Un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone liberar a Gonzalo, Juan Luis, Héctor y Darwin, protagonistas del documental “Duda Razonable” y quienes fueron acusados y sentenciados por secuestro.

Esto, tras una investigación cuestionada por irregularidades en el proceso y por presuntos actos de tortura cometidos contra los detenidos durante 2015 en Macuspana, Tabasco.

El 17 de mayo de 2021, Joshua, Mauricio y Damián, jóvenes que pernoctaban en calles de la colonia Morelos, de la Ciudad de México, se involucraron en una riña. Al mismo tiempo, a unas cuadras, ocurrió un homicidio con arma de fuego por el que ahora ellos han sido sentenciados a 23 años de cárcel.

El argumento del juez para la sentencia fue que ellos no hicieron nada para denunciar el delito.

En Chiapas, «la tortura es una práctica común realizada por policías y agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE)», lo que convierte a la entidad en una «fábrica de culpables», principalmente indígenas, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

«Esto es tolerado y llevado a cabo en contubernio con Jueces de Control. Su complicidad para subsanar las deficiencias en las investigaciones de las Fiscalías genera que se vincule a proceso, se lleve a prisión preventiva por más de un año, que no se garantice una defensa adecuada y dicte sentencia a personas inocentes», acusó el Frayba.

Ya había pasado la medianoche del sábado 28 de mayo, cuando los habitantes del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Alguien gritaba desde el fondo de un barranco y no los dejaba dormir en paz. 

Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

La migrante guatemalteca Juana Alonzo, quien pasó siete años en prisión preventiva en México, fue torturada por la policía y acusada de secuestro, regresó el domingo a Guatemala y se reencontró con su familia.

Alonzo no soportó tanta emoción y se desmayó en los brazos de su padre y sus tías. Rompió en llanto y abrazó a su familia un día después de que fue liberada por autoridades del estado mexicano de Tamaulipas, donde estuvo detenida durante siete años mientras intentaba emigrar a Estados Unidos.

Como cada sábado, el 7 de mayo pasado Karla Guadalupe Meza Méndez fue al penal de Comitán, Chiapas, para visitar a su marido Marcelino Ruíz Gómez. Cuando entró a su celda lo encontró inquieto, acomodando sus cosas. Estaba pálido.

Organizaciones de derechos humanos celebraron la liberación del tsotsil Marcelino Ruiz Gómez, quien durante 20 años, tres meses y dos días permaneció preso en el Centro de Readaptación Social Número 10 en Comitán de Domínguez, Chiapas, por un delito que no cometió.

Marcelino Ruiz fue liberado «tras una lucha incansable para demostrar su inocencia, denunciando y visibilizando las graves violaciones a sus derechos humanos y a través de la organización junto con otras víctimas de este sistema corrupto que protege a culpables y encierra a inocentes», explicaron el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

El pasado 13 de diciembre, Karina, conocida como “Mime”, se encontraba dentro de un baño, cerca del Metro Chapultepec, cuando ocho policías ingresaron, la sometieron y la detuvieron, todo frente a su hija de cuatro años. Esto ocurrió después de que fue denunciada por supuestamente golpear a la niña, por una testigo llamada Nohemí, a quien ahora nadie encuentra. Ayer, Karina fue vinculada a proceso por ese presunto delito.

Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien acompaña el caso de Karina, dijo en entrevista que, aunque inicialmente se le acusó de cometer violencia física y psicológica, las autoridades solo la vincularon a proceso por presuntas agresiones físicas, ya que no se pudo comprobar que emocionalmente hubiera causado daño a la menor.

Familiares de las dos mujeres detenidas por la Fiscalía de Justicia del Estado por su presunta responsabilidad en el caso de los cinco estudiantes universitarios asesinados tras ser privados de la libertad al salir de un centro nocturno el sábado 12 en la capital, denunciaron que son inocentes y las usan como “chivos expiatorios”.

“Queremos entender que la fiscalía necesita dar resultados, pero no es justo que se tenga detenidas a personas inocentes y las haga pasar como delincuentes”, expresó una hermana de las detenidas, de 18 y 34 años.

María Esther se perdió el nacimiento de su primera nieta y en Tampico tuvo que cerrar su escuela de canotaje para niños de escasos recursos y también una empresa de fabricación de equipo de bombeo para Petróleos Mexicanos.

A petición del ministro presidente, Arturo Zaldivar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso que dio origen al documental de Netflix: “Duda razonable”, sobre el caso de cuatro tabasqueños detenidos en 2015 en el municipio de Macuspana, acusados de secuestro.

“Este caso podría servir para sentar criterios sobre aspectos poco explorados por su jurisprudencia sobre el debido proceso y el sistema penal acusatorio”, indicó la SCJN en sus redes sociales.

Los hermanos Érick y Verónica Razo Casales llevan en prisión más de una década. El 8 de junio de 2011 fueron detenidos por la extinta Policía Federal en Ciudad de México y acusados de crimen organizado y de planificar un secuestro.

Tras su arresto denunciaron haber sido víctimas de tortura y su proceso ha estado marcado por diversas irregularidades, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que los acompaña.

Familiares de Mónica Cuevas, torturada y presa hace más de una década en México, pidieron este sábado a las autoridades que sea liberada cuanto antes en medio de la promesa del Gobierno de liberar a personas injustamente encarceladas.

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por su probable participación en la fabricación de datos de prueba para poner a disposición del Ministerio Público a un individuo, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Los imputados por cometer un delito en el ámbito de procuración de justicia recibieron como medida cautelar la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, así como la presentación periódica mensual durante los dos meses establecidos para el cierre de las investigaciones complementarias.

“Estoy desesperada”. 

Es lo primero que dice July Raquel Flores nada más atender la llamada desde el penal de Pacho Viejo, Xalapa, donde lleva presa más de cinco meses tras ser vinculada a proceso por el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, a pesar de que, tal y como documentó Animal Político en un reportaje publicado el pasado 22 de febrero, hay numerosas pruebas y testimonios que contradicen las imputaciones de la Fiscalía veracruzana en su contra.

Los hermanos Karina y Emmanuel Romero Ramírez llevan casi cinco meses en prisión por una serie de acusaciones que iniciaron después de que compraron, sin saberlo, un celular que fue robado a una víctima de feminicidio.  

Los hermanos han aclarado ante el juzgado que Karina compró el celular a su hermano Emmanuel y que éste a su vez lo había adquirido de Jennifer, quien era gerente de la empresa en la que él trabajaba.

-¡Bájate del carro! 

July Raquel Flores, de 29 años, narra que los gritos llovían de todas partes. 

Eran casi las 19 horas del pasado 6 de noviembre en la Ciudad de México. July manejaba un Honda City blanco en el que también iba su pareja Erick y sus dos hijos de nueve y seis años, cuando vio por el espejo retrovisor que un convoy de tres vehículos se acercaba a toda velocidad. 

Una camioneta blanca con los cristales tintados y sin placas, se despegó del convoy, se colocó en paralelo, y se cruzó de un volantazo. 

María de la Concepción Sibaja Ramírez acaba de pasar su sexto Año Nuevo separada de su familia, encarcelada por delitos que no le han probado y sin sentencia. El caso lleva tres años totalmente parado porque no se ha presentado el perito ni la supuesta víctima de tráfico de personas por la que se abrió la causa penal 131/2015, en manos del Juez Séptimo de Distrito en Oaxaca, y con la emergencia por la pandemia de COVID-19 se ve más lejano todavía que vaya a avanzar.

Pero está en la cárcel porque firmó una confesión. Sí, la firmó porque asegura que los elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que la detuvieron la torturaron física, sexual y psicológicamente durante horas, la manosearon desde que la aprehendieron y la amenazaron con hacerle daño a sus hijos. Eso último, sobre todo, la dobló a aceptar lo que fuera.

Zahid Estrada y Fernando Gazano, de 19 y 23 años respectivamente, se encuentran actualmente en prisión en Puebla. Ambos fueron detenidos el pasado 20 de diciembre en el exterior del Centro de Readaptación Social (Cereso) del Estado de Puebla. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado los detuvo dentro de lo que se presentó como un operativo contra un presunto líder huachicolero y narcomenudista. Los dos jóvenes, que son primos, defienden su inocencia y alegan que son estudiantes de derecho que estaban fuera del penal para recoger unos documentos que debía entregarles la esposa de un preso.

“Tenemos la impresión de que hay algo detrás, de quien ha postulado fuerte en este lugar para meter miedo o que nos retiremos de la defensa de los casos que estamos trabajando”, asegura el abogado Javier Nicolás Hernández, socio en el despacho Corporativo Magister y  jefe de los dos estudiantes. 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estaban claramente frustrados. Un joven encarcelado y torturado cumplió 13 años preso y no tiene sentencia siquiera, y la madre ha estado dos veces en la conferencia matutina, en vivo, reclamando su liberación.

López Obrador, visiblemente agobiado, ofreció liberarlo por medio de un indulto presidencial, y cuestionó a la Secretaria Olga Sánchez si era posible hacerlo con el poder que tiene como mandatario.