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jueves, 24 de octubre de 2024

México cae al lugar 118 de 142 en Índice de Estado de Derecho; pierden terreno el Poder Judicial y la sociedad civil

El Poder Judicial, el Legislativo y la sociedad civil perdieron terreno frente a las decisiones de gobierno, concentrándose éstas en el Poder Ejecutivo, informó la organización The World Justice Project.

México cayó dos lugares en el Índice de Estado de Derecho que impulsa la organización internacional The World Justice Project, mismo que considera la relevancia que tienen la sociedad civil y los poderes Legislativo y Judicial en la toma de decisiones de un país para establecer su avance o retroceso.

En 2023, México se encontraba en el lugar 116 de 142 países evaluados; pero este año cayó al lugar 118. Desde 2018 el país se había estancado entre el lugar 115 y el 116, pero luego de la reforma al Poder Judicial cayó esos dos lugares.

martes, 27 de febrero de 2018

México superará sus injusticias cuando la ley se aplique sin distinción ni privilegios: ombudsman

México superará sus problemas, injusticias y desigualdades cuando la ley se aplique por igual a todas las personas, sin distinción ni privilegios, afirmó este martes el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

“Gobernar con rectitud requiere situarse en la objetividad de la ley y apartarse de subjetivismos generosos para unos, pero implacables para otros. Los gobernantes no deben incurrir, al amparo del poder, en la protección abierta o encubierta de violadores de las leyes, ni aprovecharse de la discrecionalidad para aplicar la norma con severidad a los enemigos, mientras se procede con disimulo ante amigos o parientes”, puntualizó.

lunes, 22 de mayo de 2017

Estado de Derecho y violencia en México

El general está haciendo un trabajo fantástico. Sacó a esos chavillos de donde se escondían. A todos los rateros que andaban por acá, secuestrando, matando, extorsionando a los negocios, los bajó. Limpió la plaza.

El comandante lo ha hecho muy bien. Paró la guerra acá, controló la pelea de los cárteles. Mató a unos cuantos, pero es que si los mete a la cárcel salen luego luego. Hizo muy bien su trabajo.

El procurador era excelente. Les quemaba las manos a los narcos para que contaran como estaba el negocio y a cuáles políticos locales le habían pagado la campaña. Levantaba a los narcomenudistas y después ya no aparecían. Dejó de haber balaceras en las calles todos los días. Hizo un trabajo excelente, por eso lo promovieron.

miércoles, 12 de abril de 2017

País sin Ley

Ocho hombres fueron asesinados, sus cuerpos con marcas de tortura fueron metidos en bolsas negras de basura, y estas metidas en una camioneta. El hallazgo fue en Chilpancingo, Guerrero, hace unos días.

Semanas atrás, a principios de marzo, en el traspatio del cementerio Colinas de Santa Fe en Veracruz, fueron localizadas varias fosas clandestinas, originadas de acuerdo a las investigaciones ministeriales, en el crimen organizado. Después de excavaciones diversas, encontraron más de diez mil restos óseos. 250 cráneos.

miércoles, 22 de marzo de 2017

El Estado pierde control de otra zona del país: el Triángulo Rojo, Puebla, donde criminales mandan

Unos 500 efectivos del Ejército Mexicano y 100 más de Gendarmería vigilan los municipios marcados por el robo de combustible en Puebla, mientras que la Sedesol y la Cruz Roja toman medidas extremas para cuidar de estancias infantiles y sus paramédicos. Por su parte, el Gobernador Tony Gali confirmó que existen nueve alcaldes en investigación por sus nexos con las bandas dedicadas al robo de hidrocarburo.

El Triángulo Rojo, conocido así por el robo de combustible, se convirtió en la zona más peligrosa de Puebla, a unos pasos de la capital del país; su situación crítica ha llevado al Gobierno del estado y a otras instituciones a tomar medidas extremas de seguridad.

A partir de la semana pasada, 500 efectivos del Ejército Mexicano y 100 de la Gendarmería Nacional sitiaron la zona; la Cruz Roja denunció tres ataques en su contra y canceló los servicios de atención de emergencias; la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social reubicará 12 estancias infantiles y la Secretaría de Educación Pública se mantiene alerta ante la existencia de jóvenes halcones que operan para las bandas de robo de hidrocarburos.

viernes, 10 de junio de 2016

Gobierno no es omiso en combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad: Peña Nieto

Insistió que la corrupción es un tema de orden cultural “pero también estoy convencido que se puede cambiar, que podemos modificarlo, que la cultura se hace todos los días en nuestro diario quehacer”.

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su gobierno “no escapa, no es omiso ni es insensible ante lo que está en la demanda de la sociedad mexicana”, que es combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad.

Durante la sesión del Consejo Mexicano de Negocios, el mandatario expuso que “es claro que hay un sentido social y una demanda entre la sociedad por que, a profundidad y al fondo, vayamos a combatir la corrupción”.

Enfatizó que como gobierno y como presidente de la República es el primero en ser aliado de este esfuerzo, en estar de lado y en favor de esta asignatura “que reconozco está pendiente”, y que para combatirla debe haber un esfuerzo conjunto entre gobierno y de sociedad.

Acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y de Hacienda, Luis Videgaray Caso, así como empresarios, llamó a trabajar en un frente común “que vaya más allá de la retórica”.

Combatir la corrupción será posible si las instituciones que se están preparando para este propósito trabajan debidamente y de manera eficaz, pero también “si todos somos parte de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo para transformar realmente, culturalmente, nuestro gran lastre social que es el de la corrupción”.

Peña Nieto destacó que para ello fue creado el Sistema Nacional de Transparencia, que obliga a más sujetos, a más poderes y a más entes políticos a rendir cuentas claras del gasto y de la inversión, que informen a qué dedican los recursos públicos.

Asimismo se trabaja en el Sistema Nacional Anticorrupción, con mecanismos tanto de prevención como de sanción para quienes incurran en prácticas de corrupción.


La corrupción es un tema de orden cultural “pero también estoy convencido que se puede cambiar, que podemos modificarlo, que la cultura se hace todos los días en nuestro diario quehacer”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0906/mexico/gobierno-no-es-omiso-en-combatir-la-corrupcion-la-impunidad-y-la-inseguridad-pena-nieto/

jueves, 14 de abril de 2016

Michoacán no será tierra sin ley, asegura Aureoles

Morelia, Mich. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que en esta entidad no habrá territorio sin ley, ni rincón alguno que controlen delincuentes donde las autoridades no actúen, tras asistir a la ceremonia de incineración de 5 toneladas de metanfetamina; una tonelada de mariguana y 44 kilos de cocaína.

Dijo que la sociedad michoacana demanda de sus autoridades determinación y firmeza para lograr estabilidad y paz indispensables para el desarrollo de actividades productivas.

En tanto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Martín Godoy Castro, informó que hay 30 detenidos y 25 carpetas de investigación tras los hechos violentos que se presentaron en los últimos tres días en las regiones de Tierra Caliente y Zamora.


Godoy Castro afirmó que tienen bien identificados a los integrantes del grupo criminal Los Viagras que operan en Tierra Caliente y en el municipio de Zamora, donde se registraron los bloqueos e incendio de al menos 32 vehículos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ EOLORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/14/michoacan-no-sera-tierra-sin-ley-asegura-aureoles

martes, 15 de marzo de 2016

El Yorch y el fracaso del Estado de derecho

¿Quién protege a El Yorch? De entrada la juez que lo dejo en libertad a pesar de traer encima 50 dosis de cocaína, 26 pastillas psicotrópicas y 300 gramos de marihuana para vender en la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM).

La juez se llama Rosa María Cervantes Mejía y para dejarlo en libertad argumenta que todas esas cantidades que Jorge Emilio Esquivel Muñoz “El Yorch” traía consigo, son para consumo personal. Ni siquiera tomó en cuenta sus antecedentes penales.

Es asombrosa la forma utilizada por el poder judicial para torcer la ley a su antojo. Dice la jueza Cervantes Mejía que no existieron “bases” para establecer de manera “fehaciente” que el muchacho realizó un acto de compraventa, ya que la persona que le estaba vendiendo la droga en ese momento no fue detenida.

Peor aún, la jueza asegura que las 50 grapas de cocaína, las 26 pastillas y los 300 gramos de marihuana son para consumo personal y están dentro de los “rangos permitidos”.

No se si la jueza Rosa María está consciente que su auto de libertad para El Yorch después del pago de una fianza de 8 mil 725 pesos, es un estímulo para que los jóvenes se lancen a la drogadicción. Total, llevar encima 50 envoltorios de droga, 26 pastillas y 300 gramos de marihuana, no te convierte en narcomenudista.

La fianza impuesta es verdaderamente una burla: 5 mil pesos en concepto de obligaciones procesales, 73 pesos con 04 centavos por “sanción pecuniaria” por posesión simple de marihuana y cocaína y por las pastillas de clonazepan 3 mil 652 pesos.

Este tipo de decisiones judiciales, deja muy en entredicho al frágil estado de derecho en el que vivimos y digo frágil por llamarlo de una forma elegante, ya que el más del 90 por ciento de los delitos no se resuelve y quedan en absoluta impunidad.

El auto de libertad de la jueza Rosa María es vergonzoso, digno de un país donde la justicia es una quimera. Según el Consejo de la Judicatura Federal, la resolución ejecutada por la jueza, es una simple “reclasificación del delito” de narcomenudeo a posesión simple de narcóticos.

¿Bajo qué criterio la jueza reclasificó el delito? Sería interesante que nos dijeran quién está detrás de la libertad de El Yorch, porque según la PGR — que ha apelado la resolución—-, la jueza no valoró las pruebas presentadas y peor aún, no informó oportunamente de su decisión para dejarlo en libertad bajo caución.

Lo más grave, es que la jueza tampoco tomó en cuenta que la conducta de El Yorch se encuentran clasificadas como “delitos graves”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194, fracción I, inciso 12, del Código Federal de Procedimientos Penales, indicó la PGR.

El fiasco de la impartición de justicia esta totalmente exhibido. Ahora analicemos la historia de El Yorch. Este chico ejemplar que solo llevaba consigo semejante cantidad de droga para consumo personal, es integrante de los colectivos que tienen tomado, desde hace 16 años, el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mejor conocido como auditorio “Che Guevara”.

Resulta inaudito que en un supuesto estado de derecho, el auditorio siga en manos de unos 19 jóvenes, mientras el resto de la comunidad estudiantil de la UNAM ni siquiera lo conoce. El rector Enrique Graue Wiechers, ha externado su interés de recuperar el recinto. Una tarea complicada porque los jóvenes se niegan a entregarlo y el uso de la fuerza sería un grave error. ¿Hasta cuándo recuperaran el auditorio?

Urge una estrategia inteligente para recuperarlo. Los integrantes de los grupos que tomaron el auditorio han ido cambiando. Ya no son los mismos. Por tanto es necesario abrir una mesa de diálogo para saber sus demandas y sus planes a futuro. Resulta altamente preocupante que los ocupantes del auditorio se dediquen, entre otras cosas, al narcomenudeo ante la atenta mirada cómplice de las autoridades judiciales.

Entre los 19 jóvenes, destaca el Yorch. No es la primera vez que está preso. Durante la marcha del 2 de octubre de 2013, estuvo detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por los delitos de destrozos en la vía pública y en agravio de transeúntes.

De hecho, el Yorch está plenamente identificado por algunos estudiantes como el narcomenudista más famoso de la zona. La mayoría, sabe que utiliza un puesto de tacos a las afueras de la Facultad de Filosofía y Letras como “fachada” para la venta de drogas.

La PGR ya le seguía los pasos. El expediente PGR/SEIDF/UEIDCNCF/023/2016, señala a El Yorch como integrante de un grupo de jóvenes que están identificados por atacar con bombas molotov centros comerciales y algunos bancos en Ecatepec.

Obviamente el Yorch no se dedica a vender droga en Ciudad Universitaria en solitario. Tiene su banda de narcomenudistas, compuesta por jóvenes como los que utilizaron contenedores de basura y les prendieron fuego, para bloquear la circulación dentro del circuito universitario, jóvenes que protestaban por la detención de su compañero y que no fueron investigados ni sancionados por esto.

La anarquía que impera en torno a la toma del auditorio Che Guevara puede entenderse, pero el narcomenudeo imperante en las instalaciones de una universidad, no es aceptable.


Obviamente, el Yorch no vende droga solo con su banda en CU, seguramente tiene importantes proveedores pertenecientes a un poderoso cártel de la droga, tan poderoso que el Yorch, ya está libre y nuevamente paseando con suficientes dosis para “consumo personal”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUAN MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/14-03-2016/47208

viernes, 26 de febrero de 2016

Para afianzar el estado de derecho, políticos corruptos deben rendir cuentas: The Economist

CIUDAD DE MÉXICO: El diario británico The Economist publicó este jueves un amplio reportaje sobre México, en el que destaca que para afianzar el estado de derecho en el país, “los políticos corruptos” y “los mafiosos pistoleros” deben rendir cuentas.

Sostiene, asimismo, que las políticas “no son la cura para todo, como el gobierno suele pensar”, y precisa que las fuerzas policiales estatales no han demostrado ser menos corruptas o más efectivas que las municipales. “Funcionarios incompetentes sirven en ambos niveles”, subraya.

De acuerdo con el diario, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha demostrado que puede atrapar a los capos, pero “tiene que demostrar que puede procesarlos y mantenerlos en la cárcel”, además de desmantelar sus organizaciones.


The Economist señala que la propuesta de un “sistema anticorrupción” formado por agencias independientes se está abriendo camino en el Congreso e incluso el propio Peña Nieto “ha sido avergonzado por acusaciones de conflicto de interés relacionadas con el financiamiento de la casa de su esposa”.

Añade: “Para que los mexicanos tomen en serio a las acciones contra la corrupción de sus líderes, los políticos tendrán que vigilarse mejor a sí mismos”.

El reportaje también resalta el aumento de la violencia en México, y detalla que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el homicidio doloso a nivel nacional repuntó en enero pasado al registrar 50 asesinatos diarios en enero de 2016, cuatro más que los 46 contabilizados por día en el primer mes de 2015.

Por entidad, el Estado de México y Guerrero se situaron a la cabeza de las cifras de homicidio doloso. En el primer estado se reportaron 192 casos y en el segundo 166. El año pasado el Estado de México reportó 2 mil 303 casos, y Guerrero 2 mil 16.

El mes pasado ambas entidades mantuvieron el primero y segundo lugares en asesinatos, seis casos y cinco diarios en promedio, respectivamente.

Sobre la violencia en Acapulco, Guerrero, The Economist dice que se ha concentrado en la periferia del puerto, aunque los turistas no dejan de notarla. Y apunta que la vigilancia de los soldados en las playas no inspira confianza.

“El derramamiento de sangre en la playa no cuenta toda la historia sobre el crimen en México. Muchas partes del país son más pacíficas de lo que eran, sobre todo en las zonas donde las guerras entre bandas de narcotraficantes han terminado con victoria para uno de los lados. En Acapulco, en el suroeste del estado de Guerrero, la lucha por el control del comercio de la heroína, a partir de las amapolas cultivadas localmente, está haciendo furor. Algunos tipos de delitos, incluyendo secuestro y la extorsión, parecen estar disminuyendo”, destaca el artículo de la revista británica.

“Pero después de tres años de un descenso en la tasa de homicidios a nivel nacional, en 2015 aumentó y ha seguido creciendo este año. El número de homicidios en enero fue 11% mayor que en el mismo mes del año pasado. Esto no pronostica un retorno a la terrible violencia de 2010-2012; casi el 40% del aumento reciente se explica porque Guerrero está infestado de pandillas”, agrega.

Aun así, dice, “(la violencia) aumenta en gran medida la presión sobre el presidente Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a ‘acelerar el paso’ en la seguridad para la segunda mitad de su mandato, que se extiende hasta 2018. Existe un sorprendente 99% de los delitos sin castigar, un nivel de impunidad que fomenta la delincuencia de todo tipo. México quedó en el lugar 58 de los 59 países del índice de impunidad mundial publicado recientemente por la Universidad de las Américas en Puebla”.

Sostiene que varios atropellos recientes han acumulado la presión para un cambio de estrategia, y detalla que en lo que va de este año cuatro periodistas han sido asesinados, uno más que en todo 2015. Destaca, asimismo, que la alcaldesa de Temixco murió apenas un día después de asumir su cargo, y 49 reclusos de la prisión de Topo Chico en Nuevo León murieron en un motín en días pasados.

“En el estado de Veracruz, cinco personas desaparecieron (en Tierra Blanca) después de ser detenidas por la policía estatal, un horrible eco de la desaparición, en septiembre de 2014, de 43 estudiantes en Iguala, cerca de Acapulco”, cita.

Agrega: “Las disputas políticas han detenido una medida que el Presidente considera de vital importancia, una ley federal que sometería a mil 800 o menos fuerzas policiales locales de México al control de los 32 gobiernos de los estados: una política conocida como Mando Único”.

El plan de Peña, añade, compite con las propuestas presentadas por los partidos de oposición, una de las cuales permitiría a las grandes ciudades mantener sus fuerzas policiales. “Lo más probable es que con el tiempo se aprobará una ley federal, en parte debido a que se cree que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene ambiciones presidenciales.

Mientras tanto, el Mando Único se está aplicando de manera gradual; más de la mitad de los estados han introducido su propia versión. En Guerrero, sólo unas pocas ciudades han estado de acuerdo en permitir que el gobierno del estado opere sus fuerzas policiales”, puntualiza.

“Las políticas no son la cura para todo, como el gobierno suele pensar. Las fuerzas policiales estatales no han demostrado ser menos corruptas o más efectivas que las municipales. Funcionarios incompetentes sirven en ambos niveles. Cuatro de los siete policías estatales detenidos en relación con las recientes desapariciones en Veracruz habían pasado las pruebas de confianza”, sostiene The Economist.


Gabino Solano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijo a la publicación que el Mando Único podría descontaminar algunos de los cuerpos de la policía local que han sido infiltrados por el crimen organizado. “Pero lo que Guerrero necesita –agregó– es una respuesta federal rigurosa a problemas tales como la debilidad de la economía, la mala salud y la educación, y la guerra entre los grupos criminales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431441/para-afianzar-el-estado-de-derecho-politicos-corruptos-deben-rendir-cuentas-the-economist

miércoles, 3 de febrero de 2016

LA CORRUPCIÓN GANÓ A MÉXICO AL MENOS EN ESTE SEXENIO, DICE ANALISTA DE THE ECONOMIST

El problema de la corrupción alteró el Estado de derecho, pero el Gobierno, en lugar de solucionarlo, se esfuerza más en vender los resultados de las reformas estructurales. El año pasado, Peña Nieto debió de haber dado visos de querer hacerle frente a la situación, ahora ya es tarde.

Ciudad de México, 2 de febrero: La guerra contra la corrupción en México ya está perdida, al menos en este sexenio. Hasta ahora no existen acciones decisivas de parte del Gobierno Federal ni de la oposición para terminar con este problema que al año le cuesta al país 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, así lo consideró Rodrigo Aguilera, analista para México y América Latina de The Economist Intelligence Unit.

Desde Londres, Aguilera señaló a SinEmbargo que el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto tuvo el año pasado “para dar señales de que iba a cambiar la actitud contra la corrupción y no ha ocurrido esto, tanto por parte del gobierno como de la oposición. La clase política mexicana está en un equilibrio muy nocivo: siempre hay condenas enérgicas contra la corrupción, pero no hacen nada al respecto”.

Después de escándalos de corrupción como el de la casa de la Primera Dama, Angélica Rivera de Peña, comprada a Grupo Higa –uno de los contratistas más beneficiados del Gobierno, o el de las otras viviendas –del mismo Presidente y del Secretario de Hacienda- adquiridas también a contratistas bajo condiciones preferenciales, “la ‘Marca México’ esta muy mal, ya que el Gobierno no ha podido enfrentar estos problemas institucionales que han alterado el Estado de derecho. El Gobierno de México es muy bueno en decir que firmamos una cantidad de tratados, tenemos un sistema anticorrupción, pero no hay resultados y por eso este jueguito se le está acabando; ahora ¿de qué te sirve presumir tratados internacionales, si no puedes castigar la corrupción?”.


MAL Y DE MALAS

En los últimos 15 días, tres mediciones internacionales han mostrado deficiencias en la manera en la que se conduce el país: el primero fue el Índice de Democracia de The Economist en el que México cayó cuatro lugares de un año a otro (de 2014 a 2015). En 2014 estaba en el lugar 10 de 24 países de América Latina; bajó al lugar 14.

El segundo fue el índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional (TI), en el que México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.

Transparencia Internacional elabora cada año su índice basado en el promedio de los resultados de 12 encuestas globales, en las que organizaciones internacionales consultan a empresarios su percepción de la corrupción en el sector público de una nación específica.

América Latina mantuvo en promedio una puntuación de 40 puntos durante 2015 y 81 por ciento de los países de la región arrojaron un resultado inferior a 50 según el índice, que va desde 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 puntos (percepción de ínfimos niveles de corrupción).

El país latinoamericano con menor percepción de corrupción fue Uruguay (posición 21), seguido muy de cerca por Chile (23) y Costa Rica (40), Cuba (56), El Salvador y Panamá empatados en la posición 72, Brasil en la 76, Colombia en el 83 y México en el 95. Al extremo opuesto, Venezuela permaneció como la nación latinoamericana con peor desempeño, al quedar en la posición 158.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló que en México es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos a causa de la corrupción, la falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.

En el mismo sentido se expresó Alejandro Salas, director para las Américas de TI, al decir que “en países como México, donde la policía está al servicio de caciques locales o al servicio de presidentes municipales, de gobernadores de las provincias, la policía no está haciendo su trabajo profesional e independiente, sino que está respondiendo a intereses de ciertos grupos, muchas veces grupos ilegales como el narco”.

Salas reconoció en conferencia de prensa desde Berlín tener sus dudas de que en el país se vaya a combatir realmente la corrupción a pesar de que se ha reactivado la agenda anticorrupción después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“México, sufre con este tipo de informes, con la crisis de corrupción, el branding [la marca] de México mejoró cuando llegó Peña Nieto al poder, después de que Felipe Calderón enfatizó la guerra contra el narco y no es por menospreciar el problema del narco. El problema es que Peña Nieto se fue al otro extremo promoviendo lo bueno y ocultando todo o malo”, dijo por su parte Rodrigo Aguilera.

Aunque hasta ahora es difícil de cuantificar, expresó, los resultados negativos en este tipo de reportes se va a traducir en un “impacto económico medible”, pero cuando se traduce en procesos democráticos, no se pueden hacer comparaciones.

Citó el caso de Brasil, que con todo y sus problemas de corrupción, que ya alcazaron a los altos ejecutivos de Petrobras y a la misma Presidente Dilma Rousseff, recibe el triple de Inversión Extranjera Directa (IED) que México, la diferencia radica en que allá sí existen altos funcionarios y ex funcionarios encarcelados por desviar recursos del erario.

En el caso del tema de la crisis de derechos humanos en México, Aguilera expresó que algunos países tocan el tema a nivel internacional, pero no hacen nada al respecto: de nada sirve pronunciarse si no están aplicando una presión directa sobre este Gobierno”.


LA CORRUPCIÓN Y LA REFORMA ENERGÉTICA



Cuando se le cuestionó a Aguilera sobre si el tema de la corrupción en México podría poner en riesgo la Reforma Energética, el analista expresó que “el Gobierno Mexicano tiene la capacidad de hacer ciertas cosas siempre y cuando tenga el intereses de hacerlo, y tiene todo el interés del mundo de que la Reforma Energética sea un éxito”.

Destacó que a pesar de que la mayoría de las inversiones del sector se encuentran en estados que son problemáticos en materia de seguridad – y en los que existe la colusión de las autoridades con los grupos criminales, las empresas internacionales saben de los riesgos que corren y en este escenario, la baja en los precios internacionales del petróleo les preocupa más que la crisis de Estado de derecho que enfrenta en Gobierno.

“Nuestros pronósticos no le dan tanto impulso material al PIB –con la Reforma Energética-, cuando salió la Reforma, el gobierno ya estaba diciendo que el país iba a crecer a 5 por ciento, pero nosotros en ningún momento vimos que eso iba a suceder porque había problemas en la regulación”, expresó.

En el escenario actual, con un precio del petróleo que en un año se ha desplomado a menos de la mitad y un peso que en lo que va del año ha perdido 23 por ciento de su valor, consideró que el Gobierno tiene pronósticos “bastante optimistas”, pues al hablar de que la economía va a crecer a un rango de 4 por ciento, sólo el Gobierno se la cree”.

Si bien es cierto, consideró, que algunas reformas de la era Peña Nieto, como la de Telecomunicaciones han dado algunos resultados, “el problema en el petróleo está impactando en el gasto e inversión pública”.

Señaló que el Gobierno mexicano también fue alcanzado por la mala suerte, pues el hecho de que cayeran los precios del petróleo en el año de la Reforma Energética fue algo inesperado.


No obstante, detectó que uno de los grandes errores de la gestión económica del Gobierno federal ha sido desatender la desaceleración económica que se viene registrando desde 2013 y preocuparse más por las reformas estructurales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2016/1611376

viernes, 29 de enero de 2016

Beltrones dice que justicia mexicana es más avanzada que la española, y pone de ejemplo a Moreira

Beltrones dijo también que el caso de Moreira mostró que hay dos sistemas diferentes de justicias entre España y México, y sostuvo que “en otros países aún hay presunción de culpabilidad y se pueden instrumentar procesos o sospechas que tiene que aclarar el afectado. En México ya avanzamos mucho más, pero son sistemas de justicia que algunos sienten que les funcionan de mejor manera; me quedo con el de presunción de inocencia para evitar abusos de autoridad”.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, celebró hoy la decisión de las autoridades españolas de no apelar el fallo del juez que deja en libertad al ex líder de ese partido, Humberto Moreira Valdés.

Este día, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada informó en un comunicado que no apelará el fallo del juez Santiago Pedraz con lo que Moreira Valdés podrá iniciar los trámites para recuperar su pasaporte y con ello, tener la posibilidad de dejar España cuando así lo decida.

El líder del Tricolor sostuvo hoy, luego de su participación en la sesión inaugural de la Segunda Reunión Plenaria de los diputados del PRI, que el ex Gobernador de Coahuila pudo demostrar su inocencia, y consideró también que Moreira no necesitaba respaldo de nadie, sólo que se le hiciera justicia.

“No necesitaba el respaldo de nadie, más que se le haga justicia y esta resolución habla de que pudo demostrar su inocencia”, sostuvo Beltrones.

Consideró también que el caso mostró que entre México y España hay dos sistemas judiciales muy distintos, pues consideró que aquí se han aprobado reformas de avanzada en el tema de derechos humanos con un sistema de presunción de inocencia.

“En otros países aún hay presunción de culpabilidad y se pueden instrumentar procesos o sospechas que tiene que aclarar el afectado. En México ya avanzamos mucho más, pero son sistemas de justicia que algunos sienten que les funcionan de mejor manera; me quedo con el de presunción de inocencia para evitar abusos de autoridad”, precisó.

El líder priista señaló que Humberto Moreira en todo momento alegó su inocencia. Al ser cuestionado sobre las acusaciones que existen en contra del ex Gobernador en México, sostuvo que se trata sólo de que algunos partidos políticos y legisladores quieren “sacar raja política” del caso.

“Ha habido muchos partidos políticos, legisladores, interesados simplemente en sacar raja política de algo que la justicia española está poniendo muy en claro, creo que la serenidad y sobre todo la madurez, es la que debe imperar en todos los ámbitos de la vida nacional”, dijo.


Beltrones consideró también que no se debe afectar “la fama pública de las personas porque en los prejuicios siempre alguien sale afectado, a veces hasta aquellos que no lo piensan”.

Por otra parte, el juez tiene hasta el próximo lunes para confirmar su resolución; sin embargo, el ex Gobernador de Coahuila continuará en condición de investigado y podrá ser sujeto a procedimiento penal. Con ello, Humberto Moreira tendrá que declarar ante el juez cuando así sea requerido, y en caso de no acudir al llamado si es que no se encontrara en ese país se podría emitir una orden de extradición.

Moreira fue aprehendido el pasado 15 de enero bajo la sospecha de los delitos de blanqueo de capitales y cohecho, y liberado días después, el 22, con medida cautelar de retirada del pasaporte y restricción de salir del territorio, que se mantendría hasta que el auto se afirme.

Ese día, Moreira salió del centro penitenciario de Soto del Real y negó su vinculación con el grupo criminal de “Los Zetas”.

Acompañado por uno de sus abogados, Ulrich Ritcher Morales, consideró que su encarcelamiento por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho no perjudicarán al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras ser interrogado por el juez en la mañana, el prominente político mexicano, que se enfrenta a penas que pueden alcanzar cinco y seis años de prisión por presunta participación en lavado de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal, se dirigió en la tarde a la cárcel madrileña de Soto del Real, donde pasó recluido las últimas siete noches, para recoger sus pertenencias y abandonar de inmediato el recinto penitenciario.


La Fiscalía, que originalmente pidió prisión incondicional para el detenido, tenía cinco días para presentar recurso formal y luego la sala resolvería a favor o en contra. Sin embargo, durante los últimos minutos de ayer la autoridad española informó que no apelará el fallo, con lo que Moreira podrá recuperar su pasaporte, y si así lo desea, salir de ese país.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-01-2016/1609723

miércoles, 13 de enero de 2016

“Misión cumplida”, pero cuando en México se tenga Estado de derecho, dice Financial Times

El diario británico especializado dice en su editorial que a diferencia de la captura del señor Guzmán del año pasado, “Peña Nieto esta vez se ha tragado el orgullo nacionalista para permitir su extradición a Estados Unidos”.

“El Presidente Enrique Peña Nieto fue ingenuo al alardear una ‘misión cumplida’ cuando Joaquín Guzmán Loera fue capturado. Sí, se trató de un golpe maestro para una administración todavía dolida por la fuga del señor Guzmán [...]. Sin embargo, su último arresto (el tercero) hará poco para detener el tráfico de drogas”, publica The Financial Times en una columna editorial.

El Presidente de México anunció en su cuenta de Twitter la captura del capo mexicano: “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”, dijo.

El diario británico menciona que es probable que se haga poco daño a las operaciones del Cártel, ya que durante la estadía de Guzmán Loera en el Altiplano, antes de su segundo escape, las actividades del grupo criminal no se inmutaron. Detalla que la recaptura de “El Chapo” tampoco va a hacer mucho para reducir la inseguridad de México, “el mayor desafío que enfrenta el país”.
“Esta inseguridad tiene muchas causas profundas. Está alimentada por las armas que provienen de Estados Unidos y la demanda de drogas ilícitas. Sin embargo, su causa más importante es la corrupción y la impunidad en México. Son éstas las que hacen posible las operaciones de los cárteles criminales como el del señor Guzmán. Sus negocios se extienden  más allá del narcotráfico e incluyen la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el robo de petróleo y el envío masivo de hierro de contrabando a Asia. Mientras el Estado de Derecho en México siga siendo débil, tales operaciones continuarán floreciendo. Corregir esto es la verdadera misión que México debe lograr”, dice The Financial Times.
The Economist publicó este fin de semana un artículo en el que indicó que la nueva detención Guzmán Loera no mejorará la situación de inseguridad en México. Mencionó que la influencia que tiene el Cártel de Sinaloa puede disminuir con su jefe tras las rejas, lo que abriría oportunidades para grupos más peligrosos.

Alejandro Schtulmann de EMPRA, una consultora de riesgo político, dijo al semanario que es probable que se abran oportunidades para los grupos más peligrosos, como los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que hacen su dinero en gran parte de la extorsión y el secuestro. Schtulmann comentó que “El Chapo” es “una obsesión americana”, sin embargo dijo que la prioridad para las autoridades mexicanas “deben ser los grupos que aterrorizan a la gente”.

The Financial Times dice en su editorial que a diferencia de la captura del señor Guzmán del año pasado, “Peña Nieto tiene esta vez tragado el orgullo nacionalista para permitir la extradición del señor Guzmán a los estados Unidos”.

El diario dice que el proceso puede tardar años e indica que tampoco los Estados Unidos son inmunes de una fuga de sus cárceles. “Pero al menos el señor Guzmán será confinado fuera de sus redes de corrupción. Eso le quita uno problema de las manos al gobierno del señor Peña Nieto, ahora debería impulsar las reformas judiciales y policiales necesarias”.

La publicación dice que las reformas judiciales y policiales fueron prometidas por el Presidente Peña Nieto hace años, “pero nunca tuvieron la misma prioridad que su gobierno dio a las medidas de más alto perfil – tales como la histórica liberalización de la energía o incluso la captura del señor Guzmán”.

Dice que que el gobierno mexicano ahora debe mostrar la misma energía y determinación en la mejora del Estado de Derecho. “Sólo entonces podría el señor Peña Nieto reivindicar una creíble ‘misión cumplida’ y avanzar más allá de la teatralidad de la vida manchada de sangre del señor Guzmán, de su serie de escapes y de sus arrestos”.

“Todo el mundo parece amar a un bandido, sin importar sus crímenes. La tumba del narcotraficante colombiano Pablo Escobar es ahora una atracción turística, mientras que su película biográfica se ha convertido en un exitoso programa de televisión [...]. Y ahora es Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien también imaginó su vida en la pantalla grande. Fue una vanidad que lideró a las fuerzas de seguridad mexicanas al escondite del señor Guzmán y a su posterior detención el 8 de enero”, dice The Financial Times.

El medio reconoce que su captura es un logro significativo para el gobierno mexicano al tratase del narcotraficante más famoso del mundo y del criminal más buscado. “Su imperio de negocios es responsable de hasta la mitad de todas las drogas traficadas hacia el norte en los EU, un negocio que genera al cárteles mexicanos uno 7 mil millones de dólares al año”.


Menciona además que las batallas con sus rivales son responsable de miles de muertes. Durante la última década de la guerra del narcotráfico en México, refiere, más de 100 mil personas han muerto y otras 20 mil han desaparecido.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2016/1597143

domingo, 13 de diciembre de 2015

¿Quién gobierna en Tamaulipas? El priista Egidio Torre cumple cinco años “desaparecido”

Egidio Torre Cantú, cuyo hermano fue asesinado por uno de los cárteles en la entidad en su campaña rumbo a la gubernatura de Tamaulipas, tuvo en su Quinto Informe un invitado especial: a Eugenio Hernández, ex Gobernador de esa entidad y buscado por autoridades de EU. Días antes, el mandatario que, se dice, tiene el síndrome de avestruz porque ante cualquier problema esconde la cabeza, inauguró una calle con el nombre de un legendario capo. Todo, mientras Tamaulipas vive una violencia constante.

Tamaulipas, entidad gobernada por el priista Egidio Torre Cantú desde el 1 de enero de 2011, se ha convertido en un campo de guerra: incendios, bloqueos, balaceras, heridos y muertos se reportan a diario en distintos puntos. Es también el único estado de la República donde dos de sus ex gobernadores son investigados en Estados Unidos por lavado de dinero producto del narcotráfico. Pero al parecer, convivir con figuras ligadas al narco no es gran cosa para el Gobernador, incluso, él mismo fue señalado de ser financiado con “dinero sucio” cuando estaba en campaña.

El pasado 18 de noviembre, el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, buscado por las autoridades de Estados Unidos, fue uno de sus invitados especiales en su Quinto Informe de Gobierno.

Eugenio Hernández ocupó el cargo de Gobernador de 2005 a 2010, en mayo de 2015 fue acusado de conspirar para lavar instrumentos monetarios y de ayudar e instigar el funcionamiento de operaciones de dinero sin licencia.

Ni la orden de captura que pesa sobre Hernández Flores, ni el anuncio difundido el pasado 19 de junio por el Buró Federal de Investigación norteamericano (FBI, por sus siglas en inglés), que busca asegurarle 30 millones de dólares y cuatro propiedades, fueron obstáculo para que Torre Cantú le extendiera la invitación a su Informe, lo sentara en primera fila y le agradeciera en público por su presencia. Al contrario.

“Aprecio mucho que me acompañen los ex Gobernadores de nuestro estado”, dijo Torre Cantú desde el podio en alusión a Manuel Cavazos Lerma y Hernández Flores. “’Geño’, como siempre”, lo saludó el Gobernador.

Sonriente, ubicado entre el Gobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas y Cavazos Lerma, Hernández se levantó de su asiento y, con el brazo en señal de agradecimiento, correspondió el saludo del titular del Ejecutivo local.

Otro hecho donde el Gobernador de Tamaulipas ha expresado abiertamente que no tiene problemas con que lo relacionen a personajes acusados de nexos con el narcotráfico ocurrió a principios de junio. Egidio Torre honró al Cártel del Golfo a bombo y platillo al inaugurar una calle en Reynosa que lleva el nombre de su fundador, Juan Nepomuceno Guerra.

Todo esto mientras su estado se desangra y es acosado por el secuestro y la extorsión.

¿QUIÉN GOBIERNA EN TAMAULIPAS?

Apenas en noviembre pasado, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) dio a conocer que  los estados con más víctimas de secuestro, tanto en el fuero federal como en el  común, son el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Distrito Federal al sumar el 62.04 por ciento a nivel nacional.

En este sentido, destacó el caso  de Tamaulipas, que sigue presentando altas tasa de secuestro. Por tasas, dijo, los de mayores niveles fueron Tamaulipas y Veracruz al rebasar a la incidencia nacional en 469.17 y 108.86 por ciento.

También empresarios de Tamaulipas han manifestado su preocupación ante el incremento de la violencia en el estado y alertaron ante la posibilidad de que esta situación “de terror y de pánico entre la ciudadanía” afecte al otro lado de la frontera.

Sin embargo, al Gobernador de Tamaulipas parece no importarle estas declaraciones, incluso las desestima. De acuerdo con el sitio BreitBart, durante la última reunión del Grupo de Coordinación Tamaulipas, donde Torre Cantú anunció un nuevo grupo formado por agentes del orden público estatales y federales destinados a la lucha antisecuestros, el mandatario local dijo que el grupo se había creado en respuesta a los problemas en Matamoros, en un esfuerzo para silenciar los “rumores” de la ola de violencia.

Secuestros masivos, homicidios, desapariciones, extorsiones, decapitaciones, balaceras, fosas clandestinas y la violencia contra quienes reportan estos hechos, son algunas de las consecuencias de la presencia del crimen organizado en Tamaulipas.

La relación narco-gobierno es común en la entidad fronteriza. Los últimos ex Gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, son acusados de trabajar para los cárteles de la droga.

Esa complicidad entre la élite política y el crimen organizado, aseguró el Senador panista por Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en entrevista para SinEmbargo, es la primera explicación del grado de control alcanzado por la delincuencia sobre la población en el estado.

Al gabinete de Torre Cantú lo alcanzaron las acusaciones el 24 de diciembre de 2014, cuando el FBI informó haber asegurado una cuenta bancaria al entonces Secretario de Desarrollo Social del estado, Homero de la Garza Tamez, quien también fungió como director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en el sexenio de Hernández Flores. El esquema de lavado de dinero, hizo notar el FBI, implicó los procedimientos institucionales para la asignación de obras públicas en el estado.

El estado de Tamaulipas, donde la violencia impera desde hace años y la población no conoce la tregua, ha sido gobernada casi exclusivamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde hace casi 80 años. El actual mandatario Egidio Torre fue postulado a la gubernatura por la alianza Todos Tamaulipas que impulsaban los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), en sustitución de su hermano Rodolfo, quien fue asesinado el 28 de junio de 2010 a manos del Cártel del Golfo.


Pese a la inseguridad y la indiferencia de las autoridades estatales, los tamaulipecos siguen votando por el PRI. En las elecciones de junio pasado, el tricolor básicamente arrasó: obtuvo 10 millones 660 mil 251 votos, contra los 7 millones 651 mil 270 del PAN, los 3 millones 967 mil 636 del PRD y los 3 millones 068 mil de Morena.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2015/1574841

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Instituciones mexicanas, vinculadas al crimen organizado en todos sus niveles: ONG’s en Alemania

BERLÍN: Las instituciones mexicanas de gobierno se encuentran vinculadas con el crimen organizado en todos sus niveles, lo que hace que el país atraviese una profunda crisis política y jurídica, con un estado de derecho débil.

Tal es la conclusión de las organizaciones no gubernamentales alemanas y mexicanas que participaron en la Conferencia sobre Desaparición Forzada, realizada en la ciudad de Bad Boll, Alemania, en octubre pasado.

Esta realidad contradice la apreciación oficial del gobierno alemán -que parte de la idea de que México es una democracia funcional que respeta los derechos humanos- por lo que cualquier tipo de cooperación entre ambas naciones tendría que estar sujeta a un necesario fortalecimiento de la sociedad civil.

En una declaración fechada el 1 de diciembre 19 agrupaciones civiles alemanas y mexicanas piden al gobierno alemán redireccionar los alcances y compromisos firmados como resultado de la Comisión Binacional entre ambas naciones, instaurada en junio de este mismo año.

“México se encuentra actualmente en una profunda crisis política y jurídica. Todos los niveles institucionales están vinculados con el crimen organizado. Por lo menos 26 mil personas están desaparecidas desde los últimos años sin que se sepa hasta la fecha sobre su paradero. La impunidad en el país es de 98.3%.

“Tomando en cuenta estos hechos, no pueden sostenerse las apreciaciones oficiales de la política y economía alemana, que declaran que México es un Estado de Derecho, que dispone de una democracia presidencial funcional y que respeta los derechos humanos”, señala el documento.

El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exponen los activistas, dejó al descubierto la vinculación entre la clase política mexicana y el crimen organizado.

Y exponen un diagnóstico del país poco halagador:

“Problemas estructurales como pobreza y polarización social, conflictos de tierra y situaciones de emergencia de la población rural, falta de oportunidades de trabajo y de educación, siguen sin resolverse. La criminalización de los movimientos sociales va en aumento; los líderes sociales son culpados por delitos sin contar con evidencias serias, son detenidos y enviados a prisiones de máxima seguridad; periodistas y defensores de derechos humanos son amenazados, perseguidos, secuestrados y asesinados.

“Las desapariciones forzadas de personas en México se extienden en medidas inimaginables. Estos inconvenientes ya son conocidos desde hace tiempo por observadores críticos. El acontecimiento de Ayotzinapa terminó con la imagen de un estado de derecho democrático que el gobierno mexicano había construido”.

Por todas esas razones, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México considera en su declaración que el trabajo conjunto acordado entre México y Alemana el pasado junio, cuando el entonces canciller mexicano José Antonio Meade y el ministro del Exterior alemán Frank-Walter Steinmeier constituyeron una Comisión Binacional de trabajo, es erróneo y despierta grandes dudas.

Y es que el pasado 9 de junio los dos gobiernos firmaron una Declaración de Intenciones en el marco de la mencionada Comisión Binacional mediante la cual acordaron una colaboración estrecha en materia de seguridad, política exterior, desarrollo, medio ambiente, ciencia, educación y cultura.

Uno de los interlocutores del lado mexicano en lo que se refiere al fortalecimiento del estado de derecho mexicano es la Procuraduría General de la República (PGR). Tal actor despierta la suspicacia de las organizaciones civiles mexicana y alemanas.

“El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa evidencia que esta instancia central de investigación (PGR) ha retrasado y ocultado información en vez de facilitar la aclaración de la desaparición forzada de los estudiantes.

“De acuerdo con la opinión de la Coordinación y de las organizaciones mexicanas participantes, el gobierno alemán ha elegido el camino erróneo al mantener la política de ‘continuar así’, y así estabilizar las condiciones existentes en México”, señala el documento.


Las organizaciones firmantes entre las que destacan Amnistía Internacional y la Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia y Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, proponen que antes de cualquier tipo de colaboración el gobierno alemán promueva cambios en México como el fortalecimiento de su sociedad civil y condene la situación de los derechos humanos en el país, además de realizar con anticipación un diagnóstico de las instituciones mexicanas con las que trabajará, así como establecer mecanismos de evaluación de cada proyecto conjunto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422301

miércoles, 25 de noviembre de 2015

Guerrero perdió hace mucho el Estado de Derecho… se lo quitó el narco, dice su gente

El abandono de la población indígena y pobre en Guerrero continúa, a pesar del cambio de una administración perredista por una priista.

En Guerrero la población que vive en la sierra, no sólo subsiste en extrema pobreza, sino que es botín para los grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio, sin que el gobierno muestre una estrategia de fondo para combatir a los criminales, coincidieron defensores de los derechos humanos de la entidad.

El asesinato de una familia entera por un comando armado la madrugada del lunes en la comunidad de Polixtepec, una semana después de que 40 pueblos serranos protestaran en las calles de Chilpancingo y se llevaran la promesa del Gobernador, Héctor Astudillo Flores, de que les enviaría seguridad, es la muestra de que no existe una estrategia para combatir a las bandas de secuestradores, extorsionadores, violadores y narcotraficantes que tiene asolada a la población.
“Lo que podemos decir es que prácticamente estamos viendo el fracaso del llamado Estado de Derecho, de un gobierno que no ha sido capaz de garantizar el derecho a la vida, integridad de las personas. De controlar esta expansión de los grupos de la delincuencia organizada en su lucha por expandir sus áreas de influencia y controlar poblaciones enteras e incorporarlas a sus actividades ilícitas a la fuerza”, dijo José Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones de Derechos humanos.

El activista indicó que las comunidades de la sierra, no cuentan ni siquiera con autodefensas ni policía comunitaria.

“Los grupos de la UPOEG [Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero] no tienen gente fija ahí en ese pueblo donde ocurrió la matanza. Incursionó, acudió, pero no está de manera permanente. La gente está abandonada a su suerte por parte de las fuerzas estatales y federales”, indicó.

El 16 de noviembre habitantes de los municipios Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo, entre otros, solicitaron al Gobernador seguridad.

Astudillo Flores se comprometió con enviar un operativo entre la Policía del Estado, la Federal y la Marina, sin embargo, el comando armado se adelantó y ejecutó a una familia entera. De acuerdo con los reportes de la prensa local, el pueblo está prácticamente en estado de sitio.

“El gobierno no cumplió con el compromiso. El Gobernador que recién entró no tiene una estrategia clara y política definida para poder enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada. Le están apostando a la militarización y presencia policiaca, pero los criminales están en la sierra, en el monte. No existe una estrategia de contención para detener a todos sus miembros”, indicó.


VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió con Olivares y agregó que se trata de un tema de discriminación.
“Se sigue discriminado y dejando a su suerte a las comunidades campesinas indígenas. Las autoridades no han hecho su trabajo de atención, de apoyar las iniciativas ciudadanas. Vemos una actitud de tener tener sometida a la población con el mismo esquema de seguridad que no ha funcionado”, dijo.

Barrera detalló que el gobierno no actúa con la misma “mano dura” contra los delincuentes del crimen organizado, como lo hace contra los maestros, estudiantes y policías comunitarias.

“La misma población de esa región le planteó al Gobernador que apoyará la creación y respetara a las policías comunitarias, su respuesta fue mandar más policías en algunos puntos. Es lo típico de siempre, pero no atacan la colusión que existe entre grupos policiacos y delincuencia”, agregó.


COMANDO ARMADO EN POLIXTEPEC

La medianoche del domingo hombres armados irrumpieron en la comunidad de Polixtepec, Guerrero, y mataron a cuatro personas: una mujer adulta y tres de sus hijos jóvenes. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era la pareja y padre de las víctimas.

Vecinos de esa localidad declararon que unos 40 pistoleros llegaron en varios vehículos alrededor de las 23:30 horas y permanecieron en el pueblo hasta cerca de las 2:00 de la madrugada del lunes.

Polixtepec se encuentra a 40 minutos al este de Filo de Caballos, en la sierra de Leonardo Bravo, Chichihualco.

La violencia no sólo les dejó muertos, también una zozobra que los mantiene la mayoría de los días encerrados en sus casas, sin poder salir ni si quiera a trabajar al campo o a surtirse de víveres a otros lugares.

También, desde entonces, está cerrada la telesecundaria, la primaria, el jardín de niños y la casa de salud, porque los maestros y la enfermera del lugar se niegan a ir a trabajar por temor a la violencia, igual que los empleados de las empresas distribuidoras de productos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado que se inició la averiguación previa BRA/CHI/016/2015 por el delito de homicidio, y refirió que, de acuerdo con las investigaciones, las cuatro personas murieron por disparos de arma de fuego.

Guerrero continúa siendo el estado con la mayor tasa de homicidios dolosos con 46.27 asesinatos por cada 100 mil habitantes en los primeros 10 meses de 2015, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los datos oficiales indican que de enero a octubre de este año se han registrado en la entidad mil 651 homicidios dolosos, que superan en 383 la suma en el mismo periodo de 2014, que fue de mil 268. En los 10 primeros meses de este año, los homicidios dolosos en el estado son 30.20 por ciento más que en el mismo periodo de 2014.

Además, los homicidios contabilizados en lo que va de 2015 son más que los que se contaron en los 12 meses de 2014, que fueron mil 514, es decir, que en 10 meses de este año van 137 más que en todo el año anterior.

En octubre se registraron 167 homicidios dolosos, cifra que se incrementó en cuatro casos la registrada en septiembre, lo que suma mil 651 asesinatos en los diez meses del año.

Con base en los hechos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) al 31 de octubre, en Guerrero la dependencia reportó seis secuestros, 12 denuncias de extorsión, 151 robos de vehículo con violencia y 223 robos de vehículos sin violencia.

De acuerdo con el reporte del SESNSP, en los 10 meses del año se han registrado mil 651 homicidios dolosos, 68 secuestros, 120 casos de extorsión, mil 200 vehículos robados con violencia y 2 mil 408 sin violencia.

Agosto sigue siendo el mes del año con mayor número de homicidios dolosos con 199, en septiembre se registraron 163 y se incrementó en cuatro en octubre, registrando 167 hechos, un promedio de 5.4 asesinatos por día.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se incrementó de septiembre a octubre de 42.69 a 46.27, casi cuatro veces más que la media nacional que es de 11.63.


Guerrero permaneció con la mayor proporción de asesinatos por cada cien mil habitantes en el país, le sigue Sinaloa que reporta una tasa de 27.64 puntos y Chihuahua con 22.18.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-11-2015/1561801

domingo, 15 de noviembre de 2015

Los linchamientos aumentan, y los sociólogos lo ligan con la ausencia de Estado de Derecho

El anonimato de los participantes, la espontaneidad, un sector social desfavorecido y el carácter altamente violento y pasional que genera en los participantes un sentimiento compartido “del deber cumplido”, son algunos de los ingredientes de los linchamientos en México.

Los linchamientos en México han tomado cada vez más fuerza. Tan sólo este 2015 se han registrado 63 casos, que son los que se tienen documentados. La inseguridad, el deterioro social y un vacío de Estado de Derecho son algunas de las hipótesis que han señalado los sociólogos para explicar el fenómeno.


El anonimato de los participantes, la espontaneidad, un sector social desfavorecido y el carácter altamente violento y pasional que genera en los participantes un sentimiento compartido “del deber cumplido” al hacerse justicia por propia mano, son algunas de las características de los linchamientos.
“El linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas. Se dan con mucha celeridad; es decir, son muy rápidos. Se realizan de manera espontánea y por autores anónimos”, explicó a SinEmbargo el profesor Raúl Rodríguez Guillén del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco.

A nivel mundial, este fenómeno ha sido estudiado por sociólogos e historiadores. Un análisis realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina en abril de 2014, señala que en el caso particular mexicano, lo que analíticamente se construye como linchamiento ha traspasado los límites de las investigaciones académicas para convertirse también en un problema de agenda político-mediática.

En este sentido, destaca el reciente fenómeno de los grupos de autodefensas, que a decir del estudio, “reafirma nuevamente la problemática de este país en torno al fenómeno de las violencias punitivas y el castigo”.



Existen preguntas abiertas sobre el tema de los linchamientos, que en México suman al menos 429 casos, de acuerdo con el estudio actualizado de los “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” de la UAM.

¿Qué lleva a las personas a cometer los linchamientos?, ¿qué factores políticos, económicos, sociales y culturales existen en el país para que esta práctica persista con el paso del tiempo?, son algunas de las interrogantes para entender este fenómeno.

“Los linchamientos han existido en distintos momentos. Se practicó mucho en la época de la Revolución Mexicana pero tenía un origen diferente; en ese tiempo se linchaba al del bando contrario y los que se dan en la época contemporánea tienen que ver con el fenómeno de la inseguridad y de la imagen negativa que se tiene de las autoridades desde la sociedad”, refirió el doctor en Ciencia Política, Raúl Rodríguez.
El concepto de linchamiento presente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su edición de 1984, fijaba el significado del verbo linchar como “castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo”.  Ya en su edición de 2001, esa obra de referencia define esa acción como “ejecutar, es decir, ajusticiar, dar muerte sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.

LOS DETONANTES


Académicos y organizaciones coinciden que los linchamientos en México se registran porque existe impunidad y una crisis de la autoridad que se expresa en el hartazgo de la gente hacia un Estado incapaz de resolver la seguridad de los ciudadanos.
Cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”, expresó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en entrevista para SinEmbargo.

En lo que va del año suman 63 casos en diferentes estados de la República. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal van a  la cabeza de las entidades donde se registra el mayor número de linchamientos, de acuerdo con el registro de la UAM.

El último ocurrió el pasado 26 de octubre en el municipio de Amecameca en el Estado de México, donde los habitantes intentaron linchar a dos hombres quienes presuntamente mataron a puñaladas a un comerciante luego de asaltarlo.

“La inseguridad es un factor aparente para cometer los linchamientos, pero no es la causa de fondo, ésta tiene que ver con el no castigo a las personas que cometen un delito. Por ejemplo el robo, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), se castiga en un 5 por ciento, estamos hablando de que hay un 95 por ciento de impunidad, la cual está asociada a diferentes factores como el no castigo, el castigo insuficiente o la corrupción”, detalló el profesor Raúl Rodríguez.
Añadió que donde no se castiga o se deja impune un delito crece la indignación de la gente y en un momento determinado se puede expresar en un linchamiento.

Por ello, distintos análisis de este fenómeno llevan a la conclusión de que las personas que participan en un linchamiento lo hacen con la firme convicción de que están haciendo lo correcto y no visualizan que también ellos están cometiendo un delito.

“Las personas que cometen un linchamiento no alcanzan a ver que también están cometiendo un delito, piensan que es algo justo”, expresó el investigador de la UAM.

“Estamos viendo una especie de juicio hacia los presuntos culpables, no se les entrega a las autoridades porque saben que no van a hacer nada”, opinó el Doctor Rogelio Luna Zamora, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara en entrevista con este medio digital.
Para los especialistas en Sociología, las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos son fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

Para realizar el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila llevaron a cabo el seguimiento en diarios, radio y televisión de las noticias que informaban de presuntos linchamientos.

A partir de esa base de datos, hicieron una clasificación de los casos reales de linchamiento y de otros fenómenos parecidos como el vigilantismo.

“El vigilantismo se da a partir de la formación de grupos de vigilantes en colonias, barrios y pueblos, pueden ser guardias comunitarios que dan seguridad a la comunidad y que se organizan haciendo rondines nocturnos y a veces diurnos, pero éstos están organizados y cuentan muchas veces con armas. Se caracteriza porque detienen a los delincuentes, los golpean hasta causarles lesiones graves, incluso les quitan la vida”, enfatizó Raúl Rodríguez.


Enfatizó que en los lugares donde ocurre esta práctica, los pobladores cuelgan mantas y advertencias, como: “No vengas aquí porque si te agarramos te vamos a linchar”.

LA EVIDENCIA EN FOTO Y VIDEO

Uno de los aspectos preocupantes que han estudiando los sociólogos es la introducción del video como percepción pública del linchamiento.

El 31 de agosto de 1996 en la comunidad de Tatahuicapan en el municipio de Playa Vicente, Veracruz, Rodolfo Soler Hernández, fue linchado por los pobladores, quienes lo acusaron de violación y asesinato de la señora Ana Borromeo.

El hecho fue filmado y difundido días después en los medios de comunicación nacional. Las imágenes mostraban a una multitud (hombres, mujeres y niños)  realizando un juicio popular en contra del acusado, a quien se decide inmolarlo.

El único detenido fue una persona identificada como Sergio Madrigal, único del pueblo que posee cámara y filma todo el suceso.

“Respetamos lo que el pueblo decidiera. Nosotros, como familia, no somos tampoco jueces. Si el pueblo decide que se linche, que se linche. Si el pueblo decide que se mande a presidio, que se mande. Por eso estamos recabando todas las firmas. Nos dijeron que quieren un acta, que se elabore un acta donde vayan plasmadas las firmas del pueblo”, dijo el esposo de la señora Borromeo en un extracto recogido por Carlos Monsiváis en el texto “Justicia por propia mano” publicado en un fascículo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2002.

Hasta el momento, el único linchamiento transmitido en vivo en televisión nacional fue el ocurrido el 23 de noviembre de 2004 en la comunidad de San Juan Ixtayopan en la delegación Tláhuac del Distrito Federal.

“El único linchamiento transmitido en vivo fue el de Tláhuac, en esa ocasión uno podía ver a los camarógrafos filmando el hecho, sin ningún código de ética para divulgar estas imágenes”, comentó el investigador Raúl Rodríguez.
Los habitantes lincharon a dos agentes de la Policía Federal Preventiva, Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla y Édgar Moreno Nolasco, cuando arribaron a la comunidad a realizar labores de investigación en contra de narcomenudeo.

Los pobladores aseguraron haber sorprendido a los agentes tomando fotografías a menores de edad por lo que fueron acusados de ser secuestradores. Al menos 300 personas participaron en el linchamiento golpeando a los uniformados y atándolos a los postes de luz para quemarlos vivos.

En esa ocasión, la Comisión de Derechos Humanos se pronunció al respecto y declaró que lo sucedido mostraba “las repercusiones que puede tener la impunidad por parte de las autoridades que no han procurado justicia”.


Por estos hechos, el entonces Presidente de México Vicente Fox Quesada, removió de su cargo a Marcelo Ebrard Casaubón, quien era Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En México existen pocos casos donde se lleva a la justicia a los participantes en un linchamiento, pese a estar prohibidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

En el año 2002, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuso que los autores (quienes participan en un linchamiento) no son delincuentes habituales que actúan de forma individual o en bandas criminales, sino en su mayoría son ciudadanos comunes que ingresan a la categoría de delincuentes por participar en este hecho criminal.


“A pesar de la naturaleza efímera, el acto violento cometido de forma extralegal confiere a los participantes –ya sea instigadores, autores materiales o encubridores– existe una complicidad reforzada con el anonimato y que al mismo tiempo propicia la impunidad: cuando son todos, ninguno es el culpable”, describe el estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-11-2015/1550412