El Congreso está contribuyendo a levantar una muralla más en torno del Ejército. Muy lejos de su papel de equilibrio de poderes –básico en una sociedad democrática–, los llamados representantes populares están dejando a “la buena fe” del Ministerio Público federal la investigación de esa matanza que exhibió a México ante el mundo como un país donde agentes del Estado cometen delitos de lesa humanidad.
La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional decidió, por motivos que sólo los partidos conocen, excluir al titular de la Sedena, general de división Salvador Cienfuegos, de la reunión que tuvieron el jueves 15 con integrantes del gabinete de seguridad del Ejecutivo federal.
Asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; el procurador Jesús Murillo Karam: el comisionado nacional de Seguridad, Alejandro Monte Rubido, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz. No acudió el alto mando del Ejército, como si nada tuviera que ver con la crisis de gobernabilidad en México.
En sus nueve años de existencia, la Comisión Bicameral ha demostrado ser absolutamente marginal, intrascendente. Ha sido, acaso, testimonial. Se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en agosto de 2005 a finales del gobierno de Vicente Fox.
De entonces a la fecha, en el país han ido creciendo las amenazas a la seguridad nacional, haciendo cada vez más difícil las condiciones de vida para el Estado mexicano, sus ciudadanos y su desarrollo político.
El Estado ha ido perdiendo control territorial a manos de una delincuencia organizada que en Iguala, Guerrero, mostró su real dimensión: el control de los municipios, como base de la organización política y administrativa del país.
Munícipes y síndicos han pasado de protectores a integrantes de las organizaciones delictivas, dejando que la cosa pública quede en manos de esos grupos.
Las consecuencias han sido catastróficas para la población, como lo demuestran Iguala y Tlatlaya, donde agentes del Estado y sus asociados dedicados al exterminio actuaron para controlar a opositores políticos o presuntos rivales en sus actividades delictivas.
Pero para el Congreso esos dos casos merecen un tratamiento distinto, por separado, a pesar de tratarse en ambos de violencia institucional, sólo que en Iguala fue con el apoyo de privados.
Por el caso Iguala se discute la eventual desaparición de poderes en Guerrero. Por Tlatlaya, nada. No se atreve a llamar a cuentas al Ejército, dejando que la PGR construya una “verdad jurídica” de la matanza de civiles.
Por más delincuentes que pudieran haber sido las víctimas, como lo relató la reportera Jesusa Cervantes en la edición del semanario Proceso que circula esta semana, el Estado mexicano no puede dar una respuesta criminal.
Frente a las Fuerzas Armadas, los congresistas mexicanos abdican. Renuncian a su soberanía como Poder del Estado. En el extremo, ni las mínimas formas democráticas respetan cuando van al despacho del general secretario en turno como parte de “la glosa” de los informes de gobierno. Una vergüenza para la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes.
El Ejército tiene así todo el espacio para actuar como orden sin que sus mandos tengan que responder a nadie. Sólo así se entiende que hasta ahora sólo tres soldados “desobedientes” de las reglas militares y un sargento que los encubrió estén ahora indiciados como responsables de la matanza.
Sin escrutinio alguno, el Ejército ha decidido quitar del mando de la 22ª Zona Militar, a la que pertenece el 102 Batallón de Infantería, al general José Luis Sánchez León, a quien sólo por trascendidos periodísticos se le señala como parte de las investigaciones. Fuentes oficiosas dicen que el general fue enviado al Estado Mayor de la Sedena, en la Quinta Región Militar, en Jalisco.
Mucho menos se sabe del coronel al mando del batallón, de quien dependían directamente los señalados como responsables de los homicidios.
De la manera en que se cierre el expediente de Tlatlaya y su eventual falta de esclarecimiento será también responsable el ausente Congreso mexicano.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
