Por estas acusaciones dichos organismos han emitido pronunciamientos o recomendaciones dirigidas a él o a la corporación que representa, pero por ninguna de éstas el funcionario ha recibido sanción o castigo, según arrojó una consulta hecha al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.
Apenas el pasado jueves, la CNDH emitió una recomendación contra la corporación que dirige Enrique Galindo, en la que aseguran que la PF ejecutó arbitrariamente a 22 civiles y presentó información a modo durante la implementación de un operativo en un rancho del municipio de Tanhuato, Michoacán, realizado el 22 de mayo de 2015.
La primera acusación en contra de Galindo ante la CNDH se hizo en 2004, cuando se desempañaba como Director General de la Policía Ministerial de San Luis Potosí. La denuncia vino del ex secretario de Finanzas del Estado, Olegario Galarza Grande, quien acusó al entonces procurador de justicia, así como a su director de la policía (Enrique Galindo) de ordenar su detención de manera arbitraria y sin orden de aprehensión.
Tras revisar el caso, la CNDH estableció que la detención del ex secretario de Finanzas fue ilegal y como prueba analizaron un documento elaborado por Enrique Galindo donde por escrito avalaba su aprehensión.
Lo irregular, según la CNDH, es que el informe carecía de la firma de los agentes que realizaron la investigación, el visto bueno del Jefe de Grupo, la solicitud de detención para el Ministerio Público y copias de dichos documentos para llevar el control de las acciones emprendidas, como lo establece la norma; el informe únicamente venía firmado por Enrique Galindo.
Animal Político hizo un recuento de las acusaciones que en 12 años acumula el Comisionado de la Policía Federal y la corporación a su cargo, así como las recomendaciones y pronunciamientos emitidos por la CNDH por esos hechos.
Omisiones en parte informativo
El 1 de septiembre de 2004, la CNDH inició el expediente 2004/329/SLP/I/, con motivo del recurso de impugnación interpuesto por un familiar del ex secretario de Finanzas de San Luis Potosí, Olegario Galarza Grande, por la no aceptación de la recomendación 6/2004, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí dirigió, el 4 de junio de 2004, al Procurador General de Justicia de esa entidad, con motivo de la detención arbitraria del ex funcionario, ocurrida el 8 de diciembre de 2003.
Según Olegario la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí lo detuvo sin orden de aprehensión y lo mantuvo incomunicado por varias horas, lo que fue avalado por la Comisión Estatal y Nacional de los derechos humanos, instancias que emitieron, por separado, recomendaciones a favor de este ex Funcionario.
En el caso de quien fuera director de la Policía Ministerial, Enrique Galindo, la CNDH ordenó, en la recomendación 28/2006, que se diera vista al Órgano de Control competente para que investigara las omisiones en las que incurrió, “al rendir un parte informativo que carecía de requisitos esenciales” como la firma de los policías que realizaron la investigación y la solicitud de detención para el Ministerio Público, entre los más importantes.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
El 20 de noviembre de 2014, en el marco de una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Policía Federal y la Policía Auxiliar de la CDMX disolvieron la protesta con exceso de fuerza al agredir a cientos de civiles, entre ellos personas de la tercera edad, niños y periodistas, que pacíficamente se manifestaban y documentaban el acto.
El violento desalojo del zócalo de la CDMX ocurrió luego de que un reducido grupo de personas encapuchadas lanzó bombas molotov contra Palacio Nacional; por eso hechos policías federales y auxiliares persiguieron a cientos de personas que permanecían en el Zócalo protestando de manera pacífica.
En un comunicado de prensa, la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos en la CDMX hicieron un llamado a las autoridades que participaron en las agresiones, especialmente a los policías, para realizar su trabajo apegados a los más altos estándares en derechos humanos, “con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la libre manifestación”.
Los asesinatos en Apatzingán
El 25 de noviembre de 2015, la CNDH emitió la recomendación 3VG/2015, contra la Policía Federal por el asesinato de 5 personas y el ejecución extrajudicial de un civil más, ocurridos el 6 de enero de 2015 en las inmediaciones del palacio municipal de Apatzingán, Michoacán, donde la corporación al mando de Enrique Galindo reportó un saldo de nueve personas muertas, 44 detenidos y cinco lesionados (entre ellos dos policías federales).
Por estos hechos la CNDH conformó un equipo técnico multidisciplinario integrado por visitadores adjuntos, peritos en medicina forense, criminalística, criminología, planimetría y psicología, quienes establecieron que los policías asesinaron a estas personas, echando abajo la versión del entonces comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien dijo que las muertes fueron resultado de una emboscada a las fuerzas federales y el ejército.
El operativo Nochixtlan
El pasado 19 de junio, ocho personas murieron y cien más resultaron heridas durante un operativo de desalojo, encabezado por policías federales y estatales, en la autopista federal que cruza el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca. Además de estas víctimas, 23 personas fueron detenidas por la policía federal en esa ocasión. De acuerdo con testimonios, 18 de estas personas fueron sacadas de un funeral que se realizaba a unos cuantos metros del operativo.
A las pocas horas de ocurrido, el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que los policías a su cargo no habían usado armas de fuego, ni gases lacrimógeno; videos, testimonios y fotografías muestran que durante el operativo los policías si dispararon contra los manifestantes que mantenían un bloqueo carretero.
Por estos hechos, la CNDH inició una investigación para determinar el tipo de violaciones a los derechos humanos cometidas y tratar de determinar si hay responsabilidad de la Policía Federal. A poco más de dos meses del operativo la CNDH cuenta con 500 testimonios y quejas sobre el ocurrido esa mañana en Nochixtlán. Hasta el momento no han dado a conocer los avances de sus investigaciones.
22 ejecuciones extrajudiciales
El pasado jueves 18 de agosto, la CNDH emitió la recomendación 4VG/2016, en la que establece que la Policía Federal, el 22 de mayo del 2015, ejecutó extrajudicialmente a 22 civiles durante un supuesto enfrentamiento armado que dejó como saldo 42 personas y un policía muerto en un rancho de Tanhuato, Michoacán.
La CNDH también documentó actos de tortura, manipulación de cadáveres, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades cometidas por la Policía Federal.
En su momento el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que en Tanhuato no hubo ejecuciones extrajudiciales y dijo que las víctimas eran miembros de un grupo criminal que habían disparado a los policías tras una persecución; en la recomendación la CNDH estableció que no hubo tal persecución y que los policías asesinaron a los civiles cuando varios de ellos se encontraban dormidos.
Las acusaciones contra el comisionado Enrique Galindo, a pesar de las recomendaciones y observaciones de la CNDH, no han tenido ningún tipo de repercusión jurídica o administrativa hacía su persona. En la mayoría de los casos ha negado que la corporación a su cargo actuara arbitrariamente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/galindo-policia-federal-violaciones-derechos/
