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domingo, 8 de enero de 2017

Buscaglia: Si la sociedad civil se une en esta crisis, los mexicanos honestos pueden tomar el poder

México está en un infierno, a punto de tocar fondo y en manos de una clase política 100 por ciento mafiosa que incluye a todos los partidos, sin excepción, dice en entrevista con SinEmbargo el investigador Edgardo Buscaglia. Pero existe la esperanza de que la crisis que vive el país una a la sociedad civil y empuje una reforma al sistema político electoral que lleve a los honestos y patriotas al poder.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- México está lejos de una gobernabilidad democrática, pero muy cerca de tocar fondo, dijo Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center. El investigador explicó que el país está desgastado por un sistema político electoral mafioso y una clase política cien por ciento corrompida.

El investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Nueva York, consideró en entrevista con SinEmbargo, que es el momento de que las organizaciones civiles mexicanas se articulen y luchen por dos reformas principales: la electoral y un verdadero sistema anticorrupción en donde las organizaciones civiles tengan las mismas facultades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar a los gobiernos federal, estatal y municipal.

Sin esos dos pilares que hoy son ciencia ficción, advirtió, México no saldrá del infierno.

Durante los últimos días, el incremento del precio de los energéticos, generó decenas de protestas y un repudio generalizado en todos los estados de la república. Ciudadanos inconformes se han manifestado con el cierre y toma de carreteras y estaciones de servicio; mientras algunas personas se ha aprovechado de la movilización por el “mega gasolinazo” y han saqueado tiendas departamentales y de autoservicio.


Para Buscaglia, México está a punto de tocar fondo, pues sufre de la “incompetencia y corrupción de sus políticos en todos los sentidos”, por ello, requiere con urgencia un gran movimiento social que haga resurgir a una nueva clase política.

Recordó que en Argentina y en Colombia surgieron reformas electorales que permitieron que ciudadanos honestos llegaran al poder. En México, añadió, los políticos honestos son una excepción. Hoy es el momento de que los líderes sociales se unan y planteen un movimiento nacional.

“Si se unen todos esos egos, donde cada uno de ellos quiere ser cacique, para comenzar a reformar lo que hoy en México es una mafiocracia y no una democracia como debería de ser. Yo tengo esperanza cuando veo una crisis como esta, de que a partir de esta crisis empiecen a surgir estos movimientos espontáneos de la sociedad civil que comienzan a unirse, ante la desesperación”, dijo.


No hay ningún partido que se salve. Lo mismo ocurre con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) o el de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Todos están en el mismo saco, porque dependen de un “sistema electoral mafioso”.


“Aquí por la situación internacional de incertidumbre, debido a la llegada de Donald Trump [Presidente electo de Estados Unidos], ambos factores hacen que México esté sufriendo una crisis económica cada vez peor, cada vez más grave, que se agrava aún más debido a la corrupción del Gobierno federal y estatales mexicanos”, alertó el investigador.

La crisis económica se suma, explicó, a la de crímenes de lesa humanidad y seguridad que vive el país desde hace una década, sin que ninguno de los partidos hayan aportado una solución para salir del “infierno”, pues están ocupados en competir entre sí bajo reglas electorales “mafiosas”.

“Estas grandes crisis de los países que han salido del infierno como Italia, como Colombia, como Indonesia, han servido para que la sociedad se una, y miles y miles de asociaciones civiles se unan en redes, rodeen a los congresos, a las casas de gobierno y propongan reformas electorales que permitan que gente honesta como Pedro Kumamoto [Diputado independiente en Jalisco] llegue al poder. Sin embargo bajo la ley electoral mafiosa que rige México, hoy todos los partidos están sometiéndose a esas reglas para llegar al poder, incluyendo al PAN, a López Obrador, al PRI, al PRD, a todos los partidos. Bajo esas reglas electorales actuales solamente mafiosos llegan al poder o títeres de mafiosos”, dijo.

Este viernes sumaron nueve días de protestas que se han replicado en casi todo el país en contra del gasolinazo. Foto: Cuartoscuro

***

–¿ Qué tiene que hacer la sociedad civil en México para enfrentar la crisis que vive el país?

–Lo primero que tiene que hacer una sociedad civil, que fue lo que ha hecho Colombia, Italia y demás países que han salido del infierno, es desde las calles. No bloquear rutas, quemar gasolineras y generar violencia, sino que gente que ha salido del infierno han hecho movimientos de redes de asociaciones civiles con millones de personas que rodearon a las casas de gobierno y a los congresos con una sola propuesta de reforma al marco electoral, para que las reglas del juego para llegar al poder permitan que la gente limpia y honesta de México sí llegue al poder, no como hoy donde solo mafiosos y títeres de mafiosos llegan a poder, sin excepción. Cuando yo te hablo de mafiosos y títeres de mafiosos me estoy refiriendo al 100 por ciento de la clase política mexicana, sin excepción; o son mafiosos o son títeres de mafiosos.

Esa es la primera reforma madre que va a permitir comenzar a transitar al principio del fin de esta pesadilla. Las demás reformas, la judicial, energética, todas deben emanar de un nuevo sistema electoral que permita que gente honesta llegue al poder, porque hay excepciones de gente honesta en todos los partidos, en el Gobierno también, son excepciones que son asediados, amenazados que no pueden hacer nada.

Edgardo Buscaglia destacó que siempre que un país enfrenta una crisis como la que hoy vive México, hay una esperanza, de que ésta sea la madre del resurgimiento mexicano. Sin embargo, alerta, no es fácil pues se requiere de una sociedad unida a través de un movimiento nacional de miles de organizaciones.


“Sin eso, México seguirá transitando a este abismo en el cual está siempre a apunto de caer y esperemos que no caiga”, precisó el investigador.

La Reforma Electoral debe ser la madre del resto de las reformas. Ninguno de los partidos políticos ha propuesto una reforma que permita establecer las reglas del juego para una verdadera democracia, apuntó.

“Las reformas para salir de la pesadilla mexicana están claramente establecidas: son 45 instituciones que México no tiene. Desde unidades de investigación patrimonial autónomas en cada uno de los estados trabajando en red, hasta unidades de asociaciones de sociedad civil auditando a todos los niveles del Estado: presupuestos del Ejecutivo, del poder judicial, auditorías de la sociedad civil a todas las instituciones que en otros países, que tienen menos corrupción, han implementado, y que México aún no logra ni siquiera proponer, porque está regido por un sistema cien por ciento mafioso. El que diga que no es así, o es un títere de mafiosos o un mafioso en sí”, afirmó.


–¿Qué debe contener la Reforma Electoral?

– No hay manera de negociar 3de3 o reformas anticorrupción con corruptos. Nunca negocias reformas legislativas antimafia con mafiosos. Nunca negocias reformas anticorrupción con corruptos. Y es lo que ha intentado hacer la sociedad civil mexicana. Hay que salir de esto como salieron otros países. Se forma un movimiento nacional de miles de asociaciones civiles en red, que proponen una reforma electoral clave que permita que el proceso electoral realmente responda al voto electoral, desde las primarias, desde la confección de las listas de candidaturas hasta la elección general.

Son tres tipos de controles patrimoniales a los partidos y a los candidatos en el proceso electoral que no hoy no existen en México. Hay que aprovechar esta crisis para que sea la madre de estas reformas que en México no se están proponiendo. Es ciencia ficción todavía lo que estoy diciendo.

En los países como Italia había grandes figuras de sociedad civil donde toda esa gente como [Alejandro] Solalinde, gente con un espíritu como la gente que ha venido proponiendo el marco 3de3 en el Congreso, empezó a tejer alianzas con el fin de empujar una sola reforma. Pero el modus operandi para empujarla en los países donde lo lograron, que también pasaron por periodos de ensayo y error como México o como Colombia, no es sentarse con el Presidente o con los corruptos a negociar la reforma a oscuritas, como sucedió con la Reforma Anticorrupción. Sino que, sin violencia en las calles, exigiendo con la prensa nacional e internacional una reforma electoral que contenga listas de candidaturas abiertas, sujeta a elecciones primarias, cosa que no existe.

El investigador planteó que en México existen siete u ocho liderazgos como Javier Sicilia Zardain, escritor y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), y el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra. Ellos, consideró, deben juntarse para exigir la implementación de una reforma de este tipo.

Además, consideró, que para llevar a cabo esta exigencia la ciudadanía debe hacerlo a través de boicots económicos, de una parálisis del sistema político, y no con la violencia: “Hasta que no se comienzan a implementar esas medidas a través del Congreso y del Ejecutivo, la sociedad civil no se mueve y sigue en pie”, especificó.

Edgardo Buscaglia destacó que siempre que un país enfrenta una crisis como la que hoy vive México, hay una esperanza, de un resurgimiento. Foto: Cuartoscuro
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–¿Hay una crisis de gobernabilidad en México, con todo lo que estamos viendo, los saqueos en las tiendas?

–Eso es una señal de que el país está tocando de a poco fondo, todavía no tocó fondo, pero lamentablemente es un indicador. Sucedió en Argentina en el 2000, recordarás que los argentinos tuvieron una gran crisis en donde quemaban almacenes y demás, y eso generó toda una reforma política conducente.

Esas crisis hay que tomarlas con mucha preocupación porque existe violencia, pero también como un catalizador de posibles movimientos sociales unificados con millones de personas que empujan por una sola reforma madre para partir de ahí y comenzar a limpiar el mercado político. Con la clase política, con el mercado político que hoy tienen, no puedes tener otro tipo de leyes que no sean mafiosas, por más que gente honesta y con buena voluntad quiera pensar diferente.

El investigador afirmó que México nunca ha tenido gobernabilidad democrática, pues desde la Revolución Mexicana hasta la década de los 90 sólo hubo una “gobernabilidad autoritaria” y una “democracia maquillada”.

“Hay que construirla comenzando con dos pilares fundamentales: un sistema político electoral que haga que llegue gente honesta, sin compromisos mafiosos ni corruptos al poder, con tres tipo de controles patrimoniales y con un marco de regulación de la sociedad civil para que miles y miles de organizaciones civiles comiencen a auditar. Cuando digo auditar es un térmico técnico en todos los ámbitos del Estado, desde lo municipal, hasta lo federal”, señaló.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Shaila Rosagel
http://www.sinembargo.mx/07-01-2017/3133472

viernes, 30 de diciembre de 2016

El abuso de poder en México seguirá si la sociedad civil no audita al Estado, dice Buscaglia

Para el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en el nuevo marco legal anticorrupción que se discute hace falta que se incluyan mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones. Sobre todo, en la nueva Fiscalía General, cuya autonomía deberá estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público: “Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas…”, alertó en entrevista con SinEmbargo.

En el tránsito de México a la democracia, el combate a la corrupción fue finalmente colocado este 2016 el centro de la discusión política. El pasado 5 de junio, por ejemplo, de acuerdo con el análisis de los partidos, motivó el “voto de castigo” a los partidos en el poder en estados cuyos hoy ex mandatarios estaban acusados de este tipo de abusos, como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo, entre otros.

Fue también el año de publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional Anti-corrupción, que obliga la coordinación de al menos siete entidades en contra de estos delitos: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.

Y fue, también, el año en el que al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil le siguió la eliminación de un artículo que daría al cuestionado abogado priísta Raúl Cervantes Andrade, actual Procurador General de la República, pase automático para ser nombrado el próximo Fiscal de la nación.

Pero el camino hacia un efectivo combate al abuso de poder político es todavía largo para México, dice el académico e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia.

Hace falta que el nuevo marco legal anticorrupción que se discute incluya, dice, mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones.
Sobre todo, insiste Buscaglia, sobre la nueva Fiscalía General, cuya autonomía no llegará por nomenclatura, sino que debe estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público.

“Las democracias modernas, todas, tienen redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema Judicial; a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal”, dice Buscaglia en entrevista.


“En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoría de la sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil. Eso tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana ahora para el caso del Fiscal General: establecer una capacidad auditora de sociedad civil por ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”, agrega el también autor de títulos como Lavado de dinero y corrupción política: el arte de la delincuencia organizada y Vacíos de poder en México: el camino hacia la seguridad ciudadana, entre otros.

–En México se pospuso la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es tu análisis de todo el proceso?

La experiencia internacional, que es la única que me da fundamentos para lo que recomiendo, es bastante clara: en países donde las instituciones del Estado adolecen de niveles de confianza paupérrimos, como es el caso de México, o como era el caso de Guatemala o el de Colombia o el de Italia, lo que tienes es que se necesitan instituciones adecuadas para que los fiscales sean, primero, autónomos en la práctica y no solamente en el texto de la Constitución, e instituciones mucho mas fuertes que las que uno observa en países con una tradición de Estado de Derecho y de democracia, como Francia, Alemania o de Estados Unidos, que no necesitan instituciones tan restrictivas para el nombramiento de sus fiscales generales.

En el caso de países donde han sido ampliamente penetradas sus instituciones del Estado, como es el caso de México, lo que necesitas es separar el mecanismo. Una de las características de los casos de éxito es separar el nombramiento y la nominación, la postulación del Fiscal general, separar los candidatos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

–¿Quién lo nombraría?

Tendrías que tener una comisión de postulación, de tres o cuatro candidaturas que después se lleven al Senado, y que esa comisión no esté formada por representantes del Estado, sino que deben ser dos o tres representantes de asociaciones de víctimas, dos decanos de Derecho, un presidente de la barra de abogadas, pero que tuviera dientes, no como en México, que no tienen ningún tipo de control de calidad sobre la calidad de sus abogados; pero en los países donde sí existe una barra de abogados fuerte, como Argentina, ahí tiene mucha influencia en la selección de postulaciones. ¿A qué me refiero? A las listas iniciales de candidatos, que tiene que estar elevada por una comisión constitucional de postulación, que revisen tres o cuatro candidaturas. Y una vez que estas tres candidaturas se elevan al Senado, se tienen que sujetar a lo que indique la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en cuanto a los requisitos de los candidatos, que tienen que ser abogados, sin antecedentes penales, con ciertas características. Y luego el Congreso en pleno tiene que evaluar a estos tres candidatos, no sólo el Senado, aunque después las dos terceras partes del Senado sean las que tienen que votar. Es decir, que se le tiene que dar también una capacidad a la Cámara de Diputados para que puedan emitir juicios sobre las precandidaturas, pero no pueden empezar a incorporar amigos o a “carnales”, como le dicen en México, o a otros candidatos que envíe el Presidente o que envíe el Senado. Entonces sí, ahí sí, si quiere Cervantes someterse a la postulación de esa comisión de sociedad civil, que vaya y que le den una oportunidad. Pero tendría que pasar por ahí.


Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas y así de mal estaban las cosas en Italia, en Colombia y en Guatemala.

Entonces, hay que separar la postulación, hay que eliminar ese ‘pecado original’ del postulado, que es el quién te postula. Ya el hecho de que te postule alguien de los partidos, ya eso implica una mancha en la imagen y, por tanto, hay que eliminarlo.

–¿Qué detalles te han llamado la atención de la discusión?


Ante todo, la sociedad civil, felicidades. La sociedad civil, que al menos yo veo, se movió ante lo de Cervantes y forzó al Presidente a recular, y eso es bueno y hay que felicitar y acreditar esa reacción. No llevaron millones a las calles, como hicieron en Italia o como hacen en los países realmente democráticos, pero digamos que es mejor que nada.

Pero cuando veo las conferencias, no se animan a forzar estas mejores prácticas internacionales, como la que acabo de mencionar, que darían un rol a la sociedad civil a través de la comisión de postulación (del futuro Fiscal), técnica, que tiene que estar constitucionalmente establecida. Eso es lo que tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana para que las postulaciones, los nombres, surjan de la sociedad.

Después de esto, olvídate por un minuto del Fiscal, tienes que tener una ley orgánica de agentes del ministerio público, que establezca un servicio civil de carrera totalmente autónomo, como el que establece la colombiana, un servicio civil de carrera fuerte, que reevalúe a todos los miembros de la PGR [Procuraduría General de la República] y de las fiscalías de los estados; que los someta a mecanismos de evaluación, de exámenes, nuevamente para ver quién puede pasar o no estos aspectos técnicos para que puedan seguir o no trabajando en las fiscalías o ministerios públicos, pero tiene que haber un servicio civil de carrera, con mecanismos de nombramiento, mecanismos disciplinarios.

En cuanto a éstos, la sociedad civil tiene que estar también involucrada a través de una comisión en la que no sean sólo inspectorías internas las que decidan si a alguien se le remueve como agente del ministerio público, sino que también tiene que haber una comisión auditora de sociedad civil, que a través de denuncias sociales o de víctimas se pueda evaluar los casos de agentes del ministerio público acusados de corrupción o de diferentes tipos de faltas. Ese tipo de mecanismos todavía no están propuestos en la Ley General Orgánica del Ministerio Público; por tanto, los requisitos de nombramiento y remoción a través de comisión de sociedad civil y de una inspectoría interna no están ni siquiera propuestos.

Edgardo Buscaglia explicó que este tipo de inspectorías internas deben realizar revisiones patrimoniales al azar. Sin embargo, alertó, que como en el caso de la Ley Tres de Tres, no basta con que se presenten las declaraciones patrimoniales, además aún se tienen que someter a auditorías esas declaraciones.

“Estas auditorías además tienen que estar financiadas autónomamente, no sujetas al nombramiento del Fiscal General. Las democracias modernas, todas, tienen este tipo de redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema judicial, a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal. En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoria de sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil”, agregó.

En el caso del futuro Fiscal General, consideró el investigador, la propuesta desde la ciudadanía debe proponer que se establezca “una capacidad auditora de sociedad civil por Ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”.

“Después tienes el tema de los órganos de control de la Fiscalía General por parte del Poder Legislativo. El control técnico de los órganos autónomos está ausente en el Legislativo, donde podría haber un proceso de comparecencias no anual, como sugirió un Senador, no: todos los meses, el Fiscal General tendría que comparecer ante una comisión técnica de control del Poder Legislativo, a la que le dé cuentas investigación por investigación para ver si cumplen con el orden jurídico vigente y con convenciones de Derechos Humanos”, precisó.

Buscaglia destacó que este tipo de comparecencias técnicas ya son implementadas en Francia, España y Estados unidos.

“Cada investigación del FBI hay una subcomisión del Congreso norteamericano que la evalúa a través de un plantel técnico de servicio civil de carrera que se llama el Congressional Research Service, que son empleados sujetos a un servicio civil de carrera, que están detrás de las comisiones de Congreso, para que cuando el director del FBI vaya mensualmente a comparecer ante la subcomisión –a puerta cerrada o abierta, dependiendo de la causa– el punto es que tiene que dar cuentas técnicamente hablando ante la subcomisión del Congreso. Claro, envía el reporte una semana antes para que los legisladores lo puedan evaluar con la ayuda técnica del plantel de servicio civil de carrera”, ejemplificó.

El académico puntualizó que este tipo de control técnico Legislativo es necesario en toda democracia, para que ésta pueda llamarse así. Alertó que es preciso que la evaluación debe ser legislara desde ahora para que se establezca dentro del marco jurídico para el nombramiento del Fiscal General.

Señaló que “los países que han tenido resultados positivos en sus nuevas fiscalía autónomas han tenido fiscales autónomos sometidos a una comparecencia técnica mensual, en la que cada investigación es evaluada por las subcomisiones del Congreso”.

“Eso es ciencia ficción en el congreso de México. Pero voy a poner un ejemplo: en Uruguay y en Colombia, la comisión del Congreso que se dedica a hacer comparecer al Fiscal le exige que, en cada investigación por delincuencia organizada o asociación ilícita, que presente cinco investigaciones paralelas para abarcar a toda la red criminal, sea caso de corrupción política o sea caso de delincuencia económica privada. Ahí te das cuenta por qué funciona; no porque se llama autónoma, sino porque el Congreso exige que esas cinco investigaciones también estén: la penal, financiera, patrimonial, tributaria y la investigación por extinción de dominio, que en México es otra simulación”, destacó.

Finalmente, el investigador consideró que “con ese monitoreo legislativo ya encuentras una presión para que la Fiscalía funcione. No por ser autónoma va a funcionar; no es una panacea la palabra “autónoma”, por más que el Fiscal sea nombrado autónomamente, tienes que asegurarte que el monitoreo sea técnico”.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/30-12-2016/3131109