Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua

Por amenazas o complicidad, los cabecillas del narcotráfico en distintas regiones del estado, principalmente las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron directores de seguridad pública, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas como obras públicas, según un diagnóstico realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) e inteligencia militar.

Ambas instancias vincularon a 10 directores de seguridad pública con el crimen organizado en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos.

Ante la situación, la FGE sustituyó temporalmente a las policías municipales, para que sean capacitados y sometidos a pruebas de control de confianza, en tanto la seguridad fue asumida por más de 300 elementos de la policía estatal, desplazados este domingo a municipios como Madera, Gómez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Temósachic.

En una primera etapa, más de mil 200 agentes municipales serán sometidos a procesos de evaluación y confianza, así como a cursos de actualización, para cumplir con la certificación que solicita la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó Óscar Avendaño Aparicio, director de la Policía Única Estatal (PEU).

El área donde se debe sustituir a las policías municipales se decidió por la incidencia de delitos relacionados con el crimen organizado, indicó el titular de la PEU. Explicó que se busca regionalizar a las policías, que por falta de profesionalización y confianza no han podido hacer su trabajo correctamente.

Aparicio Avendaño indicó que el acuartelamiento de tres meses consistirá en aplicar exámenes, luego de tomar un curso de capacitación, con actividades alineadas a las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las cuales incumplen la mayoría de los municipios en Chihuahua. Adelantó que quienes reprueben los exámenes de confianza no podrán pertenecer a corporación alguna.

Según la FGE, de los 67 directores de seguridad pública municipal de Chihuahua –sólo Juárez tiene la dependencia a nivel de secretaría– 90 por ciento ya realizaron pruebas de confianza, y los resultados los tiene el Centro Estatal de Control de Confianza. Según datos no oficiales, la mayoría reprobaron.

Esencial, presencia de militares

Ayer, ante mandos castrenses en las zonas militares 5 y 42, durante la celebración del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el gobernador Javier Corral Jurado reconoció que en la entidad aún es imprescindible la presencia de militares en labores de seguridad mientras en los ámbitos municipal, estatal y federal no haya resultados en términos de control de confianza de las corporaciones, muchas absolutamente contaminadas por la delincuencia organizada, señaló.

Corral Jurado se pronunció por la aprobación de un marco jurídico, con el mayor consenso social, de manera clara, transparente, sin estados de excepción, que defina en qué territorios y en qué tiempos debe actuar el Ejército en labores de seguridad.

El gobernador destacó que mientras se cuente con apoyo militar, las autoridades civiles deben actuar con firmeza para depurar y fortalecer los cuerpos policiacos, de modo que puedan asumir en su totalidad las tareas en las que el Ejército ha debido intervenir.

En agosto pasado, durante la entrega-recepción del gobierno estatal y de los 67 municipios, Corral Jurado solicitó a los alcaldes entrantes consensuar con el estado los nombramientos de los jefes de policía, proponiendo ternas que el Congreso local analizaría. Ningún edil accedió a la propuesta, sólo la presidenta municipal de la capital, la panista María Eugenia Campos, pidió apoyo al Sistema Nacional de Seguridad para nombrar a su actual director de la policía, Gilberto Loya, quien fue secretario técnico del organismo federal.

Los 66 alcaldes restantes, incluido el de Ciudad Juárez, Armando Cabada, decidieron por su cuenta. Cabada designó inicialmente al ex fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, a quien la administración estatal cuestionó por sus vínculos con el ex gobernador César Duarte.

González Nicolás renunció en diciembre pasado y quedó encargado del despacho Sergio Almaraz Ortiz, también cuestionado por la autoridad estatal, quien le abrió una carpeta de investigación por presunta obstrucción de la procuración de justicia y ejercicio indebido de la función pública. En corrillos se aseguró que reprobó exámenes de evaluación y control de confianza que le aplicó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Ratificados en cargos, pese a nexos

Otros directores de seguridad pública municipal, como el de Chínipas, Martín Ramírez Medina, fueron ratificados en el cargo con el cambio de ayuntamiento, a pesar de sus nexos familiares con líderes criminales: es primo en primer grado de Alfredo Salazar Ramírez, preso por narcotráfico, y sobrino político de Crispín Salazar Zamorano, cabecilla de un grupo que opera en los municipios de Urique, Guazaparez y Moris.

El informe elaborado por la FGE e inteligencia militar ubica en la misma condición al jefe de la policía municipal en Guazapares, Saúl Rochín Ayón; el de Batopilas, Javier Ramón García Aldama; de Guerrero, Marco Antonio González Hernández; Santa Bárbara, Abel Lorenzo Villalobos; Coronado, Edgar Eliud Hernández Tovar y el de Ascensión, Sergio Horacio Payan Meza.

En algunas regiones del estado el crimen organizado rebasó a partidos y gobiernos. En 2016, el comité directivo estatal del PRI sustituyó a los candidatos a ediles de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino del cabecilla del grupo Los Salazarez, y de Bachíniva, Silvia Mariscal, suegra de Arturo Quintana, alias El Ochenta, que controla grupos criminales en el noroeste del estado.

En Bachíniva, Namiquipa, Guerrero, Carichi, Cusihuiriachi, Gómez Farías y otros municipios del noroeste, Arturo Quintana es conocido por exigir contratos de obra pública a los alcaldes.

En el municipio de Madera, de cien policías preventivos en nómina, sólo 60 aceptaron someterse a exámenes de confianza. Se presume que los otros 40 son infiltrados del crimen organizado. Situación similar ocurre en Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, donde los policías municipales fueron sustituidos recientemente.

Fuente: La Jornada

Autora: Miroslava Breach Velducea

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/estados/031n1est

Javier Duarte fue el “idiota útil”, la tapadera de una red criminal que está libre: Solecito y Brigada

Javier Duarte de Ochoa era “el idiota útil” que representaba a una red de operadores que sumieron a Veracruz en una crisis de seguridad que cobró muertos y desaparecidos al por mayor, dicen líderes de las brigadas de búsqueda de personas en las fosas clandestinas de la entidad. Después del Gobernador con licencia, el “tumor” sigue enquistándose y echando raíces. Todos deben pagar y ser perseguidos, porque al final Duarte es ya “una basura orgánica” que nadie le importa, afirman.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– La salida de Javier Duarte de Ochoa del Gobierno de Veracruz no significa nada, porque él no gobernaba la entidad desde hace tiempo; lo hacía una red operadores que aún gozan de libertad, poder e impunidad y que están enquistados como un “tumor” en la administración pública, coincidieron activistas que lideran organizaciones de búsqueda de desaparecidos en la entidad.

“Duarte era el idiota útil, pero la continuidad sigue ahí. La estructura perversa de violadores de derechos humanos, de gente coludida con el crimen organizado. Toda esa estructura, sigue intacta”, afirmó Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito.

La estructura está encabezada por Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública [quien renunció a su cargo en agosto]; Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General de Veracruz; Flavino Ríos Alvarado, Gobernador interino; el mismo Amadeo Flores Espinosa, ex Fiscal de la entidad predecesor del actual Procurador y por otros actores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel federal, reconoció.

“Debajo de Duarte hay una estructura, una red de operadores en la que está Amadeo Flores, Bermúdez Zurita, a quienes no les han hecho nada. Después de ellos hay una cantidad más, todos deberían de pagar. Duarte era la cara más visible, digamos la máscara que utilizaban: él se beneficiaba económicamente, mientras los otros hacían uso del poder. Duarte hace mucho no ejercía poder, eran ellos. La estructura sigue ejerciéndolo, por eso pusieron a Flavino Ríos como ladrones en la noche”, precisó Lucía de los Ángeles.

Ayer, Cuitláhuac García Jiménez, Diputado federal y ex candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del estado en las elecciones pasadas, dijo a SinEmbargo que Javier Duarte es perseguido por corrupción, pero no está acusado por las violaciones a los derechos humanos de su gestión; los muertos y los desaparecidos que engrosan la listas de los buscadores y buscadoras, que como Lucía escarban en las fosas que emanan de la tierra una tras otra.

“Los veracruzanos lo que exigimos es justicia, porque el agravio no es sólo por corrupción: aquí hay desaparecidos, levantados diariamente; alguien tiene que ser responsable por las fosas de Veracruz, tan sólo en los últimos días acaban de encontrar 100 fosas clandestinas. Esto no ha sido mencionado porque tratan de ocultarlo con este simulacro de licencia y rendición de cuentas, que finalmente no se dará porque Duarte afrontará con fuero cualquier cosa que le quieran imputar”, dijo el Diputado federal.

García Jiménez también habló de que es probable que el Gobernador con licencia, aprovechándose de su fuero, escape y burle a la justicia. Llamó una simulación del PRI a su persecución.

Pero Lucía de los Ángeles dijo que no importa que Duarte escape o pise la cárcel, porque desde hace tiempo no gobernaba la entidad. Los familiares de los desaparecidos siempre han señalado a las policías municipales, pero también a las del Estado, como cómplices de los criminales para desaparecer y asesinar.

“Duarte era un cartucho ya explotado y no garantizaba para nada. Era una figura que les estorbaba porque ellos lo impusieron; ellos no necesitaban de Duarte para seguir vivos, porque él les dio toda la fuerza, los dejó enquistarse, una vez enquistados, ellos corren con sus propias piernas, no requerían de Duarte; claro Duarte es una figura inútil. Si sacamos la cuenta, tendrían que hacer una verdadera incisión quirúrgica y extraer ese tumor que está ahí. Pero yo no veo manera de que los quiten”, agregó.

Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de Familiares en Búsqueda María Herrera y miembro de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidos de la Red de Enlaces, afirmó que el gabinete de Javier Duarte estaba “infestado por Zetas”.

“Más allá de hablar del Fiscal, de Bermúdez Zurita, todo el gabinete de Javier Duarte estaba infestado de Zetas. Yo se lo dije [a Javier Duarte] y él decía que no era así. El tema en Veracruz es que no dimensionaron tanto daño que estaban ocasionando y se les salió de las manos. Es triste ver cómo Zurita renuncia para poder irse y no hacerse responsable de los desaparecidos y los crímenes que se cometieron durante su gestión”, consideró.

DEBEN PAGAR POR TRAGEDIA HUMANITARIA

Lucía de los Ángeles recordó las 100 fosas cladestinas que se encontraron los últimos días en la entidad. Justo durante la entrevista, la activista se encontraba en un predio junto con otras buscadoras.

“Es una tragedia humanitaria de proporciones pavorosas. No sabemos hasta qué punto las autoridades están metidas en esto. No me voy a meter en temas de culpables, son muchos los que tienen que rendir cuentas por esto. No sé quien, no se si nosotras, o quien, pero la gente tiene que llegar a decir: ‘aquí hay que pedir cuentas’, tiene que suceder”, dijo.

Juan Carlos Trujillo agregó que la acusación de enriquecimiento ilícito en contra de Javier Duarte, es sólo uno de los delitos que debe enfrentar él y todo su gabinete.

“Detrás de todo esto hay una responsabilidad enorme por las muertes y desaparecidos. A nosotros nos quieren utilizar como carnada para su cacería de brujas, pero queremos que busquen y encuentren a las personas que ocasionaron todas estas violaciones. Es urgente que los llamen a cuentas: a Bermúdez Zurita, al ex Fiscal Amadeo, a Luis ángel bravo, tienen que ser todos; los que están y los que ya no están. Si van a jalar a Javier, que los jalen uno por uno a los demás”, dijo.

En cuanto a la huida de Duarte de Ochoa, Lucía de los Ángeles estimó que, libre o preso, el Gobernador con licencia pagará con el escarnio público su deuda con la justicia y con los veracruzanos.

“Duarte es un hombre degradado que ya es una basura orgánica. Él ya es historia. Lo que le espera es el escarnio, y con eso nosotras estamos conformes. ¿De qué le sirve la vida en la condición que la vivirá él? Como un paria rechazado, indeseable. Que siga vivo todo lo que quiera, que viva su vida, hasta en libertad, porque a sus hijos le espera una vida de familia indeseable. Por eso nosotras no tenemos que llevarlo a ningún banquillo de los acusados, él no podrá escapar aunque corra”, dijo.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Shaila Rosagel

http://www.sinembargo.mx/15-10-2016/3104129 

El perdón y el olvido

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuentan que Arquitas de Tarento fue gravemente ofendido por un criado de la ciudad que gobernaba, hace unos dos mil trescientos años. Tratando de aplicarle una sanción, llegó a una conclusión asombrosa:

–Te impondría un grave castigo si no estuviera tan enojado.

Arquitas era un matemático que soñaba con la duplicación del cubo –problema irresoluble que el oráculo en Delfos les había impuesto para liberar a las ciudades de la peste–, en una máquina de vapor para volar y con estrategias militares. Como gobernante, y pensando en lo justo, dividió la cólera en dos: la legítima indignación y los deseos de venganza. La indignación, como derecho a la ira, es indispensable para cambiar una situación injusta u ofensiva. La venganza es su satisfacción. Pero el gobernante –nos dice Platón contando la historia de Arquitas– no puede hacer prevalecer su interés personal sobre el de la ciudad. Por eso se calma y piensa en las opciones que tiene –suponemos: la ejecución, el destierro, los azotes hasta la disculpa pública. No omite la sanción, sino que la retrasa para no disfrazar la simple venganza como si se tratara de justicia. Por supuesto, esta historia del matemático sirve para explicar que la obligación del gobernante es traicionar su motivación privada en bien de los objetivos de la ciudad y sus habitantes.

Cuando se habla de perdón y olvido, solemos volver a la distinción del alcalde griego. Si se calma hasta el punto de no ejercer una sanción, habrá cometido él mismo una falta por omisión. El perdón es bajar la intensidad de la ofensa recibida y omitir la pena. Por su lado, el olvido es dejar que ofensa y pena se pierdan en las brumas de la desmemoria. Cuando se invocan –como en el caso de las leyes de “obediencia debida” y “punto final” en la Argentina de Menem– se dice que están en el interés de la paz y la estabilidad. Pero no es así.

Hace un año y medio, el cronista Javier Cercas vino a la ciudad a presentar su libro El impostor. Se trata de la historia de un mecánico franquista que, durante la transición española, se hizo pasar por republicano, víctima de los nazis, y acabó hablando a nombre de los refugiados en la ONU. En la sobremesa con Cercas lo interrogué sobre qué pregunta –todo libro es una– había detrás de su crónica. Me respondió sin parpadear:

–La transición en mi país está construida sobre una mentira –se calzó los lentes–. La amnesia no es reconciliación.

Se refería, por supuesto, a una España en la que casi cualquier familia tenía a un franquista y a un republicano comiendo los domingos. A diferencia de Argentina, Chile, Guatemala y Perú, España –similar a México– quiso emprender un “punto final”, un “borrón y cuenta nueva” con la injusticia esencial: una parte de sus ciudadanos pagaron con la cárcel, el exilio, la desaparición y la muerte por sus ideas y acciones; pero la otra –los poderosos– murieron en sus camas. Lo cito, con su permiso, en extenso:

“El silencio llegó en los años ochenta, cuando a la derecha que provenía del franquismo y estaba en la oposición seguía sin interesarle hablar del pasado, porque haciéndolo, tenía mucho que perder. La izquierda socialista en el poder no lo hizo porque no tenía nada que ganar. En cuanto a los demás, estábamos demasiado pendientes en disfrutar de nuestra limpia modernidad, flamante, de europeos ricos y civilizados, como para ocuparnos de nuestra sucia historia inmediata de españoles harapientos y fratricidas. Sólo que ya sabemos que el pasado, aunque lo parezca, no pasa nunca. No puede pasar porque ni siquiera es ya pasado.”

El pasado es una narrativa, no el tiempo igual que se nos olvida que ha sucedido sólo en el segundero del reloj. Con su “alternancia” con Fox, México no pudo organizar un juicio al pasado del Partido y sus guerras sucias contra los opositores –guerrilleros, estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros, sindicalistas– que pagaron y siguen pagando la amnesia pactada. Seis años después, una reedición de esa misma impunidad comenzó de nuevo con Calderón –incluyendo la muerte de niños– y, ahora, con las masacres de Ayotzinapa, Nochixtlán, y las demás. En México, los poderosos nunca pagan. Lo mismo va para los corruptos, es decir, los que obtienen ganancias a expensas de lo público. Hay víctimas del enriquecimiento de las camarillas de los cazadores gubernamentales de rentas rápidas: ¿cuántos hospitales, escuelas, universidades, tuberías, cableados se dejan de recibir para que alguien obtenga una casa millonaria en la que se usó lo público para un beneficio privado? ¿No somos víctimas de la corrupción todos los que no usamos las posiciones de gobierno a favor de nuestra cuenta bancaria? ¿Castigarlos para que les sea adverso a los que planean usar sus decisiones de autoridad en beneficio propio no es minar la posibilidad de la impunidad?

Supongo que equiparar la represión y matanzas sin castigo de 1968 a la fecha con los actos de corrupción de los que se acompañó podría resultar poco balanceado. Pero los robos en el sindicato petrolero y los rescates bancarios, por ejemplo, han privado a millones de poder contar con un mínimo que les permita incluso pensar en la forma de su propia felicidad. Que existan familias que pueden comer sólo tres veces a la semana al lado de un avión comprado con dinero público para disfrute privado, ¿no es un crimen que debe llamar a la indignación, pero sobre todo, al castigo?

Lo que queda claro es que, sin una narrativa sobre nuestro pasado vil y cruel, no puede construirse una nueva república. España lo intentó evadiéndose en Europa de sus guerras, venganzas y, también, de su propia amnesia: lo que pasó, ha pasado. Pero las naciones necesitan un sentido de justicia, de entenderse a partir de mirar su rostro más ruin. Para no repetirlo, para poder desviar la mirada pero con la imagen fija en la memoria de su propia monstruosidad. Perdonar no es eximir. Perdonar es decidir omitir la pena, pero al culpable no se le libera de la carga de su responsabilidad y, claro, del peso de la culpa. Perdonar es un ejercicio personal, no puede ser colectivo. Lo es, en cambio, la justicia porque parte de un acuerdo social básico. Como cuando nos contamos nuestra historia común.

Uno de los infiernos de Dante está dedicado a los políticos corruptos y a los jueces que venden sus fallos, pero también hay uno para los coléricos. A los iracundos, Dante los pone de vecinos de los indolentes. Castigar en exceso y no hacer nada son la misma cosa: la nebulosa del enojo y la tristeza de la resignación son parientes cercanos. Por eso la pausa del matemático de Tarento: como su decisión tiene que ser en el mejor interés de la ciudad, no puede tomarse en medio de una reacción personal. Platón no nos cuenta qué ocurrió con el criado, sólo nos da el ritmo de la decisión del gobernante. Pero no olvida señalarnos que se trata de un criado. Y es que, en efecto, la justicia es más noble cuando castiga a los poderosos y perdona a los indefensos.

Fuente: Proceso

Autor: Fabrizio Mejía Madrid

http://www.proceso.com.mx/452372/el-perdon-y-el-olvido

Nochixtlán ardía, Cué de fiesta | Más fotos y testigos hunden a la Policía | Movilizaciones en Oaxaca

Mientras se suscitaba un enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó hasta el momento seis muertos, el Gobernador Gabino Cué prefirió irse a una boda. Ayer estuvo en la fiesta del Secretario de Obra Pública de Guerrero, Rafael Navarrete. Se veía sonriente y se tomaba fotos con la pareja.

Los choques en Nochixtlán, en los que los manifestantes lanzaron piedras, cohetes, cócteles molotov e incendiaron vehículos, se prolongaron durante varias horas del domingo. También hubo disparos.

La Policía Federal afirma que las detonaciones vinieron de grupos radicales, pero la prensa que cubría el evento comprobó con imágenes y videos que los uniformados apuntaban a los manifestantes. Diversas voces condenaron los hechos ocurridos ayer y este lunes, artistas e intelectuales oaxaqueños, apoyados por el escultor Francisco Toledo, están convocando a una barricada cultural “contra la represión” en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán a las 3 de la tarde.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– Mientras se vivía un enfrentamiento entre policías y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que dejó al menos seis personas muertas y un centenar de heridas en el municipio de Asunción Nochixtlán, en Oaxaca, el Gobernador de la entidad, Gabino Cué Monteagudo, se encontraba de fiesta.

De acuerdo con el medio oaxaqueño ADN Sureste, el mandatario se divertía en el Jardín Etnobotánico junto con su homólogo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en la boda de Rafael Navarrete Quezada y Alicia Rueda.

Navarrete Quezada es Secretario de Obra Pública del estado de Guerrero y ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Oaxaca.

Vestido con un traje azul oscuro, una camisa blanca y una corbata azul que le hacía juego, Gabino Cué se fotografió con los novios durante la ceremonia religiosa que se realizó el día sábado en el templo de Santo Domingo, en la capital oaxaqueña.

La celebración se extendió hasta el día siguiente en una tornaboda (un evento post-boda). Y el Gobernador Cué no se la perdió, tampoco.

Información difundida hoy en redes señala que durante la madrugada fallecieron dos personas que fueron heridas el día de ayer. Al lugar, han llegado pobladores de comunidades vecinas a proporcionar apoyo a los maestros que este lunes mantienen la barricada en Nochixtlán. Entre los muertos, hay un fotógrafo, de acuerdo con datos oficiales.

Antes, un funcionario estatal informó a la agencia AP del fallecimiento de un policía estatal porque así se lo había reportado el hospital que recibió el cadáver, pero más tarde aclaró que tras revisar su identidad se confirmó que no se trataba de ningún uniformado.

Los enfrentamientos en Nochixtlán, en los que los manifestantes lanzaron piedras, cohetes, cócteles molotov e incendiaron vehículos, se prolongaron durante varias horas del domingo.

Según pudo constatar The Associated Press, policías antimotines abrieron fuego para intentar disolver a los manifestantes, que habían levantado bloqueos y barricadas en algunas vías.

En un comunicado emitido el domingo en la tarde, el Gobierno federal dijo que los miembros de sus fuerzas de seguridad no estaban armados y que “las agresiones por arma de fuego registradas provinieron de personas ajenas a los bloqueos, quienes realizaron disparos contra la población y los policías federales”.

En imágenes grabadas por la AP se aprecia claramente a al menos a un policía —aunque no se puede distinguir a qué cuerpo pertenece— efectuando varios disparos junto a otros agentes, que no portaban armas de fuego visibles, y cerca de una patrulla.

NUEVAS MOVILIZACIONES

Maestros de la Sección 22 de la CNTE suspendieron clases este lunes en escuelas de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, debido a los enfrentamientos con policías federales ocurridos ayer.

De acuerdo con la prensa local, los profesores permanecen en el interior de algunas escuelas, pero no aceptaron el ingreso de los niños.

En otros planteles no hubo anuncio y los padres de familia y niños encontraron las puertas cerradas.

El Comité Ejecutivo seccional del magisterio oaxaqueño convocó la mañana de este lunes una marcha para repudiar los hechos de violencia y la muerte de seis personas durante el enfrentamiento de este domingo en Asunción Nochixtlán.

La caminata está programada a partir de las 10:00 de la mañana del monumento a Juárez al zócalo de la ciudad para condenar los actos de represión, castigo a los  culpables de la masacre magisterial y popular, presentación con vida de los desaparecidos y libertad a los presos políticos.

Esta mañana, los pobladores tomaron el Palacio Municipal de Nochixtlán en protesta  por los enfrentamientos registrados y por información .

De acuerdo con información enviada a SinEmbargo, el Presidente municipal, Daniel Alberto Cuevas Chávez, y su familia ya salieron de la comunidad, mientras que los habitantes entraron al rancho del Edil priista, a quien acusan de haber hospedado a  los federales en su rancho. Las autoridades no han emitido algún pronunciamiento al respecto.

FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: REDACCION
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-06-2016/3056429

Aurelio Nuño, el golpeador de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de gobierno en el marco de un conflicto.

Ellos son presos políticos. Los delitos que se les imputan ya no son de carácter político, como se usaba hace muchos años, pero la causa penal sí lo es. Se trata de una manipulación del aparato de justicia y así lo confirma el mismo gobierno con sus contradictorias explicaciones.

El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente “lavados”. Pero para que haya operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido. Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político.

A Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959 de disolución social, un delito directamente político. Él estuvo en la cárcel unos doce años por haber dirigido una huelga.


Antes se usaba el Código Penal en defensa declarada de la “seguridad” del Estado. Ahora se utiliza el prosaico “lavado de dinero” como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas.

El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido semejante por el uso de esa técnica pero con una gran diferencia: ella tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la manera de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado.

Lo mismo ocurrió en 1989 con Joaquín Hernández Galicia La Quina, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver. Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos.

Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia política mafiosa, pero ya docilitados.

La CNTE es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación efectiva de sus miembros. Además, está en lucha. Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de La Quina y Gordillo.

La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana. El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto.

En el momento más complicado de la lucha de la CNTE se aprovecha la situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político después de que el funcionario más cercano del presidente de la República, Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia de la CNTE a sus demandas.

Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios ya que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz Ordaz-Echeverría.

El gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo construido. ¡Libertad a los presos políticos!

FUENTE: PROCESO
AUTOR: PABLO GÓMEZ
LINK: http://www.proceso.com.mx/444334/demetrio-vallejo-ruben-nunez

En el nuevo estado policial, ser joven es ser criminal

La juventud de América Latina enfrenta un mundo que busca controlarla y contenerla. Cuando se trata de jóvenes de familias pobres, ya poco se habla de su derecho al desarrollo humano y, al contrario, los gobiernos y una parte importante de la sociedad los ven como amenazas a la seguridad, como delincuentes o maleantes.

La región Mesoamérica es uno de los pocos lugares en el mundo donde existe un “bono demográfico”, que se mide por la gran cantidad de jóvenes. En Guatemala, el 70% de la población tiene menos de 30 años, y en México la cifra es entre 60 y 70%. Desde el punto de vista de la productividad, esta distribución es envidiable. En la visión de los economistas de escritorio, la presencia de jóvenes representa una fuerza laboral capaz de mantener a niños y viejos y sacar adelante el desarrollo del país.

Pero ¿qué pasa en la realidad? En México, más de un millón de personas al año entran al mercado laboral y el déficit de empleos se acumula, sólo medianamente solventado por la enorme expansión del trabajo informal desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se calcula que el 61% de los jóvenes acaba trabajando en el sector informal. En los países centroamericanos, la situación es peor.

La economía neoliberal es incapaz de generar trabajo digno para estos jóvenes. En lugar de ser un bono, salen sobrando. Marginados, la fuerza de su juventud se vuelve amenazante para el sistema que los excluye. La respuesta es criminalizar y reprimir.

Como resultado, los destinos comunes para ellos se reducen a ser criminal, militar, migrante o muerto. Cualquier de estas alternativas los expone a la violencia que caracteriza nuestras sociedades, de lo cual se culpa a la juventud.

“La base principal de todo este problema de tanta marginación y de que la sociedad nos rechaza es la brecha entre los ricos y los pobres,” dice Luis Ventura, estudiante de Agronomía en la Universidad de San Carlos y dirigente de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala. “Nos tratan de mantener apartados del proceso político, del gobierno porque así es más fácil de mantener una estructura corrupta y servil a los intereses de los poderosos.”

En los últimos años una serie de leyes y prácticas relacionadas con el uso de sustancias prohibidas, la migración, las pandillas, el “terrorismo” y el crimen organizado han elevado el número de menores de 25 años que están tras las rejas en todos los países de la región.

El papel nefasto de la guerra contra las drogas en la criminalización y violencia contra jóvenes impulsó a Luis a sumarse a la Caravana por la Paz, Vida y Justicia el mes pasado, que viajó por Honduras, El Salvador, Guatemala y México hasta Nueva York para exigir el fin a la guerra.

Amaya Odorika, joven mexicana y también caravanera, explica el impacto de la guerra en jóvenes de su país. “En 2014, sólo 33% de los jóvenes tuvieron acceso a la educación media superior” y hay altos niveles de desempleo y subempleo.

“En este contexto, la situación de movilidad social se ha limitado en formar parte del narco o policía o ejército. Eso pone a los jóvenes en la primera fila de la guerra contra las drogas”. Señala que la primera causa de muerte de jóvenes entre 15 y19, por primera vez desde el inicio de la guerra pasó a ser el homicidio. Destaca que los homicidios de jóvenes se concentran en las zonas de mayor militarización.

Entre 2006 y 2010, 3 mil 664 jóvenes fueron detenidos en operativos federales. De los jóvenes encarcelados por delitos contra la salud, 95% están en los más bajos eslabones de la cadena delictiva, en muchos casos por consumo.

El Salvador, azotado por la violencia de las pandillas, es el país que ejemplifica la criminalización de la juventud. Nuevas leyes clasifican a pandilleros como “terroristas”, y autorizan la detención preventiva de menores y el uso de la fuerza letal contra ellos. Aleida Almendárez, quien trabaja con jóvenes en zonas marginadas como parte de Comunidades de Fe Organizadas en Acción, explicó en una presentación de la Caravana al Congreso de los Estados Unidos: “La ley de drogas es demasiado represiva. Es prácticamente una ley que salió para los sectores de jóvenes más pobres, criminaliza a la juventud y todos los pecados caen en los jóvenes, teniendo políticos que son corruptos, teniendo militares que son corruptos…”

Relata que en El Salvador hay prisiones que sobrepasan hasta tres veces la capacidad en el número de reos. Como parte de la política de lo que ella llama “el exterminio de los pandilleros”, el estado está construyendo más cáceles, mientras la tasa de homicidios ha subido a 24 al día en el pequeño país, entre los más altos del mundo.

En toda la región el sistema penitenciario está a punto de explotar —y lo hace de vez en cuando—por la presión de la juventud tras las rejas, en muchos casos sin sentencia.

Miles de voces jóvenes han marchado y gritado en las calles de estos países —“¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?”

¿Qué respuesta tiene la juventud frente a esta ofensiva? Organizarse. La Caravana se reunió con un grupo de unos 80 hip-hoperos en la universidad de San Carlos. Nixon Figueroa, garífuna de la costa del Atlántico de Honduras tomó el micrófono para cantar lo que muchos sienten. “¿Qué es lo que pasa con nuestra humanidad? …Es una triste realidad, ni dentro de tu casa hay seguridad. Si caminas por el pasillo vas y te matan por quitarte los 10 pesos que en la bolsa guardas. Oohhh, no puedo más vivir esta situación. Tanta pobreza, tanta falta de amor que se vive en el mundo de hoy…”

Los jóvenes garífunas que subieron a la Caravana están organizados en la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), en defensa de sus tierras y su cultura. Los grupos de jóvenes guatemaltecos están presentándose culturalmente para romper el esquema de confrontación-represión. Algunos desarrollan sus propias fuentes de empleo, como talleres de serigrafía entre jóvenes marginadas de la ciudad. Odorika señala que en México se están organizando colectivos de jóvenes por el cambio en la política de drogas que reivindican su condición como sujetos de derechos.

Ventura narra que el papel de la juventud en las movilizaciones contra la corrupción del año pasado les dio fuerza y reconocimiento. “Después de la lucha, tuvimos la capacidad de organizarnos y ahora tenemos un grado más de respeto y nos toman en cuenta en la universidad”, dice. “Como joven, la única forma que tenemos de hacerle frente a esta situación es básicamente con la organización y la creatividad.”

Fuente: Desinformémonos

Autora: Laura Carlsen

http://desinformemonos.org.mx/en-el-nuevo-estado-policial-ser-joven-es-ser-criminal/

Estudiantes de Michoacán exigen un alto al hostigamiento y a la criminalización

Tienen al menos dos ejemplos claros que pueden citar, y lo hacen, para graficar de lo que están hablando:

– el 12 de abril, estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío fueron duramente reprimidos durante el mediodía de ese martes, cuando bloqueaban las vías del tren que pasan por los fondos de la Escuela.

“Hubo disparos de arma de fuego, aunque por suerte ningún compañero resultó herido de bala, pero sí hubo muchos disparos, gases lacrimógenos en abundancia, petardos, también balas de goma y aparatos que dan descargas eléctricas. Fue demasiada fuerza la que traían” explicaron los estudiantes.

Se movilizaron en reclamo de las becas que el gobierno del estado de Michoacán adeuda a los estudiantes de esa normal desde Setiembre de 2015. Los adeudos corresponden a la beca alimenticia y a la de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de los últimos dos semestres de la carrera (BAPISS).

– el 27 de abril, 52 personas fueron detenidas, a 4, estudiantes normalistas del estado, fueron retenidas hasta la tarde se les prohibió volver a participar de “manifestaciones violentas”; decenas de estudiantes fueron golpeados, 3 de ellos de gravedad, 1 permanece internado con una lesión en el cerebro producto del cachazo de un fusil AR15, que según reportaron sus compañeros, le generará secuelas de por vida, una pérdida gradual de la memoria, así como ataques epilépticos.

Ese día, los Normalistas junto a maestros y profesores del Estado, se manifestaron en contra de la presencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que fue a Morelia a participar del Encuentro de Educación de Calidad con Calidad, donde además estaría presente el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

“Además de expresar nuestro rechazo a la Reforma Educativa y al Plan para las Normales, nos manifestamos en contra del compromiso que ahí estaba sellándose.” Explican lo estudiantes que la “Educación con Calidad” incluye al programa Escuelas al CIEN, que significa Certificado de Infraestructura Educativa Nacional y que engloba tanto a las escuelas normales, como a las primarias, secundarias y universidades de toda la república, ya que es promovido por la Federación.

“El programa, como lo plantea la Federación pretende ‘refortalecer las instituciones’, y está previsto que a las 8 Normales de Michoacán les aporten 2, 4 y 6 millones de pesos para invertir en infraestructura. Pero condicionado al préstamo, que es dinero que tampoco existe, ya que es deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, se pide que en cada institución se formen Consejos de Participación Social, con los que meten a figuras ajenas a la institución en la gestión de la vida de las Escuelas”, explicaron.

“En repetidas ocasiones hemos señalado que el derecho a la protesta social está reconocido en diversos instrumentos nacionales como internacionales que protegen estos derechos humanos, aunque la realidad nos muestra en cambio, la criminalización de las personas que pacíficamente expresan sus disensos frente a las actuaciones del Estado” explican los estudiantes. En ese proceso, señalan a un Poder Judicial cómplice del accionar represivo del gobierno estatal, que ha sistemáticamente reprimido cada acción que los estudiantes emprenden.

“Hacemos responsable al gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo, y al gobierno Federal de Enrique Peña Nieto de lo que pueda suceder con la integridad física y psicológica de los compañeros normalistas agraviados, así como de represalias y agresiones que puedan ocurrir en los días siguientes.”

Dada la seguidilla mencionada más arriba, la ONOEM en conjunto con el Centro de Actualización del Magisterio Michoacán (CAMM) ofrecieron una conferencia de prensa, porque “reprobamos y denunciamos los actos violentos y brutales que el gobierno ha asestado contra el sector estudiantil, ensañándose de forma evidente con los estudiantes de las diversas normales públicas de Michoacán. Si nos resistimos y nos manifestamos en contra de los programas que quieren imponernos es porque lo que buscan es reforzar el control ideológico, político y educativo de nuestro pueblo, promoviendo una educación en que los alumnos sean obedientes, sin iniciativa propia, pragmáticos e individualistas, perdiendo la solidaridad y el carácter científico de la educación.”

Fuente: Desinformémonos

Autora: Eliana Gilet

http://desinformemonos.org.mx/estudiantes-de-michoacan-exigen-un-alto-al-hostigamiento-y-a-la-criminalizacion/

Sicarios vestidos de militares instalan retenes en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Esta mañana en la edición del periódico local El Sur se difunde una fotografía, captada por un ciudadano, de un retén instalado sobre un tramo de terracería del municipio de Apaxtla de Castrejón donde se observa a un grupo de sujetos armados con fusiles AK-47 y AR-15 que portan uniformes similares a los que utiliza el Ejército y la Marina.

Algunos de los hombres usan gorras deportivas y cascos militares, y se encuentran a bordo de unidades particulares.

La imagen confirma la presencia de grupos criminales que operan impunemente en la zona norte de la entidad donde el vacío de autoridad es evidente y la sociedad vive secuestrada ante la disputa que mantiene La Familia y Guerreros Unidos por el control de la producción y trasiego de droga que se produce en la Sierra y sigue la ruta del Estado de México para llegar a los Estados Unidos.

El hecho también refleja la postura de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores en el Plan Estatal de Desarrollo sobre la estrategia federal que dirige el Ejército contra el narco, al afirmar que ha sido “desorganizada y no muy efectiva”.

La impactante imagen es acompañada por una nota del periodista Alejandro Guerrero titulada “Sicarios disfrazados de militares instalaron un retén en Apaxtla”, donde se indica que ayer en las inmediaciones del poblado de San Felipe del Ocote se encontraban al menos 20 integrantes de una célula de La Familia encabezados por un operador del grupo criminal identificado como Ramiro Bahena Urieta El Güero Pelayo.

La nota periodística señala que miembros del grupo de autodefensa denominado Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón responsabiliza a la gavilla que encabeza El Güero Pelayo de la reciente ola de secuestros, asesinatos, extorsiones y ataques contra comunidades de los municipios de Teloloapan y Apaxtla de Castrejón.

Incluso, refieren que esta célula de La Familia ha desatado una cacería contra integrantes de la guardia comunitaria de Apaxtla, ya que el objetivo de los retenes es detener a sus integrantes.

En febrero de 2014, el diputado federal por Movimiento Ciudadano en ese entonces y exalcalde perredista de Teloloapan, Marino Miranda Salgado, denunció públicamente que el movimiento de autodefensa de Apaxtla tiene nexos con Guerreros Unidos, grupo delincuencial antagónico a La Familia, con el que mantiene una disputa por el control de la zona norte de la entidad.

En esta franja de la entidad que conecta la Sierra de Guerrero con el sur del Estado de México, el grupo de La Familia que tiene su bastión en Arcelia y dirige Johny El Mojarro Hurtado Olascoaga mantiene una brutal confrontación con operadores de Guerreros Unidos por el control de las zonas de producción y trasiego de droga.

De acuerdo con información proporcionada por los miembros de la guardia comunitaria, la célula de La Familia se esconde en los cerros de los poblados de San Felipe y Liberaltepec donde tienen sometidos a los campesinos, quienes son obligados a alimentar a los 40 sujetos que conforman esta célula delincuencial.

También reprocharon la ausencia de autoridad argumentando que esta banda opera impunemente en la zona rural de Apaxtla y Teloloapan, lugares donde soldados y policías federales que integran el operativo Tierra Caliente no llegan porque su presencia se enfoca en la carretera que conecta Iguala con Ciudad
Altamirano, donde se ubican “sus bases, hoteles y restaurantes”.

Esta semana, el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Olea Peláez, criticó públicamente la actuación del Ejercito en la estrategia federal contra el narco, al señalar que soldados y marinos recorren zonas urbanas como la avenida Costera de Acapulco donde la incidencia delictiva es baja dejando a su suerte
los puntos de mayor violencia en el puerto.

Las declaraciones del funcionario estatal que coinciden con la postura del gobierno de Astudillo plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo, provocaron que la Sedena emitiera un comunicado oficial donde calificó al fiscal de falta de conocimiento de los operativos de seguridad que se implementen en la entidad.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Contreras

http://www.proceso.com.mx/432564/sicarios-vestidos-civiles-instalan-retenes-en-guerrero

Crímenes por obediencia: “los militares hacemos funciones de policías sin capacitación”

El subteniente Jorge Alberto Tadeo Hernández está preso por la muerte de un sospechoso al que detuvo en 2011 en Nuevo León. En espera de sentencia, acusa a sus superiores –los generales Cuauhtémoc Antúnez Pérez y Guillermo Galván, así como el presidente al que sirvieron: Felipe Calderón– de colgarse las medallas con sus éxitos y dejarlo expuesto cuando falló en una labor policiaca. En una carta dirigida a distintas autoridades, el oficial indica que no recibió capacitación para labores policiacas y se le ordenó no llevar a un agente del Ministerio Público. Únicamente se le dio la orden terminante: combatir al enemigo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace cinco años, el 14 de febrero de 2011, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) movilizó su aparato propagandístico para darle amplia difusión a la captura de uno de los jefes regionales de Los Zetas en Nuevo León. Era parte de la campaña militar del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico y una respuesta del Ejército a los ataques de ese cártel, que incluso había decapitado a nueve soldados.

El reconocimiento por la captura fue para el jefe de la Séptima Zona Militar, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, actual secretario de Seguridad Pública en el gobierno nuevoleonés de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. También, para el entonces comandante de la IV Región Militar, el general de división Noé Sandoval Alcázar, hoy subsecretario de la Defensa Nacional, quien fue condecorado con el Mérito en la Campaña contra el Narcotráfico.

Fue el subteniente de infantería Jorge Alberto Tadeo Hernández, comandante de una Base de Operaciones Mixtas (BOM), quien al mando de 21 soldados del 22 Batallón de Infantería y ocho policías estatales detuvo a Juan Carlos Olivera Acosta, El Sonrics, jefe de Los Zetas en la zona citrícola de Nuevo León. Lo detuvo afuera de su domicilio. Olivera Acosta no se lo esperaba y había relajado su seguridad. Sin enfrentamiento armado fue apresado junto a otras dos personas, una de las cuales era una policía de ese municipio. La Sedena no sólo emitió el comunicado de prensa en la Ciudad de México, sino que abrió las puertas de la Séptima Zona Militar para presentar a los detenidos ante la prensa.

El subteniente Tadeo Hernández había cumplido con la exigencia del general de Antúnez de aplicar la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012 de la Sedena.

Una semana después aplicó de nuevo la directiva contra el narcotráfico elaborada por el Ejército a partir de “la visión” de Calderón. Al frente de la BOM, Tadeo Hernández detuvo en la zona centro de Monterrey a dos hombres sospechosos de pertenecer a Los Zetas. Los llevaron a la PGR, pero en el camino a uno de los detenidos le dio un paro cardiaco por los golpes que recibió. Tras el fallecimiento, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez ordenó al Ministerio Público Militar que le iniciara una averiguación previa a Tadeo Hernández. Fue el único procesado.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2053, ya en circulación

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco

http://www.proceso.com.mx/432540/crimenes-por-obediencia-los-militares-hacemos-funciones-de-policias-sin-capacitacion

Inscriben nuevos nombres en Memorial de las Víctimas de la Violencia

Ciudad de México. La impunidad comienza con el olvido de los agravios, dicen los integrantes del Comité 68. Así que para no olvidar han ido documentando los casos de más de ocho mil personas que han perdido la vida a causa de la violencia, cuyos nombres inscriben en el Memorial de las Víctimas de la Violencia, el parque de estelas metálicas que se inauguró en el gobierno de Felipe Calderón. Este sábado agregaron los nombres de quienes murieron en el ataque al casino Royale de Monterrey, en las masacres de Villas de Salvarcar, Creel, Lagos de Moreno y en el bar New’s Divine.

La ceremonia se hizo después del mediodía. En el lugar, que fue renombrado por la organización como Memorial de las Víctimas de la Violencia del Estado, Alejandro Álvarez Béjar dijo a nombre del Comité que cada uno de los casos ha sido documentado exhaustivamente por grupos de la sociedad civil de todo el país.

Llamó a no olvidar. “Seguimos agraviados. No olvidamos y pedimos a las generaciones futuras a que tampoco olviden, porque así podremos cambiar este país en la dirección que todos lo queremos: un país en calma, en paz, de respeto a la vida, a la disidencia, a los luchadores sociales, donde todos tengamos la libertad de actuar, opinar, manifestarnos y discrepar, sea cual sea el régimen en turno”.

Ahí estuvieron también familiares de las víctimas. Uno de ellos fue Edmundo Jiménez, que perdió a su esposa, Rosa María Ramírez, el 25 de agosto de 2011, cuando un grupo de hombres armados incendió el Casino Royale de Monterrey, donde murieron otros 52 civiles. “Fueron víctimas de la violencia de un grupo delincuencial organizado que ha sido castigado, pero también fueron víctimas de las autoridades de Monterrey y Nuevo León, que autorizaron permisos ilegales para el casino y le permitieron operar sin puertas suficientes de emergencia”. Ningún funcionario, dijo, ha sido sancionado.

“Nos da gusto que en este monumento se honre la memoria de nuestros familiares. No estamos dispuestos a permitir que se apueste al olvido”, continuó y luego depositó una ofrenda de flores al pie de la estela en la que ahora está el nombre de su esposa y de quienes murieron en el atentado.

En una de las estelas del Memorial se lee un listado de los casos documentados hasta el momento. Está la masacre de 1968 en Tlatelolco, la de 1971 en el Casco de Santo Tomás, y también, entre otros, los feminicidios de Ciudad Juárez, los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC y los mineros de Pasta de Conchos.

Fuente: La Jornada

Autor: Arturo Sánchez Jiménez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/05/escriben-nuevos-nombres-en-memorial-de-las-victimas-de-la-violencia-2972.html

Documental confirma que armas ilegales de Alemania se usaron contra normalistas

Exportaciones Mortales, del cineasta alemán Daniel Harrich, muestra, con base en una profunda investigación, que balas de fusiles de asalto G36 fueron disparadas en los ataques a normalistas en 2012 y 2014 incluido el asesinato del joven que fue desollado, Julio César Mondragón Fontes. Pese a existir una prohibición por violaciones a derechos humanos, de 2006 a 2009 fueron introducidos a Guerrero mil 924 fusiles comprados por el gobierno de Zeferino Torreblanca.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo/El Sur).– La corrupción de los gobiernos de Alemania y México permitió la entrada al país de 9 mil 652 fusiles de asalto G36, que fueron entregados a policías.

Mil 924 de estas armas fueron destinadas a policías de Guerrero durante 2006 y 2009 a pesar de que estaban prohibidas debido a las constantes violaciones a los derechos humanos en esa entidad.

Finalmente en Guerrero, decenas de los fusiles de asalto G36 de la empresa alemana Heckler & Koch fueron utilizados para lo que se temía: asesinar estudiantes, reprimir movilizaciones sociales, y ahora también forman parte del arsenal de grupos criminales que amedrentan a pueblos enteros, trafican drogas, asesinan, secuestran y extorsionan.

Esta información se desprende del documental Exportaciones Mortales, del cineasta alemán Daniel Harrich; es resultado de una profunda investigación de los distintos casos ocurridos en México.

Los fusiles de asalto G36 que llegaron a Guerrero fueron solicitados y comprados a la compañía alemana en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo por medio de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Las armas fueron suministradas a pesar de que el gobierno de Alemania ya consideraba a Guerrero como “un estado en situación crítica” ante las violaciones a los derechos humanos cometidos por policías.

El documental muestra cómo a pesar de las prohibiciones en las leyes alemanas, la empresa bajo el amparo de los ministerios de Economía y Defensa exportó armas prohibidas a estados en conflicto como Guerrero.

En noviembre del año pasado, la Fiscalía de Stuttgart, Alemania, presentó cargos contra seis empleados de la empresa armamentística Heckler & Koch, cuyas armas fueron utilizadas en los ataques a los normalistas de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Se les acusa de permitir de manera consciente, que armas y sus accesorios, cuya venta autorizó el gobierno alemán para ciertos estados mexicanos, acabaran en otros lugares con problemas de violencia, como Guerrero.

EL DOCUMENTAL

El documental, de 58 minutos, ha sido exhibido a partir de septiembre de 2015 en la televisora alemana ARD, con excepcional resonancia en el público.

Demuestra los permisos que el Gobierno alemán dio a la empresa de armas para exportar el fusil G36 a México. Los ministerios de Economía, Defensa y Federal fueron responsables de su llegada al país, por omisión de la realidad de México y de la crisis de derechos humanos que existe, y que fue advertida por Relaciones Exteriores.

En Exportaciones Mortales se hace un recuento de los hechos violentos que sacudieron al estado de Guerrero y que fueron conocidos y repudiados en otros países del mundo contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

El inicio del documental son las imágenes grabadas durante el desalojo violento el 12 de diciembre de 2012 en la Autopista de El Sol, al sur de la ciudad de Chilpancingo, donde los estudiantes realizaban un bloqueo para exigir audiencia con el Gobernador, en ese entonces Ángel Aguirre Rivero.

En la imagen cientos de jóvenes (algunos con los rostros cubiertos como acostumbran hacerlo por temor a represalias), gritaban y corrían de un lugar a otro buscando piedras para tratar de defenderse de los policías ministeriales y federales quienes accionaron sus armas, varias de ellas eran las alemanas G36 de Heckler & Koch.

Después, la imagen de las víctimas, los cuerpos de Jorge Alexis Herrera Pino y  Gabriel Echeverría de Jesús, tirados en el asfalto de la autopista.

Los casquillos percutidos ese día pertenecían a las armas alemanas que llegaron a México y a Guerrero de manera irregular.

La noche del 26 del septiembre de 2014, el mismo tipo de armas fueron accionadas nuevamente contra los estudiantes de Ayotzinapa y personas que transitaban por el periférico en Iguala, en esa ocasión fueron policías municipales junto con integrantes de un grupo criminal, los que portaban los fusiles de asalto.

En esa noche fueron asesinadas seis personas en la vialidad a la orilla de la ciudad, entre ellos tres estudiantes de Ayotzinapa, y 43 más fueron detenidos y desaparecidos por policías municipales que operaron esa noche junto con el grupo de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico Guerreros Unidos.

El documental revela que fueron hallados en el lugar del ataque más de 300 casquillos percutidos, munición OTAN calibre 50:56 y también hubo munición del fusil de asalto G36.

El cineasta alemán, en sus investigaciones para el documental, confirmó a partir de la información del expediente del caso, que el estudiante Julio César Mondragón Fontes, de 18 años, que fue hallado la mañana del 27 de septiembre muerto y con el rostro desollado fue asesinado con un arma G36.

En el documental aparece que en el expediente del caso Ayotzinapa, que los periodistas que hicieron la investigación consultaron en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, consta que uno de los policías detenidos y que esa noche estaba en activo confesó que mató al estudiante, y “las actas de investigación prueban que el policía usó un fusil G36 Heckler & Koch”.

El periodista alemán Wolf Dieter Vogel, se reunió con el sobreviviente del ataque de la noche del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero Cano de 19 años. Ambos regresaron al lugar de la masacre donde la acción policiaca dejó muertes y desapariciones.

Ernesto estaba con 50 de sus compañeros en el autobús del cual la policía detuvo y desapareció a 43. Él fue uno de los pocos que logró escapar.

“Claro que tengo miedo pero no voy a dejar que me destroce, hay que tener valentía. No es la ausencia del miedo, si no el triunfo sobre él”, dijo Guerrero Cano ante la cámara.

“Ahora que estoy aquí la memoria vuelve, cómo empezaron los disparos. Se siente raro estar aquí de regreso. Es difícil para mí contestar esas preguntas (sobre los detalles que pide el periodista), no pensé que fuera a ser complicado”.

–¿Qué es exactamente lo que sucedió aquí esa noche?

–Más adelante del tercer autobús nos bajamos 5 o 6 compañeros, aventamos piedras y botellas para defendernos, los demás se quedaron en el tercer autobús, quizás porque pensaron que ahí estarían más seguros.

Lo estudiantes del tercer autobús fueron privados de su libertad por la policía y a casi un año y cinco meses siguen desaparecidos. La versión de la Procuraduría General de la República (PGR) dice que fueron entregados a un grupo criminal, para posteriormente ser asesinados, quemados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.

Pero esa versión fue desmentida primero por un peritaje presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso a petición de los padres de los normalistas desaparecidos, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ((CIDH), y después por un segundo peritaje elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que realiza la investigación científica alterna a la oficial.

En el documental se define a México como un “enorme país que está desde hace años dominado por la droga, la violencia, la corrupción y casos de violaciones a los derechos humanos. También autoridades de seguridad estatales, policía y militares están implicados”.

Se dice que Guerrero es un estado controlado por cárteles de la droga, donde “nadie confía en la policía” y donde “los secuestros por parte de la policía no son raros”.

Cuatro meses después de la masacre del 26 de septiembre, Christoph Stresse delegado de Derechos Humanos de Alemania visitó la Normal Rural de Ayotzinapa.

Algunos padres responsabilizan también a Alemania por los envíos de armas de Heckler & Koch.

En esa ocasión Christoph Stresse dijo a los padres, que no han parado un instante de buscar a sus hijos desaparecidos:

“Sólo podemos decir que si con armas alemanas se comenten crímenes, el gobierno alemán debe disculparse aunque para las víctimas no sea suficiente. Pero yo debo pasar esta demanda”.

Fuente: SinEmbargo

Autora: Rosalba Ramírez García

http://www.sinembargo.mx/24-02-2016/1628210?platform=hootsuite