LOS LINCHAMIENTOS EN MÉXICO ALCANZAN NIVELES HISTÓRICOS

En lo que va del año se han registrado 63 linchamientos en diferentes estados de la República Mexicana. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal son los que tienen la mayor incidencia de este delito. Especialistas afirman que las razones recaen en la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho.

Los linchamientos en México se registran porque existe impunidad y una crisis de la autoridad que se expresa en el hartazgo de la gente hacia un Estado incapaz de resolver la seguridad de los ciudadanos, coinciden organizaciones y académicos.

Cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”, expresó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en entrevista para SinEmbargo.

De acuerdo con el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, fenómeno que se registra principalmente en la zona centro-sur del país.

En lo que va del año suman 63 casos en diferentes estados de la República. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal van a  la cabeza de las entidades donde se registra el mayor número de linchamientos, de acuerdo con el registro de la UAM.

El profesor Raúl Rodríguez Guillén del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco y autor del estudio, destaca que en las últimas tres décadas México ha vivido un proceso de desgaste institucional que se expresa en la violencia política y social creciente que vemos cada día.

“Los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad. La imagen negativa que se tiene desde la sociedad de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, lo que propicia que las personas tomen justicia por su propia mano”, explicó a este medio digital el académico de la UAM.

Desde la sociedad han surgido expresiones que responden a ello, como las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos, fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS LINCHAMIENTOS

Para los especialistas en Sociología, las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos son fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

El concepto de linchamiento presente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su edición de 1984, fijaba el significado del verbo linchar como “castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo”. Ya en su edición de 2001, esa obra de referencia define esa acción como ejecutar, es decir, ajusticiar, dar muerte sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.

“El linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas, se dan con mucha celeridad, o sea son muy rápidos, se realizan de manera espontánea y por autores anónimos”, detalló el profesor Rodríguez Guillén.

Para realizar el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila llevaron a cabo el seguimiento en diarios, radio y televisión de las noticias que informaban de presuntos linchamientos.

A partir de esa base de datos, hicieron una clasificación de los casos reales de linchamiento y de otros fenómenos parecidos como el vigilantismo.

“El vigilantismo se da a partir de la formación de grupos de vigilantes en colonias, barrios y pueblos, pueden ser guardias comunitarios que dan seguridad a la comunidad y que se organizan haciendo rondines nocturnos y a veces diurnos, pero éstos están organizados y cuentan muchas veces con armas. Se caracteriza porque detienen a los delincuentes, los golpean hasta causarles lesiones graves, incluso les quitan la vida”, refirió Raúl Rodríguez.

Añadió que generalmente en los lugares donde ocurre esta práctica, los pobladores cuelgan mantas y advertencias, como: “No vengas aquí porque si te agarramos te vamos a linchar”.

El estudio de la UAM detalla que los linchamientos no son un fenómeno nuevo en México, pero actualmente, por sus características y contexto, adquiere un carácter novedoso.

“En tiempos de la Revolución se linchaba al del bando contrario o a quien se oponía de alguno de los bandos o de los grupos de ese momento, y los que se dan en la época contemporánea tienen que ver con el fenómeno de la inseguridad y de la imagen negativa que se tiene de las autoridades”, indicó el académico de la UAM.

Mientras las condiciones de injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva se sigan registrando con una mayor frecuencia, destaca el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)”.

Ello, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 17, prohíbe hacerse justicia por mano propia: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

CASO PUEBLA

El fenómeno del linchamiento es una práctica que ha tomado cada vez más fuerza en México, el último caso del que se tiene registro ocurrió el pasado 26 de octubre en el municipio de Amecameca en el Estado de México, donde los habitantes intentaron linchar  a dos hombres quienes presuntamente mataron a puñaladas a un comerciante luego de asaltarlo.

Pero el que más causó indignación a nivel nacional fue el ocurrido en el estado de Puebla el pasado 19 de octubre cuando dos encuestadores, José Abraham Copado Molina de 30 años y su hermano, David Rey, de 39, fueron linchados en el municipio de Ajalpan.

No contaban con prestaciones de Ley porque trabajaban como freelancers. Les pagaban por cuestionario entregado entre 25 y 50 pesos, según el tipo de proyecto. Pese a ello, a las inclemencias del tiempo y a los peligros del camino, así se ganaban la vida.

El Edil de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, informó que tras la denuncia de los pobladores sobre sujetos sospechosos, la Policía Municipal abordó a los encuestadores y se identificaron con su credenciales de elector y del trabajo.

Para evitar que fueran agredidos por los pobladores, los encuestadores fueron retenidos en la comandancia ante la insistencia de que eran los responsables de un intento de secuestro en contra de una menor.

Los habitantes de Ajalpan tocaron las campanas de la iglesia y un contingente de más de mil personas se agrupó en el lugar para después arremeter en contra de las instalaciones del Palacio Municipal y vehículos oficiales.

La turba sacó a los hombres de los separos, pese al arribo de la Policía Estatal y de municipios aledaños. Posteriormente los hombres fueron torturados y quemados en la explanada municipal.

INCAPACIDAD DE AUTORIDADES ESTATALES

El Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega Álvarez, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que garanticen el Estado de Derecho en sus respectivas entidades y tomen las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.

“La idea de llamar a comparecer a los gobernadores de estos estados es porque de 2010 a la fecha, solamente en el Estado de México ha habido 54 casos de intentos de  linchamiento y en Puebla hay 33”, describió el legislador perredista.

El documento que será analizado por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja también exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que no solamente en el estado de Puebla alerte sobre estos actos de linchamiento, también en otros estados y que determine cuál es el camino a seguir como autoridad para evitar estos lamentables hechos.

Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que no basta con hacer un llamado de atención a las autoridades estatales, se necesitan mecanismos que procuren la justicia en México.

“No basta con el llamado de atención a las autoridades para resolver el problema de los linchamientos, lo que tenemos que hacer es generar contrapesos en la sociedad civil y exigir que las autoridades no sean omisas y no permitan más casos de impunidad”, opinó Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.

LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2015/1541883.

El derecho a la justicia en México es una ficción: académicos y defensores de derechos humanos

México, D.F: Académicos y defensores de derechos humanos lamentaron la “nula existencia del Estado de derecho que tanto pregonan las autoridades mexicanas”, ya que han decidido no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con desaparición forzada, aunque exista una orden judicial de por medio.

Gilberto López y Rivas, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano, integrantes de la Comisión Civil de Seguimiento y Verificación de la Búsqueda, Localización y Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gilberto Cruz Sánchez –dos milicianos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en Oaxaca el 27 de mayo de 2007–, criticaron la resolución de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes se negaron a ejercitar su facultad de atracción para revisar una sentencia de un tribunal colegiado que había sido solicitada por el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.

En un comunicado, los integrantes de la Comisión Civil, junto con los abogados Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez, así como Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado, familiares de los desaparecidos, resaltaron que el pasado miércoles 7, en una audiencia privada, el pleno de la Primera Sala determinó no atender el recurso de queja 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sobre el incumplimiento de una orden judicial al Ministerio Público Federal para interrogar a mandos militares y policiales, así como revisar instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal.

Lo anterior, apuntaron, “cierra la posibilidad de que el máximo Tribunal pueda establecer criterios que permitan determinar las acciones que un juez de Distrito puede realizar cuando conoce de un juicio de amparo indirecto como medio de defensa para reclamar la desaparición forzada de personas”.

Para los firmantes, la decisión de no revisar la queja “exhibe la incapacidad y falta de voluntad de los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir sus resoluciones, convirtiendo en una ficción el derecho de acceso a la justicia”.

Lo que en el fondo se resolvió el miércoles 7, señalaron, es que la investigación sobre la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez “no aborde con la debida profundidad la línea de investigación relativa a la participación de las fuerzas armadas en la desaparición de ambas personas”.

Recordaron que la decisión de los ministros contraviene “la decisión del Tribunal Colegiado, que en su sentencia determinó que el Ministerio Público Federal debía citar a declarar a los mandos castrenses, mandos policiacos federales y funcionarios de inteligencia, y ordenar la realización de labores de búsqueda dentro de las instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal”.

Al no atraer el recurso de queja, “es evidente que la decisión de la Primera Sala es concordante con la postura establecida por el Estado mexicano de no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con hechos de desaparición forzada, sin importar que medie una resolución judicial que obligue a los integrantes de la milicia a comparecer ante la autoridad ministerial, evidenciando en los hechos la nula existencia del Estado de derecho que tanto pregonan las autoridades”.


La Comisión Civil reiteró su compromiso “indeclinable de continuar en la exigencia del cumplimiento cabal de esta resolución hasta dar con el paradero de ambos luchadores sociales, así como lograr el juicio y castigo a los responsables”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Gobierno acorralado

MÉXICO, D.F: La versión oficial de lo ocurrido en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace poco más de un año evidencia que el gobierno federal busca la fórmula que le permita atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero al mismo tiempo proteger a las fuerzas federales (Ejército y Policía Federal) que se encontraban en el lugar de los hechos la noche de la desaparición de los estudiantes.

Los familiares de los normalistas fueron claros y precisos en sus observaciones: el gobierno federal fue evasivo en sus respuestas. Los familiares demandaron, entre los ocho puntos, dos que resultan particularmente incómodos para el gobierno:

“Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar” y “que requiera formalmente la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflictos de interés y macrocriminalidad.”

Ambas demandas buscan retomar los elementos clave que hicieron efectiva la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (GICIG) que provocó la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, porque permiten que las misiones internacionales vayan más allá de las recomendaciones y puedan instruir al Ministerio Público en la integración de sus averiguaciones e incluso consignar directamente ante las instancias del Poder Judicial. Al menos así sucede en Guatemala.

En el caso de la unidad de investigación, los familiares fueron muy específicos respecto de las condiciones que debía reunir la indagatoria, y manifiestan que el titular de dicha unidad debe ser “un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos”; que la actuación de la misma “se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos”, y que “pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense”, entre las principales características.

Los familiares expresan su deseo de que esta instancia “agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero”. En un párrafo posterior exigen que se investigue la responsabilidad, entre otros, del exgobernador Ángel Aguirre y del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Según informó a los medios el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, en respuesta a dichas demandas el mandatario instruyó “a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República, que analicen la viabilidad de cada uno de esos ocho puntos”. Y anunció la creación, dentro de la PGR, de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desparecidas, con lo cual atiende una reiterada demanda social pero permite cerrarle el paso a la Unidad que exigen los padres de los desaparecidos.

Aunque cada día los espacios de maniobra para el gobierno federal se estrechan más, lo cierto es que las primeras informaciones en torno a la reunión evidencian que aquél pretende repetir la misma trama a la que recurrió en el caso de los conflictos de interés por la adquisición de inmuebles multimillonarios financiados por un contratista del gobierno: instruir para que le elaboren un expediente que le permita negar la viabilidad de atender las demandas de los padres de los normalistas.

Por supuesto, el gobierno federal reiteró las que fueron sus primeras reacciones al informe del GIEI, es decir, que se atendieran todas sus recomendaciones y líneas de investigación y que el grupo extendiera su estancia en el país por otros seis meses.

Sin embargo, es evidente que los funcionarios del gobierno federal leen el informe y las recomendaciones con un enorme sesgo, pues el miércoles 23 el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, declaró en un noticiero matutino de Radio Fórmula que una de las coincidencias fundamentales del reporte con las conclusiones de la PGR es que ambos señalaban que los responsables eran las policías municipales y los grupos criminales. Campa eludió hablar sobre la parte del informe que claramente especifica: “tanto la Policía Federal, estatal, como el Ejército tuvieron personal destacado” al menos en algunos de los escenarios donde hubo encuentros de los normalistas desparecidos y las fuerzas de seguridad la noche del 26 de septiembre.

En el apartado alusivo a las responsabilidades, específicamente en la número 8, el informe precisa: Se debe “investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos”.

En la 9 insiste: “Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La investigación del GIEI ha proporcionado nuevos elementos en ese sentido”.

La revisión del informe, y especialmente de las recomendaciones del GIEI, de las demandas de los familiares de los desparecidos y las declaraciones oficiales, incluyendo las que el vocero de la Presidencia atribuye a Peña Nieto, demuestran que el gobierno federal no atiende ni esas recomendaciones ni esas demandas, pues a pesar de todas las evidencias en contrario se aferra a su “verdad histórica”.

El caso se le complica al gobierno federal, pues ante la presión internacional por la desaparición de los normalistas tuvo que aceptar la intervención de expertos internacionales, que a partir de sus propias investigaciones de campo y peritajes han desacreditado una y otra vez las versiones oficiales.


Es evidente que las respuestas del gobierno de Peña Nieto pretenden atender únicamente aquellas recomendaciones y demandas que le permita exculpar al Ejército y a la Policía Federal, aunque tengan que reconocer que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y aunque el caso pierde importancia en los medios de comunicación masiva a escala nacional, la presión internacional se incrementa, lo que vuelve muy vulnerable al gobierno y estrecha sus márgenes de acción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Eruviel defiende al Ejército en caso Tlatlaya: “Se la han jugado con el país”

TOLUCA, Edomex: El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, defendió el papel del Ejército en el caso Tlatlaya: “Se la han jugado con el país, y tienen un papel muy importante en la paz social y el control de las fuerzas delictivas”.

El mandatario ofreció un mensaje en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense en el que trató los temas que evadió durante su cuarto informe de labores, entre ellos los casos OHL, Tlatlaya, el gasto publicitario de su administración y las desapariciones de personas en la entidad.

Sobre la ejecución extrajudicial de 22 personas a manos del Ejército en el municipio mexiquense de Tlatlaya, el priista se limitó a informar: “Aceptamos incondicionalmente las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, están siendo procesados 8 policías ministeriales, esperemos que el juez ponga una sanción ejemplar”.

“Lo asumimos con todo responsabilidad, habremos de proceder; si el juez considera que cometieron algún ilícito los miembros de la Procuraduría, se procederá con todo el peso de la ley”, añadió.

Aparte, con respecto a los audios difundidos en que directivos de la empresa OHL son exhibidos en presuntos tráficos de influencias con autoridades estatales, refirió: “Si hubiese alguna responsabilidad del concesionario, de esta empresa, habremos de proceder conforme a derecho o, incluso, en contra de algún funcionario. No vamos a tolerar ningún caso de este tipo”.

Adelantó que en breve se publicará en la Gaceta de Gobierno un proyecto de decreto que crea una norma para que en las concesiones o contratos de obra se graben todas las conversaciones entre las partes –incluso las pláticas de restaurante- y la licitación, siempre y cuando lo acepten los involucrados.

Sobre el programa “Eruviel te responde”, el mandatario sostuvo que no implicó ningún gasto extraordinario:
“Es parte del programa de difusión; el presupuesto de Comunicación Social es de .08 por ciento –del total de la entidad-. El informe sólo se puede publicitar 7 días previos y 5 días después, es nuestra obligación rendir cuentas. Este ejercicio no tuvo ningún costo, no hay acuerdos administrativos, TV Mexiquense nos prestó sus instalaciones, no fue ninguna contratación –la del moderador y los conductores-“.

Ávila Villegas ofreció recibir en diez días a padres de hijos desaparecidos, a quienes, afirmó, el procurador ha atendido de manera personalizada, junto con la subprocuradora y fiscal del ramo.

El gobernador aclaró que el procedimiento penal que se sigue por probable peculado al exalcalde Naucalpan David Sánchez Guevara no es su responsabilidad: “Fue el OSFEM, que depende de la Cámara de Diputados local, el que hace auditorías, detecta irregularidades, considera necesario proceder; la Junta de Coordinación Política procede penalmente; la PGJEM solicita la orden de aprehensión correspondiente y ahora está en las manos de un juez; un Poder ajeno inicia el procedimiento y quien sentencie será otro”.

Un “honor” ser presidenciable

Eruviel Ávila no evadió hablar de sus aspiraciones presidenciales y de que en algunas encuestas lo ubiquen como posible candidato del PRI a la presidencia de la República: “Es un honor, no lo puedo negar; el hecho de que a un vidriero al menos se le mencione; pero ese tipo de temas no me distrae, Churchill decía que para pensar en el futuro hay que resolver el presente, y mi presente es el Estado de México… no voy distraerme con otro tipo de cuestiones del futuro que algún día llegará”.

Finalmente, consideró que al Estado de México le ha convenido tener un presidente mexiquense, porque gracias a él se han impulsado en la entidad grandes obras.

Durante el programa televisivo, Erasto Martínez, secretario de Infraestructura, justificó que las inundaciones de los últimos días responden a que “estamos enfrentando lluvias atípicas”.

“En el mismo periodo del año pasado la lluvia ascendió a 35 milímetros sostenidos aproximadamente, este año han sido 40-41 y tenemos récords de 60”, dijo.

El gobierno estatal, detalló, ha identificado 15 puntos de conflicto que son atendidos por 17 campamentos que trabajan las 24 horas del día y en caso de emergencia tienen capacidad de convocar el auxilio de mil servidores públicos.


“La inversión este año en drenaje es de 450 millones de pesos; y todos los días retiramos mil 500 toneladas de basura de nuestros ríos”, abundó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Justicia sometida

MÉXICO, D.F: El presidencialismo mexicano ha cobrado nuevos bríos en este gobierno, a pesar de la baja popularidad de quien hoy ostenta la titularidad del Ejecutivo. Se ha restaurado la preeminencia de éste sobre los otros dos poderes, con el exceso y arbitrariedad en el uso de sus facultades propio del sistema de partido hegemónico del siglo pasado. Ello no es una buena noticia para nuestra endeble democracia, tampoco para el imperio de la ley o la gobernabilidad.

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por disposición de las normas, el poder frene al poder”, escribe Montesquieu en consciente de que el gobernante tiende a abusar del poder hasta donde encuentra límites. Desde entonces la división de poderes es requisito indispensable de toda constitución democrática. Sin embargo, influidos por las ideas de Emilio Rabasa 1912), los constituyentes del 17 asentaron la preponderancia del presidente al llamarlo depositario del “Supremo Poder Ejecutivo”. Además, el artículo 108 le otorga inmunidad: “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, lo que es contrario al pensamiento de Montesquieu, quien sostenía que “la ley debe ser como la muerte, no exceptúa a nadie”.

El abuso del poder presidencial es causa de una de las enfermedades que corroe al sistema de justicia en México: la supeditación del derecho al dominio del mandatario en turno. Dos casos paradigmáticos que han marcado a la presente administración ejemplifican, con oprobio, la vigencia de una justicia sometida.

El derrumbe de la “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República sobre la irresuelta tragedia de Iguala y la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de interés relacionado con las “casas turbias” son dos evidencias del sometimiento de la justica a los dictados del señor presidente. Ambas investigaciones fueron realizadas por instituciones dependientes del Ejecutivo con la intención de ocultar la verdad acerca de acontecimientos que afectan intereses de la élite gubernamental. El propósito de las amañadas pesquisas no era la búsqueda de la verdad legal, sino su encubrimiento. Es claro que ni Jesús Murillo Karam ni Virgilio Andrade actuaron con independencia sino por consigna. Sus investigaciones estuvieron orientadas y acotadas por razones extrajurídicas provenientes del Ejecutivo.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refuta los ejes fundamentales de la investigación de la PGR:

1. Los estudiantes de Ayotzinapa no fueron cremados en un basurero de Cocula. 2. En el lugar de los hechos estuvieron presentes y participaron miembros de la Policía Federal y del Ejército, incluidos agentes de inteligencia militar. Ello había sido negado por la PGR, así como por el secretario de la Defensa. 3. La Sedena no permitió que los integrantes del 27 Batallón de Infantería, asignado a Iguala y sus alrededores, fueran interrogados por los expertos de la CIDH. 4. Los supuestos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos confesaron bajo tortura el asesinato e incineración de los estudiantes. 5. No sólo fueron cinco muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos en los ataques, como se ha dicho oficialmente. La investigación del GIEI asienta que fueron 180 las “víctimas directas en violaciones a los derechos humanos” en los ataques de la noche del 26 de septiembre, en Iguala; la mayoría jóvenes y menores de edad. 6. El informe señala que esa noche y en la madrugada del día siguiente los estudiantes sufrieron nueve ataques distintos, lo que implica que debieron ser coordinados y organizados por algún individuo o grupo aún no identificado. 7. El centro que concentra las comunicaciones de policías estatales, municipales y del gobierno federal, conocido como C4, interrumpió su funcionamiento “a ciertas horas” –especialmente las que siguieron a la detención y desaparición de los estudiantes– “porque la comunicación está intervenida por la Sedena”, afirma el documento elaborado por el GIEI. 8. No fueron cuatro, como lo aseguró la PGR, sino cinco los camiones utilizados por los estudiantes de Ayotzinapa. No se ha resuelto la función de ese quinto autobús, probablemente relacionado con el tráfico de heroína a los Estados Unidos. “Podría ser un elemento clave para explicar los hechos”, señalan los expertos de la CIDH.

Como se ha documentado con amplitud, la investigación que exoneró al presidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda de haber incurrido en conflicto de interés al haberse beneficiado del trato preferencial de Grupo Higa, que ha recibido contratos multimillonarios del actual gobierno federal y de la anterior administración mexiquense, carece de verosimilitud desde su origen.

A partir de la reforma constitucional de 1900 que separó al procurador general de la República de la Suprema Corte de Justicia para situarlo bajo la autoridad del presidente de la República, el titular del Ejecutivo federal funge como jefe del Ministerio Público Federal (Héctor Fix Zamudio, El Ejecutivo Federal y el Poder Judicial, IIJ UNAM). Ello implica que el mandatario en turno tiene la última palabra en asuntos de procuración de justicia delicados y trascendentes políticamente, sea por involucrar a instituciones (como las Fuerzas Armadas) o a individuos (gobernadores, secretarios de Estado o el propio mandatario y su familia).

Fieles seguidores de Carl Schmidt (“la ley deriva y está sujeta al poder”), los presidentes mexicanos han abusado de sus poderes legales y metaconstitucionales ejerciendo una discrecionalidad sin límites para determinar el sentido de investigaciones sobre violaciones a derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo), así como los innumerables casos de corrupción patentes como el sol del mediodía que, tapados con el dedo del señor presidente, quedan impunes (OHL, por ejemplo); a menos, claro, que por decisión del jefe máximo deban ir a prisión, independientemente de la solidez del proceso penal contra el inculpado.


Una justicia capturada por el poder político no es justicia. El fracaso del combate a la corrupción y el escandaloso nivel de impunidad en el país son consecuencia de la (in)justicia presidencialista. Sin una auténtica autonomía de las instituciones del ramo –actuales y futuras– ni el estado de derecho ni la gobernabilidad democrática son viables.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HÉCTOR TAJONAR.

El engaño de Peña Nieto

MÉXICO, D.F: Fiel representante de la clase política mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto es de los que creen que con más leyes se construye el estado de derecho.

Urgido por la presión social ante la crisis humanitaria que evidenció la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, responde con un catálogo legislativo como si con eso se fuera a “mejorar” el estado de derecho y la seguridad en el país.

Cuando más se necesita que se desmonten las estructuras políticas, económicas y sociales que sostienen a la delincuencia y que han permitido que sea ésta la que determine los niveles de violencia en el país, la receta del gobierno federal es hacer más leyes.

No basta con la existencia de las normas y que éstas sean legítimas; es decir, sancionadas por el Congreso. Se necesita que estén legitimadas. Una norma se legitima cuando es obedecida por los ciudadanos y aplicada por la autoridad. De nada valen más leyes si los primeros en no aplicarlas son los gobernantes.

Quitarles el control de la policía a los presidentes municipales para dárselo a los gobernadores no resuelve nada. Muchos municipios del país que tienen apenas un puñado de policías agradecerán que les quiten esa responsabilidad ahora establecida en los artículos 21 y 115 constitucional.

Las reformas constitucionales anunciadas por Peña Nieto no harán ninguna diferencia entre un presidente municipal coludido con la delincuencia y un gobernador o jefe de policía estatal que puedan tener las mismas ligas.

Suponer que un mando único policial en manos de los gobernadores garantizará más seguridad es un engaño. Son incontables los casos de policías estatales que hace lustros forman parte de las estructuras delictivas.

Darles a los gobernadores el control único de las policías es abonar a sus feudos y a sus presupuestos. Si algo caracteriza a los mandatarios estatales del país es su profundo sentido antidemocrático y su lejanía del estado de derecho.

Erigidos en verdaderos señores feudales, simulan la democracia, compran cuanto haya que comprar con tal de anular los contrapesos, se adueñan de los entes “autónomos”, promueven a jueces y magistrados, reducen al Congreso a meros testigos o comparsas. Son los primeros en anular el estado de derecho.

No es la única simulación de Peña Nieto. Con el pretexto de que la delincuencia organizada es una tarea federal, muchos gobiernos han cedido el control de sus policías al Ejército o a la Marina. Desde los años noventa, soldados y marinos vestidos de civil han sido designados jefes de la policía estatal o municipal, sin que tampoco hayan marcado ninguna diferencia.

Con la modalidad ahora de “fuerzas civiles” estatales con control castrense, además de los militares como secretarios de Seguridad Pública, el mando único policial sólo reforzará la tendencia hacia la centralización de la seguridad, como lo ha perfilado Peña Nieto desde que asumió el gobierno al desaparecer la Secretaría de Seguridad de los panistas y transferir sus funciones policiales a Gobernación.


Con su decálogo normativo para “mejorar” el estado de derecho, en materia policial Peña Nieto termina por declararse heredero del mando único que no pudo echar a andar Felipe Calderón y a la par reivindica a Genaro García Luna, el promotor del control policial centralizado que tanto ambicionó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

La nave no va

MÉXICO, D.F: Un futuro incómodo y peligroso. Un presente incierto y azaroso. Un país de intensas discusiones, amargos enfrentamientos, violencia en ascenso.

Como escribe Roger Bartra en La sombra del futuro, estamos inmersos en una transición que estimula la sensación de que vivimos al borde del ahogo, sumidos en una profunda crisis, y ante un mañana oscuro y amenazador.

La fuga del Chapo, la caída del peso, el incremento en la violencia, el creciente poder del crimen organizado, la penuria de los partidos, la actitud flemática del presidente. Ante eso se erige una izquierda caracterizada por un estatismo vagamente anticapitalista que intenta restablecer la tradición intervencionista y reguladora.

Y una derecha atrapada por los intereses de las élites, carente de imaginación e inteligencia, que encuentra la raíz de todos los males en una crisis moral. Es difícil imaginarse –entre estos dos polos– un final feliz.

Porque además están en el poder, en todos los partidos, los herederos del antiguo régimen autoritario. Helos ahí, incrustados en la vida política, dirigiendo los medios, al frente de las instituciones electorales, apoltronados en el Poder Judicial.

Donde el PRI todavía es visto como alternativa pragmática ante una derecha que no pudo con el poder y ante una izquierda demasiado dividida como para ejercerlo. Donde los intereses financieros y empresariales se aferraron al peñanietismo como una tabla de salvación que parece hundirse. En 2012 el PRI se presentó como el partido que había llegado a salvar al país de los corruptos y de los incompetentes. En 2105 el PRI demuestra ser ambas cosas a la vez. Y en medio de los tres partidos habita una fauna de políticos parasitarios cuyo oportunismo es superado sólo por su aferramiento al erario. Cada partido en su planeta diferente, con cada vez menos habitantes. Con su voto duro o comprado o coercionado, pero poco más.

“No toda la gente vive en el mismo ahora”, escribe Bartra citando a Bloch, y eso es lo que ocurre en nuestro país. La coexistencia de lo premoderno con lo moderno y lo posmoderno. Ayotzinapa y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y los Millennials. Chiapas con el Distrito Federal y Nuevo León. No todos se imaginan el mismo futuro. Unos apuestan a candidatos independientes, otros se ven obligados a resignarse ante el fraude electoral. México vive la fragmentación política, la amenazante simultaneidad de situaciones contradictorias y no contemporáneas. Y los partidos son emblemáticos de estas contradicciones, de este retraso. Se han convertido en un manojo de actitudes disparatadas. Son incongruentes internamente, llenos de enormes fisuras, incapaces de mantener posturas política, económica e ideológicamente coherentes ante la crisis del país.

Y el resto de las fuerzas políticas padecen esta misma falta de “contemporización”. Un priista corrupto de Veracruz no es contemporáneo de Javier Corral. Televisa no es contemporánea de Rompeviento TV, ni los líderes sindicales se parecen a los tecnócratas de Hacienda. Los líderes de la Coparmex no son contemporáneos de los maestros de la CNTE. Las voces modernizadoras en la izquierda no contemporizan ni con los dirigentes de sus propios partidos. Pero como bien argumenta Bartra, todos viven en el mismo barco, forman parte del mismo sistema. El problema es que con sus corrupciones, intransigencias e intolerancias están averiando la nave. Están provocando un naufragio. La nave no va.

El problema no es pedirles que pacten, negocien y lleguen a acuerdos. Ya lo hacen, pero esos consensos acaban trastocados por la corrupción. Lo fundamental entonces es exigirles que comprendan los códigos de nuestro tiempo. Que lean el momento histórico que les tocó vivir y en el cual se ha vuelto imperativo convivir, en vez de reciclar la vieja cartografía. Es imprescindible encerrar a los partidos en un circuito civilizador, y que la sociedad civil autónoma los empuje a ello. Se trata de civilizar a los partidos y de pluralizar a la sociedad civil. Para así combatir el retorno al populismo, y al nacionalismo nebulosamente revolucionario. Para así combatir la alternativa del combate a la inseguridad, mediante el despliegue de la fuerza, que sólo intensifica y normaliza la violencia. Para así desarrollar una izquierda que Bartra llama “cosmopolita”, capaz de retomar el tema de la igualdad en un contexto nacional y global.

Una izquierda que lidie con el fracaso de la Cruzada contra el Hambre y las cifras calamitosas sobre la concentración del ingreso reveladas por Gerardo Esquivel en su estudio para Oxfam. Una izquierda que pueda modernizar el sistema fiscal, dotar al Estado de recursos suficientes, implementar mecanismos de seguridad social que no frenen el crecimiento económico. Una izquierda abierta a nuevas ideas, nutrida por las ideas de ciudadanos del mundo, de aquellos que tienen propuestas diferentes y prácticas distintas. Bartra apela al libro de Kwame Anthony Appiah Cosmopolitanism para apoyar el surgimiento de una mentalidad mexicana que trascienda el nacionalismo autoritario y la cultura patriotera. Que nos ayude a mirar más allá de las malformaciones políticas que heredamos del siglo XX.


Esa trama cultural e institucional con decenios de existencia. Décadas de ventajas indebidas para licencias de construcción, décadas de Grupos como Higa y OHL, décadas de Casas Blancas. Cada semana un síntoma más de la putrefacción del sistema político, una señal más de la vieja “eficacia” que lubrica los usos y costumbres del poder en México. Y la sociedad se queja, se lamenta, pero sigue adicta –en gran medida– a las viejas estructuras. Por ello la nave hace agua y no hay propuestas claras para tapar los agujeros. Pululan las lamentaciones, las críticas, pero no una izquierda con la coherencia intelectual y propositiva como para ir más allá de ellas. Florecen ocurrencias minimalistas pero no posiciones vanguardistas de política pública. Eliminar el “Hoy no circula” los sábados o reducir el sueldo de los funcionarios políticos en el Distrito Federal no será suficiente para remediar el hundimiento de la nave. Como en la famosa anécdota del Titanic, la izquierda acomoda las sillas mientras el barco se sumerge. Lenta y dolorosamente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER.

Golpe mortal a la credibilidad del gobierno de Peña Nieto: Buscaglia

Si a El Chapo lo sometieran a un procesamiento judicial en un país de gobernabilidad promedio, la mitad de la clase política mexicana estaría siendo procesada, señaló.

El investigador y especialista en temas de seguridad, Edgardo Buscaglia, consideró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera “es un golpe mortal a la credibilidad y a la confianza internacional del gobierno de Peña Nieto, es muy difícil que un gobierno pueda recuperar la credibilidad y la confianza internacional después de un escándalo de corrupción preanunciado como lo es esta fuga”.

En entrevista para Aristegui CNN, dijo que Guzmán Loera se escapa debido a que los controles institucionales en México brillan por sus vacíos de Estado y los sistemas penitenciarios y policiales que protegieron esta fuga institucional son feudos de la delincuencia organizada, afirmó.

“El presidente y su administración se han resistido a implementar una limpieza de Estado”, aseguró el investigador.

Además, apuntó que “los patrones de corrupción política y operativa que viene protagonizando la red criminal de Sinaloa ya son legendarios. Es el grupo criminal que más infiltración de los Estados ha demostrado en todo el continente”.

Recordó que el de Sinaloa “es el quinto grupo criminal más importante del planeta y ante todo este hombre que se acaba de fugar es el artífice de las alianzas entre grupos criminales más sofisticados del continente. Su capacidad de tejer alianzas entre grupos criminales que eran enemigos es lo que hace la red criminal Sinaloa”.

Indicó que El Chapo “ha logrado penetrar las instituciones del Estado mexicano hasta lo más profundo“.

“Si a este hombre realmente lo someten a un procesamiento judicial en un país de gobernabilidad promedio, la mitad de la clase política mexicana estaría siendo procesada, como lo fue en Italia o en Colombia, a través de las conexiones que la organización criminal que él lidera ha venido tejiendo con senadores, diputados, gobernadores, etcétera”, refirió.

Para Buscaglia se trata de un caso de corrupción generalizada, que de alguna manera implica una penetración de todas las estructuras de seguridad.

“Este hombre generó mecanismos sofisticados en su fuga que implica que todos estos controles, que brillan por sus vacíos de Estado, han permitido que los sistemas policiales y penitenciarios hayan estado protegiendo esta fuga institucional, yo le llamaría fuga institucional, ya que en México los sistemas penitenciarios son feudos de la delincuencia organizada y nada ha hecho esta administración para poder neutralizar esta situación que ya viene sucediendo en México desde hace muchos años”, sostuvo.

“Yo quiero señalar que en esta nueva hora oscura que está viviendo México, que sigue la línea de tragedias enormes como Ayotzinapa, los crímenes de lesa humanidad del Ejército contra civiles, las casas blancas y todo esto, este golpe a la credibilidad de esta administración representa también una oportunidad, en esta nueva hora oscura no debemos perder la perspectiva propositiva”, pidió.

Dicha oportunidad consistiría en que la presión internacional de Estados Unidos, que “en este caso que me imagino deben de estar bastante molestos”, se traduzca en una presión como la que le aplicaron a Colombia en los años 90 para que se implementen mecanismos de limpieza de Estado.

El especialista aseveró que si la política exterior norteamericana pasara de poner su energía a sus negocios, a una limpieza de Estado para poder generar seguridad de ambos lados de la frontera, esta fuga sería un catalizador y obligaría a esta administración a implementar medidas por ejemplo de control patrimonial para procesar a gran parte de la clase política, como en Italia y Colombia.

“De estas crisis muchas veces surgen reformas importantes… la debilidad de regímenes corruptos como es el caso mexicano permite que la presión internacional haga factible que se implementen reformas que bajo condiciones normales la administración de Peña Nieto nunca implementaría, por ejemplo unidades de investigación patrimonial autónomas, con las cuales podrían identificar los vínculos de financiamiento de campañas ilegal, vinculados a la red criminal Sinaloa”, ejemplificó.

E insistió: “Esta es una oportunidad para presionar aún más a un gobierno ya muy debilitado, después de tragedias, escándalos, crímenes de lesa humanidad, conflictos de interés y corrupción al más alto nivel y ahora este nuevo escándalo de corrupción preanunciado, que de alguna manera, aún si lo recapturaran, el daño de credibilidad y de confianza ya está hecho”.

Mencionó que para la búsqueda del narcotraficante hay órganos de inteligencia extranjera operando en México, “por lo que de alguna manera esto no es solamente un operativo doméstico, mexicano, para encontrar a este hombre”.

Y agregó que “es un suicidio político pensar que esta administración estuvo involucrada desde la cúpula misma en esta fuga”, pues “las principales víctimas son el presidente y Osorio Chong, que tengo entendido que quería ser presidente también”.

“Toda esta gente van a ser cadáveres políticos si Guzmán Loera después de fugarse, implementa una alianza entre redes criminales, transformando la red Sinaloa en una red de redes, como es el plan que tienen en cuanto a la expansión de su grupo”, señaló.


No detener al Chapo “sería el fin de la carrera política no sólo del presidente sino de todos los que lo acompañan. Hay un incentivo para capturarlo lo antes posible, no puedo predecir que eso pueda ocurrir, pero hay servicios de inteligencia de EU seguramente operando en territorio mexicano, usando todos sus recursos, para identificar dónde está este hombre”, finalizó.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Peña, hazmerreír del mundo

MÉXICO, D.F: El ridículo es la peor deshonra para un político y tras la nueva fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el sábado 11, Enrique Peña Nieto es el hazmerreír del mundo.

Aun si es recapturado o muerto –más probable lo segundo que lo primero–, la evasión del capo ha evidenciado, una vez más, la formidable corrupción que carcome al gobierno desde la cúspide, porque sólo desde las alturas pudo venir la anuencia para tamaña osadía.

Inclusive si El Chapo huyó del Altiplano por el famoso túnel, versión oficial tan increíble como la supuesta fuga en un carrito de la lavandería de Puente Grande, en 2001 –penales ambos de máxima seguridad–, no pudo haberlo hecho sin las complicidades que claramente rebasan a la autoridad carcelaria.

Porque corrupción es también que el país quede a cargo del siniestro compadre de Peña, Luis Miranda Nava –su operador de todo tipo de enjuagues–, mientras sus jefes, el presidente de la República y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, iban al boato en Francia.

¿O quién estuvo al frente del país mientras tanto? ¿O no hubo nadie? ¿O, peor aún, fue la fecha calculada como parte de un pacto, como pactada fue la captura, como sugieren una interpretación?

Es verdad, Peña no fue el carcelero que abrió las puertas del Altiplano ni cavó el túnel para la fuga de El Chapo, pero la Constitución, la ley, él mismo y el sentido común establecen que es el responsable principal, tanto como lo fue Vicente Fox, en 2001, tan parecidos ambos en la ineptitud, la repelencia al conocimiento y la proclividad al hurto.

A pesar de que en la sociedad hay quienes exigen a Peña que Osorio Chong sea removido del gabinete, no sólo porque es el responsable constitucional y legal de la política de seguridad –incluyendo la carcelaria–, sino porque sería la única señal creíble de una rectificación en el gobierno para la segunda parte del sexenio, esa es una posibilidad remota.

Osorio Chong circunscribió la responsabilidad de la fuga al nivel del penal y nada de que renunciará. “Los momentos de crisis no son para renunciar, sino para enfrentarlos”, pontificó el precandidato presidencial.

La ruta, entonces, es reducir a segundones los cargos por la evasión del criminal que, en la lógica de 2001, administre el trasiego de droga, pacifique a los grupos criminales y financie las campañas, incluidas la presidencial de 2018.

Como se los dijo Felipe Calderón a un grupo de empresarios a los que les pidió dinero para su campaña, en 2006, y quien jamás movió un dedo para capturar al jefe del Cártel de Sinaloa: “Las elecciones se ganan con dinero, dinero y más dinero”.


Sí, Peña es el hazmerreír mundial, pero él y el amasijo de intereses que lo abraza –junto con Osorio Chong– dirán: El que ríe al último, ríe mejor…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Lo que llevó al ‘Chapo’ Guzmán a librar la extradición

La defensa legal del capo se enfocó en evitar la extradición; aunque Estados Unidos no realizó una petición formal y las autoridades mexicanas enviaron muchos mensajes de que no había intención de extraditarlo.

La primera acción del equipo legal de Joaquín el Chapo Guzmán Loera tras su detención en febrero de 2014 fue la imposición de recursos para evitar la extradición.

Y aunque éstos no tuvieron éxito en ese momento, marcó el inicio de una defensa que se concentró en evitar que el capo del Cártel de Sinaloa fuera enviado a Estados Unidos, en donde se le persigue en siete cortes federales por distintos delitos.

“Desde la detención, la estrategia legal de El Chapo Guzmán se enfocó en prevenir la extradición, quería evitarla a todo costo”, dijo Alejandro Hope, editor de seguridad de El Daily Post.

Pero además del mismo Guzmán Loera, las autoridades mexicanas también se negaron –desde el primer momento– a una extradición. Según Hope, por una cuestión política, pero también por una táctica vinculada a la estrategia de seguridad.

“Desde una óptica política, el actual gobierno ha estado muy enfocado en proyectar la imagen de eficacia, de hacer las cosas bien en México. Enviar al Chapo a Estados Unidos podría ser visto como un tipo de rendición, de que no somos capaces de lidiar con él y entonces se lo enviamos a los estadounidenses. Pero una segunda hipótesis es que existía la preocupación de que una vez en Estados Unidos, el Chapo se iba a convertir en un informante para autoridades estadounidenses, DEA o cualquier otra. Y mucha de esa información no iba a fluir hacia México, que no iban a compartir esa información. Eso ya ha pasado en otros casos como el de Osiel Cárdenas, exlíder del Cártel del Golfo y extraditado en 2007. Se convirtió en informante y casi todo lo que dijo se quedó como información exclusiva para los círculos estadounidenses”.

Joaquín Guzmán se fugó este sábado 11 de julio del penal del Altiplano en el Estado de México, casi un año y medio después de su detención en Mazatlán, Sinaloa.

Esta es la segunda fuga del líder del Cártel de Sinaloa de un penal de máxima seguridad mexicano. En 2001 —con Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), como presidente del país— escapó del penal de Puente Grande en Jalisco.

Su reaprehensión en febrero de 2014 fue catalogada por el gobierno federal y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como uno de los mayores triunfos en materia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto.

De hecho, a esa diputa partidista —se fugó con el PAN, lo reaprehendimos con el PRI, dice Hope— también responde la negativa del gobierno mexicano a extraditar al Chapo a Estados Unidos, en donde tiene procesos abiertos en cortes de siete estados: Arizona, California, Texas, Illinois, Florida, Nueva York y New Hampshire.

La secretaria de Justicia estadounidense, Loretta E. Lynch, dijo este domingo sobre el escape que el gobierno de Estados Unidos está listo para trabajar con México para lograr la recaptura del capo y recordó que “además de sus crímenes en México, enfrenta múltiples cargos de tráfico de drogas y crimen organizado en Estados Unidos”.

Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) dijo este domingo al Washington Post que “la fuga del Chapo es extremadamente decepcionante para los Estados Unidos” pues en “48 horas el Chapo estará reasumiendo el control del Cártel de Sinaloa, lo que significa más violencia para México y más drogas en Estados Unidos”.

Amparos contra la extradición

Casi un año después de la detención de Joaquín Guzmán, en enero de 2015, la defensa del capo volvió a interponer dos amparos en contra de la extradición. A finales de ese mes un juez federal le otorgó una suspensión provisional para no ser extraditado tras el argumento de su defensa de que ese proceso sería una violación a sus derechos humanos.

Y aunque el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, informó que el gobierno mexicano tenía conocimiento de que a principios de este 2015 el gobierno de Estados Unidos solicitaría formalmente la extradición, esa petición nunca llegó.

Sin embargo, aún antes de que prensa estadounidense manejara la versión de que el gobierno de Barack Obama pediría la extradición del capo, autoridades mexicanas se encargaron de informar a los medios de comunicación de que no había ni la más mínima intención de mandar al Chapo a Estados Unidos.

El mismo Murillo Karam dijo a la agencia AP: “Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho“.

El funcionario priista fue más allá. Añadió que extraditar a un delincuente es “apropiado” cuando existen cuestiones de seguridad que así lo ameriten, como un peligro de fuga, lo cual, dijo, no era el caso para el Chapo.

En Estados Unidos, el líder de Sinaloa enfrenta desde hace más de veinte años procesos por posesión, producción y distribución de droga, lavado de dinero; y más recientemente, en abril de 2012, se le acusó de violar la Ley sobre Organizaciones Corruptas e influidas por la Extorsión (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en inglés).

Estos son los procesos abiertos en Estados Unidos en contra de El Chapo:

-Distrito de Arizona. En 1993, Guzmán Loera fue acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado.

-Distrito del Sur de California, en San Diego. Se presentó en 1995 con cuatro cargos por conspiración para la importación de hasta ocho toneladas de cocaína y posesión de esa droga para distribución.

-Distrito Oeste de Texas, en Del Río. Esta demanda es de 2001 por la importación y posesión de narcóticos.

-Distrito Norte de Illinois. División Este. En febrero de 2008 se abrió proceso en contra de Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada y otros por actividades de tráfico de grandes cantidades de cocaína, “generalmente cargamentos de cientos de kilogramos en una sola vez, así como altas cantidades de heroína desde México y a través de la frontera con Estados Unidos”.

-Distrito Este de Nueva York. Se presentaron en julio de 2009 nueve cargos en contra de El Chapo por ser cabecilla de un grupo criminal que ha contrabandeado 130 mil kilos de cocaína a Estados Unidos.

-Distrito Sur de Florida, en Miami. En noviembre de 2010 en esta corte se demandó a Guzmán Loera por lavado de dinero, conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

-Distrito de New Hampshire. En esta región fue demandado en 2011 por conspiración para distribuir y poseer cocaína para su comercialización. El documento indica que el delito comenzó en 2009 y que la intención era distribuir 1,000 o más kilogramos de la droga.


-Distrito Oeste de Texas. Una demanda con catorce cargos fue presentada en abril de 2012 en contra de “la empresa del Cártel de Sinaloa” liderada por Guzmán Loera e Ismael Zambada. Según el texto legal, esos dos capos dirigen una empresa que busca “el enriquecimiento de sus miembros e integrantes asociados a través de actividades de conspiración para la importación y distribución de sustancias ilegales; lavado de dinero, tráfico de armas y la comisión de asesinato”, por lo que violan The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

La fuga de “El Chapo”, por debilidad institucional y corrupción: especialistas

Expertos en seguridad coinciden en que la fuga de "El Chapo" Guzmán ocurrió gracias a dos cosas: la debilidad de las instituciones y la corrupción en el país.

Tras un año cuatro meses de reclusión, Joaquín “El Chapo” Guzmán, escapó del penal de alta seguridad del Altiplano a través de un túnel la noche del sábado 11 de julio. Ésta es la segunda fuga del líder del cártel de Sinaloa, la primera ocurrió en 2001, cuando se fugó del penal de Puente Grande, con la complicidad de custodios y fue recapturado en febrero de 2014.

A continuación, mostramos el análisis de tres especialistas en seguridad que coinciden en que la fuga del líder del narcotráfico más buscado ocurrió gracias a dos cosas: la debilidad de las instituciones y la corrupción en el país.

Alejandro Hope (@ahope71) editor de seguridad de El Daily Post:

“(La fuga del Chapo es muestra de) debilidad institucional muy seria en todo el aparato de seguridad y justicia”, porque “presuntamente” el Altiplano era la cárcel más segura del país. En una entrevista a través de Periscope con lectores de Animal Político, el especialista en seguridad aseguró que la fuga habla de “complicidades más allá de la prisión”, porque es impensable, en que hayan podido construir un túnel sin tener acceso a los planos de la prisión.

El túnel llegó hasta el área de regaderas, un punto ciego dentro de las instalaciones, pero “alguien le tuvo que haber dicho” que ese lugar no estaba registrado por las cámaras de seguridad.

Esto es un hecho concreto que comienza a “desbalagar la narrativa” que había construido el gobierno sobre su política de seguridad, acerca de que gracias a la coordinación institucional y el uso de inteligencia habían logrado la reducción de violencia y desmantelar a grupos criminales.

Ernesto López Portillo (@ErnestoLPV), director del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde).  

López Portilo coincide en que es una “señal extrema de debilidad institucional” y la “fractura de un compromiso presidencial”, pues Enrique Peña Nieto declaró en una entrevista que sería “imperdonable una segunda fuga”.

Si el gobierno Federal no puede establecer una “seguridad impecable” en un penal de alta seguridad, con uno de los líderes más peligrosos entonces “ponemos en duda toda la capacidad del gobierno federal para crear esquemas de control sobre sus propias responsabilidades”, afirma.

Esto es una muestra de que el gobierno de Enrique Peña Nieto “hereda y reproduce la crisis en los sistemas de gobierno al interior de las prisiones federales”, por lo que “exigiremos rendición de cuentas, explicación de quién falló y una investigación completa sobre la cadena de responsabilidades”.

José Reveles, autor del libro “El Chapo: entrega y traición” 


Reveles, uno de los periodistas con más conocimiento sobre “El Chapo” y su entorno, advierte que al líder del Cartel de Sinaloa “lo sacó la corrupción”, pues se necesitan planos, ingenieros de alto nivel capaces de hacer un túnel de esas características y la complicidad con todos los niveles de autoridad del penal porque una obra así “no pudo pasar inadvertida”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Por fuga de “El Chapo”, Osorio Chong suspende visita a Francia y regresa a México

El titular de la secretaría de Gobernación regresa a México en su calidad de líder del gabinete de seguridad nacional.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, suspendió su visita a Francia para regresar a la ciudad de México, luego de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Penal del Altiplano, confirmó este domingo 12 de julio la dependencia.

Osorio Chong se encontraba en Francia como parte de la comitiva oficial que acompañaba al presidente Enrique Peña Nieto durante su visita de Estado a ese país, durante la cual se firmarán más de 60 acuerdos bilaterales en distintas materias.

El Chapo Guzmán se fugó alrededor de las 20:52  de la noche del sábado 11 de julio del Penal Federal del Altiplano I.

“A las 20:52 horas del día de hoy (sábado 11 de julio), en el Sistema Permanente de Video vigilancia del Penal Federal del Altiplano I, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres”, explicó la Comisión Nacional de Seguridad en un comunicado.

Tras la fuga, las autoridades pusieron en marcha un protocolo de seguridad, el cual incluye el cierre del aeropuerto de Toluca, en el Estado de México.

El Chapo Guzmán había sido detenido la noche del 21 de febrero de 2014 en en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, por autoridades mexicanas y de Estados Unidos.


La primera ocasión que el Chapo Guzmán se fugó de un penal federal ocurrió el 19 de enero de 2001, cuando logró escaparse del penal de Puente Grande, Estado de México, luego de que fuera capturado en Guatemala el 24 de mayo de 1993.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La huída de El Chapo “no sorprende”: Buscaglia; Peña se debe regresar de París: AMLO

Tras la fuga del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, analistas y políticos arremetieron contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.


El especialista en temas de seguridad y narcotráfico, Edgardo Buscaglia, externó en su cuenta de Twitter que “El tunelcito del Chapo estaba muy convenientemente ubicado”.

El investigador también declaró a los medios alemanes Deutsche Welle y Der Spiegel, que se “sigue confirmando, una vez más, que Enrique Peña Nieto es otro presidente más, que desde Vicente Fox, no ha intentado controlar a la corrupción”.

Vaya regadera!😣 El"tunelcito"del Chapo estaba muy convenientemente ubicado. En el país de la impunidad, la fuga del"El Chapo"no sorprende...

— Buscaglia (@edbuscaglia) julio 12, 2015

Este nuevo ChapoFugaShow no sorprende. #Mexico posee un Estado vacío donde muchas manos corruptas ya ni coordinan con otras manos corruptas.

— Buscaglia (@edbuscaglia) julio 12, 2015

Por su parte, el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, fijo su postura vía su cuenta de Facebook.

“Creo que es algo muy grave, es una fuga espectacular. Va a tener muchas repercusiones no sólo en el país, en el mundo; por eso considero prudente que Enrique Peña Nieto se regrese de inmediato, se regrese de Francia para atender este asunto, y también hay que decirlo, para no pasar la vergüenza afuera. Chueco o derecho, es el presidente de México y nuestro país no debe ser el hazme reír de nadie”, dijo en un video publicado en su red social.


El académico y politólogo Sergio Aguayo, consideró que la fuga de El Chapo “confirma la existencia de un Estado paralelo que el gobierno de EPN se empeña en negar”.

La fuga del Chapo confirma la existencia de un Estado paralelo que el gobierno de EPN se empeña en negar.

— Sergio Aguayo (@sergioaguayo) julio 12, 2015

A su vez, el precandidato a la dirigencia nacional del PAN, Javier Corral cuestiona cómo “no se les iba a escapar El Chapo al régimen más corrupto de los últimos 50 años”, “si dejaron en libertad a Cassez, Quintero y Elba”.

¿Y porqué no se le iba escapar El Chapo, al régimen más corrupto de los últimos 50 años?. Si dejaron en libertad a Cassez, Quintero y Elba.

— Javier Corral (@Javier_Corral) julio 12, 2015

El exvocero del gobierno de la República durante la gestión de Vicente Fox Quesada, Rubén Aguilar, expresó también a través de su cuenta de Twitter, que el Presidente “está olbigado a hacer cambios en el gabinete, ya que “alguien se debe responsabilizar” por los hechos.

El presidente después de lo del Chapo esta obligado a hacer cambios en el gabinete. Alguien se debe responsabilizar.

— Rubén Aguilar V. (@RubenAguilar) julio 12, 2015

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Rabia e indignación” en agentes de la DEA por fuga de “El Chapo”

WASHINGTON: “Enojo”, así se puede resumir la reacción de varios agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, del penal del Altiplano.

Consultados por Proceso, agentes de la DEA dijeron tener “rabia”, “enojo” e “indignación”, ante la noticia de que El Chapo escapó por un túnel que requirió de un buen manejo de ingeniería, logística y tiempo, sin que el gobierno de Enrique Peña Nieto se diera cuenta.

Los agentes, quienes pidieron no se les indentificara por nombre, debido a la sensibilidad del caso, consideraron que la fuga de El Chapo demuestra una vez más los profundos problemas de narcorrupción en el gobierno mexicano.

El enojo entre los agentes de la DEA se sustenta en que esta dependencia federal del gobierno de Obama, invirtió mucho dinero y tiempo en la captura del líder del Cártel de Sinaloa, ocurrida en febrero de 2014.

Cuando se dio a conocer la noticia de que se había arrestado a El Chapo, varios legisladores estadunidenses pidieron a la Casa Blanca que presionara al gobierno de Peña Nieto para que les entregara al capo en un proceso expedito de extradición.

La exigencia de los congresistas federales de Estados Unidos, se basaba precisamente en el temor de que El Chapo se escapara de la cárcel, como ya lo había hecho en 2001 de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

Oficialmente el gobierno de Estados Unidos nunca solicitó la extradición de El Chapo al gobierno de Peña Nieto.

La fuga del líder del Cártel de Sinaloa abrirá un nuevo hueco de desconfianza en el gobierno de México, por parte de dependencias federales estadunidenses como la DEA, aun cuando están obligados a mantener una estrecha cooperación en el combate al trasiego de drogas.


El Cártel de Sinaloa es prácticamente el dueño del mercado de heroína en Estados Unidos, el narcótico de mayor consumo en ese país.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.