Juchitán, Oax. Ejidatarios de la agencia municipal Estación Sarabia que pertenecen a la localidad de San Juan Guichicovi retuvieron la tarde del jueves cinco unidades de motor de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la falta de cumplimiento de pago de afectaciones y limpieza de un derrame de hidrocarburo ocurrido el pasado 22 de julio, y que afectó tanto el arroyo como 20 kilómetros de parcelas. La mañana del jueves, personal de Pemex arribó a bordo de las cinco unidades a la comunidad para realizar el saneamiento del derrame ocurrido. Sin embargo, los ejidatarios y campesinos. al ver la falta de equipo y una mala coordinación, decidieron retener los vehículos y pidieron una reunión urgente con Raúl Gil Escobar, super superintendente de la refinería Antonio Dovali Jaime, ubicado en el puerto de Salina Cruz.
Los ejidatarios explicaron que Pemex no cuenta con el personal adecuado para limpiar, es decir, no están capacitados, por lo que exigen se contrate una compañía que haga bien su trabajo y que realice el saneamiento en su totalidad, pues la contaminación de hace seis días se ha extendido hasta el río Sarabia.
El Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la Presa La Parota (CECOP) obtuvo la resolución favorable del Tribunal Unitario Agrario (TUA) para que el empresario Humberto Marín Molina en 30 días naturales deje de explotar los recursos pétreos del Río Papagayo y retire totalmente su maquinaria. En caso de no acatar la resolución judicial, se hará uso de la fuerza pública para desalojarlo y cumplir la sentencia. Con esta resolución del TUA, dictada por el magistrado Francisco Hernández Báez, la CECOP logra un triunfo importante y demuestra que su lucha en defensa de la tierra y el territorio es legítima.
En esta ocasión el fallo sería definitivo, luego de dos sentencias que emitió el Tribunal Federal anteriormente.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Sala Especializada en Materia Ambiental ordenó al Cimari de General Cepeda, Coahuila, reponer un estudio de impacto ambiental luego de que fuera declarada la nulidad de éste. El colectivo “Sí a la Vida” informó ayer que existe una resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Sala Especializada en Materia Ambiental en el que se determina que se debe reponer este trámite toda vez que nunca se realizó, sostuvo el abogado Max Hernández. “Que los estudios de impacto ambiental deben ser realizados con el detalle requerido de acuerdo a la naturaleza del proyecto, y en su caso, señalar las deficiencias que pudieran encontrar; y se indique si existe alguna problemática en la zona donde se pretende realizar el proyecto”, afirma el documento presentado por el litigante.
Aunque estos estudios fueron solicitados por la Semarnat al organismo de ‘Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua’ para su opinión técnica con el fin de realizar análisis de los estudios hidrológicos y geohidrológicos de la zona, la dependencia no obtuvo los resultados al momento en que entró en operaciones el confinamiento.
El juicio de los tres magistrados de la Sala Especializada en materia ambiental determinó que la resolución de la Semarnat resultó infundada, inatendible, y por ende en el Artículo V de la resolución se declaró la nulidad de ésta para la operación del confinamiento. “El Cimari estaría operando de manera ilegal desde su apertura”, señaló el abogado representante de este colectivo que integra a los habitantes del ejido Noria de la Sabina, donde se ubica el centro de residuos. En esta ocasión, el fallo sería definitivo, puesto que los integrantes de dicho colectivo aseguran que el Cimari se enfrentó a dos sentencias anteriores que emitió el Tribunal Federal; una interlocutoria y otra provisional, en la que se prohibían las operaciones del confinamiento y los permisos otorgados por la Semarnat desde febrero, y fueron reafirmadas en octubre de 2016, aunque nunca fueron presentados los documentos oficiales, ni las notificaciones a ninguno de los dos sujetos enjuiciados. Hasta ahora, el proyecto promovido por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de C.V. (Semsa), sigue en operaciones, y el abogado Max Hernández, comentó que incluso la empresa podría promover un amparo contra el dictamen hasta 15 días después de ser notificados.
Hernández explicó que están a la espera de que la Sala Especializada en Materia Ambiental les otorgue la Aclaración de Sentencia, para que determine la suspensión de manera definitiva, toda vez que temen que por ambigüedades del dictamen, la empresa pueda lograr el amparo. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-03-2017/3168650
APASEO EL GRANDE, Gto: Funcionarios del gobierno del estado, acompañados por un notario público y elementos de las fuerzas de seguridad estatales, se presentaron este viernes ante ejidatarios de Caleras de Amexhe para notificarles que deben desalojar sus tierras, ya que éstas “fueron expropiadas y serán entregadas a Toyota”.
Sin embargo, hijos del dueño del predio de 7.5 hectáreas señalaron que aunque se les depositó una cantidad, no se ha liquidado el monto de la expropiación, además que “estamos en negociación porque no estamos de acuerdo con lo que el gobierno quiere pagar, y no es justo que nos echen para fuera así nomás”. Empleados de la Secretaría de Desarrollo Económico se presentaron con el notario Jorge Durón a fin de consumar el desalojo. Incluso, llevaron grúas para retirar la maquinaria agrícola con la que los campesinos del lugar estaban preparando la tierra para sembrar. Guillermo Ledezma, uno de los campesinos, dijo que ocho familias viven de trabajar 7.5 hectáreas que están a nombre de uno de los ejidatarios (hijos del dueño), y de ellas sacan 130 toneladas de maíz durante seis meses del año y 49 toneladas de cebada los otros seis meses. Por ello, aseguró que no han aceptado que el gobierno les pague 1.4 millones de pesos por hectárea, sino que piden 2.5 millones “y, cuando termine la negociación, les dejamos las tierras”. “Dicen que van a expropiar porque ya habíamos perdido, no muestran orden ni nada. No estamos de acuerdo con que paguen como ellos quieren”, dijo. Mientras tanto, hombres y mujeres del ejido que se encontraban en el lugar no se movieron del terreno. Después de un par de horas, los funcionarios y el notario optaron por retirarse del lugar, junto con los elementos de las fuerzas del estado. A mediados del año pasado se conoció que exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados a un poderoso grupo empresarial de Monterrey (Garza Ponce), sacaron ventaja de la compraventa de los terrenos para la instalación de la armadora automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, pues crearon una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares, los cuales revendieron al gobierno del estado a un precio mayor. El gobierno del estado pagó por lo menos 290 millones de pesos más por esta intermediación, en una operación que según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez fue legal y no presenta irregularidades, aunque se ha negado a abrir la información sobre los procesos de adquisición.
GUADALAJARA, Jal: Ejidatarios de El Zapote lograron su objetivo de frenar el proyecto de remodelación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara al clausurar este miércoles tres obras en proceso.
El viernes anterior los ejidatarios negociaron con autoridades del gobierno federal y estatal el pago de 300 hectáreas que les fueron expropiadas. Los afectados esperaban que les ofrecieran alrededor de 2 mil millones de pesos, sin embargo, el avalúo de la autoridad arrojó únicamente la cantidad de 61 millones. Los ejidatarios rechazaron la oferta y advirtieron que tomarían de nueva cuenta el estacionamiento del aeropuerto. Este día, a las 10:30 horas, un contingente de 200 ejidatarios invadió uno de los carriles de la carretera a Chapala a partir del kilómetro 14, rumbo al aeropuerto de Guadalajara, donde los esperaban elementos de la policía estatal. Al llegar, se dirigieron al estacionamiento del aeropuerto, donde colocaron mantas para exigir el pago de sus terrenos. En una de ellas se advierte: “El Ejido reclama únicamente lo que nos arrebataron hace 50 años”. En tanto, algunos ejidatarios se colocaron afuera de la sala de abordar. Esto ocasionó afectaciones mínimas a los pasajeros que arribaban o estaban a punto de tomar un vuelo. Y cerca de las 15:30 lograron su objetivo de clausurar las obras. El abogado del ejido, Sergio Arturo, aseguró que es un acto legal, puesto que los inconformes cuentan con una carta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les permite detener la maquinaria mientras se resuelve el asunto. “No pagan, no tienen derecho a seguir trabajando, dicha ejecutoria da un lineamiento para que se haga ese pago, el cual debe realizarse asignándole un precio por metro cuadrado de tierra que fue expropiado, porque tienen ilegalmente el aeropuerto”, justificó el asesor del ejido. Los ejidatarios mantendrán una guardia de 24 horas para evitar que las obras continúen. El presidente del ejido, Nicolás Vega Pedroza, confirmó que proseguirán con su plan de evitar que continúen las obras del aeropuerto, puesto que estas son arbitrarias. Recordó que la sentencia que obtuvieron por parte de un tribunal federal impide hacer este tipo de intervenciones. “Vamos a parar las obras pase lo que pase. Tenemos los recursos legales que nos respaldan para que nos den el pago justo”, advirtió Vega.
CIUDAD DE MÉXICO: Ejidatarios de La Sierrita de Galeana, Durango presentaron una demanda de amparo por la demora en la resolución de la demanda que interpusieron desde 2012 por rescisión del contrato que firmaron con la empresa minera Excellon de México SA de CV.
Dicho amparo fue presentado después de siete meses de que el expediente 683/2012 fue turnado para que se dictara sentencia y a la fecha no se ha emitido resolución por parte del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto, denunciaron los ejidatarios que fueron acompañados por la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) al presentar la demanda. Juan Antonio López, coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, indicó que la falta de sentencia “vulnera el derecho humano de acceso a la justicia para el ejido” que según el artículo 17 de la Constitución debe ser “de forma pronta y expedita”.
Excellon de México, detallaron los ejidatarios en un comunicado, inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004, utilizando 27 hectáreas por 30 años por lo que hizo un pago único por un millón 200 mil pesos. Después de diversas inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, el ejido intentó llegar a un acuerdo y en 2008 ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de cinco millones 500 mil pesos anuales que aumentarían año con año de acuerdo con la inflación. En ese contrato, detallaron los ejidatarios, se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales como: un fondo social y apoyo en actividades productivas del ejido, una planta tratadora de agua y preferencia a ejidatarios para su contratación en la mina. Sin embargo, denunciaron, la mayoría fueron incumplidas. “Fue así que ante la falta de voluntad y de diálogo por parte de la empresa, en septiembre de 2012, los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda agraria ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila por rescisión del contrato con la minera. Sin embargo, al día de hoy no ha sido resuelta”, señalaron. Además, acusaron, la empresa lleva tres años sin pagar renta, no ha parado sus actividades y sigue explotando la tierra de los ejidatarios.
“Bajo este escenario de omisiones es que se ingresa el amparo, ya que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a dictar sentencia bajo los requisitos, formalidades y tiempos establecidos por ley, mismos que no se han cumplido, y esta falta de respuesta ha ido en detrimento de nosotros, los dueños de las tierras”, subrayó Daniel Pacheco, presidente del Comisariado Ejidal de La Sierrita. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/462118/con-amparo-ejidatarios-exigen-acelerar-rescision-de-contrato-con-minera-excelllon
CIUDAD DE MÉXICO: La mañana del lunes pasado Zeferino Ruiz Mendieta, de 89 años, se encontraba con su hijo Sergio Ruiz García en su casa ubicada en la localidad de Tocuila –en el municipio mexiquense de Texcoco– cuando dos hombres armados irrumpieron en la vivienda, los golpearon, insultaron y robaron dinero y escrituras.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), los agresores acusaron a los pobladores por su “actuación en las asambleas ejidales”, pues ambos forman parte del grupo que se opone al despojo de tierras en la localidad para la construcción de obras relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
“El señor Zeferino quedó con golpes en la cabeza producidos con las cachas de las pistolas, una fractura en su rodilla derecha a causa de golpes con un martillo y otras contusiones en otras partes de su cuerpo, algunas hechas con una plancha de ropa. Sergio Ruiz Mendieta también recibió cachazos en la cabeza y golpes en el rostro, abdomen, tórax y piernas”, denunció esta organización, al recordar que don Zeferino Ruiz “continúa en terapia intensiva”.
El día anterior se reunió la asamblea ejidal de Tocuila, donde el comisariado ejidal Humberto Elizalde “hacía referencias frontales sobre inminentes acontecimientos que involucrarían directamente a los ejidatarios que se oponen a la venta de sus tierras”, aseveró la organización.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se opone a la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, que forma parte del proyecto del NAICM y atravesaría Tocuila, una entidad situada a dos kilómetros de San Salvador Atenco, otro pueblo opositor a las obras aeroportuarias.
Desde el pasado mes de abril se multiplicaron los conflictos entre campesinos y la empresa Cypsa Vise, concesionaria del proyecto carretero.
La empresa promovió dos denuncias contra integrantes del FPDT y obtuvo el respaldo del Ejército para seguir con la construcción. Los pasados 12 y 27 de abril, los campesinos denunciaron que la institución castrense desplegó una tanqueta para proteger a los trabajadores.
Los pasados 18, 19 y 20 de agosto, un grupo de golpeadores quemó un campamento del FPDT y agredió con palos, piedras y tubos a los campesinos inconformes con la carretera. El 14 de ese mes, el comisariado ejidal aprobó la venta de la tierra comunal por el precio de mil pesos por metro cuadrado a raíz de una asamblea ejidal amañada, denunció el FPDT.
Autoridades ejidales y comunales de los Valles Centrales de Oaxaca exigieron al gobierno estatal la cancelación de los proyectos mineros en la región, pues provocan división social y confrontación entre habitantes y comunidades, además de la contaminación ambiental. Los ejidatarios agregaron que en los últimos años, los proyectos mineros derivaron en enfrentamientos que dejaron un saldo de cuatro muertos y 12 heridos por arma de fuego. Denunciaron que la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, realizó trabajos de exploración en los límites ejidales para ampliar el proyecto minero sin el consentimiento de las asambleas comunitarias. Graciela Pablo Cruz, representante en la región, sostuvo que las empresas hacen uso de químicos que dañan los mantos acuíferos, lo que además provoca daños a la salud de los habitantes.
Por esto, las comunidades afectadas exigen la cancelación del proyecto minero San José y de los otros 14 que fueron otorgados sin el consentimiento de las asambleas por la Secretaría de Economía a las empresas Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. Minera Aurea S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A. de C.V., Continnun Resources México S.A. de C.V., Cia. Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/cancelacion-de-proyectos-mineros-exigen-ejidatarios-en-oaxaca/
Ciudad de México | Desinformémonos. “Interpusimos la demanda de rescisión de contrato porque la empresa minera violó las clausulas, una de ellas fue la que establece que no explorará más hectáreas que las hectáreas acordadas” afirma Daniel Pacheco, Presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita, municipio de Tlahualilo, Durango, días antes de que el Sexto Tribunal Agrario con sede en Torreón, Coahuila resuelva el juicio que involucra a la empresa minera Excellon de México, S. A. de C. V filial de la canadiense Excellon Resources Inc.
Para el ejidatario “el Tribunal tiene en sus manos dictar sentencia en base a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, con imparcialidad y en beneficio de las y los dueños de la tierra en la que ancestralmente hemos habitado”.
Daniel Pacheco, recuerda que en 2004 el Ejido de La Sierrita de Galeana acordó con la empresa Excellon de México la renta de 4 hectáreas de tierra de uso común por 1 millón 200 mil pesos durante 30 años, pero al momento de firmar el contrato en él se estipuló por 27 hectáreas (por el mismo precio). Tras amenazas e intimidaciones las y los ejidatarios firmaron el contrato. Así iniciaron los trabajos de la mina La Platosa.
Cuatro años más tarde, la ausencia de diálogo con la empresa, obligó a los ejidatarios a emprender acciones pacíficas para saber qué sucedía, logrando un acuerdo con la empresa y la firma de un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de 1,100 hectáreas.
La empresa minera, incumplió y violó el contrato acordado, exploró en tierras del Ejido no convenidas, retuvo el pago de la renta a los ejidatarios e incumplió los acuerdos sociales previstos. Todo ello, obligó a las y los ejidatarios a interponer una demanda de rescisión, la consecuente restitución de sus tierras y el resarcimiento de los daños ocasionados.
Dicho contrato establecía clausulas económicas, sociales y medioambientales en beneficio del ejido pero no fueron cumplidas, obligando a la Asamblea Ejidal a emprender una demanda jurídica que actualmente se encuentra en manos del Sexto Tribunal Agrario de Torreón, Coahuila y cuya resolución marcará un precedente a nivel nacional de quienes defienden la tierra, y los bienes naturales en México.
La decisión de las y los ejidatarios responde también a la omisión de la empresa y de las autoridades de cumplir a cabalidad con las clausulas acordadas y que con su incumplimiento afecta a la comunidad y sus derechos “a la tierra, a un medio ambiente sano, al agua libre de contaminación, así como los derechos humanos laborales de trabajadores mineros” como lo afirma Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) organización que acompaña a las y los ejidatarios de La Sierrita.
En este proceso integrantes de la Asamblea Ejidal, así como de la organización PRODESC, han recibido una serie de amenazas, intimidaciones, campañas de desprestigio en medios estatales y nacionales, así como el allanamiento a las oficinas de ProDESC agresiones vinculadas también al acompañamiento jurídico en el caso de La Sierrita.
Otro ejemplo claro ocurrió el 29 de agosto de 2012, cuando a decir de ProDESC “un centenar de elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y la Policía Municipal entraron violentamente a La Platosa intentando desmantelar el campamento pacífico que realizaban los ejidatarios por no tener respuesta claras de la minera. Para octubre de ese mismo año, la empresa llevó a grupos de choque para desalojar violentamente a los manifestantes y utilizó maquinaria de la mina para destruir el campamento donde se desarrollaba la manifestación de los ejidatarios”.
Conscientes de la ubicación del ejido, el cual se encuentra muy cerca de importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, las y los 127 ejidatarios, confían en la resolución del Tribunal y piden a la comunidad nacional e internacional, a las y los defensores de la tierra y el territorio a mantenerse atentos de la sentencia, misma que de resultar positiva garantizará el acceso a la justicia para las comunidades agrarias.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pozol. 26 de julio de 2016. Mujeres vendedoras de comida tradicional de la comunidad de Copoya organizadas en el “Comedor Zoc”, denuncian que el pasado día sábado arribaron al centro de la población para colocar una lona para poder trabajar al siguiente día, tal como lo acostumbran hacer todos los domingos desde hace dos meses. Sin embargo, cuando llegaron a la parte en donde trabajan estaba estacionado un camión. “Se le pidió amablemente al chofer que moviera su carro porque ya no iba a poder salir y contestó que no, porque tenía permiso del agente municipal”, relatan.
Posteriormente las mujeres de origen zoque le marcaron al agente municipal de nombre Jesús Ignacio Jiménez Escobar, para que hablara con el chofer y moviera el camión “Nos contestó molesto que no, porque esa parte no le corresponde al museo de Copoya”.
“Más tarde, llegó el agente municipal y el subagente Guadalupe Gutiérrez Hernández, y dijeron que acudieron para arreglar el problema. Les dijimos que no había ningún problema, sólo que hicieran favor de mover el carro. Muy molestos nos contestaron que no, y que nos iban a echar a la iglesia en contra, porque era un evento de la iglesia y que van a tirar el Museo, porque un pequeño grupo estamos causando problemas en Copoya”, narran las amas de casa.
“Les contestamos que ¿qué problemas? ¿Problemas buscar apoyo para colonias para las mujeres tengan un ingreso’; ¿rescatar la tradiciones; gestionar ambulancias, curso para mujeres?; ¿desasolves de ríos; cirugías gratis a personas de escasos recursos?; ¿solicitar contenedor para basura?; ¿a eso le llama problema?”, cuestionaron las denunciantes.
Las mujeres organizadas indicaron que las autoridades ejidales se fueron muy molestos y dijeron que el asunto lo pasarían con los ejidatarios, que “a ver cómo nos iba”, por lo que hacen un llamado para que se les respete su derecho a organizarse y ocupar el lugar que hasta ahora han utilizado para la venta de comida tradicional, mismo que antes permanecía en el olvido por parte de dichas autoridades.
Presidentes de los comisariados ejidales de los núcleos de Atenco y Texcoco ya traicionaron a los campesinos y se han convertido en instrumento del gobierno federal al permitir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) a cambio dedádivas, acusó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Los representantes de Atenco, Acuexcomac, Tocuila, Francisco I. Madero y Nexquipayac perdieron su razón de ser, la de procurar la preservación y el trabajo de las tierras, al permitir y promover la venta de terrenos para un proyecto aeroportuario que acabará con nuestros terrenos, señaló la agrupación en un comunicado.
Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT, señaló que los comisarios ejidales mienten al decir que los comuneros están en favor del proyecto del NAICM e indicó que, como hace 15 años, usan a los comisariados, que ya no representan a los verdaderos dueños de las tierras.
Con su proyecto aeroportuario viene la destrucción de nuestras comunidades. Vinieron a romper la armonía en nuestros poblados. El gobierno, por conducto de los comisariados, viene a dividir a nuestra gente. Ellos se están enriqueciendo a costa de vender a su pueblo, manifestó.
El FPDT recordó que el pasado 23 de mayo fueron los propios comisarios ejidales quienes, con un grupo de golpeadores y priístas, los expulsaron del plantón que mantenían desde abril pasado en el cerro de Huatepec, para que la Policía Federal ocupara los terrenos ejidales de Atenco y Nexquipayac y permitiera el ingreso de trabajadores que construyen el NAICM.
Los integrantes del FPDT denunciaron que luego del desalojo el gobierno comenzó a vigilar las viviendas de miembros de la agrupación para amedrentarlos.
Actualmente los integrantes del FPDT mantienen dos plantones: uno en la zona ejidal de Tocuila, donde pararon la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, y otro en la zona ejidal de El Paraíso en Atenco, para impedir trabajos.
Pobladores de San Salvador Atenco e integrantes delFrente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), acudieron este sábado 23, cerca de las 11:00 horas a tierras ejidales, donde denunciaron la llegada de maquinaria para dar inicio a la obra del nuevo aeropuerto, así como de una “Ciudad Futura”.
OAXACA, Oax: Autoridades ejidales y comunales de los distritos de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula declararon su territorio libre de la minería, debido a que esos proyectos contaminan sus terrenos de cultivo, afirmó el representante del Colectivo en Defensa de los Territorios, Neftalí Reyes Méndez. El agente municipal de San Matías Chilazoa, Ejutla, Nicolás Cruz Arango, dio a conocer en rueda de prensa la declaratoria firmada por nueve autoridades de Valles Centrales, en la que exigen al gobierno federal y estatal la cancelación de 18 proyectos mineros. La declaratoria será entregada a las secretarías de Gobernación, de Economía y del Medio Ambiente, así como a la CNDH, además de instancias estatales de Turismo y Desarrollo Económico, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Secretaría de Asuntos Indígenas. Además, el comisariado ejidal de Monte del Toro denunció que la minera Cuzcatlán pretende ampliar su área de operación, pues está perforando otras áreas cercanas a sus ejidos, donde hay más de 100 invernaderos que producen toneladas de tomate y su preocupación radica en la eventual contaminación de sus productos. El secretario técnico del colectivo resaltó que en la región de Valles Centrales hay 18 proyectos mineros, de los que dos se encuentran en producción comercial de oro y plata, el de San José del Progreso y San Pedro Totolapan, autorizados en 2004 y con vigencia de 50 años. Luego adelantó que las comunidades acordaron promover acciones legales y pacíficas para hacer respetar estos acuerdos y prohibir todo tipo de actividad relacionada con la minería, actividad que sólo ha dejado violencia, como en el caso de San José del Progreso, donde de 2010 a 2012 se contabilizan cuatro muertos, dos del ayuntamiento y dos defensores del territorio, así como ocho lesionados, aparte de que cinco defensores cuentan con medidas cautelares. Así, los comisariados ejidales y comunales de Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac prohibieron de manera estricta la emisión de autorizaciones para realizar estudios de prospección, exploración y explotación minera en la región. En los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor de 90% del territorio de estas comunidades a las empresas mineras Cuzcatlán SA, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines; Minera Aurea SA, Cia Minera y Metalúrgica Ejutla SA y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado a los pueblos.
Los inconformes exigen la cancelación de los títulos de concesión minera denominados San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracción 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracción 2, Ejutla Fracción 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracción 1, Los Ocotes Cinco Fracción 2, Los Ocotes y Los Ocotes Seis Fracción 1, que afectan una superficie de 49 mil 376 hectáreas de su territorio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422110
El área protegida de Punta Laguna ha sido defendida con denuedo por los ejidatarios de Valladolid, en el estado de Yucatán. Desde hace años han sido despojados de grandes cantidades de tierras, los han hecho víctimas de sanciones y “rasuramientos” para manipular las asambleas. Recientemente el secretario general de Gobierno de Yucatán, Roberto Rodríguez Asaf, y el asesor Rafael Acosta Solís les propusieron un pacto para mantener la parcelación del ejido y para que la zona sea administrada por el gobierno estatal. Los pobladores inconformes, quienes con machetes impidieron un desalojo en los años noventa, dicen ahora que no aceptarán la propuesta y advierten: “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”.
VALLADOLID, YUC: A mediados de los noventa, el padre y los tíos de Mariano Canul Abán repelieron con machete en mano a policías estatales que pretendían desalojarlos de Punta Laguna para dar cumplimento a un acuerdo de permuta de tierras establecido por los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán. Más de 25 años después, Mariano y los pobladores de Punta Laguna, hoy Área Natural Protegida (ANP), están dispuestos a empuñar otra vez los machetes para impedir que los desaloje Rafael Acosta Solís, exfuncionario del gobierno de Yucatán vinculado con la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y respaldado por el actual mandatario estatal, Rolando Zapata Bello. Punta Laguna, lugar conocido como santuario del mono araña, se ha convertido en un nuevo Holbox, en donde grupos económicos y políticos no sólo pretenden despojar a indígenas mayas de sus tierras, sino apoderarse de una reserva natural para la construcción de un desarrollo turístico en una zona estratégica entre la Riviera Maya, de Quintana Roo, y Valladolid, Yucatán, la segunda ciudad más importante de esta entidad. Procedentes de Chemax, el abuelo de Mariano, Ignacio Canul Tun, y sus hermanos Domingo y Marcos fueron fundadores en los años sesenta de esa pequeña comunidad en medio de la selva que, si bien colinda con Quintana Roo, pertenece al ejido y al municipio de Valladolid. Al principio se dedicaron a la explotación del chicle y a la agricultura, hasta que la zona fue declarada Área Natural Protegida (ANP), con el nombre de Otoch Ma’ax Yetel Kooh (Casa del Mono y el Jaguar). El 5 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del ANP de Otoch Ma’ax Yetel Kooh, con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), bajo la administración del ejido de Valladolid. Los pobladores dejaron el chicle y la agricultura tradicional para dedicarse a actividades turísticas sustentables, consistentes básicamente en el avistamiento del mono araña en esta ANP, en donde hay unos 400 ejemplares. Ejidatarios y sus hijos, agrupados en la cooperativa Najil Tucha, entablaron, hace nueve años, un acuerdo para la explotación del ANP Ma’ax Yetel Kooh con las entonces autoridades del ejido de Valladolid. El convenio entre la cooperativa y el ejido consiste en una “concesión” por 30 años, con una contraprestación de 4 mil pesos mensuales. El ejido de Valladolid cuenta con cuatro polígonos que están separados y que son denominados: Zaciabil, de 340 hectáreas, en la periferia de la ciudad; Papagayo, de 3 mil 600; San Antonio, de 3 mil 600, y Punta Laguna, de unas 30 mil hectáreas, incluida la APN de Otoch Ma’ax Yetel Kooh. Pero las cosas empezaron a cambiar en 2013 para las 40 familias de Punta Laguna y los 704 ejidatarios de Valladolid, ya que el entonces presidente del Comisariado Ejidal, Leonardo Pech Un, de buenas a primeras determinó fraccionar el polígono Zaciabil. Proceso se reunió con un grupo de ejidatarios en un domicilio del barrio de San Francisco, de Valladolid, quienes narraron la manera en que Rafael Acosta Solís, en complicidad con dirigentes comunales, ha realizado una serie de acciones para parcelar todo el ejido, con el último fin de apoderase de Punta Laguna. El primer problema de Leonardo Pech es que necesitaba una mayoría calificada de la asamblea –75% del total en primera convocatoria y la mitad más uno en la segunda, de un conjunto de 704 ejidatarios inscritos en el padrón– para fraccionar Zaciabil. La última vez que se logró la mayoría calificada fue en 1998, y en asambleas recientes la participación no ha superado los 350 ejidatarios. Para resolver este inconveniente, el presidente del Comisariado Ejidal se dedica a sancionar a ejidatarios y a separarlos de sus derechos con el objetivo de reducir el número total a efecto de obtener el quórum legal. La purga y la explotación El ejidatario Miguel May señala que empezaron a ser sancionados sin mediar el elemental derecho de audiencia. En medio de este proceso de purga de ejidatarios apareció Rafael Acosta Solís como “asesor legal del nuevo presidente del Comisariado Ejidal, José Matilde Cervera Dzul, quien formó parte de la Comisión de Reparto durante la administración de Leonardo Pech”, explica. En ese entonces poco se sabía en Valladolid de Rafael Acosta, quien había sido subprocurador general de Justicia y posteriormente fue parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado –en la administración de Ivonne Ortega–, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y actualmente diputado federal. En marzo de 2014 se realizó una asamblea que tuvo tres puntos principales: el primero fue la lotificación y parcelamiento de las 324 hectáreas del polígono Zaciabil; el segundo, la suspensión de 245 ejidatarios, entre ellos opositores a la lotificación del ejido; y el tercero, formalizar la contratación de los servicios de Rafael Acosta como asesor del ejido. Pero lo que más llamó la atención fue la manera en la que se pagarían los honorarios de Acosta Solís: se determinó que fuera 20% “de lo que se haga”, según consta en el acta de asamblea. El primer pago para Acosta Solís consistió en 20% por las 94 hectáreas del polígono San Antonio, y la proporción correspondiente por los 840 mil pesos que el ejido recibió por la ampliación del periférico de la ciudad de Valladolid. Más aún, los servicios de Acosta Solís no se reducirían a Zaciabil, sino que abarcarían los cuatro polígonos del ejido Valladolid, que suman 36 mil hectáreas y que incluyen a Punta Laguna. Por todo, Rafael Acosta recibiría 7 mil 200 hectáreas, una extensión que supera la reserva de Punta Laguna, que es de 5 mil 300. En contraste, cada ejidatario obtendría, en caso de la parcelación de todo el ejido, unas 37 hectáreas. Una vez concretado el reparto de Zaciabil, al año siguiente José Matilde Cervera y Rafael Acosta organizaron otra asamblea para parcelar todo el ejido, incluido el polígono de Punta Laguna. El 29 de marzo de 2015 se efectuó la asamblea, con el padrón rasurado, pero no sólo 245 ejidatarios fueron suspendidos, sino que además no dejaron pasar a otros que contaban con derechos, y permitieron el acceso a personas que no eran ejidatarios. Por primera vez hubo granaderos de la Policía Estatal, y en la asamblea participó un representante de la Secretaría de Gobierno de Yucatán, al que los entrevistados dicen no haber reconocido. A fin de cuentas, fue aprobada la lotificación, pero sin planos del parcelamiento. El 19 de abril se realizó otro asamblea sin dar vista a todos los asistentes del acta de la anterior y cuando ya había concluido el castigo de 245 ejidatarios. Dicha asamblea tuvo el propósito de sancionar a más ejidatarios para no sólo alcanzar el quórum legal, sino también para borrar cualquier disidencia ante el parcelamiento. Y con la disidencia plenamente suprimida, se convocó a otra asamblea para el 20 de septiembre. Entre sus fines, ratificar a Rafael Acosta como asesor legal y acabar con el contrato con la cooperativa Najil Tucha. La sesión tuvo un mal inicio, pues ingresaron personas que no eran ejidatarios y no fueron nombrados en el pase de lista. Los “rasurados” iniciaron entonces una trifulca que derivó en la detención de siete “opositores” y tres partidarios de José Matilde Cervera. El Comisariado convocó a otra asamblea para el 4 de octubre, también en la Casa Ejidal. Desde el día 3, policías estatales resguardaron la Casa Ejidal; en la fecha de la asamblea se impidió el acceso a los disidentes y, de nuevo, dejaron entrar a personas que no son ejidatarios. Se aprobó la ampliación del contrato de Acosta Solís, quien, ante las inconformidades expresadas por sus altos honorarios, aceptó reducir el porcentaje de su pago a 12%. Aunque, en realidad, la operación de la lotificación de los cuatro polígonos del ejido ya estaba concluida, con la tarifa de 20%. La asamblea también determinó finalizar unilateralmente el contrato con la cooperativa Najil Tucha. Por lo pronto, los “opositores” han presentado recursos para revertir las asambleas en las que se lotificó el ejido, aun cuando ignoran la magnitud del daño y cuáles fueron las tierras con las que se cobró Rafael Acosta Solís, pues Matilde se niega a proporcionar copias de las últimas asambleas. Medio de subsistencia Punta Laguna es una comunidad de unas 40 familias. Todas dependen del ecoturismo y de la zona protegida, precisa Mariano Canul Abán, presidente de la Cooperativa Najil Tucha. “Los hombres somos guías. Hacemos paseos a la laguna, a la selva, a los cenotes. Las mujeres elaboran y venden artesanías”, refiere. Cuando el ahora expresidente del Comisariado Ejidal Leonardo Pech les dijo hace dos años que la cooperativa, en vez de pagar como contraprestación 4 mil pesos mensuales, tendría que aportar 25% de sus ingresos, los cooperativistas rechazaron las nuevas condiciones y le dejaron en claro que la concesión y sus términos eran por 30 años. En marzo de este año, Matilde Cervera se negó a continuar recibiendo las aportaciones de los miembros de la cooperativa, para después acusarlos de que habían dejado de pagar 4 mil pesos mensuales. Bajo ese argumento, el pasado 4 de octubre Matilde Cervera puso a consideración de la asamblea retirar la concesión a la Cooperativa Najil Ticha, lo cual fue aprobado. Su intención es, acusa Canul Abán, desalojarlos para hacer un desarrollo turístico con los terrenos que obtuvo como pago por sus servicios al ejido Rafael Solís. Por lo pronto, los cooperativistas ya recurrieron a un amparo contra la asamblea, que fue avalada por las autoridades agrarias. Además, los ejidatarios disidentes también han tratado de llegar a un acuerdo político con el apoyo del gobierno del estado. El 28 de mayo de este año, un grupo de ejidatarios, entre los que se encontraba Armando Hoil Uicap, se reunieron con el secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, en un encuentro donde también participó Rafael Solís. El colaborador del gobernador Zapata Bello les propuso un acuerdo, relata Hoil Uicap, y explica: “Nos ofrecieron las mejores tierras a cambio de que abandonemos a los compañeros ejidatarios”. El trato consistía en mantener los acuerdos para parcelar el ejido, aunque Punta Laguna pasaría a ser administrada por el gobierno estatal. “El secretario me dijo que era nuestra oportunidad, y que una oportunidad así no presentaría otra vez. “Y esta fue mi respuesta –recuerda Armando Hoil–: Unos están acostumbrados a traicionar a su gente, pero nosotros no.” Y le advirtió:
“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias.” FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO (REPORTAJE ESPECIAL). LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421662
