En un año, Duarte duplicó deuda con empresarios, contratistas y proveedores

XALAPA, Ver: El secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez, fijó la deuda del gobierno de Javier Duarte con proveedores, contratistas, empresarios y terceros institucionales en 3 mil 468 millones 700 mil pesos.

La cantidad es más del doble de lo reportado el año pasado por el extesorero Mauricio Audirac Murillo, cuyo pasivo fue de mil 492 millones.

El gobierno de Duarte aumentó la deuda del gobierno en mil 976 millones de pesos en solo un año, lo que significa un incremento de 120%.

Durante su comparecencia ante diputados locales con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno de Duarte, Gómez Pelegrín aseguró que en el 2015 se pudieron pagar 10 mil 880 millones 400 mil pesos a proveedores y contratistas, “bajando de manera prudente el pasivo circulante”.

Un año antes Mauricio Audirac informó que la Tesorería de Veracruz sólo debía 643 millones 668 mil pesos a diversos agremiados de cámaras empresariales y proveedores, mientras que a contratistas se les debían poco más 849 millones de pesos.

Audirac detalló hace un año que la “deuda fija” registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno de Duarte era de 37 mil millones de pesos, repartidos entre débito registrado, bursatilización y pasivos a instituciones bancarias “públicas y privadas” (http://www.proceso.com.mx/?p=388122).

Este martes Antonio Gómez admitió ante el Congreso local que la deuda pública estatal es de 43 mil 786.5 millones de pesos más los pasivos de Organismos Públicos Desconcentrados (OPD), cuyos montos dijo no recordar, más las deudas de los ayuntamientos originadas por el atraso en el depósito de las participaciones federales.

Durante su comparecencia Gómez Pelegrín, diputados del PRI e incluso de oposición evitaron mencionar que el pasivo circulante del gobierno de Duarte –comparado con cifras oficiales de su antecesor– se incrementó en un 120% en sólo un año.

La opacidad de Sefiplan fue cuestionada por diversos diputados del PAN y del PRD y ante el bombardeo de críticas Gómez Pelegrín se limitó a agendar una cita con ellos para el próximo viernes a fin de revisar diversas dudas sobre la deuda pública de Veracruz.

A decir del panista Julen Rementería, la deuda del gobierno de Duarte debe rondar los 65 mil millones de pesos si se consideran los pasivos bancarios reconocidos por la SHCP, pendientes con constructores y empresarios, más adeudos del gobierno con municipios y organismos autónomos.

La oposición también hizo énfasis en la deuda pública, la contratada a bancos, los pagos de la bursatilización y los pendientes presupuestales con la Universidad Veracruzana (UV) y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

El titular de la Sefiplan reiteró que la deuda estatal asciende a 43 mil 786.5 millones de pesos y que afecta el 79.49% de las participaciones federales que recibe la entidad, pues los créditos de la administración estatal fueron contratados con el banco Interacciones, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Inbursa, Del Bajío, Santander, Banamex y el Mercantil del Norte.

Sin abundar en detalles indicó que hay una deuda de 2 mil 207 millones de pesos a proveedores y prestadores de servicios, 459 millones de pesos a contratistas y 578 millones de pesos a “terceros institucionales”.

A través de la plataforma de transparencia Infomex-Veracruz, este reportero solicitó a la Sefiplan el listado de deudas que el gobierno de Duarte tiene con agremiados de la Canaco, Coparmex, Cmic, Canacintra y otras cámaras empresariales; también solicitó los pendientes numerarios con ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados autónomos y el monto sin depositar a cada uno de ellos.

La respuesta de la Sefiplan contenida en el oficio AIP/ 051/2015 fue la siguiente: “No se encuentra una clasificación como se solicita, la cual se integra por diferentes documentos, situación que impone una carga indebida de trabajo (sic) a este sujeto obligado”.


En un párrafo posterior la Tesorería justifica: “Las dependencias y entidades no están obligadas a entregar información ad hoc (sic) para responder a una solicitud de información de acuerdo al solicitante. Sólo estamos obligados a entregar documentos que se encuentren en nuestros archivos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420978

Congreso da luz verde a Duarte para endeudar más a Veracruz

XALAPA, Ver: El pleno del Congreso local aprobó al gobierno de Javier Duarte la contratación de un nuevo crédito por 21 mil millones de pesos para pagar parte de la deuda que le heredó Fidel Herrera, estimada en 44 mil millones de pesos.

El préstamo se pagaría con dos fondos federales y el impuesto de 3% a la nómina de burócratas y prestadores de servicios.

El legislativo también dejó una rendija crediticia para que el mandatario veracruzano pueda contratar, en su último año de gestión, nuevos empréstitos hasta por 21 mil 700 millones de pesos.

Aprobado con 34 votos a favor (PRI y partidos satélites) y nueve en contra (ocho del PAN y uno del PRD), el dictamen permitirá a la Tesorería estatal comprometer 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y otro 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), así como la totalidad del impuesto sobre la erogación de personal.

El objetivo: pagar 90% de la deuda pública heredada del gobierno de Fidel Herrera, para lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) recaudará alrededor de 3 mil millones de pesos anuales.

Además, el Congreso local permitirá a la administración duartista contratar un tercer crédito por hasta 15 mil millones de pesos, a un plazo de 20 años, que pagaría con los ingresos provenientes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), “para amortizar anticipadamente deuda pública a cargo del gobierno del estado y obtener mejores condiciones económicas”.

De acuerdo con los legisladores, en Veracruz este impuesto se ajustó de 2% a 3%, con lo que se brinda mayor garantía de pago.

El dictamen destaca que “conforme el saldo de la deuda pública actual se vaya liquidando, la Sefiplan podrá contratar endeudamiento por un plazo de hasta 25 años, por igual monto, que se destinará a inversiones público-productivas, la constitución de fondos de reserva, la contratación de operaciones de cobertura y el pago de gastos y comisiones generados por el diseño, instrumentación y celebración de esta operación”.

Para el panista Julen Rementería, integrante de la Comisión de Hacienda, hay una “ilusión” y diversas mentiras en la reestructuración de la deuda. “Hay mucha opacidad en lo que vamos a pagar, los beneficios que se van a obtener y los empréstitos a futuro, pareciera que la deuda no se va a pagar, solo se va a sustituir”.

De acuerdo con Rementería, en el dictamen para avalar nuevos préstamos crediticios se incluyó la creación de diversos Fideicomisos, en los cuales “por experiencias anteriores” –dijo– ha quedado demostrado que sólo sirven para fomentar la opacidad y desviar recursos.

“Los créditos no son malos, el problema es cómo son ocupados… La deuda crece, y pareciera que al próximo gobernador, del color que sea, le viene la tormenta perfecta”, dijo.

Por su parte, la diputada priista Mariela Tovar Lorenzo se apegó al guión de los boletines del gobierno de Duarte emitidos con anterioridad y justificó que ya se podrá “contratar financiamiento” para fortalecer la Hacienda y consolidar las finanzas de la entidad (sic).

“Se permite contratar un financiamiento de 5 mil millones de pesos, se avala un segundo financiamiento de un mil 700 millones de pesos, que tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y deberá destinarse a inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto rezago social”, apuntó.

El diputado del Partido Verde, Jesús Vázquez, admitió que el tema de la reestructuración es por demás “sensible”, y resaltó qué el voto a favor de su bancada es en aras de “detonar la economía” del estado.

“Finanzas públicas deterioradas impactan a la población y causan más problemas, como inseguridad y baja generación de empleos. El compromiso es fiscalizar esos recursos y revisar que las metas se cumplan”, subrayó.

En las cuatro horas que duró el debate, empleados medios de la Sefiplan se encargaron de llevar unos 350 “acarreados” de Antorcha Campesina y de la propia institución financiera, para que abuchearan e insultaran a los diputados de oposición.

Incluso una militante del PRI agredió a un fotógrafo que le obstruía la vista para aplaudir al diputado priista José Ramón Gutiérrez cuando subía a tribuna. Iracunda, la mujer le gritó al comunicador: “Estorbas, deberías hacerte a un lado… Luego por eso los matan”.

No obstante que la tensión aumentaba en el recinto legislativo y los acarreados subían de tono sus insultos, llegó un momento en que los diputados se relajaron en la discusión.

José Ramón Gutiérrez de Velasco, diputado del PRI y exmilitante del PAN, subió a tribuna con un enorme ábaco multicolor, en el que se apoyó para comparar la deuda pública con el crédito hipotecario de una casa o automóvil.

En esa misma tónica, el panista Hugo Fernández pidió imaginarse una “perinola” para jugar los pasivos públicos del estado, donde a los ciudadanos les tocaría el “todos ponen” y al gobierno él “toma todo”.


Y el diputado priista Marco del Ángel –famoso por desnudarse en plazas públicas, junto con miembros de la organización de los 400 pueblos– subió a tribuna para interactuar con los acarreados como si se tratará de un reality show.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

“Boquete financiero” en Morelos alcanza los 464 mdp

CUERNAVACA, Mor: El gobierno estatal pretende incrementar en 71% el monto etiquetado al pago de deuda en 2016, según el documento de presupuesto para el próximo año, lo que serviría para tapar un “boquete financiero” por 464 millones de pesos generado por múltiples pagos no considerados en el presupuesto original presentado para el año que corre.

Y es que para este 2015 el gobierno que encabeza Graco Ramírez destinó 650 millones 554 mil pesos al pago de la deuda, sin embargo, para el próximo año la cifra creció de manera exponencial hasta llegar a mil 117.5 millones, es decir, 5.45% del presupuesto total para el estado, que es de casi 20 mil millones de pesos.

Esta diferencia se explica en el desglose de los pasivos que se proyectan liquidar para el 2016, que incluye un renglón constante de “deuda pública”, en la que se prevé la amortización, intereses, comisiones, gastos y coberturas de los créditos previamente contratados –por 653 millones 309 mil pesos–, más un nuevo concepto denominado “Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas)” por 464 millones 145 mil pesos.

Los Adefas enlistados en el proyecto de presupuesto para el próximo año no son otra cosa que adeudos millonarios extraordinarios generados exclusivamente a lo largo del ejercicio presupuestal 2015, erogaciones que el gobierno de Graco Ramírez realizó por encima del gasto que le habían asignado y que ahora pretende trasladar al pago de deuda de 2016.

Lo que no explica la iniciativa de presupuesto es en qué rubros invirtió el gobierno esos 464 millones de pesos y que se traducen en una nueva deuda generada en sólo un año, adicional a la previamente contratada por 2 mil 806 millones de pesos.

Resta facultades del Congreso

Algo que también llama la atención del paquete económico presentado hace tres semanas por el gobierno de Graco Ramírez es que se adjudica facultades que corresponden al Congreso, como la creación de fideicomisos y la contratación, sin pedir autorización, de más deuda pública.

En el artículo XIV del Presupuesto de Egresos, el gobernador se adjudica facultades exclusivas del Legislativo, al permitirse la constitución de fideicomisos públicos, cuyo fin sea lícito y determinado, para impulsar las áreas prioritarias o específicas de desarrollo del estado.

Y es que el gobernador oculta y omite dar a conocer el listado de proveedores a quienes se les adeudan recursos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) y las áreas gubernamentales que cayeron en déficit o los rubros en los que se gastó más de lo previsible en presupuestos anteriores.

Graco Ramírez también oculta información a los legisladores sobre el tema de la deuda pública, en la que tiene previsto destinar 683 millones de pesos para disminuir los costos de los cinco créditos obtenidos en su gobierno por un monto global de 3 mil 465 millones de pesos.

Dentro del presupuesto estatal 2016 sólo se establece que de los 683 millones para el pago de la deuda pública, 346 millones de pesos se destinarían al pago de capital, mientras que 282 millones 488 mil pesos a pagar intereses bancarios.

Los 9 millones 260 mil pesos restantes se pagarían a las calificadoras financieras, a los instrumentos de cobertura, a la publicación de estados financieros y a los honorarios de fideicomisos.


No obstante oculta información sobre el monto total en la que quedaría la deuda a finales de diciembre de 2016, con los pagos de amortización y servicios de cada una de las líneas crediticias adquiridas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA.

Gobernador de NL dejará un estado endeudado y con 800 personas desaparecidas

MONTERREY, N.L: El gobernador Rodrigo Medina no sólo dejará un estado sobreendeudado, también con 800 desaparecidos, según la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

Al celebrarse la última reunión con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE), el organismo informó en el último sexenio fueron localizadas 142 personas, 60 de ellas vivas y 82 muertas.

La junta de trabajo de este viernes fue la número 23 y marcó la última de la actual administración. En los seis años, fueron revisados 219 expedientes, según el organismo ciudadano.

Además, como resultado de las investigaciones, fueron consignadas 63 personas. De esa cantidad 18 eran policías o agentes de tránsito. La PGJE impuso 12 sentencias condenatorias.

Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Cadhac, reconoció que los años de trabajo conjunto dejaron experiencias que les ayudarán en el futuro a mejorar los mecanismos para buscar a los desaparecidos.

“Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es no estigmatizar a la víctima, a empezar la búsqueda de inmediato, tratar con dignidad a las personas denunciantes, cuidar la evidencia forense, usar todos los medios para la búsqueda”, dijo.

Cadhac consideró que la llegada del gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, quien inicia su gestión el 4 de octubre, no debe afectar el trabajo conjunto que han hecho con la Procuraduría nuevoleonesa, desde hace cuatro años, para encontrar a los afectados por el incremento de la criminalidad en México.

Los integrantes de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) entregaron el pasado miércoles al equipo de transición del gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón, el documento denominado Estrategia integral Fundenl. Acciones eficaces para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

El plan, canalizado a través de Roberto Flores, encargado del área de seguridad y justicia, recoge la experiencia, buenas prácticas y estándares internacionales en materia de búsqueda y localización de desaparecidos, que Fundenl ha recabado en reuniones con gobiernos estatales y Congresos Locales de México.

Mediante un comunicado, la agrupación señaló que la estrategia se basa en tres enfoques: la búsqueda efectiva e integral en campo; la atención integral a las personas desaparecidas, como víctimas directas, salvaguardando todos sus derechos; y atención a las víctimas indirectas, familiares o afectados por el delito, en base a la Ley General de Víctimas.

Fundenl se quejó del escaso avance de las búsquedas en la entidad y se mostró esperanzado en que la nueva gestión de El Bronco, ayude a activar los casos.


“Ante el grave atraso en Nuevo León hacia una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, se contactó al equipo de transición del nuevo gobierno que ha mostrado apertura y sensibilidad ante el tema, y entiende la emergencia humanitaria que vive el estado por las desapariciones de años anteriores y las que se siguen presentando”, precisó el boletín.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Padrés casi duplicó la deuda de Sonora en 6 años: de 11 mil 258 a 20 mil 365 mdp

HERMOSILLO, Son: La deuda pública del estado incrementó en nueve mil 115 millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés según el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas.

Durante el cuarto encuentro de comités de entrega-recepción, el secretario de Hacienda estatal, Carlos Villalobos Organista entregó la documentación que acredita este pasivo y responde a las más de 700 preguntas integradas al cuestionario de siete mil 877 reactivos presentado por el equipo de la gobernadora electa, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, el pasado 3 de julio a los funcionarios salientes.

En la reunión que se prolongó por más de dos horas, se logró establecer que la deuda en este sexenio creció a un ritmo anual de mil 519 millones de pesos, pues pasó de 11 mil 258 millones de pesos en 2009 a 20 mil 365 millones al cierre del segundo trimestre de 2015.

Según el informe, en el primer año de gestiones de Padrés, en 2010, se solicitaron créditos federales y bancarios por el orden de cinco mil 979 millones de pesos y se elevaron las cuentas estatales a 17 mil 237 millones.

Para 2011, el pasivo de la entidad se redujo en tres mil 214 millones de pesos y se estableció en 14 mil 23 millones.

Luego, en 2012, año de la crisis padrecista, cuando el Congreso local no le aprobó el presupuesto hasta agosto, los créditos estatales sufrieron un nuevo repunte de mil 82 millones para concluir en 15 mil 105 millones en ese periodo.

Un año después, en 2013, la administración comprometió de nuevo participaciones e ingresos para adquirir otra de deuda de dos mil 188 millones y fijar el total en 17 mil 293.

Al llegar a 2014, la cuenta pública había alcanzado los 19 mil 808 millones de pesos debido a que en este año se tomó la decisión de obtener un nuevo financiamiento por una cantidad de dos mil 516 millones.

Finalmente, en el primer semestre de 2015 la deuda se elevó 556 millones para culminar en los 20 mil 365 millones de pesos que reconoció Villalobos Organista.

El funcionario estatal afirmó que del monto total de la deuda el gobernador sólo es responsable de 16 mil 383 millones y los cuatro mil 180 millones restantes deben acreditarse a los alcaldes de los 72 municipios en la entidad, quienes adquirieron compromisos fiscales por distintas vías.


En respuesta a este reporte financiero, Raúl Navarro, uno de los siete coordinadores del equipo de Pavlovich, señaló que analizarán la documentación entregada y al finalizar el proceso de entrega-recepción ofrecerán las conclusiones sobre el estado que guardan las arcas estatales.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: MILTON MARTÍNEZ.

Transparencia ordena a Coahuila entregar los datos de la megadeuda de Moreira

La Secretaría de Finanzas de Coahuila tendrá que entregar a un ciudadano las copias de los contratos de préstamos celebrados con entidades financieras, así como los documentos de renegociación y comprobantes de los pagos que el Gobierno estatal, uno de los más endeudados del país, ha efectuado.

Lo anterior se acordó durante la sesión ordinaria que llevó a cabo el Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), donde se resolvieron 15 recursos de revisión.

Los sujetos obligados más mencionados fueron la Secretaría de Finanzas, Saltillo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el recurso 140/15, donde el sujeto obligado es dicha dependencia estatal, el ciudadano solicitó copia de los contratos relativos a la adquisición de la deuda pública vigente, y los de sus posteriores renegociaciones o adecuaciones.

También solicitó todos los comprobantes de pagos de amortización de la deuda, así como costos y pagos de servicios adicionales vinculados a los financiamientos, como comisiones, apertura, renegociaciones o estudios.

La Secretaría manifestó que la información relativa a los contratos se encuentra en la página de Transparencia, respecto a los pagos de amortización en los bancos, señaló que es información reservada, en cuanto a los costos y pagos de servicios adicionales manifestó que es inexistente, por lo que el ICAI decidió que debe modificar la respuesta y entregar la información completa.

El mes pasado, la administración encabezada por Rubén Moreira Valdez anunció que se concluyó el refinanciamiento de la totalidad de su deuda pública, la cual asciende a un monto de 36 mil 767 millones de pesos.

En un comunicado, el Gobierno local dijo que en la operación participaron siete instituciones bancarias, las cuales no se revelaron, seleccionadas a través de un proceso que permitió al Estado obtener las condiciones financieras más favorables del mercado actual.


LA SOMBRA DE MOREIRA

Desde que Humberto Moreira, hermano del actual mandatario local, dejó la gubernatura de Coahuila para ser presidente del PRI, le llovieron acusaciones relacionadas, entre otras cosas, con la deuda estatal.

El 25 de agosto de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que había una deuda de 34 mil millones de pesos que adquirió el estado durante la gestión de Moreira Valdéz como Gobernador (2005-2011).

La dependencia, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del estado de Coahuila, para que se investigara el endeudamiento público en la entidad a causa de operaciones financieras irregulares.

Cuando Humberto Moreira tomó posesión como Gobernador de Coahuila, la deuda estatal era de 323 millones de pesos. Al finalizar su mandato era de alrededor de 34 mil millones. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre 2005 y 2009 el gobierno de Coahuila elevó su deuda en un 709 por ciento.


La presión de los medios de comunicación y de organizaciones civiles, además del proceso electoral que estaba en puerta, obligó al político a dejar su cargo como líder del PRI el 2 de diciembre de 2011, a pesar de que una semana antes había dicho que no renunciaría.

“Hoy llego con ustedes a decirles que presento mi renuncia como presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del partido. La presento porque lo más importante que tenemos los priistas es nuestro instituto político”, dijo durante una reunión con líderes priistas.

En enero de 2011 había solicitado licencia como Gobernador para buscar la dirigencia nacional del PRI, cargo que ocupó nueve meses.

Durante su administración, una red de políticos y empresarios desviaron recursos de las arcas estatales para invertir millones de dólares en negocios ilegales, entre ellos, medios de comunicación y del sector minero, en el estado de Texas, Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de uno de los implicados: Rolando González Treviño.

Según un documento de la Corte Federal de Estados Unidos, difundido  por el diario San Antonio Express News, el empresario mexicano Rolando González Treviño aceptó declararse culpable de dos cargos de conspiración para transferir dinero robado al erario coahuilense.

Además del empresario, se señala que ex funcionarios del Gobierno de Coahuila también estuvieron involucrados al tomar recursos públicos para comprar medios de comunicación entre 2006 y 2009.

El informe de la Corte de Estados Unidos correspondiente al juicio en contra de Rolando Gómez refiere que Moreira “antes de convertirse en Gobernador se desempeñó como Alcalde de Saltillo, y en 2011 dimitió como mandatario de Coahuila para encabezar al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México”.

El 25 de junio, fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express News que Moreira acudió a las reuniones en San Antonio y en México “donde se discutió la compra de medios de González Treviño con el dinero robado del estado”.

Además de Moreira, la red de desvío de recursos públicos de Coahuila para ser lavados en Texas incluye a otros 13 personajes, la mayoría ex funcionarios de su administración, de acuerdo con esos documentos judiciales de la Corte federal de Estados Unidos.


De los 14 involucrados, a los que llaman en la prensa estadounidense “Conexión Coahuila”, seis están o han estado presos; uno se encuentra indiciado y dos han sido asesinados.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-08-2015/1451307.

Empresario priista exige a Javier Duarte el pago de casi 4 mdp

XALAPA, Ver. (apro).- Víctor Manuel Arcos Suárez, exprecandidato del PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata y empresario musical, demandó por la vía mercantil y administrativa a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al gobierno de Javier Duarte por incumplimiento de contrato en la realización del Festival por la Paz efectuado en agosto pasado y que casi después de un año no ha podido ser liquidado.

Arco Suárez señaló que su empresa Hacienda Musical se ha visto perjudicada por un monto de casi 4 millones de pesos si a ello suma la contratación de diversos grupos musicales, hospedaje y traslado en avión de los artistas, así como el montaje de la escenografía para la realización del festival, aparte de los intereses moratorios que ha tenido que pagar derivados del contrato SSP-UA-142/14.

“El contrato se sufragaría con recursos federales, incluso mis contadores dicen que el monto ya fue deducido de impuestos, pues el gobierno (de Duarte) ya dio el contrato como pagado. Sin embargo, a mí no me han abonado un solo peso”, acusó.

La querella fue interpuesta en la Sala Regional zona Centro, Xalapa, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Arcos Suárez, quien presume su militancia priista, asegura que ya se cansó de hacer “antesala” en la oficina del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita; en la Secretaría Particular del gobernador, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para exigir su pago y por el que debió absorber intereses moratorios de 70 mil pesos mensuales.

El Festival por la Paz fue realizado el pasado 26 de agosto bajo el contrato de la licitación simplificada LICTP-014-14, en el que actuaron el grupo puertorriqueño Merenglass, la Sonora Santanera y el grupo Jaleo, entre otros.

Arcos detalla que su empresa sufragó toda la logística, desde los boletos de avión, hospedaje y contratos individuales de los artistas hasta la renta de toldos y baños móviles.

“El contrato que firmé con el gobierno y con la SSP me exigía solvencia financiera y así lo asimilé”, explica.

Al igual que a su empresa, abunda, el gobierno de Duarte y la Junta Estatal de Mejoras tienen adeudos millonarios con otras agrupaciones musicales que han tocado en fiestas patronales y en distintas ferias de la región.

En la plaza Lerdo, renombrada plaza Regina Martínez, es común que una vez al mes grupos de banda, conjuntos de música cumbia y hasta “sonideros” se planten frente al Palacio de Gobierno para protestar por la falta de pagos correspondientes a conciertos que datan desde el primer año de la actual administración priista.

Víctor Manuel Arcos entregó a Apro copia de las tres facturas que el gobierno estatal y la SSP dieron como asimiladas dentro del contrato, y la de mayor costo es por un monto de un millón 852 mil 889 pesos y fue recibida con el folio Factura A3 con fecha del 25 de septiembre de 2014.

“El dinero para pagar esa factura ya fue depositado por el gobierno federal, ya fue deducible de impuestos y la SSP ya la dio por pagada, cuando no es así. Creo que la SSP está incurriendo en un delito”, expone.

En Proceso 2019 se publicó que la insolvencia en la entidad es tal, que miembros de las cámaras nacionales de Comercio (Canaco) y de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como de la Coparmex y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) literalmente “acampan” en la Sefiplan para exigir la “liberación de sus saldos”.

El reportaje detalla en que los empresarios han aceptado “pagos chiquitos” mensuales que apenas equivalen a 15% de lo que el gobierno de Duarte les adeuda.

En esa coyuntura, hasta la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Veracruz ha exigido, vía dos desplegados de prensa, el pago de 10 millones 47 mil 840 pesos por concepto de vehículos adquiridos el año pasado por dependencias como SSP, Obras Públicas y Medio Ambiente y cuyo último requerimiento reclamaron el mes pasado.

Fuente: Proceso

Autor: Noé Zavaleta

Revelan nuevo endeudamiento de Duarte; ahora por mil 338 mdp

XALAPA, Ver: Después de cinco meses y una vez concluido el proceso electoral, el gobierno de Javier Duarte admitió la contratación de “un crédito simple” por mil 338 millones de pesos, pasivo que incluso quedó registrado en la SHCP y por el que se dejó como garantía las participaciones federales.

Así lo reconoció Antonio Gómez Pelegrín, el sexto tesorero en lo que va de la administración priista, quien incluso no descartó la posibilidad de contratar otro crédito.

Luego de una semana en que jubilados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y académicos de la Universidad Veracruzana reclamaran pagos y prestaciones atrasados, Gómez Pelegrín aceptó que hay “problemas de solvencia financiera” en la entidad, mismos que se están atendiendo, justificó.

La actualización de la página web de la SHCP en el rubro de deuda pública de las entidades federativas dio pie a que diversos medios locales dieran cuenta de la adquisición de este nuevo empréstito a liquidar en el mes de noviembre de 2016, es decir, un mes antes que Duarte deje el cargo.

El funcionario aseguró que los recursos de esta nueva deuda “se invirtieron en términos de ley de infraestructura y temas de carácter productivo, yo lo revisé al asumir el cargo y comprobé que todos los recursos están en pagos autorizados por la norma”.

Sin embargo, Gómez Pelegrín evitó “desglosar” las obras, acciones de infraestructura o proyectos productivos en los que se ejecutaron los mil 338 millones de pesos.

Por el contrario, dijo que los datos únicamente los hará llegar al Congreso local, cuya Comisión de Hacienda encabeza la priista Mariela Tovar, legisladora que se ha caracterizado por ser reacia a entregar información a la prensa.

Incluso, el titular de Sefiplan no descartó que en un futuro se pueda ampliar el crédito, pues la Ley de Ingresos aprobada en diciembre por la bancada priista, Partido Verde y Nueva Alianza autorizó una línea de crédito por más de 5 mil millones de pesos, que equivalen al 5% del presupuesto de este año.

“Ahorita no hay nada, lo digo con toda la claridad del mundo, no hay un nuevo préstamo, aunque no lo descarto en un futuro, pero por el momento no”, atajó.

El miércoles pasado diputados de PAN, PRD y PT criticaron el nuevo endeudamiento del gobierno de Duarte y el que se haya solicitado en la total opacidad, pasando por alto al pleno del Congreso o, en el peor de los casos, notificando sólo a la mayoría priista.


El panista Julen Rementería y el petista Fidel Robles aventuraron que una partida de ese préstamo pudo haber sido utilizada para financiar las campañas de los candidatos del PRI a las diputaciones federales de los 21 distritos, pues “despierta sospechas” el “hermetismo” con el que se pidieron y ejercieron esos recursos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Cué aumenta en 7 mil mdp la deuda de Oaxaca

OAXACA, Oax: El gobierno de Gabino Cué ha endeudado al estado con 12 mil millones de pesos a pagar en 18 años, lo que significa un incremento de 140% más de la deuda que le heredó el priista Ulises Ruiz Ortiz, reconoció el secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas.

El funcionario estatal dijo que en el 2010, Ruiz Ortiz dejó a la nueva administración una deuda de cinco mil millones de pesos y la actual es de 12 mil millones de pesos, cuando aún falta un año para terminar el sexenio. Estas cifras indican que Gabino Cué ha endeudado a la entidad con siete mil millones de pesos más.

Arnaud Viñas también desmintió al gobernador oaxaqueño, quien afirmó que parte de la deuda –dos mil 400 millones de pesos–, fue autorizada el pasado martes por el Congreso local para pagar la nómina magisteriales.

Reviró: “sería tonto pagar la nómina del IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca) con deuda. Yo no me voy a ir a la cárcel”.

Ayer el gobernador adelantó que mil 800 millones de pesos de la nueva deuda serán empleados para liquidar los pasivos generados por los pagos a los maestros.

Hoy el secretario de Finanzas tuvo que salir a aclarar públicamente los dichos del mandatario estatal para calmar los cuestionamientos por la adquisición de la nueva deuda.

Sin embargo, no sirvió de mucho, pues al tratar de explicar la solicitud de los dos mil 400 millones de pesos y su futura aplicación, se limitó a decir que serán para “un chorro” de obras.

–¿Cuáles, cuántas y en dónde?, insistió la prensa.

– “No me acuerdo, son entre 400 ó 500 proyectos”, respondió y se comprometió a que el próximo lunes daría más detalles.


Enrique Arnaud Viñas insistió en que la deuda no fue para pagar nómina magisterial, sino para inversión pública productiva, pero no pudo detallar ni un solo proyecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Deudas de miedo

De las tres entidades en las que hubo elecciones estatales este año, tres aumentaron su deuda en más del cien por ciento.

Los nuevos gobernadores que fueron electos el pasado 7 de junio e iniciarán su mandato dentro de unos meses se encontrarán con una pesada herencia, cortesía de sus antecesores: la enorme deuda pública.

De acuerdo con un reportaje de CNN México, el peor caso y el que los especialistas califican como realmente preocupante es Nuevo León, donde se duplicó el endeudamiento, seguido por Sonora y Michoacán, tres estados que además -destaca el medio- vivirán alternancia en el partido gobernante. 

Nuevo León pasó de tener una deuda de 27 mil 071 millones de pesos en 2009, a  61 mil 077 millones al cierre de marzo de 2015; Sonora de 11 mil 258 millones a 20 mil 366 y Michoacán cuenta con una deuda de 17 mil 198 millones de pesos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Los estados que deben más de lo que ‘ganan': Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila

En esas tres entidades la deuda es más del 100% de los ingresos de 2014. Chihuahua está a punto de vivir un panorama similar aunque ya es el estado cuya deuda implica el más alto porcentaje del PIB estatal.

La deuda de Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila ya es más grande que todos los ingresos que cada entidad tuvo en 2014, es decir, lo que deben esos estados superó el año pasado la suma de los recursos que tienen disponibles.

Los 1.3 millones de habitantes de Quintana Roo deben, en promedio, 13,788 pesos de la deuda estatal que al finalizar diciembre pasado ya implicaba el 104% de los recursos totales del estado, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


El caso de Nuevo León y Coahuila es similar, su deuda ya implica el 102% de sus ingresos y sus habitantes deberán 12,180 pesos y 11,897 pesos respectivamente de deuda pública durante los próximos 17 años, aunque esos montos sólo se calculan considerando que sus gobernantes no decidan endeudarse más.

En el análisis sobre Endeudamiento de las Entidades Federativas 2004-2014 que realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se concluye que esas tres entidades, más Chihuahua, Veracruz, Sonora y Nayarit son las que más incrementaron su nivel de deuda en los últimos 10 años; mientras que el Distrito Federal y el Estado de México son las que la disminuyeron más.

Si bien la deuda de Chihuahua todavía no alcanza a ser el 100% de sus ingresos, si es la que representa el porcentaje más alto del PIB estatal con 9.2%.

Hace 10 años, la deuda de Chihuahua era sólo el 2.4% de su PIB, por lo que en ese periodo casi se cuadruplicó.

En Veracruz, la deuda era en 2004 el 0.9% del PIB estatal y para 2014 ya era el 4.7%; lo mismo que en Nayarit que pasó del 0.5% al 5.9% o Chiapas del 0.7% al 6.8% de su PIB estatal.


En realidad, las cifras de la Secretaría de Hacienda muestran que en los últimos 10 años sólo cuatro entidades han disminuido el monto de la deuda en función de su PIB estatal: Guerrero con una baja mínima de 1.8% de su PIB en 2004 a 1.3 en 2014; San Luis Potosí de 1.8 a 1.4; el Distrito Federal de 2.8 a 2.4%; y el Estado de México con avances más importantes, al pasar de 4 a 2.6% de su PIB.

Sin embargo, en el caso del Distrito Federal el monto de deuda sigue siendo alto en función de los recursos que obtiene, pues lo que debe representa el 44.3% de sus ingresos; el séptimo monto más elevado a nivel nacional.

Los indicadores sobre quién contrató la deuda en las entidades federativas muestran que en 81.2% de los casos se trató de gobiernos estatales; 10.7% de municipios y en 7% de otros organismos del estado.

Lo que debería hacer la diferencia para los próximos 10 años es la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios que se aprobó en febrero pasado en el Congreso y que ya fue avalada también, la semana pasada, por al menos 24 entidades federativas.

Esta ley reforma los artículos 25,73,79, 108, 116 y 117 de la Constitución para controlar el endeudamiento público y sancionar a los funcionarios que incumplan con normas para adquirir deuda.

Para empezar está prohibido que estados y municipios contraten deuda poniendo de garantía los recursos federales, que la deuda se utilice para cubrir gasto corriente o que se adquiera en el último trimestre de un periodo de gobierno.

Se crea un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, establece que ésta debe utilizarse para inversiones públicas productivas y obliga a liquidar las obligaciones adquiridas a corto plazo en el último trimestre del mandato. También se aprobó que la Auditoria Superior de la Federación tenga capacidad de revisar el estado de las deudas estatales y municipales.

El objetivo de esta ley no sólo es tener mayor control de la deuda, si no evitar que los gobernantes adquieran más justo al finalizar su periodo y entreguen la administración con deuda recién contratada.


Los datos oficiales muestran que la deuda pública en los estados en 2007 era de 186 mil 470 millones de pesos y al cierre de 2014 esa cifra de triplicó para cerrar en más de 510 mil millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

El laberinto de la deuda

Michoacán es uno de los estados que más impuestos paga en el país; 70 por ciento de su presupuesto lo tiene comprometido en el pago de su deuda. El congreso local acusa al gobernador actual, Salvador Jara, de incrementar la deuda con manejos administrativos poco claros.

En solo 10 meses de administración sustituta, el gobernador Salvador Jara Guerrero ha hecho que en Michoacán crezca la deuda pública en más de 5 mil millones de pesos.

En lo administrativo, Michoacán sigue siendo un estado fallido pese a la intervención de la federación, cuyos funcionarios no han podido enmendar las políticas de despilfarro y desaseo financiero que han prevalecido desde hace por lo menos 10 años, prácticas que a la fecha han llevado a un débito general de 31 mil 298 millones de pesos.

Desde el laberinto de la deuda, el gobernador sustituto ha lanzado acusaciones que responsabilizan directamente al gobierno de Fausto Vallejo Figueroa de la crisis que actualmente vive el estado, pero los defensores de la administración priista inconclusa han revelado la responsabilidad compartida del gobernador actual.

De acuerdo a información filtrada desde el congreso local, el gobernador sustituto de Michoacán Salvador Jara Guerrero hizo en 10 meses lo que al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel le llevó cuatro años, tres años al de Leonel Godoy Rangel y dos años al de Fausto Vallejo Figueroa: incrementar la deuda estatal con manejos administrativos poco claros.

La mayoría de los pasivos que ha sumado el gobernador Jara Guerrero en su breve administración de las finanzas públicas de Michoacán han repercutido en la deuda pagadera a largo plazo, la que a la fecha se fija en 14 mil 503 millones de pesos. A ese renglón se han cargado los montos de deuda adquirida de manera oscura, se quejan algunos diputados.

Los niveles impagables de la deuda pública del gobierno estatal, a corto y largo plazo –a corto plazo se tienen que liquidar 16 mil 784 millones de pesos-, son los que hacen considerar el estado de quiebra técnica en las que hoy se encuentran las finanzas de Michoacán, sin posibilidad de una recuperación inmediata.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha querido ejecutar un plan de rescate financiero.

Cabe señalar que el histórico nivel de endeudamiento que tiene Michoacán, es el que ha llevado desde hace más de dos años a la suspensión del programa de obras públicas en los 113 municipios de la entidad.

A la crisis de la deuda pública del estado se suma la sospechosa actitud de los últimos cuatro gobernadores, quienes negociaron en partes el refinanciamiento de la deuda con la banca prava, optando por pagar altos intereses y desechando la posibilidad del negociar con la banca de desarrollo.

El gobernador sustituto ha declarado en diversas ocasiones que no se perdonará a los culpables del endeudamiento oficial, desviando la responsabilidad hacia los cuatro anteriores gobernadores, reconociendo que hay un desfalco en las finanzas públicas del estado de Michoacán. 

Las malas cuentas

Las acusaciones que a hurtadillas hacen los diputados locales sobre los oscuros manejos financieros del gobernador Salvador Jara Guerrero, no son fortuitas. Desde que él era rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ya se le señalaba de ser mal administrador.

Auditorías practicadas a la UNMSN revelaron que la deuda de la universidad, reconocida en todos los documentos oficiales como “déficit presupuestal”, fue el resultado del pago de plazas impuestas por el rector y la contratación de empresas subcontratistas para ejecutar obras en la máxima casa de estudios de Michoacán, propiedad de funcionarios cercanos al rector.

De acuerdo a la denuncia hecha por la dirigencia del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, que lidera Eduardo Tena Flores, antes de que Salvador Jara asumiera la rectoría de la universidad, la casa de estudios mantenía una deuda de 273 millones 283 mil 727 pesos. Cuando Salvador Jara dejó su cargo para ser gobernador invitado por la federación, la deuda que dejó fue de casi cinco veces más de la que recibió.

En el último año de la administración Vallejo-Reyna, en el 2014, el gobierno estatal destinó al entonces rector Salvador Jara un presupuesto de 2 mil 403 millones 932 mil 843 pesos que no fueron clarificados en su manejo, por las premuras de Jara para ser gobernador sustituto. A la fecha la UNMSN cruza por una de las peores crisis económicas de su historia, por el elevado monto de la deuda que mantiene.

El negocio de la banca

Pese a que la banca comercial ha venido aplicando tasas de interés del 3.5 por ciento a los créditos otorgados al gobierno estatal de Michoacán, los gobernadores en turno poco han querido contratar créditos baratos con la banca institucional como Banobras, donde la deuda oficial se mantiene en mil 398 millones de pesos.

La mayor parte de la deuda de Michoacán está concentrada en la banca privada, en donde se deben poco más de 29 mil 360 millones de pesos. De las instituciones bancarias que más se han beneficiado con el endeudamiento de Michoacán, destaca Banca Interacciones, la financiera propiedad de la familia Hank Rhon.

El crédito más reciente contratado a la financiera de la millonaria familia mexiquense fue el 1 de abril del 2013, por la cantidad de mil 923 millones de pesos, donde antes de entregar el crédito, el banco ya había cobrado 75 millones 100 mil pesos, por concepto de amortización de intereses de la deuda, pago de servicios financieros y honorarios por asesoría.


La banca Interacciones, la preferida del gobierno de Michoacán para contratar deuda, cobra una tasa de interés del 3.75 por ciento, una de las más altas del mercado. Eso no fue obstáculo para que se solicitara un nuevo crédito por 400 millones de pesos, recursos que se utilizaron para pagar deuda del gobierno estatal con esa misma institución.

El 14 de marzo del 2014, el gobierno estatal se endeudó con banco Multiva. Se contrataron fondos por mil 340 millones de pesos, pagaderos a 15 años, a una tasa preferencial del 3.25 por ciento. Pero los fondos no fueron recibidos íntegramente por la tesorería el estado de Michoacán. El 2 por ciento de ese crédito se descontó antes de entregarse, se aplicó el concepto de honorarios de asesoría de contratación del crédito. Casi 27 millones de pesos se llevó a la bolsa el negociador.

Otros cobros que se aplicaron a favor del banco antes de hacer la entrega del crédito al gobierno estatal fueron 20 mil pesos por apertura de cuenta de cheques, 1.7 millones de pesos por gastos de asesoría legal del banco, 32.6 millones de pesos para la constitución del fondo de reserva, 9.3 millones de pesos para el pago de honorarios del asesor financiero del gobierno estatal, además de 4.1 millones de pesos para el asesor legal del gobierno estatal.


El asesor financiero del gobierno estatal en ese momento fue Cuasar Capital Asociados, la firma de Carlos Sales. En tanto que el asesor legal del gobierno de Michoacán era la firma Gaxiola Calvo Sobrino y Asociados, propiedad de Jorge Gaxiola Moraila, asesor para la reforma energética del Gobierno Federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Aprueba Senado reforma para acotar deuda de estados y municipios

MÉXICO, D.F: El Senado de la República aprobó por 89 votos a favor y nueve en contra la reforma constitucional en materia de disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, cambios que establecen reglas y “candados” para avalar la contratación de deuda.

En el debate se destacó que esta deuda pública creció de 2008 a 2014 de 203 mil millones de pesos a 510 mil millones, es decir, un incremento de 17.2%.

La minuta, proveniente de la Cámara de Diputados, incorpora cuatro elementos significativos para regular el endeudamiento de estados y municipios: otorga facultades a los Congresos locales para aprobar empréstitos; se establece fiscalización superior y principios de transparencia y rendición de cuentas, así como nuevas disposiciones para la contratación de deuda.

La reforma estableció que se requieren los votos de las dos terceras partes de los Congresos locales para que los gobernadores contraten deuda; además, se precisa un proceso mediante el cual el Ejecutivo federal pueda celebrar empréstitos en favor de las entidades.

Asimismo, se amplían facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las deudas estatales.

El presidente de la comisión dictaminadora, el priista Enrique Burgos, destacó que la reforma crea una comisión bicamaral con facultades para analizar la situación de las entidades federativas y municipios que registren un elevado endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos.

El también priista José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda, apuntó que tras dos años de proceso legislativo esta reforma tiene como objetivo “dar total transparencia” para que el endeudamiento en estados y municipios sirva a la inversión y atención de las demandas sociales.

Al argumentar su voto en contra, el senador del PT, Manuel Bartlett, afirmó que estas reformas no fortalecen a las entidades sino al Ejecutivo federal. Recordó que de los recursos fiscales totales, cerca de 80% se destina a la Federación y sólo 20% a las 32 entidades y municipios.

En tanto, el senador Mario Delgado consideró que se “politizan las finanzas públicas y se anula de facto la autonomía financiera de los estados y municipios”, pues se da un control político “insospechado” a la Secretaría de Hacienda.

A su vez, la senadora del PRD, Dolores Padierna, destacó que el problema de la deuda de entidades no es tanto su monto o la proporción que representa del PIB.


“El problema es el costo que dicha deuda tiene y que merma la ya de por sí débil situación financiera de los estados de nuestro país”, acusó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Diputados aprueban reforma que pone límites a deudas de los estados y municipios

La reforma avalada por los diputados impone candados a la contratación de deuda; en caso de que el Senado también la apruebe, la reforma se enviará a los congresos estatales.

Con 350 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional en materia de disciplina financiera para regular la deuda pública de estados y municipios.

Con la aplicación de esa propuesta se pretende fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos federales y locales.

El documento se remitió al Senado de la República para su ratificación y, de ser aprobado, se enviará a los congresos estatales con el fin de que sea avalado por el constituyente permanente, por lo que tendrá que lograr la aprobación de la mitad más uno de esos congresos, por tratarse de una reforma constitucional.

La propuesta avalada por los diputados determina que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

También faculta al Congreso de la Unión en materia de deuda pública para celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos.

Estipula que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a su refinanciamiento o reestructura, que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado.

Las legislaturas locales deberán autorizar, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

La reforma constitucional establece que estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y las condiciones que prevea la ley general que expida el Congreso de la Unión.

En un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a estados y municipios, que deberá expedirse según la fracción XXIX-V del 73 de la Constitución y las legislaturas de las entidades, se realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con ese decreto y la ley citada.


También las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor de ese decreto en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquel emita.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.

Congreso sólo hará “observaciones” a deudas de los estados

Quedará en manos de los diputados locales la responsabilidad de autorizar pasivos a sus gobernadores.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda avalaron por 12 votos a favor y uno en contra, la minuta de la Cámara de Diputados, que reforma la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.

El proyecto de dictamen reforma el párrafo cuarto de la fracción octava, del artículo 73 constitucional, en el cual se considera la intervención del Congreso de la Unión, a través de una Comisión Bicamaral, con atribución para analizar la situación de los estados que tengan una posición elevada de endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos, y a su vez emitir la opinión que estimen correspondiente con respecto a un plan de ajuste planteado por un estado de la Unión al gobierno federal.

La propuesta considera que la integralidad del sistema propuesto en materia de atribuciones en el ámbito federal y de los estados, requiere la intervención de una Comisión Bicamaral del Congreso.

Se precisó que este es el único artículo a discusión, debido a que el resto de la propuesta ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, dijo que a través de esta reforma se plantea que sea una Comisión Bicamaral la que tenga a su cargo el segmento de estudio y análisis de este tema, para lo cual podrá solicitar información, hacer recomendaciones y formular observaciones.

Explicó que el proyecto –inicialmente analizado, discutido y votado en la Cámara de Senadores– se remitió a la Cámara de Diputados, en donde se dio la reserva de un solo artículo, del cual se acaba de dar cuenta.

La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna expresó que la reforma es positiva porque establece como principio que el Estado mexicano debe respetar el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera. Indicó que amplía las facultades del Congreso para legislar la forma como el Ejecutivo otorgará garantías a los estados y municipios, “ya no de forma discrecional”.

También se faculta al Congreso para establecer las bases de cómo los estados, municipios y el Distrito Federal puedan endeudarse y se ponen límites para comprometer un porcentaje determinado de participaciones federales en deudas u otro tipo de obligaciones, y se instaura un sistema de alertas para enviar señales de sobre endeudamiento en algún municipio o entidad.

El presidente de la Comisión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que es importante fortalecer la facultad de fiscalización del Congreso, a través de esta Comisión Bicameral integrada de manera paritaria, donde sean los legisladores quienes hagan el seguimiento de los manejos indebidos o irregulares de las deudas en estados y municipios.

Estamos llegando a un buen término y esperemos que ahora sí esta Comisión Bicameral cumpla la función fundamental de vigilar la fiscalización, el seguimiento del manejo de los recursos públicos que se contratan como deuda, los términos de su contratación y el destino de estos recursos, que en todo caso deben ser única y exclusivamente para inversión productiva y de ninguna manera para gasto corriente, concluyó.

En tanto, el senador de Acción Nacional, Luis Fernando Salazar Fernández manifestó que esta facultad concedida al Congreso para legislar en materia de endeudamiento de estados y municipios, “no resulta suficiente”, pues era necesario que a través de la Comisión Bicameral no sólo se objetara, sino que también sancionara a los estados.

Sin embargo, existen grandes avances en relación a la rendición, transparencia, y a los proceso de endeudamiento; “que finalmente le van a dar claridad a las finanzas del país”.

El también senador del PAN, José María Martínez Martínez dijo que esta es una Comisión Bicamaral “sin dientes y de mera opinión, pues no contiene lo que se ha planteado por algunos de nosotros, con motivo del endeudamiento”.

Vamos a seguir insistiendo en que debemos perfeccionar esta minuta para poder darle dientes al Congreso de la Unión y que sí haya verdaderamente una responsabilidad, no solo en la parte legislativa, sino también en la parte financiera por parte de los estados y municipios de la federación, manifestó.

El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz dijo que la solución a este problema no es de corrupción y ni de las coincidencias electorales y políticas, sino que se encuentra en el federalismo fiscal, en distribuir los recursos adecuadamente “y no estarle echando a los estados toda la carga, para después ayudarlos”.

Creo que es una medida brutalmente antifederalista y pone en riesgo a los estados de la República, porque implica una interferencia absoluta a los estados, puntualizó.

Algunos cambios:

-El Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal vigilarán la deuda que contraten las entidades federativas y los municipios, con el fin de evitar la generación de crisis financieras que impacten al resto del país.

-Incluyen un Sistema de Alertas, la supervisión de una Comisión bicamaral y la vigilancia de la Secretaría de Hacienda cuando la Federación respalde el empréstito.

-La reforma prohíbe a los estados y municipios contratar deuda a tasas caras o destinarla al gasto corriente.

-Se ordena a la Cámara de Diputados y al Senado crear leyes que formen el Registro Público Único de la deuda de estados y municipios y responsabiliza a los servidores públicos por el manejo de recursos y la deuda pública.

-El “Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”.

-Plantea que el Congreso también tendrá facultades para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, “que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal”.

-Advierte que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante emergencia declarada por el Presidente de la República”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.