Las empresas de outsourcing con EPN no sólo ayudaban a no pagar: hasta les condonaban impuestos

Además de que se les dieron todas las comodidades para operar, las empresas de outsourcing o subcontratación, también gozaron de beneficios fiscales a través de condonaciones aprobadas en la administración de Enrique Peña Nieto.

Con una búsqueda simple en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es posible dar con registros de condonaciones fiscales a empresas de outsourcing. Aunque no de todas se especifica el monto, el dinero de impuestos que no pagaron asciende hasta los casi 130 millones de pesos en tan solo cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto.

Una revisión hecha por SinEmbargo a documentos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ubicados en la PNT, más de 50 empresas en ese periodo lograron obtener beneficios fiscales bajo los términos de cancelación y condonación, la mayoría, según el SAT, porque no fueron localizadas o se declararon insolventes.

Elektra sí le debe al SAT 1,431 mdp de impuestos, determina Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El TFJA observó dos casos, uno de enero de 2016 y otro de diciembre de 2017, con los que concluyó que la empresa de Grupo Salinas debe más de 1 mil 400 millones de pesos por el concepto de ISR que no terminó de saldarse con la venta de acciones en 2008. Apenas el 14 y el 21 de octubre la autoridad advirtió que Grupo Elektra debe pagar dos créditos fiscales de hace más de diez años que ascienden a mas de 20 mil millones de pesos.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que Grupo Elektra debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 1 mil 431 millones de pesos por concepto de impuestos, del año 2008. Por tercera ocasión en el año autoridades jurídicas determinan que la compañía del empresario multimillonario Ricardo Salinas Pliego debe cubrir el pago a la Hacienda pública.

Primera denuncia penal contra firma por evasión de $10 mil millones

El gobierno federal formalizó en días pasados la primera denuncia penal contra una gran corporación que adeuda 10 mil millones de pesos por evasión fiscal y se dio instrucciones para presentar otras querellas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario destacó que de ese monto, al menos sobre mil 500 millones de pesos hay actos “claramente tipificados como fraude fiscal".

“No puede ser que  una empresa debe hasta 10 mil millones de pesos, como voy a pedir a la gente que vive de lo que vende al dia, quédate en tu casa ya vamos a ver la forma de ayudarte”, aseveró el mandatario al condenar la conducta de algunas grandes corporaciones que se habían acostumbrado a no pagar impuestos.

AMLO: De los 50 mil mdp que deben al fisco empresarios, 15 mil mdp ya se pactaron; SAT detectó fraudes

El Presidente informó que algunos de los 15 empresarios enlistados en el adeudo de 50 mil millones de pesos al fisco se negó a hacer los pagos correspondientes, pese a tener posibilidad de hacerlo, y prefirió la vía legal. También confirmó que en algunos casos se detectaron fraudes fiscales ante los que se procederá por la vía penal.

De los 50 mil millones de pesos que adeudan 15 grandes empresarios al fisco nacional, ya se han acordado ante el SAT el pago de 15 mil millones, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aprieta el SAT a los 15 consorcios que adeudan millones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició pláticas con las 15 empresas que adeudan en conjunto unos 50 mil millones de pesos en contribuciones fiscales que han sido mencionadas esta semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de llegar a un arreglo antes de iniciar cualquier disputa jurídica, revelaron fuentes hacendarias.
El monto de adeudos por 50 mil millones de pesos no son impuestos del ejercicio de 2019, sino de 2018 hacia atrás, según las fuentes consultadas.

Estas 15 empresas no son necesariamente las que encabezan la lista de las compañías que más privilegios obtuvieron en los dos sexenios pasados en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de acuerdo al listado dado a conocer en octubre de 2019 por Fundar, Centro de Estudios.

AMLO promete destinar a Pymes 50 mil millones que deben 15 ricos a SHCP y le manda al CCE la lista

El mandatario mexicano explicó que envió la lista “para que en una de esas nos ayuden a cobrar”, pues con el monto que se adeuda, en lugar de entregar sólo un millón de créditos se darían 3 millones. Si se hace el pago, comprometió el dinero directamente para las pequeñas y medianas empresas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, un oficio con los nombres de 15 personas y empresas que adeudan impuestos por 50 mil millones de pesos. Con ese dinero, dijo, se podrían aumentar hasta 3 millones los apoyos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y hacer la compra de insumos médicos.

“Por cierto, ya le mandé el oficio al presidente del Consejo Coordinador Empresarial”, dijo el Presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina. El Consejo y su presidente han dado a conocer su postura en contra del plan de recuperación económica que planteó el Gobierno mexicano y hasta presentó un plan alterno en conjunto con los grandes sindicatos mexicanos.

AMLO: si grandes empresas pagan impuestos, habrá más créditos para Pymes

El diferendo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con la propuesta económica de organismos y cámaras empresariales se mantuvo este jueves en la exigencia del mandatario a que grandes empresas que adeudan el pago de impuestos los liquiden para poder aumentar los programas de apoyo a pequeñas y medias empresas (Pymes) y adquirir material médico para covid-19.

Desde ayer, cuando dio a conocer que 15 grandes empresas deben alrededor de 50 mil millones de pesos en impuestos, López Obrador ha insistido en que si los pagan podría atender las peticiones del sector privado, en específico del Consejo Coordinador Empresarial, a cuyo dirigente, Carlos Salazar, convocó a convencer para que liquiden sus adeudos.

Grandes contribuyentes adeudan 50 mil mdp al SAT; AMLO pide a empresarios pagar

El mandatario reiteró que su gobierno no condonará impuestos ni pedirá deuda para dar apoyos a empresas. Solo créditos a las pequeñas.

15 grandes empresas deben al Sistema de Administración Tributaria (SAT) 50 mil millones de pesos en multas y recargos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que le pedirá al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelí que que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública.

“Se daban gusto con facturas falsas”: dice AMLO en Puebla y promete reforma contra evasión

Desde Puebla, donde encabeza una gira de trabajo, el mandatario dijo hoy que antes “se daban gusto evadiendo el pago de impuestos con facturas falsas”, y prometió castigo de cárcel para los evasores.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que se castigará con cárcel la evasión de impuestos.

Desde Puebla, donde encabeza una gira de trabajo, el mandatario dijo hoy que antes “se daban gusto evadiendo el pago de impuestos con facturas falsas”, y prometió castigo de cárcel para los evasores.

PGR detiene a un hombre en Edomex por no pagar 44 millones de pesos de impuestos

Este delito se castiga con prisión de de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado sea mayor a dos millones 310 mil 520 pesos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.

La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Gerardo “N” en el Estado de México, luego de que un juez liberara una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal equiparada.

Legisladores emplacan autos de lujo en Morelos para no pagar tenencia en la CDMX

Diputados y Senadores utilizan vehículos emplacados en Morelos, entidad que no cobra el impuesto de tenencia desde el 2012.

A partir del 2012, cuando el cobro de la tenencia pasó de la federación a los estados, comenzó un notable crecimiento de coches circulando en la Ciudad de México con placas de Morelos, y varias agencias de autos de lujo recurrieron a un esquema para que sus clientes burlen el impuesto capitalino, siendo legisladores y funcionarios usuarios de esta acción.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), detalló cómo los compradores de autos de lujo burlan el pago en la Ciudad de México y demostró que diputados locales, senadores y servidores de la Suprema Corte han aplicado este esquema que incluye una red de gestores que trabaja con las agencias, consiguen comprobantes de domicilio en barrios populares de Morelos y registran los autos de quienes circulan en la capital.

SAT e IMSS endurecerán el combate a la informalidad en la contratación de personal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmaron un convenio para endurecer la fiscalización sobre la contratación formal de trabajadores, reducir la informalidad, asegurar el pago de cuotas y aumentar la recaudación.

El convenio consiste en intercambio de información, aprovechamiento de los sistemas tecnológicos para compartir y explotar la información, diseño de estrategias para el combate a la evasión y defraudación fiscal, así como el ejercicio conjunto, simultáneo o sucesivo de actos de comprobación de las obligaciones en materia fiscal o de seguridad.

Los organismos expusieron que a partir de las reformas laboral y fiscal, la aplicación de programas de formalización del empleo, la mejora en la eficiencia recaudatoria y el fortalecimiento de las labores de fiscalización, se ha logrado la generación de 2 millones 404 mil 980 puestos de trabajo formales.

Detallaron que según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esto representa una reducción en la tasa de desocupación nacional de 5.05 por ciento a 3.37; y en la tasa de informalidad de 60.13 por ciento a 56.75 de noviembre de 2012 a diciembre de 2016.

Fuente: La Jornada

Autora: Miriam Posada García

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/21/politica/011n2pol

Multa SAT a Femexfut con 79.5 mdp por evasión de impuestos

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) multó a la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) por 79.5 millones de pesos, por evasión de impuestos.

Basado en información de sentencias judiciales recientes, el diario Reforma revela hoy que la Femexfut se hizo acreedora a dicha sanción por no declarar ingresos por 265 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2009, precisamente cuando se firmaron contratos de patrocinio con 10 empresas para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Dichos contratos permitían a las empresas disponer de 12 jugadores y del entonces técnico Javier Aguirre, para grabar comerciales, así como mostrar sus marcas en vallas publicitarias en la cancha durante los juegos clasificatorios, en pendones gigantes afuera de los estadios, entre otros beneficios.

Sin embargo, la Femexfut omitió ese año en su declaración anual presentar los ingresos por estos conceptos y reportó una pérdida fiscal de 403.2 millones de pesos, precisa Reforma.

Agrega que en noviembre de 2013, el SAT resolvió que los ingresos tenían que haber sido declarados, por lo que redujo la pérdida fiscal a sólo 138 millones de pesos e impuso la multa ya que la Federación aparentemente aplicó la pérdida en ejercicios posteriores para pagar menos impuestos.

El pasado 10 de octubre el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la resolución del SAT.

La Femexfut intentó llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, pero su recurso fue desechado, por lo que se procedió a aplicar la multa.

Algunas de las empresas que pagaron a la Femexfut para usar la marca de la selección nacional son Bimbo, Banamex, Movistar, Coca-Cola, Adidas y AT&T, entre otras.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/465901/multa-sat-a-femexfut-79-5-mdp-evasion-impuestos

El mundo rosa de Casas Geo: no paga impuestos y, además, el SAT le perdona 4,437 mdp de la multa

¿Para qué sirven en México 4 mil millones de pesos? Es la cantidad de dinero que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó para realizar mejoras al transporte público; el presupuesto anual que recibe el Senado de la República o la Universidad Veracruzana, la institución académica que señaló actos de corrupción del Gobernador Javier Duarte Ochoa.

También es la cantidad de impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó en 2015 a Casas Geo, la desarrolladora de vivienda social, integrada por grandes empresarios y ex servidores públicos. La información entregada vía transparencia al Centro de Análisis e Investigación Fundar, carece de las razones que llevaron a esa decisión, cuando en términos legales, para condonar o no impuestos, se revisan los casos uno por uno.

A través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la organización Fundar solicitó al SAT los datos de las personas a quienes se les condonaron créditos fiscales conforme al artículo 146-B del Código Fiscal de la Federación, que hace referencia a los contribuyentes que están sujetos a concurso mercantil y que son compatibles a la condonación “parcial” de créditos fiscales. La respuesta fue que las filiales de Geo fueron las únicas dentro de una lista de más de siete mil personas morales.

Según la lista del SAT, son 13 empresas relacionadas con Geo, por un total de 3 mil 73 millones 913 mil 574 pesos de impuestos condonados. Sin embargo, el Secreto Fiscal impidió que el SAT brindara la información referente a las razones particulares o causas inmediatas de por qué se le perdonó a GEO, según lo estipulado en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

El concurso mercantil es un mecanismo al que se recurre con el fin de lograr la reestructuración de una empresa. La protege para que al final del proceso, pueda seguir con sus trabajos como lo hacía antes de su crisis financiera. “La finalidad es darle un respiro financiero a la empresa para que se pueda reincorporar”, explica el contador José Antonio Echenique García, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México.

Entre los días 12 y 24 de junio de 2015, el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil, Enrique González Meyenberg emitió sentencias mediante las cuales aprobó los Convenios Concursales de Corporación Geo, S.A.B. de C.V. y 15 subsidiarias.

Ese fue el año de la debacle para Geo y otras desarrolladoras de vivienda, luego de tiempos en los que la construcción de casas se disparó, a tal grado de que unas cuantas empresas (Geo, Urbi y Homex) dibujaron un nuevo mapa para la forma de vivir de los mexicanos. Pero no funcionó. El fracaso de aquel proyecto se muestra con creces en el panorama de hoy de casas carcomidas por el abandono.

Su plan de negocios se fincó en construir viviendas en terrenos de entre 60 y 90 metros cuadrados en la periferia, lejos de las zonas de trabajo, lo que ocasionó que hoy en día, dentro de un contexto de desorden y crecimiento descontrolado, cinco millones de viviendas estén ociosas. Se construyeron casas y más casas sin garantizar que se venderían.

“La vivienda social estaba destinada a satisfacer las necesidades básicas de habitabilidad de las clases sociales con menos recursos. El pensamiento funcionalista llegó a reducir el concepto de ‘vivienda social’ a ‘vivienda mínima’, y por lo tanto, a ‘vivienda barata’, lo cual implicó una reducción de la calidad del espacio y los materiales, y de la calidad de las condiciones de habitabilidad”, escribió el arquitecto Javier Sánchez Corral en el estudio Vivienda “social” en México.

EL PLAN DE LA CRISIS


En 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el Plan Nacional de Vivienda, en el que modificó las reglas para ejecutar los desarrollos habitacionales. Ese plan estableció que ahora las vivienderas tendrían más coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien sería la nueva encargada de la política de vivienda.

También fijó un nuevo modelo para la reordenación de los créditos y subsidios provenientes del Gobierno federal y que se enfocarían al crecimiento urbano ordenado con el objetivo de disminuir el rezago de nueve millones de viviendas.

Este fue el problema, la reordenación de recursos. Fue un cambio en la política de construcción de la vivienda: el dinero se destinaría a la construcción de vivienda vertical, cercana a los desarrollos urbanos y centros de trabajo. El boom de las viviendas horizontales, detonado durante la administración de Vicente Fox, terminaba.

“Empresas como Homex, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, Sadasi, pasaron de construir 10 mil viviendas a 50 mil en tan sólo cinco o 10 años aproximadamente, impactando de manera directa al crecimiento de la mancha urbana de las ciudades centrales y posteriormente, extendiéndose por casi toda la República Mexicana”, escribió Sánchez Corral.

Para Geo, los subsidios siempre fueron de gran relevancia, ya que una disminución se vería reflejada en la capacidad crediticia. En consecuencia, las ventas y los ingresos irían en picada, sobre todo los provenientes de la vivienda económica (enfocada a la gente de bajos recursos), que para Geo significaba el 55 por ciento de sus ingresos totales.

Las principales vivienderas cayeron en incumplimiento de pagos y se les negó un rescate financiero; el Gobierno tampoco les compraría su reserva territorial. Geo perdió cuatro mil 635 millones de pesos en valor de mercado y el valor de su acción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 67.3 por ciento.

Geo inició operaciones en 1973. Con los años se convirtió en la desarrolladora de vivienda de bajos ingresos líder en México y América Latina. Se involucró en todos los aspectos de adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción, mercadotecnia, comercialización y entrega de viviendas de interés social y medio en México.

A la fecha, ha producido y comercializado 655 mil casas en las que habitan dos millones 400 mil mexicanos. Al 31 de diciembre de 2015, el 79.9 por ciento de las viviendas que vendió Geo fue a través de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). De hecho, Geo es una de las empresas que en la última década más ha absorbido el dinero de ese organismo. El año pasado le dio el 97.7 por ciento de sus ventas totales.

Geo se enfocó a ser contratista de Infonavit. Además de eso, también, a Infonavit, Geo le localizaba terrenos urbanizables, obtenía los permisos y las licencias necesarias, el diseño y construcción de obras.

Los planes y programas de vivienda que se realizaron desde 2006, fueron los que promovieron que el modelo de producción de vivienda se concentrara en zonas alejadas de los centros urbanos; las reservas de casas estaban ubicadas en las periferias de las zonas urbanas. Por “márgenes de utilidad reducidos”, los desarrolladores optaron por el modelo de vivienda horizontal “en reservas territoriales de bajo costo”.

Con el Plan de Vivienda de Peña Nieto, Geo argumentó que los nuevos criterios de clasificación de Reserva Territoriales impactaron en la asignación de subsidios, así como la nueva tendencia a la vivienda vertical. Se declaró en Concurso Mercantil Pre-acordado en abril de 2014.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habló de 10 mil clientes afectados a nivel nacional, a consecuencia de atrasos en la entrega de casas, escrituras, pago de garantía y reparaciones. De acuerdo con los testimonios, los primeros trabajadores recibieron el 100 por ciento de su liquidación, pero con el paso del tiempo se les llegó a ofrecer el 10 por ciento de lo que por derecho les correspondía, aunque la empresa los convenció para que firmaran una renuncia con la promesa de recontratarlos.

Finalmente, Geo despidió a 10 mil 500 trabajadores.


LOS DUEÑOS DE GEO

Un año después, en junio de 2015, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil declaró concluidos 14 procedimientos de concurso mercantil. Se avalaron los convenios de “las partes concursadas” y los acreedores, quienes consiguieron el porcentaje que exigían.

Sin embargo, un año después otro Juez dejó sin efectos la sentencia anterior por falta de reconocimiento de un grupo de acreedores. Geo negó que esta decisión afectara las finanzas de la compañía, ya que la exigencia era por un monto no material.

En medio de todo este proceso, la deuda de Geo pasó de 29 mil millones a 4 mil 100 millones de pesos. Entraron en su defensa Banorte Sólida y Capital Inmobiliario, que le inyectaron 3 mil 500 millones de pesos. Por su parte, Sociedad Hipotecaria Federal e Infonavit le dieron créditos por 123 y 350 millones de pesos.

En sus perspectivas a futuro, Geo propuso que para 2016 y 2023, generará un flujo de ventas por 15 mil 113 millones de pesos, con un costo de vivienda de cerca de 272 mil pesos a poco más de 1 millón.

Los fundadores, la familia Orvañanos, quedó casi fuera de Geo: el 91 por ciento pasó a manos de los acreedores y el resto quedó a los accionistas fundadores.

Para 2016, Geo reactivó 34 proyectos en 14 estados y alcanzó al inicio de 2016, un valor de 5 mil 422 millones de pesos. “Con la exitosa terminación de los Concursos Mercantiles, Corporación GEO logró una capitalización por 3 mil 500 millones de pesos, lo que le permitirá regularizar sus operaciones y retomar gradualmente su ritmo de crecimiento, basado en el plan de negocios”, reveló GEO en su informe financiero enviado a la BMV.

Tras la reestructuración, su Consejo de Administración quedó integrado por Juan Carlos Braniff, como presidente del Consejo de Administración. Como Consejeros Propietarios: Alberto Mulás Alonso, quien fuera Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), antes de ese puesto fue Comisionado Nacional de Vivienda y miembro del gabinete ampliado de Vicente Fox, “responsable de diseñar e implementar la nueva política nacional de vivienda; ahí fundó la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y la Sociedad hipotecaria Federal”; Luis Urrutia Sodi, quien trabajó 20 años en ICA; Andrés Antonius González quien fue subsecretario de Energía durante el Gobierno de Ernesto Zedillo y coordinador de planeación estratégica en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto; Iñigo Orvañanos Corcuera; Arturo Monroy Ballesteros, que fue subdirector de Ingeniería Financiera en la Dirección General de Crédito Público y asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Ricardo Guajardo Touché, ex director general de BBVA Bancomer, miembro del Consejo del Tec y de las empresas Femsa, El Puerto de Liverpool, Bimbo, Coca Cola, Coppel y Vitro.

Durante los años de turbulencia, ese consejo registró movimientos. Renunció Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda con Vicente Fox; José Carral Escalante, consejero fundador de HSBC y del Club de Industriales; Roberto Alcántara Rojas, presidente de Grupo Prisa, y Luis Zárate Rocha, quien desde 2016 es director de ICA.


Una de las conclusiones del estudio de Sánches Corral, señala: “Si bien es cierto que satisficieron la necesidad de una gran cantidad de gente, también cabe mencionar que este tipo de vivienda presenta las dimensiones mínimas habitables y la gente utiliza gran parte de sus ingresos para transportarse a los centros de trabajo. La mayoría de estos conjuntos habitacionales carecen de comercio, educación, cultura, así como lugares de esparcimiento, por lo que se convierten en grandes dormitorios aislados de la ciudad. Otro problema que presentan es que la tipología de la vivienda es poco flexible, por lo que es difícil que los inquilinos puedan hacer crecer sus viviendas, así como el planteamiento urbano que se realiza en función de los automóviles, lo que hace más difícil la relación con los vecinos y crea un ambiente más desolador”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: AUTOR: UNIDAD DE DATOS/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-09-2016/3094094

Revelan en EU presuntas cuentas secretas de Televisa con funcionarios y políticos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las cuentas secretas de Grupo Televisa y sus subsidiarias con los gobiernos estatales, el federal y los partidos políticos vuelven a estar en el centro del huracán, pero ahora en la prensa estadunidense y en los órganos reguladores del mercado bursátil de Estados Unidos.

Un documento de 15 cuartillas, enviado de forma anónima al periódico especializado The Wall Street Journal, y al cual tuvieron acceso también funcionarios de Univisión (donde Televisa es accionista) acusan al vicepresidente ejecutivo de la empresa, Alfonso de Angoitia, y a Salvi Rafael Folch Viadero, jefe de finanzas de la compañía, de ser los artífices de un mecanismo para lavar alrededor de 14 mil millones de pesos (mil millones de dólares) provenientes de la publicidad encubierta a favor de al menos media docena de gobernadores y del gobierno federal.

El documento revela que Televisa recibe “dinero en efectivo de los partidos políticos y de gobiernos estatales para recibir cobertura a nivel local, para aparecer en nuevos espectáculos y en cobertura publicitaria en sus revistas y en promoción especial”.

Estos ingresos no son reportados a las cuentas oficiales de la compañía y son guardados en una caja fuerte en las oficinas del corporativo de Santa Fe y transferidos como “eventos especiales” en el Estadio Azteca, propiedad de Grupo Televisa, según el reporte de The Wall Street Journal.

El rotativo neoyorquino informó que la carta anónima llegó como correo electrónico a miembros del consejo de Univisión y presuntamente del Departamento de Estado norteamericano. El Journal mencionó que para verificar la validez de esta carta envió correos a la cuenta de la que se originó la misma.

“Hasta la fecha, la identidad del remitente del correo electrónico no se ha determinado”, afirmó el rotativo en su nota, difundida el jueves.

Y Televisa se autoinvestiga

Ante la divulgación de parte del contenido de este informe anónimo, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, manifestó su “apoyo inquebrantable” a De Angoitia y a su equipo y calificó las acusaciones como “ficticias y sin fundamento”.

Azcárraga Jean afirmó a The Wall Street Journal que la carta anónima es un “intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y de sus empleados”.

Televisa informó que contrató a un bufete de abogados de Nueva York, Wachtell, Lipton, Rosen and Katzobtener, autorizados por De Angoitia y sus familiares, para investigar a la propia empresa que los contrató.

Según Azcárraga Jean el bufete contactó a bancos relacionados con el vicepresidente de Televisa para confirmar o descartar la existencia de las cuentas bancarias que menciona la misiva privada.

En sintonía con la respuesta de Azcárraga Jean, el comentarista de la empresa Joaquín López Dóriga publicó en su columna de Milenio Diario que las acusaciones contra De Angoitia “rebasan la ficción” y que el mismo The Wall Street Journal “desecha”.

“El anónimo incluye datos personales de Alfonso, datos que dan una línea para descubrir al patrocinador o patrocinadora y a los operadores de esta ofensiva que tienen como común denominador el rumor a esta casa y sus antecedentes en la misma”, afirmó López Dóriga, quien enfrenta una demanda penal por presunto delito de extorsión, interpuesta por la empresaria María Asunción Aramburuzabala.

En su columna de trascendidos “Bajo Reserva”, El Universal afirma que Televisa está “bajo fuego de ‘anónimos’”. En esta columna el rotativo que ha publicado las versiones extraoficiales de Televisa relata:

“Un día atípico se vivió el jueves en Televisa, que preside Emilio Azcárraga, donde se conoció que en abril llegaron denuncias anónimas por correo electrónico contra directivos de la empresa, por supuestos actos de defraudación. Los mensajes fueron enviados también a consejeros del grupo Televisa y a algunas autoridades. Una firma independiente basada en Nueva York, Wachtell-Lipton, ha estado investigando y no ha encontrado irregularidad alguna de sus funcionarios. Nos dicen que en esa línea llama mucho la atención que hasta las cuentas bancarias a donde habría traspasos irregulares son inexistentes. Después de comenzar la indagatoria, nos comentan que este tipo de ataques son comunes en Estados Unidos, pero es la primera vez que enfocan sus baterías contra una empresa mexicana. ¿Quién desde suelo estadounidense estará atrás de estos actos de desprestigio a ejecutivos de la televisora y qué persiguen?”.

El “anónimo” se divulgó después de que Grupo Televisa presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), autoridad bursátil estadunidense, su informe anual sobre su situación financiera y los riesgos que presentará en este año.

FUENTE: PROCESO

AUTOR: JENARO VILLAMIL

LINK: http://www.proceso.com.mx/439839/revelan-en-eu-cuentas-secretas-televisa-gobernadores

#PanamaPapers, las cleptocracias al desnudo

CIUDAD DE MÉXICO: El tsunami informativo generado desde el domingo 3 ante el ejercicio de colaboración de más de 100 medios internacionales es un hecho sin precedente por tres razones: por la cantidad de información involucrada a través de una filtración (11.5 millones de documentos digitalizados); por la demostración de que el periodismo si se ejerce desde la colaboración global tiene mayor impacto (adiós al ejercicio de las “exclusivas” en la era digital); y porque pegó donde más les duele a políticos, empresarios y figuras mediáticas: en la ocultación del dinero.


Los llamados #PanamaPapers involucran al despacho panameño Mossack-Fonseca. No es el único ni el mejor. Se trata sólo de una de las cinco organizaciones más grandes del mundo dedicadas a crear empresas fantasmas o compañías offshore en paraísos fiscales.

La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que anualmente se generan pérdidas fiscales por 240 mil millones de dólares ante las técnicas y tácticas utilizadas para generar este tipo de empresas.


México ocupa el lugar 30 entre 188 naciones del mundo con más dinero en paraísos fiscales y, según la misma OCDE, el monto de estos recursos puede ascender a 410 mil millones de dólares. En otras palabras, estamos ante un gigantesco negocio del ocultamiento.

Por esta misma razón, los principales implicados en el #PanamaPapers se apresuraron a lavarse las manos diciendo que no constituye ningún delito abrir empresas en el extranjero.

En términos literales, el delito no está en abrir una empresa en paraísos fiscales. El delito es no reportar la utilidad, rendimiento o intereses que generan estos recursos. Por esta razón se utilizan los offshore.

Sólo un empresario como Alfonso de Angoitia, el supuesto “cerebro” financiero de Televisa, quiere engañar diciendo que quería abrir una empresa en las Islas Bahamas para entrar a un club náutico a “bucear”. ¿Realmente nos cree tan tontos? De Angoitia decidió recortar cerca de 30% del personal de Televisa ante la baja de ingresos publicitarios, pero él tiene recursos para ir a bucear a Las Bahamas. ¿Qué dirán los otros integrantes del Consejo de Administración de esta empresa?

O el magnate de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, con la mala fama de defraudar a accionistas minoritarios en Estados Unidos, quiere desviar la atención haciéndonos creer que es “normal” abrir una empresa en paraísos fiscales para administrar un yate o para comprar obras de arte. ¿Acaso no es el mercado del arte uno de los mecanismos principales en el mundo para “lavar” dinero? ¿Pagó Salinas Pliego la multa de más de 700 mil dólares a Belice por haber dañado una zona de arrecifes con su otro yate, el Azteca 1? El mismo señor que se precia de hacer campañas de defensa del medio ambiente y cuya hija es senadora por ese “partido fantasma” llamado Partido Verde Ecologista de México.

El caso de Juan Armando Hinojosa Cantú, el compadre del presidente Enrique Peña Nieto y contratista consentido desde el gobierno del Estado de México, es todavía más sintomático. Abrió empresas a nombre de su suegra y su madre, dos mujeres octogenarias, para esconder 100 millones de dólares. En medio de la investigación sobre el conflicto de interés de la Casa Blanca de Peña Nieto y de la mansión de Malinalco de Luis Videgaray.

El jefe de las finanzas del país, Videgaray Caso, no quiere hablar de los #PanamaPapers porque sabe perfectamente que muchas de estas maniobras de ocultamiento del dinero son su responsabilidad como autoridad hacendaria. ¿O cuántas casas de Malinalco se necesitan para que las autoridades se hagan de la vista gorda?

El director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Sandoval, primero divulgó el domingo un comunicado de prensa para señalar que la dependencia investigará, y al día siguiente prácticamente exonera: de entrada, no es “ilegal” trasladar fondos a paraísos fiscales.

¿Investigará el funcionario con nombre de filósofo a Grupo Televisa –la misma empresa a la que condonó más de 400 millones de pesos y con la que sostiene un claro acuerdo de promoción y publicidad–, o a Grupo Salinas, cuyo propietario se considera a sí mismo como un “héroe empresarial discreto”?

Los #PanamaPapers revelan que la corrupción no es patrimonio exclusivo de los políticos o gobernantes. Los empresarios también forman parte de esta red de impunidad. Sólo el presidente argentino Mauricio Macri, perteneciente a un consorcio empresarial con ramificaciones en el futbol, quiere hacernos creer que no es ningún problema dirigir una empresa off shore antes de ser mandatario y no declararla.

Cleptocracias

En otras palabras, los documentos de Mossack-Fonseca son apenas un retrato de los mecanismos que utilizan las cleptocracias, es decir, los sistemas de gobierno y de desarrollo del poder basados en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus distintos derivados.

En la descripción contemporánea de cleptocracia se señala a este modelo de gobierno como un mecanismo a través del cual el Estado “se dedica casi enteramente a gravar los recursos y a la población del país (por medio de impuestos, no retribuibles a ellos), los dirigentes del sistema amasan grandes fortunas personales, el dinero es lavado o se desvía a cuentas bancarias secretas, por lo general, a paraísos fiscales, como encubrimiento de peculado o robo”.

Prácticamente lo que hemos vivido los mexicanos desde la era de Carlos Salinas de Gortari hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto: un sistema de enriquecimiento de unos cuantos, a través de un mayor gravamen a la población y una impunidad a toda prueba.

No importan los signos partidistas. Ahí está el hijo de Miguel Ángel Yunes, expriista y actual candidato “opositor” al gobierno de Veracruz. O los lazos familiares. Lo mismo sirve una esposa actriz o una suegra para “lavar” dinero.

Las cleptocracias funcionan, sobre todo, en economías basadas en la extracción de materias primas (minería y petróleo, principalmente), y más en una era donde los commodities generaron la fortuna de unos cuantos y el empobrecimiento de países como México, Rusia, Brasil o Argentina.

No es casual que buena parte de los empresarios y funcionarios mexicanos mencionados tengan alguna relación como contratistas de Pemex: ahí está el potentado tamaulipeco Ramiro Garza Cantú (propietario del diario La Razón), que amasó una fortuna rentándole plataformas a Pemex; o los socios de Oceanografía que vivían de los contratos navieros con Pemex; o el mismo Emilio Lozoya Austin, exdirector de la ahora considerada “empresa productiva del Estado”, que intentó abrir una empresa offshore y dice que no la concretó, pero envió su pasaporte.

Los #PanamaPapers apenas son la punta del iceberg de una práctica global. El gobierno de Rusia, tan exhibido por la red de amigos de Vladimir Putin que tienen 2 mil millones de dólares en paraísos fiscales, acusó a la CIA de estar “detrás” de la magna filtración.

¿Acaso los sistemas de información rusos no tendrían capacidad para ellos mismos aportar datos de los personajes norteamericanos y europeos involucrados en los paraísos fiscales?


Aquí no hay guerra fría o guerra caliente. Aquí son los mismos mecanismos que sirven a narcos, dictadores, futbolistas, dueños de medios, empresarios, contratistas, cineastas y alguno que otro aristócrata para mantener el secreto mejor guardado en las cleptocracias: la ruta del dinero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435962/panamapapers-las-cleptocracias-al-desnudo

Poderosas familias cercanas a Peña Nieto, en #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO:Las familias Alcántara y Doporto, presentes en los más altos niveles de la política y en negocios millonarios de transporte y farmacéuticos, tienen ahora vínculos estrechos a través de por lo menos fideicomisos registrados en Nueva Zelanda y una empresa domiciliada en Hong Kong, que les ha permitido hacer todo tipo de operaciones empresariales e inversiones en diversas partes del mundo.


En su propio campo de acción y por separado, las dos familias manejan intereses de grandes alcances y tienen una agenda de relaciones con múltiples personajes y empresarios que se han traducido en mayor poder político y económico desde el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La convergencia de las dos familias quedó expuesta con la filtración de once millones y medio de archivos de la firma panameña experta en la creación de empresas en paraísos fiscales Mossak Fonseca. Los documentos, a los que Proceso tuvo acceso como parte de la investigación periodística global #PanamaPapers, muestran la comunión de intereses de las dos familias.


Los archivos de Mossack Fonseca fueron entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zetung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, a más de cien medios de todo el mundo.

La coincidencia de las familias Alcántara y Doporto se dio a partir de la integración legal de dos fideicomisos registrados en Nueva Zelanda a nombre del abogado Luis Doporto Alejandre, y su esposa Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas.


Aurora Alcántara es esposa del exgobernador de Oaxaca, el priista José Murat, quien a su vez es padre del actual candidato a gobernador de ese estado por el PRI, Alejando Murat, exfuncionario de Enrique Peña Nieto.

La esposa de José Murat es hermana de Roberto Alcántara Rojas, dueño de VivaAerobús en México, director general Grupo Toluca, dedicado al transporte terrestre, y el mayor accionista minoritario de la española Prisa, editora del periódico El País.

Roberto Alcántara alcanzó esa posición en el diario español luego de que al inicio del sexenio, el gobierno de Peña Nieto le otorgó tres contratos por cuatro mil millones de pesos para el cobro electrónico del peaje en las carreteras operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

De acuerdo con los archivos de Mossack Fonseca, en septiembre y diciembre de 2012 el despacho panameño incorporó los fideicomisos Maximus Trust y Cabita Trust en Nueva Zelanda, en los que Luis Doporto Alejandre y Melissa Flores aparecen como beneficiarios finales. Para ello, Mossack Fonseca recurrió a Orion Trust (New Zealand) Limited, su fiduciario en Auckland, y puso a sus empleados de Panamá como administradores.


En ambos fideicomisos aparecen Héctor Doporto Ramírez, María del Rocío Alejandre Castillo y Aurora Alcántara Rojas –respectivamente padres y suegra de Doporto– como protectores sustitutos.

Un fideicomiso es una herramienta financiera mediante la cual se administran activos financieros en beneficio de otra persona física o jurídica. Los fideicomisos son muy utilizados para evitar el pago de determinados impuestos, sin que sus activos puedan ser perseguidos legalmente por los acreedores del fideicomitente ni de la entidad fiduciaria.

Maximus Trust sirvió a los Doporto Alcántara como beneficiarios de la empresa World Tactic Limited en Hong Kong. Esta empresa es propietaria de la marca de ropa de niños Livanna, que diseña Melissa Flores Alcántara Rojas.

En un correo fechado del 17 de diciembre de 2012, un empleado de Doporto solicitó a Mossack Fonseca abrir una empresa en las Islas Vírgenes Británicas que dependiera de Maximus Trust. También solicitó que “se abriera una cuenta con un banco Europeo, por lo que sugirieron Barclays Europa”.

Doporto utilizó ese fideicomiso para manejar directa e indirectamente algunas entidades holandesas, como Maxim Enterprises C.V., Maxim Investments y Warwick Enterprises C.V., según los archivos de Mossack Fonseca.

Doporto on Linkurious.

En los documentos de “diligencia debida”; es decir, de revisión de antecedentes, de Maxim Enterprises, que Doporto firmó en junio de 2012, el abogado indicó que necesitaba la empresa para “planeación fiscal y sacar ventajas del acuerdo de doble tributación entre México y Holanda”.

Precisó que la empresa sería utilizada para mover dinero desde y hacia México, Eslovaquia, Holanda y Suiza. Estimó que la empresa realizaría entre 11 y 100 transferencias mensuales, a través de las cuales movería entre 10 mil y 100 mil euros o dólares.

El segundo fideicomiso, Cabita Trust, fue utilizado para incorporar estructuras –con empresas y fundaciones en Suiza, Holanda y Malta, entre otros—durante las operaciones de reestructuración del sector farmacéutico mexicano.


Luis Doporto Alejandre nació en 1974 en la Ciudad de México. Estudió en la Universidad Iberoamericana, con especialidad en materia mercantil y estudios superiores en Estados Unidos y Francia. Es fundador del despacho de asesores jurídicos y financieros Doporto & Asociados, establecido en el exclusivo edificio Parque Reforma sobre Avenida Campos Elíseos, en la Colonia Polanco de la Ciudad de México. Es cliente de Mossack Fonseca desde julio de 2012, según su ficha en los archivos internos.



A diferencia de otros intermediarios del sistema offshore, Doporto & Asociados no sólo incorpora estructuras en paraísos fiscales para sus clientes, entre otros a través del despacho panameño Mossack Fonseca.

Se dedica también a buscar oportunidades de inversiones, llevar las ofertas a empresarios y otros inversionistas potencialmente interesados en participar en ellas, y eventualmente participa en la negociación y la elaboración de los contratos.

Entre su cartera de clientes destacan importantes empresarios mexicanos, como el magnate del acero Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, director del Grupo Collado y primo hermano de Lupita Hinojosa, la difunta primera esposa de José Murat. En los documentos obtenidos por el ICIJ, Vogel Hinojosa aparece en dos estructuras incorporadas por Doporto & Asociados.

El propio Luis Doporto ha participado en algunas de los esquemas que ha creado con Mossack Fonseca, sobre todo en la reestructura del sector farmacéutico, de acuerdo con los documentos.

Es hijo de Héctor Doporto Ramírez, actual coordinador general del sector patronal del Consejo Técnico del IMSS y exsecretario de la junta directiva de la Lotería Nacional a mitades de los 90.

En septiembre pasado, a través de una estructura offshore armada por Mossack Fonseca, Doporto adquirió –por lo menos en el papel– el Grupo Marzam, número dos en la distribución de medicamentos en México.

Para la adquisición de Marzam, Doporto recibió un préstamo de 90 millones de dólares de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, quien es dueño del Grupo Nadro, el principal distribuidor de medicamentos en el país.

Doporto declaró a Proceso que en efecto obtuvo recursos de esa fuente, pero aseguró que la mujer no tiene ningún control sobre Marzam, pues se limitó en prestar el dinero para su adquisición. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no supo que Matarazzo estuvo involucrada en la compra, por lo que no consideró la operación como una concentración.

Héctor Doporto Alejandre, el hermano del abogado, es el encargado de conseguir medicamentos de importación para Alianta, una filial de Savi Distribuidores, la cual estuvo inhabilitada durante cinco años para participar en licitaciones públicas, a denuncia del órgano interno del IMSS por haber falseado el registro sanitario de un medicamento suizo.

En una investigación periodística publicada en febrero del año pasado, el diario The New York Times aseguró que la familia del exgobernador de Oaxaca, José Murat tenía millonarias propiedades en el exclusivo condominio Time Warner, que domina el Parque Central de Nueva York.

Según el diario estadounidense, Melissa Flores Alcántara había comprado un departamento en el mismo condominio, colindante con otro que adquirió Ivette Morán, la esposa de Alejandro Murat, el hijo del exgobernador y ahora candidato del PRI para el gobierno de Oaxaca.

Además, el Times señaló que Vogel Hinojosa era propietario de otra vivienda en el edificio. Los inmuebles fueron valuados en más de 6 millones de dólares en conjunto.

De acuerdo con el diario, el condominio fue adquirido en 2004, cuando Murat estaba terminando su gobierno, por Nivea Management, una empresa fantasma incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.

En los documentos internos de Mossack Fonseca aparece una compañía llamada Nivea Management Corp., que el despacho panameño creó en 2002 e incorporó al registro comercial de las Islas Vírgenes Británicas en 2004.

Esta empresa fue establecida con acciones al portador, lo que significa que no existe ningún propietario legal registrado: quién tiene las acciones entre sus manos se vuelve su dueño. En la última década, la regulación internacional sobre las acciones al portador ha endurecido mucho; se considera que son una de las herramientas más utilizadas para lavar dinero.

El mismo día que el Times publicó la investigación periodística –en la que participó la mexicana Alexandra Xanic, ganadora del Pulitzer en 2013–, Vogel Hinojosa envió un comunicado a los medios de comunicación mexicanos.

Reconoció que él era dueño del departamento 57F en el condominio Time Warner. Subrayó que su relación con Murat era “exclusivamente familiar” –“a través de mi prima Lupita Hinojosa, difunta esposa de José Murat y madre de mis sobrinos”– e insistió que “no existe ni ha existido ninguna relación de negocios ni propiedad en común”.

Húesped del Pacto por México

Al terminar su mandato en Oaxaca, Murat se dedicó a dar asesorías a varios gobernadores del PRI. Pero tras el triunfo del PRI en la elección presidencial de 2012, Peña Nieto lo designó para coordinar el acuerdo político para firmar el Pacto por México.

Con ese acuerdo, Peña Nieto logró generar un consenso entre los principales partidos políticos del país para adoptar las reformas hacendaria, laboral, educativa y energética.

Además de los condominios de Time Warner, la familia del exgobernador posee otro en la calle 55 West de la misma ciudad, así como casas en Utha y condominios en Florida a nombre de su hija Lorena Murat.

De acuerdo con el New York Times (NYT), Lorena Murat Hinojosa es la cabeza visible de la empresa de sociedad responsable Edlo LLC, con el registro L14000006743 y que actualmente se encuentra activa, a través de la cual se crearon empresas para la compra de inmuebles. La dirección con la que aparece registrada corresponde al bufete Robert Allen Law, en Miami, Florida dentro del edificio de oficinas del Four Seasons.


Según el diario Reforma, José Murat transfirió en diciembre del año pasado sus dos casas valuadas en más de 500 mil dólares cada una en Park City, Utah, en favor de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) creadas en Boca Ratón, Florida, a nombre de sus cuatro hijos.

Poder mexiquense

El exgobernador impugnó la información del NYT y aseguró que esa fortuna viene de una herencia y negocios de familia. Para este trabajo se le buscó infructuosamente.


Su hijo Alejandro Murat fue nombrado integrante del equipo de transición de Peña y luego director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (NFONAVIT) desde donde se catapultó a la candidatura al gobierno de Oaxaca, siguiendo los pasos del jerarca de la familia. Alejandro Murat inició su campaña el domingo 3 de abril, el mismo día en que se dieron a conocer los principales hallazgos de #PanamaPapers.

Con su reciente boda con Aurora Alcántara, José Murat quedó muy cerca de una de las familias más favorecidas del gobierno de Peña Nieto. El exgobernador oaxaqueño se convirtió en cuñado de Roberto Alcántara Rojas, considerado como uno de los empresarios del sexenio peñista por la multiplicación de sus inversiones millonarias que han alcanzado hasta ser socio del grupo editorial PRISA que publica el diario El País.

Jefe del clan, Roberto Alcántara Rojas, es cercano a la familia Peña desde hace muchos años. Nacido en Acambay, Estado de México, el 19 de abril de 1949, es hijo de Jesús Alcántara Miranda, quien fuera presidente municipal de Acambay, dos veces diputado federal y senador (1988-1991).

Actualmente Roberto Alcántara es presidente del Grupo Toluca, principal accionista del GRUPO IAMSA, la cual tiene un portafolio de diversas empresas de transporte terrestre como Omnibus de México, ETN y Caminante. Además, es dueño de la cuarta aerolínea más grande de México, VivaAerobus que opera una flota de 19 aviones Boeing 737-300.

Fue presidente del Consejo de Administración del Banco Bancrecer entre 1991 y 1999, el cual quebró a causa de la crisis financiera de diciembre de 1994 y que fue rescatado por el FOBAPROA.

En abril de 2014, junto con su hermano el ex-diputado priista Arturo Alcántara, ganaron la concesión del gobierno federal para administrar la gestión del cobro electrónico del 49% de las casetas de México a pesar de que se denunciaron irregularidades.

El empresario del sexenio recibió en mayo del 2014 tres contratos de Capufe por 4 mil millones de pesos mediante una licitación plagada de irregularidades. En sendos reportajes publicados, Proceso (1974 y 1975) documentó el favoritismo del gobierno peñista para que Roberto Alcántara se quedara con el negocio millonario de cobro electrónico de 3 mil 800 kilómetros de autopistas.

Un mes después, el millonario empresario mexiquense que empezó hace medio siglo con el negocio familiar del transporte público, se convirtió en el mayor accionista individual de la empresa española de comunicaciones PRISA al invertir de su fortuna personal 100 millones de euros.

Su hermana María Guadalupe Alcántara Rojas es actualmente diputada plurinominal del PRI e integrante de la comisión legislativa de Transporte. Ella fue la que presuntamente vendió la casa de Manzanos 333, Bosques de las Lomas, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como lo escribió la reportera Jesusa Cervantes en el número 2025 de Proceso, en agosto del 2015.

Roberto Alcántara ha sabido invertir en política desde que el 2000 apoyó al mismo tiempo al candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, y al del PAN, Vicente Fox; desde que dio trabajo a uno de los hijos de Martha Sahagún y de esa amanera ganarse espacios en el gobierno federal.

Requeridos para esta investigación, la familia Alcántara Rojas, se negó a responder a Proceso.


El abogado Luis Doporto aseveró que solamente tiene lazos familiares y cordiales con su suegra –no mencionó el resto de la familia Alcántara Rojas– y aseguró que prácticamente no convive con Murat, el nuevo esposo de Aurora Alcántara Rojas. Insistió también en que sus relaciones con Vogel Hinojosa son estrictamente de negocios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO, JOSÉ GIL OLMOS, MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/435970/poderosas-familias-cercanas-a-pena-nieto-en-panamapapers

Por paraísos fiscales “deben estar algunos mexicanos preocupados”: Aristóteles Núñez

"La revisión primero tiene que ser interna, ver qué información institucional tenemos, quiénes de ellos declararon tener inversiones en el extranjero", aclaró el titular del SAT.

El reportaje que reveló nombres de políticos, empresarios y criminales que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos, “viene a confirmar mucho de lo que se ha venido combatiendo a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que algunos ciudadanos del mundo buscan encontrar en paraísos fiscales, condiciones ventajosas en materia fiscal, ya sea porque utilicen un argumento de proteger sus activos, o por la privacidad, confidencialidad. O bien porque están buscando evadir el pago de los impuestos, yo creo que hay que reconocer que hubo instituciones ya que trabajaron en años anteriores, que generaron ciertos mecanismos que han permitido tener soluciones”,expuso Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “todas las instituciones financieras tendrán que informarle a las administraciones tributarias en el mundo, particularmente de 80 países, todas estas cuentas puente o todo tipo de transferencias que se hacen”.

“Eso lo tendremos a partir del 2017 respecto de todas las transferencias registradas hasta el 2016“, indicó.

Al entrar lo anterior en vigor hasta el 2017, daría tiempo de que quienes actúan irregularmente, borren evidencias, sin embargo Núñez aseveró que “no necesariamente, porque estos despachos o este tipo de asesorías o consultorías, al final son los promotores de una planeación, pero mucho de las instituciones financiares dejan pista, tienen la obligación de dejar pista de una cuenta aperturada por un cliente, de cuánto pasó por ahí, y toda esa información es la que se tiene que entregar”.

Explicó que “los obligamos a entregar esa información a través de estos mecanismos que ya son legales, incluso México lo firmó en octubre de 2014. Nos va a permitir tener información de lo que se haya registrado, hasta diciembre de 2016 y hacia atrás. También tendremos una gran base de información que nos va a permitir tener pistas adicionales de forma automática, porque hoy podemos pedir caso por caso, y eso es muy tortuoso”.

“Afortunadamente a partir del próximo año tendremos información automática, estandarizada, 80 países vamos a compartir información, y el año pasado empezamos a compartirla con Estados Unidos”, abundó.

Respecto a los casos que involucran a mexicanos, como Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, entre otros, indicó que “tenemos una tarea y es una obligación, caso por caso vamos a iniciar una investigación, sin distinción alguna, y en la medida que se vayan publicando más nombres, porque entiendo que son muchísimos documentos que tiene en su poder el Consorcio, los vamos a ir revisando”.

Detalló que “la revisión primero tiene que ser interna, ver qué información institucional tenemos, quiénes de ellos declararon tener inversiones en el extranjero, si se atrevieron a declararla en los países que se llaman hoy paraísos fiscales, si sobre esos ingresos, ganacias o qué operaciones hayan registrado o acumulado esos ingresos fiscales en el año que corresponda, y en caso de no hacerlo, inicia otro procedimiento”.

Ese procedimiento es “una auditoría, que puede tardar 12 meses,o hasta 24 meses, que nos permita  fundar y motivar un crédito, una sanción y para efecto de poder tener un procedimiento apegado a la ley que nos permita poder llegar a sancionar a quien no haya pagado impuestos”.

Para que alguno de los implicados fuera encarcelado tendría que haber cometido “omisión, evasión fiscal; no haber presentado la declaración, o no haber pagado los impuestos”.

“Dependiendo el monto pueden ser tres meses o nueve años de cárcel”, precisó.

“Tengo que reconocer que esta práctica se ha venido combatiendo en el pasado, por algo existen esos paraísos fiscales… vamos a actuar, empezamos desde el día de hoy (lunes 4 de abril), haciendo las revisiones, hay varios mecanismos que tenemos que revisar. Hasta 2013 tenían la posibilidad de utilizar un mecanismo que se llama pago anónimo, que para efectos de la autoridad fiscal era anónimo, pero para una institución financiera sí era una revelación”.

Hay otros mecanismos en la ley, “uno que se llama regímenes fiscales preferentes, eso significa que los mexivcanos que tienen inversiones de baja imposición… tienen la obligación de declarar a más tardar en febrero de cada año, cuánto tienen en esos regímenes fiscales y sobre ello deben pagar impuestos”.

También hay mecanismos “que permiten regularizarse, tenemos retorno de caítales, está vigente hasta junio. Si los contribuyentes llevaron capitales al extranjero, no los declararon, no pagaron impuestos, tienen hasta el mes de junio para hacerlo, y evitarse la causa penal”.

“Alrededor de 25 países implementaron programas para regresar los capitales”, comentó.

Dijo que de lo que “se recaude con una noticia como ésta (Panama Papers), que yo creo que debe haber muchos preocupados, podremos ver qué tanto abonó o no una noticia como esta”.

“Deben estar algunos mexicanos preocupados, algunos que ya fueron publicados y otros que seguramente están  por publicarse, gracias a esta investigación periodística”, señaló Núñez.


“Es muy oportuna una publicación como esta, tenemos que reconocer lo valioso de la información que da, y que también manda una señal muy clara a quien se ha atrevido a utilizar paraísos fiscales con fines de evasión”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0504/mexico/por-paraisos-fiscales-deben-estar-algunos-mexicanos-preocupados-aristoteles-nunez-en-cnn/