El pasado 29 de marzo de 2025, el INE aprobó un acuerdo que prohíbe a las personas servidoras públicas, instituciones y autoridades usar recursos públicos para promover el voto y la participación en la próxima elección judicial, a celebrarse el próximo domingo 1 de junio de 2025. 

La prohibición se integró a los criterios aprobados para garantizar la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas de jueces, magistrados y ministros, que iniciaron el pasado 30 de marzo y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo; es decir, 60 días.

A raíz de su publicación, el Tribunal Electoral recibió 39 impugnaciones por parte de personajes como la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como Loretta Ortiz, en su calidad de candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Precisamente la impugnación de esta última fue la que llegó a manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que desde ayer dio a conocer un proyecto de sentencia por el cual perfilaba dar luz verde a la promoción de la elección judicial por parte de servidores públicos.

“Están buscando llevar una elección silenciosa”, dice magistrada Mónica Soto

Al presentar el proyecto SUP-JE-101/2025 y sus acumulados, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que propuso modificar el acuerdo reclamado porque “indebidamente se estableció que el INE es la única autoridad facultada para promover el voto y la participación ciudadana en el presente proceso electoral extraordinario”. 

El magistrado explicó que tomando en cuenta las reglas electorales que existen, respecto a elecciones de personas del Poder Ejecutivo y Legislativo, primero pensó que “lógico sería que ninguno de estos actores interfiera en la elección”; no obstante, al tratarse en esta ocasión que una elección de personas juzgadoras que incluso fue impulsada por los poderes es que “las reglas son diferentes”. 

“Esto me llevó a la conclusión de que, en consecuencia, la participación de los Poderes de la Unión puede incluso alentarlos a promover el voto y la participación ciudadana. Ello no implica que la promoción que lleven a cabo les autorice a incurrir en promoción personalizada o hacer uso de recursos públicos, menos aún a llamar a votar a favor de una candidatura o bien a emitir expresiones para desfavorecer a otras, por el contrario, su actuación se debe ajustar a los principios de equidad e imparcialidad”. 

Por su parte la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró sentirse “sorprendida y un poco contrariada” respecto al acuerdo votado por mayoría en el INE, al señalar que con esta resolución “pareciera que están buscando llevar una elección silenciosa”.  

“Les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio, pero no se lo digan a nadie. Pareciera que parte de una de las propuestas que están presentándose hoy estuviera posicionando esta visión. Hay un proceso electoral en curso, habrá elecciones por primera vez en la modalidad que se realizará, habrá más derechos para la ciudadanía, pero no hay que decirlo a nadie. Nadie puede decirlo, solo el INE”, ironizó.

Tribunal desecha proyecto que evitaba uso indebido de recursos públicos para elección

Durante la misma sesión, la magistrada Janine Otalora y el magistrado Rodríguez Mondragón presentaron el proyecto del expediente SUP-JDC-1790/2025 y sus acumulados en los que proponían confirmar el acuerdo del INE. 

“Se propone confirmar porque dicha limitación está asociada al uso indebido de recursos públicos, lo cual tiene una fuente constitucional ilegal que busca garantizar la imparcialidad en el manejo de esta clase de recursos, por tanto, no es una restricción creada recientemente por el INE”, señaló la magistrada Otalora. 

Al explicar su resolución, la magistrada señaló que esto fue así porque la resolución del INE era una aplicación literal del artículo 506, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala que los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. 

Además, del artículo 134 de la Constitución que señala que queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso de selección de personas integrantes del Poder Judicial. 

“Como se puede apreciar es la misma ley electoral la que prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para actos de promoción como de propaganda, actividades que el propio legislador distingue, pero abate en una misma prohibición, es decir, la prohibición es total, porque lo que inhibe es el uso de recursos públicos tanto para fines proselitistas como para fines de difusión institucional”, señaló. 

Para respaldar el posicionamiento, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que la medida tampoco conllevaba una restricción absoluta que vulnere los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

Pese a lo anterior, en el sistema del INE llamado “Conóceles” -plataforma en la que los ciudadanos pueden consultar los perfiles de las y los candidatos al Poder Judicial- Herrera Franco asegura que una de sus propuestas es trabajar en contra de “la impunidad y la corrupción (que) han sido problemas determinantes para un distanciamiento entre los ciudadanos y los jueces”.  

Animal Político buscó a Herrera Franco para cuestionarlo sobre los señalamientos en su contra y los motivos de su destitución, pero al cierre de edición no se recibió respuesta de su parte.

Esta situación derivó en el levantamiento armado de las comunidades en autodefensas, acusando el abandono del gobierno, entonces encabezado por Silvano Aureoles y el presidente del ayuntamiento de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, quien abandonó el cargo, a siete meses de haber ganado la reelección, para competir por la gubernatura de la entidad. 

En un intento por desactivar este movimiento de las comunidades indígenas, autoridades municipales y estatales entablaron mesas de trabajo, donde participó Herrera Franco, pero los acercamientos no prosperaron debido a que desde el primer encuentro los pobladores acusaron los vínculos del fiscal regional con el crimen organizado. 

En la reunión celebrada el 9 de febrero de 2021, los pobladores lanzaron una de las primeras acusaciones contra Herrera Franco: 

“¿Quiere que se aplique la ley? Que se aplique primero en usted, porque está incurriendo en un delito. ¿Por qué da esas instrucciones de que mi pueblo se integre a un grupo delincuencial? Tenemos pruebas y en su momento se presentarán. Ya estamos hartos de que ustedes como funcionarios se les nombra para que resguarden el territorio ¿y qué hacen? Se involucran con la gente que daña este país y ahora sí quieren aplicar la ley ¿y a ustedes quién se las aplica de sus actos? Nada más espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que le pasó a los de Ayotzinapa, ya no puede uno hablar porque luego la represión y el mismo funcionario que lo debe de cuidar a uno es el que lo manda a desaparecer”, señaló uno de los denunciantes, en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.

En particular, las y los pobladores acusaron al entonces fiscal regional de operar para el grupo conocido como “Cártel de los Cristaleros”, ligado al Cártel de la Familia Michoacana, que opera entre los límites de Michoacán y el Estado de México. Este grupo es señalado por la fabricación, tráfico y venta de metanfetamina, además de extorsiones, despojo de propiedades y cobro de piso, dio a conocer el periódico La Jornada en una nota publicada días después.

El vínculo de exfiscal con asesinato de dos periodista de Michoacán

En medio de las acusaciones vertidas en contra del entonces fiscal regional, el reportero Roberto Toledo fue asesinado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, el 31 de enero de 2022, cuando se encontraba fuera de las oficinas del portal Monitor Michoacán, lugar en el que el comunicador colaboraba.

El director del portal, Armando Linares, informó sobre la muerte del reportero en una transmisión en vivo en Facebook, en la que consideró que el ataque se debió a que el portal que diriguía denunciaba actos de corrupción de políticos. 

“Exhibir corrupciones de políticos y funcionarios el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros […] perdió la vida en manos de tres personas que le dispararon de una manera ruin y de una manera cobarde. Nosotros no estamos armados y no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero y una libreta. Hay nombres y sabemos de dónde viene todo esto”, dijo. 

En entrevista para Milenio, Armando Linares reveló que el portal Monitor Michoacán había recibido amenazas desde 2021, luego que la agencia denunció actos de corrupción del gobierno de Zitácuaro, presidido por el priista Antonio Orihuela, y de quien era el fiscal regional, Herrera Franco.

“Las amenazas eran prácticamente para todo el equipo de Monitor Michoacán, las cuales comenzaron hace un año cuando exhibimos una corrupción del fiscal regional, que estaba en Zitácuaro, Francisco Herrera Franco”, aseguró. Por este motivo, Roberto manejaba un perfil bajo, justo para evitar riesgos dadas las amenazas, las cuales ya habían sido denunciadas en su momento contra el fiscal. 

Incluso, desde el 3 de noviembre de 2021, el portal publicó: “Tras varios años de sembrar el pánico y abusar del poder conferido, este martes trascendió que Francisco Herrera Franco ya no es el fiscal regional de Zitácuaro, en lo oscurito y por la puerta de atrás, el hasta hoy fiscal de este municipio fue cambiado al municipio de Apatzingán, según fuentes extraoficiales de esa dependencia. Su lugar será ocupado por Alberto Núñez Mora, quien desempeñó ese mismo cargo en Uruapan”.

“Las amenazas surgieron hace poco más de un año y tres meses cuando empezamos a exhibir algunas situaciones graves con el exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrara Franco, quien fue señalado por el ahora autogobierno de las comunidades de pretender invitarlos a que se unieran a una célula delincuencial. Posteriormente llega la nueva administración municipal y estas amenazas se hicieron más fuertes, estas llamadas eran muy continuas y muy directas de que le bajáramos en tono con el fiscal como con el gobierno”, abundó Linares en entrevista para Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Con el asesinato de Roberto Toledo, ese año sumaron cuatro asesinatos de periodistas en el país. Los otros fueron la periodista Lourdes Maldonado y el fotoperiodista Margarito Esquivel, en Tijuana, Baja California, y José Luis Gamboa, director de un portal en Veracruz. 

En una publicación realizada el 28 de enero, tres días antes del asesinato de Roberto Toledo, Linares informó que habían solicitado protección federal: “Temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal; se estarán presentando las denuncias correspondientes, por lo pronto ya hay un acercamiento con el gobierno federal para este tema”.

A pesar de ello, el 15 de marzo de 2022, Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, también fue asesinado. El crimen ocurrió apenas dos meses después de que Linares denunciara en las redes sociales de la agencia las amenazas dirigidas a su equipo de trabajo y al abogado Joel Vera, colaborador del medio.

Tras el asesinato de ambos comunicadores, el medio digital Monitor Michoacán tomó la decisión de cerrar en definitiva sus plataformas al asegurar que “las autoridades deben actuar oportunamente y no esperar a que un periodista sea asesinado”. 

El 24 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Michoacán acordó revisar 21 carpetas de investigación acumuladas desde el 2007 sobre periodistas desaparecidos y asesinados en la entidad, en una reunión en la que tanto el fiscal Adrián López Solis y sus colaboradores escucharon las demandas del gremio periodístico de la entidad. 

Agrupados en el colectivo Ni Uno Más, las y los periodistas exigieron que se avanzara en las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, del portal de noticias Monitor Michoacán, según lo reportó El Sol de Morelia.  

Las y los periodistas insistieron en que la Fiscalía investigara las amenazas contra el grupo periodístico, luego de que su director Armando Linares señaló al alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y al exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco.

Además, le recriminaron que la institución no dio protección adecuada a las víctimas, por lo que exigieron que el caso de los dos periodistas asesinados fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). López Solís informó que la carpeta ya le había sido entregada a las autoridades federales, pero que el caso se mantenía en el fuero local.

A pesar de los señalamientos previos, una llamada entre el fiscal regional de Apatzingán, Francisco Herrera Franco, y Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, presunto líder criminal en el oriente de Michoacán, derivó en el despido de Herrera Franco.

De acuerdo con la agencia de noticias 90 Grados, en esta llamada Herrera Franco y Rivera Padilla -asesinado con otras 19 personas en un palenque clandestino en Zinapécuaro- discutieron sobre un homicidio cometido por un miembro del grupo del Barbas, y le pidieron ayuda al entonces fiscal de Zitácuaro.

En la llamada, Herrera Franco aconsejó a su interlocutor que su socio se entregara para simular un delito culposo y no uno cometido con dolo. Al finalizar la llamada, Rivera Padilla agradeció al fiscal su ayuda, manifestando que “sabe que estoy ‘al cien’ con usted, lo que pida se le trata de apoyar, yo sé que usted igual”. “Ya sabes que jalamos bien”, respondió Herrera Franco.

Tras la filtración de la llamada, Herrera Franco fue destituido de la Fiscalía General del Estado. 

A la lista de denuncias en su contra también se suma la del empresario Jesús Ricardo Cordero Ontiveros, quien en septiembre de 2019 denunció al exfiscal por supuestamente fabricarle una “acusación legal” en su contra o la denuncia de un ciudadano que lo acusó por una presunta detención ilegal e incomunicación cuando era fiscal regional de Zitácuaro. 

Herrera Franco al igual que otros funcionarios de seguridad llegaron a Michoacán de la mano del excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y el exprocurador de justicia y exsecretario de seguridad estatal, José Martín Godoy Castro, quienes formaron el denominado grupo de “Los Chilangos”, conocidos por su supuesta corrupción al interior de las citadas dependencias. 

Los compromisos políticos que contrajo el exgobernador Silvano Aureoles -que actualmente tiene una orden de aprehensión y una ficha roja emitida en su contra por la presunta comisión de diversos delitos- con el priismo por la ayuda prestada para llegar a la gubernatura, hicieron que el gobierno de Michoacán mantuviera a los funcionarios señalados en sus cargos y protegiera a “Los Chilangos” a pesar de sus escándalos. 

Organización denuncia que siete candidatos de la elección judicial están relacionados al crimen organizado y violencia de género

Desde el pasado 15 de marzo, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C. informó que diversas ciudadanas y ciudadanos del país denunciaron que al menos siete personas candidatas que aparecerán en las boletas en las próximas elecciones por un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) están presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado y con denuncias por violencia de género o acoso. 

Se trata de cuatro candidatos que competirán por ser jueces o magistrados en materia penal que fueron denunciados por estar supuestamente vinculados a la delincuencia organizada y tres candidatos denunciados por violencia de género y acoso, que podrían aparecer en las boletas para la próxima elección judicial a celebrarse el próximo 1 de junio de 2025.

Desde antes del inicio de las campañas, que comenzaron este domingo 30 de marzo, la organización Defensorxs comenzó a realizar actividades de “vigilancia ciudadana de la elección judicial”. Mediante cuatro grupos y un total de 700 personas monitorean, revisan e “identifican puntos de riesgo en la elección judicial”.

Una vez que reciben la denuncia, el equipo de litigio estratégico de la organización realiza la investigación que puede ser usada para presentar quejas o denuncias formales ante las autoridades competentes.

Lo que inició como una rabieta y un capricho político por parte del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que provocó ríspidas protestas e inconformidad por parte de la alta burocracia judicial de México, esta semana comenzó a materializarse: la elección judicial.

El pasado lunes 31 de marzo arrancó formalmente el periodo de campaña para que juristas de diversos ámbitos arranquen el proceso para obtener la simpatía de ciudadanos, pero principalmente de los gobiernos que tiene la capacidad de movilizar las estructuras electorales del país.

Durante la primera semana hemos visto abogados litigantes, jueces y magistrados, mostrando sus facetas “populares”, exhibiendo la perspectiva que tienen sobre lo que la ciudadanía busca en un representante del Poder Judicial. Algunas de las campañas son acartonadas, otras, insultantes; pero ninguna de ellas está centrada en garantizar justicia. Bromas, albures y hasta el uso de ciertos atributos físicos, son parte de la oferta jurídica del país, donde se está tomando la banalidad como un requisito para ocupar cargos dentro del Poder Judicial de la Federación.

Pero también ha sido una oportunidad para que personas inconformes con los resultados de sentencias o de abusos perpetrados desde el Poder Judicial, sean expuestos públicamente. El pasado los persigue a todos.

El Décimo Quinto Circuito, que corresponde a Baja California, cuenta con un total de 111 aspirantes a magistrados y jueces federales, de los cuales prácticamente la mitad aspira a ocupar espacio en las salas de segunda instancia.

En la lista podemos ver a ex funcionarios del PAN y Morena, principalmente; también a perfiles ligados a los actuales gobiernos. Todos tienen la intención de colocarse en los espacios de poder mediante el voto popular, pues en este circuito sólo se cuenta con 17 espacios para jueces de distrito y 14 magistraturas.

A diferencia de los topes de campaña de aspirantes a puestos locales, los magistrados y jueces federales tendrán topes de campaña modestos, pues según el INE, aspirantes a ministros, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y del Tribunal de Disciplina, podrán gastar un tope de un millón 468 mil 841 pesos, mientras que magistrados regionales electorales, podrán erogar 881 mil 304.80 pesos, magistrados de circuito y de apelación 413 mil 111 pesos; y jueces federales sólo con 220 mil 326 pesos.

Entendiendo que los aspirantes a togados a nivel federal tendrán un mes más de campaña, pues los aspirantes a magistrados y jueces locales iniciarán campaña hasta el 29 de abril, el recurso público que tienen como gasto máximo de campaña, confirma que sus pocas herramientas de comunicación y acercamiento con la sociedad serán a través de redes sociales. Y, por ende, el acceso a la ciudadanía -sobre todo la más vulnerable- se reduce de manera sustancial.

El gobierno morenista colocó las carpas para convertir la elección de funcionarios judiciales en un circo, pero también los mismos juristas están definiendo la calidad de las campañas que se están realizando, bajo la óptica de obtener simpatías por encima de beneficios para los justiciables.

Para el siguiente mes, cuando los aspirantes a magistrados y jueces locales se unan a la campaña, veremos el nivel de exposición que tendrán aspirantes para obtener la simpatía del electorado que no se encuentra consciente de las dimensiones de la decisión, y no propiamente por su culpa, sino por el improvisado ejercicio emprendido por el gobierno morenista.

¿Quiénes son los candidatos vinculados a la Luz del Mundo?

Los candidatos vinculados a la Luz del Mundo son Job Daniel Ibarra Wong, Madián Sinaí Menchaca Sierra, Cinthia Teniente Mendoza y Betzabeth Almazán Morales.

El pasado 1 de abril, el periodista Juan Gómez publicó en Fábrica de Periodismo un reportaje sobre los perfiles de estas candidaturas.

La investigación muestra, por ejemplo, que Job Daniel Ibarra Wong es considerado Obrero Evangelista por la Luz del Mundo y ahora busca ser magistrado de un Tribunal Colegiado de Circuito en Jalisco. La tía de este candidato es diputada suplente por Morena en Baja California.

El citado reportaje también pone de manifiesto que Madián Sinaí Menchaca Sierra, aspirante a jueza de distrito en materia administrativa en Jalisco, es hija de uno de los ministros de culto con más poder al interior de la organización cristiana.

Cinthia Teniente Mendoza, actual alcaldesa de Villagrán, Guanajuato, busca ser magistrada en materia de trabajo. Ella, según el texto de Gómez, es esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien obtuvo este escaño como suplente de Marcelo Ebrard.

Reyes Carmona es un fiel integrante de la Luz del Mundo, llegando incluso a defender a su líder Naasón Joaquín García de las acusaciones en su contra por abuso sexual de menores, de las cuales finalmente se declaró culpable.

Finalmente, Betzabeth Almazán Morales aspira a ser jueza de distrito en materia civil de Jalisco. En una columna titulada “El estado de california vs Naasón Joaquín García… y la Iglesia La Luz del Mundo” esta candidata defiende la inocencia del líder de la Luz del Mundo, incluso argumentando que se declaró culpable para recibir beneficios de la justicia de Estados Unidos.

“Naasón Joaquín García que atrapado en las garras de un sistema de justicia penal manejado al antojo de unos cuantos; busca salir avante“, escribe Almazán Morales. “¿En qué profunda obscuridad debe estar hundida la humanidad para acusar a un hombre inocente de la comisión de un delito?”.

Hoy, con sobrevivientes de la Luz del Mundo, intentamos anular 4 candidaturas de líderes de la secta.

Antes de hablar de los candidatos, quiero aclarar algo:

Todos son libres de tener sus creencias y religiones. Este no es un ataque a los 5 millones de feligreses de la LDM.

Es… pic.twitter.com/vXt66QAOv9

— Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) March 26, 2025

¿Qué estados supervisará el Observatorio de la Ibero?

Desde el pasado 30 de marzo de 2025, después de meses de campañas anticipadas, arrancaron formalmente las campañas de aspirantes al Poder Judicial de la Federación, periodo en el que las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros del país pueden salir públicamente a buscar el voto de la ciudadanía para ocupar uno de los 881 cargos por elegir a nivel federal. 

Sin embargo, de manera paralela a la elección judicial federal, un total de 19 estados del país también tendrán campañas para elegir a mil 800 nuevos representantes de los Poderes Judiciales Estatales, lo que incluye no sólo a jueces y magistrados de los estados, sino también a los titulares de los nuevos Tribunales de Disciplina Judicial.

Las entidades que tendrán elecciones judiciales locales son: Aguascalientes (65 cargos a elegir), Baja California (171), Chihuahua (305), Ciudad de México (133), Coahuila (106), Colima (46), Durango (49), Estado de México (89), Michoacán (112), Nayarit (49), Quintana Roo (138), San Luis Potosí (87), Sonora (50), Tabasco (72), Tamaulipas (147), Tlaxcala (36), Veracruz (98), Yucatán (14) y Zacatecas (33). 

Para ejemplificar la importancia de centrarse en estas 19 elecciones judiciales locales, la coordinadora del Observatorio explicó que en el país el 98 % de los conflictos entre particulares inician en un juzgado local, especialmente en materias como la laboral -que resuelve conflictos entre trabajadores y empleadores- y la familiar -que comprenden divorcios, pensiones y custodias, entre otros conflictos que afectan directamente a la población-.

¿Cuál es la diferencia entre la justicia local y la justicia federal?

Como te lo explicamos en esta nota de El Sabueso, saber la diferencia entre las funciones del Poder Judicial Federal (PJF) y las funciones de los poderes judiciales locales es fundamental frente a las próximas elecciones, debido a que cada instancia revisa casos distintos y tienen retos específicos para la impartición de justicia. 

El artículo 40 constitucional establece que México está compuesto por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación.

De acuerdo con ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, material didáctico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), eso implica que en el sistema jurídico existan leyes federales válidas en todo el país, leyes locales en las entidades y ordenamientos municipales en los municipios.  

“Esto propicia que los estados puedan crear las leyes que establezcan los delitos para su estado y la federación las leyes que establecen delitos a nivel nacional. Esto trae como consecuencia que haya jueces locales para conocer de los delitos locales, y jueces federales para los delitos federales”, dijo el magistrado Juan José Olvera López en un video del Consejo de la Judicatura Federal.  

De esta manera existe jurisdicción federal, que le corresponde al PJF, y la jurisdicción local, que le compete al poder judicial de cada estado. En ambos casos se trata de la función pública que tienen ciertos órganos para administrar justicia conforme a derecho y a las constituciones y leyes respectivas.

Los poderes judiciales locales, cuya configuración corresponde a cada entidad federativa, se encargan de los asuntos legales cotidianos de la ciudadanía: civiles, mercantiles, penales, laborales, agrarios, administrativos, fiscales, entre otros. Son, por decirlo de alguna forma, las primeras autoridades a las que llegan las personas cuando tienen un conflicto.

“Vamos a votar por hombres y por mujeres, por materias, por ejemplo aquí que tenemos tres materias, que es mercantil, jueces mixtos y jueces penales. Entonces sí es muy complejo el proceso electoral. Son muy complejas las boletas, pero poco a poquito vamos a tratar de ir informando a la ciudadanía cómo votar”, manifestó.

En enero de 2025 la presidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, declaró que con base en un simulacro, en el que se tomó el tiempo de ingreso a casilla, ejercicio del voto y conclusión del procedimiento, al elector le tomaría “9 minutos con 15 segundos” ejercer su derecho en las urnas, con el pormenor de que “dependiendo del ciudadano y de la difusión que preceda al día de la votación”, la estancia en las casillas podría “aumentar o disminuir”.

En cuanto al número de cargos a elegir en Baja California sostuvo que la entidad enfrenta “el problema de que se empalmaron las elecciones tanto federales como estatales”, lo que implicará votar por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y magistrados del ámbito federal y juzgadores locales.

Detalló que la cantidad de contendientes por los cuales decantarse dependerá del distrito en el que corresponda sufragar.

“Nos dividieron en distritos 1 y 2, es diferente el número de personas por las que van a votar cada ciudadano. En el caso de Baja California lo que es la región 2, nosotros somos región 2, Tijuana; la región 1 es Mexicali, San Quintín, Tecate, Rosarito y San Luis Río Colorado, porque tenemos jurisdicción en San Luis Río Colorado, en Baja California”, mencionó.

Indicó que en ambos distritos el ciudadano habrá de votar “por aproximadamente 50 cargos”.

Aún no se sabe si en Tijuana se votará “por dos juezas mujeres y dos jueces hombres” o nada más “por uno”, observó.

El INE no ha definido ese apartado. “Todavía no nos ha dicho vas a votar por los dos aun cuando hay cuatro lugares aquí en Tijuana por ejemplo, no sabemos por cuántos candidatos vamos a poder votar, hasta que sepamos por cuántos es cuando vamos a poder decir (con precisión) vas a poder elegir a tantas personas en esta boleta”, advirtió.

González Barbosa, quien con motivo del proceso para definir qué cargos judiciales irían a elección en 2025 no se vio en la posibilidad de inscribirse como candidata expuso que de cualquier manera ella desde un primer momento se manifestó en contra de la reforma al Poder Judicial en los términos en que fue concebida.

Con todo, se dijo respetuosa de la decisión que tome el ciudadano con respecto a la opción de ir a sufragar.

“Hay mucha gente que para evitar legitimar una reforma con la que no están de acuerdo proponen que la gente no salga a votar”, dijo y recalcó que “otras personas” entre quienes se incluyó, consideran que aun cuando no están de acuerdo con la Reforma Judicial es preciso “salir a votar para evitar un mal mayor”.

Estimó que las personas que decidan hacer valer su derecho deben conocer las candidaturas y revisar la trayectoria de quienes se inscribieron a la contienda.

“Las dos últimas semanas de la campaña están diseñadas precisamente para informar a la ciudadanía cómo votar”, comentó.

De la tentativa de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, de promover el ejercicio del voto, a propósito de una elección instaurada vía Reforma por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la magistrada consideró que la titular del Ejecutivo debería ser la primera en respetar la ley.

El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece al respecto: “Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”.

En teoría los servidores públicos deberían abstenerse de proceder con esa promoción, estableció la entrevistada.

“Más ella (Sheinbaum Pardo), que representa precisamente al Ejecutivo federal y que se supone que nos representa a todos. Nos debería de representar y dar el ejemplo”, expuso.

Este viernes 4 de abril, la presidente informó que por conducto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, se presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la resolución del INE consistente en restringir la promoción desde el ámbito de la función pública.

“Ellos son los que promueven las leyes, el Legislativo las aprueba, el Ejecutivo federal las promulga y sería el primero que las debe de respetar y si se nos establecieron tantas restricciones debería ser el primero, el Ejecutivo federal, el que las respete”, aseveró González Barbosa.

De acuerdo con una investigación de la Sociedad Interamericana de Prensa, el actual candidato a magistrado para el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Sonora sí tuvo ese encuentro con el periodista según él mismo declaró ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora mientras charlaban en su camioneta sobre la liberación de un narcotraficante identificado como El Estudiante, y de quien Jiménez Mota realizaba una investigación.

Posteriormente, Andrés Montoya García declaró que dejó al joven periodista en un supermercado. Sin embargo, el hermano del abogado José Antonio Montoya García, agente judicial del estado, fue señalado como autor material del “levantón” del periodista y posteriormente fue asesinado el 7 de septiembre de 2006, según un reporte de Defensorxs.

En diciembre de 2021, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa en la localidad de Empalme, Sonora, por este caso, pues afirmó se trató de un “crimen de Estado”.

Miguel Alfonso Meza, presidente de la asociación civil Defensorxs, señala que el candidato Andrés Montoya García es una “alerta roja” porque, de ganar la candidatura, protegería a autoridades vinculadas con la desaparición de personas.

Participación como abogada de Guzmán Loera

Entre 2016 y 2017, Delgado García participó como abogada de Guzmán Loera durante su reclusión en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez. En ese periodo, ofreció declaraciones públicas en medios y denunció irregularidades en el penal, como el impedimento al ingreso de verificadores judiciales y la necesidad de solicitar por vía legal una cobija adicional ante el clima invernal, según reportes del semanario Zeta.

Candidatura formal y validación oficial

En su perfil público de Facebook, donde promueve su campaña, Delgado afirma: “Estoy convencida que para ser juzgador no solo se requiere preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: Darle el valor que merecen a las personas”. También expresa que, de obtener el cargo, se compromete a formar parte de una transformación en el sistema de justicia.

En esa misma red social, se presenta como “abogada y conferencista”.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, en su programa Pie de Nota, el perfil oficial de Delgado no hace mención de su participación como defensora de Guzmán Loera.

Silvia Rocío Delgado García tiene 51 años y obtuvo el título de Licenciada en Derecho en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su cédula profesional, según el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.

En junio de 2023, organizó un evento para mujeres titulado “Mi sexualidad sin tabú”, que incluía actividades sobre educación sexual y bienestar.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo impugnarán el acuerdo del INE que les prohíbe participar en la difusión de la elección judicial, mientras diputados y senadores que ya tenían una estrategia de promoción la seguirán realizando con normalidad.

Las campañas de la elección judicial, un proceso inédito en México, comenzaron el pasado 30 de marzo con candidaturas que por primera vez estarán en un proceso electoral.

Morenistas promocionan la elección con organización social

En las últimas semanas, legisladores de Morena ya habían comenzado este tipo de promoción a través de la organización Construyendo Justicia, en la que también participan sindicatos afines al gobierno y cámaras empresariales.

Construyendo Justicia, que ya tiene presencia en al menos 14 estados, utiliza publicaciones en redes sociales, pinta de bardas, lonas y otras estrategias para invitar a la población a salir a votar este 1 de junio, sin que hasta ahora favorezca a alguna candidatura en específico.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados federales de Morena y quien encabeza Construyendo Justicia, descarta en entrevista que el acuerdo del INE vaya a frenar el trabajo de difusión de la asociación civil.

Además de Alfonso Ramírez Cuéllar, en esta organización participan funcionarios como la senadora María Guadalupe Chavira; el senador Raúl Morón; las diputadas Olegaria Carrasco, Beatriz Carranza, Gloria Sánchez, además del diputado Alejandro Carbajal.

De parte del sector social participan sindicatos de trabajadores de la salud, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros y hasta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), antigua aliada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Morena y el Congreso impugnará resolución del INE sobre promoción de elección judicial

Morena y legisladores de ese partido preparan una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la decisión del Consejo General del INE que prohibió a partidos políticos promover la elección judicial.

Este lunes, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que la determinación del Instituto electoral atenta contra “cualquier lógica democrática” y acusó que existen severas limitaciones para que las personas aspirantes a un cargo judicial se den a conocer.

“Hasta pareciera que lo que buscan es que la población no sepa ni participe en la elección histórica que ocurrirá el próximo 1 de junio”, escribió a través de sus redes digitales.

Fuentes morenistas reconocieron que si bien los partidos políticos no pueden intervenir en el proceso judicial, sí apelarán la decisión del INE.

Previo al arranque de campañas de este domingo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado había adelantado que los integrantes de su coalición —Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo— intensificarían las actividades de promoción de la elección judicial a partir del 30 de marzo.

El legislador informó que incluso el Poder Legislativo ya se preparaba para destinar sus tiempos oficiales a la promoción de la elección judicial.

En la víspera, sin embargo, el INE determinó los lineamientos y criterios de imparcialidad, que enfatizaron la prohibición de que partidos políticos y funcionarios hagan proselitismo y que se inclinen por alguna candidatura.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que este recinto legislativo se sumará a las impugnaciones contra la resolución del INE, pues consideró que difundir la elección judicial no implica que apoyen alguna candidatura.

“No quiere decir con este tema de difundir hacer proselitismo a un candidato o candidata. Es simplemente difundir la elección y en ese sentido yo creo que nos asiste la razón”, expresó Monreal en conferencia de prensa la tarde de ayer.

Legisladores siguen la misma ruta que el gobierno federal

La Cámara de Diputados y el Senado de la República seguirán la misma ruta que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que impugnará el acuerdo del Consejo General del INE que impide al Poder Ejecutivo difundir la elección judicial.

“Vamos a acudir al Tribunal porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, igual que el INE, participen en la difusión de este evento tan transformador que va ocurrir en México el 1 de junio”, dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La presidenta utilizó el mismo argumento que los legisladores de su partido, respecto a que la difusión de la elección judicial no implica favorecer alguna candidatura en específico.

“No vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación”, insistió Sheinbaum.

“El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”, afirmó.

“Restricción del INE es irrazonable”: Loretta Ortiz

Asimismo, la ministra consideró que la restricción del INE es irrazonable ya que los propios Poderes de la Unión han participado activamente en las etapas previas a este proceso y han postulados candidatas y candidatos para los diversos cargos a elegir.

Loretta Ortiz advirtió que esta restricción generaría, además, situaciones jurídicamente inaceptables como impedir que las universidades públicas, en ejercicio de su autonomía y función académica, realicen foros informativos neutros sobre el proceso electoral judicial y las candidaturas o que las propias instituciones judiciales federales y locales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección.

“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, denunció.

Por ello, la ministra consideró que la Sala Superior debe proteger los derechos de las personas electoras y candidatas y, en consecuencia, revocar el acuerdo del INE.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que también impugnará el acuerdo del INE que  prohíbe a personas servidoras públicas, instituciones y autoridades hacer uso de recursos públicos para promover el voto o la participación ciudadana en la elección al Poder Judicial.

“Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad”, señala el artículo 96 constitucional.

“Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos”.

En tanto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que durante las campañas, que se iniciaron el 30 de marzo, los candidatos podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia.

“Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”, indica el artículo 506 de la Ley.

En cambio, el artículo 509 establece que los candidatos podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no paguen para potenciar o amplificar sus contenidos.

Promoción en medios

Ante ello, surgieron organizaciones como el Centro de Capacitación del Nuevo Poder Judicial conformado por investigadores, juzgadores, políticos y estudiantes que, según su página de internet, buscan “capacitar a los aspirantes interesados en formar parte del nuevo Poder Judicial, a través de la promoción y difusión de conocimientos de alto impacto”.

El proyecto está encabezado por Xiuh Tenorio, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuya carrera política la inició bailando en el video promocional del Partido Nueva Alianza (Panal), ligado a Elba Esther Gordillo, para la elección del año 2006; posteriormente se adhirió a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en 2015 lo presentó como candidato a jefe delegacional de Benito Juárez y al no obtener el triunfo terminó como suplente del senador Mario Martín Delgado por el PRD.

Entre sus docentes tiene al exdirector de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), César Castillejos, quien ocupó dicho cargo durante la presidencia de Zaldívar, quien actualmente es coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.

Javier Bautista, exdirector general en la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México durante la administración de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, actual mandataria federal.

La comunicación del Centro de Capacitación está a cargo de Aurora Vega, exdirectora de información de la Corte durante la presidencia de Zaldívar.

El centro ofrece cursos como el de “Ejecución de campañas exitosas para personas juzgadoras” y “Entender la elección del Nuevo Poder Judicial y las Reglas para participar como candidato a Persona Juzgadora”, creados por Benjamín Hill y Marcos Perafán, quienes además son docentes.

Ambos son en línea con una duración de seis horas divididas en cuatro sesiones por día y con un costo de 5 mil pesos más IVA.

Otro sobre “Branding personal e imagen pública”, creado por Amanda Pérez y Hebe Santinelli, también en línea, pero con un costo de 10 mil 500 pesos más IVA.

El tiktoker de Zaldívar

El Colegio Comprender también hizo lo propio y creó el curso “Manejo de redes sociales para campañas”, en el que ofrece a los aspirantes recibir capacitación con Cristian Magazo, influencer que se encargó de hacer crecer la cuenta de TikTok del ministro en retiro Arturo Zaldívar en el año 2022.

Magazo, cuyo nombre real es Cristian Edgar Guerrero Flores, fue contratado por Zaldívar el 1 de agosto de 2022, lo que implicó un costo para la Corte de 93 mil 522 pesos mensuales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios.

Durante los últimos cinco meses de la presidencia de Zaldívar en la Corte, el influencer estuvo contratado bajo esta modalidad, por lo que habría recibido 467 mil 610 pesos.

Al término de su presidencia en la Corte, Zaldívar decidió darle una plaza en su ponencia en la Primera Sala como asistente de gestión y seguimiento, puesto en el que ganaba 36 mil 117.8 pesos mensuales libres de impuestos, apenas el 38% de lo que ganó cuando el ministro en retiro encabezaba en el Poder Judicial.

Esto, pese a que no contaba con título profesional ni experiencia para ocupar dicho cargo.

Después de darse a conocer la contratación de Magazo en la Corte, el influencer renunció al considerar que él y la institución “tomaron rumbos diferentes”, según dio a conocer en una transmisión en vivo en TikTok en la que inicialmente dijo que se trató de un despido y minutos después corrigió para afirmar que fue una decisión tomada por él mismo.

Desde entonces fue contratado por el Colegio Comprender, institución para la que hace los videos promocionales para redes sociales.

Por ello, en su curso el colegio incluye a los candidatos una sesión de iniciación con Magazo; la grabación de un video para TikTok en colaboración con el influencer; la creación de un branding básico personalizado por candidato y cinco horas de asesoría individual por llamada, videollamada o presencial para elaborar videos.

El paquete ofrecido por el colegio tiene un costo de 18 mil pesos que deberán ser pagados en una sola exhibición y tiene una duración de 75 días a partir del 16 de marzo.

Aunque la oferta es capacitar a los candidatos, el programa del curso del Colegio Comprender incluye actividades propias de una agencia publicitaria, como la entrega de un informe semanal sobre las tendencias de TikTok e Instagram, propuestas de contenido con sugerencias específicas para la creación de videos y la administración de contenido en ambas redes sociales para asegurar “una estrategia optimizada para potenciar su alcance y engagement”.

“La persona candidata tendrá derecho a cinco fotografías profesionales con dos cambios de vestuario. Para la sesión deberá asistir a las instalaciones designadas”, señala el promocional del curso al que Proceso tuvo acceso.

“Cada persona candidata tendrá derecho a la edición de ocho videos, uno por semana, ajustados a su estilo y necesidades”.

La oferta más cara

Finalmente, el Instituto Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica lanzó la plataforma quisierasertujuez.com en el que incluye un manual de campaña para candidatos a juzgadores, que es descargable y gratuito.

Sin embargo, también ofrece talleres y asesorías online con costo como el denominado “Quisiera ser tu juez”, de 7 mil 500 pesos con una duración de cinco horas, para desarrollar una campaña electoral con módulos sobre redes sociales, identidad gráfica, discurso y uso de inteligencia artificial.

Así como el “Taller de Planeación Estratégica” para diseñar una estrategia de campaña con herramientas digitales y plantillas y en el que pueden participar hasta cinco personas del mismo equipo con una duración de cuatro horas por un costo de 45 mil pesos.

También ofrece una “Consultoría de entrenamiento de medios” para que el interesado mejore su desempeño ante medios y públicos, aprenda técnicas de discurso, entrevistas y manejo de situaciones en directo con simulaciones prácticas y retroalimentación en tiempo real durante dos horas por un costo de 17 mil 400 pesos.

Así como una “Consultoría de narrativa oratoria y discurso” para que los candidatos desarrollen sus discursos y creen una narrativa convincente para la campaña con prácticas de oratoria y storytelling con una duración de cuatro horas por 45 mil pesos.

Mientras que las 15 candidaturas a la Sala Superior del Tribunal Electoral también ya subieron su currículum, propuestas y datos de contacto, así como las 38 personas que intentarán llegar al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Esto es el 100 % en ambos casos.

Donde hay más personas que todavía no integran su información a la plataforma al corte del 30 de marzo, primer día de campaña, es en las candidaturas a magistrados y magistradas de circuito, donde hay mil 570 hojas de vida de mil 640, esto es el 95.7 %, y de jueces y juezas de distrito, donde hay mil 461 perfiles con currículum de mil 570, lo que representa el 93 %.

De las 95 personas que intentarán ser parte de alguna de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral se han sumado el 93.75 %.

El portal ofrece la posibilidad de descargar la ficha de cada persona candidata y obtener en formato Excel la base de datos completa de todas las candidaturas que estarán en la boleta electoral el próximo 1 de junio.