Roberto fue acusado de matar a un empresario en BCS; tras un año en prisión, Fiscalía retiró los cargos

Un juez sentenció que las pruebas en el caso se obtuvieron violando derechos fundamentales y anuló todos los señalamientos contra el hombre que pasó un año preso.

Roberto Guadalupe González Martínez, de 52 años, es un hombre libre desde el pasado 15 de septiembre. Aquel día, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS) retiró los cargos en su contra después de que un juez considerase que las pruebas que se habían presentado no eran válidas por haber sido violados derechos fundamentales en su obtención.

Ese mismo día abandonó el Centro de Rehabilitación Social de Los Cabos, en Baja California Sur. Llevaba encerrado desde el 27 de julio de 2019 acusado de la muerte del empresario José Arredondo, de 58 años.

'Soy inocente': acusado de matar a hijo de exrector de universidad de Hidalgo denuncia montaje

Fernando RM, acusado de matar a Gerardo Sosa Cravioto, lleva en prisión desde el 23 de febrero. Su familia asegura que la acusación es un montaje.

Gerardo Sosa Cravioto, de 33 años e hijo del presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, fue asesinado el 23 febrero de 2019 de en el rancho Yemila de Acaxochitlán, Hidalgo. Recibió tres impactos de bala y murió ahí mismo, en su vehículo, mientras transitaba por un camino de terracería. Un año después fue detenido Fernando RM, de 37 años y antiguo trabajador de la finca. Desde su arresto y encarcelamiento tanto el acusado como sus familiares aseguran que es inocente y que se trata de un montaje. El próximo 8 de octubre está previsto que se celebre la audiencia intermedia.

Fiscalía de Chiapas construyó delito para detener a indígenas tzeltales

La Fiscalía General de Chiapas creó una serie de evidencias para detener y acusar a mujeres tzetales de los Altos de Chiapas de encabezar una supuesta red de trata de menores de edad con fines de explotación laboral; la realidad, es que era una familia numerosa y pobre, que dejó la comunidad Chigtón para vivir y vender ámbar en los andadores turísticos de San Cristóbal de las Casas.

En conferencia de prensa este miércoles, Patricia Arcil Santos, representante de la “Colectiva La Cereza”, una organización que revisa los casos de mujeres presas en Chiapas, informó que revisó las tres carpetas de investigación que la Fiscalía del estado usó para acusar a estas indígenas, encontró oficios inventados, testigos que nunca se presentaron a ratificar su declaración, abogados de la Fiscalía que no dieron asesoría a las indígenas y un apoyo incondicional del DIF estatal para separar a estas niñas y niños de sus madres hoy encarceladas.

Tribunal tira sentencia de un hombre detenido “por ser moreno y estar mugroso”

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito otorgó la protección de la justicia a Daniel Plácido Arroyo y ordenó al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca dejar sin efectos la sentencia de 65 años de prisión que le fue impuesta por secuestro.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDJZL) y Haz Valer Mi Libertad advierten que el ilícito le fue imputado sólo por ser pobre y por su color de piel, como a los 19 mil 500 falsos culpables que se encuentran en penales mexiquenses.

El recurso además obliga a la autoridad responsable a que, “con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada, realice una debida valoración integral y objetiva del material convictivo a fin de determinar si se acredita o no la intervención punible del quejoso”.

María Esther “R”: Un secuestro autorizado por el sistema

La empresaria María Esther “R” lleva 10 meses en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, acusada de un delito fabricado, dice su defensa, quien pese a exhibir pruebas fehacientes de su inocencia, no pudo liberarla. El esposo de la imputada, Lenin Martínez, sostiene que detrás de la trama de la presunta extorsión que se le atribuye a su cónyuge se encuentra la firma Conjunto de Servicios Industriales, cuyo propietario es Érick Walter Legorreta López, amigo de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex a quien se le exime de pisar la cárcel pese a los delitos que cometió.

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, a quien se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, no pisará la cárcel. Su caso contrasta con el de la empresaria María Esther “R”, quien lleva 10 meses de prisión preventiva oficiosa aun cuando aportó las pruebas de que el delito que se le imputa fue fabricado.

La trama en la que ella presuntamente está implicada se relaciona con una empresa fantasma a la que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto entregó una obra por más de 608 millones 750 mil pesos por adjudicación directa.

Encarcelan a médico tras la muerte por covid-19 de un “influyente político” en Chiapas

Un médico especialista fue detenido y llevado preso, luego de ser acusado del delito de “abuso de autoridad” por la hija de un exdiputado local y exlíder de un partido político local, quien falleciera de covid-19 en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).

El pasado 7 de julio falleció el político chiapaneco Miguel Arturo Ramírez López, quien se contagió de covid-19 y no pudo sobrevivir a los efectos ocasionados en su cuerpo por dicho virus.

Nos acusaban incluso de fraudes cometidos cuando estábamos en prisión, afirma la familia Roa Quintero

En Guanajuato los consideraban “una red de defraudadores” en compra de vehículos, y 33 imputaciones los llevaron de penal en penal durante casi 7 años.

“Nos acusaban de cometer fraudes incluso estando presos”, dice la familia Roa Quintero


Las autoridades de Guanajuato señalaron a la familia Roa Quintero como “una red de defraudadores” en compra de automóviles a particulares, y a partir de ello un alud de 33 imputaciones en su contra los ha llevado de penal en penal durante casi siete años. Señalan mala actuación de la Fiscalía que encabeza Carlos Zamarripa y piden que cese el acoso en su contra.

La historia de la familia Roa.

Acusada de fraude, una familia paga con casi 7 años de prisión deficiencias de la justicia mexicana. En tanto, los delitos que les imputaron a los Roa Quintero nunca se investigaron a profundidad; ¿"pagadores" o chivos expiatorios?

En el argot penitenciario un “pagador” es quien está en la cárcel procesado o compurgando la sentencia por un delito que otro cometió. Su situación jurídica puede tornarse tan compleja, que se pierde la posibilidad real de justicia tanto para la víctima como para quien, se presume, es su victimario.

Esta es la rocambolesca historia de una familia mexicana de cuatro miembros, los Roa Quintero, que, acusados de fraude en la compra de vehículos, han pagado con años de cárcel las deficiencias en la investigación judicial y en la procuración e impartición de justicia en México.

Caso Camarena: la historia infame de un preso detenido 33 años por un cabello

René Verdugo Urquídez estuvo en varias cárceles estadunidenses durante 33 años, acusado de un delito que le inventó el FBI y avaló el Departamento de Justicia. Su error fue estar en Guadalajara en febrero de 1985, cuando fue secuestrado, torturado y ejecutado Enrique Camarena. Quien lo inculpó fue el agente Michael Malone, de la Unidad de Cabellos y Fibras del Laboratorio del Buró, con base en “evidencias científicas” que, se sabe, resultaron falaces. Su caso ilustra la forma en que la justicia estadunidense suele fabricar culpables.

Acorralada por la falta de pruebas, la justicia de Estados Unidos dejó en libertad a uno de los sentenciados por el asesinato del agente de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena.

El 21 de diciembre pasado, René Verdugo Urquídez recuperó su libertad después de haber estado preso durante casi 33 años en distintas cárceles de ese país. Había sido condenado a 240 años de prisión más una cadena perpetua, pero el Departamento de Justicia no tuvo otra opción que exonerarlo ante la Corte Federal del Distrito Central de California del homicidio del agente de la DEA.

Abusaron de Mónica y la torturaron para inculparla; lleva seis años presa pero espera una resolución a su favor

El caso de Mónica Esparza será expuesto esta semana ante el Comité contra la tortura de Naciones Unidas, que sesionará en Ginebra.

Mónica Esparza tiene 33 años y lleva seis en la cárcel. En 2013, mientras se dirigía a comprar material para hacer arreglos a su negocio de ropa con su pareja y su hermano, policías municipales de Torreón los detuvieron. Eran las 10 de la mañana. Según les dijeron, sólo sería una revisión de rutina.

Pero fueron llevados a una bodega de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Ahí Alfredo, pareja de Mónica, y Edgar, su hermano, fueron desnudados y golpeados con tablas en el pecho y en la espalda. Al primero le desollaron el muslo izquierdo con una navaja, y con un látigo de espuelas le arrancaron pedazos de piel de la espalda.

Trece indígenas presos en Chiapas suman 26 días en huelga de hambre

Exigen su liberación inmediata e incondicional, luego de acumular más de una década encarcelados sin que en su contra existan pruebas de culpabilidad, salvo confesiones extraídas bajo tortura.

Indígenas presos en tres centros de reclusión del estado de Chiapas cumplen este miércoles, 10 de abril, 26 días en huelga de hambre, con una única demanda: su liberación inmediata e incondicional, luego de acumular más de una década encarcelados, sin que en su contra existan pruebas de culpabilidad, salvo confesiones extraídas bajo tortura.

Liberan a Diego López, indígena tseltal que fue torturado para autoinculparse en 2012

Luego de seis años y ocho meses presos, el indígena tseltal, originario de San Juan Cancuc, Diego López Méndez, fue puesto en libertad, tras una intensa campaña nacional e internacional de sus amigos, familiares, activistas y defensores, que alegaron fue víctima de tortura para autoinculparse por un crimen que no cometió.

La tarde del 18 de julio del 2012, policías ministeriales vestidos de civil detuvieron arbitrariamente a Diego López Méndez, cuando se encontraba trabajando de mesero en un restaurante de San Cristóbal de Las Casas.

Un juez ordena liberar a indígena detenido hace 8 años por agentes de la CdMx… con pruebas ilícitas

Sergio Sánchez Arellano, el indígena mazahua preso desde hace casi ocho años acusado de un crimen con pruebas ilícitas, saldrá libre: hoy el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito resolvió a favor el amparo que interpuso con los abogados del Centro Prodh, luego de que la SCJN le ordenara restituir el proceso tras encontrar que el Tribunal violó, en una primera sentencia, el derecho a la diligencia adecuada y el derecho humano de la presunción de inocencia.

El abuso policial pierde otro caso en tribunales: Sergio Sánchez Arellano, el mazahua acusado sin pruebas y preso desde hace casi ocho años, saldrá libre del penal de Santa Martha Acatitla, en donde se encuentra recluido.

El Noveno Tribunal Colegiado de Circuito resolvió hoy a favor del indígena mazahua Sergio Sánchez, quien fue víctima de detención arbitraria de la Policía de Investigación del Distrito Federal en marzo de 2010, confirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Les roban su identidad para encubrir fraude millonario en Oaxaca

Una empleada de mostrador, un talachero y un chofer son los “presos” del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa a los que, presuntamente, les “robaron su identidad” para encubrir un millonario “fraude maquinado” en la Secretaría de Salud de Oaxaca durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

Lo sospechoso del caso es que Silvia Alicia Ramírez Ramírez, Jaime Tablada Cruz y Ángel Martínez Carreño eran trabajadores del Grupo Empresarial MTO, cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, quien ha ganado licitaciones o adjudicaciones de contratos en la mencionada dependencia por concepto de ventas de llantas y servicios de mantenimiento a vehículos en oficinas de gobierno.

María del Sol, víctima de tortura sexual, es liberada tras 5 años de prisión injustificada en Veracruz

María del Sol Vázquez fue víctima de incomunicación y actos de tortura y tortura sexual a manos de uniformados de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, después de ser detenida el 26 de octubre de 2012. Durante las 14 horas de incomunicación, la joven abogada fue torturada para que aceptara autoincriminarse.

Un juez mexicano declaró inocente y ordenó liberar a María del Sol Vázquez, una joven víctima de tortura sexual que pasó casi cinco años encarcelada, informó hoy el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Liberan a mujer detenida por policías comunitarios en Oaxaca; pasó 3 años presa por falso delito

Dolores fue acusada de cometer un secuestro. La detuvieron, la golpearon sin importarles que estaba embarazada y le practicaron un aborto sin su conocimiento.

Luego de estar presa casi tres años acusada de secuestro, Dolores, una joven habitante de una comunidad rural de Oaxaca, fue liberada el pasado 15 de marzo. Estuvo encarcelada debido a la ausencia de una investigación que esclareciera los hechos por los que fue acusada y ahora no puede volver a su casa, ante la amenaza de que los vecinos de su comunidad la agredan.

Exigen libertad para tres veracruzanas víctimas de tortura sexual

La situación jurídica de Denis Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández, veracruzanas sobrevivientes de tortura sexual que padecen desde hace cinco años un proceso penal injusto basado en pruebas ilícitas que las mantiene en prisión, será decidida la próxima semana por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, mediante una sentencia de primera instancia, indicaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Explicaron que las tres mujeres se incorporaron a la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, que fue iniciada por las sobrevivientes de las agresiones de tortura sexual en el operativo policial de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y que ahora litigan su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Desde que inició la campaña, se han documentado por lo menos 19 casos de mujeres torturadas sexualmente por distintos agentes de seguridad, indicaron las organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.


Recordaron que el 27 de agosto de 2011, las tres mujeres fueron detenidas ilegalmente en Villahermosa, Tabasco, por elementos de la Marina Armada de México. Posteriormente fueron llevadas a una instalación militar en Veracruz, y durante las 36 horas que estuvieron arbitrariamente retenidas fueron víctimas de tortura, incluyendo tortura sexual en razón de género y debido a su orientación sexual – por ser lesbianas-, con la finalidad de obtener una confesión autoinculpatoria y de involucrar a personas que no conocían en la comisión de diversos delitos.

Durante la detención fueron víctimas de golpes, humillaciones, asfixia, toques eléctricos, abuso sexual y violación, a lo que además se agregó la incomunicación y tardanza en la puesta a disposición ante las autoridades competentes.

Las tres sobrevivientes fueron señaladas ante los medios de comunicación como pertenecientes a un grupo delictivo en un proceso lleno de irregularidades e integrado por pruebas ilegales basadas en la detención arbitraria y tortura sexual, agregaron.

Ante esto, solicitaron que las pruebas ilícitas sean excluidas y que, consecuentemente, el juez absuelva a las tres mujeres y ordene su libertad inmediata, pero que además declare la existencia de tortura, detención y retención arbitrarias.

Hasta la fecha, las tres mujeres sufren varias y graves complicaciones en su salud física y psicológica derivadas de la tortura, sin haber recibido atención médica adecuada. Además, Denise y Korina han enfrentado una serie de acciones discriminatorias por su orientación sexual, incluyendo aislamiento a Korina por considerarla “peligrosa para las otras reclusas”.


Por su parte, Wendy es transgénero y recientemente se autoidentifica como hombre, habiendo tomado la decisión de que le llamen Charly, lo que también ha conllevado a que sufra de discriminación por su identidad de género.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 8 NOVIEMBRE 2016.
LINK: https://desinformemonos.org/exigen-libertad-tres-veracruzanas-victimas-tortura-sexual/

Las irregularidades en el caso del presunto ‘asesino de Valle Alto’

A partir de entrevistas y de una revisión del expediente, Animal Político documenta las inconsistencias en el caso de Yarold Leyte, bautizado por la prensa veracruzana como ‘El asesino de Valle Alto’.

A Yarold Christian Leyte Quintanar lo condenaron 32 años de cárcel tras confesar que asesinó en febrero de 2012, en un fraccionamiento ubicado en el puerto de Veracruz, a una empleada del banco ‘Compartamos’ porque no quería pagar una deuda de 30 mil pesos.

Tras la confesión, Yarold denunció que lo hizo obligado por la tortura aplicada por los policías de la extinta Agencia de Investigación Veracruzana (AVI), quienes lo obligaron a declararse culpable.

Los propios peritos forenses de la Procuraduría de Justicia de Veracruz confirmaron en el expediente numerosas inconsistencias en las investigaciones del caso, como contradicciones en la forma en que presuntamente Yarold mató a la víctima y posteriormente la cargó 25 metros hasta un departamento abandonado para simular un robo, sin dejar ni una gota de sangre en el trayecto aun cuando ésta fue apuñalada.

Además, el Ministerio Público nunca investigó las amenazas de muerte que recibió la trabajadora bancaria  días antes del asesinato, en palabras del propio hermano de la víctima.

A partir de entrevistas y de una revisión del expediente, Animal Político documentó las inconsistencias en el caso de Yarold Leyte, bautizado por la prensa veracruzana como ‘El asesino de Valle Alto’.

“En la AVI te vamos a hacer hablar”

La voz de Yarold Leyte sonaba algo entrecortada por las interferencias al otro lado del aparato telefónico. Originario de la Ciudad de México, habló con Animal Político desde un penal de Veracruz, donde lleva cumplidos 4 de los 32 años y medio a los que fue condenado por el asesinato de María Teresa G.G., empleada del banco Compartamos.

Sereno, el joven de 34 años narró que durante la “investigación exhaustiva” que hicieron los detectives sobre su caso, las cosas sucedieron de manera muy distinta a lo publicado por la prensa. Y que si bien es cierto que confesó el asesinato en su declaración ministerial, lo hizo bajo tortura.

Todo comenzó el 13 de marzo de 2012, sobre las 17 horas. Ese día los dos mismos agentes de la AVI que el 8 de marzo fueron a la casa de Yarold a hacerle unas preguntas “de rutina” sobre el homicidio ocurrido el 28 de febrero en una casa abandonada frente a su casa, se apersonan de nuevo en el domicilio y con la excusa de que no anotaron bien su número telefónico le pidieron acceder al inmueble sin una orden judicial para luego detenerlo.

Tras insistirle a los policías que era inocente y que no conocía a la víctima, estos le dijeron:

-Mira chavo, ya te fregaste. Sabemos que tú mataste a esa mujer porque le debías dinero.

Yarold les aseguró que no sabía de qué le hablan, porque que no tenía deudas con el banco donde trabaja la víctima.

-No te preocupes –le respondieron-. Allá en la AVI te vamos a hacer hablar.

“Si no la mataste tú, entonces la mató tu esposa”

En las instalaciones de la AVI los policías lo llevaron a una especie de “cobachita” que hace las veces de celda. Allí lo despojaron de su ropa. Le colocaron vendas en los brazos, en la cabeza, y en los ojos. Y lo tiraron al suelo para propinarle cachetadas y patadas por todo el cuerpo, además de darle toques eléctricos en la pierna izquierda y en los testículos.

Después de torturarlo, a Yarold lo llevaron “ante un comandante” que lo tranquilizó diciéndole que creía  que él no había  matado a María Teresa; acto seguido le exigió que le diera el número de teléfono de su esposa y su dirección. “Porque si no la mataste tú –le dijo-, entonces la mató ella”.

Yarold le marcó a su esposa, separados por problemas personales, para pedirle que se vieran en un punto de la ciudad. Ésta aceptó a regañadientes porque ya era tarde, y se trasladó hasta una calle con sus dos hijos, de seis y dos años de edad.

Yarold iba a bordo de una camioneta blanca y sin logotipos de la AVI, de la cual los agentes se bajaron para detener a su esposa, a la que trasladaron en otra camioneta dejando a los niños con una señora que paseaba por la zona.

De vuelta a la AVI, la pesadilla arrancó de nuevo. Yarold no podía ver a su esposa, pero sí la escuchaba llorar y gritar con cada cachetada que le daban los policías.

-Cuando estoy escuchando todo esto, el comandante me agarra la cabeza. Saca la pistola, corta cartucho y hunde el cañón en mi ojo derecho y me dice: ‘Mira, aquí tienes de dos moles: o te avientas la bronca y declaras que tú la asesinaste. O dos, ahorita mato a tu esposa y a tus tus hijos, y luego te mato a ti, te tiro al río en una bolsa, y te escribo un letrerito diciendo que eres un zeta’.


Con la presión en el ojo del cañón, Yarold se quebró y pidió que no le hicieran daño a su esposa e hijos. A cambio aceptaría declararse culpable.

¿La asfixió o le clavó un cuchillo?

Según el expediente judicial revisado por Animal Político, Yarold en su declaración ministerial incurrió en numerosas contradicciones que ponen en entredicho la “investigación exhaustiva” de los detectives.

Por ejemplo, Yarold no sabe cómo mató a la víctima. Según la causa penal 88/2012-V, el joven declaró que la víctima murió “por asfixia como consecuencia de una llave ‘china’” que le aplicó cuando María Teresa G. G. lo amenazó con un cortaúñas.

El Certificado de Necrocirugía emitido por el doctor Gustavo Amador Cerón, según consta en la foja 113 del expediente, estableció que la causa de muerte de la víctima fue “una herida cortante penetrante de abdomen” de unos 20 centímetros, aproximadamente, “que produjo exposición de vísceras con sección de las mismas y hemorragia aguda”.

Otra inconsistencia.

Aunque Yarold declaró que mató a la joven por asfixia, luego relató que tras un forcejeo entre él y la víctima ambos caen sobre una mesa de cristal que se rompe, lo que provoca que ella se clave un cristal roto en el abdomen y se haga cortaduras en la mano.

El perito criminalista de la propia Procuraduría, Ernesto Andrés Sánchez Castillo, concluyó en su dictamen que la herida de 20 centímetros no fue ocasionada por un cristal, sino por una lesión profunda ocasionada por “un arma punzo cortante”. Además, el médico legista no certificó ninguna lesión en las manos de la occisa.

Ni una gota de sangre

Yarold declaró que tras comprobar que la víctima no tenía signos vitales, la abandonó durante cuatro horas tirada en el suelo de su domicilio, dejando ésta un charco de sangre. Y que posteriormente cargó a la víctima y la trasladó al domicilio de enfrente que estaba abandonado para simular un asalto.

El perito de la Procuraduría estableció que esto tampoco es cierto. Ya que en el lugar del hallazgo del cadáver se localizó un charco de sangre de “2 metros y medio de longitud”, mientras que en la casa de Yarold no se encontró nada.

A las mismas conclusiones llegó el perito de la defensa, Miguel Ángel Cruz Hernández, quien dijo que no hay ninguna prueba de rastros de sangre en la banqueta, en la entrada de la casa, o afuera de la recámara de Yarold.

No tenía ninguna deuda

En un documento oficial del Banco Compartamos, integrado en la foja 190 del expediente, el gerente de la oficina de Servicios de la institución financiera, Raúl Hernández Durán, aseguró que Yarold no tenía ninguna deuda con ellos, por lo que la empleada María Teresa “no tenía asignado cobrarle deuda”.

Aparte, en la investigación de los hechos, no se señala la hora en que fue detenido Yarold, tampoco la hora en que fue presentado ante el Ministerio Público, ni la hora en que se tomó su declaración.

Sólo se precisó la fecha del 14 de marzo de 2012, y se certificó que se llevó a cabo una inspección del domicilio de Yarold a las 01.20 horas del 14 de marzo, lo cual, según el abogado defensor, esto implicaría que “todos estos hechos, la detención por elementos de la AVI, la presentación ante el MP, la toma de declaración y las diligencias de inspección ocular del domicilio, ocurrieron en un espacio de una hora y veinte minutos”.

No investigaron amenazas de muerte

Por último, la defensa de Yarold criticó que las autoridades no hayan investigado las amenazas que recibieron la víctima y su pareja día antes del homicidio.

Situación que fue revelada por el propio hermano de la víctima en su declaración rendida durante la diligencia de identificación del cadáver.

Ante estas inconsistencias, el abogado defensor de Yarold solicitó a un juez la libertad del inculpado, alegando que la única prueba en su contra era la confesión obtenida bajo tortura.

El juez no concedió la libertad, y el caso fue turnado a un tribunal federal colegiado, donde se estudia otro amparo interpuesto por la defensa para tratar de obtener la libertad del inculpado.


Mientras llega la resolución del amparo, Yarold -a quién no se le ha efectuado el Protocolo de Estambul para determinar si padeció tortura a manos de policías ministeriales veracruzanos-, continúa condenado a más de 30 años de cárcel por una investigación repleta de inconsistencias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
TITULO ORIGINAL: Mira chavo ya te fregaste: las irregularidades en el caso del presunto ‘asesino de Valle Alto’
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/caso-yarold-leyte-presunto-asesino-valle-alto-plagado-irregularidades/

El Mando Único tortura y fabrica culpables en Morelos, denuncia ONG

“En el gobierno de Graco Ramírez la violación a los derechos humanos es sistemática y se construye un gobierno militar, asesorado por norteamericanos o israelíes”, afirma José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHMorelos), organización no gubernamental con sede en Cuernavaca.

Durante el sexenio del gobernador de Morelos, la CIDHMorelos documentó el incremento de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos policiales “principalmente por el Mando Único”, afirma Martínez Cruz, quien asegura que los delitos siguen impunes,

“Los elementos policiales no están al servicio de la ciudadanía, actualmente son prácticamente una fuerza de choque, no hacen labor de prevención y no tienen cercanía con la gente, su fuerza está descontrolada y su presencia signfica detenciones arbitrarias, abusos y ejecuciones extrajudiciales”, asegura el integrante de la Comisión Independiente.

Entre las violaciones a los derechos humanos que se incrementaron están la tortura y las detenciones arbitrarias, principalmente hacia jóvenes de colonias populares, con un rango de edad entre los 15 y los 19 años, quienes son criminalizados por su vestimenta, arbitrariamente detenidos, torturados y muchas veces liberados por falta de pruebas en su contra, mientras otros son desaparecidos, afirma Martínez Cruz.

Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) informó que en el gobierno de Graco Ramírez recibió 33 denuncias por tortura y emitió la recomendación 298/2014-6 a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y al gobernador, sin embargo, los casos permanecen impunes.

El activista José Martínez asegura que en los contados casos en los que se llega a procesar a algún elemento del Mando Único, no se procesa por tortura.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

https://desinformemonos.org/el-mando-unico-tortura-y-fabrica-culpables-en-morelos-denuncia-ong/

Pasan 15 meses en prisión y los liberan por falta de pruebas

CHIHUAHUA, Chih: Luego de 15 meses en prisión, Luis Manuel Barraza Torres; Ramón Verdín Uvalle, ‘El Cabe’; Gabriel Gustavo Ramírez López, ‘El Chicle’, y Juan Alfredo Velázquez García, ‘El Suave’, acusados de participar en el asesinato de cinco jóvenes el 7 de febrero de 2015, fueron absueltos la semana pasada después de que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del proceso penal porque no encontró pruebas para inculparlos.

En su momento, todos ellos fueron exhibidos ante la prensa como integrantes de un grupo delictivo que supuestamente cometió el multihomicidio e hirió a otras cuatro personas en una fiesta celebrada en la colonia Felipe Ángeles de Ciudad Juárez.

Jorge Luis Barraza Muñiz, padre de Luis Manuel, presentó diversas denuncias y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) porque su hijo –sostuvo– fue torturado para declararse culpable. Además la Fiscalía nunca tuvo pruebas, sólo su declaración, porque ni siquiera fue reconocido por los otros supuestos cómplices.

De acuerdo con la causa penal 3257/2015, el agente del Ministerio Público Ángel González Cancino presentó un escrito dirigido a la presidenta del Tribunal de Juicio Oral, Emma Terán Murillo, para pedirle el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. Finalmente el caso se cerró y se ordenó la libertad inmediata de los cuatro imputados.

A todos se les absolvió porque no hubo pruebas científicas, y el protocolo de Estambul aplicado demostró que los muchachos fueron torturados.

En entrevista con Apro, el año pasado, el padre de Luis Manuel Barraza dio a conocer que su hijo fue torturado, pese a que no participó en la masacre del 7 de febrero de 2015, pero ante la presión social la Fiscalía estaba obligada a dar resultados.

En aquella ocasión cinco hombres fueron asesinados y otras tres personas resultaron lesionadas. Las autoridades se apresuraron a informar que las víctimas eran de El Valle de Juárez, y aseguraron que habían acudido a una fiesta en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Sobre los presuntos agresores, afirmaron que eran del Barrio Azteca y cometieron el multihomicidio porque vieron invadido su territorio.

Entonces el fiscal general Jorge Enrique González Nicolás aseveró que tenían evidencias científicas, entre ellas un video captado por las cámaras viales en las que se observan varios vehículos llegando al estacionamiento de una tienda ubicada en el bulevar Bernardo Norzagaray y a una estación de servicio donde los conductores compraron gasolina.

A Luis Manuel Barraza Torres lo señaló como sicario y vendedor de droga porque el día del crimen, dijo, fungió como “halcón” y prendió fuego a los vehículos y a dos cadáveres.

Sin embargo, el padre de aquel aseguró que su hijo viajaba cada semana a El Paso, Texas, y el día de su detención (22 de febrero de 2015), de regreso a Ciudad Juárez, circulaba tranquilo por la calle después de visitar a su novia.

Ese día fue aprehendido y presentado junto con otros tres hombres como presunto responsable del crimen. Un juez de Garantía los vinculó a proceso por los delitos de homicidio en contra de las cinco víctimas, lesiones en contra de otras tres y un incendio intencional de dos vehículos de reciente modelo.

El 2 de marzo del año pasado, Luis Manuel presentó una queja por tortura ante la CEDH, en la que denunció que cuando fue detenido lo esposaron sin motivo, le tomaron fotografías con celular y lo llevaron a un lugar desconocido, donde le avisaron que lo trasladarían a la Fiscalía para investigarlo.

“Me dijeron que yo era el del video y me empezaron a golpear, me pusieron la chicharra en las palmas de las manos y en la espalda, me golpeaban la cabeza con la mano abierta, muy fuerte, querían que les dijera que yo era el del video (…) Yo estaba con los otros y escuchaba a uno de los ministeriales decir que el jefe ya los traía muy presionados con ese trabajo (…) Me llevaron para que me reconociera alguien de los que venían golpeado y dijo que sí. Estuve escuchando cómo gritaban otras personas, cómo lloraban y los torturaban peor de lo que a mí me hicieron. No lograron sacarme ninguna declaración a mí porque les dije que yo no diría nada que no fuera cierto”, destacó en su queja.

El imputado presentó inflamación, escoriaciones y dolor fuerte en varias partes del cuerpo. El juez ordenó un examen médico, pero nunca se lo practicaron.

Su familia contrató los servicios de David Rodríguez Torres, secretario general del Centro de Desarrollo de Investigaciones en Ciencias Forenses en Ciudad Juárez, para comprobar con evidencias científicas que las Fiscalía no podía demostrar la culpabilidad de Barraza Torres.

En el expediente 3257/2015, Rodríguez evidenció que el Ministerio Público solicitó únicamente la huella genética de puertas, palanca de cambios y volante del vehículo Dodge línea Neón modelo 1993 utilizado en el crimen, que ese mismo día fue robado, pero no aplicó reactivos químicos para realizar el revelado, fijación y levantamiento de impresiones dactilares en el interior y exterior del automóvil.

La Fiscalía pidió al director estatal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses la realización de un retrato hablado del sujeto que llegó a la estación de servicio para comprar en galones de agua la gasolina utilizada para incendiar los autos y a las personas. Finalmente ese retrato no se hizo y Barraza Torres fue acusado de comprar la gasolina.

En un oficio del jefe de Bomberos, Alfredo Salas, al director de Protección Civil municipal, Fernando Mota Allen, le informó que el personal de la Fiscalía General del estado (FGE) “no permitió el acceso al lugar a personal de Protección Civil y Bomberos, bajo el argumento de ser ellos los encargados de la escena tomando posesión de la misma, de tal manera que no se llevó a cabo la total extinción del fuego, ni se realizó la serie fotográfica y verificación de evidencias para determinar las causas que originaron el siniestro”.

El mismo 22 de febrero el agente del Ministerio Público solicitó al médico legista, a través del oficio UIDV-1548/2015, que practicara la toma de saliva a Luis Manuel Barraza, pero hasta ahora no se tienen los resultados para cotejarlos con el material de los hisopados realizados en el vehículo Dodge 1995.

Luego de la absolución de los cuatro afectados, las familias analizan presentar una demanda contra el Estado por daño moral, económico, emocional y psicológico al que fueron sometidas las víctimas.

En lo que va de 2016, la CEDH ha emitido 11 recomendaciones por tortura y/o detención arbitraria en la entidad: cinco en Ciudad Juárez, cinco en esta capital y una en San Francisco del Oro.


En total, la FGE ha recibido diez recomendaciones, ocho por tortura y las otras dos por omisión en investigaciones de casos. En tanto, la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez ha recibido dos por tortura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443903/pasan-15-meses-en-prision-los-liberan-falta-pruebas