La reforma al Poder Judicial ha derivado en preocupaciones de diversos organismos e instituciones por los efectos que tendrá la misma en aspectos políticos, económicos y sociales del país.

La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió el año pasado sobre la preocupación por las “amplias” implicaciones para la independencia judicial en México.

México tendrá, en la primera elección popular del Poder Judicial, un récord de más de 100.4 millones de votantes potenciales y 4,097 candidatos, según cifras preliminares del gobierno federal.

Después de aprobarse el punto de acuerdo de hoy, lo que el Consejo General debió hacer para alinearse con la resolución vinculante del TEPJF, solo los candidatos a juez de distrito quedan sometidos al techo de 220 mil 336 pesos marcado por la ley.

“Ahora resulta que la literalidad de la norma que dice 'no podrá ser superior' (a 220 mil pesos) ahora debe interpretarse como 'no podrá ser inferior'. ¿Con qué razón? No tengo idea", deploró el consejero Arturo Castillo, quien denunció que el TEPJF no aportó ningún argumento para ordenar el rebase del tope de gastos de campaña. 

A excepción de dos consejeros –Carla Humphrey y Jorge Montaño–, todos los integrantes del Consejo General del INE que tomaron la palabra lanzaron duras críticas contra la orden del TEPJF, pues afirmaron que además de contradecir el texto de la ley, generará inequidad en la contienda en beneficio de los candidatos más ricos. 

A diferencia de elecciones normales, el proceso electoral del poder judicial no involucrará recursos públicos ni privados; de acuerdo con la reforma constitucional y las reglas aprobadas, los candidatos solo podrán utilizar su dinero para financiar su campaña, con la prohibición expresa de contratar publicidad –en cualquier modalidad– o encuestas.

"Es un precedente atroz para la fiscalización", aquejó la consejera Dania Ravel, quien calificó la decisión de la Sala Superior del TEPJF como un "desatino tremendo". "Se propicia que el dinero sea un factor de ventaja severo y determinante de una candidatura sobre otra", agregó. 

En el mismo tono, el consejero Uuc-kib Espadas denunció que la sentencia del tribunal electoral "impone actuar fuera de la ley", e insistió en que el TEPJF "no interpretó la ley, la contradijo".

“Los perfiles que aparecerán en la boleta y la información que a manera de promoción recibirá la ciudadanía, se relaciona con capacidades técnicas y jurídicas claras, trayectorias, experiencia jurisdiccional en su caso, y otras características que cada votante deberá sopesar para tomar una decisión. Esta forma de hacer campaña representa todas luces distinto a lo que la ciudadanía está acostumbrada”, sostuvo.

INE puede modificar tiempos en radio y TV para elección judicial

Comentó que en este caso no hay una regla constitucional de manera clara donde haya una distribución especifico y por lo tanto se tienen las reglas especificas en torno al INE que puede llevar a cabo la modificación a los lineamientos en radio y televisión.

“Tenemos que estudiar si es razonable que el INE se auto adjudique estos 48 minutos, parece ser que coincidimos que los 48 minutos completos para sí mismos el INE pareciera que no es racional, por varias razones. Primero: por el tipo de elección. Es decir, en este caso no hay partidos políticos y todo ese tiempo que se da normalmente se les da a los partidos para promocionar candidaturas”, explicó el magistrado.

Añadió que dichas candidaturas normales tampoco tendrán tiempos en medios de comunicación, pues ya lo determinó el INE.

“Pareciera que se afecta injustificadamente por supuesto el modelo genérico de comunicación política basado en la libertad comercial por parte de las concesionarias de radio y televisión y también el derecho a las audiencias, en el caso a recibir información con respecto a las elecciones, pero sin una saturación exagerada o innecesaria que puede llevar a la desinformación”, planteó de Mata Pizaña.

Ciudadanía debe votar en elecciones judiciales con conocimiento, dice Tribunal

En tanto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, comentó que los principios como la equidad y la imparcialidad fueron pilares del diseño normativo, ya que fue con la finalidad de asegurar elecciones democráticas en donde el actor principal es la ciudadanía para que vote con libertad y conocimiento.

“Hasta el día de hoy, la sobre propaganda en radio y televisión se basaban en la premisa de otorgar prerrogativas a los actores políticos para posibilitar un intercambio de información relevante con la ciudadanía”, dijo Fuentes Barrera

“En cuanto a la promoción de las candidaturas en el proceso judicial, no es análoga a los mecanismos de participación ciudadana. Y en ello me quiero también referir. Igualmente me aparto, no coincido en que se considere que la promoción de las candidaturas en radio y televisión en el proceso electoral judicial resulta análoga a la revocación de mandato y la consulta popular, pues estos mecanismos de participación ciudadana que tienen una finalidad distinta, muy importante sin duda, que es la participación real y efectiva de la ciudadanía en la vida política del país, pero diversa a la persecución en los procesos electorales”, añadió.

Cancelarán candidaturas del Poder Judicial por faltas graves

Por otra parte, la magistrada Janine Otálora, revocó al INE el acuerdo por el que se limitaban las cancelaciones de los registros de candidaturas al Poder Judicial.

Los candidatos no podrán recibir recursos públicos y privados y tampoco asistir a eventos proselitistas de los partidos políticos.

Si, por el contrario, llega a suceder, se deberá valorar cada caso y determinar si hay cancelación.

“Las sanciones del proceso electoral judicial no deben quedar limitadas solamente a las conductas infractoras (…) son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse solo una vez que se analiza cada caso”, comentó.

“La elección de la sanción aplicable a cada conducta reside justamente en un ejercicio de análisis casuístico que debe realizar la autoridad conforme a las particulares de cada caso, una vez que se haya materializado la acción (…) Es incorrecto que, entre los lineamientos, el INE determina que las restantes conductas previstas en el artículo 51 no son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse sólo una vez que se analiza cada caso”, consideró Otálora.

El INE informó sobre estas capacitaciones para la primera elección judicial a solo 76 días de la jornada electoral. 

Indicó que 1 de junio serán instaladas 84 mil 204 mesas directivas de casilla. En la primera etapa de capacitación, el INE debe visitar hasta el próximo 31 de marzo a más de 13 millones de personas que fueron insaculadas, con base en los meses nacimiento febrero y mayo.

De acuerdo con un comunicado publicado este domingo, hasta este 16 de marzo, 21 mil 340 personas capacitadoras asistentes electorales han visitado a 12 millones 788 mil 387 personas, lo que equivale a un 96.63 % de la ciudadanía insaculada.

Aprueban 800 millones de pesos extra

De una ampliación de recursos de mil 511 millones de pesos que solicitaron al gobierno federal para la elección judicial, únicamente fueron aprobados 800 millones, lo cual implicará revisar la planeación inicial de los comicios de personas juzgadoras, señaló el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El Consejo General aprobó una solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 por la cantidad de mil 511 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente nos autorizó la cantidad de 800 millones de pesos”, señaló la consejera Daniela Ravel el pasado jueves.

Aunque habrá más recursos para la elección judicial, Ravel señaló que el Instituto no tendrá “ni siquiera los recursos mínimos” que solicitaron, pero afirmó que sí están en condiciones de instalar las 84 mil casillas contempladas.

Para hacer promoción a la elección judicial, el vicecoordinador de los diputados morenistas aprovechará lo que él llama un “ejército claudista”, es decir, la misma estructura que impulsó la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y que luego apoyó la postulación de Luisa María Alcalde como presidenta nacional de Morena.

Para echar andar su maquinaria de difusión, Morena contará con el apoyo de sindicatos de trabajadores de la salud, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros y hasta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización que antaño fue aliada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando era la fuerza política dominante del país.

A todos ellos se sumarán cámaras industriales e incluso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de que su presidente, Francisco Cervantes, se reuniera con Ramírez Cuéllar para pactar su participación en la estrategia.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe que los partidos políticos hagan campaña a favor de algún candidato. Tampoco permite que los servidores públicos utilicen recursos públicos para hacer promoción del proceso electoral.

“Nosotros no tenemos ningún financiamiento, aquí no hay partidos ni nada, somos pura sociedad civil, estamos cumpliendo la regla de que los partidos no se involucren, yo estoy actuando más como persona, como ciudadano interesado en que la elección judicial sea un éxito”, expresa Cuéllar al ser cuestionado sobre la estrategia de difusión.

Construyendo Justicia se organiza para difundir la elección judicial

Construyendo Justicia es una organización que deriva de otra llamada Construyendo el Segundo Piso, conformada por personas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar lo acompañan, por ejemplo, la senadora María Guadalupe Chavira, el senador Raúl Morón, las diputadas Olegaria Carrasco y Gloria Sánchez, además del diputado Alejandro Carbajal.

Leonel Godoy, quien fue el coordinador de campaña presidencial del hoy senador Adán Augusto López Hernandez, también estuvo presente en el arranque de los trabajos de la organización Construyendo Justicia.

Presidentes municipales y líderes de Morena a nivel estatal complementan la lista de las personas que trabajarán en la movilización de 20 millones de votantes para la elección del 1 de junio, para lo cual ya empezaron a conformar comités en cada entidad de la República.

Cada comité deberá llevar un registro de cuántas personas han sido “sensibilizadas” para medir el éxito de la campaña de difusión, de acuerdo a lo que se comentó en una reunión del miércoles 12 de marzo a la que este medio pudo acceder.

La organización morenista tiene planeado empezar en lo inmediato con la promoción de la reforma judicial y no parará hasta el último día de mayo, según lo dicho por Alfonso Ramírez Cuéllar, pues acepta que la mayoría de la población no conoce la elección judicial.

“Estamos muy preocupados porque el nivel de conocimiento es muy escaso, hemos notado un enorme desconocimiento y estamos obligados a que la gente conozca qué es lo que se va elegir, cuándo se va a elegir, cómo se va a elegir. Necesitamos que la elección del Poder Judicial sea muy amplia para que le pueda dar legitimidad”, señala el líder morenista.

Construyendo Justicia habilitó una página de internet para que sus comités la difundan. En el sitio web hay una explicación de qué es la reforma judicial, por qué debe participar la población y los cargos que se elegirán. Adicionalmente, a partir del 30 de marzo tendrá disponible una sección con los nombres de las candidaturas.

Niegan morenistas inclinar balanza a favor de candidatos de su movimiento

Morena no cede en sus esfuerzos por difundir información sobre la elección judicial del próximo 1 de junio. Un ejemplo de esto es que el partido imprimirá 100 mil folletos de 14 páginas para dar a conocer el proceso a la población.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, también presentó su propio folleto con información relacionada a la elección judicial.

Los esfuerzos de Morena han generado polémica debido a que hay candidaturas cercanas al partido, por ejemplo, las tres aspirantes a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Hasta ahora, la organización Construyendo Justicia se ha limitado a difundir la elección judicial del 1 de junio sin hacer alusión a alguna candidatura en específico, algo que seguirán manteniendo, según Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Nosotros lo único que estamos abocados es a difundir la elección, informar qué es lo que se va a elegir, dar conferencias en las universidades, en las organizaciones sindicales”, concluyó el legislador morenista.

Con esto la mandataria recordó que el fondo de la reforma judicial responde a dos problemáticas fundamentales: la corrupción y la influencia del poder económico en la justicia.

En México, con la Cuarta Transformación, se logró separar el poder económico del poder político. Ahora, lo que se busca es desvincular el poder económico de la justicia y garantizar que todos tengan acceso igualitario a ella.

“Me retiré ante la abierta violación del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló la ministra.

El empresario Ricardo Salinas Pliego enfrenta una presunta deuda fiscal que tiene con el Sistema de Atención Tributaria (SAT) y se encuentra en revisión dentro de tribunales nacionales.

Sergio Iván Ruiz Castellot, presidente de la Junta Local del INE, explicó que el proceso de validación concluye este jueves a la medianoche, cuando se tendrá la cifra final.

“Hemos estado con guardias hasta la medianoche, incluidos fines de semana, para atender estas solicitudes”, señaló Ruiz Castellot.

El funcionario detalló que los listados preliminares se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, la Gaceta del INE y en estrados para que los candidatos verificarán sus datos.

“Estamos consolidando la información, ahorita incluso se publicaron los listados preliminares, donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación en lo que es la Gaceta Oficial del INE y también en los estados y los candidatos debe de verificar si están correctos sus datos de especialidad y si no comentar al respecto”, señaló.

¿Cuáles son las razones por las que los aspirantes a la elección judicial en Tamaulipas renunciaron?

Ruiz Castellot explicó que algunos abogados estaban registrados en elecciones federales y estatales, eligiendo la opción más conveniente para ellos.

“La mayoría de las renuncias son por razones personales. Hasta ahora, ningún candidato ha mencionado temas de seguridad como motivo, no ha habido ninguna manifestación en este sentido”, concluyó.

Aunque han presentado “motivos personales” como la razón para declinar en la elección federal, lo cierto es que, en la mayoría de los casos abandonaron la elección local por irse a la federal.

“Hay también el detalle de que los candidatos y candidatas están repartidos por todos lados, entonces, de pronto hemos recibido solicitudes de apoyo para atender a candidatas o candidatos de otros estados, de Coahuila, de Veracruz, y también es el caso de nosotros”, puntualizó.

Este cómputo se llevará a cabo en los 300 Consejos Distritales, en el siguiente orden:

Modalidades de cómputo

Según el acuerdo del INE, los Consejos podrán llevar a cabo los cómputos en dos modalidades:

– Cómputo en paralelo: el día de la jornada electoral, el pleno del CD realizará el escrutinio y cómputo de votos para obtener los resultados del VA de todas las elecciones en las que aplique esta modalidad y, al mismo tiempo, se integrarán hasta cinco grupos de trabajo con 10 puntos de escrutinio y cómputo -cada uno- de votos de los paquetes que se reciban en la sede del CD para computar la primera elección nacional.

– Cómputo solamente en grupo de trabajo: En caso de no haberse registrado votación mediante la modalidad de VA, a las 18:00 horas del 1 junio de 2025, los Consejos Distritales iniciarán el escrutinio y cómputo de votos en hasta cinco grupos de trabajo, con 10 puntos de escrutinio y cómputo cada uno.

Al tratarse de seis elecciones federales, se establecieron distintos plazos para llevar a cabo los cómputos estatales, el nacional, por circunscripción y por circuito judicial.

En el caso del cómputo nacional, las elecciones de personas ministras de la SCJN, magistraturas del TDJ, de la Sala Superior y de las regionales del TEPJF, así como de magistraturas de circuito y personas juezas de distrito, se realizará en sesión del Consejo General del INE hasta el 15 de junio de 2025.

La plataforma es impulsada por la consultora Instituto, especializada en campañas presidenciales y legislativas.

Roberto Trad, estratega político, destacó la importancia de campañas profesionales para que la ciudadanía esté mejor informada y ejerza su voto de manera consciente.

Azucena Chaidez, Directora de SIMO Consulting, resaltó que el 51% de los encuestados muestra una actitud positiva hacia la contienda electoral y que los jóvenes tienen un interés genuino por recibir información.

Por su parte, Edgar Guijosa, director de opinión pública de Áltica, informó que el 52% de los encuestados está de acuerdo con que los aspirantes a jueces realicen campañas para ganar el voto ciudadano, siempre que estas se realicen al margen de la influencia partidista.

Los consultores presentaron tres hallazgos principales:

No obstante, la consejera confía en que la difusión del proceso electoral judicial a través de medios y de los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) impulse la participación ciudadana y que al mismo tiempo haya una credibilidad en suficiente en el trabajo que realiza el INE. 

En cuanto a la ampliación presupuestal asignada por el gobierno federal de 800 millones de pesos, Taddei informó que esos recursos se están empleando en la capacitación de funcionarios electorales, así como en la habilitación de 84 mil casillas, 11 mil más de las previstas inicialmente. 

“Haber obtenido una ampliación presupuestal sí le da un respiro a la organización del proceso electoral, incrementamos casillas, incrementamos por lo tanto material, en este momento en el instituto está en trabajos extremos”, señaló. 

De acuerdo con Taddei será en las más de 80 mil casillas donde la ciudadanía acuda a ejercer su voto, un proceso que le llevará aproximadamente 9 minutos y 17 segundos, alrededor de tres minutos más de lo que implica en un proceso electoral ordinario. 

Lo anterior debido a que las y los ciudadanos recibirán seis boletas en las que estarán plasmados los nombres de alrededor de 234 candidatos a ministros, magistrados y jueces.

Cada boleta contendrá decenas de candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Tribunal de Disciplina Judicial, a la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a las magistraturas de tribunales de circuito y juzgados de distrito. En el caso de estos dos últimos cargos, la cantidad de candidaturas dependerá de la zona donde se vote. En total se renovarán 881 cargos a nivel nacional.

INE prepara app para ensayar voto

Dada la complejidad de este proceso electoral, el INE prepara una aplicación móvil para que la ciudadanía pueda ensayar su voto, conocer a las personas candidatas, así como la ubicación de su casilla.

Adicionalmente, se podrán conocer la visión, trayectoria y propuestas de las y los candidatos que compitan en la próxima elección judicial a través del micrositio “Sistema Conóceles”. 

Taddei informó que la próxima semana se llevarán a cabo los últimos ajustes y simulacros para lanzar la aplicación, por lo que podría estar lista para descargar a más tardar en marzo.

“De tiempo atrás Acción Nacional dejó clara su postura: la reforma al poder judicial que propone el Morena-Gobierno no resolverá los problemas de justicia en México; por el contrario, la debilitará y podría permitir que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección”, refirió.

Aseguró que la elección de jueces, magistrados y ministros, a celebrarse el 1 de junio, redundará en fraude electoral.

El Instituto Nacional Electoral publicó este mes el listado de candidaturas para los cargos a elegirse en el curso de Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, el cual fue enviado por el Senado de la República.

“Aparecen en el listado oficial de aspirantes a posiciones judiciales muchas personas que están ligadas al partido en el poder como María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de Andrés Manuel López Obrador; Selene Cruz Alcalá, Magistrada Laboral de Luisa María Alcalde, actual Presidenta Nacional de Morena; Fabiana Estrada Tena, Coordinadora de Ponencia de Arturo Zaldívar quien hoy es Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia; y Luis Rafael Hernández Palacios, Procurador Agrario también del expresidente López Obrador, entre otros”, expuso Romero Herrera.

Aseveró que la ciudadanía no escogerá a los juzgadores, pues a su modo de ver “ya fueron decididos por el gobierno”.

Afirmó que la impartición justicia no debe estar sujeta a “lo que opinas o no opinas”.

El PAN denunciará “todas las irregularidades” y expondrá a “los candidatos del régimen”, manifestó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político.

“No permitiremos que México regrese a la era del partido único y la simulación democrática. El PAN seguirá defendiendo la legalidad, la independencia judicial y la democracia”, concluyó.

En la sentencia, el TEPJF señala que la Sala Superior procede confirmar la determinación impugnada y que resulta inoperante el motivo de disenso.

Detalla que el Consejo General del INE fundamentó su competencia por lo que tiene, entre sus atribuciones, las relativas a fijar políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva, emitir y aprobar los lineamientos y acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario de 2025.

La Sala Superior también mencionó que el registro del sobrenombre “ministra del pueblo” ante las listas de candidatos avalada por el Senado se hizo para “efectos de prelación en el uso y legítima atribución en el sobrenombre solicitado, más no para efectos de la inclusión en la boleta, pues el mismo Senado le indicó que ello correspondía exclusivamente al INE”.

La resolución que está pendiente de votación señala que debido a que el sobrenombre de la ministra Lenia Batres utiliza el cargo por el que compite, esto podría impactar en la contienda y generar una confusión en el electorado, toda vez que vez que el uso de dicho acrónimo no puede analizarse en forma aislada, sino que debe ubicarse dentro del contexto en el que se promociona la candidatura.

De tal manera que el TEPJF analiza confirmar la decisión del INE y rechazar la impugación de Batres.

El Consejo General del INE determinó proceder de esta manera ante las inconsistencias detectadas en las listas de candidaturas entregadas por el Senado de la República y la renuncia de cientos de aspirantes. 

Como no había ocurrido en procesos electorales anteriores, la impresión comenzará sin que se haya concluido el diseño y formación definitiva de la totalidad de boletas, pues aún está pendiente de determinarse el número de candidaturas y nombres que aparecerán en ellas.

Las inconsistencias en las listas se encuentran principalmente en las candidaturas al Tribunal de Circuito, donde se pretende elegir 464 magistraturas, y a Juzgados de Distrito, donde se prevé elegir a 386 personas juzgadoras.  

En cuanto a las renuncias, el INE informó el martes 18 de febrero por la noche que había recibido un total de 222. Después de eso, no volvió a actualizar la cifra de solicitudes de declinación o corrección de datos, pero funcionarios del instituto informaron que se siguieron recibiendo decenas de escritos, ya sea para solicitar bajas o para corregir nombres, apellidos, acentos y hasta diéresis.

INE imprimirá seis modelos de boleta

Para la elección judicial, el INE debe imprimir seis modelos de boletas de acuerdo a los cargos que se elegirán y en donde estarán los nombres de las 4 mil 224 candidaturas que originalmente tenía programadas:

Durante el evento, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que con este acto se concreta una parte de lo que la reforma en materia del Poder Judicial plasmó en la Constitución y confío en que de esta manera la ciudadanía tenga garantizado su derecho a elegir a las y los juzgadores del país.

“Este proceso inédito en México, con la posibilidad de que todos nosotros elijamos a juzgadoras y juzgadores, será un parteaguas en la historia político-electoral de nuestro país (…) también servirá como punto de partida de otros países que aún no cuentan con esta posibilidad”, sostuvo. 

Junto a ella estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; consejeros y consejeras del INE; integrantes de la Junta General Ejecutiva; personal de la Secretaría de Marina, así como de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

“La inclusión de un sobrenombre no es procedente, toda vez que algunas propuestas se identifican plenamente con lemas de campaña y de filiación que han utilizado, particularmente un partido político, lo que puede redundar en un tipo de propaganda electoral”, señaló.

Dijo que un sobrenombre o alias, podría generar un sesgo o un beneficio indebido en detrimento del resto de candidaturas para ese mismo cargo, y eso vulneraría el principio de equidad en el proceso electoral.

“Tengo la impresión que la inclusión de sobrenombre o alias en la boleta electoral podría, además de incumplir disposiciones expresas, podría generar inequidad entre las y los contendientes… puede generar una ventaja de determinadas candidaturas”, comentó.

Candidatos debieron solicitar inclusión de sobrenombres

En tanto, la consejera Dania Ravel, indicó que no se estableció un mecanismo por el cual se debería utilizar la solicitud, así como los plazos en los que se debería formularse ni formularse ante qué autoridad o instancia deberían solicitar dicha inclusión.

“Una vez más nos enfrentamos a una problemática que deriva de la falta de previsión de las personas legisladoras, porque no se pensó en regular de qué manera las personas candidatas podrían hacer valer su derecho o incluir un apodo además de su nombre”, señaló Ravel.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey dijo que la inclusión de los sobrenombres de candidaturas complicaría el voto, y que dichas solicitudes debieron presentarse ante el Senado de la República y en los Comités de Evaluación.

“Por supuesto que es válido y así lo reconoce la ley y jurisprudencia como derecho de las y los aspirantes. Sin embargo, ellas y ellos debieron haber ejercido esta posibilidad de tener un sobrenombre en la boleta en otra instancia, bien cuando se emitió la convocatoria del Senado o ante los tres comités”, agregó.

En su oportunidad, la consejera Claudia Zavala Pérez, dijo que a consecuencia de permitir la intervención de otros poderes no hubo una regulación para la inclusión de los sobrenombres en las papeletas.

“Ya estamos viendo estas series de problemas que se están presentando por haber dado intervención a otros poderes en una elección de un poder, eso no debe suceder en el sistema electoral mexicano, porque nos enfrentamos a estos temas ¿Quiénes eran los encargados de hacer la selección y el registro de candidaturas? En un primer momento, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, cuestionó.

Candidatos que pidieron utilizar sobrenombres

Sin embargo, el organismo electoral negó a todas las candidatas y candidatos el uso de estos sobrenombres en las boletas, al considerar que se trata de “propaganda electoral” que está prohibida durante la jornada electoral.

Esa era la fecha límite para remitir las listas de candidatos al INE, según establecía el artículo tercero transitorio, de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), publicada el 14 de octubre de 2025, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“El Senado de la República integrará los listados y expedientes de las personas postuladas por cada Poder de la Unión conforme al tipo de elección e incorporará a dichos listados a las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a elegir”, estableció el reformado artículo 501, de la LEGIPE.

El tercer transitorio se especificó que el Senado integraría los listados y expedientes de las personas postuladas por cada poder de la Unión, en los términos del artículo 501 de la LEGIPE, y los remitirá al INE a más tardar el 12 de febrero de 2025, a efecto de que dicho órgano constitucional autónomo organizara el proceso electivo.

Sin embargo, según lo reportó el diario Reforma, las tres ministras fueron incluidas en una nueva versión de la lista, que el INE recibió hasta el 15 de febrero de 2025, fuera del plazo legal y en la cual aparecieron 42 candidaturas de 33 mujeres para la SCJN -algunas postuladas por varios poderes- en vez de las 39 candidaturas y 30 mujeres originales.

Explicó: “El Tribunal de Disciplina es un órgano que no existe. Empezará su existencia a partir del primero de septiembre, y se pone a, por ejemplo, a los seis consejeros que están actualmente en funciones de consejeros, que no es un cargo jurisdiccional, no son solamente tres, en todo caso son magistrados, pero no están ahorita en funciones de magistrados, sino de consejeros.”

Molina también cuestionó la ausencia de la ministra Norma Piña en las listas de candidatos, a pesar de ser parte del pleno del consejo, y resaltó que otros consejeros como Lilia Mónica López Benítez habían presentado su declinación para no continuar en sus funciones, pero igualmente aparecieron en las boletas.

“A mí me gustaría saber, si son todos los que integran el pleno del consejo, ¿por qué no está la ministra Norma Piña? Porque también integra ese pleno “, comentó Molina.

En relación con las modificaciones en el sistema de competencias del Poder Judicial, Molina alertó sobre el incumplimiento de los principios constitucionales, particularmente el respeto al federalismo.

“El federalismo ya no se respeta, porque ahora el Poder Judicial Federal tendrá competencia local“, afirmó, refiriéndose a la descoordinación territorial en las nuevas reglas.

Uno de los puntos más críticos que mencionó la magistrada fue la designación de personas que no tienen el perfil adecuado para asumir funciones jurisdiccionales.

“Se ponen a personas que no son juzgadoras, que son secretarios en funciones, pero que están en funciones de titulares, pero siguen siendo secretarios sin que se hayan registrado”, explicó.

La magistrada también reflexionó sobre las implicaciones de estos problemas para la credibilidad de las instituciones judiciales y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

“Esta forma de elección toda desaseada sería gravísima para cualquier oficina de gobierno. Sin embargo, que sea para la elección de la mitad de titulares de uno de los tres poderes de la Unión, me parece que es sumamente grave y que, además, no nos estamos dando cuenta como sociedad de la trascendencia.”

Molina mencionó que el actual proceso de reforma y su implementación podrían tener efectos negativos en el futuro del país.

“Le vamos a dejar a México jueces y juezas, magistrados y magistradas, que nadie sabe quiénes son, que nadie las revisó, que nadie sabe si pueden hacer su trabajo, que no tienen la capacidad técnica, que no van a ser independientes, que van a estar cooptados por el oficialismo”, lamentó la magistrada.

Además, Molina insistió en que la reforma, tal como se está llevando a cabo, no ha sido entendida en su totalidad.

“Desde mi perspectiva, nadie ha entendido cómo funciona el Poder Judicial, nadie le ha interesado saber cómo funciona el Poder Judicial de la Federación”.

Destacó que el Senado, a pesar de su protagonismo en el proceso, no ha corregido los vicios observados.

“Lo cierto es que el Senado es a quien le tendría que hacer esta corrección, pero la verdad es que dudo que tengan la forma de corregir porque no han entendido de qué se trata”, concluyó.

Al final, la magistrada alertó sobre el daño que podría ocasionar la falta de una reforma adecuada y precisa.

Según la magistrada, no solo afecta al Poder Judicial, sino que podría tener repercusiones más amplias en la democracia y en la calidad de las instituciones mexicanas.

De esta manera, el consejo del INE determinó el plazo para realizar modificaciones, pues de acuerdo con el programa de actividades para la elección judicial, el jueves 20 de febrero se enviarán las boletas a Talleres de México para su impresión.

Asimismo, el órgano electoral hizo un llamado a las personas aspirantes para que revisen la información publicada y soliciten las correcciones necesarias antes de dicha fecha.

Errores e inconsistencias en listados de aspirantes a la elección judicial

Una de las inconsistencias fue señalada por la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez, quien dijo que hubo cambios en las listas.

Durante su intervención dijo que el pasado sábado se subió un listado que correspondía a un número de candidaturas de 4 mil 224 aspirantes, sin embargo, al final no se publicó ese documento, sino uno con otros datos, pues incluye a personas que anteriormente no estaban y desechó a aspirantes que sí aparecían en la lista anterior.

Zavala aclaró que el INE “no está cambiando nada, ni está quitando ni poniendo a nadie”, pues los consejeros recibieron otra cifra de candidaturas: “de dónde salen, por qué se excluyeron, por qué se incluyeron, no lo sabemos”, agregó.

En tanto, la consejera Dania Ravel dijo que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos determinó que de los cuatro mil 224 aspirantes registrados por los comités de evaluación, se identificaron espacios vacíos debido a que no se puedo obtener información.

Entre los vacíos de información, la consejera Ravel mencionó que se detectó un registro con una fecha de nacimiento incorrecta, registros sin CURP, otros que no tienen clave de elector, unos más carecen de cuenta de correo electrónico, entre otras anomalías más.

“Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, se identificó un registro con una fecha de nacimiento incorrecta, se identificaron cuatro registros sin CURP, se identificó un registro con un CURP a 16 dígitos, ocho registros no tienen clave de elector; en el caso del Poder Ejecutivo 13 registros no tienen cuenta de correo, dos candidatos a personas juzgadoras de distrito no tienen circuito ni especialidad, ningún registro tiene fecha de nacimiento ni número telefónico, ningún registro tiene clave de elector; en el caso del Poder Judicial, ningún candidato tiene dato de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CURP o la clave de elector, se identificó una persona registrada que no formó parte del listado de personas insaculadas”, detalló.

En otro casos, dijo que se detectaron registros sin datos de contacto ni de identificación, por lo que no es posible identificar el cargo al que se postularon.

Tras evidenciar inconsistencias, Ravel se refirió a la importancia de contar con dato de contacto para el proceso de fiscalización, pues cuando los usuarios y contraseñas de las personas candidatas sean creados, las claves se enviarán al correo electrónico proporcionado en la lista remitida por el Senado.

Magistrada aparece en listados pese a declinar a la elección judicial

Apenas este domingo, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, dejó ver uno de lo errores en los listados de candidaturas para la elección judicial, al señalar que apareció en ellos a pesar de que no se postuló e incluso presentó su declinación ante el Senado el año pasado.

“Hoy me entero que el @INEMexico recibió por parte del @senadomexicano la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria de junio próximo… Para mi sorpresa estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado”, dijo la magistrada

En un mensaje publicado en X, López Benítez, quien reiteró su postura en contra de la reforma judicial, compartió la imagen del listado que incluía su nombre y donde se observó que aparece en décimo lugar de los candidatos y candidatas al Tribunal de Disciplina Judicial.

El sábado, el INE pospuso la sesión del Consejo General en la que darían a conocer la lista oficial candidatos y candidatas que aparecerán en las boletas el 1 de junio.

En un breve comunicado, el organismo explicó que la razón es cumplir con el plazo otorgado el viernes al Senado, para que subsane fallas halladas en los listados.

“Lo anterior con el propósito de recibir la información necesaria que requiere el Instituto para la integración del listado de candidaturas, misma que fue solicitada al Senado de la República, mediante comunicación oficial, cuyo plazo vence el 16 de febrero de 2025 y con ello el Consejo General pueda proveer”, informaron.