-duarte-contratar-deuda

Las deudas de Chihuahua, QRoo, NL y Veracruz asustan a bancos: le cierran la llave a gobiernos

De 2010 a 2015, el total de deuda de los estados se disparó un 70 por ciento a 536 mil 269 millones de pesos. A la par, la caída de los préstamos bancarios a las entidades este año ha sido la más fuerte desde la última crisis financiera mundial, sobre todo a las más endeudadas: Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León, cuyos Gobernadores son señalados de corrupción e intentaron blindarse de la justicia mediante iniciativas enviadas a sus Congresos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza su inconstitucionalidad por oponerse a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los bancos mexicanos están frenando préstamos a gobiernos muy endeudados como Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León, cuyos gobernadores han sido acusados de corrupción. La banca comercial firmó 11 préstamos con gobiernos locales por 8 mil 471 millones de pesos en los primeros seis meses del año, menos de la mitad de lo otorgado por una treintena de préstamos en el mismo periodo del año pasado, y apenas una tercera parte de lo desembolsado en el mismo lapso del 2014, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La caída de los préstamos bancarios a los estados este año ha sido la más fuerte desde la última crisis financiera mundial, y sucede después de que varios estados registraran un incremento en sus pasivos en los últimos cinco años”, expuso la agencia Reuters.

Al cierre de 2015, Veracruz acumuló una deuda por 45 mil 879 millones de pesos. Aunque el titular del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, Hilario Barceleta Chávez, calcula que la deúda pública estatal será de 170 mil millones de pesos al terminar la administración de Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente enfrenta demandas por enriquecimiento ilícito e investigaciones por supuesto uso de preestanombres por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Al cierre de 2015, Chihuahua alcanzó una deuda por 42 mil 762 millones de pesos. El mandatario, César Duarte Jáquez, fue denunciado penalmente en 2014 por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades por participar en la creación del Banco Progreso en su entidad. Además, hace un mes un juzgado español giró una orden de embargo en contra de sus propiedades luego de que procediera una demanda en su contra. por intentar pagar a una empresa con dinero público parte de un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.

Al cierre de 2015, Quintana Roo sumó una deuda por 22 mil 442 millones de pesos. Además de caracterizarse por agredir a la prensa y haber apoyado el polémico proyecto de Tajamar,  su Gobierno estuvo caracterizado por los desalojos. En mayo, alrededor de 30 familias del municipio de Bacalar lo acusaron de quitarles diversos predios en el boulevard de la localidad con el fin de entregarlas a manos de desarrolladores inmobiliarios.

Ambos Duarte y Borge Angulo enviaron a sus Congresos locales iniciativas que la oposición y analistas interpretaron como un intento por blindarse de la justicia ante los señalamientos por corrupción. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que estas reformas “se oponen a los lineamientos generales” del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al cierre de 2015, Nuevo León tuvo una deuda por 63 mil 832 millones de pesos. Actualmente, su ex Gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, ha sido citado a una audiencia respecto al caso de la entrega de terrenos a la automotriz coreana Kia.

De 2010 a 2015 –el periodo de administración de los Gobernadores que se van– el total de deuda de los estados se disparó un 70 por ciento a 536 mil 269 millones de pesos.

Armando Acevedo, ejecutivo a cargo del préstamo a gobiernos locales en el Grupo Financiero Interacciones, dijo a Reuters que ahora tienen políticas “muy cautelosas” para evitar casos de sobre endeudamiento. 

El presidente del Consejo de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja, añadió que su prudencia radica en “justamente a qué estados le estamos prestando”. 

Otro ejecutivo financiero, que pidió omitir su nombre, dijo a a la agencia que estaba muy preocupado por la corrupción y la mala gestión económica en varias entidades y había tratado de reducir su exposición a esos prestatarios.

En junio, Moody’s rebajó su recomendación sobre las notas del banco, al enfatizar su alta exposición a los gobiernos locales y regionales.

Después, la calificadora hizo lo mismo con Veracruz y Chihuahua, mientras que Standard & Poor’s colocó en “negativa” la perspectiva crediticia de Quintana Roo.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), entre diciembre del 2015 y junio del 2016 el total de préstamos de bancos comerciales entre estados y municipios se redujo un 3.1 por ciento mientras que los préstamos al sector privado aumentaron un 5.6 por ciento.

La deuda estados y municipios representa una pequeña parte del endeudamiento total de México.


LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ESTADOS

Ante el impago de deuda, México tuvo que nacionalizar la banca en 1982. Pero posteriormente hubo un exceso en el otorgamiento de préstamos que provocó una fuerte depreciación del peso y el rescate de la banca –que ya había sido nuevamente privatizada– en la crisis de 1994-1995 conocida como “Efecto Tequila”.

Actualmente, a pesar de que la deuda se acerca a esas épocas, el Gobierno insiste en que no hay problemas y enfatiza en la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF).

“Denoto una banca mucho más analítica”, dijo a Reuters Marcela Andrade, de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda. “Ya se ve un poco más el trabajo de ver a quién le están prestando”.

Aunque reconoce que los bancos están siendo más cautelosos.

La Ley de Disciplina Financiera pone un límite para el nivel de endeudamiento y genera mayor transparencia, pero “se queda corta” en sanciones y, si se hubiera realizado antes, los gobiernos salientes ya no podrían contratar deuda a corto plazo en sus últimos tres meses de administración, de acuerdo con especialistas.

Entre las medidas para controlar la contratación de deuda, la ley implementa un sistema de alertas para su medición y crea el Registro Público Único, el cual inscribirá todas las obligaciones y empréstitos contratados por todos los entes públicos locales. Esto exige a los estados con niveles insostenibles de deuda reportarlo a sus respectivos congresos y pedir autorizaciones para poder seguir accediendo a créditos, expuso a este medio Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Es un contrapeso por parte del Poder Legislativo.

Mariana Campos –coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa– destacó que marca límites para que la deuda se utilice para inversiones productivas y regulariza los ingresos excedentes –los que los estados reciben posterior a la aprobación de sus presupuestos– para que un porcentaje importante de ellos sea destinado al pago de la deuda que tienen.

Sin embargo, el coordinador de Finanzas Públicas del IMCO aseguró que se deben incorporar “mecanismos de sanción específicos por el incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera”. Para los funcionarios públicos “se queda corta” porque no existe un catálogo de tipos de sanciones ya sea administrativa o penal. “Solo remite a las mismas leyes de responsabilidad de los servidores públicos que hemos visto que no funcionan bastante bien”, dijo.

Manuel Guadarrama enfatizó que si la ley hubiera llegado antes de las elecciones, al no ser publicada aún, hay una oportunidad perdida: existe una medida que prohibe que se contrate deuda de corto plazo en los últimos tres meses de administración.


Una opción para que los estados no dependan tanto de las transferencias federales, consideró Mariana Campos, es mejorar el cobro de algunos impuestos como el predial, ya que actualmente es “ineficiente” y no tiene una cobranza efectiva: los valores de las propiedades no están actualizados y no hay mecanismos efectivos para presionar u obligar a pagarlo, aseguró.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-08-2016/3074834

Ordena juez a Duarte dejar de endeudar a Chihuahua

La administración de César Duarte pretende contratar más deuda hasta por 6 mil millones de pesos comprometiendo los ingresos carreteros futuros.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo en amparo una suspensión provisional que paraliza la autorización del Congreso de Chihuahua para contratar nueva deuda por parte del gobierno de César Duarte.

Dicha autorización es anticonstitucional, pues el artículo 117 prohíbe a estados contratar financiamiento los últimos tres meses de gobierno, dijo la organización en un comunicado.

Con esta acción legal se logró suspender el decreto del 6 de julio de 2016, a través del cual el Congreso de Chihuahua autorizó la adquisición de más deuda pública de la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., para obtener financiamiento hasta por 6 mil millones de pesos al comprometer ingresos carreteros futuros.

“De acuerdo a datos del INEGI, la media nacional de endeudamiento per cápita es de $4,486 mientras que cada chihuahuense debe $ 12,000. Por ello es fundamental parar el excesivo endeudamiento del gobierno de César Duarte a unos meses de dejar la administración estatal”, dijo María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de  Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

El texto completo del comunicado:

MCCI/006/2016
Juez ordena a Gobierno de Chihuahua suspender endeudamiento

El día de hoy, 1° de agosto, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C. (DILE) -brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad- obtuvo en amparo una suspensión provisional que paraliza la autorización del Congreso de Chihuahua para contratar nueva deuda por parte del saliente gobierno de César Duarte. DILE argumentó que esta autorización es anticonstitucional, pues el artículo 117 prohíbe a estados contratar financiamiento los últimos tres meses de gobierno.

Con esta acción por parte de DILE se logró suspender el decreto del 6 de julio de 2016, a través del cual el Congreso de Chihuahua autorizó la bursatilización de recursos –es decir la adquisición de más deuda pública- de la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., para obtener financiamiento hasta por 6 mil millones de pesos al comprometer ingresos carreteros futuros.

El juez Primero de Distrito en Chihuahua admitió la demanda presentada por DILE el pasado 28 de julio, le reconoció interés legítimo para pedir la suspensión y ordenó al Congreso y al Gobernador de Chihuahua que “no se efectúe la contratación de financiamientos, incluyendo la emisión de valores en los que participe Fibra Estatal Chihuahua, S. A. de C.V, de forma directa o indirecta y/o cualquier otra figura similar o análoga (los ‘financiamientos de la monetización’)”.

Al respecto, la doctora María Amparo Casar, Presidente Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, destacó que: “de acuerdo a datos del INEGI, la media nacional de endeudamiento per cápita es de $4,486 mientras que cada chihuahuense debe $ 12,000. Por ello es fundamental parar el excesivo endeudamiento del gobierno de César Duarte a unos meses de dejar la administración estatal”.

La suspensión provisional a favor de DILE es una decisión que cumple con la necesidad de rendición de cuentas en el ejercicio de las finanzas públicas y en los endeudamientos de los estados. Defenderemos la resolución del juez de Distrito en caso de que sea impugnada por las autoridades de Chihuahua. De tener éxito en nuestra estrategia legal, ayudaríamos a detener el crecimiento de la deuda -sin motivo justificado aparente- de cada chihuahuense.

Sobre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México, a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar y contribuir a erradicar la corrupción e impunidad que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Está comprometida con arrojar luz sobre los actos y redes de corrupción a través de La investigación aplicada, el periodismo de investigación, el litigio estratégico y la movilización ciudadana. Esta iniciativa ciudadana es codirigida por Claudio X. González G. y María Amparo Casar.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0108/mexico/ordena-juez-a-duarte-dejar-de-endeudar-a-chihuahua/

El gobernador de Chihuahua impone contratar nuevas deudas

Los ingresos estatales de carreteras concesionadas quedan comprometidos durante 30 años
Avalan aumentar la deuda de Chihuahua en $6 mil millones
Custodiados por más de 500 policías, PRI, Panal, MC y PRD desoyen peticiones de audiencia de empresarios y exhortos del gobernador electo. Inbursa se beneficiará de la emisión bursátil

Chihuahua, Chih.El Congreso local aprobó, con 23 votos en favor y ocho en contra, un paquete de iniciativas que autoriza al gobernador priísta César Duarte Jáquez contratar créditos por 6 mil millones de pesos con cargo a los excedentes de los ingresos por cobro de cuotas en las autopistas concesionadas al estado durante los próximos 30 años.

La propuesta se votó durante un ríspido periodo extraordinario de sesiones del Congreso estatal, convocado el martes por la Diputación Permanente, que ordenó vigilar la torre legislativa con más de 500 policías, más de 300 vestidos de civil y el resto con equipo antimotines.

En los alrededores de la sede se congregaron decenas de ciudadanos opositores a la contratación de más deuda, en tanto que dirigentes de las cámaras Nacional de la Industria de la Transformación y de la Industria de la Construcción, así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana, entre otros organismos empresariales, pidieron a la legislatura ser escuchados en audiencia para expresar su desacuerdo.

También el gobernador electo, Javier Corral Jurado, quien iniciará funciones el 4 de octubre, pidió a los diputados no aprobar más deuda y criticó a Duarte Jáquez por empeñar a las futuras generaciones de chihuahuenses para pagar sus excesos, dispendio en el manejo de las finanzas públicas y liquidación a proveedores, entre ellos los que vendieron medicamentos al sistema estatal de salud.

Ningún argumento convenció a los diputados de la mayoría priísta ni a sus aliados de los partidos Nueva Alianza (Panal), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes reunieron los 23 votos necesarios para lograr la mayoría calificada y autorizar la emisión de bonos bursátiles por 6 mil millones de pesos, la mayoría comprometidos con Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim.

Con este paquete de 6 mil millones de pesos en bonos carreteros colocados en el mercado de valores, se elevan a más de 21 mil millones de pesos las obligaciones financieras de Chihuahua, pagaderas con los ingresos de las casetas de peaje, que colectan entre mil 900 y 2 mil millones de pesos al año, dinero que terminará en manos de los tenedores de bonos como rendimientos financieros y pequeñas aportaciones a capital.

Según Corral, con este paquete los créditos por pagar del estado superarán 50 mil 700 millones de pesos, el grueso de ellos contratados durante el gobierno de Duarte, que termina el 3 de octubre.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: MIROSLAVA BRACH VELDUCEA(CORRESPONSAL)
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/07/estados/029n1est

Peña promulga la ley para regular deuda de estados y municipios; dará estabilidad al país, dice

La ley establece un sistema de alertas para que los ciudadanos conozcan los niveles de endeudamiento de todos los entes públicos locales.

Con la nueva Ley de Disciplina Financiera, el Estado mexicano tiene nuevos y mejores instrumentos para contar con finanzas públicas sanas, pues la estabilidad es condición indispensable para que México avance con paso firme, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Patio Central de Palacio Nacional, Peña Nieto destacó que esta ley permite que las finanzas públicas locales sean sostenibles a mediano y largo plazos; además de que con el sistema de alertas los ciudadanos conocerán los niveles de endeudamiento de los entes públicos locales.

Esta normatividad, destacó, evitará que las finanzas estatales y municipales pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, al poner un tope a la deuda y alertar en caso de que las autoridades abusen de los recursos que están contratando con instituciones crediticias.

Permitirá reducir los costos de la deuda pública a los estados y municipios, además de que el Registro Público Único permitirá transparentar la totalidad de las obligaciones de los entes públicos locales.

El presidente Peña Nieto enumeró cuatro ventajas de esta legislación que son: permite que haya finanzas públicas locales sostenibles a mediano y largo plazos, gracias a las reglas de disciplina financiera y de ejercicio del gasto.

Establece un sistema de alertas para que los ciudadanos conozcan con claridad y transparencia los niveles de endeudamiento de todos los entes públicos locales que tengan contratada deuda.

Además, permitirá reducir los costos de la deuda pública a las entidades federativas y los municipios, mediante la obligación de que la totalidad de las contrataciones de deuda de los entes públicos locales se hagan mediante procesos competitivos.

Asimismo, establece requisitos y condiciones para que el gobierno pueda otorgar un aval federal a la deuda contratada por estados y municipios, lo que conducirá a menores costos de financiamiento.

Adicionalmente establecerá un Registro Único que permitirá inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones que contraten los entes públicos locales, independientemente de su modalidad, ya sea deuda, asociaciones público privadas, deudas de corto plazo u otras.

En febrero pasado, Animal Político publicó que, de 2008 a 2014, las entidades federativas duplicaron el monto de su deuda y tardarán 14 años para pagarla.

Eso significa que cada habitante está endeudado con 4,257 pesos, aunque hay estados como Quintana Roo donde la cifra asciende a 13, 840 pesos y en Nuevo León a 12,202 pesos por persona, de acuerdo con el estudio “Sostenibilidad de la Deuda Pública Subnacional”, incluido en el Informe de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación

Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que 81% de los ingresos estatales son recursos transferidos año con año por el gobierno federal, mientras que sólo 8.6% corresponde a ingresos propios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/pena-promulga-la-ley-para-regular-deuda-de-estados-y-municipios-dara-estabilidad-al-pais-dice/

Analistas dicen a Bloomberg que Gobernadores con estados casi quebrados desvían a campañas

La deuda de Pemex no es la única que preocupa a los inversionistas, la deuda total de los estados asciende a 28 mil millones de dólares, la más elevada en dos décadas, destacó Bloomberg. De acuerdo con el medio especializado en economía y negocios, las finanzas estatales están al borde del deterioro y aún así algunos gobernadores utilizan recursos para apoyar a sus candidatos en las elecciones de junio próximo.

La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha dominado la atención de los inversionistas en los últimos meses por la amenaza que representa para el Gobierno, pero no es la única crisis potencial que enfrenta el país. La deuda total de los estados asciende a 28 mil millones de dólares, la más elevada en dos décadas, destacó Bloomberg.

De acuerdo con el medio especializado en economía y negocios, los estados como Veracruz, donde gobierna Javier Duarte de Ochoa; Nayarit de Roberto Sandoval Castañeda y Zacatecas de Miguel Alejandro Alonso Reyes, “están ahogados en números rojos”.

Francisco Vázquez, analista de Moody’s, dijo a Bloomberg que las finanzas estatales están al borde del deterioro y aún así algunos gobernadores utilizan recursos para apoyar a sus candidatos en las elecciones de junio próximo.

“Una crisis de Estado está llegando”, dijo a la agencia Rodolfo Navarrete, un analista con sede en la Ciudad de México en Vector Casa de Bolsa.”

“Los gobiernos estatales van a buscar más financiación, ya sea tratando de aumentar las transferencias del Gobierno federal o elevando la deuda bancaria. Esto aumentará la deuda del sector público, lo que podría afectar la calificación crediticia de la nación”, añadió.

México ya está en riesgo de una rebaja después de que Moody‘s ajustó la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa porque el débil rendimiento económico y las continuas dificultades externas, así como la situación de Pemex, aumentan el riesgo de que la deuda no se estabilice por encima del horizonte de calificación e inclusive aumente más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por el momento, la calificación del país sigue en A3. En los próximos dos años, Moody’s evaluará los progresos realizados en la consolidación fiscal y los resultados del ajuste preventivo al gasto público por 132 mil 300 millones de pesos, el cual fue principalmente en Pemex por 100 mil millones de pesos ante la caída de un 70 por ciento en los precios del petróleo desde mediados de 2014.

La deuda del gobierno federal alcanzó el 34.4 por ciento del PIB en 2015, desde el 27.9 por ciento en 2011. Moody’s estima que la deuda seguirá aumentando poco a poco, pero probablemente se estabilizará en torno al 37 por ciento del PIB en 2018.


Al cierre del cuarto trimestre de 2015, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 6 billones 230 mil 564.4 millones de pesos, lo que representa el 33 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Algunos analistas todavía ven riesgos en la economía mexicana.

“Los estados están muy por sobre sus cabezas”, dijo a Bloomberg, Luis Maizel, co-fundador de LM Capital Group en San Diego. “Es uno de los mayores problemas que tiene México en este momento que una gran cantidad de personas ha estado ignorando”, mencionó.

Bloomberg destacó a Veracruz como uno de los estados que no sólo enfrenta un problema en sus finanzas, también políticos y sociales.

“Veracruz también está contendiendo con los crecientes costos de la seguridad ante la violencia relacionada con las drogas. Además, se enfrenta a denuncias penales Veracruz falsificar la devolución de 4.8 millones de pesos a su tesorería, de acuerdo con el auditor federal de México, que en febrero ubicó al estado como el menos transparente en el país”, detalló.

Sin embargo, Veracruz no es el único, otros trece son acusados ​​de violaciones similares.

El pasado 15 de marzo, el Senado aprobó la Ley de Disciplina Financiera, con la que se regulará y controlará el endeudamiento de estados y municipios, sin embargo, para Moody’s esta medida no tendrá mucho impacto en el corto plazo.

Este lunes, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, reconoció en entrevista con para Financial Times, que el respaldo financiero de 73 mil 500 millones de pesos que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destinó a Petróleos Mexicanos (Pemex), no serán suficientes para sanear sus finanzas.

A pregunta expresa de la periodista Jude Webber, sobre si los resultados del primer trimestre que Pemex presentará el próximo 28 de abril podrían ser peores que el último trimestre del año pasado, Anaya respondió: “Creo que sí”.

Sobre si la ayuda del gobierno mexicano será suficiente para rescatar a Pemex, Anaya mencionó: “Tendremos que ver”.

Este lunes y martes, José Antonio González Anaya, y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, se reunirán en Nueva York, Estados Unidos, con inversionistas, días después de que el Gobierno mexicano anunciara una inyección de capital a la atribulada petrolera estatal.

“El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el director ejecutivo de Pemex, José Antonio González Anaya, se reunirá con inversores en Nueva York para ratificar el apoyo del gobierno para la empresa y subrayar su importancia para la economía mexicana”, anunció la SHCP en un comunicado.


“Ellos asistirán a un ‘road show’ con inversionistas. Los acompañará el director corporativo de Finanzas de Pemex, Juan Pablo Newman”, dijo una fuente enterada de la reunión al diario Economía Hoy.

FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-04-2016/1649933

La Ley para frenar la deuda de estados llega tarde y con más impuestos, critica la oposición

Legisladores de oposición refirieron que la Ley de Disciplina Financiera centraliza las decisiones de cómo manejar las finanzas en los estados. La Ley recién enviada al Ejecutivo para su publicación obligará a las entidades a depender menos de la deuda, aunque podría repercutir en aumentos de impuestos.

La Cámara de Diputados aprobó el 17 de marzo que, a diferencia del orden federal, las entidades y municipios mantengan techos de deuda, fijados en 15 por ciento para los ingresos de libre disposición.

Sin embargo, la incapacidad de muchas entidades para llevar sus finanzas podría derivar en un aumento de impuestos, prevén diputados. Entre estos, resaltaría el caso del predial.

En el 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 406 de 2 mil 441 administraciones públicas municipales encuestadas manifestaron una recaudación del predial de entre el 81 y 100 por ciento con respecto al programado. Esto representa sólo el 16 por ciento de los municipios

“Ningún municipio quiere aumentar el predial, porque aumentar impuestos es antipopular. Lo que se está diciendo con esta Ley es que si tú no quieres generar tus propios ingresos, ese es tu problema”, dijo el Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Waldo Fernández González.

El legislador por Nuevo León explicó que la mayoría de autoridades tiene la posibilidad de aumentar este impuesto, que se grava a las propiedades.

El Diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Vidal Llerenas Morales, detalló que en México se cobran menores índices de predial en comparación con otros países de la región.

“Argentina y Brasil, recaudan 10 veces más que nosotros. El predial tendría que ser una base para que los estados y municipios tengan más ingresos”, dijo.

Sin embargo, aclaró, este tema tampoco sería sencillo, porque para aumentar este gravamen se requiere de estudios previos. “No sólo por el costo político, sino porque se requieren distintas inversiones, fotografías aéreas y sistemas. Para cobrar el predial tienes que invertirle primero”.

En cambio a nivel federa, los ingresos ascienden a los 4 billones 200 mil pesos, de los cuales 2 billones 366 mil millones son ingresos fiscales. Entretanto las entidades casi no cobran estos impuestos.

“Los únicos que cobran son el Impuesto en la Nómina de uno, dos y tres por ciento, la tenencia la tienen casi todos con algún descuento; y aparte de eso está el impuesto de hospedaje. Fuera de ahí casi no se cobran impuestos. De manera que el 97 por ciento de los ingresos de los estados derivan de dinero que le envía la Federación. Curiosamente, los mayores endeudamientos se han dado en la época en la que mayores han sido las aportaciones a los estados”, argüió el Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Héctor Larios Córdoba.


DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN

Llerenas exhibió que una de las debilidades de la ley se resume en no haber contemplado la discusión sobre los ingresos de las entidades. “Los estados son más dependientes que antes de la Federación”.

El techo de endeudamiento comprendido en la Ley de Disciplina Financiera impuso un marco en el que las entidades deberán registrar todos sus compromisos financieros.

“Esta ley obliga a que se hagan registro único de pasivos de los estados y los municipios. Y este registro va estar compulsado –certficado– con la Banca. También, se establecen con diversos parámetros, el monto del recurso disponible que tienen comprometido al servicio de la deuda tres tipos de entidades, los que tienen un pasivo sostenible en un semáforo verde, los qué habría que ponerles atención en amarillo, y los que están en problemas en rojo”, dijo Larios.

De esta forma, las entidades tendrán que presentar un programa para renegociar la deuda, o bajar los intereses, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los convenios que se hagan serán públicos y fiscalizables por la Auditoría superior de la Federación.

DEMASIADO TARDE

El Diputado panista en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, apuntaló que es posible que esta Ley llega tarde a las entidades estatales.


En su último informe trimestral 2015, la SHCP detalló que las entidades con mayor deuda fueron Ciudad de México la cual se cifra en 71 mil 083 millones de pesos; Nuevo León, 63 mil 832 millones de pesos; Veracruz, 45 mil 879 millones de pesos; Chihuahua, 42 mil 762 millones de pesos; el Estado de México 41 mil 697 millones de pesos; y Coahuila, 38 mil millones pesos.



“Llega tarde a los estados que ya están muy endeudados, por supuesto. Pero nunca es tarde para ponerles límites a los gobernadores de casos como el de Coahuila y Veracruz que han excedido su capacidad financiera”, dijo Rivera.

Por su parte, pese a las grandes sumas de las deudas estatales, dijo Llerenas, la Ley de Disciplina financiera, no comprende una mejor ejecución de estos recursos, ni sanciones para quienes hayan adquirido irresponsablemente deuda.

“La ley va evita los excesos. No estoy seguro que la ley vaya a garantizar que la deuda te la gastes en donde te la tienes que gastar. Porque ahí ya tienes que meterte en leyes de infraestructura y de calidad de gasto, que sería la otra falla”, dijo.

Diputados consultados coincidieron en que la Federación también debe de someterse a criterios de límites de endeudamiento, sin embargo, hasta ahora no ha existido voluntad política para hacerlo. En el 2015 la deuda pública del Estado ascendió a 43 por ciento del Peoducto Interno Bruto (PIB).

Datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refirieron que la deuda pública total incrementó de 5 billones de pesos, en diciembre del 2012, a 8 billones 500 mil 40 al primer trimestre de 2016.


“Mientras la deuda federal creció alrededor de 4 billones de pesos a partir del 2000, la deuda de los estados creció 300 mil millones de pesos. O sea en realidad, en términos globales no es tan grave. Sí para unos estados en específico [pero no en comparación de la Federación]”, consideró Llerenas Morales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2016/1642053

Moreno Valle quiere heredar deuda por indemnizaciones de burócratas, acusan

PUEBLA, Pue: Exburócratas del gobierno estatal tomaron este día de manera simbólica las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes de Puebla para reclamar el “servilismo” que esa representación ha mostrado ante los despidos “masivos e injustificados” que ha llevado a cabo la administración de Rafael Moreno Valle.

El Abogado Abelardo Cuéllar, asesor del Movimiento de Trabajadores en Digna Resistencia, recordó que hace justo un año, un total de mil 500 burócratas fueron notificados, de un día para otro, que ya no trabajaban para el gobierno estatal sin que hubiera justificación alguna y sin que se les cubriera la indemnización que por ley les correspondía.

En total, refirió, en lo que va de la administración panista entre 10 mil y 15 mil trabajadores han sido despedidos en condiciones similares y en su mayoría han recurrido a los tribunales para pedir su reinstalación y el pago de sus salarios caídos o la indemnización que les correspondía por el despido.


Advirtió que de manera “deliberada”, los juicios laborales que han presentado esos exburócratas han sido alargados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para evitar resolver en el actual sexenio.

“Esa maniobra tiene como principal objetivo que la administración que llegue a gobernar a partir del próximo año se va a quedar con la deuda millonaria por el pago de indemnización a los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente”, explicó.

Sin dar cifras de a cuánto podría ascender este pago, recalcó que la cantidad de juicios laborales heredará Moreno Valle al gobierno entrante, representará un grave problema para las finanzas estatales.

Además, Cuéllar consideró que se tendrá que fincar responsabilidades tanto a los funcionarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que se ha prestado para alargar los juicios, como para los que materializaron los despidos sin que se siguiera ningún procedimiento legal.

Martha Rodríguez Salinas, representante de los exburócratas, señaló que en su caso ella tenía 30 años de servicio en el gobierno estatal, cuando se le informó, sin más, la rescisión de su contrato.

“Fui despedida por protestar por una reforma que hizo Moreno Valle a la Ley de los Servidores públicos y porque yo era aspirante a la Secretaría General del Sindicato (de burócratas) y como no convine a los intereses del señor porque yo no me iba a someter a su voluntad, me despidió”, recordó Rodríguez.

De hecho, refirió que en ese entonces no sólo ella fue cesada sin mayor explicación para evitar que participara en el proceso interno, sino que también fueron despedidos todos los demás trabajadores que tenían algún interés por la dirigencia sindical.

Indicó que luego de eso, el mandatario puso al frente del sindicato a alguien “a modo” como Rosalía Barranco, quien se abstuvo de defender los derechos de los trabajadores que fueron cesados en los próximos meses de manera masiva.

Marco Antonio Manzano, quien fue rescindido con 38 años de trabajar para el gobierno estatal, dijo que tienen la certeza de que los juicios laborales que han entablado serán ganados porque se cometieron múltiples irregularidades, “Sabemos que este es un proceso de resistencia y paciencia, pero que al final vamos a ganar”, manifestó.

Acusó a la dirigente sindical, Rosalía Barranco, de actuar a favor del gobierno estatal en vez de representar los intereses de los trabajadores.

Como prueba de ello, comentó que los 200 exburócratas que accedieron hace un año a llegar a un acuerdo con la administración estatal para firmar su retiro voluntario -con lo que renunciaron a su derecho a presentar una demanda laboral,- hasta la fecha no han recibido ningún pago por pensión o jubilación.


Los trabajadores colocaron mantas afuera de las oficinas del Sindicato ubicadas en la colonia Maravillas de esta ciudad y anunciaron que llevarán a cabo más movilizaciones en los próximos días.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433630/acusan-intencion-moreno-valle-heredar-deuda-millonaria-indemnizaciones-burocratas

En seis años, los estados duplicaron su deuda: Auditoría

La deuda pública subnacional se duplicó nominalmente en el periodo 2008-2014, al pasar de 230,000 millones de pesos a 509,000 millones de pesos; una variación real de 102%.

De 2008 a 2014, las entidades federativas duplicaron el monto de su deuda y tardarán 14 años para pagarla.

Esto significa que, en promedio, cada habitante está endeudado con 4,257 pesos, aunque hay estados como Quintana Roo donde la cifra asciende a 13, 840 pesos y en Nuevo León a 12,202 pesos por persona.

Los datos forman parte del estudio “Sostenibilidad de la Deuda Pública Subnacional”, incluido en el Informe de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación, que fue entregado a la Cámara de Diputados.

Los estados contrataron deuda porque sus finanzas fueron insuficientes para enfrentar todos sus gastos, como salarios de la burocracia, servicios y programas sociales; además, generan pocos ingresos propios (impuestos) y la Federación disminuyó la entrega de recursos a las entidades debido a la crisis de 2009.

Por ello, “la deuda pública subnacional se duplicó nominalmente en el periodo 2008-2014”, al pasar de 230,000 millones de pesos a 509,000 millones de pesos; una variación real de 102% en dicho periodo, explica el informe.

Las nueve entidades que concentran 45% del monto total son Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco, Chiapas y Tamaulipas. Mientras que Tlaxcala es la única entidad que no ha contratado deuda.

En el análisis per cápita, durante las administraciones del ex gobernador Félix González Canto y el actual gobernador Roberto Borge Quintana Roo se convirtió en la entidad que más se ha endeudado en comparación con su capacidad de pago. Por ello, cada ciudadano pagó 13,840 pesos en 2014 por la deuda, es decir, 11,000 pesos más que en 2008, cuando la cifra ascendía a 2,184 pesos por persona.


Le sigue Nuevo León –cuyo gobernador era Rodrigo Medina–con 12,000 pesos per cápita (8,270 pesos más que en 2008) y Coahuila, donde gobernó Humberto Moreira, con un pago de 11,916 pesos por persona, cifra muy por encima de los 677 pesos que se pagó en 2008.

Para que las instituciones bancarias le presten dinero a los estados, los gobiernos ponen como garantía los recursos (que aún no reciben), sobre todo, provenientes de la Federación. La Auditoría detectó que 85.3% de las transferencias federales fueron la principal garantía de pago de la deuda, mientras que los recursos propios representaron tan sólo el 14.7%.

“Al tratarse de recursos no condicionados, las entidades federativas podrían destinar la totalidad de las participaciones federales al pago de deuda, lo que es materialmente imposible. Por otro lado, se observa un crecimiento real del 322.5% de 2008 a 2014 de las aportaciones como garantía de pago, con una variación nominal de 7,320 millones de pesos en ese lapso”, advierte el informe.


Esto puede resultar un problema para las entidades, porque “la reducida flexibilidad del presupuesto también se manifiesta en su limitada capacidad para cubrir gastos contingentes, como los desastres naturales, y ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, educación y seguridad pública”.

Dependencia Federal

Las entidades dependen económicamente de la Federación. En 2014, a nivel nacional los ingresos por transferencias federales representaron 83.1% de los ingresos totales. Incluso, hay entidades donde la dependencia fiscal fue superior a 90%, como Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Michoacán, Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Tabasco, Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa y Colima.

En contraste, el Distrito Federal, Chihuahua y Nuevo León fueron las entidades con mayor autonomía fiscal en 2014, debido a que sus ingresos propios como proporción de los ingresos totales representaron el 39.2%, 21.3% y 18.6%, respectivamente.

Sin embargo, los estados podrán endeudarse más gracias a la reforma a Ley de Coordinación Fiscal, publicada el 9 de diciembre de 2013, donde se ampliaron las garantías de pago al incorporar el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), de los cuales se podrán destinar hasta el 25.0% de los recursos para deuda.

Hasta antes de 2013, las entidades federativas ya contaban con cinco de los ochos fondos de aportaciones federales para usarlos como garantía de pago: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).


A esto se suma que las entidades son poco transparentes en la evolución de su deuda. Los estados que presentaron un nivel de transparencia bajo en la existencia y disponibilidad de las estadísticas fiscales fueron Durango, Colima, Quintana Roo, Tlaxcala, Tamaulipas, Guerrero, Morelos y Sonora.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/en-seis-anos-los-estados-duplicaron-su-deuda-auditoria/

¿Cuesta de enero? Deuda de QRoo, Coahuila, Chihuahua y NL equivale casi al total de sus ingresos

Diez entidades inician el año con una deuda que supera los 20 mil millones de pesos; si se toma en cuenta el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), también hay que prestar atención a la deuda de Chiapas y Nayarit.

La deuda que tienen los estados de la república asciende al arranque de este 2016 a 35% de sus ingresos totales.

El monto que se adeuda es de 515 mil 758 millones de pesos, equivalentes también a 2.9% del PIB nacional, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El problema de la deuda estatal no sólo es que los gobiernos de las entidades no reportan de manera transparente cómo la adquieren ni miden las consecuencias sobre sus finanzas.

En diciembre pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que la relevancia de la deuda no está tanto en el monto que cada entidad debe, si no a la capacidad de pago y a que se ejerce y contrata en condiciones de opacidad.

De esta forma, la deuda de Quintana Roo y Coahuila es equivalente al 100% de sus ingresos totales.

Pero los casos de Nuevo León y Chihuahua también son para destacar. Si el monto de su deuda se mide según el porcentaje de ingresos, éste asciende a 96.9 y 86%, respectivamente.

El monto de deuda de Nuevo León es de 63.02 millones de pesos y el de Chihuahua de 41.30 millones. Cifras que se ubican entre las cinco entidades federativas más endeudados, sólo por debajo del Distrito Federal.

Aunque la capital del país adeuda 67 mil 591 millones de pesos, ese monto equivale a 40% de sus ingresos o a 2.3% de su PIB.


Mientras que Nuevo León compromete el 5% de su PIB y Chihuahua el 8.4%; éste último, el porcentaje más alto de todo el país.

Por municipio, el más endeudado es Tijuana con 2 mil 541.87 millones de pesos. Le siguen Guadalajara, la capital de Jalisco; Monterrey y Hermosillo —también capitales estatales— y León.

Con miras a establecer límites a la adquisición de duda estatal y municipal, en diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Disciplina Financiera.

Esta legislación busca que la deuda sólo se destine a inversión productiva, al refinanciamiento de los adeudos y no a gasto corriente, como ocurre actualmente.

Otro candado para estados y municipios es que la ley incluye un registro público único de deuda, que estará bajo dirección de la Secretaría de Hacienda y contendrá toda la información y detalles de los adeudos contraídos, el acreedor, el monto, tasas de interés, el plazo, tipo de garantía y la fuente de pago. En la actualidad, tenemos casos de gobernadores que esconden la tasa de interés al clasificarlo como información confidencial o que han multiplicado por cien la deuda estatal sin explicar por qué.

La Ley de Disciplina Financiera señala que los gobiernos deberán terminar de adaptarse a las nuevas disposiciones sobre deuda tras 2016.

Mientras tanto, diez entidades inician el año con una deuda que supera los 20 mil millones de pesos: Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Sonora y Chiapas.


Si se toma en cuenta como porcentaje del PIB, sólo la deuda de Yucatán, Tabasco, Querétaro y Campeche es menor al 1% de su producto interno bruto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/al-arranque-de-2016-la-deuda-de-los-estados-es-igual-a-35-de-sus-ingresos-totales/

Diputados avalan la Ley de Disciplina Financiera que busca frenar deudas de los estados

Con 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones, se aprobó el decreto que expide la Ley de Disciplina Financiera a las Entidades Federativas y Municipios, y reforma las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley de Disciplina Financiera a las Entidades Federativas y Municipios, con la que se busca tener un mayor control del endeudamiento y de el manejo de los recursos públicos de los gobiernos locales.

Con 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones, se aprobó el decreto que expide la Ley de Disciplina Financiera a las Entidades Federativas y Municipios, y reforma las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

El documento presentado por el Ejecutivo federal establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

En la discusión de las reservas del dictamen, el Pleno avaló aprobar la modificación al Artículo noveno transitorio presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El dictamen fue aprobado en lo particular por 308 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones y fue turnado al Senado para su revisión.

El documento menciona que se busca asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios.

Presenta los principios generales en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto público de estados y municipios, reconociendo la diferencia en el manejo de sus finanzas públicas en el grado de desarrollo institucional de dichos órdenes de gobierno.

Acuerda que la contratación de financiamientos y obligaciones esté destinada a inversión pública productiva o su refinanciamiento o reestructuración.

Reconoce los esquemas de asociaciones público-privadas como una opción que pueda destinarse a la contratación de servicios, siempre y cuando el componente de pago incluya inversión pública productiva realizada.

Se incluye la obligación de los entes públicos locales, de contratar financiamiento y obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado.

Para el caso de empréstitos, la acreditación de su contratación, bajo esas condiciones será responsabilidad del secretario de finanzas, secretario municipal o equivalente en el respectivo ente público.

Asimismo, se trasladan a este nuevo ordenamiento las reglas específicas de contratación de deuda pública del Distrito Federal, que año con año se incluyen en la Ley de Ingresos de la Federación.


Además se establece la obligación de los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones que contraten, con lo que se crea el Registro Público Único que contendrá información completa al respecto, incluyendo cortos plazos, arrendamientos financieros, factorajes, garantías y créditos de largo plazo, entre otros.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-12-2015/1569849

Los estados gastan más de lo que pueden: 80% de sus ingresos son transferencias federales

Las entidades cada vez son más dependientes de los recursos que les entrega el gobierno federal. Cada año gastan más y recaudan menos, mientras aumentan su deuda y la mantienen opaca, indica el Índice de Información Presupuestan Estatal, del Instituto Mexicano para la Competitividad.

El 81% de los ingresos estatales son recursos transferidos año con año por el gobierno federal, mientras que sólo 8.6% corresponde a ingresos propios.
Gracias a los recursos que este 2015 les entregó el gobierno federal, las entidades pudieron ejercer 1.7 billones de pesos, es decir, 20 veces el presupuesto de Prospera, el principal programa de política social del país.

Del total de ingresos generados por México, cerca del 25% son transferidos a los estados y municipios, según datos recolectados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Las aportaciones y participaciones para los estados no han dejado de crecer en los últimos quince años; el problema es que aunque apenas generan el 16% de los ingresos totales, gastan el 44%.

En promedio, el 70% de su gasto se utiliza para financiar a la burocracia. En los últimos diez años los salarios de los funcionarios en los estados aumentó 39%. Con casos destacados en Zacatecas y Durango, con incrementos de 219 y 230%, respectivamente.

El Instituto Mexicano para la Competitividad advierte: generan poco y gastan mucho; aumentan cada vez más su dependencia y no terminan de transparentar la información sobre sus finanzas públicas.

En el Índice de Información Presupuestan Estatal (IIPE) que el IMCO presentó este martes, cuatro entidades están por debajo del mínimo aprobatorio sobre la calidad de información de sus finanzas públicas: el Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Quintana Roo.

Y aunque tres entidades (Coahuila, Jalisco y Puebla) tuvieron 100% de cumplimiento todavía existen malas prácticas en los estados que obstaculizan la transparencia presupuestaria.

Por ejemplo, Baja California Sur publica su presupuesto ciudadano sin información para la ciudadanía, con un lenguaje técnico difícil de entender.

En San Luis Potosí no se incluyen montos para el clasificador por objetivo del gasto; Yucatán presenta su deuda pública sin informar sobre la tasa de interés; Morelos no contempla el tope para contratar deuda pública; y estados como Guerrero, Baja California, Durango, Oaxaca, Querétaro y Tabasco publican un presupuesto ilegible.

Ante ese escenario, el IMCO considera que las entidades se enfrentan a importantes desafíos: dependencia de los recursos federales, baja generación de ingresos propios y creciente deuda pública.

Según la única información disponible, el saldo de la deuda estatal asciende a 456 mil millones de pesos, monto que no considera pasivos a proveedores ni la deuda que no se garantiza con participaciones o aportaciones federales.

Los datos disponibles muestran que la deuda per cápita promedio es de 3 mil 828 pesos y aún así el 58% de las entidades federativas no entrega información suficiente sobre la contratación de deuda.

“La relevancia de la deuda no es tanto el monto si no la capacidad de pago. El problema es cuando se contrata y se ejerce en condiciones de opacidad”, dijo Juan E. Pardinas, director general del IMCO.


Los resultados completos del Índice y del análisis de finanzas públicas de estados y municipios están disponibles aquí.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/los-estados-gastan-mas-de-lo-que-pueden-80-de-sus-ingresos-son-transferencias-federales/

Deudas ahorcan a Veracruz: Duarte y municipios deben a Banobras más de 13 mil mdp

XALAPA, Ver: Un documento de la dirección de negocios con gobiernos y organismos del Banco Nacional de Obras (Banobras) revela que el gobierno de Javier Duarte adeuda a ese organismo financiero 11 mil 579 millones 834 mil 149 pesos.

Estos pasivos según el oficio R/UETAIPG/324/2015 de Banobras en poder de Apro, corresponden únicamente a financiamientos otorgados durante el actual sexenio (2010-2016). El mismo documento refiere que durante el gobierno de Fidel Herrera –hoy cónsul en Barcelona– no se entregó crédito alguno.

Además el documento adquirido través de una solicitud de transparencia (0632000037915), revela que 97 de los 212 municipios de la entidad presentan un adeudo total acreditado de mil 598 millones mil 922 pesos.

Juntas, la deuda del gobierno de Duarte y la de los municipios suman 13 mil 177 millones 835 mil 241 pesos.

En 2014, señala Banobras, 71 municipios de Veracruz contrataron deuda con la dirección de crédito de la dependencia federal, mientras que en este año 14 ayuntamientos de Veracruz procedieron a la contratación de pasivos para poder efectuar obra pública.

Banderilla, Atoyac, Alto Lucero, Benito Juárez, Ciudad Mendoza, Catemaco, Chumatlán, Huayacocotla, Jesús Carranza, Otatitlán, Puente Nacional, Tancoco, Tecolutla y Tlapacoyan, fueron los municipios que contrataron deuda este año.

El 17 de noviembre pasado el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez, fijó la deuda del gobierno de Javier Duarte con proveedores, contratistas, empresarios y terceros institucionales en tres mil 468 millones 700 mil pesos.

Y la “deuda fija” del gobierno de Duarte registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es de 43 mil 786.5 millones de pesos más los pasivos de Organismos Públicos Desconcentrados (OPD) cuyos montos dijo no recordar, más las deudas de los ayuntamientos, las cuales Banobras tasó en mil 598 millones mil 922 pesos.

De acuerdo con el oficio de Banobras entregado vía Infomex, los ayuntamientos de Veracruz con mayor deuda contratada en Banobras son: Coatzacoalcos, con un pasivo de 392 millones 96 mil 573 pesos; Cosoleacaque, con 60 millones 549 mil 347 pesos; Acayucan, con una deuda de 29 millones 232 pesos; Minatitlán, con 59 millones 299 mil 736 pesos; Panuco, con pasivos por 42 millones 344 mil 969 pesos, y Tierra Blanca, endeudada con 25 millones 919 mil 355 pesos.

Además Tecolutla, con pasivos por 23 millones 148 mil 906 pesos; Tuxpan, con 36 millones 671 mil 991 pesos; el puerto de Veracruz, con deudas por 43 millones 790 mil 265 pesos, y Zongolica con empréstitos con la dependencia federal por 33 millones 60 mil 274 pesos.

Hace un mes el pleno del Congreso local aprobó al gobierno de Javier Duarte la contratación de un nuevo crédito por 21 mil millones de pesos para pagar parte de la deuda que le heredó Fidel Herrera y la que el propio Duarte contrajo.

Herrera la había dejado en 11 mil millones de pesos a diciembre del 2010 y en cinco años el priista la elevó a 44 mil millones de pesos, incluyendo los pasivos con Banobras.

Tras la reestructuración el préstamo se va a pagar con el 25% de dos fondos federales y el impuesto de 3% a la nómina de burócratas y prestadores de servicios.

El legislativo también dejó una rendija crediticia para que, “de ser necesario”, el mandatario veracruzano pueda contratar en su último año de gestión nuevos empréstitos hasta por 21 mil 700 millones de pesos.


En tanto los contratistas y constructores reclaman pago de obras de hace dos y tres años, la Universidad Veracruzana exige el pago de dos mil millones de pesos para infraestructura académica, proyectos de investigación y para el pago de la plantilla laboral y docente, y deportistas profesionales, universitarios y músicos mantienen el reclamo del pago de sus estímulos económicos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422208

Saqueo al erario y riqueza ilícita, saldos de Duarte en Chihuahua a meses de cerrar su gestión

Cuando César Duarte Jáquez llegó a la gubernatura de Chihuahua, el 4 de octubre de 2010, la deuda estatal era de 12 mil 547 millones de pesos, para 2011 había crecido a 17 mil 316.6 millones, para el año siguiente cerró en 23 mil 284 millones de pesos, en 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la SHCP.

El priista César Duarte Jáquez ha llevado a Chihuahua a ser una de las entidades más endeudadas del país, sólo en su administración el porcentaje de deuda respecto a su Producto Interno Bruto (PIB) creció 77.4 por ciento, el más alto en el país, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La organización México ¿Cómo vamos? señala que la entidad gobernada por el priista ocupa el primer lugar en relación de la deuda con su PIB, detrás de Quintana Roo, Coahuila, Chiapas y Nayarit, al cierre del segundo trimestre de 2015.

Cuando Duarte Jáquez llegó a la gubernatura, el 4 de octubre de 2010, la deuda estatal era de 12 mil 547 millones de pesos, para 2011 había crecido a 17 mil 316.6 millones, para el año siguiente cerró en 23 mil 284 millones de pesos, en 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la misma SHCP.

En 2013, año en que se disparó la deuda, el Congreso del estado aprobó el proyecto del Gobernador para reestructurar el pasivo, que contemplaba adquirir un préstamo a 30 años por 25 mil millones de pesos para pagar y quedar con una sola deuda, además de la colocación en el mercado bursátil de certificados por hasta 5 mil millones de pesos.

Según el dictamen que se votó en el pleno, Duarte proponía mecanismos “innovadores” para el financiamiento de la deuda como la colocación de certificados bursátiles y la creación de fideicomisos.

En casi seis años, César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda de Chihuahua sin que hasta ahora queden claros los motivos para los legisladores y ciudadanos.

En agosto pasado, el Secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, aseguró en entrevista para SinEmbargo que la entidad no aumentó la deuda en 233 por ciento como lo indicaban cifras oficiales. Dijo que de los 42 mil millones en pasivos que se le atribuyen a la entidad tenían un pago garantizado y que sólo debían  menos de la mitad.

De acuerdo con el “Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y sus Organismos” de la SHCP, Chihuahua es el tercer estado más endeudado del país.

Su deuda per cápita, según el estudio “Reporte Deuda Subnacional”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), representa 11 mil 127 millones por habitante.

EL BANCO DE DUARTE

En septiembre del año pasado, el activista y miembro de la Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana en la que acusaron a Duarte Jáquez, a funcionarios de la administración estatal y a otros con carácter de prestanombres, de participar en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, y para ello haber desviado 65 millones de pesos de recursos públicos.

El Gobernador chihuahuense ha negado haber utilizado recursos públicos de manera indebida; sin embargo, el Senador panista Javier Corral Jurado asegura que César Duarte se hizo rico inexplicablemente, pues carece de alguna actividad empresarial económica que pueda justificar ese nivel de ingresos.

“El caso del Banco Progreso es sólo un caso, pero el más documentado. Lo que en realidad ha sucedido es que el Gobernador ha ido a un saqueo a las arcas del erario. Ha comprado una gran cantidad de ranchos en el estado en los últimos años, ha habido licitaciones amañadas y uso de información privilegiada, directamente y personeros”, ha revelado en varias ocasiones el Senador panista.

En abril, activistas, intelectuales y académicos anunciaron la integración de un grupo de observadores a nivel nacional para dar seguimiento a la denuncia penal que se tiene abierta en contra del Gobernador de Chihuahua por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades.

A esta acción se han unido cientos de chihuahuenses, que han salido a las calles para manifestarse en contra de estas irregularidades; sin embargo, la represión por parte del gobierno se ha hecho presente en cada marcha, acusaron los miembros de la Unión Ciudadana. Un ejemplo, señalaron, sucedió el pasado 26 de febrero donde se registraron agresiones hacia los miembros de la organización.

El pasado 14 de mayo, ciudadanos, activistas, académicos y senadores de la República denunciaron en la Cámara de Diputados la represión que ejerce el Gobernador de Chihuahua, hacia la organización Unión Ciudadana de Chihuahua.


La precariedad económica de un estado cuya principal fuente de empleos formales es la industria maquiladora, donde los obreros ganan dos salarios mínimos al día, es el elemento que destacan los analistas consultados por este medio digital al hablar de la descomposición social de Chihuahua.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-11-2015/1563984