Elementos de la Policía Ministerial de Hidalgo detuvieron la noche del viernes al oficial mayor del gobierno de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad Meneses, Martiniano Vega Orozco, por su presunta responsabilidad en peculado y uso de atribuciones agravados.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) le imputa la participación en un esquema de desvío con presupuesto extraordinario para atender la emergencia sanitaria por covid-19, en el que se simularon obras y servicios en municipios rurales. En este falseo participaron empresas fantasma que emitieron facturas con la finalidad de validar los gastos.

Víctor Eloy Porraz Oaxaca, exdirector de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor de Hidalgo, fue detenido en Pachuca esta mañana tras un operativo de agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), acusado de peculado agravado por 18 millones de pesos.

La imputación contra el exfuncionario en la administración del priista Omar Fayad Meneses es por su presunta responsabilidad en un esquema de dispersión de recursos extraordinarios a empresas fantasma, los cuales habían sido destinados para combatir el covid-19 y desarrollar obra pública en poblados rurales.

Recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, los alcaldes removidos de Epazoyucan y Huautla, Fidel Arce Santander y Felipe Juárez Ramírez, buscan, mediante amparos, revertir la imputación por los delitos de peculado agravado y uso indebido de atribuciones agravado, y la posterior vinculación a proceso que los tiene en prisión preventiva.

Tres alcaldes de Hidalgo fueron vinculados a proceso penal por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, en esquema conocido como la ‘Estafa Siniestra’.

Se trata de los presidentes municipales de Epazoyucan, Fidel “N” (PRI); de Huautla, Felipe “N” (PES); y el de Yahualica, Elías “N” (PRI).

El alcalde del municipio rural de Pisaflores, Hidalgo, Luis Francisco González Garay, se encuentra prófugo de la justicia, con orden de aprehensión por los posibles delitos de uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado por 30 millones 960 mil 890 pesos.

El edil, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es uno de 13 a los que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) responsabiliza por, presuntamente, ser parte de una red de corrupción que malversó 522 millones 824 mil 955 pesos mediante transferencias a empresas fantasma y servicios simulados durante el gobierno de Omar Fayad Meneses.