Quiroa informó a través de su cuenta en la plataforma X que, debido a que no se autorizaron gastos de campaña para la elección judicial, decidió vender su automóvil, un Jetta automático, por 27 mil pesos mexicanos para financiarse.

“Lo vendo barato porque tiene un detalle en la transmisión, jala bien no te deja tirad@,” escribió Quiroa en su publicación.

Quiroa, quien estudió Derecho después de que su hermano Roberto fuera secuestrado el 10 de marzo de 2014, busca que su paso por el PJF sirva para implementar una justicia más equitativa, sobre todo para las víctimas de desapariciones.

Además señaló ante medios de comunicación que, para dar a conocer su trabajo y contar con recursos para su campaña, también llevará a cabo otras actividades para lograr su objetivo.

Piden presión internacional

Fuentes Velázquez resaltó que, si se permite que la independencia judicial sea destruida en México, se sentará un “precedente nefasto” para la región, por lo que hizo un llamado a ejercer presión a nivel internacional para evitar que se consolide lo que considera un “régimen autocrático” en el país. 

“Esta es una alerta internacional. No podemos permitir que el silencio y la inacción legitimen el sometimiento del Poder Judicial. La comunidad internacional debe reconocer que lo que ocurre en México, es un punto de quiebre para la región latinoamericana, y que su indiferencia abrirá la puerta a una nueva era de autoritarismo”, aseguró.

La jueza sostuvo que “la democracia en México pende de un hilo” y señaló que participar en la elección del Poder Judicial “es abrir la puerta a los abusos y a la arbitrariedad”, así como a un retroceso “a los años más oscuros del autoritarismo”.

Denuncias de jueces y magistrados a nivel internacional

Esta no es la primera vez que la asociación de jueces y magistrados denuncia ante un organismo internacional hechos relacionados con la elección de personas juzgadoras.

El pasado mes de enero, la Jufed denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en México se producen actos contrarios a la Constitución para “coptar al Poder Judicial” a través de unas “elecciones viciadas”.

Desde Costa Rica, donde se ubica la sede del organismo, la directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, dio a conocer que sostuvo reuniones con integrantes de la Corte y de otras instituciones para fortalecer alianzas y defender la independencia del Poder Judicial.

“Día con día se acumulan violaciones a la Ley de Amparo y se producen actos contrarios a nuestra Constitución y a las convenciones internacionales, dirigidas a llevar a cabo el golpe de la independencia del Poder Judicial y su cooptación mediante elecciones no seguras y viciadas”, sostuvo la juzgadora a través de un mensaje.

La reforma al Poder Judicial ha derivado en preocupaciones de diversos organismos e instituciones por los efectos que tendrá la misma en aspectos políticos, económicos y sociales del país.

La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió el año pasado sobre la preocupación por las “amplias” implicaciones para la independencia judicial en México.

México tendrá, en la primera elección popular del Poder Judicial, un récord de más de 100.4 millones de votantes potenciales y 4,097 candidatos, según cifras preliminares del gobierno federal.

Después de aprobarse el punto de acuerdo de hoy, lo que el Consejo General debió hacer para alinearse con la resolución vinculante del TEPJF, solo los candidatos a juez de distrito quedan sometidos al techo de 220 mil 336 pesos marcado por la ley.

“Ahora resulta que la literalidad de la norma que dice 'no podrá ser superior' (a 220 mil pesos) ahora debe interpretarse como 'no podrá ser inferior'. ¿Con qué razón? No tengo idea", deploró el consejero Arturo Castillo, quien denunció que el TEPJF no aportó ningún argumento para ordenar el rebase del tope de gastos de campaña. 

A excepción de dos consejeros –Carla Humphrey y Jorge Montaño–, todos los integrantes del Consejo General del INE que tomaron la palabra lanzaron duras críticas contra la orden del TEPJF, pues afirmaron que además de contradecir el texto de la ley, generará inequidad en la contienda en beneficio de los candidatos más ricos. 

A diferencia de elecciones normales, el proceso electoral del poder judicial no involucrará recursos públicos ni privados; de acuerdo con la reforma constitucional y las reglas aprobadas, los candidatos solo podrán utilizar su dinero para financiar su campaña, con la prohibición expresa de contratar publicidad –en cualquier modalidad– o encuestas.

"Es un precedente atroz para la fiscalización", aquejó la consejera Dania Ravel, quien calificó la decisión de la Sala Superior del TEPJF como un "desatino tremendo". "Se propicia que el dinero sea un factor de ventaja severo y determinante de una candidatura sobre otra", agregó. 

En el mismo tono, el consejero Uuc-kib Espadas denunció que la sentencia del tribunal electoral "impone actuar fuera de la ley", e insistió en que el TEPJF "no interpretó la ley, la contradijo".

“Los perfiles que aparecerán en la boleta y la información que a manera de promoción recibirá la ciudadanía, se relaciona con capacidades técnicas y jurídicas claras, trayectorias, experiencia jurisdiccional en su caso, y otras características que cada votante deberá sopesar para tomar una decisión. Esta forma de hacer campaña representa todas luces distinto a lo que la ciudadanía está acostumbrada”, sostuvo.

INE puede modificar tiempos en radio y TV para elección judicial

Comentó que en este caso no hay una regla constitucional de manera clara donde haya una distribución especifico y por lo tanto se tienen las reglas especificas en torno al INE que puede llevar a cabo la modificación a los lineamientos en radio y televisión.

“Tenemos que estudiar si es razonable que el INE se auto adjudique estos 48 minutos, parece ser que coincidimos que los 48 minutos completos para sí mismos el INE pareciera que no es racional, por varias razones. Primero: por el tipo de elección. Es decir, en este caso no hay partidos políticos y todo ese tiempo que se da normalmente se les da a los partidos para promocionar candidaturas”, explicó el magistrado.

Añadió que dichas candidaturas normales tampoco tendrán tiempos en medios de comunicación, pues ya lo determinó el INE.

“Pareciera que se afecta injustificadamente por supuesto el modelo genérico de comunicación política basado en la libertad comercial por parte de las concesionarias de radio y televisión y también el derecho a las audiencias, en el caso a recibir información con respecto a las elecciones, pero sin una saturación exagerada o innecesaria que puede llevar a la desinformación”, planteó de Mata Pizaña.

Ciudadanía debe votar en elecciones judiciales con conocimiento, dice Tribunal

En tanto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, comentó que los principios como la equidad y la imparcialidad fueron pilares del diseño normativo, ya que fue con la finalidad de asegurar elecciones democráticas en donde el actor principal es la ciudadanía para que vote con libertad y conocimiento.

“Hasta el día de hoy, la sobre propaganda en radio y televisión se basaban en la premisa de otorgar prerrogativas a los actores políticos para posibilitar un intercambio de información relevante con la ciudadanía”, dijo Fuentes Barrera

“En cuanto a la promoción de las candidaturas en el proceso judicial, no es análoga a los mecanismos de participación ciudadana. Y en ello me quiero también referir. Igualmente me aparto, no coincido en que se considere que la promoción de las candidaturas en radio y televisión en el proceso electoral judicial resulta análoga a la revocación de mandato y la consulta popular, pues estos mecanismos de participación ciudadana que tienen una finalidad distinta, muy importante sin duda, que es la participación real y efectiva de la ciudadanía en la vida política del país, pero diversa a la persecución en los procesos electorales”, añadió.

Cancelarán candidaturas del Poder Judicial por faltas graves

Por otra parte, la magistrada Janine Otálora, revocó al INE el acuerdo por el que se limitaban las cancelaciones de los registros de candidaturas al Poder Judicial.

Los candidatos no podrán recibir recursos públicos y privados y tampoco asistir a eventos proselitistas de los partidos políticos.

Si, por el contrario, llega a suceder, se deberá valorar cada caso y determinar si hay cancelación.

“Las sanciones del proceso electoral judicial no deben quedar limitadas solamente a las conductas infractoras (…) son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse solo una vez que se analiza cada caso”, comentó.

“La elección de la sanción aplicable a cada conducta reside justamente en un ejercicio de análisis casuístico que debe realizar la autoridad conforme a las particulares de cada caso, una vez que se haya materializado la acción (…) Es incorrecto que, entre los lineamientos, el INE determina que las restantes conductas previstas en el artículo 51 no son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse sólo una vez que se analiza cada caso”, consideró Otálora.

El INE informó sobre estas capacitaciones para la primera elección judicial a solo 76 días de la jornada electoral. 

Indicó que 1 de junio serán instaladas 84 mil 204 mesas directivas de casilla. En la primera etapa de capacitación, el INE debe visitar hasta el próximo 31 de marzo a más de 13 millones de personas que fueron insaculadas, con base en los meses nacimiento febrero y mayo.

De acuerdo con un comunicado publicado este domingo, hasta este 16 de marzo, 21 mil 340 personas capacitadoras asistentes electorales han visitado a 12 millones 788 mil 387 personas, lo que equivale a un 96.63 % de la ciudadanía insaculada.

Aprueban 800 millones de pesos extra

De una ampliación de recursos de mil 511 millones de pesos que solicitaron al gobierno federal para la elección judicial, únicamente fueron aprobados 800 millones, lo cual implicará revisar la planeación inicial de los comicios de personas juzgadoras, señaló el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El Consejo General aprobó una solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 por la cantidad de mil 511 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente nos autorizó la cantidad de 800 millones de pesos”, señaló la consejera Daniela Ravel el pasado jueves.

Aunque habrá más recursos para la elección judicial, Ravel señaló que el Instituto no tendrá “ni siquiera los recursos mínimos” que solicitaron, pero afirmó que sí están en condiciones de instalar las 84 mil casillas contempladas.

Para hacer promoción a la elección judicial, el vicecoordinador de los diputados morenistas aprovechará lo que él llama un “ejército claudista”, es decir, la misma estructura que impulsó la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y que luego apoyó la postulación de Luisa María Alcalde como presidenta nacional de Morena.

Para echar andar su maquinaria de difusión, Morena contará con el apoyo de sindicatos de trabajadores de la salud, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros y hasta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización que antaño fue aliada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando era la fuerza política dominante del país.

A todos ellos se sumarán cámaras industriales e incluso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de que su presidente, Francisco Cervantes, se reuniera con Ramírez Cuéllar para pactar su participación en la estrategia.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe que los partidos políticos hagan campaña a favor de algún candidato. Tampoco permite que los servidores públicos utilicen recursos públicos para hacer promoción del proceso electoral.

“Nosotros no tenemos ningún financiamiento, aquí no hay partidos ni nada, somos pura sociedad civil, estamos cumpliendo la regla de que los partidos no se involucren, yo estoy actuando más como persona, como ciudadano interesado en que la elección judicial sea un éxito”, expresa Cuéllar al ser cuestionado sobre la estrategia de difusión.

Construyendo Justicia se organiza para difundir la elección judicial

Construyendo Justicia es una organización que deriva de otra llamada Construyendo el Segundo Piso, conformada por personas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar lo acompañan, por ejemplo, la senadora María Guadalupe Chavira, el senador Raúl Morón, las diputadas Olegaria Carrasco y Gloria Sánchez, además del diputado Alejandro Carbajal.

Leonel Godoy, quien fue el coordinador de campaña presidencial del hoy senador Adán Augusto López Hernandez, también estuvo presente en el arranque de los trabajos de la organización Construyendo Justicia.

Presidentes municipales y líderes de Morena a nivel estatal complementan la lista de las personas que trabajarán en la movilización de 20 millones de votantes para la elección del 1 de junio, para lo cual ya empezaron a conformar comités en cada entidad de la República.

Cada comité deberá llevar un registro de cuántas personas han sido “sensibilizadas” para medir el éxito de la campaña de difusión, de acuerdo a lo que se comentó en una reunión del miércoles 12 de marzo a la que este medio pudo acceder.

La organización morenista tiene planeado empezar en lo inmediato con la promoción de la reforma judicial y no parará hasta el último día de mayo, según lo dicho por Alfonso Ramírez Cuéllar, pues acepta que la mayoría de la población no conoce la elección judicial.

“Estamos muy preocupados porque el nivel de conocimiento es muy escaso, hemos notado un enorme desconocimiento y estamos obligados a que la gente conozca qué es lo que se va elegir, cuándo se va a elegir, cómo se va a elegir. Necesitamos que la elección del Poder Judicial sea muy amplia para que le pueda dar legitimidad”, señala el líder morenista.

Construyendo Justicia habilitó una página de internet para que sus comités la difundan. En el sitio web hay una explicación de qué es la reforma judicial, por qué debe participar la población y los cargos que se elegirán. Adicionalmente, a partir del 30 de marzo tendrá disponible una sección con los nombres de las candidaturas.

Niegan morenistas inclinar balanza a favor de candidatos de su movimiento

Morena no cede en sus esfuerzos por difundir información sobre la elección judicial del próximo 1 de junio. Un ejemplo de esto es que el partido imprimirá 100 mil folletos de 14 páginas para dar a conocer el proceso a la población.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, también presentó su propio folleto con información relacionada a la elección judicial.

Los esfuerzos de Morena han generado polémica debido a que hay candidaturas cercanas al partido, por ejemplo, las tres aspirantes a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Hasta ahora, la organización Construyendo Justicia se ha limitado a difundir la elección judicial del 1 de junio sin hacer alusión a alguna candidatura en específico, algo que seguirán manteniendo, según Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Nosotros lo único que estamos abocados es a difundir la elección, informar qué es lo que se va a elegir, dar conferencias en las universidades, en las organizaciones sindicales”, concluyó el legislador morenista.

Con esto la mandataria recordó que el fondo de la reforma judicial responde a dos problemáticas fundamentales: la corrupción y la influencia del poder económico en la justicia.

En México, con la Cuarta Transformación, se logró separar el poder económico del poder político. Ahora, lo que se busca es desvincular el poder económico de la justicia y garantizar que todos tengan acceso igualitario a ella.

“Me retiré ante la abierta violación del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló la ministra.

El empresario Ricardo Salinas Pliego enfrenta una presunta deuda fiscal que tiene con el Sistema de Atención Tributaria (SAT) y se encuentra en revisión dentro de tribunales nacionales.