Proyecto en la Corte propone liberar a detenidos del documental ‘Duda Razonable’

Desde febrero pasado, la Corte advirtió al atraer el caso que “podría involucrar diversas irregularidades y violaciones a los derechos de los acusados”; nueve meses después, el máximo tribunal del país discutirá su posible liberación.

Un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone liberar a Gonzalo, Juan Luis, Héctor y Darwin, protagonistas del documental “Duda Razonable” y quienes fueron acusados y sentenciados por secuestro.

Esto, tras una investigación cuestionada por irregularidades en el proceso y por presuntos actos de tortura cometidos contra los detenidos durante 2015 en Macuspana, Tabasco.

Tres jóvenes en situación de calle son sentenciados a 23 años de prisión por no evitar un homicidio

Tres jóvenes en situación de calle fueron sentenciados por no denunciar un homicidio que no cometieron y del que tampoco tuvieron conocimiento hasta que las autoridades los detuvieron por una riña callejera ocurrida en otro sitio.

El 17 de mayo de 2021, Joshua, Mauricio y Damián, jóvenes que pernoctaban en calles de la colonia Morelos, de la Ciudad de México, se involucraron en una riña. Al mismo tiempo, a unas cuadras, ocurrió un homicidio con arma de fuego por el que ahora ellos han sido sentenciados a 23 años de cárcel.

El argumento del juez para la sentencia fue que ellos no hicieron nada para denunciar el delito.

Tortura convierte a Chiapas en fábrica de culpables: Frayba

En Chiapas, «la tortura es una práctica común realizada por policías y agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE)», lo que convierte a la entidad en una «fábrica de culpables», principalmente indígenas, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

«Esto es tolerado y llevado a cabo en contubernio con Jueces de Control. Su complicidad para subsanar las deficiencias en las investigaciones de las Fiscalías genera que se vincule a proceso, se lleve a prisión preventiva por más de un año, que no se garantice una defensa adecuada y dicte sentencia a personas inocentes», acusó el Frayba.

En Chiapas, 5 defensores de la tierra son acusados del supuesto homicidio de un policía, sin pruebas de que fuera asesinado

Los indígenas tseltales detenidos por el supuesto crimen lideran la resistencia en contra de una carretera que uniría el Tren Maya y el Corredor Transístmico. Este lunes será la audiencia en la que se definirá si son procesados o no.

Ya había pasado la medianoche del sábado 28 de mayo, cuando los habitantes del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Alguien gritaba desde el fondo de un barranco y no los dejaba dormir en paz. 

Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

Ella es Juana, presa sin pruebas 7 años en México. “Su delito fue no hablar español”

Alonso, conocida por todos como Juanita, es una indígena chuj de 35 años originaria de San Mateo Ixtatán, Guatemala, que sólo pretendía cruzar México para llegar a Estados Unidos y dar mejor vida a su familia, dijo su tío Pedro Alonso la semana pasada a su paso por Ciudad de México como parte de un recorrido por el país para exigir su liberación. En 2014 la acusaron de secuestro y hasta el sábado permanecía presa en Reynosa sin sentencia.

La migrante guatemalteca Juana Alonzo, quien pasó siete años en prisión preventiva en México, fue torturada por la policía y acusada de secuestro, regresó el domingo a Guatemala y se reencontró con su familia.

Alonzo no soportó tanta emoción y se desmayó en los brazos de su padre y sus tías. Rompió en llanto y abrazó a su familia un día después de que fue liberada por autoridades del estado mexicano de Tamaulipas, donde estuvo detenida durante siete años mientras intentaba emigrar a Estados Unidos.

Tras torturas y huelgas de hambre, liberan a cinco presos en Chiapas que fueron beneficiados por opinión de la ONU

Los presos, miembros de pueblos indígenas, denunciaron que los obligaron a firmar confesiones bajo tortura.

Como cada sábado, el 7 de mayo pasado Karla Guadalupe Meza Méndez fue al penal de Comitán, Chiapas, para visitar a su marido Marcelino Ruíz Gómez. Cuando entró a su celda lo encontró inquieto, acomodando sus cosas. Estaba pálido.

Otorgan libertad a Marcelino Ruiz, preso injustamente por más de 20 años en Chiapas

Organizaciones de derechos humanos celebraron la liberación del tsotsil Marcelino Ruiz Gómez, quien durante 20 años, tres meses y dos días permaneció preso en el Centro de Readaptación Social Número 10 en Comitán de Domínguez, Chiapas, por un delito que no cometió.

Marcelino Ruiz fue liberado «tras una lucha incansable para demostrar su inocencia, denunciando y visibilizando las graves violaciones a sus derechos humanos y a través de la organización junto con otras víctimas de este sistema corrupto que protege a culpables y encierra a inocentes», explicaron el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Abren proceso contra feminista en la CDMX; la acusan de agredir a su hija con base en una testigo que ahora nadie ubica

Karina, conocida como “Mime”, fue vinculada a proceso por supuestamente agredir a su hija, menor de edad. La acusación fue promovida por una testigo que no presentó identificación y no ha sido ubicada.

El pasado 13 de diciembre, Karina, conocida como “Mime”, se encontraba dentro de un baño, cerca del Metro Chapultepec, cuando ocho policías ingresaron, la sometieron y la detuvieron, todo frente a su hija de cuatro años. Esto ocurrió después de que fue denunciada por supuestamente golpear a la niña, por una testigo llamada Nohemí, a quien ahora nadie encuentra. Ayer, Karina fue vinculada a proceso por ese presunto delito.

Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien acompaña el caso de Karina, dijo en entrevista que, aunque inicialmente se le acusó de cometer violencia física y psicológica, las autoridades solo la vincularon a proceso por presuntas agresiones físicas, ya que no se pudo comprobar que emocionalmente hubiera causado daño a la menor.

Usan a detenidas como chivos expiatorios en caso de crimen de estudiantes en Zacatecas, acusan familiares

Afuera del edificio del Poder Judicial del estado, frente a plaza de armas de la ciudad de Zacatecas, los familiares denunciaron públicamente que las dos mujeres fueron detenidas arbitrariamente y que tienen pruebas de que son inocentes.

Familiares de las dos mujeres detenidas por la Fiscalía de Justicia del Estado por su presunta responsabilidad en el caso de los cinco estudiantes universitarios asesinados tras ser privados de la libertad al salir de un centro nocturno el sábado 12 en la capital, denunciaron que son inocentes y las usan como “chivos expiatorios”.

“Queremos entender que la fiscalía necesita dar resultados, pero no es justo que se tenga detenidas a personas inocentes y las haga pasar como delincuentes”, expresó una hermana de las detenidas, de 18 y 34 años.

Dos años presa por un delito que no cometió contra una persona que no existe

“Sabía que todo era inventado, pero no cuándo iba a salir”, dice María Esther “R”, quien estuvo dos años y tres meses encarcelada en Tabasco por un delito que no cometió –extorsión con un arma– y, peor aún, contra una persona que no existe. En entrevista con este semanario, la mujer originaria de Tamaulipas habla de su caso, de la corrupción en la fiscalía general tabasqueña, del abogado que manipuló el sistema estatal de justicia para encarcelarla y, sobre todo, de cómo retomará su vida tras perderse el nacimiento de su nieta y de haber cerrado una escuela de canojate y una empresa que tenía.

“Señora, puede ir a ver a sus hijos…”, con esa frase una jueza terminó el jueves 3 con la injusticia que desde el 18 de octubre de 2019 María Esther padecía cuando fue detenida por hombres sin identificar, afuera de su domicilio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y trasladada al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, en Villahermosa, donde permaneció dos años y tres meses en prisión preventiva oficiosa, acusada de extorsionar con un arma a una persona que no existe.

María Esther se perdió el nacimiento de su primera nieta y en Tampico tuvo que cerrar su escuela de canotaje para niños de escasos recursos y también una empresa de fabricación de equipo de bombeo para Petróleos Mexicanos.

La SCJN atrae el caso que inspiró el documental “Duda razonable”

A petición de Arturo Zaldivar, la Suprema Corte atrajo el caso que dio origen al documental de Netflix: “Duda razonable”, sobre el caso de cuatro tabasqueños detenidos en 2015 en Macuspana, acusados de secuestro.

A petición del ministro presidente, Arturo Zaldivar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso que dio origen al documental de Netflix: “Duda razonable”, sobre el caso de cuatro tabasqueños detenidos en 2015 en el municipio de Macuspana, acusados de secuestro.

“Este caso podría servir para sentar criterios sobre aspectos poco explorados por su jurisprudencia sobre el debido proceso y el sistema penal acusatorio”, indicó la SCJN en sus redes sociales.

México ignora a la ONU y mantiene la acusación contra dos hermanos que fueron víctimas de detención arbitraria

Tras 10 años encarcelados, un juez podría toma una decisión sobre Érick y Verónica Razo Casales. ONG pide a FGR que retire los cargos debido a que se apoyan en declaraciones obtenidas bajo tortura.

Los hermanos Érick y Verónica Razo Casales llevan en prisión más de una década. El 8 de junio de 2011 fueron detenidos por la extinta Policía Federal en Ciudad de México y acusados de crimen organizado y de planificar un secuestro.

Tras su arresto denunciaron haber sido víctimas de tortura y su proceso ha estado marcado por diversas irregularidades, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que los acompaña.

Familia de Mónica Cuevas, detenida y torturada hace 10 años, pide su liberación

Durante su aprehensión, Mónica Cuevas fue brutalmente torturada, incluso recibió un disparo en la pierna. Después de que unos oficiales la amenazaran con violar a sus hijas, se declaró culpable. Fue detenida en noviembre de 2010 acusada de secuestro y delincuencia organizada.

Familiares de Mónica Cuevas, torturada y presa hace más de una década en México, pidieron este sábado a las autoridades que sea liberada cuanto antes en medio de la promesa del Gobierno de liberar a personas injustamente encarceladas.

Vinculan a proceso a dos policías capitalinos por fabricar pruebas contra detenido

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por su probable participación en la fabricación de datos de prueba para poner a disposición del Ministerio Público a un individuo, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Los imputados por cometer un delito en el ámbito de procuración de justicia recibieron como medida cautelar la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, así como la presentación periódica mensual durante los dos meses establecidos para el cierre de las investigaciones complementarias.

Juez niega protocolo contra tortura a July Raquel, acusada del asesinato de rectora en Veracruz

El abogado de la mujer detenida asegura que la Fiscalía veracruzana también está investigando a uno de los hermanos de July Raquel por el caso de la rectora asesinada.

“Estoy desesperada”. 

Es lo primero que dice July Raquel Flores nada más atender la llamada desde el penal de Pacho Viejo, Xalapa, donde lleva presa más de cinco meses tras ser vinculada a proceso por el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, a pesar de que, tal y como documentó Animal Político en un reportaje publicado el pasado 22 de febrero, hay numerosas pruebas y testimonios que contradicen las imputaciones de la Fiscalía veracruzana en su contra.

Hermanos llevan cinco meses en prisión… y todo comenzó por comprar un celular robado

La madre aseguró que sus hijos son personas de trabajo, que nunca han tenido antecedentes criminales y que su único error fue comprar el celular que no pensaron era robado.

Los hermanos Karina y Emmanuel Romero Ramírez llevan casi cinco meses en prisión por una serie de acusaciones que iniciaron después de que compraron, sin saberlo, un celular que fue robado a una víctima de feminicidio.  

Los hermanos han aclarado ante el juzgado que Karina compró el celular a su hermano Emmanuel y que éste a su vez lo había adquirido de Jennifer, quien era gerente de la empresa en la que él trabajaba.

La pesadilla de July Raquel: “Policías me violaron para que confesara asesinato de rectora veracruzana”

July Raquel fue detenida mientras conducía un vehículo que compró, y que meses antes presuntamente estuvo involucrado en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid.

-¡Bájate del carro! 

July Raquel Flores, de 29 años, narra que los gritos llovían de todas partes. 

Eran casi las 19 horas del pasado 6 de noviembre en la Ciudad de México. July manejaba un Honda City blanco en el que también iba su pareja Erick y sus dos hijos de nueve y seis años, cuando vio por el espejo retrovisor que un convoy de tres vehículos se acercaba a toda velocidad. 

Una camioneta blanca con los cristales tintados y sin placas, se despegó del convoy, se colocó en paralelo, y se cruzó de un volantazo. 

María fue detenida sin pruebas, la torturaron y lleva 5 años presa sin sentencia

Los delitos por los que lleva poco más de cinco años presa María son tráfico de personas y delincuencia organizada, por supuestamente pertenecer a una organización transnacional que cruzaba migrantes hacia Estados Unidos.

María de la Concepción Sibaja Ramírez acaba de pasar su sexto Año Nuevo separada de su familia, encarcelada por delitos que no le han probado y sin sentencia. El caso lleva tres años totalmente parado porque no se ha presentado el perito ni la supuesta víctima de tráfico de personas por la que se abrió la causa penal 131/2015, en manos del Juez Séptimo de Distrito en Oaxaca, y con la emergencia por la pandemia de COVID-19 se ve más lejano todavía que vaya a avanzar.

Pero está en la cárcel porque firmó una confesión. Sí, la firmó porque asegura que los elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que la detuvieron la torturaron física, sexual y psicológicamente durante horas, la manosearon desde que la aprehendieron y la amenazaron con hacerle daño a sus hijos. Eso último, sobre todo, la dobló a aceptar lo que fuera.

Estudiantes que buscaban documentos en el Cereso de Puebla terminaron encarcelados por crimen organizado

Los jóvenes fueron detenidos por las autoridades en las inmediaciones del penal en un operativo contra un presunto líder huachicolero.

Zahid Estrada y Fernando Gazano, de 19 y 23 años respectivamente, se encuentran actualmente en prisión en Puebla. Ambos fueron detenidos el pasado 20 de diciembre en el exterior del Centro de Readaptación Social (Cereso) del Estado de Puebla. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado los detuvo dentro de lo que se presentó como un operativo contra un presunto líder huachicolero y narcomenudista. Los dos jóvenes, que son primos, defienden su inocencia y alegan que son estudiantes de derecho que estaban fuera del penal para recoger unos documentos que debía entregarles la esposa de un preso.

“Tenemos la impresión de que hay algo detrás, de quien ha postulado fuerte en este lugar para meter miedo o que nos retiremos de la defensa de los casos que estamos trabajando”, asegura el abogado Javier Nicolás Hernández, socio en el despacho Corporativo Magister y  jefe de los dos estudiantes. 

“Hoy lo indulto”. El Presidente y la Secretaria de Gobernación, frustrados, en vivo, por un caso

Andrés Manuel López Obrador, visiblemente agobiado, ofreció liberar a un joven que lleva 13 años en prisión por medio de un indulto presidencial. Pero ni eso es posible. Olga Sánchez Cordero, quien fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le dijo que para eso se necesitaba sentencia, pero el joven ni siquiera está sentenciado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estaban claramente frustrados. Un joven encarcelado y torturado cumplió 13 años preso y no tiene sentencia siquiera, y la madre ha estado dos veces en la conferencia matutina, en vivo, reclamando su liberación.

López Obrador, visiblemente agobiado, ofreció liberarlo por medio de un indulto presidencial, y cuestionó a la Secretaria Olga Sánchez si era posible hacerlo con el poder que tiene como mandatario.