El expresidente Enrique Peña Nieto dijo –en una de varias entrevistas con el periodista Mario Maldonado– que desde adentro del mismo Gobierno, empresarios y políticos intentaron derrocarlo para convocar a nuevas elecciones; un hecho que, de confirmarse, es inédito en la historia contemporánea de México. También confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) le tiene abiertos expedientes de investigación: “Sé que la Fiscalía la tiene y le he dado seguimiento con mis abogados; la tienen congelada, no la han cerrado. Yo voy a presionar un poco para que la cierren, pero cuando haya pasado la elección presidencial. Antes no creo que la vayan a cerrar. Han de tenerlo por si se ofrece”.

A través de recuerdos íntimos, como si se tratase de una memoria familiar, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, sostiene en entrevista con Proceso que desde la cúpula de su organización, el Cártel de Sinaloa, se ha apoyado a presidentes de la República y cómo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mantuvo una precisa división entre dos de los narcotraficantes más poderosos de aquellos tiempos.

La defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó este jueves que su cliente continúa buscando un acuerdo reparatorio con el Gobierno federal para evitar ir a juicio, y mencionó que “cree” que hay condiciones para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea extraditado de España por su presunta participación en el caso Odebrecht.

En un encuentro con medios de comunicación, Miguel Ontiveros Alonso, abogado defensor de Lozoya Austin, señal que “cree” que como sucedió con Alejandro Toledo, expresidente de Perú, quien fue extraditado desde Estados Unidos a su país por recibir dinero de la empresa Odebrecht, lo mismo puede sucederle a Peña Nieto.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo esta mañana que en la dependencia no hay “conocimiento” de alguna investigación de la policía de Andorra, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que El País diera a conocer que las autoridades de dicho país tienen en la mira al exmandatario mexicano por su relación con Juan Collado Mocelo.

El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció el haber utilizado dos aviones del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido en México por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada, para trasladar a una de sus hijas a dos prestigiosas clínicas en Estados Unidos, afirmó el periodista Joaquín Gil del diario español El País.

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), habría intentado otra vía para conseguir su residencia en España antes de instalarse en aquel país gracias a un permiso migratorio conocido como “golden visa” o “visado dorado”, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros (10.5 millones de pesos mexicanos), informó este jueves El País.

De acuerdo con el texto de la periodista María Martín, el exmandatario priista solicitó una autorización de residencia por supuestos excepcionales no previstos en el Reglamento de Extranjería. Sin embargo, España no admitió su solicitud a trámite “por no cumplir los requisitos exigidos para ello”.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR) empezó a solicitar, desde el 16 de octubre de 2020, información del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual clasificó como “confidencial”, ya que sería parte de una carpeta de investigación iniciada por denuncias de corrupción durante su administración, reveló este martes el diario Milenio.

De acuerdo con el periodista José Antonio Belmont, casi dos años después, el Ministerio Público de la Federación ya contaba con la documentación personal y pública de quien era el Presidente de la República.

La empresa española OHLA anunció que está dispuesta a colaborar con las autoridades mexicanas para esclarecer las acusaciones que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la relacionarían junto al expresidente Enrique Peña Nieto con la comisión de delitos electorales y patrimoniales.